EN 30 SEGUNDOS
- ¿Qué ha pasado? El Gobierno de Melilla, del PP, ha reclamado al Ejecutivo central que repatrié a Marruecos a los 330 menores inmigrantes que acoge en sus centros de protección, cuatro veces la capacidad fijada en la declaración de contingencia migratoria (84 plazas).
- ¿Quién está detrás? El vicepresidente tercero, Daniel Ventura, y la consejera de Políticas Sociales, Randa Mohamed, que señalan a la delegada del Gobierno en Melilla, Sabrina Moh, por negarse a aplicar los expedientes de repatriación en la reunión técnica sobre menores.
- ¿Qué impacto tiene? Abre un pulso institucional entre la ciudad autónoma y la Delegación del Gobierno y activa el agravio comparativo con Ceuta, donde la fórmula ya se aplica.
Melilla, gobernada por el PP, exige al Gobierno repatriar a Marruecos a los 330 menores inmigrantes que acoge en sus centros. La ciudad autónoma sostiene que la fórmula ya se aplica en Ceuta y que la Delegación del Gobierno se niega a activar los expedientes de retorno.
Los números explican la urgencia. Los centros de protección melillenses atienden a 330 menores inmigrantes frente a una capacidad máxima de 84 plazas, el cuádruple de lo previsto en la declaración de contingencia migratoria, el instrumento que la Ciudad Autónoma de Melilla activa cuando la acogida desborda su capacidad estructural. La ratio se ha convertido en el argumento central del Ejecutivo melillense, que lleva meses advirtiendo de que el sistema no aguanta un invierno más con esos volúmenes.
Qué hay detrás de la declaración de contingencia migratoria
El vicepresidente tercero del Gobierno de Melilla, Daniel Ventura, y la consejera de Políticas Sociales, Randa Mohamed, comparecieron en rueda de prensa para hacer público el pulso y denunciar que la delegada del Gobierno en Melilla, Sabrina Moh, se negó a aplicar los expedientes de repatriación en la reunión técnica sobre menores celebrada esta semana. No es una discrepancia técnica menor: la delegada representa al Ejecutivo central en la ciudad y su criterio condiciona buena parte de la tramitación.
Ventura describió la escena con detalle. La delegada, según su relato, no ve encaje en el caso melillense y prefiere que sea la propia ciudad la que agilice el traslado de los menores a centros del resto de España. Melilla rechaza esa salida porque, a su juicio, multiplica el efecto llamada y traslada el problema sin resolverlo.
‘Sorpresivamente, la delegada no está por la labor, no tiene ningún interés en que se apliquen los expedientes de repatriación como se hace en Ceuta y pretende que nosotros agilicemos el envío de menores al resto de España, con la parte tan negativa que eso tiene porque incentiva el efecto llamada’, ha asegurado el vicepresidente.
Melilla no reclama un trato de excepción: reclama que se aplique en su frontera el mismo procedimiento que ya funciona en la otra ciudad autónoma.
La base jurídica que esgrime la ciudad existe. El acuerdo entre España y Marruecos sobre repatriación de menores no acompañados está firmado desde 2007, y Marruecos es parte de la Convención sobre los Derechos del Niño desde 1990, además de haber sido reelegido miembro del Comité de los Derechos del Niño de la ONU para el periodo 2023-2027. Con ese marco, el Gobierno melillense sostiene que los retornos pueden tramitarse por dos vías: la reunificación familiar, o la tutela por parte del Estado.
Ceuta como espejo y el pulso con la Delegación del Gobierno
La comparación con Ceuta atraviesa todo el conflicto. Ventura asegura que en la ciudad vecina los expedientes se están aplicando y que la delegada melillense justificó su negativa en que ambas situaciones ‘no tienen nada que ver’. El vicepresidente comparte solo una parte del argumento: en Melilla, dijo, no se vivió la entrada masiva que sí registró Ceuta en la crisis de mayo de 2021. Precisamente por eso reclama un criterio homogéneo para todos los menores que llegan de Marruecos.
El trasfondo diplomático añade presión. Según el Gobierno melillense, Marruecos ha pedido formalmente que se le devuelva a los menores y ha llegado a sostener que España los retiene. Desde Melilla se interpreta que Rabat ha cumplido su parte y que el bloqueo es administrativo, no jurídico. ‘Están todas las herramientas en marcha, solo hace falta voluntad política’, resumió Ventura.
El reparto entre comunidades autónomas, la otra vía que plantea el Ministerio, tampoco ofrece salida rápida. El propio vicepresidente reconoció que las autonomías ‘no quieren oír hablar de esto’ y que cualquier derivación exige negociación previa, plazos y dotación económica. Mientras se discute, la ciudad sigue atendiendo a 330 menores con 84 plazas.
El Eje del Poder Popular
La lectura que hacemos es que Melilla no discute solo un número de plazas: está poniendo a prueba la arquitectura completa de la política migratoria del Ejecutivo central. Génova sostiene desde hace varios cursos que las competencias de acogida deben ir acompañadas de una política de retorno efectiva y de un cumplimiento estricto de los acuerdos bilaterales. Este expediente le ofrece un caso concreto, con cifras, con un convenio firmado hace casi dos décadas y con una ciudad que gobierna el PP, para exigir en Madrid lo que aquí se reclama en una reunión técnica.
El aterrizaje territorial es inmediato. Los gobiernos autonómicos populares, receptores de derivaciones de menores en los últimos años, mantienen una posición común: no aceptan cuotas obligatorias sin financiación ni sin criterios de reparto pactados. El intento de reformar la Ley de Extranjería para hacer obligatoria esa distribución quedó bloqueado en el Congreso en 2024, y desde entonces las ciudades autónomas cargan con el coste de acogida y con el desgaste político que genera cada repunte de llegadas. Ahí está el precedente que conviene tener presente: cada vez que el Ejecutivo central ha delegado el problema sin resolver la financiación, el conflicto ha acabado estallando en la frontera.
El riesgo inmediato es triple. Primero, que el pulso se enfríe en una nueva reunión técnica sin acuerdo y el sistema melillense siga al límite. Segundo, que el asunto derive en una discusión sobre cupos entre comunidades que nadie quiere abrir en año preelectoral. Y tercero, que el deterioro de la acogida acabe erosionando la gestión de una ciudad pequeña, con recursos limitados y con una frontera que no controla. La ventana crítica es este trimestre: si no hay criterio antes de que termine el año, el invierno volverá a dictar la agenda. La próxima cita es la respuesta del Ministerio a la petición formal de repatriación y la siguiente reunión entre la Ciudad Autónoma y la Delegación del Gobierno, aún sin fecha confirmada.
🏛️ El Apunte de Génova
- Mensaje fuerza: Retorno con garantías y cumplimiento del acuerdo con Marruecos frente al efecto llamada; la gestión popular en Melilla pone cifras donde el Gobierno pone excusas.
- Protagonista: Daniel Ventura (vicepresidente tercero del Gobierno de Melilla) y Randa Mohamed (consejera de Políticas Sociales).
- Próximo hito: Respuesta del Ministerio a la petición formal de repatriación y nueva reunión técnica entre la Ciudad Autónoma y la Delegación del Gobierno.
