El euro cae a su mínimo de 17 meses y el mercado ya castiga el riesgo político español

El euro cayó a 1,1161 dólares, mínimo de 17 meses, tras la convocatoria electoral de Pedro Sánchez para el 29 de noviembre.

Qué ha pasado en el mercado de divisas

La caída llegó a ser del 0,8% en la sesión, según la información publicada por La República. El euro firmó así su nivel más bajo desde mayo de 2025, es decir, su mínimo de 17 meses. Y no fue un movimiento aislado: retrocedió un 0,6% frente al franco suizo, un 0,5% frente a la libra esterlina y un 0,8% frente al yen, en varios casos cerca de sus peores niveles del año.

El detonante español se sumó a una semana ya tensa en los mercados de deuda. La convocatoria de elecciones anticipadas para el 29 de noviembre añadió una capa de incertidumbre política a una moneda que ya arrastraba el problema fiscal francés. Valentín Marinov, jefe de investigación de divisas del G10 en Credit Agricole, lo resumió sin adornos: las noticias que llegan de España ‘no son precisamente alentadoras’.

Porque el telón de fondo es Francia. El spread, el sobrecoste que exige el mercado por prestar a un país frente al bono alemán, alcanzó los 152 puntos básicos a diez años, un nivel que no se registraba desde 2011. Y Emmanuel Macron encara el final de su mandato con unas presidenciales en 2027 donde los sondeos sitúan a Marine Le Pen y a Jean-Luc Mélenchon en una segunda vuelta.

Qué se juega España con un euro más débil

Conviene separar dos efectos que tiran en direcciones opuestas. Un euro barato abarata las exportaciones y sostiene al turista que llega con dólares en el bolsillo. Pero encarece cada barril de crudo y cada factura de gas, porque la energía se paga en dólares y España cubre fuera de sus fronteras la mayor parte de la que consume. Cada caída de la moneda común ensancha esa diferencia.

riesgo político España

El segundo efecto es financiero. El euro se debilita porque los inversores exigen más por prestar a media Europa, y ese sobrecoste viaja de un país a otro a través de la prima de riesgo y del tipo de cambio que publica el Banco Central Europeo. España coloca deuda en los mercados cada mes y no lo hace en una burbuja: lo que ocurra con el diferencial francés acaba moviendo el precio que se le exige al Tesoro.

El euro se debilita por la desconfianza en la política europea, y España paga esa misma desconfianza en forma de financiación más cara.

El precedente de 2011 y lo que ahora se mira

No es la primera vez que la política y la deuda mueven el euro a la vez. Hace quince años, la crisis de deuda que sacudió la zona euro dejó esta misma imagen: primas de riesgo al alza y una moneda única en entredicho.

En el verano de 2011 el diferencial francés ya se tensó, y en julio de 2012 la prima española superó los 600 puntos básicos hasta que el Banco Central Europeo dejó claro que haría ‘lo que fuera necesario’ para sostener la moneda. El mercado no distingue entre países vecinos cuando la desconfianza es fiscal.

Sobre el terreno hay otro ingrediente. Fondos de alto riesgo en Asia vendieron euros contra dólares en operaciones al contado, según operadores citados por la fuente, y esos movimientos activaron ventas adicionales ligadas a opciones. Es el tipo de dinámica que amplifica una caída más allá de lo que justifican los fundamentales del día.

Hay, además, dos diferencias con 2012. La zona euro dispone ahora de herramientas de intervención que entonces no existían, y el euro se ha debilitado sin que el bono alemán se resienta, algo que Commerzbank interpreta como un límite a nuevas caídas. El otro factor es el dólar: el índice que mide su fortaleza frente a una cesta de divisas tocó máximos desde finales de junio.

Los operadores, mientras tanto, siguen mirando al otro lado. Estrategas de JPMorgan advierten de que la moneda común todavía no ha descontado del todo el ensanchamiento francés, y Chris Turner, de ING, no descarta verla en 1,10 dólares. Con las elecciones del 29 de noviembre ya en el calendario, la pregunta no es si el mercado mira a España, sino cuánto tiempo se queda mirando.

📌 Ficha del Caso

  • Ficha sobre el caso: El euro cayó a 1,1161 dólares, su mínimo de 17 meses, tras la convocatoria de elecciones anticipadas en España para el 29 de noviembre.
  • Datos importantes: La caída llegó al 0,8% en la sesión y el diferencial entre la deuda francesa y la alemana a diez años alcanzó los 152 puntos básicos, nivel no visto desde 2011.
  • Resumen: El episodio añade riesgo político español a un mercado ya nervioso y encarece la financiación exterior, aunque abarata exportaciones y turismo.

El Gobierno de Canarias aprueba la Ley del Suelo con un 40% de vivienda protegida y la remite al Parlamento

EN 30 SEGUNDOS

  • ¿Qué ha pasado? El Consejo de Gobierno de Canarias ha aprobado el texto definitivo de la Ley del Suelo y de los Espacios Naturales y lo ha remitido al Parlamento de Canarias para continuar su tramitación.
  • ¿Quién está detrás? La Consejería de Política Territorial, Cohesión Territorial y Aguas, que dirige Manuel Miranda, después de más de un año de participación con 700 profesionales y 17 foros.
  • ¿Qué impacto tiene? La reserva de vivienda protegida sube del 30% al 40% en suelo urbanizable y del 10% al 20% en suelo urbano consolidado.

El Gobierno de Canarias aprueba la Ley del Suelo Canarias y la remite al Parlamento con la vivienda protegida al 40%.

Más de un año después de abrir el proceso participativo, el texto definitivo sale del despacho y entra en la Cámara. La tramitación parlamentaria arranca ahora y el calendario no es casual. El archipiélago llega a este debate con la vivienda en el primer puesto de las preocupaciones ciudadanas.

El texto ha superado ya dos filtros. En junio de 2026, el Consejo de Gobierno aprobó la versión inicial. En septiembre de 2026, el Consejo Consultivo —el órgano que dictamina sobre la legalidad de los proyectos normativos del ejecutivo autonómico— emitió su informe. Ahora la pelota está en el tejado del Parlamento de Canarias, la cámara que deberá debatir y aprobar la norma.

Del 30% al 40%: qué cambia en el suelo canario

La reserva de vivienda protegida es el cambio más visible. En suelo urbanizable, el que todavía no está urbanizado y se incorpora por primera vez al desarrollo urbano, la reserva pasa del 30% al 40%. En suelo urbano consolidado, el que ya cuenta con servicios y edificación, sube del 10% al 20%. La reserva de vivienda pública se amplía diez puntos en suelo urbanizable.

El consejero de Política Territorial, Cohesión Territorial y Aguas, Manuel Miranda, lo resumió así: «La Ley del Suelo es un instrumento clave para mejorar el acceso a la vivienda. Debemos ir de la mano para mejorar la disponibilidad de inmuebles para la sociedad». El texto, según sus palabras, mantiene la filosofía de la norma de 2017.

Canarias lleva años discutiendo de vivienda sin una cifra sobre la mesa, y esta ley fija una: hasta el 40% del suelo urbanizable quedará reservado.

La propuesta gira sobre cinco ejes. Además de la vivienda pública, el texto refuerza la protección del territorio, agiliza el planeamiento, apoya a los municipios con problemas demográficos, y blinda al sector primario con mayor seguridad jurídica. Menos burocracia, más suelo público y sanciones más duras: ese es el esqueleto de la norma.

Sanciones de hasta 600.000 euros y un 30% menos de trámites

El segundo bloque aprieta el tornillo sancionador. Las infracciones más graves podrán castigarse con hasta 600.000 euros, y se amplía el plazo para tramitar los expedientes con el fin de evitar que prescriban. En paralelo, la norma promete aligerar el papeleo: un 40% menos de documentación en el planeamiento y una reducción del 30% en los plazos de tramitación de los instrumentos de ordenación.

vivienda protegida Canarias

Los municipios de reto demográfico tendrán acceso prioritario a ayudas y subvenciones para actualizar su planeamiento. El sector primario gana terreno: se permitirán viviendas unifamiliares en asentamientos agrícolas siempre que estén vinculadas a una actividad agraria real. La norma quiere fijar población en el medio rural y frenar la pérdida de suelo agrario.

