¿Qué ha ocurrido? La Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil ha desvelado mensajes en los que Leire Díez y Juan Manuel Serrano planeaban ayudar a Pedro Sánchez y atacar políticamente a sus oponentes.
¿Dónde y cuándo? Los hechos investigados se remontan a abril y mayo de 2024, y el informe ha sido incorporado al caso Leire que instruye la Audiencia Nacional.
¿Qué resultado? El informe aporta indicios de la participación de Juan Manuel Serrano en la presunta trama liderada por Santos Cerdán, situando a Leire Díez como coordinadora.
La Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil ha incorporado un informe al conocido como caso Leire en el que se recogen mensajes que apuntan a que la exmilitante socialista Leire Díez y el expresidente de CorreosJuan Manuel Serrano planearon «ayudar» al presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, y «matar políticamente» a sus rivales, según ha avanzado el diario digital Confilegal.
El informe de la UCO, fechado en las últimas semanas y del que ha tenido conocimiento este medio, detalla las conversaciones mantenidas a través de aplicaciones de mensajería entre ambos durante el periodo en el que Pedro Sánchez suspendió su agenda en abril de 2024 para reflexionar sobre su continuidad al frente del Ejecutivo, tras la imputación de su esposa, Begoña Gómez.
La causa, que investiga el juez de la Audiencia NacionalSantiago Pedraz, gira en torno a una presunta trama para desbaratar causas judiciales que afectan al Gobierno. En ella, el magistrado ya había situado a Leire Díez como supuesta coordinadora de la red, que según la instrucción estaría liderada por el exsecretario de Organización del PSOE, Santos Cerdán.
Ahora, la UCO apunta a la existencia de «indicios» sólidos sobre la participación de Juan Manuel Serrano, quien fue jefe de gabinete de Pedro Sánchez en el PSOE entre 2014 y 2018 y presidente de Correos desde 2018 hasta 2023.
Los mensajes de los días de reflexión
Según el informe policial, el 24 de abril de 2024, tras la publicación de la «Carta a la ciudadanía» de Pedro Sánchez, se intensificaron los contactos entre Leire Díez y Juan Manuel Serrano. En la mañana del 29 de abril, poco antes de que el presidente anunciara su decisión de seguir, Leire Díez trasladó a Serrano su estado: «estoy nerviosa por lo que vaya a hacer».
La respuesta de Serrano fue reveladora: «La movida empieza después, decida lo que decida». A continuación, la exmilitante socialista añadió: «A este hombre hay que ayudarle. Se lo merece». Serrano contestó que «se tiene que dejar» y Leire Díez remató: «El jefe nos va a poner en un altar».
La investigación de la Guardia Civil revela indicios de una trama para influir en decisiones políticas y judiciales, subrayando la capacidad de la UCO para detectar irregularidades en el más alto nivel institucional.
La amenaza de ‘matar politicamente’ a los rivales
El informe de la UCO incorpora además otra conversación, fechada el 20 de mayo de 2024, entre Leire Díez y el expresidente de la Sociedad Estatal de Participaciones Industriales (SEPI), Vicente Fernández. En ella, la exmilitante se refirió al trabajo que desarrollaba junto a Juan Manuel Serrano —al que llamaba ‘Juanma’— para combatir a «la gente mala».
«A estas alturas solo queda matar a la gente mala. Y cuando digo matar, digo matar politicamente, obvio. De eso nos estamos ocupando Juanma y yo», aseguró Leire Díez en ese intercambio, según recoge el documento policial.
El Contexto Operativo
La Unidad Central Operativa de la Guardia Civil ha sido, desde su creación, la punta de lanza en las investigaciones de corrupción política de mayor complejidad. Con casos emblemáticos como Gürtel, Kitchen o la trama de los ERE en su historial, la UCO acumula un expertise que le permite desentrañar redes de presunta connivencia entre altos cargos y estructuras de poder. Esta nueva aportación al caso Leire, instruido por la Audiencia Nacional, demuestra que la institución mantiene la capacidad de detectar indicios de irregularidades incluso en el entorno más próximo al Gobierno.
El Ministerio del Interior ha reforzado en los últimos años los medios de la Guardia Civil para combatir la delincuencia económica y la corrupción, consciente de que la confianza ciudadana en las instituciones pasa por la imparcialidad y la eficacia de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado. Precisamente este tipo de informes, basados en el análisis forense de comunicaciones y en la pericia de los agentes, constituyen el pilar sobre el que se sostienen las posteriores actuaciones judiciales. La investigación sigue abierta y no se descartan nuevas diligencias que permitan a la UCO identificar a otros posibles implicados en la supuesta trama.
En algún momento de la cumbre de la OTAN de Ankara, el miércoles 8 de julio de 2026, mientras Donald Trump amenazaba con cortar todo el comercio con España —un aliado de la OTAN, no un país enemigo— y reclamaba la entrega de Groenlandia —un territorio danés, que es también un aliado de la OTAN— a los Estados Unidos, el Secretario General de la organización que supuestamente vela por la seguridad colectiva de treinta y dos democracias hacía lo siguiente: señalar las zapatillas del primer ministro de Albania con el dedo para intentar que Trump se riera.
Donald Trump no se rió. Trump tiene sentido del humor de un tipo muy específico, y la moda informal del calzado del primer ministro albanés Edi Rama —un hombre que mide dos metros, que fue jugador de baloncesto y que lleva zapatillas blancas a las cumbres militares como declaración de personalidad desde hace años— no es el material con el que normalmente trabaja el presidente de los Estados Unidos cuando está de humor para sonreír. Pero Mark Rutte lo intentó. Con todo su empeño. Con la desesperación callada de quien sabe que necesita que ese hombre esté de buen humor porque, si no lo está, él no sirve para nada.
Eso es Rutte en 2026. Un hombre que intenta hacer reír al jefe señalando las zapatillas de un colega de organización mientras el jefe insulta a los miembros de esa organización. Si hubiera una fotografía más precisa del estado actual de la OTAN, todavía no la he visto.
Quién es Mark Rutte y de dónde viene
Para entender el nivel de la caída hay que entender el punto de partida. Mark Rutte fue primer ministro de los Países Bajos durante catorce años, de 2010 a 2024, un periodo extraordinariamente largo en la política europea. Liberal, pragmático, con un perfil de tecnócrata templado por décadas de coaliciones imposibles en el ecosistema parlamentario holandés —que es de una complejidad que haría sudar a cualquier catedrático de ciencia política—. Conocido como «el teflón Mark» por su capacidad para sobrevivir escándalos que habrían acabado con cualquier otro político europeo. No es un personaje sin mérito ni sin experiencia. Tiene curriculum, tiene instinto político y tiene una capacidad de aguantar en el cargo que solo puede explicarse por una combinación de pragmatismo extremo e impermeabilidad al bochorno.
Esas mismas virtudes que le hicieron un buen primer ministro son las que le hacen un secretario general de la OTAN profundamente problemático. El pragmatismo extremo, cuando quien fija el marco de lo pragmático es Donald Trump, se convierte en capitulación sistemática. Y la impermeabilidad al bochorno, en el contexto de la Alianza Atlántica, se convierte en la capacidad de decir cosas que ningún líder europeo con dignidad diría, sin que se le mueva un solo músculo de la cara.
El catálogo del servilismo: caso por caso
Conviene documentarlo con cuidado, porque si uno solo leyera los comunicados oficiales de la OTAN podría pensar que Rutte ejerce un liderazgo neutro y equilibrado. La realidad, verificada en citas textuales de las últimas semanas, es diferente.
«Yo diría que sin usted en esta silla, esto no habría ocurrido. Anótese la victoria. Está ahí.» Eso le dijo Rutte a Trump en la reunión bilateral del miércoles 8 de julio en Ankara, en referencia al aumento del gasto en defensa de los aliados europeos. La frase, pronunciada en público, delante de cámaras, fue registrada por múltiples agencias. No es una interpretación. Es lo que dijo, palabra por palabra. El Secretario General de la OTAN le dijo al presidente de los Estados Unidos que se apuntara la victoria de que los europeos estén gastando más en defensa, en el contexto de una reunión donde ese mismo presidente acababa de decir que estaba «muy disgustado» con la alianza y había exigido el control de Groenlandia.
«Creo que lo que hizo anoche fue absolutamente necesario.» Eso le dijo Rutte a Trump antes de la cumbre, en referencia a los ataques aéreos americanos a Irán durante la noche. No al calor de una reunión reservada donde el secretario general pueda tener que gestionar la diplomacia con suavidad. En público. Como declaración política. El Secretario General de una alianza de 32 países —varios de los cuales habían rechazado expresamente participar en esa guerra, denegando el uso de sus bases y su espacio aéreo— avalando unilateralmente la acción militar del país que preside esa misma alianza, sin consultar a los demás miembros.
El «Trump Trillion». El mes pasado, Rutte viajó a Washington. No para negociar. Para celebrar. Organizó un acto en la Casa Blanca, con decoración que «evocaba una bandera americana», para anunciar que los aliados europeos habían comprometido 1,2 billones de dólares en gasto de defensa desde que Trump llegó al poder en 2017. Presentó gráficos. Señaló los miles de empleos que eso creaba en Estados Unidos. Llamó a Trump «el líder del mundo libre». Un Secretario General de la OTAN llamando «líder del mundo libre» al presidente de uno de los miembros de la OTAN, en un acto diseñado para que ese presidente se sintiera halagado. Los otros treinta y un países que también son miembros de la alianza observaron esto desde sus capitales.
