EN 30 SEGUNDOS
- ¿Qué ha pasado? El Sistema Europeo de Bancos Centrales, que agrupa al BCE y a los bancos centrales nacionales, pide endurecer la revisión de MiCA: extender el veto a remunerar las ‘stablecoins’, regular el staking y centralizar las licencias en la ESMA.
- ¿Quién está detrás? El BCE de Christine Lagarde, con el respaldo de los bancos centrales nacionales. La Comisión Europea tiene la última palabra y el Parlamento Europeo y los Estados miembros deberán aprobar los cambios.
- ¿Qué impacto tiene? España afronta un marco más duro para plataformas e inversores, y el CNMV perdería la potestad de conceder licencias cripto. La consulta de Bruselas cierra el 30 de septiembre.
El BCE reclama endurecer la regulación de los criptoactivos en la UE y ampliar el veto a remunerar las ‘stablecoins’. Lo hace en su respuesta a la consulta de la Comisión Europea sobre la revisión de MiCA, el reglamento que ordena el mercado europeo de criptomonedas desde diciembre de 2024.
Detrás del documento está el Sistema Europeo de Bancos Centrales, la estructura que reúne al BCE y a los bancos centrales nacionales de los Veintisiete. Sus recomendaciones no son vinculantes: la Comisión las valorará junto al resto de aportaciones antes de decidir si reabre la legislación.
MiCA (Reglamento sobre los Mercados de Criptoactivos) está en vigor desde diciembre de 2024 y su último plazo transitorio expiró el 1 de julio. Eso obligó a plataformas como Binance, la mayor casa de cambio del mundo, a dejar de atender a clientes europeos que operaban con licencias antiguas.
Qué pide el BCE: del veto a los intereses al asalto de la ESMA
Las ‘stablecoins’ (criptomonedas diseñadas para mantener un valor estable, casi siempre anclado al dólar) están en el centro del pulso. MiCA ya prohíbe a emisores y plataformas pagar intereses por ellas, y los bancos centrales quieren que siga siendo así. ‘El pago de una remuneración por las stablecoins debe seguir estando prohibido’, sentencia la respuesta.
El problema son los resquicios. Algunas plataformas, advierte el documento, ofrecen servicios de préstamo, toma en préstamo y staking que ‘reproducen el efecto económico de los pagos de intereses a través de servicios accesorios o no regulados’. El BCE quiere extender la prohibición a esas actividades y a las recompensas indirectas, como ciertas ventajas de programas de fidelización. Lo califica de ‘clara prioridad legislativa’.
No es solo una batalla por las ‘stablecoins’: Bruselas quiere decidir quién concede las licencias cripto y, de paso, frenar el aterrizaje del dólar tokenizado en Europa.
Sobre el staking, la respuesta es tajante: ‘El staking, el préstamo y la toma en préstamo de criptoactivos deben regularse a escala de la Unión’. Cuando una empresa recibe criptoactivos de sus clientes y promete devolverlos, eventualmente con una prima, los bancos centrales sostienen que puede ser ‘comparable a la captación de fondos reembolsables’, en jerga bancaria. Lo mismo aplica a las finanzas descentralizadas (DeFi), donde el crédito se ejecuta con programas automatizados en lugar de con una empresa.
El documento también reclama herramientas más contundentes frente a los tokens ligados a divisas extranjeras. Las autoridades podrían imponer ‘una prohibición de emitir nuevos tokens, así como la obligación de amortizar los existentes’ cuando estimen que amenazan la estabilidad financiera. Y avisa de un vacío: MiCA no da base jurídica para emitir una misma ‘stablecoin’ dentro y fuera de la UE, de modo que en una retirada masiva las reservas europeas podrían acabar respaldando a tenedores de otros países.
Los bancos centrales del euro tampoco permiten hoy que los emisores de ‘stablecoins’ depositen en ellos los fondos de sus clientes. Un token respaldado íntegramente por dinero de banco central ‘equivaldría de facto a una moneda digital sintética de banco central’, esto es, una imitación privada del euro digital que podría vaciar los depósitos de la banca comercial en momentos de tensión.
Washington juega al revés y el precedente de Binance en Grecia
Estados Unidos ha escogido el camino opuesto. La ley GENIUS de 2025 prohibió a los emisores estadounidenses de ‘stablecoins’ pagar intereses, pero dejó a las plataformas libres para ofrecer recompensas. Cerrar ese hueco fue uno de los debates más polémicos de la ley CLARITY, el proyecto clave sobre criptomonedas, que se quedó a diez votos de superar el Senado el 15 de septiembre.
En Europa, el corazón del asunto es quién concede las licencias. Los bancos centrales respaldan la propuesta de la Comisión de trasladar la autorización y la supervisión de las empresas cripto desde los reguladores nacionales hasta la ESMA, el supervisor de los mercados de la UE. Hoy una sola licencia nacional abre la puerta a todo el bloque. Según publicó la semana pasada The Wall Street Journal, Lagarde instó al primer ministro griego, Kyriakos Mitsotakis, a no aprobar la solicitud de Binance por sus problemas de cumplimiento y por el temor a que su tamaño disparara el uso de ‘stablecoins’ ancladas al dólar. Binance retiró su petición el 24 de junio. Ni el BCE ni el regulador griego han confirmado ese relato; la plataforma se limitó a decir que ‘no comentará especulaciones’.
El aterrizaje en España es directo. Si la Comisión reabre MiCA y prospera el traslado de competencias, el CNMV dejaría de conceder las licencias cripto a las plataformas nacionales: la ventanilla sería la ESMA. Para los inversores, el mensaje es un marco más duro y menos productos con apariencia de depósito remunerado; para los operadores, la mayoría de las plataformas españolas considera que el coste de cumplimiento sube otro escalón.
El Eje del Poder Europeo
Aquí se libra una geometría que va más allá de las criptomonedas. El eje franco-alemán comparte la línea dura del BCE: Berlín teme que el euro tokenizado se convierta en un caballo de Troya del dólar. Los estados del sur, con España a la cabeza, miran con recelo una centralización de licencias en la ESMA que aleja las decisiones de Madrid y las concentra en París, sede del supervisor.
Los frugales del norte —Países Bajos, Dinamarca, Suecia— apoyan el endurecimiento sin entusiasmo: les va la disciplina financiera, pero no quieren asfixiar a un sector que aspiran a atraer. Visegrado no juega este partido; su prioridad sigue siendo frenar cualquier nuevo poder de supervisión central. Y el BCE, que no tiene competencia formal sobre las licencias, empuja desde fuera la reforma que le daría un interlocutor único.
La lectura a cinco años es nítida. MiCA nació como marco de mínimos y va camino de convertirse en corsé. Si la revisión se cierra en 2027, con el visto bueno del Parlamento Europeo y de los Estados miembros, Europa habrá elegido el camino regulatorio mientras Washington apuesta por la permisividad controlada. Quien gane la partida del dólar tokenizado no se decidirá en Fráncfort, sino en la capacidad europea de atraer emisores sin expulsarlos.
Y hay un punto débil evidente. El propio BCE admite que el beneficio de las ‘stablecoins’ para los pagos cotidianos es limitado frente a las transferencias instantáneas y al euro digital. Regular a fondo un mercado que se considera prescindible es una contradicción que Bruselas no ha resuelto.
El próximo hito está fechado: la consulta de la Comisión cierra el 30 de septiembre, un mes más tarde de lo previsto. A partir de ahí, Bruselas decidirá si reabre la legislación. Los diplomáticos comunitarios apuntan a una revisión en 2027. Hasta entonces, el documento del BCE es munición para el debate, no ley.
