La ley de nietos vuelve al Tribunal Supremo: tres días para decidir si extiende la suspensión del voto a los hijos de nacionalizados. La Sala de lo Contencioso-Administrativo ha trasladado a las partes personadas la petición de ampliar la tutela cautelar antes de resolver sobre el fondo.
Según las providencias dictadas este viernes, los magistrados acuerdan ‘no haber lugar a la adopción inaudita parte de las medidas cautelarísimas solicitadas por la representación de la formación’. Es decir, rechazan pronunciarse de urgencia y sin escuchar a nadie. Pero aceptan ‘abrir un trámite de audiencia a las partes personadas en el procedimiento’ por un plazo de tres días comunes contados desde la notificación. Ese plazo expira el próximo miércoles, 4 de noviembre, según fuentes jurídicas consultadas.
El calendario pesa, y mucho. La Sala habilita actuaciones en la pieza de medidas cautelares desde el 31 de octubre y durante todos los días del mes de noviembre. El motivo es doble: ‘la relevancia de las cuestiones suscitadas’ y ‘la convocatoria electoral en vigor’ de las generales del 29 de noviembre. La resolución, por tanto, se tramita en tiempo de descuento electoral.
Qué pide Vox y con qué argumentos
La iniciativa la impulsó Vox. El partido reclamó al Supremo identificar a los hijos de las personas que hayan obtenido la nacionalidad española por la ley de nietos y suspender cautelarmente ‘sus efectos electorales’ respecto de quienes ya figuran incorporados al Censo Electoral de Residentes Ausentes (CERA), el registro que agrupa a los españoles con derecho a voto que residen fuera del territorio nacional.
La formación no se queda en el gesto procesal. Solicitó que la suspensión se mantenga ‘hasta que la Administración complete su identificación individual, determine el progenitor del que deriva cada adquisición y precise la vía jurídica por la que este obtuvo la nacionalidad española’. El eje del argumento es que existe ‘una relación documental susceptible de comprobación inmediata’ entre el progenitor, la vía por la que adquirió la nacionalidad y el título posterior del hijo.
El Supremo no rechaza el fondo, solo la urgencia: la diferencia decidirá si miles de votos llegan al 29-N sin verificar.
Qué posibilidades tiene de prosperar
La respuesta judicial llega en un terreno que no es el habitual. Aquí no se discute el articulado de una ley, sino la composición del censo y la cadena documental que acredita cada nacionalidad. La Sala de lo Contencioso-Administrativo no ha entrado a valorar el fondo de la denuncia; se limita a escuchar a las partes antes de decidir si adopta la medida.
El contexto administrativo tampoco es neutro. El Ministerio de Asuntos Exteriores ha ordenado a los consulados acelerar la revisión de expedientes de la ley de nietos, anular vacaciones y trabajar todo el fin de semana, según ha trascendido este viernes. Un esfuerzo que, leído en clave política, confirma que la maquinaria administrativa va justa de tiempo para cruzar datos antes de la cita con las urnas.
No consta por ahora pronunciamiento público del Ministerio del Interior ni de la Oficina del Censo Electoral sobre el alcance de una eventual suspensión. Esa ausencia de posición oficial deja el asunto en manos del tribunal y añade incertidumbre a un procedimiento que se resolverá, con toda probabilidad, en cuestión de días.
La estrategia de Vox: llevar el censo al terreno judicial
No es la primera vez que Vox traslada un conflicto político al ámbito contencioso-administrativo. El partido ha convertido la verificación del censo en una línea de actuación propia, consciente de que cada escaño del 29-N se decidirá por márgenes estrechos y de que el voto exterior, históricamente, se ha inclinado hacia la izquierda en las grandes citas.
El precedente inmediato es la propia ley de nietos, un régimen nacido al amparo de la disposición adicional octava de la Ley 20/2022, de Memoria Democrática, que ha disparado las solicitudes de nacionalidad en los últimos años. La tesis del partido es que la generalización del procedimiento ha relajado los controles y ha abierto la puerta a inscripciones censales cuya base documental no siempre está acreditada de forma individualizada.
Hay además una lectura de fondo. Si el Supremo accede a extender la suspensión, el CERA tendrá que cribar expedientes antes de que se vote y el Gobierno cargará con el coste administrativo de haber llegado tarde. Si no accede, Vox habrá instalado en la opinión pública una sospecha verificable sobre la limpieza del censo exterior, un relato que piensa rentabilizar en la campaña. En ambos escenarios gana terreno político.
Con el plazo agotado el miércoles, la Sala de lo Contencioso-Administrativo deberá pronunciarse en cuestión de días. Lo que decida no solo afecta a miles de papeletas: fija también el criterio sobre hasta dónde puede llegar la tutela judicial cuando la integridad del censo y el calendario electoral chocan de frente.