El discurso del 4 de julio. En una reciente intervención coincidiendo con el Día de la Independencia americano, Rutte pronunció un discurso que La Jornada describió como «fuertemente plegado a Washington», en el que se refirió a Estados Unidos como «la resplandeciente ciudad sobre la colina» y concluyó deseándoles «muy feliz cumpleaños». No hay nada malo en felicitar a un aliado en su día nacional. Hay algo significativo en que el Secretario General de la OTAN dedique un discurso político a halagos de campaña de un país concreto mientras otros treinta y un están sentados en esa misma alianza esperando que alguien les represente con un mínimo de equidad.
El momento albanés: un análisis forense
Volvamos a Ankara. A las zapatillas. Porque el episodio merece el análisis que no ha recibido.
Edi Rama, primer ministro de Albania desde 2013, lleva zapatillas blancas a las cumbres de la OTAN desde 2024. No es descuido. Es una declaración de estilo deliberada de un hombre que antes fue jugador de baloncesto profesional, que pinta cuadros, que ha escrito libros, que da conferencias universitarias y que considera que las convenciones del protocolo diplomático son negociables. En la cumbre de 2024 en Washington, Emmanuel Macron le dio un gesto de aprobación que se viralizó. Las zapatillas de Rama son el tipo de rareza simpática que humaniza una cumbre militar. Nadie se lo reprocha.
Lo que resulta difícil de procesar es la respuesta de Rutte. El Secretario General de la OTAN, en la foto de familia, señaló las zapatillas del primer ministro albanés hacia Trump, aparentemente con la intención de crear un momento de complicidad distendida con el presidente americano. Trump no reaccionó. Ni una sonrisa. Rutte quedó con el dedo señalando el pie de un colega mientras el hombre al que quería hacer reír miraba en otra dirección. El Secretario General de una de las organizaciones de seguridad más importantes de la historia utilizó a un aliado —a uno de los treinta y un países que se supone representa— como material de entretenimiento para ganarse la simpatía del otro.
Hay un vídeo en YouTube publicado el mismo día por El País con el título «Un periodista cuestiona la relación de Rutte con Trump», donde el Secretario General se mantiene inmóvil mientras Trump ataca a España, a Italia y reclama Groenlandia. Vale la pena verlo para calibrar la escena completa: Rutte de pie, sin gesticular, procesando el momento, y cuando le preguntan directamente qué piensa de la actitud de Trump hacia sus aliados europeos, dice que las diferencias públicas entre socios son «normales en democracia» y que la cumbre ha sido «tremendamente exitosa».
Tremendamente exitosa. La cumbre donde Trump amenazó con cortar todo el comercio con España, reclamó Groenlandia por segunda vez en días, llamó a la OTAN un «tigre de papel» y no se rio de la broma de las zapatillas: tremendamente exitosa.
Lo que no dijo cuando debería haberlo dicho
El problema de Rutte no es solo lo que dice. Es lo que calla en los momentos en que un Secretario General con autoridad moral debería hablar.
Groenlandia. Cuando Trump renovó sus amenazas sobre la soberanía de un territorio danés —Dinamarca es miembro de la OTAN desde 1949— la primera ministra de Dinamarca, Mette Frederiksen, lo tuvo que decir ella: «Groenlandia, por supuesto, no está en venta. Y esa posición no ha cambiado en ningún momento.» Rutte «minimizó las amenazas» y recordó que «él personalmente se encargará de que se cumpla» el acuerdo que alcanzó con Trump en Davos. El Secretario General de la OTAN recordando su acuerdo personal con Trump, frente a un miembro de la alianza al que ese mismo Trump acaba de amenazar implícitamente con la integridad de su territorio, describió la situación como un asunto para «negociaciones trilaterales» entre Estados Unidos, Dinamarca y Groenlandia. No se puede ser Secretario General de la OTAN y tratar la amenaza territorial sobre un miembro como un asunto bilateral a gestionar en una mesa de negociación donde ese miembro está en inferioridad de condiciones. Puede que sea pragmático. No es liderazgo.
España. Cuando Trump dijo que España era «un socio terrible», que ordenó cortar todo el comercio con Madrid, que llamó a los españoles «una causa perdida» —todo ello dicho, formalmente, desde la misma mesa bilateral donde estaba sentado Rutte—, la respuesta del Secretario General fue describir a España como «un caso aislado» y subrayar que «la inmensa mayoría de los países europeos había hecho lo que EEUU negoció». No defensa del aliado. No recordatorio del Artículo 5. No ningún tipo de posicionamiento que pudiera poner en riesgo su relación con el hombre que estaba amenazando al aliado. Un «caso aislado». Como si hablar de que las amenazas comerciales contra un miembro de la alianza son inaceptables fuera demasiado arriesgado en términos de relación personal con el presidente que las profiere.
Canadá. Cuando Trump sugirió que Canadá debería convertirse en el «51 estado» de los Estados Unidos, Rutte no articuló ninguna defensa pública del primer ministro canadiense ni de la soberanía de un miembro fundador de la alianza. Gestionó el momento con la suavidad de alguien que no quiere que la conversación se ponga incómoda.
Por qué lo hace: la explicación que nadie da en los análisis diplomáticos
Hay una interpretación benévola de la conducta de Rutte que circula entre los analistas de seguridad: que alguien tiene que gestionar la relación con Trump, y que la única manera de mantener al hombre más poderoso del mundo dentro de la OTAN es adulándole con la frecuencia suficiente como para que no se vaya dando un portazo. Que sin Rutte, Trump podría ya haber salido de la alianza. Que el bufón que hace de embajador informal del presidente americano ante los europeos es, en realidad, el dique que mantiene el edificio en pie.
Es una interpretación razonable. También es la que cualquier cortesano de cualquier monarca caprichoso de cualquier siglo ha dado para justificar su comportamiento. El bufón del rey también creía que estaba haciendo algo útil.
Lo que esa interpretación no responde es la siguiente pregunta: si Rutte tiene que tratar a Trump como un jefe caprichoso al que hay que entretener y halagar para que no se marche, ¿en qué ha quedado el artículo 5 del Tratado de Washington, que establece la defensa colectiva entre iguales? ¿En qué ha quedado el principio fundacional de la alianza, que es que un ataque a uno es un ataque a todos? No a uno de los treinta y dos salvo el que tiene más capacidad de destrucción nuclear, que ese hace lo que quiere y los demás le señalan las zapatillas de los albaneses para que esté de buen humor.
La respuesta honesta es que si la relación entre Trump y el resto de la alianza requiere de forma estructural que el Secretario General se comporte como un cónsul romano en provincia lejana —cuya misión principal es no irritar al Emperador—, la OTAN tiene un problema de fondo que ninguna cumbre de dos días en Ankara puede resolver.
La OTAN que está emergiendo: vasallaje disfrazado de alianza
Hay un párrafo de La Nación Argentina —no precisamente un periódico izquierdista— que resume lo que está ocurriendo con una claridad que los comunicados oficiales de la alianza nunca alcanzarán: «La cumbre de la OTAN en Ankara quedará marcada como la de una Alianza que, una vez más, buscó ante todo contener a Trump en lugar de mostrar una visión estratégica común.»
Contener a Trump. No coordinar la defensa de Europa. No articular una respuesta común a la agresión rusa. No construir una doctrina de seguridad para el siglo XXI. Contener a Trump.
El Artículo 5 del Tratado de Washington dice «todos para uno y uno para todos». Solo se ha invocado una vez en la historia, cuando los aliados europeos acudieron en ayuda de Estados Unidos tras el 11 de septiembre de 2001. Cuando Trump amenaza con cortar el comercio con España, cuando reclama el territorio de Dinamarca, cuando dice que la OTAN es un «tigre de papel» porque sus aliados no le cedieron bases para hacer la guerra a Irán, el espíritu del «todos para uno» no opera en ninguna dirección que no sea la de calmar al americano.
Y el instrumento principal de esa operación de calma continua tiene nombre y apellido, habla holandés con acento perfecto, lleva traje oscuro a las cumbres y el pasado miércoles señalaba las zapatillas de Edi Rama hacia Donald Trump esperando que el presidente de los Estados Unidos se dignara sonreír.
¿Qué ha pasado? El Tribunal Constitucional ha admitido a trámite el recurso de amparo del PSOE contra el veto del PP en la Mesa de la Asamblea de Madrid a la creación de una comisión de investigación sobre los impagos de Madrid Network.
¿Quién está detrás? El grupo socialista en la Asamblea lidera el recurso; el PP, con mayoría absoluta, bloqueó la iniciativa por considerarla ajena a las competencias regionales.
¿Qué impacto tiene? La admisión no implica un fallo favorable y, aunque el Constitucional acabara dando la razón al PSOE, el pleno de la Asamblea, controlado por el PP, rechazaría la investigación.
El Tribunal Constitucional ha dado luz verde este miércoles a la tramitación del recurso de amparo presentado por el PSOE contra la decisión del Partido Popular de vetar en la Asamblea de Madrid la creación de una comisión de investigación sobre los impagos de Madrid Network. La providencia, a la que ha tenido acceso este diario, aprecia que el asunto reviste “especial trascendencia constitucional” porque pudiera tener consecuencias políticas generales. Sin embargo, ni siquiera un eventual fallo estimatorio lograría desbloquear la investigación: el Grupo Parlamentario Popular dispone de mayoría absoluta y podría tumbar la iniciativa en el pleno con sus votos.
