EN 30 SEGUNDOS
- ¿Qué ha pasado? Trump ha notificado al Congreso la retirada de 810 millones de dólares ya aprobados para inmigración irregular, diversidad, educación e investigación sanitaria. Susan Collins estudia prohibir el mecanismo en el próximo paquete de gasto.
- ¿Quién está detrás? La Casa Blanca y la Oficina de Gestión y Presupuesto, por un lado; los apropiadores republicanos del Senado, por otro; John Thune en equilibrio y el Partido Demócrata pidiendo que se rechace la maniobra.
- ¿Qué impacto tiene? El precedente decide cuánto dinero federal llega a programas de investigación y cooperación con participación española, y hasta dónde puede actuar la Casa Blanca sin pasar por el Congreso.
Trump ha pedido al Congreso anular 810 millones de dólares ya aprobados y el Senado estudia blindar el gasto federal.
La notificación llegó el viernes 25 de septiembre y no es un detalle de calendario. El año fiscal se cierra el 30 de septiembre, y la pocket rescission —la petición presidencial de bloquear fondos al final del ejercicio para que caduquen antes de que las Cámaras voten— solo funciona si llega con el tiempo justo: la ley concede 45 días al Congreso. El reloj hace el trabajo que la votación no haría.
Los 810 millones tocan programas de atención a inmigrantes en situación irregular, iniciativas de diversidad, educación, investigación sanitaria, y otras partidas que la administración considera fuera de sus prioridades. La petición salió de la Oficina de Gestión y Presupuesto (OMB, el brazo presupuestario del poder ejecutivo). La cifra es modesta en el conjunto del gasto federal; el precedente que crea, no.
La respuesta fue inmediata. La presidenta del Comité de Apropiaciones del Senado, Susan Collins, publicó el viernes un comunicado en el que llamaba a la maniobra ‘intento más reciente de esta OMB de socavar el poder de la bolsa que la Constitución concede al Congreso’.
Este lunes, ante los periodistas, Collins ha vuelto a entrar en en el debate presupuestario: estudia prohibir las pocket rescissions en el próximo paquete de gasto. No está claro si la cláusula devolvería los 810 millones a sus programas o si solo cerraría la puerta a maniobras futuras. Washington no improvisa estas cosas.
El poder de la bolsa se decide en el calendario: si el dinero caduca antes de que el Congreso pueda responder, el debate es decorativo.
El problema es la aritmética. Los proyectos de gasto necesitan 60 votos en el Senado —el umbral del filibusterismo, que exige supermayoría para cerrar el debate y bloquea la vía rápida de 51— y cualquier enmienda incómoda pone en riesgo el paquete completo. Los demócratas ya lo intentaron en agosto. Los republicanos la tumbaron.
Lisa Murkowski (Alaska) describió las rescissiones de bolsillo como ‘astutas y diseñadas para esquivar al Congreso’. Su apuesta de fondo es reformar la Ley de Control de Retenciones de 1974, la norma que nació para frenar a Nixon y que medio siglo después se ha quedado corta.
No todos los republicanos del comité acompañan a la presidenta. John Cornyn (Texas), que perdió las primarias frente al candidato respaldado por Trump, Ken Paxton, tampoco cree que el presidente tenga autoridad para rescindir esos fondos. El líder de la mayoría, John Thune, esquivó la pregunta: ‘Eso probablemente lo decida un tribunal’.
En la Cámara el tono es otro. El republicano Andrew Clyde (Georgia) habló de ‘excelente noticia’ y defendió que ‘los dólares de los contribuyentes no deberían financiar tonterías woke y despilfarradoras’. La demócrata Rosa DeLauro pidió rechazar el ‘intento de eludir al Congreso’.
Por qué Collins se juega más que un titular: Maine y el pulso por el poder de la bolsa
Collins no habla solo como presidenta de comité. Se juega la reelección en noviembre frente al demócrata Troy Jackson, y Maine es el tipo de estado donde presentarse como quien frena a la Casa Blanca rentabiliza. También donde enfrentarse a Trump tiene coste. Las dos cosas son ciertas a la vez.
El argumento institucional es más viejo que este presidente. El Congreso aprueba el gasto y la Constitución le atribuye esa potestad en su artículo primero; desde 1974, una ley obliga al ejecutivo a notificar cada retención de fondos y a liberarlos si el Congreso no aprueba la rescinsión en 45 días. La pocket rescission no rompe ese texto: lo explota. La aritmética manda.
Los apropiadores republicanos defienden su cuota de poder frente a la Casa Blanca de turno y ven ahí una amenaza estructural: si la maniobra se consolida, cualquier presidente podrá vaciar partidas aprobadas por ley sin votación. Nadie ha votado todavía nada.
La Lógica de Washington
Desde la perspectiva de la Casa Blanca, el problema no es el procedimiento sino la duplicación: la administración sostiene que el Congreso financió durante años programas que no responden a las prioridades del presidente y que su obligación es no gastar el dinero del contribuyente en lo que considera ineficaz. La coalición que respalda esa lectura agrupa a los halcones fiscales de la Cámara, a los sectores del Partido Republicano que llevan una década prometiendo recortes y a una OMB que ha convertido la letra pequeña presupuestaria en herramienta política.
El precedente histórico es Nixon. Entre 1972 y 1974 retuvo fondos aprobados para no ejecutar programas que rechazaba; el Congreso respondió con la ley de 1974 y, en 1998, el Tribunal Supremo tumbó la ley de veto por partidas de Clinton por invadir la competencia presupuestaria del legislativo. Medio siglo después, la discusión vuelve al mismo sitio: quién decide en qué se gasta el dinero federal.
La derivada española tiene un plano material: los fondos federales de investigación sanitaria y educativa cofinancian consorcios internacionales con participación de grupos y universidades españolas, y las organizaciones de cooperación que operan en América Latina con dinero estadounidense siguen cada rescinsión desde que el año pasado la Casa Blanca cancelara miles de millones en ayuda exterior.
El plano estratégico pesa más. Si el ejecutivo consolida la capacidad de retirar dinero ya aprobado, cualquier compromiso de Washington —con la OTAN, con Ucrania, con programas bilaterales— se valora con descuento. Los aliados presupuestan sobre promesas; si las promesas caducan por calendario, la planificación se encarece para todos.
El vehículo de la respuesta está identificado: el próximo paquete de gasto, que necesita 60 votos y por tanto apoyo demócrata. La otra vía es judicial, y John Thune ya ha dicho que ahí acabará. Las elecciones legislativas del 3 de noviembre añaden presión: nadie quiere votar sobre el poder de la bolsa en plena campaña. El dinero caduca el 30 de septiembre. El precedente, no.
Ficha del Caso
- El caso: Trump notifica al Congreso la retirada de 810 millones ya aprobados mediante una ‘pocket rescission’, la maniobra que aprovecha el cierre del año fiscal para que los fondos caduquen antes de que el Congreso vote.
- Datos clave: 810 millones de dólares; notificación del viernes 25 de septiembre; cierre del ejercicio fiscal el 30 de septiembre; plazo legal de 45 días; umbral de 60 votos en el Senado; elecciones legislativas el 3 de noviembre.
- Para España: los fondos federales estadounidenses cofinancian investigación y cooperación con participación española, y el precedente condiciona la fiabilidad de los compromisos de Washington con sus aliados europeos.
