Bruselas moviliza a 130 millones de drones y antidrones para la vigilancia de las fronteras

Roberto Fuentes
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Bruselas moviliza a 130 millones de drones y antidrones para la vigilancia de las fronteras

La Comisión Europea moviliza 130 millones de euros adicionales para drones y antidrones que vigilarán las fronteras exteriores de la UE. El anuncio, hecho público este lunes 5 de octubre, refuerza el trabajo que la Guardia Civil desarrolla en la vigilancia de los perímetros fronterizos españoles y en las misiones coordinadas con otros cuerpos europeos.

Según el comunicado del Ejecutivo comunitario, los fondos se canalizarán a través del Instrumento de Apoyo Financiero a la Gestión de Fronteras y la Política de Visados (BMVI, por sus siglas en inglés), el mecanismo europeo que financia equipos y sistemas de control fronterizo para los Estados miembro. La partida permitirá a las autoridades nacionales mejorar el conocimiento de la situación sobre el terreno y contar con nuevas herramientas para proteger el perímetro exterior de la Unión.

El nuevo paquete para las fronteras exteriores de la UE

Esta nueva aportación se suma a los 250 millones de euros anunciados en diciembre de 2025 y a otros 169 millones movilizados a principios de 2026 para financiar drones de vigilancia y equipos relacionados. En conjunto, Bruselas ha puesto ya a disposición de los Veintisiete más de 500 millones de euros de los fondos europeos de Interior para tecnologías de vigilancia con drones y sistemas antidrón.

El objetivo declarado es doble: reforzar la capacidad de observación de las fronteras y responder a posibles amenazas derivadas del uso no autorizado u hostil de estos aparatos. Los drones permiten cubrir grandes extensiones de terreno y de litoral con menos medios humanos, mientras que los sistemas antidrón neutralizan aeronaves que pretendan vulnerar el espacio vigilado. Los equipos financiados se destinan tanto a los Estados miembro como a la Agencia Europea de la Guardia de Fronteras y Costas.

El Plan de Acción europeo y el papel de Frontex

La iniciativa se enmarca en el Plan de Acción de la UE sobre Seguridad de Drones y Antidrones, presentado por la Comisión el pasado mes de febrero para proteger el espacio aereo y las infraestructuras críticas frente al uso malicioso de estos dispositivos. El plan combina financiación, coordinación operativa y desarrollo tecnológico entre los Veintisiete.

A esta financiación se suman los recursos disponibles a través del Fondo Europeo de Defensa para desarrollar tecnologías avanzadas de drones y antidrones, así como las adquisiciones conjuntas previstas por los Estados miembro en el marco del programa Acción por la Seguridad de Europa (SAFE). La Frontex, la Agencia Europea de la Guardia de Fronteras y Costas, figura entre las destinatarias de los equipos, junto a los cuerpos nacionales de cada país.

Los más de 500 millones de euros movilizados por Bruselas desde diciembre de 2025 confirman que la vigilancia de fronteras es hoy una prioridad operativa compartida por toda la Unión Europea.

El Contexto Operativo

La propia Comisión Europea sitúa el uso malicioso de aeronaves no tripuladas entre las amenazas que exigen una respuesta coordinada, al afectar tanto a las fronteras exteriores como a infraestructuras críticas. El tráfico ilícito, la vigilancia hostil y la interferencia en el espacio aéreo son los escenarios que el nuevo paquete pretende contrarrestar con más tecnología y mejor coordinación entre los Veintisiete.

En España, la vigilancia de las fronteras terrestres y marítimas recae sobre la Guardia Civil, un cuerpo dependiente del Ministerio del Interior que opera de forma habitual junto a Frontex en misiones coordinadas de control fronterizo. El esfuerzo presupuestario comunitario —más de 500 millones de euros acumulados desde diciembre de 2025— da medida de la escala que ha alcanzado esta prioridad en la agenda europea de Interior.

La previsión es que los Estados miembro puedan solicitar nuevas dotaciones en los próximos meses, con el refuerzo del programa SAFE y del Fondo Europeo de Defensa como vías complementarias. La coordinación con Frontex seguirá siendo la pieza clave para convertir la financiación en capacidad operativa real sobre el terreno.

Sánchez convoca elecciones generales el 29-N y Vox arranca campaña con inmigración y fiscalidad

Rodrigo Casado
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Sánchez convoca elecciones generales el 29-N y Vox arranca campaña con inmigración y fiscalidad

Sánchez convoca este lunes elecciones generales para el 29-N y Vox arranca campaña con la inmigración y la fiscalidad como ejes.

El anuncio llega después de un fin de semana de reuniones con su núcleo duro y de un segundo periodo de reflexión. El presidente del Gobierno disuelve las Cortes tras el fracaso de los dos reales decretos ley sobre vivienda y el portazo de Junts, que dejó al Ejecutivo sin mayoría para sostener su agenda legislativa. Con esa decisión, Pedro Sánchez se convierte en el primer presidente de la democracia que no presenta unos Presupuestos Generales del Estado.

Este mismo lunes se reúne el Consejo de Ministros extraordinario, sin rueda de prensa posterior, y la Ejecutiva Federal del PSOE ha desplazado su cita a las 17.00 horas. El decreto de disolución y convocatoria se publica este martes 6 de octubre en el Boletín Oficial del Estado, lo que sitúa la cita con las urnas en el día 54 posterior a la convocatoria, el domingo 29 de noviembre, tal y como fija la ley electoral para los supuestos de disolución anticipada.

En su declaración institucional, sin preguntas, Sánchez se presentó como víctima de la ‘peor oposición de la historia democrática’ y cargó contra el Partido Popular y contra Vox. Apuntó incluso a la presidenta madrileña, Isabel Díaz Ayuso: ‘Hemos transferido a esos gobiernos autonómicos más recursos que nunca para que invirtieran en sanidad, en educación, para que construyeran vivienda. Y ellos han comprado áticos y han privatizado hospitales’. Moncloa quiere que la vivienda sea el gran asunto de la campaña.