La comisión rechazada por la Mesa de la Cámara autonómica pretendía analizar las responsabilidades políticas derivadas de los presuntos impagos de Madrid Network, una asociación empresarial sin ánimo de lucro creada en 2007 por el Gobierno de Esperanza Aguirre. La Cámara de Cuentas regional detectó que la entidad había dejado de devolver decenas de millones de euros públicos y la unidad anticorrupción de los Mossos d’Esquadra señaló el pago de 1,8 millones al despacho del exministro Cristóbal Montoro. En Madrid Network trabajó Isabel Díaz Ayuso como asesora del departamento de prensa, con un sueldo de 4.219 euros mensuales, hasta el mes anterior a ser elegida diputada por primera vez en 2011.
El PP fundamentó su veto en un argumento competencial: la temática de la comisión no se ceñía al ámbito de la Comunidad de Madrid, puesto que se refería a una entidad privada y a una regulación fiscal que emana de las Cortes Generales. Fuentes cercanas a la presidenta regional subrayaron entonces que “Madrid Network era una asociación de empresas, no formaba parte de la Comunidad de Madrid, que era un asociado más, y dejó de serlo”. Además recordaron que Ayuso era “la tercera en ese departamento, redactaba notas de prensa y hace más de 15 años”.
La secretaria general del grupo parlamentario socialista en la Asamblea, Carmen Mena, sostiene que el Constitucional “ha visto lo mismo que nosotros: aquí no había ningún defecto de forma, había una decisión política que la Mesa no tenía potestad para tomar”. El PSOE invoca la STC 88/2012, según la cual las Mesas parlamentarias no pueden vetar iniciativas de control por razones de oportunidad política. Pero esa doctrina, aunque se confirmara, chocaría con la realidad aritmética de la Cámara madrileña: el PP suma 78 escaños, más que el resto de grupos juntos.
De hecho, la propia Cámara de Cuentas ha reiterado que la Comunidad de Madrid ha reclamado judicialmente los créditos impagados, y la Consejería de Economía encargó en 2017 un informe a Uría Menéndez para preparar las acciones legales. Hasta la fecha se han recuperado 15 millones de euros, mientras la deuda sigue acumulando intereses. El Ejecutivo autonómico ha recurrido incluso al Tribunal Supremo para no desvelar el contenido de ese dictamen.
El Constitucional abre la puerta a revisar el procedimiento, pero las mayorías parlamentarias siguen decidiendo qué se investiga y qué no.
El Eje del Poder Popular
La admisión a trámite del recurso pone a prueba la solidez institucional del proyecto popular en Madrid, una comunidad que el PP gobierna con mayoría absoluta desde 2019 y que se ha convertido en el principal contrapeso territorial al Gobierno central. El pulso sobre Madrid Network refleja un patrón que en Génova conocen bien: los intentos de la izquierda por erosionar la figura de Isabel Díaz Ayuso mediante comisiones de investigación que, aunque no prosperen, generan ruido mediático. La presidenta madrileña, que ha convertido la autonomía fiscal y la crítica al sanchismo en sus señas de identidad, afronta esta embestida judicial con el respaldo de toda la cúpula nacional del partido.
Distintos barones territoriales han transmitido a esta redacción que ven en el movimiento del PSOE una maniobra preelectoral más que una verdadera voluntad de fiscalizar las cuentas de una asociación privada. “Si quieren investigar los impagos, que acudan a los juzgados”, comentan fuentes de la dirección popular en Andalucía. “La Asamblea de Madrid ya tiene los informes de la Cámara de Cuentas; lo demás es puro espectáculo”.
El próximo hito procesal será la sentencia del Tribunal Constitucional, que podría demorarse meses. Si el fallo estimara el amparo, ordenaría a la Mesa de la Asamblea que admita a trámite la iniciativa, pero en ningún caso obligaría a crear la comisión ni a aprobar su plan de trabajo. La última palabra la tendría, una vez más, el pleno, donde el Grupo Parlamentario Popular impone su mayoría. No es un bloqueo técnico, sino político, y la estrategia popular consiste en blindar ese control sin quebrar la imagen de respeto a las resoluciones judiciales.
En el equilibrio interno del partido, la gestión de este caso refuerza la posición de Ayuso como referente del ala más combativa del PP, al tiempo que Génova comprueba la eficacia de un argumentario que combina defensa jurídica y protección institucional. El reto, admiten fuentes de la cúpula, será evitar que la prolongación del proceso erosione la confianza en la gestión madrileña justo cuando se perfilan los ciclos electorales venideros.
🏛️ El Apunte de Génova
Mensaje fuerza: La comisión de investigación es un intento de judicializar la política; el PP respeta al Constitucional pero mantiene que la Asamblea de Madrid no es competente para juzgar una entidad privada ni decisiones de las Cortes Generales.
Protagonista: Isabel Díaz Ayuso (presidenta de la Comunidad de Madrid).
Próximo hito: La sentencia del Tribunal Constitucional, que probablemente no se conocerá antes de 2027.
Miles de hogares australianos se han despertado con un router inservible. La Comisión Australiana de la Competencia y el Consumidor (ACCC) ha desactivado de forma remota los dispositivos SamKnows que utilizaba para medir la velocidad de la banda ancha, tras finalizar el programa ‘Measuring Broadband Australia’ (MBA). Los equipos, que llevaban cinco años funcionando sin incidencias, se convirtieron en chatarra electrónica de la noche a la mañana, sin previo aviso ni posibilidad de reutilización.
Claves de la operación
El programa MBA reclutó a miles de voluntarios en 2020. Los participantes recibieron routers whitebox de SamKnows para monitorizar el rendimiento de las conexiones fijas de la Red Nacional de Banda Ancha (NBN) australiana.
La ACCC ordenó el fin del proyecto y la desactivación remota. El pasado 30 de junio, los routers se quedaron inservibles tras una actualización que bloqueó el firmware, sin que la agencia ofreciera alternativa de reciclaje o donación.
El caso aviva el debate sobre la obsolescencia programada regulada. Miles de dispositivos funcionales acabaron en la basura por una decisión administrativa que el regulador defiende como necesaria para proteger la integridad de los datos, aunque los expertos cuestionan el coste ambiental y la falta de transparencia.
Una desactivación sin notificación que dejó sin internet a voluntarios
El programa MBA, impulsado en 2020 por la ACCC, buscaba medir la velocidad real de internet en los hogares australianos para contrastar la publicidad de las teleoperadoras. SamKnows, empresa británica especializada en monitorización de redes, suministró los routers y gestionaba los servidores de pruebas alojados en Australia. Los voluntarios accedieron a instalar los equipos a cambio de informes personalizados sobre su conexión.
La finalización del programa estaba prevista para este año, pero la forma de ejecutarla ha provocado una oleada de quejas en foros comunitarios. Los usuarios afectados denuncian que no había plazo para devolver los dispositivos ni instrucciones para seguir utilizándolos. La ACCC, por su parte, los califica de “equipos propiedad del programa” y sostiene que su desactivación estaba contemplada en los términos de uso. Sin embargo, muchos participantes aseguran no recordar cláusula alguna al respecto.
SamKnows pierde su mayor escaparate en el país
Para SamKnows, el fin del MBA supone un golpe a su visibilidad en Australia. La compañía había conseguido colocar miles de unidades en uno de los proyectos de medición independiente más ambiciosos del hemisferio sur. Fuentes del sector señalan que el fabricante negociaba la posibilidad de liberar los equipos para otros usos, pero el regulador optó por una desactivación total, blindando el código de los routers y eliminando cualquier funcionalidad.
El episodio recuerda a las críticas que en su día sufrió la FCC estadounidense por programas similares, aunque en aquel caso se permitió a los usuarios conservar los dispositivos. La decisión australiana ha sido calificada por asociaciones de consumidores como un despilfarro evitable, que contradice los propios esfuerzos gubernamentales por reducir los residuos electrónicos.
El regulador, entre la protección de datos y el impacto ambiental
La ACCC argumenta que la desactivación respondía a motivos de seguridad. Los routers almacenaban patrones de tráfico y métricas de rendimiento que, en manos inadecuadas, podrían revelar hábitos de navegación de los hogares. Sin embargo, desde el sector medioambiental se cuestiona que no se explorara una solución de borrado seguro que mantuviese los equipos operativos, máxime cuando los propios informes del Gobierno cifran en 539.000 toneladas los residuos electrónicos generados anualmente en Australia.
Nos encontramos ante una paradoja regulatoria: un organismo creado para defender al consumidor acaba dejándole sin un dispositivo que podría seguir dando servicio, por una aplicación estricta de las condiciones contractuales. El caso abre un debate incómodo sobre hasta dónde deben llegar los reguladores cuando sus propios programas generan externalidades negativas. Y pone sobre la mesa la necesidad de diseñar, desde el primer momento, planes de desmantelamiento que no se limiten al bloqueo remoto.
La ACCC sacrifica la reutilización en nombre de la seguridad, pero el coste lo pagan los hogares y el planeta.
De cara al futuro, sería razonable que cualquier iniciativa pública que distribuya equipos informáticos incluya un protocolo de clausura transparente y sostenible. Mientras tanto, los routers seguirán apagados, recordándonos que incluso las mejores intenciones pueden acabar convirtiendo la tecnología en basura.
