El PNV afronta las elecciones generales del 29N con el autogobierno y su voto clave en la Diputación Permanente

El PNV encara las elecciones generales del 29N con el autogobierno como eje y su voto decisivo en la Diputación Permanente.

La convocatoria para el 29 de noviembre no ha sorprendido a la dirección nacionalista. El partido había fijado la previsible falta de apoyo a los presupuestos de 2027 como punto de no retorno y llevaba tiempo aludiendo a la posibilidad de un adelanto electoral. ‘Llevábamos bastantes meses diciendo que la legislatura no podía seguir sin un mínimo común que pudiera sacar adelante propuestas concretas’, señala el comunicado difundido por la formación.

Qué ha dicho el PNV tras la convocatoria electoral

El presidente del Euzkadi Buru Batzar, Aitor Esteban, ha subrayado que la cita con las urnas ‘no nos viene de sorpresa’ y que el partido está ‘absolutamente’ preparado. Será su primera campaña como presidente de la formación y no como referencia electoral, después de haber concurrido como candidato en cinco ocasiones. La portavocía parlamentaria ha recaído en los últimos meses en Maribel Vaquero, sin que se haya aclarado si encabezará la lista.

Es también la primera campaña sin Andoni Ortuzar y sin el que fuera responsable de Organización, Joseba Aurrekoetxea, encargado durante años de cada movimiento estratégico del partido. En el Alderdi Eguna de finales de septiembre, Esteban situó la defensa del autogobierno vasco como eje frente a ‘los ataques que puedan venir de Madrid’ y anunció que a mediados de octubre arrancará el proceso interno para elegir candidaturas, que prevé cerrar a mediados de noviembre.

El voto clave en la Diputación Permanente

En la legislatura que ahora se cierra, el PNV dio su apoyo al primero de los dos decretos de vivienda y votó en contra del segundo, junto al PP, Vox, Junts y Coalición Canaria. El segundo de los textos no logró la convalidación del Congreso, de modo que su contenido quedó sin desplegarse.

Si el Ejecutivo intentara revalidar las medidas en la Diputación Permanente de unas Cortes ya disueltas, los nacionalistas volverían a resultar determinantes en la aritmética. No hay posición oficial del partido sobre esa hipótesis. Las voces parlamentarias consultadas la describen como anómala y totalmente excepcional, porque se trata de un órgano concebido para el control de la actividad del Gobierno y no para legislar con normalidad.

El segundo decreto de vivienda decayó con el ‘no’ del PNV, PP, Vox, Junts y Coalición Canaria; la Diputación Permanente de unas Cortes disueltas podría volver a examinarlo.

La estrategia navarra y el precedente de las últimas generales

En Navarra, el PNV no concurre con sus propias siglas: lo hace a través de la coalición Geroa Bai, con la que en las últimas generales fue séptima fuerza de la comunidad foral, con María Solana como cabeza de cartel. La fórmula permite al partido cumplir los requisitos para formar grupo propio en el Congreso, que exigen un mínimo de 15 escaños o, en su defecto, el 15% de los votos en cada circunscripción.

La convocatoria despeja además una coincidencia que la formación quería evitar: la de las generales con las elecciones forales y municipales, unos comicios en los que el debate se desplaza a Madrid y gana peso la movilización de los partidos con opciones de gobernar en España. ‘El futuro del Gobierno español no se decide en Euskadi’, subraya el partido, que reclama centrar la campaña en los intereses vascos y en el rechazo a la dinámica de bloques.

El PNV ha canalizado su interlocución con el Gobierno central en los últimos años a través de la negociación presupuestaria y del sentido de voto en decretos y leyes, una posición que convierte cada cita con las urnas en una pieza relevante para la aritmética del Congreso y para la agenda legislativa del próximo Ejecutivo.

Ya está en marcha el calendario interno: el partido prevé iniciar a mediados de octubre la selección de candidaturas y cerrar los nombres a mediados de noviembre, según el anuncio realizado por Esteban en el Alderdi Eguna. La cita con las urnas, el 29 de noviembre, definirá el peso del PNV en la próxima Cámara y su capacidad de influencia sobre las medidas de vivienda que quedaron pendientes.

El efecto Bolsonaro hunde el riesgo país de Argentina a 633 puntos y dispara sus activos

El efecto Bolsonaro hunde el riesgo país de Argentina a 633 puntos y dispara los bonos y acciones argentinos.

Y en esa fiesta hay dos invitados que a España le importan mucho: Santander y BBVA, propietarios de dos de los mayores bancos que operan en el país. El indicador que elabora JP Morgan cayó este lunes hasta esa cota, y la reacción de los activos argentinos devuelve el optimismo a la plaza porteña.

Qué ha pasado: el contagio de Brasil que llega a Buenos Aires

Vamos por partes. Tras la primera vuelta presidencial brasileña, el resultado rompió los pronósticos: Flavio Bolsonaro, hijo del expresidente Jair Bolsonaro, se colocó por delante de Lula da Silva. Los inversores brasileños lo celebraron de inmediato y esa euforia cruzó la frontera hasta la plaza porteña.

Argentina no vota en Brasil, pero sufre y celebra cada movimiento de su vecino. El riesgo país —el sobrecoste que exige un inversor para prestar dinero a un Estado— funciona como termómetro de la confianza. Según el indicador de JP Morgan, cayó hasta los 633 puntos, aunque en julio había rozado las 400 unidades y la tensión financiera global lo había empujado al alza en las últimas semanas.

Qué se juega España: Santander, BBVA y el negocio argentino

Los números del lunes lo dicen todo. Mercado Libre avanza un 6,5% y le sigue BBVA Argentina, con un 6,2%. Después aparecen Banco Macro, con un 5,7%, y Central Puerto, con un 5,4%. La subida de las acciones argentinas es la señal más clara de que el mercado vuelve a respirar.

Para España no es una anécdota lejana. BBVA y Santander son los dos grandes bancos españoles con presencia directa en el país, y el riesgo país marca cuánto les cuesta financiarse allí. Cuando el indicador baja, sus filiales valen más y su negocio se revaloriza; cuando sube, cada punto se nota en las cuentas del grupo y en el bolsillo del accionista español.

Para Santander y BBVA, cada punto que baja el riesgo país argentino es dinero que dejan de pagar por financiarse en Buenos Aires.

El ministro de Economía argentino, Luis Caputo, atribuyó parte de esa volatilidad a un clima electoral anticipado, en unas declaraciones a Clarín desde París. En el Ejecutivo argentino leen cada dato de los mercados como una suerte de plebiscito económico.

Con la segunda vuelta brasileña aún en el horizonte —prevista para finales de octubre—, el mercado argentino mira a Brasilia tanto como a su propia economía. España es uno de los países europeos con más inversión acumulada en el Cono Sur: lo que pasa al otro lado del Atlántico se sigue con lupa desde Madrid. ¿Por qué le importa esto a un ahorrador español? Porque una parte del valor de dos de los mayores bancos del IBEX se decide, cada mañana, en la Bolsa de Buenos Aires.

Lo que el precedente de 2001 enseña sobre el riesgo argentino

La historia es una advertencia que España aprendió por las malas. En 2001, el corralito —la congelación de los depósitos— y el mayor impago soberano registrado hasta entonces golpearon con fuerza a las filiales de Santander y BBVA, que asumieron pérdidas millonarias.

Aquel episodio dejó una lección: la exposición argentina de la banca española es una apuesta de largo plazo que sube y baja al ritmo del riesgo país.

La diferencia con 2001 está en el punto de partida. Argentina vuelve a estar bajo la lupa de los mercados, pero el contexto exterior es hoy más benigno que el de hace un cuarto de siglo. La caída se parece más a una tregua que a una solución: el indicador sigue muy por encima de los 400 puntos que rozó en julio.

La clave para España llegará en las próximas semanas. La segunda vuelta brasileña y la evolución del riesgo país marcarán cuánto valen, sobre el papel, las filiales de Santander y BBVA en Argentina. Conviene seguir el indicador de JP Morgan como una señal temprana: cuando se mueve, la banca española lo siente.

