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Stubb atribuyó la amenaza rusa en Ceuta a una operación híbrida de Moscú. Minutos después, en la misma entrevista, reconoció que no conocía el caso lo suficiente como para tomar posición.

El presidente de Finlandia, Alexander Stubb, concedió una entrevista a El Mundo el pasado fin de semana en la que desplegó el catálogo completo de acusaciones que Bruselas y la OTAN manejan contra el Kremlin. Rusia, dijo, intentará interferir en las próximas elecciones generales españolas. Madrid ‘debería esperar algún tipo de sabotaje o de ataque híbrido’, añadió, sin aportar ninguna evidencia concreta.

Sobre la mesa puso tres frentes. Ciberataques rusos contra bancos españoles que, según él, ‘están ocurriendo ahora mismo’. Buques vinculados a Moscú acusados de cortar cables submarinos en el Báltico. Y el incidente del aeropuerto alemán de Leipzig/Halle, donde aparecieron drones cargados con explosivos cerca de aviones de carga ucranianos. Alemania cerró un consulado ruso en Bonn y un centro cultural en Berlín. Moscú calificó las acusaciones de ‘sin sentido’.

El problema llegó con Ceuta. Stubb aseguró que Rusia envía solicitantes de asilo a las fronteras europeas, ‘como hemos visto también en Ceuta’. Cuando el entrevistador insistió en el episodio de finales de julio, el presidente finlandés se desdijo: admitió que no conocía el asunto ‘lo suficientemente bien como para tomar una posición’.

La crisis de Ceuta movilizó a más de 70.000 migrantes en apenas unos días. Reuters informó entonces de que muchos habían sido empujados por vídeos virales y afirmaciones falsas sobre las reglas de asilo españolas. España acusó después a redes vinculadas a Rusia y a Israel de difundir desinformación. Ambos países lo negaron.

Acusar a Moscú sin expediente es barato. Sostenerlo cuando el entrevistador pregunta por el detalle, mucho menos.

El episodio encaja en una doctrina que la OTAN viene asentando desde este otoño. El secretario general, Mark Rutte, resumió el criterio en una sola frase: cuando se esté seguro o ‘casi seguro’ de que un incidente es ruso, atribúyase a Rusia. La fórmula tiene lógica disuasoria y un problema evidente: convierte la sospecha en comunicado oficial.

Porque el mismo Rutte que pide atribuir dice también que no hay amenaza inminente contra territorio aliado. El primer ministro lituano, Mindaugas Sinkevicius, pidió esta semana a los responsables públicos que dejen de ‘exagerar’. Y Stubb, en la misma entrevista en la que señaló a Moscú por medio catálogo, descartó un conflicto directo: ‘¿Esperamos que Rusia ataque? La respuesta es no. No tenemos evidencia de eso’.

Lo que el episodio revela sobre España y la campaña electoral

Para el Gobierno español, la secuencia es incómoda. Un jefe de Estado aliado instala en la conversación internacional que la crisis de Ceuta fue una operación rusa y, acto seguido, deja claro que no tiene datos para sostenerlo. La acusación circula sin el respaldo que exigiría una atribución formal. Mientras tanto, Ceuta sigue siendo lo que siempre fue: la frontera sur de la Unión Europea.

El otro eje importa más a medio plazo. Stubb sitúa las próximas elecciones generales españolas como objetivo de interferencia rusa. Es la misma lógica que atravesó el proceso independentista catalán en 2017, las elecciones europeas de 2024 y las presidenciales rumanas anuladas en diciembre de ese mismo año. La interferencia electoral dejó de ser una hipótesis de laboratorio: es doctrina operativa asumida por los dos bloques.

Lo que se juega España no es solo la limpieza de una cita electoral. Es la credibilidad de su propio relato sobre Ceuta. Si Madrid sostiene que la crisis de julio fue una operación híbrida rusa, necesita poder probarlo. Si no puede, la acusación se le devuelve convertida en ruido. Y en el Sahel y el Magreb, donde Rabat y Argel observan cada movimiento español, el ruido tiene coste.

En paralelo, Alemania sube la apuesta material. El Ministerio de Defensa de Boris Pistorius sostiene que el país debe estar listo para un conflicto ya en 2028. El presupuesto de 2026 asigna 108.200 millones de euros a defensa y 11.500 millones a ayuda militar a Ucrania, después de reformar el freno constitucional a la deuda. Berlín ya no disimula.

