La Administración española adjudica cada año miles de millones de euros en contratos públicos y la normativa que los regula contempla atajos para situaciones excepcionales. El artículo 120 de la Ley de Contratos del Sector Público autoriza a adjudicar de forma directa, sin expediente y prácticamente sin trámites, cuando concurre una catástrofe o una emergencia. La Ley 9/2017 permite, además, contratos menores sin publicidad ni concurrencia. El problema aparece cuando esas excepciones dejan de ser puntuales y se instalan como procedimiento habitual. Es ahí donde ha puesto la lupa la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC).
Esta lista no ordena los casos por importe ni por número de adjudicaciones, sino que reúne los cinco ámbitos que mejor explican esa normalización de la adjudicación a dedo: las emergencias de la COVID, las vinculadas a la DANA y a otros episodios climáticos, el fraccionamiento en contratos menores, los fondos del Plan de Recuperación —más de 44.000 millones movilizados en convocatorias y licitaciones, según la plataforma Elisa que maneja el Ministerio de Economía— y el sector tecnológico, la consultoría y la comunicación, donde la CNMC sancionó en 2018 a once empresas por repartirse licitaciones de informática.Contratos de emergencia de la COVID: el precedente que abrió la puerta a la adjudicación directa
El artículo 120 de la Ley de Contratos del Sector Público permite a cualquier Administración adjudicar de forma directa, sin expediente y prácticamente sin trámites, cuando concurre una catástrofe, un grave peligro o una necesidad de defensa. Hasta 2019 ese mecanismo era casi testimonial: la Administración General del Estado firmó 50 contratos de emergencia en 2019 (27 millones de euros) y 12 en 2018 (tres millones). El Real Decreto-ley 7/2020, de 12 de marzo, y la declaración del estado de alarma el 14 de marzo habilitaron su uso masivo para comprar material sanitario, primero para el Estado y, dos semanas después, para todas las administraciones, con permiso incluso para pagar por adelantado antes de recibir nada. El resultado fue una explosión inédita: solo en 2020 se publicaron 16.589 contratos de emergencia por 6.445 millones, el 15% de todo lo adjudicado ese año, según la base de datos de Civio, que excluye los contratos menores. Ese es el precedente que abrió la puerta.
El Tribunal de Cuentas cuantificó después 13.211 contratos de emergencia por 2.129 millones entre ministerios, ayuntamientos y empresas públicas, y al fiscalizar una muestra de 1.328 (el 10%, que concentra el 83% del importe) detectó los vicios que ahora vigilan los organismos de competencia: uno de cada cuatro contratos ministeriales se cerró verbalmente, en un 22% el plazo no quedó determinado y solo en torno a un tercio constaba la comprobación de solvencia del adjudicatario. Cuatro contratos de mascarillas quirúrgicas por 217 millones recayeron en la misma empresa. Aparecieron además emergencias sin vínculo con la pandemia, como el vestuario del Palacio Real adjudicado por 591.119 euros, la televisión pública de Murcia o 15 pistolas táser en Marbella por 36.000 euros. La Fiscalía Anticorrupción avisó de que esta vía era propicia a prácticas ilícitas, como mostró después el caso Koldo. La pandemia convirtió la adjudicación directa en rutina y dejó un rastro que la CNMC no quiere ver repetido.
3Fondos europeos: adjudicaciones directas con dinero del Plan de Recuperación
El Plan de Recuperación ha movilizado ya más de 44.000 millones de euros en convocatorias y licitaciones, según los datos de la plataforma Elisa que maneja el Ministerio de Economía. La propia presidenta de la CNMC, Cani Fernández, advirtió de los riesgos que acechan a ese dinero y fijó una regla: cuando una ayuda puede concederse por concurrencia o por asignación directa, «mejor por concurso». En su decálogo de buenas prácticas, el regulador recuerda que el contrato menor —la vía exprés por la que se reparten miles de encargos— es una adjudicación directa prevista para necesidades puntuales y de escasa cuantía, y recomienda que, como mínimo, se invite a competir al menos a tres empresas y se publique la petición en el perfil del contratante para compensar la falta de competencia.
Los controles externos han puesto cifras a ese margen. El Tribunal de Cuentas ha reclamado reforzar la supervisión del Plan ante «numerosas deficiencias» en su gestión, y la Sindicatura de Cuentas catalana detectó irregularidades en 150 millones de fondos Next Generation destinados a digitalización escolar: la mitad de los contratos se tramitaron de urgencia sin justificar los motivos y un «reducido número de licitadores» concentró el gasto en unas pocas empresas. A ello se suma que, según denunció Ciudadanos a partir de datos de Newtral, 823 millones del Plan acabaron en compañías sancionadas por la CNMC, casi el doble de los 437 millones acumulados en multas. Que el dinero europeo esquive el concurso y acabe en adjudicatarios recurrentes es lo que sitúa este capítulo en la lista.