Los ejes de Vox: inmigración y fiscalidad

Vox entra en campaña con dos banderas propias. La dirección del partido coloca el control de la inmigración ilegal y la bajada de impuestos en el centro de su mensaje, y sostiene que son los dos asuntos que más pesan sobre el bolsillo de las familias y sobre la calidad de los servicios públicos: sanidad, educación y, de forma muy señalada, el acceso a la vivienda. El razonamiento que repiten sus portavoces es simple: sin control de fronteras no hay política social sostenible, y sin alivio fiscal no hay crecimiento capaz de financiarla.

En materia fiscal, el partido defiende una rebaja del Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas, la supresión de tributos que considera ideológicos y una revisión del gasto público que devuelva margen a las familias. En inmigración, reclama control efectivo de las fronteras, expulsión de quienes se encuentran en situación irregular y una política de flujos ordenada y vinculada al mercado de trabajo. La tesis que une ambos ejes es la misma: un Estado no puede garantizar derechos que no está en condiciones de financiar.

Vox no aspira tanto a ganar el 29-N como a fijar el marco de la derecha y a condicionar cualquier mayoría en la que el PP precise sus votos.

La reacción del PSOE y el tablero del 29-N

El PSOE ha cerrado filas con Sánchez sin fisuras visibles. ‘El secretario general tiene todo nuestro apoyo’, trasladan desde la dirección federal, que asegura afrontar la cita con ‘proyecto, equipo y fuerza’. Los socialistas presentan la campaña como una defensa del empleo, del salario mínimo y de la revalorización de las pensiones, y sitúan la vivienda, la inteligencia artificial y el cambio climático como los grandes retos de la década. Frente a ellos colocan a Partido Popular y Vox, a los que describen como ‘la coalición de los buitres, de los retrocesos y del miedo’.

La aritmética manda. Vox llega a la cita con los 33 escaños que le dieron la condición de tercera fuerza del Congreso de los Diputados y con una red territorial consolidada en parlamentos autonómicos y ayuntamientos. Para el Partido Popular, la convocatoria abre una ecuación incómoda: cualquier mayoría alternativa exigiría socios de signo muy distinto, y cualquier mayoría con Vox pasaría por negociar condiciones verificables antes de la investidura.

En Moncloa, el cálculo es otro. El Gobierno apuesta por una campaña corta y por un adversario identificable: el bloque de la derecha. Sin embargo, la vivienda es un asunto de gestión y el PSOE lleva años al frente del Ejecutivo. A eso se suma un dato difícil de esquivar: es el primer mandatario de la democracia que cierra el mandato sin unas cuentas públicas aprobadas.

La lectura estratégica: una campaña en los temas de Vox

Nuestra lectura es que el adelanto llega en el momento más cómodo para el partido de Santiago Abascal. La vivienda se ha convertido en el asunto que más moviliza el malestar social y conecta con el discurso de Vox sobre presión migratoria y suelo disponible; la fiscalidad, con el desgaste del poder adquisitivo. La formación llega con músculo territorial, con 120 escaños autonómicos y miles de concejales, y con la experiencia de la ruptura de los gobiernos de coalición con el PP en 2024.

El riesgo para el Gobierno está en su propio marco. Si la campaña se decide por la gestión de la vivienda, el debate se traslada al balance de un Ejecutivo que no logró aprobar unas cuentas y que dependió hasta el último día de Junts para sostener su agenda. Vox, mientras tanto, tiene ante sí un calendario definido: publicación del decreto en el Boletín Oficial del Estado el 6 de octubre, una precampaña que arranca de inmediato y una campaña que se cerrará el viernes 27 de noviembre, antes de la jornada de reflexión. Con 54 días por delante y dos banderas claras, el partido busca que el 29-N se vote sobre inmigración y fiscalidad, no sobre el relato de Moncloa.

Apple One sube 2 euros en España: los planes Familiar y Premium son más caros desde ya

Sara Olmedo
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Apple One sube 2 euros en España: los planes Familiar y Premium son más caros desde ya

Apple sube el precio de Apple One en España: los planes Familiar y Premium cuestan 2 euros más al mes desde este lunes. La compañía ha empezado a avisar por correo a los suscriptores afectados, que verán el nuevo importe en su próxima renovación.

Claves de la operación

  • Dos euros más al mes en España y Portugal. Los planes Familiar y Premium suben en ambos mercados en la misma cuantía, según los avisos que Apple ha comenzado a enviar a los suscriptores.
  • El plan Individual no se toca en esta ronda. La tarifa de entrada mantiene su precio, de modo que el ajuste recae sobre los usuarios con más servicios contratados.
  • Tercera revisión del año en servicios. Apple ya elevó el precio de Apple One en Estados Unidos, Australia, Canadá y Reino Unido en los primeros meses de 2026.

La subida entra en vigor de inmediato para quien contrate ahora. Los clientes que ya estaban dentro conservan la tarifa anterior hasta su fecha de renovación, de modo que el efecto completo sobre los ingresos no llega hasta el próximo ciclo de cobros. Ese desfase explica que buena parte de los suscriptores afectados no haya notado nada en su recibo.

El plan Familiar ha subido en doce países europeos: Bélgica, Bulgaria, Chequia, Dinamarca, Hungría, Letonia, Malta, Portugal, Eslovaquia, Eslovenia, España, y Suiza. El Premium se ha encarecido solo en tres mercados: España, Portugal y Suiza. En España y Portugal ambas tarifas suben 2 euros al mes, una cifra que la compañía replica en el resto de países con el equivalente en moneda local.