Equilibrio de Poder

El eje Washington-Moscú-Bruselas se mueve en dos direcciones opuestas. La administración Trump mantiene su doctrina transaccional: Europa paga, Europa se defiende, y Washington se reserva el Indo-Pacífico como prioridad estratégica. Moscú niega cualquier plan de ataque contra la OTAN, pero advierte de que la ayuda militar occidental a Kiev eleva el riesgo de escalada. Putin insiste en una tesis conocida: los políticos europeos inflan la amenaza rusa para distraer a sus votantes de los problemas internos. La afirmación es interesada, y en parte cierta.

Para España, el asunto tiene tres derivadas concretas. La primera, electoral: cualquier incidente cibernético en las semanas previas a los comicios será leído con la lupa de Stubb. La segunda, migratoria: Ceuta y Melilla siguen siendo el punto donde la presión demográfica marroquí y la supuesta injerencia rusa se cruzan. La tercera, presupuestaria: el compromiso de gasto en defensa con la OTAN, hoy en torno al 2% del PIB sigue tensionando el marco fiscal. Rota y Morón no están en discusión, pero su valor relativo depende de cuánto pese Europa en la estrategia americana.

El precedente más útil no es Ceuta. Es la ola de incidentes en los cables submarinos del Báltico registrada entre 2024 y 2025, cuando buques de la flota fantasma rusa fueron señalados por dañar infraestructuras críticas. Las atribuciones llegaron tarde, con evidencia parcial y sin represalias contundentes. La lección fue incómoda: en las zonas grises, la respuesta europea sigue siendo más lenta que la agresión.

Queda una pregunta abierta. Si la doctrina Rutte se consolida, cada incidente en Europa tendrá dos nombres: el del sospechoso y el del atribuidor. La próxima cita para medirlo es el Consejo Europeo de diciembre, donde se revisará el estado de las amenazas híbridas. Lo que ocurra con Ceuta, mientras tanto, dependerá de si Madrid logra convertir la sospecha en expediente o deja que sean otros quienes lo escriban por él.

Estonia ha empezado a desplegar sistemas de misiles tácticos capaces de alcanzar San Petersburgo, la segunda ciudad de Rusia, situada a 140 kilómetros de su frontera. La información, adelantada por el Financial Times, describe un rearme que Tallin vende como disuasión y que Moscú despacha como propaganda de salón.

Qué está comprando Tallin y por qué Moscú lo lee como una amenaza

El paquete incluye lanzacohetes estadounidenses HIMARS y surcoreanos K239 Chunmoo, ambos capacitados para disparar proyectiles de mayor alcance que los que manejaba hasta ahora el Ejército estonio. A eso se suman los drones kamikaze de propulsión a reacción del tipo Nyan, ensayados con instructores británicos durante el ejercicio Spring Storm, celebrado esta primavera en territorio estonio. Los tres sistemas comparten una característica incómoda para el Kremlin: desde posiciones estonias alcanzan objetivos en la región de Leningrado.

La cifra que da la medida real del movimiento es otra. Estonia mantiene un ejército permanente de apenas 4.200 efectivos, que planea reforzar con decenas de miles de reservistas si la tensión con Rusia escala. Con ese tamaño, un sistema de largo alcance deja de ser un arma de defensa territorial y se convierte en una herramienta de castigo contra objetivos en profundidad. Es la lógica del erizo llevada a su versión más incómoda: quien me ataque, paga. Y quien paga primero, puede que no llegue a atacar.

Por qué un ministro estonio bromea con atacar primero

El ministro de Defensa estonio, Martin Herem, describió hace unas semanas, en una conferencia pública, el dilema logístico de la movilización con una salida de tono que ha corrido por todas las cancillerías europeas. ‘He dicho en broma que si llegamos a la zona naranja y llevamos a cabo la movilización, pero Rusia no ataca, entonces sería económicamente más correcto atacarnos a nosotros mismos’, declaró. ‘Así al menos sabremos cuándo empieza, y no desperdiciaremos comida y aire en vano’.