Los ertzainas, policías autonómicos del País Vasco, han mostrado su preocupación tras el anuncio de los acuerdos alcanzados entre el Ministerio del Interior y el Gobierno Vasco para ampliar las competencias de la Ertzaintza en materias como extranjería, control de precursores de explosivos, drones o de los nuevos mecanismos de cooperación policial.
Desde el Sindicato Profesional de la Ertzaintza (Si.P.E.), «queremos dejar claro que la Ertzaintza siempre ha demostrado su profesionalidad y su capacidad para asumir cualquier reto operativo. Sin embargo, resulta absolutamente irresponsable seguir incrementando las competencias del cuerpo cuando la realidad diaria es una plantilla insuficiente, unidades bajo mínimos y unos agentes que llevan años soportando una sobrecarga de trabajo insoportable».
Sin embargo, apuntan los propios ertzainas, que «mientras desde los despachos se anuncian nuevas funciones y se venden acuerdos políticos, los ertzainas continúan encadenando jornadas maratonianas, doblando turnos, suspendiendo descansos y viendo cómo resulta prácticamente imposible disfrutar de las libranzas que les corresponden. El verano que acaba de comenzar volverá a estar marcado por la falta de efectivos y por la necesidad de cubrir servicios extraordinarios con el esfuerzo permanente de los mismos profesionales de siempre».
Los ertzainas lo ven inaceptable
Por eso no ven con buenos ojos este traspaso de competencias y califican de «inaceptable que el Gobierno Vasco continúe ampliando las obligaciones de la Ertzaintza sin presentar un plan serio de incremento de plantilla, de dotación de medios materiales y de mejora de las condiciones laborales. No se puede construir una policía moderna únicamente exigiendo más sacrificios a quienes ya sostienen el servicio público con un enorme coste personal y familiar».
El sindicato policial acusa a la Consejería de Seguridad porque «parece haber convertido el sobreesfuerzo de los agentes en su único modelo de gestión. Cada nueva competencia se cubre en precario gracias al compromiso de los ertzainas, mientras la Administración sigue sin resolver los problemas estructurales que arrastra el cuerpo desde hace años».
Por otra parte, la Administración de Euskadi exige una disponibilidad permanente a los agentes, pero continúa acumulando retrasos en el abono de gratificaciones y servicios extraordinarios, llegando en numerosos casos a demorarse 20, 60, 90 días o incluso más. Una falta de respeto intolerable hacía unos profesionales que cumplen puntualmente con sus obligaciones mientras la Administración incumple las suyas», añaden.
Para el Si.P.E., «no basta con anunciar nuevas competencias si estas no vienen acompañadas de los recursos humanos, materiales y presupuestarios necesarios. De lo contrario, el único resultado será una mayor presión sobre una plantilla ya exhausta y un deterioro progresivo de la seguridad ciudadana».
Por todo esto, el Sindicato Profesional de la Ertzaintza exige en un comunicado «al consejero de Seguridad, que deje de gobernar únicamente mirando estadísticas y titulares políticos y empiece a escuchar a quienes garantizan la seguridad de la ciudadanía las veinticuatro horas del día. La Ertzaintza necesita más agentes, mejores condiciones laborales, medios suficientes y una planificación seria, no más competencias sustentadas exclusivamente sobre el sacrificio de unos profesionales que llevan demasiado tiempo siendo exprimidos por la Administración».
La autonomía estratégica europea ha dejado de ser un concepto reservado a expertos en defensa para convertirse en una de las grandes prioridades políticas de la Unión Europea. La invasión rusa de Ucrania, la creciente rivalidad entre Estados Unidos y China y el cambio de enfoque de Washington respecto a sus aliados han acelerado un debate que llevaba años estancado: ¿puede Europa garantizar por sí sola su propia seguridad?
La respuesta, según coinciden numerosos analistas y responsables políticos, es que todavía no. Aunque la Unión Europea dispone de una economía comparable a la de las mayores potencias mundiales y cuenta con algunas de las industrias de defensa más avanzadas del planeta, continúa dependiendo en buena medida del apoyo militar, tecnológico e incluso logístico de Estados Unidos.
La presión ejercida por la Administración estadounidense para que los países europeos incrementen su inversión en defensa ha puesto de manifiesto una realidad incómoda. Europa necesita aumentar sus capacidades, pero también coordinar mejor sus recursos, eliminar duplicidades y desarrollar una auténtica industria militar común que le permita actuar con mayor independencia en un escenario internacional cada vez más inestable. Estas ideas fueron destacadas durante un análisis sobre el futuro de la defensa europea, en el que expertos subrayaron la necesidad de mejorar la coordinación, invertir de forma más eficiente y reforzar la autonomía tecnológica.
Meloni hablando de la necesidad de un ejército europeo en el Summit de la OTAN en Ankara (Foto: Europa Pres)
La guerra de Ucrania cambió la percepción de la amenaza
Uno de los factores que explica el cambio de estrategia europea es la distinta percepción del riesgo entre los Estados miembros. Mientras países como Polonia, Finlandia o los Estados bálticos mantienen una memoria histórica marcada por invasiones y conflictos con Rusia, otros socios occidentales habían considerado durante décadas que una guerra convencional en Europa era prácticamente imposible.
Esa diferencia de percepción ha dificultado históricamente la construcción de una política común de seguridad. Cada gobierno ha priorizado amenazas distintas y ha desarrollado capacidades militares adaptadas a sus propias necesidades nacionales.
Sin embargo, la invasión rusa de Ucrania ha alterado profundamente ese escenario. La guerra ha demostrado que los conflictos de alta intensidad siguen siendo una realidad en el continente europeo y que la estabilidad no puede darse por garantizada.
La consecuencia inmediata ha sido un incremento sin precedentes de los presupuestos de defensa en numerosos países europeos. Alemania ha anunciado inversiones multimillonarias para reconstruir parte de sus capacidades militares, mientras que otros Estados han iniciado programas acelerados de modernización de sus ejércitos.
Este cambio no responde únicamente al conflicto en Ucrania. También influye la creciente inestabilidad en Oriente Medio, el aumento de la competencia estratégica con China y el desarrollo de nuevas amenazas relacionadas con el espacio, el ciberespacio y la inteligencia artificial.
Europa tiene recursos, pero sigue fragmentada
Uno de los principales problemas identificados por especialistas en defensa no es la falta de recursos económicos o tecnológicos, sino la enorme fragmentación militar existente dentro de la Unión Europea.
Cada país mantiene programas nacionales, industrias propias, modelos diferentes de armamento y prioridades estratégicas particulares. El resultado es un elevado número de capacidades duplicadas mientras otras áreas fundamentales presentan importantes carencias.
Durante décadas, numerosos Estados europeos desarrollaron sistemas similares sin apenas coordinación entre ellos. Esa falta de integración ha dificultado la creación de economías de escala y ha reducido la competitividad de la industria europea frente a grandes actores internacionales.
Los expertos recuerdan que la Unión Europea dispone de una extraordinaria capacidad científica y tecnológica. El problema reside en que buena parte de ese talento continúa trabajando de forma aislada, desarrollando soluciones parecidas para necesidades comunes en lugar de colaborar dentro de grandes programas europeos.
La creación del Fondo Europeo de Defensa ha supuesto un primer paso para corregir esa situación, aunque su puesta en marcha es relativamente reciente y sus efectos todavía están lejos de transformar completamente el panorama industrial europeo.
El reto tecnológico frente a Estados Unidos, Rusia y China
Otro de los grandes desafíos para la autonomía estratégica europea tiene que ver con la tecnología.
Los conflictos actuales ya no dependen únicamente del número de soldados o de carros de combate disponibles. Los drones, la guerra electrónica, la inteligencia artificial, los satélites, la ciberdefensa y los sistemas de mando digital se han convertido en elementos decisivos para cualquier operación militar.
En varios de estos ámbitos Europa reconoce haber quedado rezagada respecto a otras potencias. La dependencia tecnológica de Estados Unidos continúa siendo muy elevada, especialmente en determinados sistemas de inteligencia, vigilancia, comunicaciones y capacidades estratégicas.
Esta situación preocupa especialmente en un momento en el que Washington insiste cada vez con mayor claridad en que Europa debe asumir una mayor responsabilidad sobre su propia defensa.
El mensaje estadounidense es claro: los aliados seguirán cooperando, pero Europa necesita ser capaz de sostener por sí misma una parte mucho mayor de su seguridad colectiva. Esa evolución ha reforzado el concepto de autonomía estratégica, entendido no como un alejamiento de la OTAN, sino como una mayor capacidad europea para actuar cuando resulte necesario.
La industria europea también afronta importantes retos. Algunos proyectos conjuntos han sufrido retrasos, desacuerdos industriales o dificultades políticas, reflejando hasta qué punto sigue siendo complejo coordinar intereses nacionales muy diferentes.
No basta con gastar más: Europa quiere gastar mejor
Durante los últimos años el debate político se ha centrado frecuentemente en cuánto dinero deben invertir los países europeos en defensa. Sin embargo, numerosos especialistas consideran que la cuestión realmente importante es otra.
No basta con aumentar los presupuestos. También resulta imprescindible invertir mejor.
Eso implica desarrollar proyectos comunes, compartir investigación, evitar duplicidades y fortalecer una base industrial europea capaz de producir equipos de alta tecnología dentro del propio continente.