El pulso de Apple con el recibo del suscriptor europeo

Los planes afectados son los dos más completos de el paquete de suscripciones de Apple. El Familiar incluye 200 GB de almacenamiento en iCloud+, Apple TV, Apple Music y Apple Arcade para compartir en grupo familiar. El Premium añade 2 TB de almacenamiento, Apple Fitness+ y Apple News+ en los mercados donde el servicio de prensa está disponible. El plan Individual, con 50 GB y los tres servicios básicos, mantiene su precio.

La decisión deja intacta la puerta de entrada y encarece la parte alta del catálogo, un patrón que la compañía ya ha repetido en otras rondas. La subida se concentra en los clientes con mayor gasto y menor propensión a darse de baja, justo el grupo al que dos euros le resultan un motivo difícil para romper la suscripción. La duda está en cuánta paciencia queda en una base que ya ha absorbido varias revisiones este año.

Subir dos euros a quien ya tiene cinco servicios contratados es la vía más silenciosa para elevar la facturación media sin mover una sola unidad de hardware.

Servicios, el motor que sostiene la valoración

El negocio de servicios es desde hace años la línea que crece por encima del resto en la cuenta de resultados de Apple, con un margen muy superior al del iPhone. Cada revisión de precios alimenta directamente esa partida, y esta es ya la tercera del año. Apple ha repetido el movimiento en Estados Unidos, Australia, Canadá y Reino Unido antes de trasladarlo a Europa, donde el calendario regulatorio es más exigente.

En España, la comparación inmediata es la de las plataformas de vídeo y los paquetes de operador. Un hogar que pague Apple One Premium y sume una suscripción de vídeo y otra de música acumula ya un gasto anual de varios centenares de euros. El paquete de Apple compite por un presupuesto familiar que no crece, en un mercado donde Netflix, Spotify y Amazon Prime Video también han ajustado tarifas al alza en los últimos trimestres.

subida Apple One

Lo que Apple se juega frente a Telefónica y el resto de la oferta española

La comparación más útil en el mercado español no es la de Apple con otra tecnológica estadounidense, sino con Telefónica. Movistar Plus+ lleva años construyendo un modelo de paquete que agrupa televisión, música y almacenamiento bajo una sola factura, con la ventaja de que controla la red y puede cruzar descuentos con fibra y móvil. Apple no tiene esa palanca. Su única baza es la integración con el iPhone y el iPad, que en España sigue siendo la referencia de facto en la gama alta.

Ese es el punto débil de la estrategia. El ajuste se apoya en la inercia de una base instalada cautiva, no en una mejora del servicio, y la aritmética no siempre sale a favor del usuario: contratar los mismos servicios por separado puede resultar más barato según el consumo real de cada hogar. Pagar Apple Fitness+ sin pisar el gimnasio no es un ahorro, es un coste fijo. El paquete, lanzado en 2020, cumple seis años en un contexto muy distinto al de su estreno.

El terreno regulatorio añade ruido al relato. La aplicación del Reglamento de Mercados Digitales obliga a Apple a abrir su ecosistema a tiendas y sistemas de pago alternativos, y Bruselas sigue de cerca las condiciones que impone a los desarrolladores. Nada de eso toca de forma directa al precio de Apple One, pero sí erosiona el argumento con el que la compañía justifica la integración de sus servicios.

Seguimos de cerca la próxima presentación de resultados de Apple, prevista para finales de octubre según el calendario habitual de la compañía, donde se verá si el movimiento del recibo se traduce en más facturación o en bajas. El hito más inmediato lo tienen los propios suscriptores españoles: su fecha de renovación, que es cuando la subida se hace visible en la cuenta. Ahí se sabrá si dos euros rompen la fidelidad.

Vox insta al Supremo a suspender la ley de nietos para que los nacionalizados no voten el 29-N

Rodrigo Casado
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Vox insta al Supremo a suspender la ley de nietos para que los nacionalizados no voten el 29-N

Vox pide al Tribunal Supremo que los nacionalizados por la ley de nietos no puedan votar el 29-N. La formación de Santiago Abascal ha registrado este lunes un escrito ante la Sala de lo Contencioso-Administrativo del alto tribunal para exigir que se ejecute la suspensión cautelar acordada el pasado mes de septiembre.

El partido sostiene que la resolución del Supremo ‘no admite interpretación’ y recuerda que el auto acordó suspender los efectos electorales de esa norma ‘para los sucesivos procesos electorales que puedan convocarse’. Sobre esa base, Vox construye una petición muy concreta: que el pronunciamiento de septiembre se traduzca en instrucciones verificables antes de la cita con las urnas del 29 de noviembre.

Qué pide Vox al Tribunal Supremo y con qué argumentos

En el escrito registrado este lunes, Vox reclama a los magistrados que requieran a la Junta Electoral Central para que informe, en un plazo máximo de 24 horas, de las medidas adoptadas y de las instrucciones dadas para ‘garantizar el estricto cumplimiento del auto del Supremo’. El partido quiere cerrar cualquier resquicio. Si la Junta no hubiera adoptado aún esas medidas, pide a la Sala que le ordene tomarlas de inmediato y que le comunique el resultado.

La segunda petición afecta directamente al censo. Vox solicita que se requiera a la Junta Electoral Central o a la Oficina del Censo Electoral para que remita a la Sala el listado anonimizado de las personas inscritas en el CERA (el Censo Electoral de Residentes Ausentes) que tengan suspendido su derecho de voto, ‘con expresión de la provincia de asignación’. En tercer lugar, pide que se declare que la suspensión acordada ‘es aplicable a las elecciones del 29 de noviembre de 2026’.

Sobre el fondo, Vox advierte de que al CERA se han incorporado personas que ‘no han acreditado debidamente los requisitos de descendencia y exilio’. De ahí su conclusión: ‘el censo electoral utilizable el 29 de noviembre no puede incluir con derecho efectivo de voto a quienes fueron incorporados mediante la presunción de exilio cuestionada, aunque formalmente constasen inscritos a 1 de agosto’.

