La Oficina Antifrau de Cataluña ha admitido a trámite una denuncia por presuntas irregularidades en la contratación de la hija de Mónica Orriols, presidenta de Vox en Cataluña, como agente de la Policía Local de Ripoll. La decisión, comunicada el pasado 6 de agosto según ha adelantado La Vanguardia, traslada el caso a una fase de instrucción en la que se evaluará si hubo trato de favor. Orriols, también alcaldesa de Ripoll, ha defendido la legalidad del proceso y ha negado cualquier injerencia.
La defensa de Mónica Orriols: un proceso «impoluto» y sin injerencias
La presidenta de Vox en Cataluña defendió que su hija obtuvo «la mejor nota en un proceso de selección reglado» para cubrir una plaza de urgencia. «El proceso de selección ha sido impoluto, y todos los concejales tienen acceso a este expediente para comprobarlo. Pero lo que les interesa no es el expediente que demuestra que no ha habido ningún tipo de trato de favor ni de interferencia. Lo que les interesa es hacer correr rumores», ha subrayado Orriols. La alcaldesa insistió en que se mantuvo al margen de todas las fases, como exige la ley. «No puedo beneficiar ni perjudicar a nadie sirviéndome de mi cargo, y es exactamente lo que he hecho», ha reiterado.
Las declaraciones se produjeron la semana pasada, después de que el grupo municipal de Junts per Ripoll pidiera a la alcaldesa que delegara las competencias de la concejalía de Seguridad para evitar un «conflicto de intereses». Orriols ha rechazado esa petición con contundencia, apelando a las actas y a la documentación del expediente que, según ella, acreditan un proceso reglado.
La admisión a trámite y la reacción política
La Oficina Antifrau de Cataluña (OAC), organismo independiente del Parlament, ha considerado que la denuncia presentada cumple los requisitos mínimos para iniciar la fase de verosimilitud. Este trámite no prejuzga irregularidades, sino que abre un expediente de instrucción para determinar si hay indicios de trato de favor. La OAC habitualmente admite a trámite un número reducido de denuncias, lo que otorga cierta relevancia a esta decisión.
Junts per Ripoll, que activó la vía de la denuncia, ha pedido también que la Fiscalía investigue el caso. En el consistorio, el choque político ha sido intenso. Orriols gobierna en minoría, y el caso tensa aún más la situación del Ayuntamiento, con los grupos de oposición exigiendo explicaciones y la alcaldesa negando cualquier irregularidad.
La admisión a trámite por parte de la Oficina Antifrau no implica una conclusión definitiva, pero sitúa el caso en un escenario de instrucción con coste político para la presidenta de Vox en Cataluña.
La estrategia de Vox ante el caso
Desde la ejecutiva nacional de Vox, consultada por Moncloa.com, se sigue el asunto con atención, aunque se transmite calma. Fuentes del partido recuerdan que Mónica Orriols es una de las referentes del crecimiento de Vox en el ámbito municipal catalán y que la dirección confía en la transparencia del proceso. «Los ataques a nuestros cargos son habituales. Cuando no hay nada que esconder, las instrucciones administrativas acaban archivándose», señalan. La estrategia pasa por dar cobertura a la alcaldesa, insistir en que se trata de un proceso político y evitar que el caso erosione la imagen de integridad que Vox reivindica.
Más allá de la defensa local, el caso conecta con el relato que Vox despliega a escala nacional sobre la «guerra judicial» que, a su juicio, sufren sus cargos públicos por parte de organismos que consideran politizados. En Cataluña, donde el partido lucha por consolidarse como alternativa a la derecha nacionalista, cualquier foco sobre malas prácticas supone un riesgo reputacional. Por eso, la dirección del partido ha activado un mensaje de cohesión en torno a Orriols, con la intención de blindar su liderazgo en un territorio especialmente difícil para Vox.
El expediente de Antifrau es un recordatorio de que, en el pulso político catalán, los rivales no desaprovechan la oportunidad de señalar a los representantes de Vox. La instrucción seguirá su curso, pero el partido ya ha elegido su posición: defender la limpieza del proceso y atribuir la denuncia a un intento de desgaste. La llave, como en tantos casos, la tendrá la documentación del Ayuntamiento.
