España ha vuelto a chocar con sus socios en la UE por la oficialidad del catalán, el euskera y el gallego. Alemania, Suecia y Lituania han rechazado este martes, durante la reunión del Consejo de Asuntos Generales en Bruselas, que Madrid vincule el reconocimiento de las tres lenguas cooficiales con la futura ampliación de la Unión.
La cuestión lingüística figuraba en el orden del día como un simple punto de información, sin votación prevista. Bastó, sin embargo, el turno de intervenciones para constatar que el expediente sigue atascado tres años después de que Madrid presentara su propuesta por primera vez.
El ‘punto de información’ que se convirtió en un pulso a tres bandas
El secretario de Estado para la Unión Europea, Fernando Sampedro, defendió en nombre del Gobierno que las tres lenguas sean reconocidas antes de que se incorporen idiomas procedentes de futuros Estados miembros. ‘España va a seguir apoyando la ampliación’, aseguró, antes de reclamar el fin de la ‘discriminación’ que, a su juicio, sufren unos 20 millones de españoles y europeos que viven en territorios con más de una lengua oficial.
La respuesta llegó por tres flancos. El viceministro lituano de Asuntos Europeos, Sigitas Mitkus, consideró que vincular ambas cuestiones ‘no es aceptable’. El secretario de Estado alemán para Europa, Gunther Krichbaum, advirtió contra trasladar ‘una cuestión interna’ al proceso comunitario de ampliación. Y la ministra sueca de Asuntos Europeos, Jessica Rosencrantz, reclamó un análisis técnico detallado de las consecuencias de sumar las tres lenguas al régimen lingüístico europeo.
La llave de la unanimidad: por qué Madrid necesita a los Veintisiete
El régimen lingüístico de la UE se fija en el Reglamento n.º 1 de 1958, una norma que solo puede modificarse con la unanimidad de los Estados miembros. Ahí está la clave de todo el pulso. Un único ‘no’ bloquea el expediente, y este martes han sonado tres reparos explícitos.
Madrid insiste en que no hay motivo para seguir demorando la decisión y sostiene que la medida ‘no tiene ningún impacto para el resto de Estados miembros’. El ministro de Asuntos Exteriores, José Manuel Albares, había elevado la presión incluso antes de la cita: España respalda la ampliación, dijo, pero considera ‘impensable’ que se incorpore una nueva lengua al club antes de reconocer las tres cooficiales.
En Bruselas, la cortesía diplomática rara vez es un sí: suele ser la forma más elegante de aplazar una firma que nadie quiere estampar.
Desde el Ministerio de Asuntos Exteriores ofrecen una lectura bien distinta. Fuentes del departamento aseguran que la propuesta suscita una ‘amplia comprensión por parte de la mayoría de los Estados miembros de la UE’ y sostienen que ‘ningún Estado miembro la ha rechazado’ durante la reunión. La distancia entre esa versión y los tres reparos sobre la mesa es, en sí misma, la mejor radiografía del estado de la negociación.
España lleva desde 2023 intentando reunir los apoyos que exige la unanimidad. En estos tres años, Madrid sostiene haber respondido a las dudas jurídicas, económicas y prácticas planteadas por otros socios, aunque el expediente no ha salido de la fase de tanteo. Para los más escépticos, el coste de traducir e interpretar tres lenguas más en todas las instituciones sigue siendo una incógnita sin cerrar.
El Eje del Poder Europeo
La geometría del pulso es nítida. Alemania y Suecia, contribuyentes netos y celosos del control del gasto comunitario, no quieren que un asunto que consideran interno español se cuele en la negociación de la ampliación. Lituania responde a otra lógica: es uno de los socios más interesados en acelerar la entrada de Ucrania y Moldavia, y teme que el vínculo lingüístico retrase un proceso que para Vilna es seguridad nacional frente a Rusia. España, en cambio, intenta usar el impulso de la ampliación como palanca para arrancar una unanimidad que hoy no tiene.
El precedente importa. Cuando Croacia entró en la Unión, en 2013, el croata se sumó al régimen lingüístico por la vía del tratado de adhesión, sin debate político previo. El irlandés siguió un camino distinto: oficial desde 2007, pero con un régimen escalonado para la traducción. Madrid no pide ninguna de esas dos fórmulas. Pide la oficialidad plena y antes de que se siente nadie nuevo en la mesa, consciente de que su ventana se estrecha. Si la Unión culmina una ampliación que añadiría ucraniano, serbio, albanés, o macedonio, el problema de la multiplicación de lenguas será mucho mayor, y la tentación de reformar el régimen en clave restrictiva ganará peso en Berlín y en las capitales frugales.
Para España, el asunto no es solo diplomático. El catalán, el euskera y el gallego son moneda de cambio en la aritmética parlamentaria de Madrid, y cada comparecencia en Bruselas se sigue con lupa desde Cataluña y el País Vasco. El Gobierno sostiene que la oficialidad beneficiaría a veinte millones de ciudadanos sin coste alguno para el resto. Los socios que este martes han levantado la mano piensan lo contrario y, lo que pesa más, tienen la llave: sin su sí, las tres lenguas seguirán fuera del diario oficial de Europa.
El calendario no juega a favor de Madrid. La próxima vez que los Veintisiete aborden la ampliación, el expediente lingüístico volverá a colarse en la sala y España necesitará algo más que la cortesía diplomática para sumar veintisiete síes. De momento, tres de esos veintisiete ya han dicho que el atajo no les convence. Queda mucho camino por delante, y no precisamente cuesta abajo.