El Supremo ya cerró la puerta al voto de los inscritos en el CERA por la ley de nietos. Vox sostiene que ahora toca ejecutar esa suspensión.

Qué recorrido tiene el escrito y qué plazos se abren

El escrito no abre un procedimiento nuevo. Se apoya en una medida cautelar ya dictada y reclama los instrumentos para hacerla efectiva sobre el censo que se utilizará el 29 de noviembre. La Sala debe decidir ahora si asume esas peticiones y si fija el plazo de 24 horas que Vox propone, una cifra que responde a la necesidad de actuar antes del cierre definitivo del censo electoral.

En septiembre, el Tribunal Supremo paralizó cautelarmente el voto de las personas ya inscritas en el CERA nacionalizadas por la ley de nietos, así como las nuevas inscripciones, para preservar ‘la transparencia del proceso electoral y la confianza de la ciudadanía en sus resultados’. El pronunciamiento puede consultarse en el portal del Poder Judicial, y su ejecución en la parte organizativa corresponde a la Junta Electoral Central, el órgano arbitral de los comicios.

Por el momento no consta pronunciamiento público del Gobierno ni del PP sobre esta petición. Vox ha trasladado el pulso al terreno judicial con un argumento que no depende de la mayoría parlamentaria, sino del cumplimiento de una resolución ya dictada.

La lectura estratégica: por qué Vox judicializa el censo antes del 29-N

No es un movimiento aislado. Vox llegó al auto de septiembre después de impugnar los efectos electorales de la ley de nietos y ahora trata de impedir que ese pronunciamiento quede en papel mojado. En la lectura de la formación, un censo cuya composición está discutida abre la puerta a impugnaciones posteriores y debilita la credibilidad de la propia votación.

Hay un precedente que explica la insistencia. El partido ha hecho de la exigencia de instrucciones expresas a la administración electoral una constante cada vez que un tribunal ha puesto límites a normas con efectos sobre las urnas. En esta ocasión acompaña la reclamación con un calendario: los comicios del 29 de noviembre de 2026 y un plazo de 24 horas que, si la Sala lo acepta, dejaría a la Junta Electoral Central sin margen para demorar la respuesta.

La lectura que hacemos es que Vox ha llevado al Supremo una batalla que no puede resolver en el Congreso. El partido mantiene, en paralelo, su discurso de campaña: Santiago Abascal reclama unas elecciones ‘libres, limpias y sin violencia’ y sostiene que Vox está ‘absolutamente preparado’ para ofrecer a España las soluciones que, a su juicio, necesita.

Queda por ver cómo responde la Sala y con qué margen cuenta la Junta Electoral Central, que deberá informar de sus instrucciones si los magistrados aceptan el requerimiento. La decisión sobre el censo condicionará el marco en el que se celebre la votación del 29 de noviembre.

Apple retrasa cinco meses el Siri IA en Europa por su pulso con Bruselas

Sara Olmedo
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Apple retrasa cinco meses el Siri IA en Europa por su pulso con Bruselas

El Siri IA en Europa se queda sin calendario. Mark Gurman, el periodista de Bloomberg que mejor anticipa los movimientos de Apple, sitúa el retraso mínimo del asistente en cinco meses y describe ese plazo como el mejor escenario posible. La compañía negocia con la Comisión Europea su encaje en las reglas digitales del bloque y, según esta lectura, utiliza el calendario como moneda de cambio.

Claves de la operación

  • Cinco meses, y solo en el mejor caso. Gurman fija ese plazo como suelo, no como techo: la espera europea puede alargarse mientras Apple y el Ejecutivo comunitario siguen negociando.
  • El iPhone y el iPad quedan fuera, el Mac entra. El Siri con IA no está disponible en la UE en móvil ni en tableta, pero los usuarios europeos sí acceden a él desde ordenador.
  • La paciencia del cliente como palanca. El periodista sostiene que la firma retiene la mejora esperando que los usuarios frustrados empujen a Bruselas a revisar su enfoque.

El calendario como moneda de negociación con Bruselas

La cifra no es un dato técnico. Cinco meses, en el mejor de los casos, son el resultado de una negociación abierta entre la compañía y el Ejecutivo comunitario, no de un problema de servidores ni de un retraso de ingeniería. Gurman sostiene que la firma retiene la función a propósito como herramienta de presión: si el usuario europeo se cansa de esperar, será ese usuario quien reclame a Bruselas un marco más laxo.

El movimiento tiene antecedente. Apple Intelligence ya llegó a Europa con meses de retraso sobre Estados Unidos por el mismo motivo, y aquella vez la compañía acabó cediendo. Repetir la jugada cuesta menos cuando la función estrella es una promesa de software y no un cambio de hardware: nadie devuelve el teléfono por un asistente que todavía no habla.

Hay una asimetría que conviene mirar con calma. El Siri con IA está disponible en el Mac dentro de la Unión, pero no en el iPhone ni en el iPad. Dicho de otro modo, el mismo usuario accede en el Mac y no en el iPhone con la misma cuenta y en el mismo país. Esa diferencia es la que sostiene la tesis del pulso regulatorio frente a la explicación puramente técnica.

Lo que Apple se juega en el mercado europeo de servicios

El negocio en juego no es el asistente. Para Apple, el Siri con IA es la puerta de entrada a un modelo donde la suscripción, los servicios, y la publicidad pesan cada vez más frente al hardware. Las reglas digitales europeas, conocidas como la ley de mercados digitales, son el marco que condiciona ese giro, y cada mes de retraso deja menos usuarios probando funciones que después habrá que monetizar.