El concepto de «comprar europeo» gana cada vez más fuerza entre responsables políticos y expertos en defensa. La idea consiste en impulsar empresas europeas, favorecer el desarrollo tecnológico propio y reducir la dependencia exterior en sectores considerados estratégicos.
Al mismo tiempo, la cooperación con socios como Reino Unido o Noruega continúa siendo considerada fundamental para reforzar las capacidades colectivas del continente.
Los analistas destacan además que las nuevas inversiones deben dirigirse prioritariamente hacia capacidades críticas como la defensa antiaérea, la vigilancia espacial, la inteligencia, los sistemas de reconocimiento, la protección frente a misiles y la ciberseguridad, ámbitos considerados esenciales para afrontar las amenazas del siglo XXI.
La soberanía nacional sigue siendo el mayor obstáculo
A pesar del consenso creciente sobre la necesidad de reforzar la defensa europea, existe un elemento que continúa frenando numerosos proyectos: la soberanía nacional.
La defensa sigue siendo una de las competencias más sensibles para los Estados. Ceder capacidad de decisión sobre cuestiones militares continúa generando importantes reticencias políticas.
Cada gobierno desea proteger su industria nacional, preservar sus programas estratégicos y mantener el control sobre decisiones que afectan directamente a la seguridad del país.
Esta realidad explica que muchos proyectos paneuropeos avancen con mayor lentitud de la deseada o incluso encuentren dificultades para materializarse.
Los expertos consideran que alcanzar una auténtica autonomía estratégica exigirá un equilibrio delicado entre cooperación e intereses nacionales. No se trata de eliminar las capacidades propias de cada Estado, sino de integrarlas dentro de una planificación mucho más coordinada.
Summit de la OTAN en Ankara, la independencia en europea en materia defensiva como tema principal
Una oportunidad histórica para construir la defensa europea
Europa atraviesa probablemente el momento más decisivo para su política de seguridad desde el final de la Guerra Fría.
La invasión rusa de Ucrania ha acelerado cambios que durante décadas parecían imposibles. El aumento del gasto militar, la modernización de los ejércitos, el desarrollo de nuevas tecnologías y la creciente preocupación por la seguridad del continente están transformando profundamente la estrategia europea.
Sin embargo, el verdadero desafío no será únicamente disponer de más recursos económicos. La clave estará en convertir ese esfuerzo financiero en una capacidad militar realmente integrada, capaz de responder de forma rápida y coordinada ante cualquier crisis.
La autonomía estratégica no significa sustituir a la OTAN ni romper la alianza con Estados Unidos. Significa construir una Europa más fuerte, tecnológicamente avanzada y capaz de asumir una mayor responsabilidad sobre su propia seguridad.
Si la Unión Europea logra superar la fragmentación industrial, coordinar mejor sus inversiones y desarrollar capacidades comunes en ámbitos como la inteligencia artificial, la defensa aérea, el espacio o la ciberseguridad, estará mucho más preparada para afrontar un entorno internacional cada vez más competitivo.
El reto es enorme y los obstáculos políticos siguen siendo considerables. Pero la sensación compartida entre numerosos expertos es que el contexto geopolítico ya no deja margen para aplazar las decisiones. La autonomía militar europea ha pasado de ser una aspiración estratégica a convertirse en una necesidad para garantizar la seguridad del continente durante las próximas décadas.
El nuevo informe de la UCO entregado al juez Santiago Pedraz sobre el Caso Leire, recoge en sus investigaciones a tres trabajadoras del PSOE nacional. La causa Leire, que investiga los manejos de Leire Díez para tratar de desacreditar organismos policiales y judiciales que trabajaban en asuntos que afectaban al PSOE y sus dirigentes, avanza a pasos agigantados. Este nuevo documento de la Guardia Civil señala ya a trabajadoras del PSOE, con Ana Fuentes, gerente del partido a la cabeza.
El investigador que firma el informe sostiene que «también concerniente a los hechos puestos de manifiesto en el Informe núm. 89/2026, centrados en el conjunto de actuaciones orientadas en proteger al PSOE y/o el Gobierno, con ocasión de una serie de causas judiciales con afectación a sus intereses, se identificó un elemento especialmente significativo y, al mismo tiempo, demostrativo de la unidad de acción de esta organización criminal.
Leire Díez a su llegada a los juzgados al principio de la causa. EP
En la introducción sobre Ana María Fuentes la UCO afirma que «lo que se pone de manifiesto en el análisis llevado a cabo es que Santos (Cerdán), como Secretario de Organización del PSOE, habría puesto a disposición de la estructura criminal la propia estructura del partido, que desde sus inicios soportó el coste de la actividad investigada, permitió que esta se sirviese de su personal para el desarrollo de funciones administrativas, aportó sus dependencias para la celebración de reuniones, o soportó el coste de la logística (viajes, alquiler de vehículos, .. .) de algunos de sus miembros».
El investigador pide al juez la intervención de los móviles: «de las evidencias analizadas se desprende la participación de una serie de personas incardinadas en la estructura del partido, cuya participación se describe seguidamente y con cuyas comunicaciones, previsiblemente albergadas en sus terminales móviles, se considera necesario contar para continuar profundizando en su participación o en la participación de terceros, como las personas que les habrían dado las instrucciones o tendrían también participación en la actividad investigada».
Tres personas del Caso Leire
Sobre Ana María Fuentes Pacheco, Directora Gerente Federal del PSOE, dice la UCO que «habría sido la persona encargada, con la intermediación de Leire y bajo las directrices de Santos, de falsear dos notas de encargo profesional: una con el despacho Estudio Jurídico Oliver & Partners SL, vinculado Ismael Oliver Romero y otra con Jacobo Teijelo Casanova. De las evidencias analizadas se desprende, con carácter indiciario, que ambas notas de encargo profesional habrían sido suscritas de manera meramente instrumental, con la finalidad de simular una relación profesional entre las partes y de servir como medio para que la formación política pudiese materializar pagos con destino a ambos abogados».
En similares términos se encuentra «Covadonga San Pedro Pascual en calidad de secretaría y administración del PSOE. Habría colaborado desempeñando funciones de carácter auxiliar, consistentes en el apoyo logístico y administrativo de la actividad desplegada. Dichas funciones comprenderían, por un lado, la gestión y coordinación de los viajes de determinados miembros de la organización, incluyendo la contratación de vuelos, trenes, alquiler de vehículos y demás servicios relacionados; cuyos costes habrían sido asumidos por el partido político. Y por otro lado, llevando a cabo gestiones que facilitaron el desarrollo de las reuniones por parte de los miembros de la organización». De manera similar la UCO pone el acento sobre Celia Rodríguez «con rol y funciones similares a las de Covadonga».
La UCO resume que «en lo que respecta a estas tres personas, su participación se considera esencial en lo relativo a la asunción del coste de las actuaciones desarrolladas por parte del PSOE, siendo el objetivo general de la diligencia planteada el poder determinar y cuantificar los costes asumidos realmente, las operativas desarrolladas para hacerlo y las personas participantes en las mismas, el conocimiento que estas pudiesen tener de la actuación que se desarrollaba o la determinación de las personas que habrían participado».
Además, «todo ello además teniendo en cuenta que de todas ellas existen elementos en la causa de los que se desprende que al menos algunas de las gestiones sobre las que se considera necesario profundizar las habrían desarrollado a través de sus terminales móviles».
Un capitán de la Guardia Civil
El agente termina el informe con la relación del capitán Juan Sánchez Yepes y Leire Díez. «El día 10 de diciembre de 2024 se celebró una reunión en la que intervinieron Leire, (Pérez) Dolset, el capitán de la Guardia Civil Juan Sánchez Yepes -investigado en ese momento en el marco de las Diligencias Previas núm. 100/2021-, así como el abogado de este último, Jacobo Teijelo Casanova», explica la UCO.
En esta reunión Leire Díez habría sido presentada como una representante del PSOE. «La finalidad por la que habría sido convocada y celebrada consistiría en que Yepes aportara información útil para la supuesta organización, ofreciéndosele como contrapartida la protección en el ámbito de la causa penal referida al fraude de hidrocarburos en la que estaba siendo investigado. En este contexto y guiado por las preguntas de Leire, el Capitán Yepes, el cual había sido miembro de la Unidad Central Operativa de la Guardia Civil entre el 2008 y el 2022, aportó información sobre la estructura de la Unidad, sus miembros, o las funciones de cada uno de ellos, centrando su atención en el Teniente Coronel Jefe del Departamento de Investigación Económica y Anticorrupción de la UCO», concluye el investigador.
Al final del citado informe el agente de la UCO insiste al juez que «existen en la causa elementos concretos de los que se evidencia que habrían mantenido interacciones o comunicaciones con otras de las personas investigadas y en el marco de estos hechos, que se consideran de especial trascendencia para el esclarecimiento de los mismos y, finalmente, los cuales son susceptibles de encontrarse albergados en los dispositivos móviles que utilizan de forma habitual».
Por eso, justifica que «en este sentido, se considera esencial el contar con la información albergada en dichos dispositivos. Con base en lo anterior, a nivel policial se adoptó la medida preliminar de intervenir los dispositivos móviles utilizados por estas personas para su puesta a disposición judicial, quedando bajo custodia policial».
El agente que firma el informe cita en concreto seis aparatos de teléfono para los que solicitan «autorización para el acceso, clonado, volcado, visionado y estudio en sede policial de la información albergada (…)». El juez ha pedido a la Fiscalía que se pronuncie sobre esta petición.
