El decreto de vivienda llega al Consejo de Ministros del martes con Sumar y Podemos coordinando la presión sobre el PSOE. Las posiciones siguen muy alejadas y el Gobierno afronta una jornada contrarreloj para cerrar un texto que todavía no tiene los votos garantizados.
El PSOE busca un decreto de mínimos y la izquierda exige uno de máximos
El desahucio de Maricarmen, una mujer de 87 años expulsada de la casa en la que había vivido durante siete décadas, ha dejado de ser una estadística. Su caso ha puesto rostro a la crisis de la vivienda y ha reordenado por completo la negociación. El propio Ángel Víctor Torres, ministro de Política Territorial, lo admitió sin rodeos: «Va a ser un lunes muy largo». El Ejecutivo quiere aprobar el texto este martes y abrir después una tramitación parlamentaria con aritmética incómoda.
La distancia se mide en el contenido. El PSOE plantea un acuerdo «de mínimos» que permita sacar adelante el texto y seguir negociando después las medidas que queden fuera. Sus socios de izquierda reclaman exactamente lo contrario: un decreto ambicioso que responda a la dimensión de la crisis y que, en caso de rechazo, obligue a los demás partidos a explicar por qué no lo apoyan.
Sobre la mesa hay un paquete heterogéneo: limitar la compra especulativa de vivienda por los fondos buitre, compensar la escalada de los precios del alquiler, ayudas a la primera vivienda, bonificaciones fiscales para inquilinos, incentivos a los propietarios que rebajen las rentas, regulación del alquiler de temporada y una subida del IVA de los pisos turísticos. Para la izquierda, esa lista no es suficiente. El debate ya no es reunir votos, sino estar a la altura de la crisis.
Podemos va un paso más allá y Irene Montero lo resume en una frase: «A lo mejor esta vez el trágala hay que hacérselo a los especuladores». La formación morada exige prohibir la venta de viviendas para especular, expropiar los pisos de los fondos buitre y bajar los precios del alquiler. Sumar, por su parte, sostiene que el acuerdo sigue «muy lejos» y reclama protección completa frente a los desahucios, regulación de los alquileres de temporada y de habitaciones, prórroga de los contratos y medidas contra el fraude de los pisos turísticos.
El eje Sumar-Podemos: por qué la coordinación cambia el tablero
Mónica García, líder de Más Madrid y ministra de Sanidad, ha fijado el marco con dureza: el Gobierno está lejos de un «decreto Maricarmen» y su punto de partida irrenunciable pasa por prohibir los desahucios de personas vulnerables sin alternativa habitacional. «Ya no valen ni medias tintas ni parches», ha advertido. Que sea una de las confluentes quien marque el tono da la medida de hasta dónde llega la presión interna.
Sumar y Podemos han vuelto a hablar el mismo idioma justo en el momento más incómodo para el PSOE.
La foto de la jornada lo confirma. Sumar, Podemos, ERC, EH Bildu y BNG han convocado una rueda de prensa conjunta frente al hospital Gregorio Marañón, donde Maricarmen permanece ingresada. El escenario no es casual: la negociación se traslada físicamente al lugar donde el caso se hizo visible. Cinco fuerzas con diferencias profundas han encontrado en la vivienda un terreno común, y ese terreno común es hoy el principal quebradero de cabeza del Ejecutivo.
El mensaje que comparten es nítido: el decreto no puede limitarse a una respuesta puntual a los desahucios más extremos, sino que debe atacar algunas de las causas de fondo de la crisis residencial. Y ese mensaje llega cuando la movilización social ha dejado de ser el telón de fondo para convertirse en un actor más de la negociación.
La Dinámica de Coalición
Dentro de Sumar, el pulso por la vivienda funciona como un test de cohesión. Las confluentes —Más Madrid en primera línea, junto al resto de socios territoriales— han adoptado una posición más exigente que la del núcleo de la formación. Esa dinámica refuerza al sector que reclama no diluir las medidas estrella en un acuerdo de mínimos y complica el encaje final del texto.
Con el PSOE, la fricción es directa. El Gobierno necesita el texto aprobado el martes y, a la vez, no puede cerrar la puerta a Junts y al PNV, cuyos votos serán decisivos en el Congreso de los Diputados. Ahí está el nudo: cada concesión a los socios de la izquierda complica el acercamiento a los grupos que Josep Rull representa, y viceversa.
La proyección es clara. Si el decreto sale adelante con un contenido descafeinado, Sumar y Podemos tendrán que decidir si lo validan o si escenifican su rechazo. La acampada de la Puerta del Sol, con cerca de 600 personas y unas 350 tiendas en su segunda noche, y el corte de la avenida Meridiana en Barcelona marcan el estado de ánimo social. El PSOE negocia con el reloj en contra; la izquierda, con la calle a favor.
Ficha del Caso
- El caso: El decreto de vivienda que el Gobierno quiere aprobar el martes en el Consejo de Ministros, condicionado por el desahucio de Maricarmen y por la presión coordinada de la izquierda.
- Datos importantes: El Consejo de Ministros del martes 29 de septiembre debe aprobar el texto; la votación en el Congreso no tiene fecha confirmada a cierre de edición. La acampada de la Puerta del Sol reúne a unas 600 personas y 350 tiendas.
- Resumen: El pulso mide la capacidad de Sumar de sostener su alianza con Podemos sin romper la coalición con el PSOE, en un texto que también depende de Junts y el PNV.