Los desarrolladores españoles observan el pulso desde fuera. Quien construye aplicaciones sobre las interfaces de Apple depende de un ecosistema que avanza al ritmo de Bruselas, y las funciones de sistema llegan más tarde o no llegan. El coste de la fricción se reparte entre usuario y empresas, no entre las dos administraciones que negocian.

El retraso no es un problema de ingeniería: es una partida que se juega con la paciencia del cliente europeo.

Conviene separar lo verificado de lo interpretado. Que el Siri con IA no está en el iPhone ni en el iPad europeos es un hecho comprobable hoy. Que la espera sea de cinco meses y responda a una estrategia deliberada es, por ahora, la lectura de Gurman, no una confirmación oficial. El discurso público de Apple, recogido en su sala de prensa oficial, sigue centrado en privacidad y seguridad, sin mención al calendario europeo.

El historial pesa más que la fecha filtrada

Apple no es la única tecnológica que ha utilizado el calendario europeo como herramienta de presión, pero sí la que ha convertido la fricción regulatoria en parte de su relato comercial. Su ventaja es que el usuario europeo tiene pocas alternativas reales dentro de su propio ecosistema. Su riesgo es que esa paciencia se agote antes del despliegue global y que la espera se lea como desinterés, no como negociación. Con la suscripción y los servicios ganando peso en las cuentas, cada función retenida es un argumento menos para renovar dispositivo.

La asimetría competitiva también cuenta. Mientras Apple retiene funciones en Europa, sus rivales en el segmento alto despliegan asistentes generativos en el mismo mercado con menos fricción normativa. Esa diferencia de velocidad convierte un expediente administrativo en una pérdida de cuota en la gama alta, donde la mayoría de los usuarios compara funciones disponibles hoy, no promesas de calendario.

En España el efecto es tangible. El comprador de gama alta paga un dispositivo cuyas funciones más anunciadas no están operativas en su país, y la disculpa del calendario solo funciona las primeras semanas. Sin cifras oficiales de impacto, la lectura razonable es que Apple asume una pérdida de satisfacción a cambio de margen de negociación en la mesa regulatoria.

El hito a seguir no es una nota de prensa europea, sino el despliegue en el resto de mercados. Si la función avanza en Estados Unidos y Asia mientras la Unión sigue en la sala de espera, el argumento regulatorio quedará expuesto al desgaste y las asociaciones de consumidores tendrán un caso sencillo que contar. Seguimos mirando la letra pequeña de cada anuncio de Apple Intelligence, porque ahí aparece antes que en ningún comunicado oficial la fecha real de llegada.

Prisión para los tres presuntos autores del tiroteo a dos guardias civiles en Terrassa

Pablo Navarro
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Prisión para los tres presuntos autores del tiroteo a dos guardias civiles en Terrassa

El juzgado de Terrassa ha enviado a prisión a los tres detenidos por el tiroteo contra dos guardias civiles en Can Parellada. Los hechos se produjeron la noche del pasado jueves, cuando los agentes fueron recibidos a tiros tras seguir un vehículo sospechoso, según han confirmado los Mossos d’Esquadra.

Qué delitos les atribuye el juzgado de Terrassa

La jueza ha acordado prisión provisional (la medida cautelar de ingreso en prisión durante la investigación, sin condena previa) para los tres arrestados. El auto (la resolución judicial que decide sobre el proceso sin ponerle fin) les atribuye tres delitos, según la resolución notificada este lunes:

  • Tentativa de homicidio.
  • Lesiones.
  • Atentado contra la autoridad.

Los tres están considerados presuntos autores (las personas a las que se atribuyen los hechos, sin que exista aún condena) y permanecen a disposición de ese juzgado. La instrucción (la fase del proceso penal en la que el juez investiga los hechos) continúa abierta, por lo que no ha trascendido el contenido completo de las diligencias practicadas.

La tentativa de homicidio castiga los actos dirigidos a causar la muerte de una persona cuando el resultado no llega a producirse. El atentado contra la autoridad sanciona las agresiones y la resistencia grave contra agentes en el ejercicio de sus funciones.

Los tres detenidos permanecerán en prisión provisional mientras la causa sigue instruyéndose y los Mossos buscan al resto de implicados.

Cómo se produjo el tiroteo, según los Mossos

La secuencia que maneja la policía autonómica arranca en la autopista AP-7, a la altura de la Puerta de Barcelona. Un teniente y un guardia civil detectaron allí un coche sospechoso y comenzaron a seguirlo. El rastreo del vehículo les llevó hasta la calle Europa, en el barrio de Can Parellada, dentro del término municipal de Terrassa.

Fue en esa vía donde se produjo el ataque. Según la versión de los Mossos d’Esquadra, cuatro personas abrieron fuego contra los dos integrantes del Instituto Armado. Los agentes se encontraban de servicio cuando se toparon con el vehículo y el seguimiento derivó en el enfrentamiento.

El ataque se produjo de noche y en plena vía urbana. A partir de ahí se activó la búsqueda de los implicados, que culminó con las tres detenciones y con la puesta a disposición judicial de los arrestados.

Los detenidos pasaron a disposición judicial en el plazo que fija la ley, con un máximo de 72 horas desde el arresto hasta la comparecencia ante el juez. Fue ese juzgado el que adoptó la medida de prisión y el que concretó los delitos que se les atribuyen.

En qué fase está la investigación

La instrucción judicial sigue su curso y el juzgado irá resolviendo las diligencias que se practiquen en las próximas semanas. Los tres detenidos permanecen en prisión provisional, una medida que se revisa de forma periódica mientras avanza la causa.

Los Mossos d’Esquadra mantienen activa la búsqueda del resto de implicados en el ataque. Hasta el momento, tres personas han sido detenidas y puestas a disposición judicial. La investigación no está cerrada.

La policía autonómica no ha detallado el número exacto de personas que busca ni ha facilitado descripciones de los los sospechosos. La búsqueda continúa.