📌 Ficha del Caso

  • Ficha sobre el caso: La primera vuelta presidencial en Brasil deja a Flavio Bolsonaro por delante de Lula y contagia de optimismo a los mercados argentinos, que celebran la caída del riesgo país.
  • Datos importantes: El indicador de JP Morgan cae a 633 puntos tras haber rozado los 400 en julio. Las acciones argentinas suben hasta un 6,5% y BBVA Argentina, un 6,2%.
  • Resumen: La mejora alivia a Santander y BBVA, los dos grandes bancos españoles con presencia en Argentina, pero el riesgo país sigue muy por encima de los niveles de julio.

Las Cortes de Aragón aprueban impulsar la tauromaquia popular aragonesa como Bien de Interés Cultural Inmaterial

EN 30 SEGUNDOS

  • ¿Qué ha pasado? La Comisión Institucional y de Desarrollo Estatutario de las Cortes de Aragón aprueba una proposición no de ley del PP para impulsar la declaración de la tauromaquia popular aragonesa como Bien de Interés Cultural Inmaterial.
  • ¿Quién está detrás? El grupo popular, que defendió el texto con su portavoz adjunta, Elena Allué. El Gobierno de Aragón lo preside Jorge Azcón (PP).
  • ¿Qué impacto tiene? Abre la vía a un decreto de protección sobre unos festejos que suman más de 2.900 sesiones al año y sobre la actividad económica asociada en el medio rural.

Las Cortes de Aragón han aprobado este lunes impulsar la declaración de la tauromaquia popular aragonesa como Bien de Interés Cultural Inmaterial.

2.900 festejos populares frente a 75 corridas: el mapa que dibuja Aragón

El acuerdo no tiene rango de ley. Se trata de una proposición no de ley —una iniciativa parlamentaria que compromete políticamente al Ejecutivo autonómico sin modificar el ordenamiento jurídico— aprobada en la Comisión Institucional y de Desarrollo Estatutario de las Cortes de Aragón, el parlamento unicameral de la comunidad, con 67 escaños. El texto insta al Gobierno de Aragón a impulsar la declaración de la tauromaquia popular como Bien de Interés Cultural Inmaterial y a levantar un inventario de sus manifestaciones tradicionales.

Los números que maneja el grupo popular sitúan el fenómeno lejos de lo anecdótico. En Aragón se contabilizan más de 2.900 sesiones de festejos taurinos populares al año frente a 75 espectáculos de toreo clásico. La proporción habla sola: por cada corrida en un ruedo, decenas de encierros, sueltas y capeas repartidos por el territorio. El inventario abarcaría desde encierros urbanos y camperos hasta sueltas de reses, capeas, toros ensogados, toro embolado, concursos y exhibiciones que se celebran en las tres provincias.

El roscadero es la modalidad que solo se practica en Aragón. Así lo subrayó la portavoz adjunta del PP, Elena Allué, que situó esta suelta entre las manifestaciones más reconocibles del repertorio popular, con más de treinta cuadrillas activas esta temporada. La diputada defendió la iniciativa como “un reconocimiento a la cultura tradicional aragonesa” y avisó: “Cuando desaparece una vaquilla, un encierro o un roscadero tradicional no desaparece únicamente un acto del programa de fiestas. Desaparece una parte de nuestra historia”.

El PP sostiene que estos festejos no son solo celebración. Ganaderías, transportistas, veterinarios, personal sanitario, aseguradoras, organizadores, montadores, hostelería, alojamientos y comercios forman parte de la cadena económica que sostiene cada festejo. En buena parte del medio rural aragonés, es el acontecimiento que llena bares y casas rurales durante un fin de semana.

En Aragón se celebran casi cuarenta festejos populares por cada corrida clásica: la fiesta que llena las plazas de los pueblos no es la de los ruedos.

Del acuerdo político al decreto: lo que falta para que sea realidad

La declaración no es automática. El Bien de Interés Cultural Inmaterial protege manifestaciones culturales vivas y, a diferencia de un monumento, no se conserva con obras sino con transmisión. En Aragón exige un decreto del departamento autonómico competente en Cultura y su publicación en el BOA. Hasta entonces, el acuerdo de las Cortes es una hoja de ruta, no un blindaje jurídico.

El marco estatal tampoco simplifica el camino. La Ley 18/2013 declaró la tauromaquia patrimonio cultural de España, pero en 2024 el Ministerio de Cultura suprimió el Premio Nacional de Tauromaquia. Ese doble mensaje es el telón de fondo.

Lo que no ha trascendido es el sentido de voto del resto de grupos: las fuentes consultadas no detallan cómo se posicionaron las demás formaciones ni si el respaldo fue unánime. Y no hay calendario oficial para el inventario: ni plazo, ni equipo técnico, ni partida presupuestaria comprometida.

El Pulso Territorial

El Ejecutivo que recibirá la pelota es el de Jorge Azcón, presidente del Gobierno de Aragón desde 2023. El PP gobierna en minoría y necesita apoyos externos para sacar adelante sus iniciativas, una aritmética que convierte cada texto parlamentario en pieza de negociación. La tauromaquia no es un asunto de perfil bajo: divide a la opinión pública sobre un territorio de 731 municipios, buena parte de ellos por debajo de los 500 habitantes.

La comparación interna retrata la escala del fenómeno. Frente a las 75 corridas clásicas, la comunidad registra más de 2.900 sesiones populares al año, una ratio que multiplica por casi cuarenta los espectáculos de ruedo y que convierte a Teruel, la menos poblada de las tres provincias, en en el escenario donde la continuidad está más en juego. La despoblación no entiende de declaraciones.

Y viene calendario. Las Cortes deberán aprobar los presupuestos de 2027 en el último tramo útil de la legislatura, con las elecciones autonómicas de mayo de 2027 en el horizonte. No hay pronunciamiento del Ejecutivo autonómico sobre los plazos del expediente. Una declaración de este tipo no garantiza que ningún festejo concreto sobreviva: protege su valor simbólico y obliga a documentar lo que existe. Nada más. Y en los pueblos pequeños, a veces, nada menos.

Ficha Autonómica

  • El caso: La Comisión Institucional de las Cortes de Aragón aprueba una proposición no de ley del PP para impulsar la declaración de la tauromaquia popular aragonesa como Bien de Interés Cultural Inmaterial.
  • Datos importantes: Más de 2.900 sesiones de festejos populares al año frente a 75 espectáculos de toreo clásico; más de treinta cuadrillas de roscadero activas, la única modalidad exclusiva de Aragón; 67 escaños en las Cortes.
  • Resumen: El acuerdo no tiene rango de ley. Depende de que el Gobierno de Aragón abra el expediente y publique el decreto de declaración en el BOA. No hay plazos comprometidos.

Huelga de educación concertada en Galicia: paro total y manifestación este martes ante la Xunta

El profesorado de la educación concertada gallega secunda este martes una huelga total y marchará ante la Consellería de Educación. La jornada, convocada por CC.OO., FSIE, UGT, FeUSO, SNEP y CIG, incluye una manifestación que partirá a las 11:30 horas de la Alameda de Santiago de Compostela.

EN 30 SEGUNDOS

  • ¿Qué ha pasado? Seis sindicatos convocan una huelga total este martes y una manifestación ante la Consellería de Educación en Santiago de Compostela.
  • ¿Quién está detrás? CC.OO., FSIE, UGT, FeUSO, SNEP y CIG frente a la Consellería de Educación de la Xunta de Galicia.
  • ¿Qué impacto tiene? Afecta a unos 7.000 profesionales y al 30% del alumnado no universitario gallego.

Huelga total en la concertada gallega: seis sindicatos y una manifestación ante la Consellería

Los convocantes justifican el paro en la «nula voluntad» de la Xunta de Galicia (el gobierno autonómico gallego, con sede en Santiago de Compostela) para fijar un calendario de negociaciones. Reclaman la convocatoria «inmediata y urgente» de la Mesa Tripartita de la enseñanza concertada, el foro donde se sientan sindicatos, patronal y Administración.

