Dos agencias bilbaínas de comunicación suman 2,2 millones de euros en 164 contratos públicos adjudicados por administraciones vascas desde septiembre de 2015. La investigación publicada por Hordago-El Salto vincula ambas firmas al entorno del PNV y cifra la facturación a partir de la Plataforma de Contratación Pública de Euskadi y de la interfaz de datos abiertos del Ejecutivo autonómico.
Se trata de Sormen Komunikazioa y Biok Comunicación Estratégica, con domicilio social en Bilbao. Comparten cartera de clientes —ayuntamientos, diputaciones forales, entes públicos y departamentos del Gobierno Vasco—, además de socios y perfiles profesionales que han pasado por los gabinetes de prensa del partido, según los datos recabados por el citado medio.
Cómo se reparten los 164 contratos entre las dos firmas
Sormen Komunikazioa ha facturado 1,4 millones de euros en 88 contratos de 18 poderes adjudicadores. De esa cantidad, 521.765 euros corresponden a nueve departamentos y organismos del Gobierno Vasco; 153.611 al Ayuntamiento de Sondika; 120.544 al de Getxo; 101.640 al de Derio; y 93.804 a la Diputación Foral de Bizkaia. El resto se reparte entre otros nueve ayuntamientos y varios entes públicos, entre ellos el Instituto Vasco de Finanzas.
Biok Comunicación Estratégica suma 820.791 euros en 76 contratos de 21 entidades: 147.318 del Ayuntamiento de Amurrio, 99.256 de cuatro órganos del Gobierno Vasco, 82.038 de Bilbao Zerbitzuak, 74.429 del de Abanto Zierbena y 58.142 del de Bermeo, cuando la alcaldía era del PNV. La lista se completa con otros ocho ayuntamientos, Zugaztel, Lanbide, el Palacio Euskalduna y el Consorcio de Transportes de Bizkaia.
La vía directa y la franja de los 18.150 euros
De los 164 contratos, 139 se adjudicaron mediante contrato menor, la vía directa sin concurso ni publicidad, de acuerdo con el recuento de la investigación. En Sormen representan el 85% del total y en Biok, el 84%. La cifra adquiere relevancia por el umbral legal que determina cuándo un servicio debe salir a concurso público.
Veinte de esos contratos, por un total de 358.750 euros, se sitúan entre los 17.500 y los 18.150 euros. Los 18.150 euros equivalen al techo de 15.000 euros que la norma fija para el contrato menor de servicios, más el 21% de IVA. Figuran, entre otros, 18.150 euros de comunicación institucional del Ayuntamiento de Elgoibar, 18.126 del de Plentzia y 17.581 de la campaña ‘Nabari da / Se nota’ de Lehendakaritza (la Presidencia del Gobierno Vasco).
De los 164 contratos, 139 se adjudicaron por la vía directa del contrato menor y solo uno obliga a convocar concurso público.
La investigación detalla además los vínculos profesionales entre las firmas y el partido. Iñigo Aranbarri, socio y director de comunicación de Sormen, figuró en la candidatura del PNV de Ondarroa en las municipales de 2023.
El hijo del exvicelehendakari Josu Erkoreka trabajó como creador de contenido audiovisual en la agencia entre septiembre de 2023 y junio de 2025, y desde esa fecha lo hace para las redes sociales del partido, según su perfil profesional público.
En sentido inverso, Yurdana Burgoa, fundadora de Biok, fue directora de Gabinete y Comunicación de la Consejería de Hacienda y Economía y en febrero de 2025 fichó por Last Tour, donde ocupa la dirección ejecutiva desde febrero de 2026. Sormen registra su mejor ejercicio: 378.450 euros en ocho meses de 2026, frente a los 56.056 euros de todo 2023.
En febrero de 2023, la Comisión de Ética de Euskadi avaló el nombramiento de Gorka Iturriaga como responsable del deporte vasco, pero le pidió expresamente que se abstuviera y transfiriera sus responsabilidades en lo relativo a la salida del Tour de Francia, porque una de las socias de la adjudicataria era su esposa. El Ayuntamiento de Bilbao había adjudicado a Sormen un lote de comunicación de aquel evento por 119.000 euros.
Qué marco legal regula estos contratos y qué antecedentes existen
La Ley 9/2017 de Contratos del Sector Público permite adjudicar sin publicidad los servicios por debajo de 15.000 euros, umbral que se eleva a 40.000 en el caso de las obras. En Euskadi, los registros de la Plataforma de Contratación Pública y los datos abiertos del Ejecutivo autonómico permiten reconstruir el histórico desde 2015. El marco legal es común para todas las administraciones del Estado.
El dictamen de la Comisión de Ética señalaba que basta con que la actuación de un alto cargo ‘suscite o pueda suscitar una duda razonable’ sobre su imparcialidad para activar los mecanismos preventivos. La información publicada no recoge por el momento valoraciones oficiales de las dos agencias ni del PNV sobre el alcance de los datos.
El periodo analizado abarca de septiembre de 2015 al 3 de septiembre de 2026, según la investigación, de modo que el ejercicio en curso permanece abierto y las nuevas adjudicaciones se incorporan de forma continua a los registros públicos de contratación.