El texto es fruto de un proceso participativo de más de un año, con 700 profesionales y 17 foros. La consejería recuerda que la ley de 2017 permitió impulsar más de 250 modificaciones del planeamiento en el archipiélago, un precedente que el ejecutivo cita como aval de la nueva norma.

El Pulso Territorial

Canarias gobierna en coalición. El Ejecutivo que preside Fernando Clavijo, con Coalición Canaria al frente del acuerdo, afronta ahora el trámite de una ley que toca el suelo, el territorio y, de rebote, el precio de la vivienda. No es un asunto menor en una comunidad donde el debate urbanístico lleva décadas atrapado entre la protección del paisaje y el desarrollo turístico.

El PP acompaña a los nacionalistas en el Gobierno y el PSOE encabeza la oposición. La comparación con Baleares resulta inevitable: los dos archipiélagos de nuestra cobertura comparten insularidad, presión turística sobre el suelo y un mercado residencial tensionado. La ley de 2017 fue el primer intento serio de ordenar el territorio canario tras décadas de expansión turística. Nueve años después, el diagnóstico ha cambiado: el problema ya no es solo el ladrillo, es quién puede permitirse vivir en las islas.

A partir de aquí, el texto sigue su curso en el Parlamento de Canarias. Los portavoces de los grupos ya disponen del documento desde el verano, según explicó el consejero, para ampliar el plazo de análisis. La ley no estará en vigor, en el mejor de los casos, hasta bien entrado 2027, el mismo año en que Canarias está llamada a las urnas. Si el trámite se atasca, la norma podría no llegar a aplicarse antes del final de la legislatura. Ese es el riesgo real.

Ficha Autonómica

  • El caso: El Consejo de Gobierno de Canarias aprueba el texto definitivo de la Ley del Suelo y de los Espacios Naturales y lo remite al Parlamento regional para su tramitación.
  • Datos importantes: Reserva de vivienda protegida del 30% al 40% en suelo urbanizable y del 10% al 20% en urbano consolidado; sanciones de hasta 600.000 euros; 40% menos documentación; 30% menos plazos; 700 profesionales y 17 foros en la participación.
  • Resumen: El texto llega a la Cámara con los portavoces informados desde el verano. La votación y la entrada en vigor quedan pendientes del calendario parlamentario y del año electoral de 2027.

EH Bildu se declara «preparada» para las elecciones generales del 29N con la vivienda como eje

EH Bildu se declara ‘preparada’ para las elecciones generales del 29 de noviembre y sitúa el derecho a la vivienda como uno de los ejes de su campaña. La coalición sostiene que existe margen para evitar un Gobierno de PP y Vox.

El secretario de Relaciones Políticas y senador de EH Bildu, Gorka Elejabarrieta, afirmó este lunes, en una entrevista en Naiz Irratia recogida por Europa Press, que la formación está ‘preparada’ para la convocatoria y que ‘hay partido para cerrar las puertas a la derecha una vez más’.

La convocatoria electoral la anunció ese mismo lunes el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, que fijó los comicios para el 29 de noviembre de 2026. Según el dirigente independentista, la opción llevaba días sobre la mesa y para su partido ‘no era tan importante cuándo, sino para qué se convocan elecciones’.

Qué plantea EH Bildu ante la cita del 29N

Elejabarrieta lamentó que en los últimos meses se haya instalado ‘una corriente o interés social’ que presenta como imparable un posible Ejecutivo de PP y Vox. Frente a ese diagnóstico, defendió que ‘aún no hay decidido nada’ y que su formación sale a ganar los comicios. Recordó, además, que hace ‘tres años y pico’, en las anteriores elecciones generales, existía una corriente de opinión similar y la mayoría daba por imposible cerrar las puertas a un Gobierno del PP.

El dirigente abertzale enmarcó la campaña en clave de defensa de ‘Euskal Herria’, término que la coalición emplea para referirse a los territorios vascos. ‘Euskal Herria es nuestra casa, es la casa de nuestras madres, y nosotros vamos a salir a defender a Euskal Herria y a los ciudadanos vascos’, señaló, tras considerar que el fin de semana ha demostrado ese respaldo con movilizaciones que calificó de multitudinarias.

La vivienda figura entre los ejes de la agenda social que la coalición sitúa en el centro de su campaña. EH Bildu presenta ese bloque de políticas como una de sus prioridades para la próxima legislatura y sostiene que el resultado del 29N condicionará la capacidad de desarrollarlo.

La formación concurre al 29N con la vivienda entre sus prioridades y mantiene abierta con PNV y PSE-EE la negociación del nuevo estatus.

Sobre el conjunto de la legislatura, Elejabarrieta reclamó ‘dar un propósito a la próxima legislatura’ y ‘seguir avanzando en la plurinacionalidad’, en la democratización del Estado y en la agenda social. ‘Quedan muchas cosas por hacer y para eso hay que cerrar las puertas a la derecha’, añadió.

La negociación del nuevo estatus, al margen del calendario electoral

El dirigente de EH Bildu sostuvo que el adelanto electoral no debe alterar la negociación sobre un nuevo estatus político que mantienen su partido, el PNV y el PSE-EE. ‘Este país necesita un nuevo estatus, haya o no elecciones en el Estado español’, afirmó, y defendió que las tres formaciones ‘deben continuar profundizando en ese trabajo’.

Elejabarrieta insistió en que el proceso debe entenderse ‘con un enfoque de proceso, no como un evento que se da de un día para otro’. Reclamó discreción en las conversaciones y subrayó que ‘con esta convocatoria electoral no termina nada’. ‘Ese nuevo estatus es necesario para Euskal Herria, y esa necesidad no ha cambiado por esta convocatoria’, concluyó.

El peso de EH Bildu en el Congreso y el precedente del nuevo estatus

El resultado del 29N determinará el reparto de escaños en el Congreso de los Diputados y, con él, la aritmética de las futuras mayorías. EH Bildu y el PNV han ocupado en los últimos años un lugar determinante en la negociación presupuestaria y legislativa en Madrid, lo que sitúa a ambos partidos en el centro del cálculo electoral del conjunto del Estado.

El PNV considera, por su parte, que la legislatura ‘no podía seguir’ y afronta la cita sin haber definido aún el relevo de Aitor Esteban al frente de su portavocía en el Congreso, según la información publicada por elDiario.es. Ninguna de las dos formaciones ha concretado por ahora nombres ni fechas para la elaboración de sus candidaturas.

La negociación a tres bandas sobre el nuevo estatus, en la que también participa el PSE-EE, continúa abierta y sin fecha pública confirmada para su próxima reunión. El calendario electoral añade una variable: los comicios del 29 de noviembre se celebrarán antes de que concluya el año, mientras el trabajo sobre el encaje de Euskadi en el Estado mantiene su propio ritmo.

EH Bildu no ha detallado aún cuándo celebrará las primarias ni cómo compondrá sus listas por Bizkaia, Gipuzkoa y Araba, una vez que la convocatoria se publique en el BOE. La coalición mantiene, entretanto, su exigencia de discreción sobre el nuevo estatus y traslada al 29N la defensa de su agenda social, con la vivienda como asunto destacado.

Precio Brent hoy: el crudo aguanta sobre los 102 dólares y tensa la factura energética de España

El precio del Brent aguanta hoy por encima de los 102 dólares y vuelve a apretar la factura energética de España. El crudo se anotaba un 0,29% hasta los 102,55 dólares por barril en una jornada de nervios, con el mercado mirando de reojo a Oriente Medio, a la Reserva Federal y a un dólar que no da tregua al euro. Vamos por partes, porque cada dólar que sube el barril se acaba pagando en el surtidor y en las cuentas de miles de empresas españolas.

El Brent aguanta sobre los 102 dólares pese a la liberación de reservas del G7

Hubo movimientos mixtos y mucha volatilidad en el mercado del petróleo. El petróleo Brent, la referencia que marca el precio del crudo que llega a Europa, subía un 0,29% hasta los 102,55 dólares por barril, tras haber llegado a perder más de un punto al arrancar la jornada. La cifra no es un récord, pero se mantiene incómodamente alta para una economía como la española.

