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La adjudicación de tres obras en Navarra destapó la caja de los truenos y todas las pesquisas contra Santos Cerdán, ex número 3 del PSOE, por parte de la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil. Esos contratos, solo tres, han dejado tocada la la línea de flotación del PSOE, más en concreto a su número 3, diputado en el Congreso y actual secretario de organización del partido, Santos Cerdán.

La UCO investigó en concreto tres contratos de obra pública de la empresa Servinabar 2000 SL en Navarra. Su esperado informe recoge finalmente conversaciones incriminatorias entre Santos Cerdán y Koldo García, ex asesor del ministro Ábalos que da nombre al caso Koldo de corrupción que se sigue en el Tribunal Supremo.

El contrato que más claramente destaca de todos es la obra de la UTE formada por Acciona Construcción, Servinabar 2000 y Excavaciones Fermín Oses, por valor de 76.086.980 euros, que fue adjudicada en Navarra con al menos tres informes contrarios en la mesa de contratación de tres vocales que formaron parte de la misma, entre ellos el secretario y el interventor, que llegó a asegurar que la decisión tomada por el Gobierno de Navarra «no justifica las contrataciones».

Además de este contrato de 76 millones de euros la UTE, en este caso solo Servinabar y Acciona, se adjudicó otro dos, en concreto dos lotes de otros contratos más grandes. Uno por valor de 6.800.670,70 euros y otro, financiado con fondos Next Generation de la UE por 7.810.03,73 euros más IVA. En ambos casos era para la construcción de viviendas en Pamplona.

Precisamente una orden dictada por Leopoldo Puente, juez instructor de esta causa en el Supremo, en febrero de 2025 daba vía libre para que la Benemérita iniciase pesquisas para comprobar si las afirmaciones hechas por Víctor de Aldama el 15 de diciembre de 2024 en su declaración ante el Supremo, sobre Santos Cerdán eran ciertas o no y un auto de 5 de junio declaraba secretas las pesquisas realizadas por la UCO hasta el momento.

Hay que recordar que Víctor de Aldama dijo ante el juez de la Audiencia Nacional, primero y después en el Tribunal Supremo, que había entregado 15.000 euros en un sobre a Santos Cerdán en un bar frente a la calle Ferraz por indicación de Koldo García. También que Víctor Torres habría pedido 50.000 euros por las gestiones en Canarias en la compra de mascarillas durante la pandemia. En el caso de Cerdán, según Aldama, Koldo le habría explicado que era «por su parte del cupo navarro y vasco» a cuyo cargo estaría Santos Cerdán.

Aldama llegó a decir al magistrado que, a pesar de haber realizado varias entregas de mordidas, los representantes socialistas le habrían solicitado aún más dinero. Esta situación le llevó a decir, tal y como señaló en su declaración, que parasen y les gritó: «¡No soy el Banco de España!».

INVESTIGACIÓN DE LA UCO

En febrero de 2025 el Supremo encargó a la UCO comenzar estas pesquisas que, supuestamente, llevaron a los agentes hasta una obra denominada «Duplicación del túnel de Belate», licitada por la Dirección General de Obras Públicas e Infraestructuras del Gobierno navarro de la socialista María Chivite, dependiente del Departamento de Cohesión Territorial, cuyo titular era entonces Bernardo Ciriza, entre febrero y marzo de 2023. Ciriza estaba considerado persona muy próxima a Cerdán.

Pero la obra fue adjudicada el 26 de diciembre de 2023, ya sin Ciriza al frente de la Consejería, por un valor de 76.086.980 euros (IVA incluido), a la Unión Temporal de Empresas (UTE) formada por Acciona Construcción S-A., Excavaciones Fermín oses S.L. y Servinabar 2000 S.L. Es ésta última empresa la que habría llamado la atención en las investigaciones de la Guardia Civl, por la supuesta cercanía de su presidente con Santos Cerdán. A finales de 2024 una persona interponía una denuncia ante la Jefatura de la Guardia Civil de Pamplona, que comenzó a investigar el asunto.

La conclusión ahora recogida en el informe de la UCO es que Joseba Antxón Alonso, administrador único de Servinaba, tiene una presunta «implicación en los hechos relacionada con la constitución de las sociedades Noran Coop y Servinabar, cuya actividad económica conocida está fuertemente ligada a una serie de adjudicaciones en Navarra a las que habría concurrido Servinabar junto a Acciona Construcción. Del análisis de la mensajería y demás grabaciones ubicadas en los dispositivos intervenidos a Koldo, se deduce que Antxon, mediante la utilización de sus empresas, pudiera haber abonado contraprestaciones a Koldo y Ábalos».

No es la primera vez que la obra estaba en el foco de los medios de comunicación, ya que cuando fue adjudicada Unión del Pueblo Navarro (UPN) hizo varias preguntas al gobierno navarro sobre las circunstancias de su adjudicación. ¿Por qué? Eso es lo que ha investigado la Guardia Civil.

