Un posible delito ambiental de Google Finlandia en las obras de su centro de datos de Muhos centra la investigación de la Policía de Oulu, que apunta a deficiencias en el drenaje y la gestión de aguas.
De Muhos a Kajaani: 530 hectáreas y cinco denuncias
El departamento de Policía de Oulu, encargado de las pesquisas, ha abierto una investigación preliminar contra Tuike Finland Oy, la filial del gigante tecnológico en el país nórdico, por un supuesto delito de degradación ambiental durante la preparación del terreno donde se levantará el centro de datos. El cuerpo policial no habla de certezas: señala que los datos preliminares apuntan a imprecisiones y deficiencias en el drenaje y la gestión de aguas del proyecto.
El expediente no nace de una sospecha aislada. La Policía recibió cinco denuncias distintas contra la compañía, entre ellas una de la Agencia de Licencias y Supervisión de Finlandia (LVV), el organismo que poco antes había ordenado paralizar los trabajos en Muhos y en Kajaani, donde el grupo proyecta otro centro de datos.
La acusación del supervisor es concreta y se mide en superficie: 530 hectáreas deforestadas entre ambos municipios. En Muhos, según la agencia, la filial retiró arbolado sin contar con la preceptiva evaluación de impacto ambiental, lo que en la práctica supone cerca de 250.000 árboles talados antes de que existiera un permiso ambiental completo. Vamos a los datos.
La letra pequeña: obra ejecutada antes de la evaluación de impacto
El núcleo del caso no es la tala en sí, sino el orden de los trámites. La LVV sostiene que la compañía ejecutó trabajos de acondicionamiento del terreno antes de que se completaran los estudios de impacto ambiental (EIA), una secuencia que la normativa finlandesa no admite. Entre esas actuaciones figuran la retirada de la capa superficial del suelo, la apertura de caminos de acceso a la obra, la habilitación de zonas de almacenamiento y las obras de drenaje y gestión de aguas pluviales.
Una evaluación de impacto que llega después de mover la tierra no evalúa nada: solo documenta lo ya hecho.
La dimensión hídrica es la que ha activado la vía penal. El drenaje de una superficie de ese tamaño altera el régimen de escorrentía, la carga de sedimentos y la calidad del agua de las masas receptoras, un impacto que en Finlandia se examina con especial rigor por la fragilidad de sus ecosistemas boreales y de sus cursos fluviales. Aquí está la letra pequeña: lo que se investiga no es una cifra de emisiones, sino la gestión del agua.
El coste reputacional de un permiso mal secuenciado supera con creces el ahorro de ejecutar la obra antes de tiempo.
El calendario tampoco ayuda a cerrar el asunto. La propia Policía advierte de que la investigación preliminar será larga por la magnitud del caso y no espera concluirla antes de 2027. Tampoco descarta ampliar el ámbito conforme avance el procedimiento y aparezcan otros posibles delitos.
📊 Impacto ecológico en cifras
- Superficie afectada: 530 hectáreas deforestadas entre Muhos y Kajaani, según la Agencia de Licencias y Supervisión finlandesa.
- Arbolado retirado: cerca de 250.000 árboles en Muhos sin evaluación de impacto ambiental completa.
- Actuaciones cuestionadas: retirada de capa superficial del suelo, caminos de acceso, zonas de almacenamiento y drenaje de aguas pluviales.
- Inversión en juego: al menos 13.000 millones de euros en dos años en infraestructura digital e inteligencia artificial en Finlandia.
13.000 millones de euros y un desafío energético de 945 teravatios hora
El caso se entiende mejor con la escala del plan que hay detrás. Los proyectos de Muhos y Kajaani forman parte del programa con el que Google prevé invertir al menos 13.000 millones de euros en dos años en infraestructura digital e inteligencia artificial en Finlandia, la mayor inversión del grupo en Europa hasta la fecha. El mapa incluye además un centro en Vaala y una segunda ampliación del de Hamina, destinados a sostener servicios como Gemini, Google Search y YouTube.
Y ahí aparece el telón de fondo energético. Según el informe Energy and AI de la Agencia Internacional de la Energía, los centros de datos consumieron unos 415 teravatios hora en 2024, el equivalente al 1,5% de la electricidad mundial, y su escenario central proyecta alrededor de 945 teravatios hora para 2030. El dato figura en el informe publicado por la AIE.
Son cifras globales, pero explican por qué cada emplazamiento se negocia metro a metro: la factura eléctrica y las condiciones ambientales locales pesan tanto como el precio del suelo. El conjunto de los proyectos apuntan a una misma lógica, asegurar capacidad de cómputo en suelo europeo con energía competitiva.
Para el inversor institucional, la combinación es incómoda. La infraestructura digital se vende como habilitador de la descarbonización —redes inteligentes, eficiencia, gemelos digitales— y, al mismo tiempo, es un consumidor eléctrico creciente que aterriza en territorios con normativas ambientales estrictas. El kilovatio más barato no compensa un expediente penal abierto.
El riesgo de gobernanza que no aparece en el informe de sostenibilidad
Finlandia no es un destino improvisado para Google. Hamina, en el sureste del país, lleva más de una década funcionando como uno de sus centros de datos de referencia en Europa, y el país nórdico se ha vendido como plaza de electricidad barata y clima frío para refrigeración. Ese historial es precisamente lo que hace más llamativo el desorden administrativo que describe la LVV: no es un operador novel en un mercado desconocido, sino un grupo con experiencia previa ante la misma administración ambiental.
La comparación con el marco europeo deja el listón claro. La CSRD obliga a reportar con verificaciones externas, y la directiva de diligencia debida empresarial empuja a las compañías a demostrar que sus proyectos cumplen la normativa local allá donde operan. Un plan de 13.000 millones de euros que arranca con obras ejecutadas antes de la evaluación de impacto no es un fallo menor de ejecución: es una grieta en la pata ambiental y en la pata de gobernanza del relato ESG, justo en el capítulo que los analistas revisan con lupa.
Nadie ha declarado todavía responsabilidad penal alguna. El procedimiento está en fase preliminar y la presunción de inocencia opera. La transición no se mide solo en megavatios instalados ni en anuncios de inversión: se mide en permisos bien pedidos, en aguas bien gestionadas y en árboles que no se talan antes de tiempo. El compromiso no es la acción.
🌍 El Impacto Real para el Futuro
- Beneficio medible: Si la investigación confirma las deficiencias, la corrección del drenaje y la restauración de 530 hectáreas marcaría el estándar mínimo exigible a la próxima ola de centros de datos.
- Modelo que cambia: Preparar el terreno antes de cerrar la evaluación de impacto ambiental deja de ser un atajo asumible y pasa a ser un riesgo penal y financiero.
- Para las próximas generaciones: La gestión del agua y del suelo de las infraestructuras digitales se decide antes de la primera excavadora, no en los informes de sostenibilidad posteriores.