La nueva convocatoria llega después de la huelga parcial del 9 de septiembre, coincidiendo con el primer día de la vuelta a las aulas, cuyo seguimiento los sindicatos cifraron por encima del 60%. La secretaria federal de FSIE Galicia, Yolanda Benito, reprochó entonces la «falta de respuesta» de la Consellería. «No podemos más y las movilizaciones deben continuar», señaló.

Sobre la mesa hay una lista larga de asuntos pendientes: el desbloqueo de los acuerdos de homologación salarial y desarrollo profesional, el abono de los complementos de coordinación, tutorías, dinamización lingüística y cargo, y la paga extraordinaria de antigüedad. A eso se suma la reducción de la carga lectiva, la mejora de los acuerdos de jubilación parcial con contrato de relevo para todo el personal y la financiación de un complemento autonómico para el Personal de Administración y Servicios (PAS).

La portavoz de CC.OO., Tania Alonso, ha denunciado el «modus operandi» de la Xunta y ha acusado al Ejecutivo autonómico de privatizar servicios que deberían ser públicos. «Trabajadores low cost somos en la concertada», ha afirmado.

La concertada concentra un tercio de la enseñanza no universitaria gallega, y su profesorado lleva meses reclamando una mesa de negociación que la Xunta aún no ha convocado.

Los números ayudan a calibrar el pulso. El personal de la enseñanza concertada representa un tercio de la educación no universitaria en Galicia, con alrededor de 7.000 profesionales que atienden al 30% del alumnado. El calendario aprieta: los sindicatos ya han anunciado nuevas jornadas de huelga total para noviembre y diciembre.

Servicios mínimos del 20% y acusaciones de «abusivos»

Xunta de Galicia

La Consellería de Educación, Ciencia, Universidades y FP (el departamento educativo del gobierno gallego) publicó este lunes en el DOG (el Diario Oficial de Galicia) la orden de servicios mínimos. La norma fija la presencia obligatoria de la dirección y de un subalterno por centro, así como la cobertura del 20% del personal docente y del 20% del personal complementario. Los centros deberán permanecer abiertos en su horario habitual.

La Xunta justifica ese porcentaje en la necesidad de mantener la protección del alumnado y de atender a los estudiantes con necesidades específicas en los centros de educación especial. Los sindicatos convocantes han calificado los mínimos de «abusivos».

Desde Vigo, los convocantes prevén desplazar nueve autobuses hacia la capital gallega para reforzar la manifestación. La protesta terminará ante la sede de la Consellería de Educación, el mismo escenario donde los sindicatos quieren sentar a la Xunta a negociar.

El Laboratorio Gallego

Galicia es uno de los territorios donde la educación concertada tiene más peso dentro del sistema educativo. Un tercio de las etapas no universitarias pasa por aulas concertadas. Eso convierte cualquier conflicto laboral del sector en un asunto de primer orden político para el PPdeG (el Partido Popular de Galicia, la formación gobernante con mayorías absolutas consecutivas desde 2009), que administra la Xunta con Alfonso Rueda al frente. El BNG (o Bloque Nacionalista Galego, actualmente primera fuerza de la oposición) ha respaldado históricamente estas reivindicaciones y reclama más inversión pública; el PSdeG (la federación gallega del PSOE) mantiene un discurso crítico con la «privatización» del servicio.

La lectura nacional es directa. La concertada ha sido una seña de identidad del modelo educativo del PP, y Alberto Núñez Feijóo la defendió durante sus trece años al frente de la Xunta, entre 2009 y 2022. Un conflicto enquistado en Galicia llega justo cuando el líder nacional del PP proyecta su gestión autonómica hacia España. La incógnita es cuánto puede sostener la Consellería su estrategia de no convocar la Mesa Tripartita. Con dos jornadas de huelga ya anunciadas para noviembre y diciembre, el pulso entre Rueda y los sindicatos tiene cuerda para rato.

Ficha del Caso

  • El caso: Los sindicatos de la educación concertada gallega convocan una huelga total para este martes y una manifestación ante la Consellería de Educación en Santiago de Compostela.
  • Datos importantes: Seis sindicatos convocantes; servicios mínimos del 20% del profesorado; 7.000 profesionales y el 30% del alumnado no universitario afectados; nuevas huelgas previstas para noviembre y diciembre.
  • Resumen: El pulso entre la Xunta y los sindicatos de la concertada mide el desgaste del modelo educativo del PPdeG, referencia del PP nacional.

Declaraciones ante la jueza de la DANA: los alcaldes de La Torre y Sedaví aseguran que el Cecopi no avisó

Los alcaldes de La Torre y Sedaví han declarado ante la jueza de la DANA que nadie les avisó el 29-O. El agua les llegaba a la cintura y no hubo llamada, ni mensaje, ni convocatoria.

EN 30 SEGUNDOS

  • ¿Qué ha pasado? Rafael Arnal, alcalde pedáneo de La Torre, y Josep Francesc Cabanes, alcalde de Sedaví, han comparecido ante la jueza que instruye la DANA y sostienen que no recibieron aviso el 29 de octubre de 2024.
  • ¿Quién está detrás? El Ayuntamiento de València, el Cecopal municipal y la Generalitat aparecen en la cadena de avisos que examina la instrucción.
  • ¿Qué impacto tiene? Refuerza la vía judicial de la DANA y añade presión sobre cómo se organizó la respuesta institucional aquel día, con el segundo aniversario de la riada a tres semanas vista.

Las declaraciones ante la jueza de la DANA se han prestado en el juzgado de Catarroja, que instruye la causa sobre la gestión de la riada, la misma pieza judicial que examina desde hace meses quién sabía qué y en qué momento lo sabía. Los testimonios municipales pesan porque tocan el primer eslabón de la cadena de avisos: el que está en contacto directo con los vecinos.

Lo que Arnal y Cabanes han contado a la jueza: sin aviso, sin datos y sin teléfono

Rafael Arnal, alcalde pedáneo de La Torre —la figura que representa a los núcleos adscritos a un municipio—, ha sostenido que no tenían datos de la emergencia porque «nadie les avisó». Según las fuentes presentes en su testifical, no fue informado del Cecopal, el Centro de Coordinación Operativa Municipal que se activó en el Ayuntamiento de València, ni del cierre de jardines y universidades. Su alerta roja le llegó por WhatsApp, a un grupo en el que están los alcaldes pedáneos, la alcaldesa, y algún concejal más.

En La Torre publicaron el bando municipal con el aviso rojo y sin ninguna otra recomendación «porque no tenían datos». Era un día soleado, ha añadido, y «la gente se lo tomó un poco a broma». Antes de quedarse sin luz y sin comunicaciones, Arnal pudo hablar con la alcaldesa de València, María José Catalá, para decirle que el agua les llegaba «a la cintura». Después ya no pudo contactar con nadie, tampoco con la Policía Local.

El agua, ha declarado, llegó «como una ola, de golpe». Los bomberos que alcanzaron el núcleo en lancha lo hicieron porque «alguien les avisaría cuando ya estaban inundados», aunque no sabe quién los movilizó. Se enteró al día siguiente. El alcalde de Sedaví, Josep Francesc Cabanes, ha sostenido la misma línea en su comparecencia: tampoco recibió el aviso y el agua les llegaba a la cintura, según la información de À Punt.

A preguntas de los letrados, Arnal comparó su experiencia con el último Es-Alert, el enviado el pasado 1 de octubre tras la alerta roja por lluvias declarada por AEMET, que sí incluía recomendaciones. En octubre de 2024, en cambio, no hubo reuniones previas ni instrucciones. Ahora el aviso llega con pautas; entonces llegó sin datos.

Dos alcaldes, dos municipios y una misma frase ante la jueza: nadie les avisó de que el agua ya estaba entrando en sus calles.