¿Qué sostiene ese nivel? Dos fuerzas que empujan en direcciones opuestas. El G7 acordó liberar 100 millones de barriles de crudo y diésel de sus reservas de emergencia para enfriar el precio. Pero el temor a nuevas interrupciones del suministro por el conflicto entre Estados Unidos e Israel con Irán mantiene la prima de riesgo sobre el crudo. Traducido: se suelta petróleo por un lado y se teme perderlo por el otro.

Saudi Aramco echó más leña al fuego al advertir de que el suministro podría seguir ajustado y de que reponer las reservas mundiales podría tardar hasta dos años. Es el detalle que casi nadie cuenta: vaciar el colchón hoy no resuelve el problema de mañana.

Por qué un euro débil encarece el petróleo que compra España

Aquí está la clave que conviene entender bien. El petróleo se paga en dólares y España importa prácticamente todo el crudo que consume, así que no basta con mirar el precio del barril: hay que mirar también el tipo de cambio. Y la moneda europea está en su nivel más bajo en 17 meses frente al dólar.

petróleo Oriente Medio

El euro cedió terreno en una jornada en la que el índice dólar avanzaba alrededor de un 0,30% hasta los 102,23 puntos. Detrás de esa presión está la desconfianza en las finanzas públicas de varios países europeos. El informe de referencia señala a Francia, donde las tensiones políticas provocaron una venta de deuda, y también a España, citada por su escenario de incertidumbre política y social. El resultado es un doble golpe: si el barril sube y el euro baja, comprar el mismo crudo cuesta más euros.

Un barril por encima de los 100 dólares y un euro en mínimos de 17 meses encarecen cada importación de crudo que paga España.

Para las familias, eso significa que llenar el depósito sigue sin abaratarse. Para el tejido empresarial, el crudo caro se traduce en costes que muchas veces no se pueden repercutir al cliente: un sector que emplea a cientos de miles de personas en España —transportistas, pescadores, industria química, cerámica y alimentación— depende directamente de lo que marque el barril cada mañana.

La Reserva Federal añade otra pieza al tablero. Los inversores esperan las minutas de su reunión de septiembre, y los operadores asignan ahora cerca de un 80% de probabilidad a que la Fed mantenga los tipos sin cambios en octubre, frente al 36% de apenas una semana antes. Unos tipos altos sostienen al dólar, y un dólar fuerte encarece la energía que Europa compra fuera de sus fronteras.

Lo que el episodio de 2022 enseña sobre estas reservas de emergencia

Conviene recordar que ya vivimos una película parecida. Tras la invasión rusa de Ucrania en 2022, los países occidentales coordinaron una de las mayores liberaciones de reservas estratégicas de su historia para contener un petróleo disparado. El alivio fue real, pero breve: agotado el colchón, el crudo volvió a repuntar y España pagó una de las facturas energéticas más altas de su historia reciente.

Por eso la advertencia de Saudi Aramco sobre los dos años para reponer reservas no es un detalle menor. Una liberación de emergencia es un parche, no un tratamiento. Y España, que apenas produce crudo propio y depende de barcos que cruzan medio mundo, es de los países europeos que más nota cada vaivén del mercado.

Mirando hacia delante, hay tres citas que conviene seguir en los próximos días. Las minutas de la Fed, que marcarán el rumbo del dólar. El equilibrio entre la oferta del G7 y la demanda asiática. Y la evolución de las tensiones en Oriente Medio, porque cada titular desde esa región mueve el precio del barril en cuestión de minutos.

📌 Ficha del Caso

  • Ficha sobre el caso: El precio del petróleo Brent se mantiene por encima de los 102 dólares por el temor a nuevas interrupciones del suministro en Oriente Medio, pese a la liberación de reservas acordada por el G7.
  • Datos importantes: El Brent cotiza a 102,55 dólares por barril, el índice dólar avanza un 0,30% hasta 102,23 puntos y el euro firma su nivel más bajo en 17 meses.
  • Resumen: Un crudo caro y un euro débil encarecen la energía que España importa casi por completo, lo que tensa la factura de familias y empresas y añade presión sobre la economía nacional.

El test psicotécnico de la Convocatoria Unificada deja 783 ‘no aptos’ en las oposiciones a Policía Local en Canarias

EN 30 SEGUNDOS

  • ¿Qué ha pasado? El Tribunal Calificador de la Tercera Convocatoria Anual Unificada de Policía Local de Canarias declara no aptos a 783 de los 1.135 aspirantes que se presentaron al primer test psicotécnico, celebrado el 19 de agosto.
  • ¿Quién está detrás? El Tribunal Calificador, dependiente del Gobierno de Canarias, junto a los 30 ayuntamientos que ofertan plazas y el colectivo de opositores excluidos.
  • ¿Qué impacto tiene? La prueba era eliminatoria: quedan 352 aspirantes para 180 plazas. Los afectados estudian acciones administrativas y no descartan la vía judicial.

Un solo test psicotécnico ha dejado fuera de las oposiciones a Policía Local en Canarias a 783 de los 1.135 aspirantes.

Un filtro eliminatorio que deja fuera a 783 de los 1.135 aspirantes

La prueba se celebró el pasado 19 de agosto en Tenerife, Gran Canaria, Lanzarote, Fuerteventura y La Palma, cinco de las ocho islas del archipiélago. Hasta allí se desplazaron 1.135 opositores para jugarse el primer paso de la Tercera Convocatoria Anual Unificada de Policía Local, en la escala básica del grupo C.

El Tribunal Calificador publicó los resultados el 21 de septiembre. Solo 352 aspirantes resultaron aptos —el 31,01%—, frente a 783 declarados no aptos, el 68,99%. La psicotécnica era eliminatoria: quien no la supera queda fuera del proceso, aunque hubiera superado antes las pruebas físicas.

La convocatoria oferta 180 plazas repartidas entre 30 ayuntamientos canarios. Con 352 candidatos todavía en pie, la ratio cae por debajo de los dos aspirantes por plaza, y eso antes de los exámenes de conocimientos y del reconocimiento médico. En cualquier otra oposición, esas cifras serían una bendición. Aquí son el retrato de una criba inesperada.

Las bases exigen motivación y los afectados dicen no haberla recibido

Las bases de la convocatoria son explícitas. Las puntuaciones «deberán reflejarse en las correspondientes actas, no bastando que figure simplemente la calificación de no apta», y el resultado individualizado del psicotécnico «deberá estar fundado y motivado». Sobre el papel, cada aspirante tiene derecho a saber por qué se le niega la aptitud. En la práctica, según el portavoz del colectivo, la confidencialidad que invocan esas mismas bases impide que cada persona conozca su puntuación.

Los excluidos tampoco saben si su caída responde a la capacidad cognitiva, al perfil de personalidad, a las escalas de validez o a alguno de los trastornos que enumeran las bases. Y no entienden el formato. Antes de los 75 ítems respondieron un cuestionario de biodata con quince preguntas abiertas sobre cómo actuarían en distintas situaciones y por qué querían ser policías. Después llegó una prueba de personalidad de 129 preguntas con seis respuestas posibles. «Era bastante complicado y nos dejaron un tiempo no adecuado», resume el portavoz.

Setenta de cada cien aspirantes han caído en un examen que no muestra sus notas, no explica sus criterios y no permite defenderse.

El colectivo sostiene, además, que el cuadernillo «no se ajusta a las bases»: no mide todos los baremos previstos —apertura, estabilidad emocional, orientación a la seguridad— ni los rasgos clínicos. «: que la resolución de calificaciones provisionales incluya las puntuaciones desglosadas de de cada aspirante —habilidad mental general, dimensiones de personalidad y escalas de validez—, informes psicotécnicos individualizados y motivados con acceso a las hojas de respuesta, y que ningún plazo de alegaciones o recursos corra en perjuicio de los opositores mientras no dispongan de ese desglose. Los afectados ya se han organizado y estudian acciones administrativas. La vía judicial no está descartada.