Por el momento, ninguna fuente oficial ha concretado cuántas personas más habrían participado en el tiroteo. Los dos agentes pertenecen a la Guardia Civil y la investigación del caso la dirige la policía autonómica. La causa sigue abierta.

Trump promete un dividendo de 5.000 dólares por contribuyente si el GOP mantiene el Congreso

Jack Williams
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Trump promete un dividendo de 5.000 dólares por contribuyente si el GOP mantiene el Congreso

EN 30 SEGUNDOS

  • ¿Qué ha pasado? Donald Trump ha prometido un dividendo de 5.000 dólares por contribuyente si el Partido Republicano conserva la Cámara de Representantes y el Senado en las elecciones de mitad de mandato de noviembre.
  • ¿Quién está detrás? El presidente, durante su intervención en la convención de mitad de mandato del Comité Nacional Republicano, celebrada en Dallas.
  • ¿Qué impacto tiene? Los analistas advierten de un rebrote inflacionario y de presión al alza sobre el bono estadounidense a diez años, ya en el 5,2%, lo que encarecería la financiación de la deuda española.

Donald Trump promete 5.000 dólares de dividendo por contribuyente si el Partido Republicano conserva el Congreso en noviembre.

El anuncio llegó durante su intervención en la convención de mitad de mandato del Comité Nacional Republicano, celebrada en Dallas. La promesa se produce a menos de un mes de las midterms —las elecciones legislativas de mitad de mandato—, con el coste de la vida convertido en el eje de la campaña. El presidente de Estados Unidos la presentó como una devolución directa a los contribuyentes.

La propuesta no ha tardado en generar ruido. La columnista de economía del Washington Examiner, Tiana Lowe Doescher, la calificó este lunes, en el programa CNN This Morning, como una vía segura para reavivar la inflación.

«Si estás enviando cheques de estímulo líquidos, vas perdiendo, y quién sabe eso mejor que Joe Biden», señaló. «Esta es una gran manera de que la inflación vuelva a subir», añadió, en alusión a los estímulos repartidos durante la pandemia.

La crítica no procede solo de fuera del partido. Miembros del propio Partido Republicano han mostrado su recelo: temen sentar un mal precedente y disparar la deuda nacional. El rendimiento del bono estadounidense a diez años, la referencia global del coste del dinero, ya se sitúa en el 5,2%.

Una inyección tan directa como la que promete Trump acaba convirtiéndose, en cuestión de meses, en la escalera por la que sube la inflación.

Doescher resumió el dilema sin rodeos: «Enviar dinero gratis es la forma de llevar el rendimiento del Tesoro a diez años muy por encima del 5%. Está en el 5,2%, y eso es lo que importa». La analista añadió un matiz que conviene retener: los menores de 65 años no habían conocido una inflación seria hasta la era de la Bidenomics, y buena parte del electorado confunde todavía qué empuja los precios hacia arriba.

La letra pequeña: quién paga realmente los 5.000 dólares

Hay un detalle que conviene no perder de vista. El dividendo no depende de un decreto presidencial: el poder sobre las arcas federales recae en el Congreso, que es quien autoriza cualquier desembolso. La promesa solo se materializaría, por tanto, con un Capitolio en manos republicanas, y muy probablemente por la vía de la reconciliación presupuestaria (el procedimiento que permite aprobar leyes fiscales con 51 votos en el Senado, esquivando el filibusterismo y su umbral de 60).

La cifra tampoco es menor. Cinco mil dólares por contribuyente, aplicados a una base de más de cien millones de declaraciones, situarían el desembolso por encima del medio billón de dólares. Una inyección de ese tamaño en una economía ya tensionada en precios es, justo, lo que los economistas llevan meses señalando como gasolina inflacionaria.

Nadie dijo que fuera gratis.

El bono a diez años en el 5,2% y su factura para España

Para España, la primera consecuencia es financiera. El rendimiento del bono estadounidense a diez años marca el suelo del precio del dinero a escala global; cuando sube, arrastra al alza al bono español y encarece la financiación de la deuda soberana. Cada décima que escala en el mercado americano se traduce, con el tiempo, en cientos de millones de euros adicionales en intereses para el Tesoro.

A eso se suma el efecto divisa. Un estímulo fiscal de este calado presiona los tipos al alza y tiende a fortalecer el dólar frente al euro. Eso abarata las exportaciones españolas en el mercado americano —un alivio para el sector agroalimentario andaluz, o para la maquinaria—, pero encarece, a la vez, las importaciones de energía y materias primas que España compra fuera.

Entre las empresas españolas con intereses directos en Estados Unidos figuran Santander y BBVA, con una presencia bancaria consolidada; Iberdrola, que opera parques de renovables; Ferrovial, activa en infraestructuras; y cadenas hoteleras como Meliá y NH Hotels, expuestas a los flujos del turismo estadounidense. Una política fiscal expansiva en Washington mueve, en mayor o menor grado, el balance de todas ellas.

estímulo fiscal EE. UU.

La Lógica de Washington

Antes de sacar conclusiones conviene entender por qué Trump hace esta promesa. La razón es electoral, y tiene nombre: asequibilidad. El coste de la vida es hoy la principal preocupación del votante de cara a las elecciones de noviembre, y buena parte del propio partido reconoce que los republicanos han pasado de puntillas sobre ese malestar. Repartir dinero es una respuesta directa —y televisada— a esa ansiedad.

El movimiento hunde sus raíces en una tradición americana muy concreta. George W. Bush envió cheques de devolución en 2001 y en 2008; Donald Trump firmó los pagos directos de la pandemia en 2020; y Joe Biden los repitió con los 1.400 dólares del plan de rescate de 2021. En cada ocasión la lógica fue la misma: que el votante notara el dinero en el bolsillo antes de acudir a las urnas. La diferencia, ahora, es que el contexto inflacionario es mucho más delicado que entonces.

