El Consejo de Ministros aprobó el martes 3 de noviembre la modificación del real decreto que regula las Zonas de Bajas Emisiones (ZBE) en España. La norma, según la nota del Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico (MITECO), obliga a los ayuntamientos a acreditar un régimen sancionador efectivo y sin periodos transitorios.
Qué cambia el real decreto: de la ZBE sobre el papel a la sanción real
El cambio aprobado es de aplicación, no de diseño. Las entidades locales obligadas a establecer estas zonas deberán acreditar que aplican un régimen sancionador efectivo, sin periodos transitorios que demoren su puesta en marcha, de acuerdo con el comunicado del MITECO. El real decreto (norma reglamentaria que aprueba el Consejo de Ministros para desarrollar una ley) desplaza así el foco: ya no basta con delimitar la zona, hay que demostrar que se controla y se sanciona.
Los ayuntamientos tendrán que acreditar documentalmente que cumplen los requisitos. Para ello deberán comunicar tres extremos al Ministerio:
- La entrada en vigor de las prohibiciones o restricciones de acceso, circulación y estacionamiento de vehículos en función de su potencial contaminante.
- La aplicación efectiva de los sistemas de control de accesos.
- La monitorización y el seguimiento de esos sistemas.
Además, las ordenanzas municipales tendrán que recoger el régimen sancionador previsto en la normativa estatal de tráfico y aplicarlo sin recurrir a sistemas transitorios que retrasen su efectividad. El Ejecutivo busca así que las restricciones cuenten con mecanismos reales de cumplimiento y que su eficacia pueda evaluarse.
El Ministerio sostiene que la modificación aporta además mayor seguridad jurídica a los ayuntamientos en el ejercicio de sus competencias y permite comprobar la eficacia de las zonas, que es el paso previo a cualquier evaluación posterior.
El decreto no crea nuevas zonas: obliga a demostrar que las ya delimitadas se controlan y se sancionan de verdad.
A qué municipios obliga la norma y qué deben acreditar
La obligación de implantar ZBE no es universal. Afecta a tres tipos de municipios:
- Municipios de más de 50.000 habitantes.
- Territorios insulares.
- Municipios de más de 20.000 habitantes que superen los valores límite de calidad del aire.
Para todos ellos la acreditación documental pasa a ser la llave del sistema. El Ministerio no concreta en su nota qué ocurre con los consistorios que no la presenten ni con aquellos que, teniendo la zona delimitada, no hayan activado aún los sistemas de control de accesos.
La ZBE, tal y como recoge la definición del concepto, es un área urbana donde se restringe la circulación de los vehículos más contaminantes. Lo que añade el texto aprobado es la exigencia de probar que esa restricción tiene consecuencias.
La referencia a los sistemas transitorios aparece dos veces en la nota oficial. Ese detalle sitúa las moratorias en el centro de la reforma: el Ministerio quiere cerrar la vía de ordenanzas que declaran la zona pero aplazan indefinidamente las sanciones.
Qué pasa ahora: sin calendario cerrado y con la financiación en juego
La nota del MITECO no detalla el calendario de entrada en vigor ni el plazo que se concede a los ayuntamientos para presentar la acreditación. Tampoco precisa la consecuencia jurídica para un consistorio que incumpla el nuevo requisito. Son dos cuestiones pendientes de concreción.
Lo que sí recoge el comunicado es el vínculo con la financiación. La evaluación de la eficacia de las ZBE podrá servir de referencia para los instrumentos de financiación destinados a impulsar la transformación digital y sostenible del transporte urbano.
El Ministerio no cifra cuánto dinero hay asociado a esos instrumentos ni con qué criterios se repartirá. La conexión entre cumplimiento y fondos queda enunciada, sin desarrollo.
Transición Ecológica defiende el enfoque: «Las zonas de bajas emisiones constituyen una de las principales herramientas para avanzar hacia modelos de movilidad más sostenibles, reducir la contaminación atmosférica y las emisiones de gases de efecto invernadero», señala el Departamento. Añade que su adecuada implantación contribuye a fomentar los desplazamientos activos, recuperar espacio público y racionalizar el uso del vehículo privado.
Lo esencial
- 📌 ¿Qué ha ocurrido? El Consejo de Ministros aprobó el 3 de noviembre la modificación del real decreto de ZBE, según el MITECO.
- 👤 ¿Quiénes están implicados? El Ministerio para la Transición Ecológica y los ayuntamientos de más de 50.000 habitantes, insulares y de más de 20.000 con aire contaminado.
- ⏭️ ¿Qué pasa ahora? Los consistorios deberán acreditar documentalmente restricciones en vigor, controles activos y régimen sancionador aplicado.