Cuatro años y ni una sola condena. Amnistía Internacional ha presentado este miércoles en Barcelona un informe que acusa directamente a la Fiscalía de ‘obstaculizar’ y ‘dificultar’ las investigaciones judiciales sobre el espionaje del CNI a independentistas catalanes con el programa Pegasus.
El documento, al que ha tenido acceso esta corresponsalía, analiza diez causas abiertas en juzgados de instrucción de Barcelona y concluye que el Ministerio Público ha jugado un ‘rol defensor del Estado y de la empresa israelí NSO’, fabricante del software espía. Lo he leído con detenimiento y es un varapalo en toda regla a la arquitectura de impunidad que se ha construido alrededor del caso.
La exdirectora del CNI, Paz Esteban, imputada en cinco causas, fue cesada en 2023 para evitar que los partidos soberanistas retiraran su apoyo a Pedro Sánchez. Hoy es la única autoridad que ha asumido responsabilidades políticas, pero la Fiscalía está exculpándola en cada paso judicial. El juez Santiago García, el más activo en la investigación, debe decidir en los próximos meses si la sienta en el banquillo o archiva el caso, y el fiscal ya ha pedido el archivo.
Una Fiscalía que protege al CNI, no a las víctimas
Virginia Álvarez, responsable de investigación de Amnistía en España, lo ha resumido con una frase que estremece: ‘La conclusión es triste y clara: las víctimas de este escándalo siguen esperando saber la verdad, quién les espió y para qué fueron espiadas’. La letrada Blanca Domínguez, coautora del informe, denuncia incluso que las preguntas del fiscal en los interrogatorios ‘iban dirigidas a minimizar los hechos’ e ‘invitaban’ a Paz Esteban a escudarse en la ley de secretos oficiales o en el deber de reserva del CNI.
Cuando Amnistía trasladó su preocupación a la Fiscalía, la respuesta fue gélida y burocrática: su actuación, dijeron, se guía por el principio de legalidad. Una legalidad que, a la luz de los hechos, se parece más a un cortafuegos para proteger al centro de inteligencia que a un instrumento para depurar responsabilidades.
El Gobierno, mientras tanto, ha hecho lo mínimo. Solo ha desclasificado una parte ínfima —y con tachones— de los autos del Tribunal Supremo que autorizaron el espionaje. Se ha negado a facilitar los contratos y los pagos del CNI a NSO Group, alegando el secreto de las actividades del centro. La cooperación internacional tampoco existe: Israel, Luxemburgo (donde NSO tiene filial) e Irlanda (sede de las grandes tecnológicas) han hecho oídos sordos.
Más de cuatro años después, ni una sola persona ha pisado un tribunal como acusada. La impunidad no es un efecto colateral: es el diseño.
El control judicial que nunca llega y los secretos que lo tapan todo
El informe denuncia que ‘no existe un verdadero control judicial de las actividades del CNI’. Es una verdad incómoda que he denunciado en este espacio en varias ocasiones. El Supremo concede autorizaciones genéricas, los jueces de instrucción tropiezan con el muro del secreto y la Audiencia Provincial debe corregir archivazos precipitados. Pere Aragonès, expresident de la Generalitat, es la única víctima cuya causa está a punto de decidir si Paz Esteban va a juicio o no, pero el fiscal ya ha pedido el archivo.
La periodista Txell Bonet, pareja del expresidente de Òmnium Jordi Cuixart y también espiada, lo clava: ‘A la violación de derechos que supuso el espionaje se suma la impunidad de que no se esté investigando’. Quieren saber quién ordenó, cómo se ejecutó, con qué dinero público se pagó y dónde está la información. Nada de eso ha salido a la luz.
Dossier Moncloa: Ojos en la Sombra
Si analizamos este escándalo como si fuera una operación de inteligencia estándar —y lo es, aunque perpetrada contra conciudadanos—, el vector de amenaza es doble. Por un lado, el espionaje en sí se ejecutó mediante Pegasus, un software de la empresa israelí NSO Group que explota vulnerabilidades de día cero —zero-days— para infectar teléfonos sin que el usuario pinche nada. Es un ataque SIGINT puro, pero con un blanco interno. El CNI lo compró, lo desplegó y, según el propio centro, lo usó con autorización judicial. Pero el verdadero escándalo no es la herramienta: es la falta de rendición de cuentas posterior.
Las agencias implicadas son claras: el CNI es el servicio atacante —en este caso, contra ciudadanos españoles— y las víctimas son los independentistas espiados. Como terceros, NSO Group e Israel, que han blindado a la empresa y se niegan a colaborar. La defensora, en teoría el Estado de derecho, se ha convertido en cómplice al obstaculizar las investigaciones. Y en ese punto la Fiscalía ha jugado un papel demoledor.
El nivel de clasificación estimado de los autos del Supremo es, sin duda, Secreto. Pero lo relevante no es la etiqueta, sino que ese secreto se ha utilizado como un cortafuegos administrativo para evitar que los jueces ordinarios escarben. Es la misma técnica que denuncié en El quinto elemento: las infraestructuras críticas —incluidas las jurídicas— se defienden con opacidad, y los derechos civiles se desvanecen en nombre de la seguridad. España tiene más de 8.000 infraestructuras críticas, pero la confianza de la ciudadanía en sus servicios de inteligencia se ha desplomado por debajo del nivel de cualquier infraestructura.
Lo que pide Amnistía es sensato: la reforma de la ley de secretos oficiales —que no se ha tocado en democracia— y la prohibición del espionaje masivo como el que permite Pegasus. Es una reforma que el Congreso debería abordar de inmediato. Si no, el próximo clic del que hablé en 2015 será otro silencio más.
Meta ha anunciado este martes la construcción de su primer centro de datos de inteligencia artificial en Canadá, un proyecto de 13.000 millones de dólares canadienses (unos 9.300 millones de euros) que subraya la creciente apuesta de los gigantes tecnológicos por desplegar infraestructura digital más allá de sus fronteras. Una inversión que, a su vez, plantea preguntas estratégicas para Washington y para países como España.
Un gigavatio en las praderas de Alberta
La compañía de Mark Zuckerberg ha elegido el condado de Sturgeon, en la provincia de Alberta, para levantar un campus de 1 gigavatio optimizado para IA. Las cifras son elocuentes: más de 3.000 empleos en la fase de construcción y alrededor de 300 puestos operativos permanentes. Además, Meta destinará 60 millones de dólares canadienses a mejoras en infraestructuras locales –carreteras, saneamiento– y a subvenciones para entidades sin ánimo de lucro de la zona.
El proyecto es el número 33 de la flota global de centros de datos de Meta y el primero que instala en suelo canadiense. Una decisión que, según fuentes de la empresa consultadas por Moncloa.com, responde tanto a la creciente presión energética y regulatoria en Estados Unidos como a la disponibilidad de suelo, agua y electricidad en la región.
Energía 100% renovable y cero agua operativa
Meta ha asegurado que toda la electricidad consumida por el centro de datos estará respaldada por fuentes 100% limpias y renovables. A eso se suma un sistema de refrigeración líquida en circuito cerrado con enfriamiento seco, que elimina por completo el uso de agua en los procesos de climatización. El consumo hídrico se limitará a usos domésticos, protección contra incendios y mantenimiento de equipos.
No es un detalle menor. Los centros de datos de IA consumen cantidades gigantescas de energía y agua. Según el Environmental and Energy Study Institute, una instalación de gran tamaño puede llegar a utilizar hasta 19 millones de litros de agua al día, el equivalente al consumo de una ciudad de entre 10.000 y 50.000 habitantes. Meta rompe con ese modelo y apuesta por una refrigeración que no competirá con los recursos hídricos de la comunidad.
Meta busca en Canadá lo que ya no encuentra fácilmente en casa: electricidad verde abundante, un clima favorable y vecinos más receptivos.
La lógica de Washington
Del otro lado de la frontera, el ambiente para nuevos centros de datos se ha enrarecido. Una encuesta de Gallup publicada en mayo reveló que 7 de cada 10 estadounidenses rechazan la construcción de estas instalaciones en sus comunidades locales. Y el gobernador de Texas, el republicano Greg Abbott, llegó a sugerir el pasado 30 de junio que se “prohíban” los centros de datos de IA en zonas rurales de su estado, vinculando esa oposición a los “valores del este de Texas”. No es una anécdota: Texas es uno de los grandes polos tecnológicos del país.
Ese rechazo local, unido a las crecientes dificultades para garantizar suministro eléctrico estable y suficiente en algunas regiones, empuja a las tecnológicas a buscar alternativas. Y Canadá —con sus vastos recursos energéticos, regulaciones más previsibles y un gobierno provincial conservador que da la bienvenida a la inversión— se presenta como un socio ideal. Washington, por ahora, observa sin intervenir. La Casa Blanca no ha emitido ninguna declaración sobre el proyecto, y la legislación federal no penaliza la construcción de centros de datos en el extranjero. Pero en los pasillos del Congreso ya hay quien ve con recelo que infraestructura estratégica para la IA se levante fuera del territorio estadounidense.