Dentro del Partido Republicano conviven dos almas: el ala populista, que ve el gasto como una herramienta de seducción electoral, y los halcones fiscales, que leen cada cheque como deuda futura. Que la promesa levante recelos en casa es, precisamente, la señal de que ese pulso sigue abierto. La Reserva Federal observa la escena desde la distancia: su próxima reunión, a finales de octubre, volverá a poner los tipos en el centro del debate.

Washington no pide permiso. El precedente que más pesa es el de la propia Fed. Endurecer el precio del dinero mientras el Gobierno promete repartirlo rema en direcciones opuestas, y ese choque suele pagarse en forma de volatilidad en los mercados. La incógnita, a menos de un mes de las urnas, es si el votante castiga o premia ese desembolso el 3 de noviembre.

Ficha del Caso

  • El caso: Trump prometió un dividendo de 5.000 dólares por contribuyente si el Partido Republicano mantiene el Congreso, en plena convención de mitad de mandato en Dallas.
  • Datos clave: La promesa llega a menos de un mes de las elecciones del 3 de noviembre. El bono estadounidense a diez años rinde el 5,2%. El desembolso superaría el medio billón de dólares y requeriría el aval del Congreso.
  • Para España: Un rebrote de inflación y tipos altos en Washington encarecería la financiación de la deuda española y afectaría a Santander, BBVA, Iberdrola o Ferrovial, con intereses directos en EE. UU.

El euro cae a su mínimo de 17 meses y el mercado ya castiga el riesgo político español

Amparo Soler
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El euro cae a su mínimo de 17 meses y el mercado ya castiga el riesgo político español

El euro cayó a 1,1161 dólares, mínimo de 17 meses, tras la convocatoria electoral de Pedro Sánchez para el 29 de noviembre.

Qué ha pasado en el mercado de divisas

La caída llegó a ser del 0,8% en la sesión, según la información publicada por La República. El euro firmó así su nivel más bajo desde mayo de 2025, es decir, su mínimo de 17 meses. Y no fue un movimiento aislado: retrocedió un 0,6% frente al franco suizo, un 0,5% frente a la libra esterlina y un 0,8% frente al yen, en varios casos cerca de sus peores niveles del año.

El detonante español se sumó a una semana ya tensa en los mercados de deuda. La convocatoria de elecciones anticipadas para el 29 de noviembre añadió una capa de incertidumbre política a una moneda que ya arrastraba el problema fiscal francés. Valentín Marinov, jefe de investigación de divisas del G10 en Credit Agricole, lo resumió sin adornos: las noticias que llegan de España ‘no son precisamente alentadoras’.

Porque el telón de fondo es Francia. El spread, el sobrecoste que exige el mercado por prestar a un país frente al bono alemán, alcanzó los 152 puntos básicos a diez años, un nivel que no se registraba desde 2011. Y Emmanuel Macron encara el final de su mandato con unas presidenciales en 2027 donde los sondeos sitúan a Marine Le Pen y a Jean-Luc Mélenchon en una segunda vuelta.

Qué se juega España con un euro más débil

Conviene separar dos efectos que tiran en direcciones opuestas. Un euro barato abarata las exportaciones y sostiene al turista que llega con dólares en el bolsillo. Pero encarece cada barril de crudo y cada factura de gas, porque la energía se paga en dólares y España cubre fuera de sus fronteras la mayor parte de la que consume. Cada caída de la moneda común ensancha esa diferencia.

riesgo político España

El segundo efecto es financiero. El euro se debilita porque los inversores exigen más por prestar a media Europa, y ese sobrecoste viaja de un país a otro a través de la prima de riesgo y del tipo de cambio que publica el Banco Central Europeo. España coloca deuda en los mercados cada mes y no lo hace en una burbuja: lo que ocurra con el diferencial francés acaba moviendo el precio que se le exige al Tesoro.

El euro se debilita por la desconfianza en la política europea, y España paga esa misma desconfianza en forma de financiación más cara.

El precedente de 2011 y lo que ahora se mira

No es la primera vez que la política y la deuda mueven el euro a la vez. Hace quince años, la crisis de deuda que sacudió la zona euro dejó esta misma imagen: primas de riesgo al alza y una moneda única en entredicho.

En el verano de 2011 el diferencial francés ya se tensó, y en julio de 2012 la prima española superó los 600 puntos básicos hasta que el Banco Central Europeo dejó claro que haría ‘lo que fuera necesario’ para sostener la moneda. El mercado no distingue entre países vecinos cuando la desconfianza es fiscal.

Sobre el terreno hay otro ingrediente. Fondos de alto riesgo en Asia vendieron euros contra dólares en operaciones al contado, según operadores citados por la fuente, y esos movimientos activaron ventas adicionales ligadas a opciones. Es el tipo de dinámica que amplifica una caída más allá de lo que justifican los fundamentales del día.

Hay, además, dos diferencias con 2012. La zona euro dispone ahora de herramientas de intervención que entonces no existían, y el euro se ha debilitado sin que el bono alemán se resienta, algo que Commerzbank interpreta como un límite a nuevas caídas. El otro factor es el dólar: el índice que mide su fortaleza frente a una cesta de divisas tocó máximos desde finales de junio.

Los operadores, mientras tanto, siguen mirando al otro lado. Estrategas de JPMorgan advierten de que la moneda común todavía no ha descontado del todo el ensanchamiento francés, y Chris Turner, de ING, no descarta verla en 1,10 dólares. Con las elecciones del 29 de noviembre ya en el calendario, la pregunta no es si el mercado mira a España, sino cuánto tiempo se queda mirando.