La cadena de avisos que la instrucción de Catarroja pone bajo la lupa

La instrucción separa dos mecanismos que la riada mezcló: el Cecopal, de ámbito municipal y responsabilidad del Ayuntamiento de València, y el Cecopi, el centro de coordinación autonómico que activa la Generalitat. Arnal sitúa su queja en el primero, porque sostiene que nadie le comunicó su convocatoria. La propia alcaldesa de València declaró ante la jueza de Catarroja, según recoge la hemeroteca del caso, que «la verdad es que nadie me informa de que se está elaborando el Es-Alert».

Estas testificales se suman a las ya prestadas por responsables municipales y a los informes incorporados a la causa. En conjunto, refuerzan la vía judicial de la DANA y alimentan las preguntas de la comisión de investigación de las Corts Valencianes. La instrucción sigue abierta.

alcalde pedáneo La Torre

El Escenario Valenciano

En clave autonómica, el Consell (el gobierno de la Generalitat Valenciana) que preside Juanfran Pérez Llorca mantiene intacto el pacto con Vox desde su toma de posesión, el 2 de diciembre de 2025, y la reconstrucción sigue siendo el gran frente abierto de la legislatura.

El expresident Carlos Mazón, que dimitió el 3 de noviembre de 2025 por su gestión de la catástrofe, conserva su acta de diputado en las Corts Valencianes (el parlamento autonómico, con 99 escaños) y continúa siendo una figura central del procedimiento.

La oposición de PSPV y Compromís ha hecho de la cadena de avisos el eje de sus iniciativas, y reclama que quede claro quién dio cada orden aquel día.

No solo hay una dimensión autonómica. El Gobierno de Pedro Sánchez y el Consell han mantenido un pulso público sobre la financiación de la reconstrucción, con el Consorcio de Compensación de Seguros y los fondos europeos como piezas centrales. El precedente que más se cita en la Comunitat sigue siendo la pantanada de Tous, en 1982, cuando también se discutió durante años quién debió avisar a la población.

El calendario aprieta: el próximo 29 de octubre se cumplen dos años de la DANA, la instrucción de Catarroja seguirá citando testigos y el Consell afronta el curso político con la reconstrucción como principal frente abierto.

Ficha del Caso

  • El caso: Declaraciones de Rafael Arnal, alcalde pedáneo de La Torre, y Josep Francesc Cabanes, alcalde de Sedaví, ante la jueza que instruye en Catarroja la gestión de la DANA del 29 de octubre de 2024.
  • Datos importantes: Arnal asegura que no fue informado del Cecopal municipal ni del cierre de jardines y universidades, y que su alerta roja llegó por WhatsApp. Ambos relatan que el agua les llegaba a la cintura.
  • Resumen: Los testimonios municipales refuerzan la vía judicial y ponen el foco en la cadena de avisos, con el segundo aniversario de la riada el próximo 29 de octubre.

El alcalde de Vigo, Caballero, augura un castigo electoral a Feijóo por tumbar los decretos de vivienda

Abel Caballero avisa de que el rechazo del PP a los decretos de vivienda pasará factura a Feijóo el 29N.

Un aviso lanzado en la inauguración del Congreso Conxemar-FAO

Lo ha dicho sin rodeos tras la inauguración del Congreso Conxemar-FAO, la mayor cita mundial del sector pesquero congelado, que cada octubre convierte a Vigo en capital del negocio marítimo. El alcalde calificó de “importancia capital” lo ocurrido en los últimos días, después de que no salieran adelante los dos decretos vinculados a la vivienda. A su juicio, aquellas medidas facilitaban el alquiler a precio razonable y respondían a las dificultades de cientos de miles de personas. Y puso el foco en el líder del PP, Alberto Núñez Feijóo: el PSOE afronta el 29N “para ganarlas”, dijo, en declaraciones recogidas este lunes por Atlántico Diario.

La parte más incómoda para los populares llegó cuando Caballero tiró de memoria autonómica. “En Galicia, de la política de vivienda de Feijóo sabemos mucho”, afirmó, antes de recordar que durante los años en que Feijóo presidió a Xunta de Galicia (el gobierno autonómico con sede en Santiago de Compostela) no se levantó “ni una sola vivienda de alquiler a precio tasado” en la ciudad. El argumento no es nuevo en su boca. Gobierna Vigo con mayoría absoluta desde 2007 y ha convertido la política estatal de vivienda en su principal herramienta de confrontación con Madrid.

Caballero también llevó el debate al terreno económico. Defendió que España atraviesa una coyuntura favorable, con niveles máximos de empleo, recuperación de salarios a través del SMI y medidas de política social. Frente a ese cuadro, acusó al PP de haber trabajado “durante años y meses” para adelantar las elecciones y para impedir que se resolvieran los problemas que afectan a los ciudadanos. Y reclamó que la campaña incorpore las políticas sociales, el mantenimiento del empleo, y el reparto del valor añadido. La batalla no se libra solo en la vivienda.

El regidor olívico volvió a reivindicar la gestión de Pedro Sánchez, al que definió como “el mejor presidente del Gobierno” para la ciudad. “Nunca nos negó nada de lo que le planteamos”, aseguró. Conviene recordar el peso de esa frase: Vigo supera los 290.000 habitantes según el IGE, es el mayor puerto pesquero de Europa y alberga una planta de automoción con miles de empleos directos. En una Galicia gobernada sin interrupción por el PPdeG, Vigo funciona como contrapoder socialista.

Caballero convierte la vivienda en el gran juicio electoral al PP y usa su gestión en Vigo como aval de la respuesta socialista.

Que el mensaje se lanzara en un acto con compradores internacionales y medios acreditados no es un detalle menor. El alcalde habla como regidor de la ciudad más poblada de Galicia y como una de las voces socialistas con más proyección del país. Y lo hace en plena precampaña, con la vivienda instalada entre las principales preocupaciones de los votantes urbanos, en Galicia y en el conjunto de España.

La vivienda se instala como eje de la campaña del 29N

Abel Caballero

Caballero vincula la convocatoria del 29 de noviembre al rechazo de Feijóo a los dos decretos. Es su interpretación, y la sostiene sin matices: el PP, dice, trabajó durante meses para llegar a las urnas. El PSOE, insiste, sale “a ganarlas” y a explicar sus propuestas ante los ciudadanos.

Para medirlo en clave gallega conviene mirar al mapa institucional. En el Parlamento de Galicia, la cámara legislativa unicameral de 75 deputados, el PPdeG gobierna con mayoría absoluta, el BNG (o Bloque Nacionalista Galego, el partido independentista gallego) es la primera fuerza de la oposición con 25 escaños y el PSdeG (la federación gallega del PSOE) quedó en 9. Ese reparto explica por qué el socialismo gallego encuentra en los ayuntamientos su altavoz principal. Vigo y A Coruña son las dos grandes ciudades con alcaldía socialista, y la olívica encadena mayorías absolutas desde 2007.

El Laboratorio Gallego

Galicia lleva desde 2009 gobernada por mayorías absolutas del PPdeG, y eso la ha convertido en algo más que una comunidad autónoma: es el banco de pruebas donde el partido ensaya políticas antes de trasladarlas al conjunto de España. La vivienda es el ejemplo más reciente. Caballero ha usado el historial de Alberto Núñez Feijóo al frente de la Xunta, entre 2009 y 2022, como munición contra el PP nacional, y le ha emplazado a explicar en campaña por qué, según su interpretación, no quiere que se resuelva el problema del alquiler. El PPdeG ha construido su discurso autonómico sobre la movilización de suelo público y la colaboración con el sector privado, un enfoque que Feijóo ha reivindicado después en clave nacional.

La lectura es doble. En Galicia, el PPdeG mantiene la Xunta con Alfonso Rueda al frente, el BNG de Ana Pontón presiona desde la oposición y el PSdeG intenta reconstruirse tras el resultado de 2024. En Madrid, el 29N medirá si el desgaste por el rechazo de los decretos llega a las urnas, tal y como pronostica el alcalde. Queda una incógnita: si el PP consigue desplazar el foco hacia otros asuntos antes del cierre de campaña. Lo que ocurra en Vigo se mirará con lupa, porque allí el socialismo gallego juega su principal baza territorial y porque la política de vivienda de la Xunta seguirá siendo el espejo en el que Feijóo se vea reflejado.

