La Intervención General de la Administración del Estado (IGAE) dependiente del Ministerio de Hacienda ha remitido un informe de 144 foliosa a petición del juez Juan Carlos Peinado, del Juzgado de Instrucción 41 de Madrid, que investiga la causa contra Begoña Gómez, esposa del presidente del Gobierno, por varios delitos relacionados con corrupción.
La causa se inició tras la firma por su parte de dos cartas de recomendación por parte de Begoña Gómez, para que Innova Next, del empresario Juan Carlos Barrabés, accediese a contratos del Estado. Ahora la IGE concluye que ha encontrado irregularidades en cuatro de esos contratos con diferente importancia, uno con la empresa pública Red.es y los otros tres en los firmados por Barrabés con el Ayuntamiento de Madrid.
Tres de los cuatro contratos relacionados con esas cartas de recomendación pasaron a manos de la Fiscalía Europea al haberse financiado con fondos de la UE. El cuarto se mantuvo bajo competencia de Peinado. El juez pidió a la IGAE que revisara ese y otros 5 contratos con la misma sociedad de Barrabés, Innova Next. Uno fue concedido por el Consejo Superior de Deportes (CSD) y otros cuatro por el Ayuntamiento de Madrid. En tres de estos últimos también hay objeciones por parte de la IGAE, aunque parecen meros tecnicismos no determinantes.
BEGOÑA GÓMEZ RECOMENDÓ A BARRABÉS
Donde Intervención General de la Administración del Estado (IGAE) sí ha detectado irregularidades claras es en uno de los contratos de Red.es adjudicado al empresario Juan Carlos Barrabés. El informe ha revisado por orden del juez Peinado hasta media docena de contratos públicos de los que salió beneficiada Innova Next, sociedad de Barrabés.
El primero que incluye en sus conclusiones la IGAE es el de Red.es con código de expediente 044/20-ED. Aquí explica la IGAE que «la valoración de los criterios de adjudicación pendientes de un juicio de valor debió realizarse por un comité de expertos no adscritos al órgano proponente del contrato o por un organismo técnico especializado, en los términos concretos establecidos en dicho precepto».
Por tanto, continúa el informe, «en este contrato se produjo un incumplimiento de lo dispuesto en el artículo 146.2 a) de la LCSP».
El contrato de Red.es fue adjudicado en marzo de 2021 a una Unión Temporal de Empresas (UTE) formada por KPMG e Innova Next. Esta UTE venció a 9 rivales en una licitación que finalmente quedó en 2.149.200 euros, sin IVA. La UTE de Barrabés obtuvo 9,67 puntos, frente a los 9,18 del segundo posicionado, que fue la consultora PWC.
El procedimiento se inició en junio de 2020, en coincidencia con la colaboración del empresario con la esposa de Pedro Sánchez para poner en marcha su nueva cátedra en la Universidad Complutense de Madrid (UCM). Como directora de esa cátedra, ella escribió las cartas de recomendación dirigidas a la empresa pública Red.es, que dio origen a toda la investigación.
TRES CONTRATOS DE MADRID
Luego la IGAE incluye tres de los cuatro contratos realizados con el Ayuntamiento de Madrid. En el primero de ellos, conocido como «La Nave», dice Hacienda que el error detectado «no supone un incumplimiento de la normativa aplicable, pero (…) se considera que deberían haberse incluido en el expediente de forma motivada las razones, aspectos o elementos concretos (…)».
El segundo contrato municipal analizado fue el del Centro de Innovación en Economía Circular de la Ciudad de Madrid (CIEC). En este caso, «la fórmula matemática establecida en el PCAP para la valoración del criterio precio hace que la ponderación real de dicho criterio sea significativamente inferior a la ponderación formal o teórica con la que dicho criterio figura en el citado PCAP».
A pesar de que la IGAE detecta también un incumplimiento de la Ley de Contratos del Sector Público (LCSP) admite luego que «parece complicado que, en el caso que nos ocupa, dicho incumplimiento haya podido tener un efecto determinante en el resultado de la adjudicación del contrato analizado, esto es, en la determinación de la empresa adjudicataria de dicho contrato, si bien, en los términos establecidos en dicho apartado, esta es una cuestión estrictamente técnica que excede de nuestro ámbito de competencia y conocimiento y que por tanto no se puede entrar a valorar en el marco del presente informe».
El tercer contrato municipal, de los cuatro que entraron en las conclusiones del IGAE, es el conocido como Factoría Industrial de Vicálvaro. En este caso, al parecer, la ponderación real del criterio precio era inferior a la ponderación formal o teórica «con la que dicho criterio figuraba en el PCAP». Esto no es un error grave para Hacienda.
Sin embargo, si recogen otra cuestión que podría suponer un incumplimiento de la Ley de Contratos. Explican que «cuando la ponderación real de los criterios evaluables de forma automática sea inferior al 75% del total, por lo que para la tramitación de este contrato debería haberse obtenido la previa autorización de la Secretaría General Técnica del Área de Gobierno de Economía, Innovación y Empleo del Ayuntamiento de Madrid (….)».
Y continúa diciendo que «dado que en la tramitación de este contrato no se obtuvo dicha autorización se produjo un incumplimiento de los dispuesto en el apartado (…) de la citada instrucción», aunque luego añaden que «dicho incumplimiento no afecta a la determinación del órgano competente para la valoración de los criterios dependientes de un juicio de valor, por lo que, en caso de que se hubiera obtenido la citada autorización, la valoración de dichos criterios se podría haber seguido realizando por la mesa de contratación con base en el informe técnico emitido por el Asesor del Área de Emprendimiento de la Subdirección General de Economía e Industria, que es como efectivamente se realizó dicha valoración en este contrato».
Los contratos a la empresa de Juan Carlos Barrabés forman parte del bloque principal de la investigación en torno a Begoña Gómez. Pero a raíz de una querella de Hazte Oír en la causa también se investiga por apropiación indebida a la esposa del presidente del Gobierno respecto al software que varias tecnológicas elaboraron de forma gratuita para su cátedra y que debía haberse quedado archivado en la UCM.