Para España, la operación tiene una lectura doble. Por un lado, confirma que la batalla por atraer inversión en infraestructura digital es global y que compite con destinos como Alberta, que ofrecen energía abundante y barata. Por otro, refuerza el atractivo de las regiones españolas que están apostando por parques tecnológicos y redes de energía renovable —Aragón, Castilla-La Mancha— y que ya han captado proyectos de centros de datos de empresas como Amazon, Google o la propia Meta. La jugada canadiense no debe verse como una amenaza sino como un espejo: si Meta valora el acceso a electricidad limpia y la cooperación institucional, España tiene argumentos para subir la apuesta. El riesgo es que la fragmentación regulatoria o las demoras administrativas en Europa dejen pasar el tren.
Ficha del Caso
El caso:Meta anuncia la construcción de un centro de datos de IA de 1 GW en Alberta, Canadá, con una inversión superior a 13.000 millones de dólares canadienses.
Datos clave: 3.000 empleos en construcción, 300 permanentes; 60 millones en infraestructura local; energía 100% renovable; sistema de refrigeración sin consumo de agua operativa.
Para España: La decisión evidencia la competencia global por la infraestructura de IA y subraya la necesidad de agilizar la oferta de suelo y energía limpia en el país para no perder terreno frente a otras regiones.
¿A quién afecta? A los vecinos del barrio de Getafe Norte y a los miles de asistentes al festival Mad Cool que usan el municipio como acceso o salida.
¿Cuándo ocurre? Desde la noche del 8 de julio, y se mantiene durante las tres jornadas restantes (9, 10 y 11 de julio), con medidas urgentes ya en vigor.
¿Qué cambia hoy? El aparcamiento del Coliseum se cierra a no residentes, se han interpuesto casi un centenar de multas y el Ayuntamiento exige cambios inmediatos en los desvíos de tráfico y la gestión peatonal.
La primera noche del Mad Cool 2026 dejó una estampa de caos en Getafe que el Ayuntamiento no está dispuesto a repetir. Con 100 sanciones ya interpuestas y el cierre del parking del Coliseum a visitantes ajenos al municipio, el gobierno municipal ha alzado la voz contra la ‘improvisación’ del dispositivo de movilidad, señalando directamente a la Guardia Civil por desviar el tráfico sin consenso.
Un desvío sin aviso que desbordó Getafe Norte
Según denuncia el consistorio, la Benemérita desvió de forma unilateral el tránsito procedente de la M‑45 hacia el barrio de Getafe Norte, rompiendo todos los acuerdos alcanzados en las reuniones previas de seguridad. ‘Esta decisión se adoptó sin ningún tipo de consenso previo,, junto con la masiva afluencia de vehículos, provocó una congestión que fue en aumento’, explicaron fuentes municipales. El resultado fue una congestión que fue empeorando a medida que avanzaba la tarde, dejando atrapados a los residentes.
A ese caos de vehículos se sumó un flujo peatonal descontrolado. La Policía Local de Getafe contabilizó que 6.000 personas utilizaron el municipio como entrada al recinto, una cifra que se disparó hasta las 16.000 durante la salida. La glorieta de la M‑45 quedó cortada durante periodos interminables por un semáforo gestionado por la Guardia Civil, y la calle Federica Montseny se colapsó bajo una marea humana. Los vecinos, literalmente, no podían salir de casa.
Cien multas y un parking clausurado: la respuesta inmediata
Como primera medida de contención, el Ayuntamiento dirigido por Sara Hernández cerró el acceso al aparcamiento del Coliseum a cualquier vehículo que no fuera de residentes. La intención es proteger el entorno vecinal ante la previsible avalancha de las próximas jornadas. Al mismo tiempo, la Policía Local interpuso cerca de 100 multas en las calles Rosa Chacel, Teresa de Calcuta, Rosa de Luxemburgo y Rosa Montero, donde se detectaron estacionamientos irregulares masivos, incluidas motocicletas aparcadas sobre las aceras.
El gobierno getafense ha exigido ‘cambios inmediatos’ a la Delegación del Gobierno, al Ayuntamiento de Madrid y a la organización del festival. En un comunicado oficial, la alcaldesa calificó la situación como ‘la peor de todas las ediciones’ vividas en el recinto Iberdrola Music y advirtió de que no se puede mantener este modelo ni para el Mad Cool ni para los conciertos previstos de Shakira en septiembre.
El festival deja tras de sí una imagen recurrente: un barrio residencial tomado por miles de personas y una administración local que se siente ninguneada.
El Iberdrola Music, una herida abierta en la movilidad del sur
El Mad Cool, que este año celebra su décimo aniversario, aterrizó en el distrito de Villaverde en 2023 tras dejar Valdebebas. Desde el primer día, el recinto Iberdrola Music ha tensionado la relación con Getafe, municipio limítrofe que soporta una parte desproporcionada de los flujos de vehículos y peatones. La organización del festival ya introdujo en 2025 cambios en el aforo para suavizar la presión, pero los resultados no han sido los esperados.
La mayoría de los vecinos de Getafe Norte afectados considera que los parches no bastan y que la ubicación del espacio —encajado entre nudos viarios y barrios residenciales— genera un cuello de botella irresoluble sin una planificación metropolitana más ambiciosa. No es la primera vez que sucede: el Festival Iberdrola Music anterior ya arrastró quejas similares, y la promesa de refuerzos no se ha traducido en una experiencia fluida.
Desde esta redacción observamos que el conflicto trasciende al Mad Cool. La cita con Shakira, prevista para septiembre, promete repetir el colapso si no se rediseñan los flujos de entrada y salida. La pelota está ahora en el tejado de la Delegación del Gobierno y del Consistorio madrileño. Getafe ya ha movido ficha con sanciones y cierres, pero la imagen de miles de jóvenes cruzando la M‑45 a pie es la prueba de que las soluciones no pueden limitarse a un cordón policial.
¿Qué ha pasado? Trump ha roto el alto el fuego con Irán y se ha declarado objetivo número uno del régimen de los ayatolás. El Pentágono ha lanzado decenas de ataques contra posiciones iraníes en represalia por el supuesto ataque a petroleros en el estrecho de Ormuz.
¿Quién está detrás? La Casa Blanca, que acusa a Teherán de agresión injustificada, y la Guardia Revolucionaria iraní, que exige control sobre el tráfico marítimo en el estrecho. Las declaraciones incendiarias de Trump desde la cumbre de la OTAN en Ankara elevan aún más la tensión.
¿Qué impacto tiene? La interrupción del suministro por Ormuz amenaza con disparar los precios del crudo y desestabilizar la economía global. España, altamente dependiente del petróleo de Oriente Medio, se sitúa en primera línea de una posible crisis energética.
La administración Trump ha dinamitado la breve tregua con Irán en un solo movimiento. Durante la cumbre de la OTAN celebrada el miércoles en Ankara, el presidente estadounidense ha asegurado que el régimen de los ayatolás le considera su objetivo número uno y ha justificado así la oleada de bombardeos contra decenas de blancos iraníes en el Golfo Pérsico.
La secuencia de hechos es inmediata. El martes, el Pentágono lanzó ataques de precisión sobre instalaciones costeras y navales de la Guardia Revolucionaria después de que varios petroleros resultaran alcanzados en el estrecho de Ormuz, la llave del tráfico energético mundial por donde transita aproximadamente el 20% del petróleo global. El mando militar estadounidense calificó los incidentes de «agresión injustificada» y responsabilizó directamente a Teherán.
El derrumbe de la tregua: ataques a petroleros y represalias
El alto el fuego no ha durado ni una semana. Los contactos indirectos entre Washington y Teherán, auspiciados por Omán, se suspendieron tras el impacto de varios drones explosivos contra buques de bandera internacional. Según fuentes de la Inteligencia estadounidense recogidas por el Pentágono, los drones eran del modelo Shahed-136 de fabricación iraní, el mismo que Moscú ha utilizado de forma masiva en Ucrania. Sin embargo, los medios oficiales iraníes ofrecen una versión radicalmente opuesta: al menos uno de los petroleros ignoró las advertencias de la Marina iraní, que exige la supervisión de cualquier paso bajo su interpretación de la doctrina del control del estrecho.
La realidad operativa es más opaca. Moncloa.com ha consultado con fuentes de Defensa que confirman la presencia del destructor lanzamisiles USS Arleigh Burke en la zona, integrado en la Quinta Flota. La fragata española Méndez Núñez, que opera bajo el paraguas de la Operación Atalanta en el Índico, ha elevado su estado de alerta, aunque por el momento no ha sido reasignada al Golfo de forma directa.
Trump en Ankara: amenazas, insultos y un objetivo en su cabeza
El contraste no pudo ser más estridente. Mientras los F-35 del Mando Central estadounidense bombardeaban posiciones de la Fuerza Quds, el presidente Trump comparecía ante los líderes aliados en Turquía y desgranaba un mensaje tan provocador como personal. Llamó «escoria» a la cúpula iraní, calificó a sus líderes de «enfermos» y «chiflados», y calificó el alto el fuego de «pérdida de tiempo». Luego, sin transición, insinuó la posibilidad de su propio asesinato: «Puede que yo también desaparezca, porque soy su blanco número uno», dijo.
La referencia no es casual. Trump enumeró los asesinatos selectivos de altos mandos iraníes en los últimos años, en un guiño a la operación que eliminó al general Qasem Soleimani en enero de 2020. «Tenían líderes. Ya no están. Tuvieron otros. Ya no están. Ahora tienen otros. Puede que tampoco estén», manifestó. Irán ha reiterado su promesa de «venganza severa» contra todos los responsables de aquel ataque con drones, y los servicios de inteligencia estadounidenses ya habían alertado de un complot para asesinar a Trump antes de las elecciones de 2024.
