EN 30 SEGUNDOS
- ¿Qué ha pasado? La Fiscalía Anticorrupción ha reclamado el informe de la IGAE que apunta a que varias plazas de alta dirección del Puerto de Valencia se diseñaron a medida de exdirectivas del Consorcio Valencia 2007.
- ¿Quién está detrás? La investigación, abierta en abril, afecta a la presidenta del Puerto, Mar Chao, y a la alcaldesa de Valencia, María José Catalá, entre otros cargos.
- ¿Qué impacto tiene? La exjefa de Recursos Humanos ha declarado en dos juicios que Chao redactó las bases; el próximo 1 de octubre se celebra otra vista por una de las plazas.
La Fiscalía Anticorrupción reclama al Puerto de Valencia el informe de Intervención sobre el presunto amaño de plazas.
La investigación avanza contra reloj. Abierta en abril tras la denuncia de Compromís contra la presidenta de la Autoridad Portuaria de Valencia (APV), Mar Chao, y la alcaldesa de Valencia, María José Catalá, se amplió después con la incorporación del PSPV y la denuncia contra el concejal de Grandes Proyectos, José Marí Olano, por los audios que destaparon una reunión con personal del Consorcio Valencia 2007. Ese organismo, que gestionó la Marina hasta su liquidación en 2024, es el origen de las plazas bajo sospecha.
El informe de la IGAE que desató la petición del fiscal
El fiscal ha solicitado el documento de la Intervención General de la Administración del Estado (IGAE) que concluye que las bases de varias plazas de alta dirección «contienen requisitos o méritos que predeterminan de un modo u otro el candidato seleccionado». Dos de esas plazas, adjudicadas a las exdirectivas del Consorcio A. G. y M. G., son el centro de la investigación. Casi al mismo tiempo, ambas se presentaron a dos puestos habilitados en la Fundación Deportiva Municipal (FDM), pero renunciaron cuando se confirmó que habían logrado las plazas del Puerto.
El fiscal también ha preguntado por un hecho singular: varios exempleados del Consorcio dejaron por escrito ante notario, semanas antes de conocerse el resultado, los nombres de A. G. y M. G. como futuras adjudicatarias. A eso se suma la plaza creada en la fundación municipal Visit Valencia, adjudicada a otro exempleado del Consorcio pese a que la entidad exigía ser empleado público en el momento de conseguirla. El Consorcio se había liquidado el 16 de octubre de 2024, y el informe del secretario municipal concluye que «no debió formalizar el contrato».
La exjefa de Recursos Humanos sitúa a Mar Chao en el centro
Las plazas adjudicadas en el Puerto han sido impugnadas por UGT ante los tribunales. En el primer juicio, celebrado en mayo, la exjefa de Recursos Humanos del Puerto, E. O., confesó que fue Mar Chao quien le facilitó las bases ya redactadas de los procesos selectivos. Pese a los reparos que E. O. le mostró, Chao le ordenó en un correo que las publicara igualmente, «rápido, haciendo los ajustes necesarios».
Este martes 15 de septiembre, en otra vista por una de las plazas cuestionadas por la IGAE, E. O. repitió la acusación con una frase directa: «las bases las redactó la presidenta Mar Chao en primera persona». La sentencia del primer juicio sigue pendiente, y el próximo 1 de octubre tendrá lugar el juicio relativo a la plaza de M. G.
Las bases no eran neutras: estaban redactadas para que ganaran candidatos concretos, y la Intervención General del Estado lo ha dejado por escrito.
La APV, entidad pública estatal que gestiona uno de los principales puertos del Mediterráneo, se encuentra bajo el foco de una investigación que cruza, administraciones. Las fuentes del organismo consultadas por este diario confirman que el fiscal ha requerido el informe de la IGAE. La dimensión del caso trasciende lo local: Compromís y PSPV, los dos partidos que impulsaron la denuncia, ven en este expediente una prueba de que el acceso al empleo público en Valencia se ha convertido en un terreno de juego político.
El Escenario Valenciano
La dinámica política valenciana marca esta investigación. Mar Chao preside la APV, un organismo dependiente de Puertos del Estado, mientras que María José Catalá es la alcaldesa de la capital. Ambas están señaladas en la denuncia inicial de Compromís, que junto al PSPV amplió el caso contra el concejal José Marí Olano. En el Ayuntamiento y en el Puerto, la oposición sostiene que los procesos selectivos se diseñaron para recolocar a personal afín del extinto Consorcio Valencia 2007, una entidad que llegó a tener más de cien trabajadores.
A nivel nacional, la investigación sobre la APV toca de lleno a Puertos del Estado, el organismo del Ministerio de Transportes que tutela las 28 autoridades portuarias españolas. Cualquier indicio de amaño en una infraestructura estratégica como el Puerto de Valencia —el mayor del Mediterráneo en tráfico de contenedores— resuena en Madrid y alimenta el debate sobre la gobernanza del sistema portuario estatal. La Fiscalía Anticorrupción actúa aquí como si se tratara de un caso de corrupción de alcance nacional, no de un simple conflicto laboral.
La proyección es inmediata. El 1 de octubre se celebra el juicio por la segunda plaza impugnada por UGT, y la sentencia del primer juicio de mayo puede marcar el tono de toda la instrucción. En paralelo, el fiscal espera el informe de la IGAE para decidir si cita a declarar a los cargos públicos implicados. Todo apunta a que el otoño será caliente en la APV.
Ficha del Caso
- El caso: La Fiscalía Anticorrupción investiga el presunto amaño de plazas de alta dirección en la Autoridad Portuaria de Valencia y en entidades municipales para recolocar a extrabajadores del Consorcio Valencia 2007, liquidado en 2024.
- Datos importantes: Diligencias abiertas en abril; denuncia de Compromís y PSPV contra Mar Chao, María José Catalá y José Marí Olano; informe de la IGAE sobre predeterminación de candidatos; juicios pendientes el 1 de octubre y sentencia de mayo sin dictar.
- Resumen: La declaración de la exjefa de RRHH y el informe de la IGAE sitúan a la presidenta del Puerto en el centro de una presunta red de colocación a medida. El caso pone a prueba el acceso al empleo público en Valencia y la supervisión de Puertos del Estado.