La respuesta rusa llegó con el tono habitual del Kremlin cuando quiere desactivar una amenaza sin subir el volumen. Vladímir Putin zanjó el asunto con un dicho: ‘El circo se ha ido, pero los payasos se quedan’. Añadió que Moscú no tiene planes de atacar Estonia ni a ningún otro miembro de la OTAN. La portavoz de Exteriores, María Zajárova, fue más lejos y situó el reporte del Financial Times en las páginas de humor. Sin embargo, la misma cancillería que se ríe ya ha advertido por escrito de que un ataque contra territorio ruso, o un bloqueo del enclave de Kaliningrado, podría recibir respuesta con ‘todas las armas’ del arsenal.

En paralelo, el secretario general de la OTAN, Mark Rutte, sostuvo la semana pasada que los socios europeos deberían haber sido capaces de atacar Irán por su cuenta para eliminar lo que describió como amenaza nuclear de Teherán, y defendió que el rearme del continente debe permitir operaciones de ese calibre sin depender de Estados Unidos. La frase encaja mal con el relato de una alianza estrictamente defensiva, y Moscú la ha citado como prueba. Mientras, Estonia, Letonia y Lituania han pedido a Bruselas 500 millones de euros adicionales y de urgencia, según el diario finlandés Iltalehti, para acelerar compras ante el escenario de que Rusia ‘ponga a prueba a la OTAN’.

En el Báltico ya no se discute si hace falta disuasión, sino cuántos kilómetros de alcance hacen falta para que sea creíble.

Equilibrio de Poder

Lo que observamos es un cambio de fondo en la doctrina de los tres bálticos, no un ajuste táctico. Durante dos décadas, la defensa estonia, letona y lituana se construyó sobre la idea de resistir hasta la llegada del refuerzo aliado: fuerzas ligeras, terreno pantanoso, guerra de desgaste y una bandera de la OTAN como paraguas. Ahora Tallin compra sistemas que solo tienen sentido si el primer disparo se hace contra suelo ruso. La diferencia entre disuadir y castigar es la diferencia entre no ser atacado y ser el primero en apretar el gatillo.

El eje Washington-Moscú-Bruselas se mueve en direcciones contradictorias. Estados Unidos vende las plataformas, porque los HIMARS salen de fábricas estadounidenses, pero empuja a Europa a pagar la factura y a asumir el riesgo político. La administración de Trump ha convertido cada venta en una pieza de su lógica transaccional: menos tropas propias en el flanco este, más compras europeas, con el gasto militar del continente en máximos históricos según los registros de SIPRI. Moscú juega con dos barajas, califica de ridículo el rearme báltico y lo usa a la vez para justificar su propio despliegue en en la frontera. Y Bruselas, que carece de competencia en defensa, termina financiando munición con cargo al presupuesto comunitario, algo impensable hace cinco años.

Para España, la lectura es menos cómoda de lo que parece. Cada euro que Bruselas desvía hacia el Báltico compite con las necesidades del flanco sur: Sahel, Marruecos la vigilancia del Estrecho y la relación con Argel. Las bases de Rota y Morón siguen siendo el activo más valioso que Madrid aporta a la Alianza, pero su peso estratégico se mide en el Atlántico y el Mediterráneo, no en el golfo de Finlandia. España mantiene además abierto el debate sobre el 2% del PIB en defensa, con un presupuesto que ronda los 21.000 millones de euros anuales y una opinión pública poco entusiasmada con el rearme. Si la OTAN desplaza su centro de gravedad al este, el argumento español de que su frontera sur también es frontera aliada pierde fuerza en los despachos.

A cinco o diez años, el riesgo no es una invasión rusa del Báltico, sino un accidente. La historia ofrece un precedente incómodo: en 1962, la instalación de misiles soviéticos en Cuba estuvo a un paso de la guerra no porque Moscú planeara invadir Florida, sino porque Washington no podía aceptar una amenaza a 150 kilómetros de su costa. San Petersburgo, con más de cinco millones de habitantes, está hoy a 140 kilómetros de un país que compra misiles de precisión y que discute en público si conviene atacar primero. La disuasión funciona cuando ambas partes comparten la misma lectura del riesgo. Aquí no la comparten. Y el marcador que mejor mide la temperatura no es un discurso, sino el Military Balance del IISS, que cada febrero pone cifras al rearme báltico y al hueco europeo.

