Seis países de la UE impulsan un impuesto a las petroleras por los beneficios de la guerra de Irán. La propuesta busca un marco común para gravar las rentas extraordinarias mientras el Brent ronda los 100 dólares por barril.
Los ministros de Finanzas de Portugal, España, Austria, Italia, Polonia, y Alemania dirigen la carta a la ministra irlandesa de Finanzas, país que este semestre ocupa la presidencia rotatoria del Consejo de la UE. En ella advierten de que ‘el descontento crece en todo el mundo por el aumento del coste de vida’ y reclaman un ‘enfoque común’ para que quienes se benefician de la crisis contribuyan a aliviar a la población. La iniciativa, según los informes, la lidera Alemania.
La ONG Oxfam cifra en cerca de 40.000 millones de euros el beneficio trimestral combinado de BP, Chevron, Eni, ExxonMobil, Shell y TotalEnergies. La organización advierte de que la cifra puede alcanzar 147.000 millones antes de fin de año y reclama un impuesto permanente de al menos el 50% sobre los beneficios que superen un retorno del 10% sobre la inversión.
Por qué el crudo se ha asentado por encima de los 100 dólares
El detonante es el conflicto entre Estados Unidos e Israel contra Irán y el cierre intermitente del Estrecho de Ormuz, por donde transita cerca de un cuarto del petróleo y del GNL, el gas natural licuado, que se mueve por vía marítima en el mundo. El Brent llegó a 102 dólares por barril el mes pasado, y Goldman Sachs prevé que pueda superar 120 dólares en el cuarto trimestre si las alteraciones se prolongan.
La carta pide que la cuestión entre en la agenda de la próxima reunión de ministros de Economía y Finanzas, prevista para mediados de septiembre. Sus firmantes hablan de ‘uno de los mayores shocks de oferta en décadas’ y reclaman un marco europeo para gravar los beneficios excesivos.
La carta no cambia un barril de suministro, pero sí abre la negociación sobre quién paga la factura de una crisis que ya dura meses.
La factura de 2022 y el gas ruso que Bruselas no termina de cerrar
La UE arrastra un encarecimiento del coste de vida desde que a comienzos de 2022 decidió eliminar de forma progresiva las compras de crudo y gas a Rusia, en respuesta a la invasión de Ucrania. Según la Comisión Europea, entonces el petróleo ruso representaba el 27% de las importaciones de crudo del bloque y el gas ruso cubría el 45% de la demanda comunitaria. El canciller alemán, Friedrich Merz, reconoció el mes pasado que la pérdida de esos suministros ha contribuido a los problemas energéticos actuales de Alemania.
En paralelo, las importaciones de gas natural licuado ruso siguen marcando máximos pese al objetivo de Bruselas de eliminarlas por completo. Bélgica, en particular, dependió enteramente del suministro ruso de GNL el mes pasado. Esa contradicción alimenta el argumento de los firmantes: si no se puede cortar del todo el flujo ruso, al menos se puede intervenir sobre los márgenes.
Equilibrio de Poder
En esta redacción entendemos que la carta es un movimiento político antes que fiscal. La competencia tributaria sigue en manos de los Estados y de la Comisión, no de los ministros de Finanzas en solitario; abrir el debate en el Ecofin de septiembre sirve para presionar a la presidencia irlandesa y a Bruselas.
La administración Trump, centrada en el Indo-Pacífico y en la presión sobre Irán, observa la crisis energética europea como un riesgo para la cohesión de la OTAN: una UE fracturada por la inflación sería un socio transatlántico más débil. Moscú, mientras tanto, conserva el flujo de GNL hacia la UE y utiliza la contradicción fiscal como prueba del coste de la desconexión energética.
Para España la propuesta tiene una doble lectura. El Gobierno firma una iniciativa internacional mientras mantiene su propio gravamen temporal sobre energéticas y banca, aprobado en 2022 y convertido en tributo permanente después de una intensa batalla con el sector. El crudo alto castiga la inflación española y encarece la factura energética, pero también dispara los ingresos fiscales y los márgenes de Repsol, Cepsa y Naturgy. Moncloa no ha aclarado si el futuro impuesto europeo, en caso de aprobarse, sustituiría al español o se acumularía sobre él.
A cinco o diez años, la crisis de Ormuz puede alterar la doctrina energética europea más que las sanciones. El precedente del impuesto extraordinario a la banca y a las eléctricas españolas de 2022 demuestra que Bruselas tiene margen para consensuar gravámenes temporales cuando la inflación aprieta, aunque cada prórroga abre litigios y distorsiona la inversión. El riesgo es que un impuesto mal diseñado enfríe la producción y la capacidad de refino justo cuando la seguridad de suministro depende de cada barril disponible.
El primer test será la reunión de ministros de Economía y Finanzas de mediados de septiembre. Si la carta logra incluir el punto en la agenda formal, la negociación dejará de ser un globo sonda y pasará a medir la resistencia de Países Bajos, Irlanda y los países nórdicos, tradicionalmente contrarios a armonizar impuestos sobre la energía. No es una guerra de misiles, pero sí una batalla por quién paga la factura del petróleo más caro en décadas.
