EN 30 SEGUNDOS
- ¿Qué ha pasado? El grupo ECR recaba firmas para forzar una votación en el pleno que pida a la Autoridad de Partidos Políticos Europeos investigar a la Izquierda Europea (ELA), donde está Podemos, por vulnerar los valores de la UE.
- ¿Quién está detrás? Charlie Weimers, vicepresidente de ECR, que busca 180 firmas de al menos tres grupos antes del 16 de octubre. El pleno votará el día 19 y la mayoría depende del PPE.
- ¿Qué impacto tiene? La desinscripción de la ELA cerraría su financiación comunitaria. Podemos es el único partido español afectado.
El Parlamento Europeo estudia la prohibición de la Izquierda Europea (ELA), la familia que integra a Podemos, por los disturbios en Francia.
El grupo de los Conservadores y Reformistas Europeos (ECR) ha empezado a recabar firmas para forzar una votación en el pleno de Estrasburgo que pida al vigilante de partidos comunitarios abrir una investigación contra la ELA. La iniciativa, adelantada por Politico, persigue la desinscripción de la formación y, con ella, la pérdida de su financiación europea: en la práctica, una prohibición.
Detrás de la operación está Charlie Weimers, vicepresidente del grupo ECR y eurodiputado de los Demócratas de Suecia. Necesita 180 firmas procedentes de al menos tres grupos políticos antes del 16 de octubre para que su propuesta llegue al orden del día. La votación se celebraría tres días después, el 19 de octubre, en el pleno de Estrasburgo. Ninguna de las partes ha confirmado oficialmente el calendario.
El detonante es francés. La oficina del primer ministro, Sébastien Lecornu, acusó a La France Insoumise (LFI), el socio galo de la ELA, de organizar las protestas escolares que derivaron en disturbios. Weimers ha convertido esa acusación en el eje de su ofensiva contra todo el partido europeo. No está solo en el diagnóstico: Bruno Retailleau, líder de Los Republicanos y candidato presidencial, aseguró el pasado jueves en BFM que ‘la cuestión de prohibir LFI se ha planteado’ y describió a la formación como ‘fascinada por la violencia’.
La ELA ha respondido con dureza por boca de su copresidenta, Catarina Martins: ‘Estar del lado de los jóvenes que piden una mejor educación no es una violación de los valores de la UE’. Y apunta al ECR, ‘cuyos propios miembros atacan con regularidad esos mismos valores’, por abusar de un procedimiento europeo para desviar la atención de las investigaciones sobre la extrema derecha.
El pleno no juzga a la Izquierda Europea: decide si Bruselas estrena la vía para desinscribir a un partido europeo por las palabras de sus miembros.
El PPE tiene la llave y Weber prefiere no hablar
La aritmética del hemiciclo es la verdadera prueba. En el pleno, la petición necesita mayoría simple y, con la correlación actual de fuerzas, sin el Partido Popular Europeo no sale adelante. La oficina de Manfred Weber declinó valorar la maniobra cuando fue consultada, una posición que en Bruselas se lee como cálculo y no como despiste. El PPE lleva dos legislaturas intentando no quedar atrapado en votaciones que le obliguen a elegir entre sus socios de la derecha y el cordón sanitario que él mismo ayudó a construir.
El dilema aterriza en Madrid. Entre las filas del PPE se sientan los eurodiputados del Partido Popular, y un sí a la investigación colocaría a Génova votando a favor de examinar a un partido español. Un no, en cambio, abriría un flanco incómodo ante Vox y sus aliados de Patriotas por Europa, ya instalados en la simpatía hacia la ofensiva de Weimers. De momento no hay posición pública del PP sobre el asunto.
Weimers necesita tres grupos y los tiene a mano: su propio ECR, Patriotas por Europa, y los soberanistas de Europa de las Naciones Soberanas suman, sobre el papel, firmas suficientes para cruzar el umbral. El dinero acompaña a la maniobra. Los partidos europeos se reparten cada año decenas de millones de euros del presupuesto de la Eurocámara y pueden transferir fondos a sus formaciones miembro en campaña electoral. Quedar fuera del registro de la Autoridad equivale a cerrar el grifo de golpe. La ELA agrupa, además de a Podemos, a Enhedslisten danés, a la izquierda italiana y al Bloco de Esquerda portugués.
El Eje del Poder Europeo
Hay una ironía que recorre toda la operación. El ECR, el grupo que impulsa el expediente, integra a Ley y Justicia, la formación polaca que durante años fue el principal destinatario de los artículos 7 del Tratado por vulneración del Estado de Derecho. El instrumento que ahora se blande contra la izquierda se diseñó, precisamente, para casos como aquel.
La diferencia es que entonces nadie apretó el gatillo. El procedimiento contra Polonia en 2017 y contra Hungría en 2018 sigue sin haber derivado en sanción alguna, y la Autoridad de Partidos Políticos Europeos, creada en 2014, nunca ha desinscrito a una formación por este motivo.
Los ejes se colocan solos. París aviva el fuego porque el calendario electoral francés manda y LFI es el rival a batir en el flanco izquierdo; el Elíseo no necesita pronunciarse para beneficiarse del ruido. Berlín mira de reojo: Die Linke también forma parte de la ELA, aunque el gobierno alemán no tiene ningún incentivo en defenderla. Los países frugales del norte no piensan gastar capital político en el asunto. Y en el sur, el Gobierno español ocupa la posición más cómoda de todas: no tiene que defender a Podemos, al que sitúa en la oposición, y ningún desgaste de sus siglas europeas le altera la aritmética parlamentaria. Que nadie espere una llamada de Moncloa a Weber.
Para España, el interés real está en el precedente. Si el PPE respalda la investigación, quedará abierta una vía que mañana puede recorrerse en sentido contrario: los mismos grupos que hoy firman contra la ELA sostienen a formaciones que también han sido señaladas por vulnerar los valores comunitarios, Vox entre ellas. Una herramienta de doble filo. La Autoridad tarda meses en resolver y sus decisiones son recurribles ante el Tribunal de Justicia de la UE, de modo que el efecto más inmediato sería la apertura de un expediente que condicione la financiación de la ELA durante todo el ciclo presupuestario.
La ventana crítica está fechada. El 16 de octubre se cierra el plazo de firmas; el día 19, el pleno decide. Si Weimers no alcanza el umbral, la ofensiva muere en el registro de la Cámara. Si lo alcanza y el PPE cede, Bruselas habrá estrenado la herramienta más severa de su caja de valores contra una familia política con presencia en media docena de Estados miembros. Y eso, más que Podemos, es lo que se está votando.