EN 30 SEGUNDOS

• ¿Qué ha pasado? El Cuerpo de Marines de EE. UU. desplegará por primera vez sus sistemas antibuque NMESIS y de defensa aérea MADIS en Yonaguni, la isla habitada más suroccidental de Japón, a 110 kilómetros de Taiwán, durante el ejercicio Keen Sword del 19 al 29 de octubre.
• ¿Quién está detrás? El Cuerpo de Marines de EE. UU. y las Fuerzas de Autodefensa de Japón, con 45.000 efectivos japoneses y unidades terrestres de nueve países, entre ellos Australia y Francia.
• ¿Qué impacto tiene? Consolida el giro de Washington y Tokio hacia una red distribuida de sistemas móviles que puede amenazar buques en aguas próximas a Taiwán y eleva el riesgo de incidente en la cadena de islas Nansei.

Los Marines de EE. UU. desplegarán sus misiles antibuque NMESIS y su defensa aérea MADIS en Yonaguni, a 110 kilómetros de Taiwán. Será la primera vez que ambos sistemas pisan la isla, y llegan en el marco de Keen Sword, la mayor maniobra conjunta bienal entre Washington y Tokio.

El ejercicio se celebrará del 19 al 29 de octubre con 45.000 efectivos de las Fuerzas de Autodefensa de Japón y unidades terrestres de nueve países, entre ellos Australia y Francia. No es una maniobra más: es el escaparate del nuevo modelo de disuasión que ambos países llevan dos años ensayando en el primer archipiélago de la cadena Nansei.

El gobierno local de la isla de Yonaguni hizo público el despliegue el viernes 2 de octubre, un día después de que la Oficina de Defensa de Okinawa transmitiera los planes el 1 de octubre. No es un anuncio menor. Cualquier movimiento de material pesado obliga a cortar carreteras civiles y a usar el puerto de Kubura, y las autoridades locales ya han pedido a los vecinos que eviten circular mientras se trasladan los equipos.

Qué son el NMESIS y el MADIS, y por qué Yonaguni no es una isla cualquiera

El NMESIS —Navy-Marine Expeditionary Ship Interdiction System— es un lanzador montado sobre un vehículo ligero que dispara misiles antibuque con un alcance de unas 115 millas, cerca de 185 kilómetros. Traducido al mapa: desde Yonaguni, cubre buena parte del mar que rodea Taiwán y amenaza a cualquier buque que navegue por esas aguas. Pertenece al 12º Regimiento Litoral de Marines, con base en Okinawa y encuadrado en la 3ª División de Marines, que recibió el sistema en junio de este año.

El MADIS, por su parte, es el sistema integrado de defensa aérea del Cuerpo de Marines. Protege a las unidades litorales frente a drones, helicópteros y aeronaves de ala fija a baja cota. La combinación de los dos —golpe antibuque y paraguas antiaéreo— es exactamente lo que los Marines quieren para operar desde islas dispersas sin depender de grandes bases permanentes.

Antes de Yonaguni, los mismos sistemas se desplegaron en las islas Batanes del norte de Filipinas y en la provincia occidental de Laoag durante los ejercicios Balikatan. La lógica se repite: dispersar, esconder y multiplicar los puntos de fuego para que el adversario no sepa dónde golpear primero.

El mensaje no está en la isla, sino en el mapa: desde Yonaguni, el mar que rodea Taiwán deja de ser un espacio libre de vigilancia.

De base avanzada a red distribuida: el cambio de doctrina de los Marines

El despliegue no es un gesto aislado. Responde al plan de rediseño de la fuerza del Cuerpo de Marines, una reorganización que abandona las plataformas blindadas pesadas para centrarse en unidades pequeñas y expedicionarias capaces de tomar y defender islas. Es un cambio de fondo, no una rotación táctica.

Keen Sword será también el escaparate del Ejército de Tierra japonés. Las Fuerzas de Autodefensa terrestres desplegarán sus tres sistemas antibuque: el nuevo Type-25 SSM, antes conocido como Type-12 mejorado, desplegado en las islas Nansei a finales de marzo y con un alcance de 1.000 kilómetros; el veterano Type-88; y el misil antiaéreo de medio alcance Type 03 Chu-SAM Kai. Tokio está probando en tiempo real lo que sus responsables de Defensa llaman capacidades de ataque a distancia.