Ficha del Caso

  • El caso: El alcalde de Vigo, Abel Caballero, señala a Alberto Núñez Feijóo por el rechazo del PP a los dos decretos de vivienda y anticipa un castigo electoral el 29N.
  • Datos importantes: Los dos decretos no salieron adelante; Vigo supera los 290.000 habitantes según el IGE; el PPdeG gobierna Galicia con mayoría absoluta desde 2009 y el BNG es la primera fuerza de la oposición.
  • Resumen: La vivienda se consolida como eje de la campaña y el historial de Feijóo en la Xunta entra en el debate nacional, con Vigo como contrapoder socialista.

La jueza de la DANA incorpora a la causa la declaración de Pradas en el Congreso

La jueza de Catarroja incorpora al sumario la última comparecencia de Salomé Pradas en la comisión de investigación del Congreso.

EN 30 SEGUNDOS

  • ¿Qué ha pasado? La magistrada Nuria Ruiz Tobarra, del juzgado que instruye la causa de la DANA, ha ordenado incorporar al sumario la transcripción de la comparecencia de la exconsellera Salomé Pradas en el Congreso el 28 de septiembre y dar traslado a las partes y a la Fiscalía.
  • ¿Quién está detrás? El juzgado de Catarroja, la comisión de investigación del Congreso, la exconsellera de Justicia e Interior y varios ayuntamientos y unidades de bomberos que han declarado como testigos.
  • ¿Qué impacto tiene? Refuerza el cruce entre la investigación parlamentaria y la judicial, y abre nuevas diligencias sobre avisos municipales y escalas de cauces.

Qué ha ordenado la jueza y por qué esa transcripción pesa tanto

La providencia, comunicada este lunes, pide recabar a través de la página del Congreso la transcripción de la comparecencia y unirla al procedimiento. Después ordena dar traslado a las partes personadas y al Ministerio Fiscal. El juzgado de Catarroja instruye la causa DANA, la investigación sobre la gestión de las emergencias de la depresión aislada en niveles altos que provocó las inundaciones del 29 de octubre de 2024. La magistrada Nuria Ruiz Tobarra no añade valoración alguna: solo incorpora al sumario lo dicho en sede parlamentaria.

Pradas compareció ante la comisión del Congreso el 28 de septiembre, en su segunda citación. Empezó asegurando que no respondería a ninguna pregunta, amparándose en su derecho de defensa ante una causa judicial abierta. Luego replicó a varias afirmaciones de los diputados que la interrogaban. Insistió en que su único objetivo es que se sepa la verdad de lo ocurrido y negó que tuviera intención de tapar a nadie.

La instrucción, sin embargo, no se detiene ahí. La jueza ha pedido al alcalde pedáneo de La Torre, Rafael Arnal, el texto del bando municipal que emitió el día de la DANA tras recibir el aviso rojo, junto con la hora exacta de su emisión. También ha acordado unir al procedimiento los mensajes que el Ayuntamiento de Sedaví envió el 29 de octubre por el canal de WhatsApp, llamado InfoSedaví, y ha reclamado las llamadas del alcalde, Josep Francesc Cabanes, con el funcionario encargado de gestionarlo, fallecido en la riada.

En paralelo, la jueza ha reclamado al Consorcio Provincial de Bomberos de Valencia y a la unidad de Bomberos Forestales que corresponda el archivo con las escalas de medición de los cauces. La petición llega después de la declaración, el 1 de octubre, de dos bomberos forestales de la unidad de Buñol, entre ellos el subjefe. Ambos aseguraron que el día de la DANA comprobaron la escala del barranco del Poyo en la A-3, a la altura de Ribarroja, y que allí recibieron la orden de volver a la base de Yátova. Les extrañó. No recibieron instrucción alguna el resto de la tarde.

La causa de la DANA ya no se explica solo con informes meteorológicos: se explica con bandos municipales, mensajes de WhatsApp y escalas de río.

El doble rastro: la causa judicial y la comisión del Congreso

exconsellera Pradas

Hay una dimensión que va más allá del juzgado de Catarroja. La instrucción y la comisión de investigación del Congreso examinan los mismos hechos desde dos sedes distintas, con calendarios y potestades diferentes, y ese doble rastro condiciona el debate sobre el sistema nacional de protección civil. El Consorcio de Compensación de Seguros sigue siendo la pieza estatal que cubre los daños de catástrofes naturales cuando el seguro privado no llega. La comparación con episodios anteriores, como las inundaciones de Murcia de 2012, ha vuelto a los debates parlamentarios sobre emergencias sin resolver la pregunta de fondo: quién manda cuando el agua sube.

Detrás de cada diligencia hay una familia. El funcionario de Sedaví que gestionaba InfoSedaví murió en la riada y las llamadas que ahora reclama la jueza son las que su alcalde hizo aquella tarde. Los vecinos de La Torre quieren saber a qué hora se emitió el bando que les avisó del agua. Y los bomberos de Buñol, que vieron subir el Poyo con sus propios ojos, siguen esperando una explicación.

El Escenario Valenciano

En la Comunitat Valenciana, la providencia se lee como un paso más en una causa que se acerca a los dos años de instrucción. El Consell de Juanfran Pérez Llorca, sostenido por el pacto entre el PP y Vox, repite que la justicia debe trabajar sin presión política y que la reconstrucción avanza a través del Plan RERD. La oposición de PSPV y Compromís reclama más comparecencias en las Corts Valencianes, el parlamento autonómico de 99 escaños, y sostiene que la transparencia llega tarde.

El nombre que sobrevuela todo sigue siendo el del expresident Carlos Mazón, hoy diputado en las Corts Valencianes y figura central del proceso judicial. Pradas fue su consellera de Justicia e Interior y su comparecencia en el Congreso fue la segunda. Que la jueza incorpore ahora esa transcripción al sumario refuerza la idea de que las dos investigaciones, la parlamentaria y la judicial, van a mirarse la una a la otra hasta el final.

A escala estatal, el caso interesa al PP tanto como al Gobierno de Pedro Sánchez. La comisión del Congreso seguirá citando comparecientes y el juzgado de Catarroja seguirá tirando del hilo de los avisos municipales y de las escalas de los cauces. El precedente de Biescas, hace ya tres décadas, dejó una lección que nadie ha aplicado del todo: los protocolos de aviso solo funcionan si alguien asume la última llamada. La próxima cita está en las diligencias pendientes del juzgado.

Ficha del Caso

  • El caso: La jueza de Catarroja incorpora al sumario la transcripción de la declaración de la exconsellera Salomé Pradas en la comisión de investigación de la DANA del Congreso.
  • Datos importantes: Comparecencia de Pradas el 28 de septiembre de 2026; providencia comunicada el 5 de octubre; declaración de dos bomberos forestales de Buñol el 1 de octubre; diligencias sobre el bando de La Torre, los mensajes de Sedaví y las escalas del barranco del Poyo.
  • Resumen: La instrucción judicial y la comisión parlamentaria avanzan en paralelo sobre los mismos hechos, con el sistema nacional de emergencias como telón de fondo.

El adelanto electoral del 29-N tumba la reforma de la financiación autonómica y la condonación del FLA

El adelanto electoral del 29-N deja sin recorrido la reforma de la financiación autonómica y la quita de la deuda del FLA. Los dos proyectos de ley decaen con la disolución de las Cortes Generales.

Lo que decae con la disolución de las Cortes y lo que aún puede salvarse

Cuando se disuelven las Cortes Generales, todo lo que está en tramitación parlamentaria cae con ellas: los proyectos del Ejecutivo y también las iniciativas de los grupos. Reimpulsarlos en la próxima legislatura obliga a empezar de cero, con nuevos registros, nuevos plazos y nuevas negociaciones. Así ocurre con la reforma del modelo de financiación autonómica y con la ley que debía condonar parte de la deuda de las comunidades autónomas con el Fondo de Liquidez Autonómica (FLA), el mecanismo estatal creado en 2012 para financiar a las regiones que no podían acudir a los mercados.