Hay que recordar que Santos Cerdán nunca ha tenido responsabilidades de gobierno en ninguna Administración. Sin embargo, tras la caída en desgracia de José Luis Ábalos, también secretario de organización, su figura ha adquirido especial relevancia, convirtiéndose en diputado en Madrid por Navarra, antes había sido el encargado de recoger avales para las primarias del PSOE a favor de Sánchez en Navarra, fue diputado foral y presidente de la Fundación Pablo Iglesias y en la persona designada por Pedro Sánchez para negociar su investidura como presidente en 2023 con Junts y ERC, e incluso reunirse con el huido Carles Puigdemont en la localidad belga de Waterloo.

Su posible imputación echaría por tierra la estrategia del PSOE de cortar el cerco judicial que le afecta tras la expulsión de Ábalos al grupo Mixto y una apertura de expediente para expulsarlo como militante del partido, pues ahora quedaría tocada directamente el número 3 del PSOE, tras María Jesús Montero y el propio Pedro Sánchez.

TRES VOTOS PARTICULARES CONTRA LA OBRA SOSPECHOSA

La obra sospechosa fue adjudicada en agosto de 2023, pero contó con tres votos particulares contrarios a la concesión a la UTE que finalmente resultó adjudicataria. El primero de ellos fue emitido por el vocal designado por la junta de Contratación de Navarra, Ángel Gonzalo Pérez.

«En este marco, he de manifestar mi posición discrepante por las razones que a continuación
expongo. No tengo objeción alguna a la toma en consideración de la obra “Autovía A-23. Tramo alto de Monrepós-Calderaenas” como obra similar, porque así ha sido considerada por quienes tienen los conocimientos técnicos para apreciarlo así. Parece, además, fuera de toda duda que la obra contempla un túnel y que se ajusta al CPV determinado en el Pliego, más aún si tenemos en cuenta el art. 11 del Reglamento de la Ley de Contratos (A efectos de determinar la correspondencia entre los trabajos o suministros acreditados y los que constituyen el objeto del contrato, cuando exista clasificación aplicable a este último se atenderá al grupo y subgrupo de clasificación al que pertenecen unos y otros, y en los demás casos a la coincidencia entre los dos primeros dígitos de sus respectivos códigos CPV)», escribió.

Sin embargo, las dudas que albergaba este vocal tenían importancia porque eran sobre el importe de adjudicación, «no puedo compartir que se venga a alterar el importe de la obra ejecutada manifestado por el licitador en su certificado. De esta manera, si el licitador ha determinado y lo ha hecho bajo su responsabilidad, que la obra del túnel (subgrupo A5) ha ascendido a 51.820.708,04 €, no parece que la Mesa pueda tener por acreditado, y certificado, un importe diferente sin una evaluación que constituya suficiente motivación, dado que se tasa de manera inconcreta (“en unos 77 millones de euros”) sin especificar tampoco como se ha llegado a ésta», explicaba.

Y añadía que «si se ha considerado, como se ha hecho, que había de incluirse en el importe de la obra de referencia (túnel) no sólo el importe del subgrupo A5, sino también otros importes que constan en el certificado, debería solicitarse al licitador que, efectivamente, así lo especificara y motivara. Y, posteriormente, habría de haberse acreditado por la Mesa si el resultado de la subsanación requerida es admisible, o no lo es, a efectos de la acreditación de la solvencia técnica».

Otro problema que encontró este vocal para votar en contra fue «acerca de la inclusión de la obra en el período temporal definido por el Pliego (“ejecutadas en el curso de los últimos cinco años”), cabe comenzar diciendo que no comparto la visión de la mayoría, que considera al art. 17 LFCP como habilitante para que la Mesa acepte obras realizadas fuera del mencionado período».

Y concluía que «en mi opinión y teniendo en cuenta la valoración técnica que propugna la atribución a la obra del túnel de importes más allá de los del subgrupo A-5, debería de haberse requerido a la licitadora para que manifestara, y justificara, si hay partes de la obra que han de tenerse en cuenta para ser añadido su importe al de ejecución de las obras del subgrupo A-5 (túnel)».

«ME REVELARON COMENTARIOS SOBRE EL SENTIDO DE LA VALORACIÓN», ESCRIBIÓ EL SECRETARIO

El segundo voto particular que generaba dudas sobre la contratación fue emitido por el vocal secretario de la Mesa de Contratación, Lorenzo Serena.