Trump ha convertido el estrecho de Ormuz en su campo de batalla personal, y el mercado energético empieza a temblar.
Esa advertencia cobró cuerpo en abril de 2026, cuando el presidente y la primera dama fueron evacuados de la cena de corresponsales de la Casa Blanca tras un tiroteo. El sospechoso, Cole Tomas Allen, fue acusado de intento de asesinato. La Casa Blanca relacionó aquel episodio con la misma célula vinculada a Teherán, aunque Irán lo negó tajantemente y lo atribuyó a una «conspiración sionista». Ahora, con la guerra naval abierta, el temor a un nuevo magnicidio se mezcla con la geopolítica del crudo.
Equilibrio de Poder
La ruptura de la tregua en Ormuz es, antes que nada, un jaque al sistema energético global. Cada día, unos 20 millones de barriles de crudo atraviesan este paso de apenas 33 kilómetros de ancho. Cualquier bloqueo, aunque sea parcial, dispararía los precios del petróleo por encima de los 120 dólares, y las primas de riesgo en los contratos de futuros ya reflejan ese miedo. España, que importa más del 15% de su petróleo de Irak y Arabia Saudí, se vería impactada de forma directa: el precio de la gasolina y el diésel subiría en cuestión de horas, y la inflación, que parecía controlada, volvería a repuntar.
La dimensión militar es igualmente explosiva. Estados Unidos ha desplegado en la zona dos portaviones, el USS Gerald R. Ford y el USS Dwight D. Eisenhower, junto a baterías Patriot en Emiratos Árabes Unidos y Catar. Irán, por su parte, ha activado sus misiles costeros Khalij-e Fars y sus lanchas rápidas de la Guardia Revolucionaria, preparadas para tácticas de enjambre. La posibilidad de un error de cálculo es real: en 1988, el derribo accidental del vuelo 655 de Iran Air por el USS Vincennes estuvo a punto de desencadenar una guerra abierta. Hoy los sistemas son más letales y el margen de respuesta, más estrecho.
En el tablero de la OTAN, la gestión de Trump desconcierta. La cumbre de Ankara debía servir para reafirmar el compromiso con el flanco sur de la Alianza, pero el discurso del presidente ha centrado la atención en sus problemas de seguridad personal y ha desviado la presión hacia Irán, justo cuando Bruselas necesitaba centrar el debate en el gasto en defensa y la amenaza rusa. Turquía, anfitriona, mantiene un doble juego: miembro de la OTAN pero con estrechos lazos comerciales y energéticos con Teherán. La grieta se agranda.
La lectura estratégica para España es incómoda. La frontera sur ya no se juega solo en el Sahel o en las aguas de Canarias, sino también en Ormuz. Una crisis prolongada elevaría la factura energética y forzaría a Moncloa a tomar partido de forma más explícita — algo que hasta ahora ha evitado con equilibrios diplomáticos. El Ministerio de Defensa sigue de cerca la evolución de la Quinta Flota y ha reforzado la presencia en Yibuti, pero la capacidad de proyección de la Armada española es limitada. En Moncloa son conscientes: si el Golfo se cierra, España no tendrá margen para la equidistancia.
El horizonte a corto plazo depende del próximo movimiento iraní. Teherán necesita calibrar su respuesta: una acción demasiado agresiva le aislaría aún más internacionalmente y daría a Trump la excusa perfecta para una escalada definitiva. Pero el régimen de los ayatolás tampoco puede permitirse mostrar debilidad en su propio patio trasero. La próxima cita en el radar es la reunión del Consejo de Seguridad de la ONU prevista para el lunes, donde Washington y Moscú se enfrentarán de nuevo sobre una posible declaración de condena. Mientras tanto, los seguros de los petroleros se han disparado un 40%, y las navieras ya empiezan a desviar rutas hacia el cabo de Buena Esperanza. Lo que suceda en los próximos días no se medirá solo en misiles, sino en los surtidores de las gasolineras españolas.
¿Qué ha pasado?Donald Trump ordenó al secretario del Tesoro detener todo el comercio de Estados Unidos con España durante la cumbre de la OTAN en Ankara. Horas después, afirmó que España había “vuelto completamente” y aceptado aumentar sus contribuciones a la Alianza.
¿Quién está detrás? La orden partió del presidente Trump y de Scott Bessent, su secretario del Tesoro. El gobierno socialista de Pedro Sánchez se enteró por la prensa y mantuvo una conversación informal sobre fútbol y golf con el mandatario estadounidense.
¿Qué impacto tiene? España podría haber enfrentado un bloqueo comercial total; la aparente cesión inmediata de Madrid aleja el riesgo, aunque no se conocen los detalles concretos del nuevo compromiso de gasto en defensa.
Donald Trump ordenó este miércoles el cese inmediato de todo comercio entre Estados Unidos y España, y apenas unas horas después, el presidente estadounidense afirmó que Madrid había “vuelto completamente” y aceptado pagar más a la OTAN.
Trump corta el comercio con España y el Gobierno se entera por la prensa
La orden de parar todas las transacciones comerciales con España —impartida a Scott Bessent, secretario del Tesoro— llegó en plena cumbre de la OTAN en Ankara. Fuentes de la delegación estadounidense confirmaron que la Casa Blanca consideraba a España un “caso perdido” por su negativa a acercarse al objetivo del 5% del PIB en gasto de defensa que exige Trump. El presidente calificó al Gobierno de Pedro Sánchez como un lastre y advirtió de que España volvería corriendo.
La respuesta no se hizo esperar. En declaraciones a Reuters a bordo del Air Force One —recogidas por Breitbart—, Trump dijo que “España volvió completamente hoy. Fue muy generosa. Les dije que dejaría de comerciar con ellos”. Según el mandatario, España “honró una solicitud de mucho pago”, aunque no precisó cifras ni plazos.
Sánchez habla de fútbol y normaliza la crisis
Horas antes del anuncio de Trump, el presidente español Pedro Sánchez había revelado que mantuvo una conversación “informal” con el líder estadounidense justo después de que se conociera la orden de embargo. “Hablamos sobre fútbol y sobre el Mundial en Estados Unidos; fue una charla relajada, sin tensiones”, explicó Sánchez en Ankara. El Gobierno español, según fuentes diplomáticas, se enteró del ultimátum comercial por los periodistas, no por canales oficiales.
Un portavoz del Ejecutivo destacó que la relación bilateral es “muy positiva” y recordó que Estados Unidos mantiene un superávit comercial con España, lo que convierte un embargo en un golpe también para empresas americanas. Grandes firmas españolas como Inditex, Santander, Iberdrola o Ferrovial tienen intereses millonarios en suelo estadounidense, por lo que un cierre total habría sido devastador para ambas orillas del Atlántico.
El embargo comercial fue la palanca que desbloqueó la negociación: España ha aceptado aumentar sus pagos a la OTAN sin que la Casa Blanca detalle aún la cifra.
La Lógica de Washington
Desde la perspectiva de la Casa Blanca, la maniobra responde a una doctrina repetida en las dos administraciones de Trump: usar todo el peso económico de Estados Unidos para forzar a los aliados de la OTAN a asumir una parte mayor de la carga de defensa. En su primer mandato, Trump amenazó con retirar tropas de Alemania si Berlín no elevaba su gasto militar, y lo mismo hizo con otros socios. Ahora, la diana es España, que apenas supera el 2% de su producto interior bruto en defensa (muy lejos del 5% reclamado por Trump) y que, según el relato de Washington, bloquea cualquier avance significativo en el reparto de responsabilidades dentro de la Alianza. No es una improvisación: es la misma lógica transaccional que llevó a Reagan a presionar a Japón con aranceles en los años ochenta para que abriera sus mercados.
Para España, el impacto inmediato es ambiguo. Por un lado, la rápida aparente cesión de Sánchez aleja el escenario de un bloqueo comercial que habría golpeado a sectores como el aceite de oliva, el vino, los componentes de automoción y los servicios financieros, que el año pasado sumaron exportaciones a Estados Unidos por más de 18.000 millones de euros. Por otro, el hecho de que el Gobierno de coalición de izquierdas haya tenido que ceder en defensa tras una amenaza de Trump abre un flanco de críticas internas y de la oposición, que lleva meses pidiendo mayor claridad en los compromisos atlánticos. La próxima prueba de fuego será la reunión de ministros de Defensa de la OTAN prevista para otoño, donde España tendrá que poner cifras sobre la mesa.
Ficha del Caso
El caso: Durante la cumbre de la OTAN en Ankara, Donald Trump ordenó detener todo el comercio con España para forzar un aumento de las contribuciones a la Alianza. Horas después, tras una conversación informal entre Trump y Sánchez, la Casa Blanca dio por satisfecho el nuevo compromiso español.
Datos clave: España necesitaría quintuplicar su gasto en defensa para alcanzar el 5% del PIB que exige Trump; actualmente está en torno al 2%. Las exportaciones españolas a EE.UU. superaron los 18.000 millones de euros en 2025, y el mercado americano es el principal destino extracomunitario de productos como el aceite de oliva andaluz.
Para España: El país ha evitado un bloqueo comercial que habría costado miles de millones, pero ahora se enfrenta a la necesidad de concretar un aumento del presupuesto militar que será difícil de explicar a los socios de Gobierno y a la opinión pública.