A eso se suma el Ejército de EE. UU., que llevará lanzadores HIMARS —el sistema de cohetes de artillería de alta movilidad, capaz de disparar cohetes guiados y misiles de corto alcance— a Camp Ishigaki, a unos 128 kilómetros de Yonaguni. El lanzador de misiles Typhon llegará a Okinawa a mediados de mes, aunque no se ha aclarado si participará en las maniobras.

La ausencia más sonada será naval. El grupo de ataque del portaaviones USS George Washington, que en ediciones anteriores se sumó al ejercicio, fue enviado en agosto al mar Arábigo para relevar al USS Abraham Lincoln, que regresaba a casa tras un despliegue prolongado. El ejercicio indo-pacífico se queda sin portaaviones y confirma el giro hacia una red terrestre de sistemas móviles.

Equilibrio de Poder

La lectura china ha sido inmediata. Expertos militares del país han criticado el despliegue, mientras la Armada del Ejército Popular de Liberación y los buques de la Guardia Costera han intensificado su actividad alrededor de Taiwán. Pekín no necesita responder con una declaración: le basta con navegar un poco más cerca. Las incursiones de la Guardia Costera china en la zona económica exclusiva japonesa entre Yonaguni y Taiwán ya se documentaron en junio de este año.

Para Washington y Tokio, la operación sigue el mismo patrón que llevó a instalar en 2016 el radar y el sistema de vigilancia del Ejército japonés en Yonaguni, con el objetivo declarado de cerrar un vacío de vigilancia en el corredor marítimo que va de la isla a Taiwán. El precedente tiene nombre. En 2022, un misil balístico chino cayó a 80 kilómetros de Yonaguni en pleno pico de tensión por el estrecho. Aquel episodio sirvió para justificar la militarización progresiva de la cadena Nansei.

Para España, el impacto es indirecto pero real. Cada vez que el Pentágono reorienta un grupo de ataque hacia el Indo-Pacífico, el flanco sur de la OTAN queda más expuesto. La presencia naval estadounidense en el Mediterráneo y en el Atlántico oriental se sostiene con menos medios, y eso afecta a la cobertura de Rota y Morón, al patrullaje del estrecho de Gibraltar y al dispositivo de disuasión frente al Sahel. La lógica transaccional de Trump —prioridad indo-pacífica, desdén por el reparto de cargas europeo— no ayuda a corregirlo.

La lectura a corto plazo es de riesgo de incidente. Las maniobras se celebran en islas con carreteras civiles, puertos compartidos y una población que ya ha mostrado su rechazo. En 2024, un V-22 Osprey de las Fuerzas de Autodefensa protagonizó un incidente en el mismo ejercicio, lo que llevó al Ministerio de Defensa de Japón a ordenar la inmovilización temporal de su flota de 17 aparatos.

El alcalde de Yonaguni, Tsuneo Uechi, confirmó el 2 de octubre al diario Mainichi que los Osprey no participarán este año. Su mensaje era claro: la isla entiende la necesidad del entrenamiento militar, pero no está preparada para maniobras que superen su capacidad. El gobierno local mantiene su oposición y sigue negociando con con el Ministerio de Defensa.

Keen Sword se concibió en origen como un ejercicio mucho mayor, según funcionarios locales, y fue la oposición ciudadana la que obligó a recortarlo hasta el formato actual. Es la paradoja habitual de la disuasión distribuida: los sistemas móviles necesitan islas pequeñas, y las islas pequeñas son las que más ruido hacen.

La próxima ventana crítica llega en dos semanas. Entre el 19 y el 29 de octubre, el corredor entre Yonaguni y Taiwán concentrará lanzadores antibuque estadounidenses y japoneses, HIMARS en Ishigaki y, muy probablemente, un incremento de la vigilancia china. Cualquier incidente en ese intervalo —una colisión, un derribo, un misil desviado— tendría efecto inmediato sobre toda la cadena de islas.

La pregunta que queda abierta no es si Estados Unidos puede dispersar sus misiles por el primer archipiélago. Puede. La cuestión es si esas islas, con sus puertos, sus carreteras y sus alcaldes, van a aceptar ser el primer eslabón de la disuasión durante la próxima década. De momento, la respuesta de Yonaguni es que no les han preguntado lo suficiente.