El Ayuntamiento de Barcelona sanciona con 24 días de empleo y sueldo a un guardia urbano por negarse a atender en catalán. La resolución, confirmada por fuentes municipales este jueves, considera acreditado un ‘trato inadecuado’ durante una actuación del pasado mes de julio y devuelve al primer plano el pulso sobre el uso de las lenguas oficiales en los cuerpos de seguridad.
Un vídeo, una frase y 24 días de sueldo
La secuencia arranca con una mujer que pide al agente que le hable en catalán. Él se niega. Ella insiste. Él vuelve a negarse. En la grabación difundida por Plataforma per la Llengua, el guardia acaba soltando que ‘es muy de fascistas obligar a la gente a hablar en lo que no quiere. La denuncia de la entidad puso en marcha el mecanismo disciplinario.
Fuentes municipales sostienen que durante la intervención se produjeron ‘actitudes y expresiones consideradas incompatibles con los estándares de respeto, corrección y profesionalidad’ exigibles a los miembros del cuerpo. La Unidad de Deontología y Asuntos Internos (UDAI) abrió la investigación, escuchó a las partes y trasladó sus conclusiones a los servicios municipales competentes. De ahí sale la suspensión de 24 días de empleo y sueldo, la sanción más dura que recoge el régimen disciplinario municipal para este tipo de faltas.
En paralelo, la Jefatura de la Guardia Urbana ha recordado a sus efectivos que, con carácter general, la primera interacción verbal con la ciudadanía debe realizarse en catalán, de acuerdo con los criterios municipales de proximidad y calidad del servicio público. La instrucción no es nueva. La sanción, sí.
La reacción de la entidad denunciante llegó en forma de comunicado. Plataforma per la Llengua valora ‘positivamente’ una resolución que, a su juicio, equivale al reconocimiento institucional de una vulneración de derechos lingüísticos. Su presidente, Òscar Escuder, lo plantea como algo que excede el caso concreto: ‘Esta resolución demuestra que las discriminaciones lingüísticas por parte de los cuerpos policiales no son una percepción subjetiva ni una cuestión menor’, sostiene.
La entidad añade un dato incómodo para la administración: la mayoría de las denuncias por discriminación lingüística en el ámbito policial se archivan sin consecuencia disciplinaria. Y avanza su siguiente movimiento: pedirá la anulación de la multa impuesta a la ciudadana, convencida de que el reconocimiento de los hechos por parte del consistorio le sirve de palanca jurídica.
Una sanción de 24 días resuelve un expediente, no un problema estructural: la lengua en la calle sigue dirimiéndose caso a caso, agente a agente.
La contradicción que el Ayuntamiento no termina de resolver
Hay un detalle que la nota municipal deja en el aire. El consistorio sanciona por ‘trato inadecuado’, no por la negativa lingüística en sí. La diferencia es jurídicamente relevante y políticamente decisiva: si el motivo fuera exclusivamente el comentario despectivo, el expediente sería impecable; si el motivo incluye el hecho de no cambiar de lengua, entra en un terreno más resbaladizo, el del margen real de un funcionario ante la petición de un ciudadano.
El marco legal, sin embargo, no es ambiguo. La política lingüística de la Generalitat y la Ley de Política Lingüística de 1998 establecen que el catalán es lengua oficial y que cualquier persona puede dirigirse a la administración en cualquiera de las dos lenguas oficiales y ser atendida en la elegida. El Estatut lo recoge en su artículo 6. La negativa reiterada de un agente no es una opinión: es un incumplimiento.
Lo que observamos es que el Ayuntamiento se mueve en una franja estrecha. Barcelona es la ciudad con más hablantes de castellano de Catalunya y, a la vez, el escaparate donde se mide el cumplimiento del régimen lingüístico. Un gobierno municipal en minoría debe sostener simultáneamente a un electorado que exige normalidad en catalán y a otro que percibe la exigencia como imposición. La sanción satisface a los primeros, irrita a los segundos y deja al PSC en el centro del tablero, que es exactamente donde no conviene quedarse quieto.
La lectura política ya está hecha: donde unos ven una administración que hace cumplir la ley, otros ven una pugna identitaria disfrazada de expediente disciplinario. Ninguna de las dos lecturas es del todo falsa ni del todo completa. Y en medio quedan un agente sancionado, una ciudadana multada y una entidad que lleva años litigando caso por caso para que las denuncias no mueran en el archivo.
Lo que esta resolución dice del tablero catalán
No es la primera vez que una denuncia por discriminación lingüística en un cuerpo policial acaba en expediente. Sí es poco frecuente que termine en sanción y que la propia administración reconozca los hechos por escrito. Ese reconocimiento es la pieza que Plataforma per la Llengua necesitaba: no tanto castigar a un agente concreto como construir un precedente administrativo reutilizable en el siguiente caso. La estrategia lleva años en marcha y ha dado resultados desiguales, porque la mayoría de los expedientes se cierran sin consecuencia disciplinaria.
Para el Govern el asunto es cómodo en lo discursivo y delicado en lo operativo. La Generalitat predica la atención en catalán en toda la administración, pero comparte con los ayuntamientos la gestión de cuerpos donde la instrucción interna choca a veces con la plantilla real, con los turnos, y con la calle. Una sanción ejemplar en Barcelona fija un estándar que después se reclamará en L’Hospitalet de Llobregat, en Badalona, en Girona o en Lleida. Y también en los Mossos d’Esquadra, donde la exigencia lingüística convive con una composición del cuerpo muy heterogénea.
En esta redacción entendemos que el detalle que decidirá el relato no es la sanción de hoy, sino la próxima vez. Si el criterio se aplica de forma sostenida y sin ruido, el caso se archivará en la memoria colectiva como un expediente más. Si se queda en episodio aislado, se convertirá en bandera para unos y en agravio para otros.
De momento manda el calendario. La entidad pedirá la anulación de la multa a la ciudadana, la Jefatura mantiene la instrucción del catalán como lengua de primer contacto y las elecciones municipales de 2027 están lo bastante cerca como para que cada expediente cuente. Barcelona no ha cerrado el debate lingüístico. Lo ha vuelto a programar.