El Pulso Territorial

Canarias afronta la polémica con un Gobierno autonómico de coalición entre Coalición Canaria y el PP, presidido por Fernando Clavijo desde 2023. La Policía Local no es competencia del Ejecutivo regional —corresponde a los ayuntamientos—, pero sí lo es la coordinación de esta convocatoria unificada, un modelo que en el archipiélago apenas acumula tres ediciones anuales. Ese es el precedente que pesa: cuando el diseño del examen se tuerce, no se resiente un municipio, sino los 30 a la vez.

La ratio de 1,95 aspirantes por plaza que deja el filtro psicotécnico añade un elemento incómodo. Si el número de candidatos sigue cayendo en los exámenes de conocimientos, los ayuntamientos podrían encontrarse con plazas desiertas, y eso en un archipiélago donde las plantillas de las islas menores han sido siempre las más difíciles de cubrir. El riesgo se agranda porque 2027 es año electoral: cualquier retraso judicial dejaría a los 30 consistorios sin sus nuevos agentes en plena campaña. Mientras tanto, la convocatoria sigue viva con dos pruebas eliminatorias por delante.

Ficha Autonómica

  • El caso: La Tercera Convocatoria Unificada de Policía Local de Canarias ha dejado fuera al 68,99% de los aspirantes en su primera prueba eliminatoria, un test psicotécnico celebrado el 19 de agosto.
  • Datos importantes: 1.135 presentados, 352 aptos y 783 no aptos; 180 plazas en 30 ayuntamientos; quedan el examen de conocimientos y el reconocimiento médico.
  • Resumen: Los excluidos reclaman el desglose de sus puntuaciones y estudian acciones administrativas y judiciales. Las bases exigen informes motivados e individualizados que, según los afectados, no se han entregado.

El boom de los data centers de la IA choca con los límites energéticos de Europa y dispara el precio de la luz

0

El auge de los data centers de la IA en Europa choca con una red tensionada y un 57% de energía importada. Bruselas quiere triplicar la capacidad instalada sin que la generación haya crecido al mismo ritmo.

El plan de Bruselas para triplicar los data centers choca con la factura energética

El plan se llama AI Continent y suena ambicioso sobre el papel: multiplicar por tres los centros de datos del bloque en un plazo de cinco a siete años para no quedarse atrás en la carrera global de la inteligencia artificial. El problema es que ese mismo continente importa ya el 57% de la energía que consume y ha visto cerrar 35 refinerías desde 2009, un 20% de su capacidad de refino. Puestos uno al lado del otro, los números no cuadran.

Los data centers consumieron unos 68 teravatios hora (TWh) en la Unión Europea durante 2024, según datos de la Comisión Europea. Para 2030 la propia Bruselas proyecta 114 TWh, el equivalente al 3,2% de toda la demanda eléctrica comunitaria. Es una subida del 68% en apenas seis años sobre una red que ya opera al límite en varios Estados miembros.

El caso irlandés sirve de advertencia. Los centros de datos absorbieron el 21% de la electricidad medida en Irlanda en 2023, por encima del 18% que consumieron los hogares urbanos, según la oficina estadística del país. El operador de red EirGrid tuvo que diseñar un proceso específico para conectar nuevas instalaciones. En Austria, el campus hiperscalar que Google prepara en Kronstorf podría llegar a tirar del sistema eléctrico nacional el equivalente al 7% de la demanda actual del país.

El analista energético David Blackmon lo resume sin rodeos: el objetivo europeo de expansión rápida de la IA va «en rumbo de colisión» con las políticas climáticas del Pacto Verde, que restringen la generación de base. «La industria de los centros de datos descubrió hace dos años que la generación intermitente no puede cumplir sus requisitos de disponibilidad del 99,999% ni con respaldo de baterías. El gas natural se convirtió en la opción preferida y eso no va a cambiar», explica.

La portavoz comunitaria de Acción por el Clima y Energía, Anna-Kaisa Itkonen, admite que los nuevos centros de datos son «grandes consumidores de energía» y sostiene que Bruselas trabaja para que su crecimiento «no ponga bajo presión el sistema energético». Como contrapartida, recuerda que reutilizar la mitad del calor residual de estas instalaciones cubriría la demanda de calefacción de casi cuatro millones de hogares europeos.

Europa quiere liderar la inteligencia artificial con la energía más cara del planeta. La aritmética no da.

Qué significa para España: precio de la luz, Aragón y la factura industrial

consumo energético

España llega a esta encrucijada con una posición paradójica. El país presume de una de las cuotas de renovables más altas de Europa, pero esa misma intermitencia es la que los operadores de centros de datos consideran insuficiente para garantizar un servicio continuo. La paradoja se resuelve, como en el resto del continente, con respaldo de ciclo combinado y con presión sobre el mercado mayorista.

Los grandes polos de inversión se concentran en Aragón, Madrid y Cataluña, con proyectos de hyperscalers que compiten por por conectarse a los nudos de red disponibles. Iberdrola, Endesa y Telefónica se han posicionado como socios energéticos y de conectividad de estos desarrollos, mientras firmas como Merlin Properties han reconvertido suelo industrial en campus de datos. Nadie dijo que fuera gratis.

El efecto sobre el recibo de la luz es el punto más delicado. Cada nuevo campus conectado a la red eleva la demanda en horas punta y, en un mercado marginalista como el español, eso se traduce en precios más altos para hogares y pymes. Es el mismo peaje que ya pagan los irlandeses, donde los centros de datos superaron a los hogares en consumo eléctrico.

La Lógica de Washington

La paradoja europea se entiende mejor mirando al otro lado del Atlántico. En Washington nadie discute si los centros de datos pueden conectarse: la cuestión es cuánto gas natural y cuánta capacidad nuclear hace falta para alimentarlos. La revolución del esquisto convirtió a Estados Unidos en el primer exportador mundial de gas licuado y le dio una ventaja que Europa no tiene: energía barata y discrecionalidad para decidir su mix. Washington no pide permiso.

No es una casualidad histórica. Ya en 1974, tras el embargo petrolero árabe, Richard Nixon lanzó el llamado Proyecto Independencia con el objetivo de alcanzar la autosuficiencia energética en una década. Aquel plan fracasó entonces, pero sembró la semilla de una política que, cuatro décadas después, convirtió a EE. UU. en exportador neto. La actual doctrina de dominancia energética recoge ese testigo y lo aplica a la carrera de la IA.

Hay además una arista comercial que conviene no perder de vista. El G7 acordó esta semana liberar 100 millones de barriles de crudo y diésel de sus reservas ante la posibilidad de que Donald Trump impusiera un veto a las exportaciones estadounidenses de diésel. El presidente planteó la idea y la descartó horas después del anuncio del G7. El episodio revela hasta qué punto Europa depende de decisiones que se toman en el Despacho Oval.

La lógica de fondo es sencilla: quien controle la energía de la IA controlará la IA. Estados Unidos no va a frenar sus centros de datos por escrúpulos de red; los europeos tendrán que decidir qué límite relajan. Bruselas habla de convertirse en el primer «continente electroalimentado» y de elevar la electricidad del 23% al 46% del consumo en 2040, pero esa meta necesita generación firme que hoy no existe. El mercado ya lo ha descontado.

Ficha del Caso

  • El caso: La Unión Europea quiere triplicar su capacidad de centros de datos en cinco a siete años para competir en la carrera de la IA, pero su red eléctrica y su dependencia exterior amenazan con disparar la factura.
  • Datos clave: Los data centers consumieron 68 TWh en la UE en 2024 y la Comisión proyecta 114 TWh en 2030 (3,2% de la demanda). El 57% de la energía comunitaria es importada y 35 refinerías han cerrado desde 2009. El campus de Google en Austria podría llegar a representar el 7% del consumo del país.
  • Para España: Los proyectos se concentran en Aragón, Madrid y Cataluña; en un mercado marginalista, la nueva demanda presiona al alza el precio de la luz que pagan hogares y pymes.