No son las únicas normas que se quedan por el camino. También decaen la regulación del acceso de los menores a las redes sociales, la ley de inteligencia artificial y la reforma judicial que pretendía que fueran los fiscales, y no los jueces, quienes instruyeran las causas. En el plano económico, los Presupuestos Generales del Estado no llegaron a presentarse antes del plazo previsto, el 30 de septiembre, y Economía pierde seis normas en plena tramitación: desde la autoridad de defensa del cliente financiero hasta la ley de información empresarial sobre sostenibilidad pasando por la de crédito al consumo o la de prevención de blanqueo de capitales.

Hay excepciones que aún pueden salvarse. El real decreto sobre control de inversiones extranjeras, que amplía el escudo frente a las operaciones de compra y sitúa los centros de datos bajo protección, sigue en audiencia pública hasta mediados de octubre. Los decretos de vivienda que el Congreso tumbó el viernes pasado conservan otra puerta: si el Consejo de Ministros los vuelve a aprobar con la Cámara disuelta, será la Diputación Permanente la que decida su convalidación, un órgano en el que los siete votos de Junts dejan de ser imprescindibles.

La quita del FLA y la reforma que la Comunitat Valenciana esperaba desde hace años

condonación FLA

Para la Comunitat Valenciana, la caída de ambos proyectos tiene un peso específico. La reforma del sistema de financiación era la vía para corregir la infrafinanciación que la región denuncia desde hace años, y la condonación de la deuda del FLA estaba pensada para aliviar a todas las comunidades que han recurrido a ese mecanismo, entre ellas la valenciana. Sin ley no hay quita, y sin reforma no hay modelo nuevo.

El punto de partida era un acuerdo entre el PSOE y ERC. Según el propio Govern catalán, el nuevo sistema habría aportado a Catalunya unos 4.700 millones adicionales, y la ley del FLA incluía una enmienda pactada con los republicanos para que la Generalitat de Catalunya asumiera la mayoría de la gobernanza del Consorci de la Zona Franca de Barcelona. Nada de eso llegará a votarse. JxCat había registrado una enmienda a la totalidad con texto alternativo que mantenía vivo el debate; con las Cortes disueltas, esa vía también se apaga.

Lo que decae no es solo dinero, es calendario: la financiación autonómica vuelve a la casilla de salida sin fecha de regreso.

Un sistema que llevaba años en la cola de la agenda política se reinicia ahora desde el principio, y el debate sobre el reparto territorial llegará a la campaña del 29-N sin proyecto de ley sobre la mesa. Para quienes llevan una década reclamando un reparto distinto, la consecuencia es incómoda de explicar en un mitin: no habrá ni quita ni modelo nuevo hasta que se constituyan las nuevas Cortes y alguien decida volver a empezar.

El Escenario Valenciano

La reivindicación de un nuevo sistema de financiación es una de las pocas cosas que unen al Consell y a la oposición en la Comunitat Valenciana, aunque cada uno la cuente a su manera. El PP ha construido su relato contra lo que considera un trato singular a Catalunya, mientras PSPV y Compromís reclaman una reforma multilateral.

El president de la Generalitat, Juanfran Pérez Llorca, tendrá que explicar en las Corts por qué la reforma vuelve a empezar después de años de exigencia valenciana. Y la campaña del 29-N convertirá esa pregunta en una de las más repetidas en los actos de la región.

La dimensión nacional es evidente. La caída de la reforma y de la quita del FLA deja al Gobierno de Pedro Sánchez sin dos de sus compromisos económicos con los socios parlamentarios y entrega al PP un argumento que ya venía utilizando. En paralelo, el Congreso llega a su disolución con los Presupuestos de 2027 sin presentar y con una Diputación Permanente que seguirá convalidando decretos. El precedente no invita al optimismo: el FLA nació en 2012 como un parche para las comunidades excluidas de los mercados, y sigue siendo el mismo parche.

La proyección es sencilla de enunciar y difícil de digerir. Cualquier reforma de la financiación autonómica tendrá que registrarse otra vez en el Congreso que salga del 29-N, pasar por ponencia, comisión y pleno, y volver a buscar mayorías que hasta ahora nunca estuvieron garantizadas. En la Comunitat Valenciana, mientras tanto, la Generalitat seguirá elaborando sus cuentas con el mismo sistema que denuncia y sin la quita de deuda que llevaba meses esperando.

Ficha del Caso

  • El caso: El adelanto electoral anunciado para el 29 de noviembre disuelve las Cortes Generales y arrastra los proyectos de ley en tramitación, entre ellos la reforma de la financiación autonómica y la condonación parcial de la deuda del FLA.
  • Datos importantes: El acuerdo PSOE-ERC cifraba en 4.700 millones el impacto del nuevo modelo en Catalunya; los Presupuestos Generales del Estado no se presentaron antes del 30 de septiembre.
  • Resumen: La Comunitat Valenciana tendrá que esperar al menos una legislatura más para ver corregida su infrafinanciación, mientras la quita de deuda se queda sin texto legal.

Mil ovejas y cabras vuelven al centro de Madrid en la Fiesta de la Trashumancia

EN 30 SEGUNDOS

  • ¿A quién afecta? A quien quiera ver el rebaño gratis por el centro y a quienes tengan que moverse ese día por la Cuesta de la Vega, la calle Mayor, la Puerta del Sol, Alcalá o Cibeles.
  • ¿Cuándo ocurre? El desfile, el domingo 25 de octubre de 2026, de 10:00 a 13:30. El programa de actividades va del 16 al 25 de octubre.
  • ¿Qué cambia hoy? El recorrido sigue pendiente de aprobación municipal, así que conviene confirmarlo en la semana previa antes de plantar a la familia en la Cuesta de la Vega.

La Fiesta de la Trashumancia devuelve un millar de ovejas y cabras a la Puerta del Sol el domingo 25 de octubre. El rebaño bajará desde la Casa de Campo hasta Cibeles en una mañana que cierra nueve días de actividades gratuitas, del 16 al 25 de octubre, coordinadas por el Ayuntamiento de Madrid y la asociación Trashumancia y Naturaleza, según la información publicada por Vida de Madrid.

Qué se ve en el recorrido y por qué la hora importa

El desfile arranca a las 10:00 en la Casa de Campo, junto al Puente del Rey, y enfila el Paseo Virgen del Puerto y el Paseo Ciudad de Plasencia hasta el Parque de Atenas. Desde ahí sube la Cuesta de la Vega y la Cuesta de Ramón, pasa junto a la Catedral de la Almudena, y entra en la calle Mayor. Después, Puerta del Sol, calle de Alcalá y Plaza de Cibeles. A las 13:30, todo habrá terminado.

Conviene saber dos cosas antes de madrugar. La primera: el itinerario está pendiente de aprobación municipal, de modo que cualquier cambio se avisará en los días previos. La segunda: el paso del ganado suele dejar cortes puntuales en el eje Mayor-Alcalá y en los accesos a Cibeles, algo que el Ayuntamiento no ha detallado todavía. Ojo con la hora.

Los maravedíes, el acto institucional y el resto del programa

El rebaño no se disuelve en Cibeles sin más. Termina en la sede del Ayuntamiento de Madrid, donde se celebra el acto institucional de entrega de maravedíes: una puesta en escena que rememora el pago del Honrajo que el Concejo de la Mesta hacía a la Villa por el uso de los pastos, tal y como recogía la Concordia del 2 de mayo de 1418. De eso va la fiesta.

Alrededor de la jornada grande, el programa se estira durante nueve días con propuestas repartidas por la ciudad. No hay entrada ni reserva, y tampoco hace falta apuntarse a nada. Es gratis. Basta con acercarse.

Cada octubre, Madrid demuestra que una tradición ganadera de seis siglos puede seguir ocupando el kilómetro cero sin pedir permiso a nadie.