En este caso el secretario era muy claro al afirmar que «en la sesión celebrada el día 14 de junio puse en conocimiento de todos los miembros de la Mesa de Contratación el hecho de que con anterioridad a la comunicación por el Presidente de la puntuación de las ofertas (del día 30 de mayo), varios empleados del Departamento (algunos de ellos miembros integrantes de la Mesa), me habían revelado la existencia de comentarios (incluso de personas ajenas a la Administración) acerca del sentido de la valoración. Este extremo, así como el acierto de la orientación del comentario, fue corroborado por cinco de los miembros de la Mesa presentes en dicha reunión».

Es decir, de manera resumida, lo que el secretario quiso decir era que ya se conocía la puntuación antes incluso de el Presidente hubiese comunicado las ofertas a los integrantes de la mesa de contratación.

Y continúa diciendo en su voto discrepante que «quiero brevemente dar razón de la oportunidad y conveniencia de esta discrepancia, que también se ha cuestionado por la mayoría. Entiendo que no es un argumento válido apelar a la continuidad en los usos cuando el antecedente que se invoca se sabe dudoso cuando no errado (el imperativo de motivar suficientemente la valoración de las ofertas). La necesidad de justificar que se ha intentado cumplir con la obligación legal de elegir la mejor oferta posible existe siempre y mayormente cuando se trata de una obra con la trascendencia social y económica de la presente; más si se han vivido las incidencias y litigios ocurridos tras la puesta en servicio del túnel de Belate en 1997».

Para concluir que «en suma, las razones de mi discrepancia, que impiden mi voto concurrente con la mayoría, radican en el incumplimiento de lo exigido por el artículo 100.3 LFCP y en los vicios procedimentales que afectan al principio de transparencia y buena administración».

EL INTERVENTOR AVISÓ

El tercer voto particular, el del interventor, Jesús Muñoz, puesto por escrito el 5 de septiembre de 2023, recogía dos cuestiones por las que se oponía a dar el contrato a la UTE adjudicataria. El primer argumento «se refiere al informe de valoración del Sobre nº 2 “Propuesta criterios cualitativos” de fecha 28 de agosto de 2023 firmado por el Presidente de la Mesa (Director del Servicio de Nuevas Infraestructuras) y los cuatro vocales técnicos en la materia (Director
del Servicio de Conservación, Director del Servicio de Estudios y Proyectos, y los dos Jefes de Sección del Servicio de Nuevas Infraestructuras, dependientes jerárquicamente del Director del
Servicio de Nuevas Infraestructuras). A mi juicio, y en contra de lo exigido por el legislador (artículo 100.3 LFCP), dicho informe no expone las razones que justifican las puntuaciones, ni expresa las ventajas de unas ofertas frente a otras, sino que, por el contrario, se reduce a una mera descripción de las ofertas presentadas por los licitadores, en general sin lógica argumentativa y ausencia de criterio valorativo, lo que implica que dichas ofertas no sean comparadas de forma homogénea».

La segunda causa esgrimida por el interventor «se refiere al procedimiento seguido para valorar y puntuar las ofertas y las posibles consecuencias que de ello se derivan. Así, cada uno de los cinco miembros de la Mesa de contratación técnicos en la materia valoró individualmente las ofertas sin comunicación previa entre ellos ni puesta en común posterior y las remitió al Presidente de la Mesa, quien, una vez que tuvo a su disposición el resto de valoraciones, procedió a continuación a efectuar su propia valoración y a redactar el informe de valoración técnica».

Y al respecto añadía que «el procedimiento de valoración debe desarrollarse con garantía de
imparcialidad objetiva, de forma que ningún miembro de la Mesa de contratación puntúe tras haber tenido conocimiento de otras puntuaciones anteriores que puedan contaminar la suya propia. Lo contrario conduce a un vicio del procedimiento que afectaría a los ya mencionados principios básicos de la contratación de igualdad de trato y no discriminación, así como al principio de transparencia».

De esta manera, la conclusión a la que llegó el interventor fue que «ara el Secretario de la Mesa de contratación, la única solución que a su modo de ver podía salvar la situación, pasaba por una nueva valoración de las ofertas efectuada por el designado como suplente del Presidente, siempre que ésta persona no conociese las puntuaciones de los otros miembros técnicos de la Mesa y pudiese garantizarse que su valoración se hacía de forma independiente a la ya existente. Esta propuesta no ha obtenido la mayoría necesaria, ya que todos los miembros de la Mesa de contratación técnicos en la materia, incluido el Presidente, ha manifestado su posición contraria. A mi juicio, la solución propuesta por el Secretario, de haberse aprobado, habría salvado la legalidad de la valoración en este segundo aspecto».

La obra acabó adjudicándose ya con Óscar Chivite, hermano de la presidenta navarra María Chivite, al frente del Departamento que otorgó el contrato.

Ahora se ha comprobado tras el informe de la UCO que importaba poco quien estuviese en ese departamento, pues ya estaba decidido que la obra era para la UTE en cuestión por la intermediación de Cerdán y Koldo García.