Rueda avala las sospechas del PP sobre el voto por correo y exige ‘máximas garantías’ para el 29N en Galicia

Alfonso Rueda exige máximas garantías con el voto por correo ante el 29N y avala las sospechas que el PP ha instalado sobre Correos.

La Xunta pone el foco en Correos: “Tenemos que ser muy estrictos, visto lo visto”

El presidente de la Xunta y líder del PPdeG (el Partido Popular de Galicia, la formación que gobierna la comunidad con mayorías absolutas consecutivas desde 2009) sostiene que cualquier fórmula para ejercer el derecho al voto debe reunir las máximas garantías, pero añade que, esta vez, “por las cosas que se han visto”, toca vigilar de manera especial las papeletas que llegan a través de Correos.

La frase con la que resume su posición es muy corta. “Tenemos que ser muy estrictos, visto lo visto”. Con ella, Alfonso Rueda se suma al cuestionamiento del voto por correo que su partido ha elevado en Madrid, y lo hace desde una posición doble: es el presidente de la Xunta y, a la vez, el jefe de los conservadores gallegos.

Preguntado por las palabras de la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, que llegó a pedir que no se votara por correo, Rueda ha acotado su coincidencia: está de acuerdo en que “todo sistema de voto tenga las máximas garantías”. No ha ido más allá. Su énfasis se ha puesto en el control del procedimiento, no en la renuncia a la vía postal.

Sobre el adelanto electoral, el presidente gallego considera que la decisión de Pedro Sánchez de fijar las generales el 29 de noviembre coincide “por primera vez en mucho tiempo” con el sentido común, aunque atribuye el movimiento a un “oportunismo político” con el que el jefe del Ejecutivo trataría de anticiparse a “circunstancias que podrían ocurrir” y al “impacto” de causas judiciales abiertas en su entorno.

El PPdeG gobierna Galicia con mayoría absoluta desde 2009, y el marco que Rueda aplica al voto por correo es ya el marco del PP para toda España.

Y un tercer asunto se ha colado en la comparecencia: la posibilidad de que Alberto Núñez Feijóo vuelva a buscar nombres en el gabinete de la Xunta para las listas al Congreso. Ya ocurrió en 2023, cuando la llamada del líder nacional forzó la salida de varios conselleiros y una remodelación del Gobierno gallego.

El BNG se declara listo y Rueda deja la puerta abierta a su gabinete

Alfonso Rueda

Al otro lado del tablero, el BNG (el Bloque Nacionalista Galego, hoy primera fuerza de la oposición en el Parlamento de Galicia, la cámara unicameral con 75 deputados) ha trasladado que está preparado para las generales con un lema que condensa su marco de campaña: “Más derechos y menos derechas”.

Rueda, por su parte, ha mantenido su criterio sobre las listas. Si se repite el escenario de 2023, lo “procedente” es que salgan miembros de su equipo, aunque asegura que no ha recibido ninguna insinuación al respecto. Y ha negado que vaya a aprovechar la coyuntura para sustituir a algún conselleiro: si estuviera descontento con uno, razona, ya lo habría cambiado.

En el capítulo económico, el presidente autonómico ha defendido la posición de su partido en el debate sobre la vivienda. El PP votó en contra de los dos decretos presentados la semana pasada, y Rueda no cree que eso le reste apoyos: “La vivienda es un buen motivo sobre el que discutir siempre”, ha dicho, y lo ha presentado como una ocasión para hablar de “realidades y no de anuncios de propaganda”.

El Laboratorio Gallego

Galicia funciona desde hace años como banco de pruebas. El PPdeG gobierna la comunidad a través de la Xunta con mayoría absoluta ininterrumpida desde 2009, y esa estabilidad convierte cada paso del Ejecutivo autonómico en una referencia para el discurso nacional del partido. Cuando Rueda instala la idea de que el voto por correo necesita una vigilancia especial, no improvisa: traslada al terreno gallego un encuadre que el PP ya ha colocado en el debate español de cara al 29N. La novedad es el lugar desde el que se pronuncia.

Hay dos capas. La primera es el relato: un barón autonómico respalda con matices la tesis que Ayuso ha llevado al extremo, y lo hace sin cerrar la puerta al voto postal. La segunda es la logística de las candidaturas. Feijóo ya tiró del cuadro gallego en 2023, cuando varios conselleiros pasaron al Congreso y la Xunta tuvo que recomponerse. Si vuelve a suceder, la comunidad afrontará una nueva remodelación en pleno ciclo electoral. El PSdeG, la federación gallega del PSOE, llega a la cita con el reto de recuperar espacio frente a un BNG que ocupa hoy el papel de primera oposición.

Queda una incógnita que solo resolverá el calendario: cómo encaja el discurso de la sospecha postal en una comunidad de población muy dispersa y con una colonia emigrante numerosa, dos realidades donde el voto por correo pesa más que en la media. La próxima estación es el 29 de noviembre. Antes, el PPdeG tendrá que cerrar sus listas y el BNG confirmar su estrategia para una campaña que se jugará tanto en las urnas como en el relato sobre la limpieza del procedimiento.

Ficha del Caso

  • El caso: El presidente de la Xunta reclama máxima vigilancia sobre el voto por correo ante el 29N y alinea a Galicia con el marco que el PP nacional discute en Madrid.
  • Datos importantes: Elecciones generales el 29 de noviembre; el PPdeG gobierna Galicia con mayoría absoluta desde 2009; el Parlamento autonómico cuenta con 75 deputados; en 2023 varios conselleiros pasaron a las listas del PP al Congreso.
  • Resumen: Rueda respalda el principio de garantías sin sumarse a la llamada de Ayuso a no votar por correo, y admite que su gabinete podría aportar nombres a las listas de Feijóo. El episodio refuerza a Galicia como laboratorio del discurso conservador para el conjunto de España.

El PNV afronta las elecciones generales del 29N con el autogobierno y su voto clave en la Diputación Permanente

El PNV encara las elecciones generales del 29N con el autogobierno como eje y su voto decisivo en la Diputación Permanente.

La convocatoria para el 29 de noviembre no ha sorprendido a la dirección nacionalista. El partido había fijado la previsible falta de apoyo a los presupuestos de 2027 como punto de no retorno y llevaba tiempo aludiendo a la posibilidad de un adelanto electoral. ‘Llevábamos bastantes meses diciendo que la legislatura no podía seguir sin un mínimo común que pudiera sacar adelante propuestas concretas’, señala el comunicado difundido por la formación.

Qué ha dicho el PNV tras la convocatoria electoral

El presidente del Euzkadi Buru Batzar, Aitor Esteban, ha subrayado que la cita con las urnas ‘no nos viene de sorpresa’ y que el partido está ‘absolutamente’ preparado. Será su primera campaña como presidente de la formación y no como referencia electoral, después de haber concurrido como candidato en cinco ocasiones. La portavocía parlamentaria ha recaído en los últimos meses en Maribel Vaquero, sin que se haya aclarado si encabezará la lista.

Es también la primera campaña sin Andoni Ortuzar y sin el que fuera responsable de Organización, Joseba Aurrekoetxea, encargado durante años de cada movimiento estratégico del partido. En el Alderdi Eguna de finales de septiembre, Esteban situó la defensa del autogobierno vasco como eje frente a ‘los ataques que puedan venir de Madrid’ y anunció que a mediados de octubre arrancará el proceso interno para elegir candidaturas, que prevé cerrar a mediados de noviembre.

El voto clave en la Diputación Permanente

En la legislatura que ahora se cierra, el PNV dio su apoyo al primero de los dos decretos de vivienda y votó en contra del segundo, junto al PP, Vox, Junts y Coalición Canaria. El segundo de los textos no logró la convalidación del Congreso, de modo que su contenido quedó sin desplegarse.

Si el Ejecutivo intentara revalidar las medidas en la Diputación Permanente de unas Cortes ya disueltas, los nacionalistas volverían a resultar determinantes en la aritmética. No hay posición oficial del partido sobre esa hipótesis. Las voces parlamentarias consultadas la describen como anómala y totalmente excepcional, porque se trata de un órgano concebido para el control de la actividad del Gobierno y no para legislar con normalidad.