Por qué una fiesta ganadera sigue teniendo sentido en 2026

La cita se celebra desde 1994 y nació con un objetivo que no ha caducado: reivindicar el patrimonio ganadero de la España interior y recordar que la ganadería extensiva funciona como herramienta de conservación de la biodiversidad. En una ciudad donde el debate sobre el centro gira casi siempre alrededor del turismo, el ruido y las terrazas, hay algo saludable en que mil cabezas de ganado ocupen el kilómetro cero. Pocas capitales europeas pueden permitirse un espectáculo así.

Dicho esto, la cita tiene dos puntos débiles. El primero es su dependencia de una autorización municipal que cada año llega con el calendario apretado: a 5 de octubre, el recorrido sigue pendiente, y quien planifique el día tendrá que confirmarlo en la semana previa. El segundo es la escala. Mil ovejas y cabras son una imagen potente, pero representan una fracción mínima de un sector, el de la ganadería extensiva, que lleva años perdiendo efectivos en la Comunidad de Madrid y en el resto de España. La estampa del centro no debería confundirnos: la trashumancia que aquí se reivindica está en retroceso, no en expansión.

Queda la parte práctica, que es la que decide si esto merece una mañana de domingo. Parte de los que se acercan lo hace por curiosidad y por la foto fácil, y está bien así. Si vas, planta en la Cuesta de la Vega, en la calle Mayor o en la Puerta del Sol, donde el rebaño pasa más cerca; los tramos estrechos se llenan rápido y a media mañana hay más móviles que ovejas. Si lo que te interesa es el plano institucional, la cita es en la sede del Ayuntamiento, cuando el ganado entregue sus maravedíes a la Villa. Cosas que pasan en octubre.

Madrid aprueba las primeras 13.371 viviendas de Valdecarros, el nuevo barrio del sureste

El Ayuntamiento de Madrid desbloquea las primeras 13.371 viviendas de Valdecarros con la autorización de ejecución simultánea de urbanización y edificación. La medida la concede el área de Obras y Equipamientos y permite a los promotores arrancar la construcción sin esperar a que las calles del nuevo barrio estén terminadas.

La decisión se formaliza este lunes 5 de octubre, tal y como recogen ABC y Gacetín Madrid. Hasta ahora el ámbito del sureste avanzaba solo en su urbanización, es decir, en movimientos de tierra, canalizaciones y trazado de viales. Con la nueva ejecución simultánea, ambos procesos corren en paralelo y los primeros edificios pueden empezar a levantarse en cuanto los promotores obtengan sus licencias.

Tras el anuncio, la responsable del área, Paloma García Romero, sostuvo que fue este equipo de gobierno el que desbloqueó los desarrollos del sureste y que su prioridad es poner nuevas bolsas de vivienda asequible a disposición de los madrileños. Frente a lo que calificó como demagogia de la izquierda, defendió que el consistorio actúa. El tono del comunicado deja claro que el Ayuntamiento quiere rentabilizar políticamente un desarrollo que lleva años sobre el papel.

Por qué se edifica antes de que estén terminadas las aceras

El mecanismo no es nuevo. El Ayuntamiento lo ha aplicado ya en Los Cerros, Los Ahijones y Los Berrocales, donde la edificación convive con la urbanización inacabada. A mediados de septiembre, la Junta de Gobierno aprobó el proyecto de reparcelación de uno de los ámbitos de Valdecarros, el trámite que reparte la propiedad del suelo entre los dueños y que abre la puerta a que el próximo año empiecen a trabajar las grúas.

Valdecarros es el mayor de los desarrollos del sureste. Ocho etapas, de las que las tres primeras están ya en ejecución, con la primera en estado muy avanzado. La inversión global estimada asciende a 2.200 millones de euros sobre 19 millones de metros cuadrados, una superficie equivalente a la mitad del suelo urbano de la ciudad de Sevilla.

Quién vivirá en Valdecarros: 51.000 viviendas y un 55% con protección

Valdecarros Madrid

De las 51.000 viviendas previstas, alrededor del 55% tendrá protección pública, según los datos que maneja el consistorio. El barrio se proyecta para unos 150.000 habitantes, una cifra de población que se acerca a la de municipios como Torrejón de Ardoz o Parla. Las 13.371 que ahora se desbloquean son solo la primera hornada: suponen aproximadamente una de cada cuatro casas del futuro barrio.

Un barrio de 51.000 casas no se mide por las grúas, sino por cuántas llaves acaban en manos de quien hoy no puede pagar el alquiler.

El diseño del ámbito reserva casi el 40% del suelo a zonas verdes, con más de 110.000 árboles previstos y la promesa de que ningún hogar quede a más de 200 metros de un parque. A eso se suman más de 127 kilómetros entre carriles ciclistas y sendas peatonales. Sobre el plano, Valdecarros nace con el estándar verde más ambicioso de todo el sureste.

El sureste entero se mueve: 31.525 viviendas desbloqueadas frente a las 108.000 previstas

Valdecarros no avanza solo. La misma fórmula de ejecución simultánea se aplica ya en Los Cerros, Los Ahijones y Los Berrocales, lo que permite construir 31.525 viviendas de las más de 108.000 previstas en los cuatro ámbitos. A día de hoy hay 5.219 viviendas en obras: 349 en Los Cerros, 1.450 en Los Ahijones, y 3.420 en Los Berrocales. En este último se han terminado ya 110.

Puestos a comparar ritmos, las 13.371 viviendas que Valdecarros desbloquea de golpe casi cuadruplican las 3.420 que hoy se levantan en Los Berrocales, el desarrollo más adelantado del sureste. La proporción dice mucho de la escala del proyecto y también de lo mucho que queda por hacer: entre los cuatro ámbitos suman 108.000 viviendas previstas y apenas 5.219 en construcción, en torno al 5% del total.

La secuencia elegida no es una excepción local. Madrid ya la ensayó en Los Berrocales y en Los Ahijones con el argumento de ganar tiempo, y el Ayuntamiento presume ahora de haber desbloqueado los desarrollos del sureste tras años de parálisis urbanística. Con Madrid Nuevo Norte en marcha en el norte de la ciudad, la capital afronta a la vez dos operaciones de escala histórica, una coincidencia poco frecuente en la historia reciente de Madrid.

El punto débil sigue siendo el mismo: el precio y el calendario. El 45% de vivienda libre de Valdecarros saldrá a precio de mercado en una zona que aún no tiene barrio alrededor, y la proporción final entre libre y protegida es la incógnita que se ha arrastrado en los desarrollos vecinos. Sin fecha comprometida para la llegada de las primeras llaves, el anuncio de este lunes es un desbloqueo administrativo, no una entrega. Más contexto sobre el distrito donde se ubica el ámbito, en la entrada de Wikipedia de Vicálvaro, y detalle de las competencias municipales en el portal del Ayuntamiento de Madrid.

La pelota está ahora en los promotores. Las licencias se pueden solicitar desde ya y las grúas están previstas para el próximo año. Entre medias queda la letra pequeña que decide todo: cuántas de esas 13.371 viviendas acaban en régimen de precio tasado, a qué precios salen al mercado las libres y si el Ayuntamiento mantiene este ritmo de licencias durante los próximos meses.

Acampada de Sol por la vivienda: se mantiene y llama a la huelga general

La acampada de Sol por la vivienda sigue sin fecha de fin y el Sindicato de Inquilinas trabaja ya en una huelga general para noviembre.

Lo confirmó su portavoz, Alicia del Río, este lunes a las 12.30 desde la Puerta del Sol, pocas horas después de que Pedro Sánchez anunciara la disolución de las Cortes y la convocatoria de elecciones generales para el 29 de noviembre. La organización no piensa recoger velas ni esperar al calendario electoral. ‘Nuestras casas, nuestros hogares, esta lucha no va a esperar a ningún calendario electoral’, aseguró del Río.

Qué le pide la acampada a los partidos antes del 29-N

La portavoz reclamó a todas las formaciones que sitúen la vivienda en el centro de su programa y que concreten qué medidas llevarán al Congreso. El anuncio de la convocatoria electoral, dijo, no frena nada: ‘hemos conocido que se disuelven las Cortes, secuestradas por el rentismo’, señaló, antes de pedir a los diputados que expliquen si van a incorporar las medidas que exige la calle.

