El plan de la Generalitat para ordenar la generación eléctrica renovable en Cataluña ha chocado con un muro de rechazo como pocas veces se ha visto en la tramitación de un instrumento territorial. Más de 300 municipios, consejos comarcales y entidades sociales han presentado en bloque 12.143 alegaciones al Plan Territorial Sectorial para la Generación Eléctrica y Fotovoltaica (PLATER), la hoja de ruta del Govern para instalar parques solares y eólicos. La coalición del no amenaza con llevar el decreto a los tribunales si el ejecutivo de Salvador Illa no abre un proceso de participación real.
La cifra de alegaciones, confirmada por el propio Departamento de Territorio, Vivienda y Transición Ecológica que dirige Sílvia Paneque, no tiene precedentes en la Generalitat contemporánea. La Red Catalana por una Transición Energética Justa (Xarxa CTEJ) habla incluso de más de 11.800 reclamaciones ciudadanas personalizadas, y augura que el dato final superará las 12.000 una vez se sumen las de las administraciones locales. El mensaje es nítido: el mundo rural rechaza una planificación que percibe como impuesta desde Barcelona.
La tormenta de alegaciones que no cesa
Para canalizar el malestar, los entes locales han creado la Asociación de Municipios por la Reforma del PLATER (AMRP), una entidad con personalidad jurídica y fondo económico para emprender acciones legales colectivas. Xavier Sánchez, alcalde de Viladasens y portavoz de la plataforma, advirtió este 10 de agosto que “si el decreto se aprueba sin participación municipal real, acudiremos a la justicia”. No es una amenaza vacía: la AMRP ya está recaudando los recursos necesarios para una batalla que podría demorar durante años el despliegue renovable en Cataluña.
La paradoja es que todos los firmantes dicen apoyar las energías limpias. La Xarxa CTEJ exige una moratoria para los macroproyectos industriales y reclama planificar desde abajo, priorizando entornos urbanos degradados y autoconsumo en polígonos. Mientras, el Govern defiende que la consulta pública ha sido un éxito y que las propuestas viables se incorporarán al texto final. Pero en la mayoría de los ayuntamientos rurales la desconfianza es total.
Cataluña, a la cola de las renovables
El nudo del conflicto no es solo territorial, sino también energético. Cataluña acumula un retraso estructural en renovables que incluso la Generalitat reconoce como muy grave. Mientras que en el conjunto de España las fuentes limpias superan el 50% de la producción eléctrica anual, en Cataluña la eólica y la solar, apenas aportan entre el 15% y el 17% del mix. La región sigue siendo extraordinariamente dependiente de la nuclear (Ascó y Vandellòs suministran más de la mitad de la electricidad) y este desequilibrio hipoteca cualquier estrategia de autonomía energética.
En fotovoltaica sobre suelo, Cataluña representa menos del 4% de la potencia instalada en España, y en eólica lleva una década sin conectar nuevos megavatios por un marco normativo restrictivo impulsado en 2009. A eso se suman los cuellos de botella en la red de evacuación hacia Barcelona y la propia oposición social local a los proyectos, que alimenta un círculo vicioso: sin parques no hay energía limpia, y sin aceptación social no hay parques.
Cataluña no superará el 20% de renovables con un plan que nace ya judicializado por quienes deberían ejecutarlo.
El dilema de la Generalitat: ordenar o imponer
El PLATER es la apuesta del Govern para romper ese círculo. La consellería de Paneque quiere fijar criterios técnicos claros para evitar la dispersión de proyectos y la conflictividad que genera cada tramitación caso a caso. Pero la reacción de los municipios muestra que la fractura entre la ordenación territorial y la legitimidad local es profunda. En esta redacción observamos que el Govern de Illa se enfrenta a una pinza política compleja: sin un plan territorial, la inversión renovable sigue escapándose hacia otras comunidades; con él, se arriesga a enemistarse con el territorio y a que los tribunales suspendan cautelarmente el decreto.
Fuentes del departamento consultadas por Moncloa.com admiten que las alegaciones se analizarán “una a una”, pero insisten en que no habrá una retirada del plan. La lectura política es distinta. El rechazo de centenares de municipios, muchos de ellos gobernados por partidos que sustentan al Govern (PSC y ERC principalmente), revela un divorcio entre las cúpulas de los partidos y sus bases locales. Si el ejecutivo avanza sin modificar los puntos más sensibles —la definición de zonas de desarrollo prioritario y los mecanismos de participación— la legislatura puede encontrar un nuevo frente judicial que erosione la ya frágil mayoría parlamentaria.
El calendario ahora depende de las alegaciones. El departamento tiene hasta finales de año para responderlas y aprobar el texto definitivo. Si para entonces la AMRP ha formalizado su recurso contencioso-administrativo, el despliegue renovable catalán podría quedar atrapado en los juzgados durante varios ejercicios. Y el reloj de la descarbonización no se detiene.