El segundo decreto de vivienda decayó con el ‘no’ del PNV, PP, Vox, Junts y Coalición Canaria; la Diputación Permanente de unas Cortes disueltas podría volver a examinarlo.

La estrategia navarra y el precedente de las últimas generales

En Navarra, el PNV no concurre con sus propias siglas: lo hace a través de la coalición Geroa Bai, con la que en las últimas generales fue séptima fuerza de la comunidad foral, con María Solana como cabeza de cartel. La fórmula permite al partido cumplir los requisitos para formar grupo propio en el Congreso, que exigen un mínimo de 15 escaños o, en su defecto, el 15% de los votos en cada circunscripción.

La convocatoria despeja además una coincidencia que la formación quería evitar: la de las generales con las elecciones forales y municipales, unos comicios en los que el debate se desplaza a Madrid y gana peso la movilización de los partidos con opciones de gobernar en España. ‘El futuro del Gobierno español no se decide en Euskadi’, subraya el partido, que reclama centrar la campaña en los intereses vascos y en el rechazo a la dinámica de bloques.

El PNV ha canalizado su interlocución con el Gobierno central en los últimos años a través de la negociación presupuestaria y del sentido de voto en decretos y leyes, una posición que convierte cada cita con las urnas en una pieza relevante para la aritmética del Congreso y para la agenda legislativa del próximo Ejecutivo.

Ya está en marcha el calendario interno: el partido prevé iniciar a mediados de octubre la selección de candidaturas y cerrar los nombres a mediados de noviembre, según el anuncio realizado por Esteban en el Alderdi Eguna. La cita con las urnas, el 29 de noviembre, definirá el peso del PNV en la próxima Cámara y su capacidad de influencia sobre las medidas de vivienda que quedaron pendientes.

El efecto Bolsonaro hunde el riesgo país de Argentina a 633 puntos y dispara sus activos

El efecto Bolsonaro hunde el riesgo país de Argentina a 633 puntos y dispara los bonos y acciones argentinos.

Y en esa fiesta hay dos invitados que a España le importan mucho: Santander y BBVA, propietarios de dos de los mayores bancos que operan en el país. El indicador que elabora JP Morgan cayó este lunes hasta esa cota, y la reacción de los activos argentinos devuelve el optimismo a la plaza porteña.

Qué ha pasado: el contagio de Brasil que llega a Buenos Aires

Vamos por partes. Tras la primera vuelta presidencial brasileña, el resultado rompió los pronósticos: Flavio Bolsonaro, hijo del expresidente Jair Bolsonaro, se colocó por delante de Lula da Silva. Los inversores brasileños lo celebraron de inmediato y esa euforia cruzó la frontera hasta la plaza porteña.

Argentina no vota en Brasil, pero sufre y celebra cada movimiento de su vecino. El riesgo país —el sobrecoste que exige un inversor para prestar dinero a un Estado— funciona como termómetro de la confianza. Según el indicador de JP Morgan, cayó hasta los 633 puntos, aunque en julio había rozado las 400 unidades y la tensión financiera global lo había empujado al alza en las últimas semanas.

Qué se juega España: Santander, BBVA y el negocio argentino

Los números del lunes lo dicen todo. Mercado Libre avanza un 6,5% y le sigue BBVA Argentina, con un 6,2%. Después aparecen Banco Macro, con un 5,7%, y Central Puerto, con un 5,4%. La subida de las acciones argentinas es la señal más clara de que el mercado vuelve a respirar.

Para España no es una anécdota lejana. BBVA y Santander son los dos grandes bancos españoles con presencia directa en el país, y el riesgo país marca cuánto les cuesta financiarse allí. Cuando el indicador baja, sus filiales valen más y su negocio se revaloriza; cuando sube, cada punto se nota en las cuentas del grupo y en el bolsillo del accionista español.

Para Santander y BBVA, cada punto que baja el riesgo país argentino es dinero que dejan de pagar por financiarse en Buenos Aires.

El ministro de Economía argentino, Luis Caputo, atribuyó parte de esa volatilidad a un clima electoral anticipado, en unas declaraciones a Clarín desde París. En el Ejecutivo argentino leen cada dato de los mercados como una suerte de plebiscito económico.

Con la segunda vuelta brasileña aún en el horizonte —prevista para finales de octubre—, el mercado argentino mira a Brasilia tanto como a su propia economía. España es uno de los países europeos con más inversión acumulada en el Cono Sur: lo que pasa al otro lado del Atlántico se sigue con lupa desde Madrid. ¿Por qué le importa esto a un ahorrador español? Porque una parte del valor de dos de los mayores bancos del IBEX se decide, cada mañana, en la Bolsa de Buenos Aires.

Lo que el precedente de 2001 enseña sobre el riesgo argentino

La historia es una advertencia que España aprendió por las malas. En 2001, el corralito —la congelación de los depósitos— y el mayor impago soberano registrado hasta entonces golpearon con fuerza a las filiales de Santander y BBVA, que asumieron pérdidas millonarias.

Aquel episodio dejó una lección: la exposición argentina de la banca española es una apuesta de largo plazo que sube y baja al ritmo del riesgo país.

La diferencia con 2001 está en el punto de partida. Argentina vuelve a estar bajo la lupa de los mercados, pero el contexto exterior es hoy más benigno que el de hace un cuarto de siglo. La caída se parece más a una tregua que a una solución: el indicador sigue muy por encima de los 400 puntos que rozó en julio.

La clave para España llegará en las próximas semanas. La segunda vuelta brasileña y la evolución del riesgo país marcarán cuánto valen, sobre el papel, las filiales de Santander y BBVA en Argentina. Conviene seguir el indicador de JP Morgan como una señal temprana: cuando se mueve, la banca española lo siente.

📌 Ficha del Caso

  • Ficha sobre el caso: La primera vuelta presidencial en Brasil deja a Flavio Bolsonaro por delante de Lula y contagia de optimismo a los mercados argentinos, que celebran la caída del riesgo país.
  • Datos importantes: El indicador de JP Morgan cae a 633 puntos tras haber rozado los 400 en julio. Las acciones argentinas suben hasta un 6,5% y BBVA Argentina, un 6,2%.
  • Resumen: La mejora alivia a Santander y BBVA, los dos grandes bancos españoles con presencia en Argentina, pero el riesgo país sigue muy por encima de los niveles de julio.

Las Cortes de Aragón aprueban impulsar la tauromaquia popular aragonesa como Bien de Interés Cultural Inmaterial

EN 30 SEGUNDOS

  • ¿Qué ha pasado? La Comisión Institucional y de Desarrollo Estatutario de las Cortes de Aragón aprueba una proposición no de ley del PP para impulsar la declaración de la tauromaquia popular aragonesa como Bien de Interés Cultural Inmaterial.
  • ¿Quién está detrás? El grupo popular, que defendió el texto con su portavoz adjunta, Elena Allué. El Gobierno de Aragón lo preside Jorge Azcón (PP).
  • ¿Qué impacto tiene? Abre la vía a un decreto de protección sobre unos festejos que suman más de 2.900 sesiones al año y sobre la actividad económica asociada en el medio rural.

Las Cortes de Aragón han aprobado este lunes impulsar la declaración de la tauromaquia popular aragonesa como Bien de Interés Cultural Inmaterial.

2.900 festejos populares frente a 75 corridas: el mapa que dibuja Aragón

El acuerdo no tiene rango de ley. Se trata de una proposición no de ley —una iniciativa parlamentaria que compromete políticamente al Ejecutivo autonómico sin modificar el ordenamiento jurídico— aprobada en la Comisión Institucional y de Desarrollo Estatutario de las Cortes de Aragón, el parlamento unicameral de la comunidad, con 67 escaños. El texto insta al Gobierno de Aragón a impulsar la declaración de la tauromaquia popular como Bien de Interés Cultural Inmaterial y a levantar un inventario de sus manifestaciones tradicionales.