La organización trabaja en la convocatoria de una huelga general por el derecho a la vivienda durante el mes de noviembre, aunque todavía no ha fijado fecha. Mantiene conversaciones con las centrales sindicales y prevé anunciar el día concreto ‘en los próximos días’. La acampada, por ahora, no tiene final previsto. ‘Esta acampada es una punta de lanza de contrapoder que está recordando todos los días a la señora Ayuso y a todos los políticos de este país que el poder popular no va a acabar’, añadió.

La continuidad de la protesta en la Puerta del Sol no impide, según el sindicato, el trabajo que quiere desarrollar en los barrios, centros de trabajo, plazas, y centros de salud. Allí donde, dicen, se vive el malestar por unos precios del alquiler que no dan tregua en la región.

La acampada no busca un calendario, busca un interlocutor: quien gobierne tras el 29-N tendrá que responder por cada alquiler que siga subiendo en Madrid.

La acampada y el pulso con la Justicia madrileña

Sobre la decisión del Tribunal Superior de Justicia de Madrid relativa al campamento, la portavoz fue tajante: ‘la soberanía de la acampada está en la Asamblea General’. Del Río defendió que los derechos de reunión, protesta y asociación están por encima de lo que diga cualquier institución. La respuesta del Ayuntamiento de Madrid a la continuidad de la acampada sigue sin concretarse, y el conflicto podría volver a los tribunales si la protesta se prolonga más allá del mes de noviembre.

El precedente de Sol y por qué la vivienda cambia el eje del 29-N

La Puerta del Sol no es un escenario cualquiera. Ya fue epicentro del 15-M en 2011 y, quince años después, vuelve a acoger una protesta que pivota sobre la vivienda en lugar de sobre el sistema financiero. La diferencia es sustancial: entonces el alquiler era un problema de acceso; hoy es el primer gasto de miles de familias madrileñas y uno de los temas que más pesa en las encuestas autonómicas y nacionales.

La Comunidad de Madrid lleva años con una política de vivienda centrada en la construcción nueva a través del Plan Vive y en avales para jóvenes, mientras el precio del alquiler en la almendra central se mantiene en máximos. El Sindicato de Inquilinas se ha convertido en el principal altavoz del descontento en distritos tensionados como Tetuán, Carabanchel o Usera. Es un fenómeno similar al que vive Barcelona con el Sindicat de Llogateres, aunque con una diferencia clave: en Madrid no hay tope de precios en vigor en la mayoría de los municipios.

La huelga general anunciada, sin fecha todavía, es la pieza que puede tensionar más el tablero. Una convocatoria de ese tipo exige consenso sindical y una agenda compartida que, a día de hoy, no está cerrada. El sindicato se juega su capacidad de movilización; los partidos, su credibilidad en un asunto que ya decide votos. Seguimos con atención si esa agenda compartida llega a cerrarse antes del 29-N.

Unión de Uniones exige no frenar las medidas agrarias pendientes por el 29-N: lo que reclama al campo

Unión de Uniones ha reclamado que las elecciones generales del próximo 29 de noviembre no paralicen las medidas agrarias pendientes sobre rentabilidad, costes y mercados, ni la defensa de los intereses del campo español en Bruselas. La organización agraria sostiene que la campaña electoral no puede convertirse en una excusa para dejar en el cajón los expedientes que el sector lleva meses esperando.

En el comunicado difundido por la organización, Unión de Uniones advierte de que la cita con las urnas llega en un momento decisivo para el sector primario, con el futuro presupuesto europeo y la próxima PAC (Política Agraria Común, el sistema de ayudas al campo financiado por la Unión Europea) todavía en plena negociación.

El mensaje que repite la organización es directo: “el campo no se puede parar, aunque haya elecciones”. De ahí su exigencia de que la actividad institucional ordinaria siga funcionando durante la campaña electoral y de que los asuntos que se deciden en Bruselas no queden sin voz española en las mesas donde se reparten los fondos.

Las tres reivindicaciones que Unión de Uniones no quiere que se frenen

La organización agraria concentra sus demandas en tres frentes que, según su comunicado, no admiten espera. El texto no detalla el listado completo de expedientes abiertos, pero sí identifica las áreas donde reclama respuestas.

  • Rentabilidad de las explotaciones: decisiones que permitan cerrar las cuentas en positivo y no depender de precios por debajo del coste de producción.
  • Costes de producción: respuestas a una estructura de gastos que aprieta los márgenes de las explotaciones familiares.
  • Mercados y formación de precios: medidas sobre el funcionamiento de la cadena alimentaria y la posición del productor en origen.

En ese terreno entra en juego la Ley de la Cadena Alimentaria (la norma que prohíbe vender alimentos por debajo del coste de producción), un marco que el sector considera determinante para la rentabilidad de las explotaciones. Unión de Uniones no concreta en su texto qué expedientes normativos quedan por cerrar, pero insiste en que ninguno debería quedarse parado por la convocatoria electoral.

Con el presupuesto europeo y la PAC sobre la mesa, cada semana de parón administrativo se traduce en decisiones que llegan más tarde al campo.

Por qué las elecciones del 29 de noviembre llegan en plena negociación europea

El calendario electoral coincide con dos negociaciones que condicionan el futuro del sector a medio plazo. La primera es el futuro presupuesto de la Unión Europea, el marco financiero plurianual que fija cuánto dinero dedica la UE a cada política, y que determinará el volumen de fondos disponible para el campo. La segunda es la próxima PAC, cuyo diseño se discute mientras las ayudas del periodo actual siguen aplicándose.

Unión de Uniones

Unión de Uniones advierte de que la defensa española ante la Comisión Europea y el resto de Estados miembros no puede interrumpirse durante la campaña. Los reglamentos y los repartos presupuestarios se cierran en reuniones técnicas que no esperan a que un país resuelva sus elecciones.

Las ayudas directas de la política agraria llegan a las explotaciones a través de el FEGA (Fondo Español de Garantía Agraria, el organismo que gestiona y paga las ayudas de la PAC en España), mientras el Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación ejerce como interlocutor del sector ante las instituciones comunitarias. Un cambio en las reglas de juego en plena negociación obliga a los productores a planificar la campaña con incertidumbre sobre las condiciones que se aplicarán después.

A quién afecta el frenazo en el campo

El impacto se mide en el territorio. Las explotaciones familiares con márgenes estrechos son las primeras interesadas en que se aclaren las reglas sobre costes y mercados. También las comarcas donde la actividad agraria sostiene el empleo y la población, y donde cualquier retraso en las decisiones sobre ayudas se nota al planificar la próxima campaña.

Unión de Uniones enmarca su exigencia en ese contexto: cuanto más se demoran las decisiones, menos margen tienen las explotaciones para adaptarse a los cambios normativos. La organización recuerda que los efectos de un parón no se recuperan solos y que la aplicación posterior de cualquier norma arrastra meses de trabajo administrativo.

En Bruselas no hay paréntesis electoral: los reglamentos y el reparto de fondos se negocian con el calendario que marca la Unión.

El comunicado no incluye por ahora convocatorias de movilización. La petición se mantiene en el plano institucional: que los expedientes pendientes de rentabilidad, costes y mercados sigan su tramitación y que España conserve su posición en las negociaciones europeas sobre el presupuesto y la política agraria común hasta que se constituya el nuevo Gobierno.

Claves del Mundo Rural

  • 📌 Lo que debes saber: Unión de Uniones reclama que las elecciones del 29 de noviembre no paralicen las medidas pendientes sobre rentabilidad, costes y mercados.
  • 👥 A quién afecta: A las explotaciones familiares y a las comarcas agrarias que dependen de las ayudas y de las reglas de la cadena alimentaria.
  • ⏭️ Qué consecuencias puede traer: Un retraso en los expedientes y en la negociación europea deja al sector sin reglas claras antes de la próxima campaña.