Un bombero de Ourense demanda a la Xunta y a la Deputación por las horas extras de los incendios de 2025.
El trabajador, integrado en uno de los cuatro parques comarcales de la provincia, sostiene que en la segunda quincena de agosto de 2025, con toda la provincia en nivel de alerta 2, fue movilizado el doble de lo permitido. La demanda se dirige contra el Consorcio Provincial Contraincendios y Salvamento de Ourense, el organismo cogestionado por la Deputación (la institución provincial) y la Xunta de Galicia (el gobierno autonómico con sede en Santiago de Compostela).
264 horas en un mes: la letra pequeña del verano más duro
Los números que recoge la denuncia son elocuentes. El bombero tenía señaladas en el cuadrante de agosto ocho guardias de 24 horas, de las nueve de la mañana a las nueve del día siguiente, que sumaban 192 horas. La baja imprevista de otro integrante del parque añadió tres guardias más, hasta un total de 264 horas en un solo mes. En un periodo de doce días llegó a acumular 168 horas de trabajo.
La comparación con el resto del servicio forestal agranda la brecha. En una emergencia de nivel 2, los bomberos forestales dependientes de la Consellería de Medio Rural pueden prestar como máximo un servicio de doce horas de cada 48. Es decir, la mitad de lo que le fue requerido al demandante. El convenio colectivo de los parques comarcales, aprobado en febrero y publicado en marzo de 2025, fijaba una jornada de 1.608 horas anuales repartidas en 67 guardias de 24 horas. El cuadrante, sin embargo, mantuvo los 73 turnos heredados del año anterior.
Tras meses de negativa, en junio el Consorcio aceptó pagar las seis guardias de diferencia como horas extraordinarias, pero no completas: las descontaba restando bajas, permisos, y horas sindicales. Ese recorte ha empujado a la práctica totalidad de los más de 70 bomberos de los cuatro parques comarcales de Ourense a reclamar en los tribunales. En agosto, el demandante fue convocado a trabajar once días frente a los seis de media mensual que fija el convenio.
Lo que la demanda de Ourense pone por escrito no es un caso aislado: es la factura laboral del peor verano de incendios que Galicia recuerda.
El Consorcio y la Xunta: dos administraciones, una misma respuesta
La demanda no solo reclama dinero. Argumenta que la acumulación de guardias para cubrir vacaciones y bajas —esto último, prohibido expresamente por el convenio— vulneró el derecho fundamental a la integridad física y mental del bombero. A una de las guardias acudió, según el relato, tras manifestar su oposición por estar recuperándose de un golpe recibido durante las tareas de extinción. Fuentes del sector subrayan que descontar ausencias del pago de extras se ha convertido en práctica habitual en la provincia.
El caso llega a los tribunales este otoño, con Galicia todavía digiriendo una temporada en la que ardieron 120.000 hectáreas en la comunidad, alrededor de 100.000 de ellas en la provincia de Ourense. La magnitud obligó a mantener el nivel 2 durante dos semanas en todo el territorio provincial. El proceso se sigue contra una entidad que depende a la vez de la administración autonómica y de la provincial, un reparto de competencias que la propia demanda señala como origen del problema.
El Laboratorio Gallego
Galicia lleva desde 2009 gobernada por mayorías absolutas del PPdeG (el Partido Popular de Galicia), con Alfonso Rueda al frente de la Xunta desde 2022. El BNG (el Bloque Nacionalista Galego) es la primera fuerza de la oposición y el PSdeG (la federación gallega del PSOE), la tercera. La gestión de los incendios es uno de los terrenos donde el Parlamento de Galicia (la cámara unicameral de 75 deputados) mide la solidez del Ejecutivo autonómico, y donde las condiciones laborales de los servicios de extinción reaparecen cada verano.
La lectura nacional es la de un modelo de gestión compartida entre la Xunta y las deputacións provinciales que deja cabos sueltos: la misma administración que presume de coordinación en la extinción es la que ahora se sienta en el banquillo por cómo trata a quienes apagan los fuegos. El precedente de Ourense anticipa lo que puede replicarse en otras provincias con consorcios equivalentes. Con más de 70 reclamaciones ya en los juzgados, el desenlace judicial de este otoño marcará el terreno para la próxima campaña de alto riesgo y para la negociación del próximo convenio.
Ficha del Caso
- El caso: Un bombero del consorcio provincial de Ourense demanda a la Xunta y a la Deputación por movilizarlo el doble de lo permitido y no pagarle todas las horas extras de los incendios de agosto de 2025.
- Datos importantes: 264 horas en agosto; 168 en doce días; siete turnos de 24 horas; convenio de 1.608 horas anuales en 67 guardias; más de 70 bomberos con reclamaciones en Ourense.
- Resumen: La demanda, con juicio previsto este otoño, apunta a una vulneración de derechos fundamentales y expone la brecha entre el discurso de coordinación de la Xunta y las condiciones laborales del operativo que apagó el peor verano de incendios de Galicia.