Los números que maneja el grupo popular sitúan el fenómeno lejos de lo anecdótico. En Aragón se contabilizan más de 2.900 sesiones de festejos taurinos populares al año frente a 75 espectáculos de toreo clásico. La proporción habla sola: por cada corrida en un ruedo, decenas de encierros, sueltas y capeas repartidos por el territorio. El inventario abarcaría desde encierros urbanos y camperos hasta sueltas de reses, capeas, toros ensogados, toro embolado, concursos y exhibiciones que se celebran en las tres provincias.

El roscadero es la modalidad que solo se practica en Aragón. Así lo subrayó la portavoz adjunta del PP, Elena Allué, que situó esta suelta entre las manifestaciones más reconocibles del repertorio popular, con más de treinta cuadrillas activas esta temporada. La diputada defendió la iniciativa como “un reconocimiento a la cultura tradicional aragonesa” y avisó: “Cuando desaparece una vaquilla, un encierro o un roscadero tradicional no desaparece únicamente un acto del programa de fiestas. Desaparece una parte de nuestra historia”.

El PP sostiene que estos festejos no son solo celebración. Ganaderías, transportistas, veterinarios, personal sanitario, aseguradoras, organizadores, montadores, hostelería, alojamientos y comercios forman parte de la cadena económica que sostiene cada festejo. En buena parte del medio rural aragonés, es el acontecimiento que llena bares y casas rurales durante un fin de semana.

En Aragón se celebran casi cuarenta festejos populares por cada corrida clásica: la fiesta que llena las plazas de los pueblos no es la de los ruedos.

Del acuerdo político al decreto: lo que falta para que sea realidad

La declaración no es automática. El Bien de Interés Cultural Inmaterial protege manifestaciones culturales vivas y, a diferencia de un monumento, no se conserva con obras sino con transmisión. En Aragón exige un decreto del departamento autonómico competente en Cultura y su publicación en el BOA. Hasta entonces, el acuerdo de las Cortes es una hoja de ruta, no un blindaje jurídico.

El marco estatal tampoco simplifica el camino. La Ley 18/2013 declaró la tauromaquia patrimonio cultural de España, pero en 2024 el Ministerio de Cultura suprimió el Premio Nacional de Tauromaquia. Ese doble mensaje es el telón de fondo.

Lo que no ha trascendido es el sentido de voto del resto de grupos: las fuentes consultadas no detallan cómo se posicionaron las demás formaciones ni si el respaldo fue unánime. Y no hay calendario oficial para el inventario: ni plazo, ni equipo técnico, ni partida presupuestaria comprometida.

El Pulso Territorial

El Ejecutivo que recibirá la pelota es el de Jorge Azcón, presidente del Gobierno de Aragón desde 2023. El PP gobierna en minoría y necesita apoyos externos para sacar adelante sus iniciativas, una aritmética que convierte cada texto parlamentario en pieza de negociación. La tauromaquia no es un asunto de perfil bajo: divide a la opinión pública sobre un territorio de 731 municipios, buena parte de ellos por debajo de los 500 habitantes.

La comparación interna retrata la escala del fenómeno. Frente a las 75 corridas clásicas, la comunidad registra más de 2.900 sesiones populares al año, una ratio que multiplica por casi cuarenta los espectáculos de ruedo y que convierte a Teruel, la menos poblada de las tres provincias, en en el escenario donde la continuidad está más en juego. La despoblación no entiende de declaraciones.

Y viene calendario. Las Cortes deberán aprobar los presupuestos de 2027 en el último tramo útil de la legislatura, con las elecciones autonómicas de mayo de 2027 en el horizonte. No hay pronunciamiento del Ejecutivo autonómico sobre los plazos del expediente. Una declaración de este tipo no garantiza que ningún festejo concreto sobreviva: protege su valor simbólico y obliga a documentar lo que existe. Nada más. Y en los pueblos pequeños, a veces, nada menos.

Ficha Autonómica

  • El caso: La Comisión Institucional de las Cortes de Aragón aprueba una proposición no de ley del PP para impulsar la declaración de la tauromaquia popular aragonesa como Bien de Interés Cultural Inmaterial.
  • Datos importantes: Más de 2.900 sesiones de festejos populares al año frente a 75 espectáculos de toreo clásico; más de treinta cuadrillas de roscadero activas, la única modalidad exclusiva de Aragón; 67 escaños en las Cortes.
  • Resumen: El acuerdo no tiene rango de ley. Depende de que el Gobierno de Aragón abra el expediente y publique el decreto de declaración en el BOA. No hay plazos comprometidos.

Huelga de educación concertada en Galicia: paro total y manifestación este martes ante la Xunta

El profesorado de la educación concertada gallega secunda este martes una huelga total y marchará ante la Consellería de Educación. La jornada, convocada por CC.OO., FSIE, UGT, FeUSO, SNEP y CIG, incluye una manifestación que partirá a las 11:30 horas de la Alameda de Santiago de Compostela.

EN 30 SEGUNDOS

  • ¿Qué ha pasado? Seis sindicatos convocan una huelga total este martes y una manifestación ante la Consellería de Educación en Santiago de Compostela.
  • ¿Quién está detrás? CC.OO., FSIE, UGT, FeUSO, SNEP y CIG frente a la Consellería de Educación de la Xunta de Galicia.
  • ¿Qué impacto tiene? Afecta a unos 7.000 profesionales y al 30% del alumnado no universitario gallego.

Huelga total en la concertada gallega: seis sindicatos y una manifestación ante la Consellería

Los convocantes justifican el paro en la «nula voluntad» de la Xunta de Galicia (el gobierno autonómico gallego, con sede en Santiago de Compostela) para fijar un calendario de negociaciones. Reclaman la convocatoria «inmediata y urgente» de la Mesa Tripartita de la enseñanza concertada, el foro donde se sientan sindicatos, patronal y Administración.

La nueva convocatoria llega después de la huelga parcial del 9 de septiembre, coincidiendo con el primer día de la vuelta a las aulas, cuyo seguimiento los sindicatos cifraron por encima del 60%. La secretaria federal de FSIE Galicia, Yolanda Benito, reprochó entonces la «falta de respuesta» de la Consellería. «No podemos más y las movilizaciones deben continuar», señaló.

Sobre la mesa hay una lista larga de asuntos pendientes: el desbloqueo de los acuerdos de homologación salarial y desarrollo profesional, el abono de los complementos de coordinación, tutorías, dinamización lingüística y cargo, y la paga extraordinaria de antigüedad. A eso se suma la reducción de la carga lectiva, la mejora de los acuerdos de jubilación parcial con contrato de relevo para todo el personal y la financiación de un complemento autonómico para el Personal de Administración y Servicios (PAS).

La portavoz de CC.OO., Tania Alonso, ha denunciado el «modus operandi» de la Xunta y ha acusado al Ejecutivo autonómico de privatizar servicios que deberían ser públicos. «Trabajadores low cost somos en la concertada», ha afirmado.

La concertada concentra un tercio de la enseñanza no universitaria gallega, y su profesorado lleva meses reclamando una mesa de negociación que la Xunta aún no ha convocado.

Los números ayudan a calibrar el pulso. El personal de la enseñanza concertada representa un tercio de la educación no universitaria en Galicia, con alrededor de 7.000 profesionales que atienden al 30% del alumnado. El calendario aprieta: los sindicatos ya han anunciado nuevas jornadas de huelga total para noviembre y diciembre.

Servicios mínimos del 20% y acusaciones de «abusivos»

Xunta de Galicia

La Consellería de Educación, Ciencia, Universidades y FP (el departamento educativo del gobierno gallego) publicó este lunes en el DOG (el Diario Oficial de Galicia) la orden de servicios mínimos. La norma fija la presencia obligatoria de la dirección y de un subalterno por centro, así como la cobertura del 20% del personal docente y del 20% del personal complementario. Los centros deberán permanecer abiertos en su horario habitual.

La Xunta justifica ese porcentaje en la necesidad de mantener la protección del alumnado y de atender a los estudiantes con necesidades específicas en los centros de educación especial. Los sindicatos convocantes han calificado los mínimos de «abusivos».

Desde Vigo, los convocantes prevén desplazar nueve autobuses hacia la capital gallega para reforzar la manifestación. La protesta terminará ante la sede de la Consellería de Educación, el mismo escenario donde los sindicatos quieren sentar a la Xunta a negociar.

El Laboratorio Gallego

Galicia es uno de los territorios donde la educación concertada tiene más peso dentro del sistema educativo. Un tercio de las etapas no universitarias pasa por aulas concertadas. Eso convierte cualquier conflicto laboral del sector en un asunto de primer orden político para el PPdeG (el Partido Popular de Galicia, la formación gobernante con mayorías absolutas consecutivas desde 2009), que administra la Xunta con Alfonso Rueda al frente. El BNG (o Bloque Nacionalista Galego, actualmente primera fuerza de la oposición) ha respaldado históricamente estas reivindicaciones y reclama más inversión pública; el PSdeG (la federación gallega del PSOE) mantiene un discurso crítico con la «privatización» del servicio.

La lectura nacional es directa. La concertada ha sido una seña de identidad del modelo educativo del PP, y Alberto Núñez Feijóo la defendió durante sus trece años al frente de la Xunta, entre 2009 y 2022. Un conflicto enquistado en Galicia llega justo cuando el líder nacional del PP proyecta su gestión autonómica hacia España. La incógnita es cuánto puede sostener la Consellería su estrategia de no convocar la Mesa Tripartita. Con dos jornadas de huelga ya anunciadas para noviembre y diciembre, el pulso entre Rueda y los sindicatos tiene cuerda para rato.

Ficha del Caso

  • El caso: Los sindicatos de la educación concertada gallega convocan una huelga total para este martes y una manifestación ante la Consellería de Educación en Santiago de Compostela.
  • Datos importantes: Seis sindicatos convocantes; servicios mínimos del 20% del profesorado; 7.000 profesionales y el 30% del alumnado no universitario afectados; nuevas huelgas previstas para noviembre y diciembre.
  • Resumen: El pulso entre la Xunta y los sindicatos de la concertada mide el desgaste del modelo educativo del PPdeG, referencia del PP nacional.

Declaraciones ante la jueza de la DANA: los alcaldes de La Torre y Sedaví aseguran que el Cecopi no avisó

Los alcaldes de La Torre y Sedaví han declarado ante la jueza de la DANA que nadie les avisó el 29-O. El agua les llegaba a la cintura y no hubo llamada, ni mensaje, ni convocatoria.

EN 30 SEGUNDOS

  • ¿Qué ha pasado? Rafael Arnal, alcalde pedáneo de La Torre, y Josep Francesc Cabanes, alcalde de Sedaví, han comparecido ante la jueza que instruye la DANA y sostienen que no recibieron aviso el 29 de octubre de 2024.
  • ¿Quién está detrás? El Ayuntamiento de València, el Cecopal municipal y la Generalitat aparecen en la cadena de avisos que examina la instrucción.
  • ¿Qué impacto tiene? Refuerza la vía judicial de la DANA y añade presión sobre cómo se organizó la respuesta institucional aquel día, con el segundo aniversario de la riada a tres semanas vista.

Las declaraciones ante la jueza de la DANA se han prestado en el juzgado de Catarroja, que instruye la causa sobre la gestión de la riada, la misma pieza judicial que examina desde hace meses quién sabía qué y en qué momento lo sabía. Los testimonios municipales pesan porque tocan el primer eslabón de la cadena de avisos: el que está en contacto directo con los vecinos.

Lo que Arnal y Cabanes han contado a la jueza: sin aviso, sin datos y sin teléfono

Rafael Arnal, alcalde pedáneo de La Torre —la figura que representa a los núcleos adscritos a un municipio—, ha sostenido que no tenían datos de la emergencia porque «nadie les avisó». Según las fuentes presentes en su testifical, no fue informado del Cecopal, el Centro de Coordinación Operativa Municipal que se activó en el Ayuntamiento de València, ni del cierre de jardines y universidades. Su alerta roja le llegó por WhatsApp, a un grupo en el que están los alcaldes pedáneos, la alcaldesa, y algún concejal más.

En La Torre publicaron el bando municipal con el aviso rojo y sin ninguna otra recomendación «porque no tenían datos». Era un día soleado, ha añadido, y «la gente se lo tomó un poco a broma». Antes de quedarse sin luz y sin comunicaciones, Arnal pudo hablar con la alcaldesa de València, María José Catalá, para decirle que el agua les llegaba «a la cintura». Después ya no pudo contactar con nadie, tampoco con la Policía Local.

El agua, ha declarado, llegó «como una ola, de golpe». Los bomberos que alcanzaron el núcleo en lancha lo hicieron porque «alguien les avisaría cuando ya estaban inundados», aunque no sabe quién los movilizó. Se enteró al día siguiente. El alcalde de Sedaví, Josep Francesc Cabanes, ha sostenido la misma línea en su comparecencia: tampoco recibió el aviso y el agua les llegaba a la cintura, según la información de À Punt.

A preguntas de los letrados, Arnal comparó su experiencia con el último Es-Alert, el enviado el pasado 1 de octubre tras la alerta roja por lluvias declarada por AEMET, que sí incluía recomendaciones. En octubre de 2024, en cambio, no hubo reuniones previas ni instrucciones. Ahora el aviso llega con pautas; entonces llegó sin datos.

Dos alcaldes, dos municipios y una misma frase ante la jueza: nadie les avisó de que el agua ya estaba entrando en sus calles.

La cadena de avisos que la instrucción de Catarroja pone bajo la lupa

La instrucción separa dos mecanismos que la riada mezcló: el Cecopal, de ámbito municipal y responsabilidad del Ayuntamiento de València, y el Cecopi, el centro de coordinación autonómico que activa la Generalitat. Arnal sitúa su queja en el primero, porque sostiene que nadie le comunicó su convocatoria. La propia alcaldesa de València declaró ante la jueza de Catarroja, según recoge la hemeroteca del caso, que «la verdad es que nadie me informa de que se está elaborando el Es-Alert».

Estas testificales se suman a las ya prestadas por responsables municipales y a los informes incorporados a la causa. En conjunto, refuerzan la vía judicial de la DANA y alimentan las preguntas de la comisión de investigación de las Corts Valencianes. La instrucción sigue abierta.

alcalde pedáneo La Torre

El Escenario Valenciano

En clave autonómica, el Consell (el gobierno de la Generalitat Valenciana) que preside Juanfran Pérez Llorca mantiene intacto el pacto con Vox desde su toma de posesión, el 2 de diciembre de 2025, y la reconstrucción sigue siendo el gran frente abierto de la legislatura.

El expresident Carlos Mazón, que dimitió el 3 de noviembre de 2025 por su gestión de la catástrofe, conserva su acta de diputado en las Corts Valencianes (el parlamento autonómico, con 99 escaños) y continúa siendo una figura central del procedimiento.

La oposición de PSPV y Compromís ha hecho de la cadena de avisos el eje de sus iniciativas, y reclama que quede claro quién dio cada orden aquel día.

No solo hay una dimensión autonómica. El Gobierno de Pedro Sánchez y el Consell han mantenido un pulso público sobre la financiación de la reconstrucción, con el Consorcio de Compensación de Seguros y los fondos europeos como piezas centrales. El precedente que más se cita en la Comunitat sigue siendo la pantanada de Tous, en 1982, cuando también se discutió durante años quién debió avisar a la población.

El calendario aprieta: el próximo 29 de octubre se cumplen dos años de la DANA, la instrucción de Catarroja seguirá citando testigos y el Consell afronta el curso político con la reconstrucción como principal frente abierto.

Ficha del Caso

  • El caso: Declaraciones de Rafael Arnal, alcalde pedáneo de La Torre, y Josep Francesc Cabanes, alcalde de Sedaví, ante la jueza que instruye en Catarroja la gestión de la DANA del 29 de octubre de 2024.
  • Datos importantes: Arnal asegura que no fue informado del Cecopal municipal ni del cierre de jardines y universidades, y que su alerta roja llegó por WhatsApp. Ambos relatan que el agua les llegaba a la cintura.
  • Resumen: Los testimonios municipales refuerzan la vía judicial y ponen el foco en la cadena de avisos, con el segundo aniversario de la riada el próximo 29 de octubre.