📌 Ficha del Caso

  • Ficha sobre el caso: El euro cayó a 1,1161 dólares, su mínimo de 17 meses, tras la convocatoria de elecciones anticipadas en España para el 29 de noviembre.
  • Datos importantes: La caída llegó al 0,8% en la sesión y el diferencial entre la deuda francesa y la alemana a diez años alcanzó los 152 puntos básicos, nivel no visto desde 2011.
  • Resumen: El episodio añade riesgo político español a un mercado ya nervioso y encarece la financiación exterior, aunque abarata exportaciones y turismo.

El Gobierno de Canarias aprueba la Ley del Suelo con un 40% de vivienda protegida y la remite al Parlamento

Marta Iglesias
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El Gobierno de Canarias aprueba la Ley del Suelo con un 40% de vivienda protegida y la remite al Parlamento

EN 30 SEGUNDOS

  • ¿Qué ha pasado? El Consejo de Gobierno de Canarias ha aprobado el texto definitivo de la Ley del Suelo y de los Espacios Naturales y lo ha remitido al Parlamento de Canarias para continuar su tramitación.
  • ¿Quién está detrás? La Consejería de Política Territorial, Cohesión Territorial y Aguas, que dirige Manuel Miranda, después de más de un año de participación con 700 profesionales y 17 foros.
  • ¿Qué impacto tiene? La reserva de vivienda protegida sube del 30% al 40% en suelo urbanizable y del 10% al 20% en suelo urbano consolidado.

El Gobierno de Canarias aprueba la Ley del Suelo Canarias y la remite al Parlamento con la vivienda protegida al 40%.

Más de un año después de abrir el proceso participativo, el texto definitivo sale del despacho y entra en la Cámara. La tramitación parlamentaria arranca ahora y el calendario no es casual. El archipiélago llega a este debate con la vivienda en el primer puesto de las preocupaciones ciudadanas.

El texto ha superado ya dos filtros. En junio de 2026, el Consejo de Gobierno aprobó la versión inicial. En septiembre de 2026, el Consejo Consultivo —el órgano que dictamina sobre la legalidad de los proyectos normativos del ejecutivo autonómico— emitió su informe. Ahora la pelota está en el tejado del Parlamento de Canarias, la cámara que deberá debatir y aprobar la norma.

Del 30% al 40%: qué cambia en el suelo canario

La reserva de vivienda protegida es el cambio más visible. En suelo urbanizable, el que todavía no está urbanizado y se incorpora por primera vez al desarrollo urbano, la reserva pasa del 30% al 40%. En suelo urbano consolidado, el que ya cuenta con servicios y edificación, sube del 10% al 20%. La reserva de vivienda pública se amplía diez puntos en suelo urbanizable.

El consejero de Política Territorial, Cohesión Territorial y Aguas, Manuel Miranda, lo resumió así: «La Ley del Suelo es un instrumento clave para mejorar el acceso a la vivienda. Debemos ir de la mano para mejorar la disponibilidad de inmuebles para la sociedad». El texto, según sus palabras, mantiene la filosofía de la norma de 2017.

Canarias lleva años discutiendo de vivienda sin una cifra sobre la mesa, y esta ley fija una: hasta el 40% del suelo urbanizable quedará reservado.

La propuesta gira sobre cinco ejes. Además de la vivienda pública, el texto refuerza la protección del territorio, agiliza el planeamiento, apoya a los municipios con problemas demográficos, y blinda al sector primario con mayor seguridad jurídica. Menos burocracia, más suelo público y sanciones más duras: ese es el esqueleto de la norma.

Sanciones de hasta 600.000 euros y un 30% menos de trámites

El segundo bloque aprieta el tornillo sancionador. Las infracciones más graves podrán castigarse con hasta 600.000 euros, y se amplía el plazo para tramitar los expedientes con el fin de evitar que prescriban. En paralelo, la norma promete aligerar el papeleo: un 40% menos de documentación en el planeamiento y una reducción del 30% en los plazos de tramitación de los instrumentos de ordenación.

vivienda protegida Canarias

Los municipios de reto demográfico tendrán acceso prioritario a ayudas y subvenciones para actualizar su planeamiento. El sector primario gana terreno: se permitirán viviendas unifamiliares en asentamientos agrícolas siempre que estén vinculadas a una actividad agraria real. La norma quiere fijar población en el medio rural y frenar la pérdida de suelo agrario.

El texto es fruto de un proceso participativo de más de un año, con 700 profesionales y 17 foros. La consejería recuerda que la ley de 2017 permitió impulsar más de 250 modificaciones del planeamiento en el archipiélago, un precedente que el ejecutivo cita como aval de la nueva norma.

El Pulso Territorial

Canarias gobierna en coalición. El Ejecutivo que preside Fernando Clavijo, con Coalición Canaria al frente del acuerdo, afronta ahora el trámite de una ley que toca el suelo, el territorio y, de rebote, el precio de la vivienda. No es un asunto menor en una comunidad donde el debate urbanístico lleva décadas atrapado entre la protección del paisaje y el desarrollo turístico.

El PP acompaña a los nacionalistas en el Gobierno y el PSOE encabeza la oposición. La comparación con Baleares resulta inevitable: los dos archipiélagos de nuestra cobertura comparten insularidad, presión turística sobre el suelo y un mercado residencial tensionado. La ley de 2017 fue el primer intento serio de ordenar el territorio canario tras décadas de expansión turística. Nueve años después, el diagnóstico ha cambiado: el problema ya no es solo el ladrillo, es quién puede permitirse vivir en las islas.

A partir de aquí, el texto sigue su curso en el Parlamento de Canarias. Los portavoces de los grupos ya disponen del documento desde el verano, según explicó el consejero, para ampliar el plazo de análisis. La ley no estará en vigor, en el mejor de los casos, hasta bien entrado 2027, el mismo año en que Canarias está llamada a las urnas. Si el trámite se atasca, la norma podría no llegar a aplicarse antes del final de la legislatura. Ese es el riesgo real.

Ficha Autonómica

  • El caso: El Consejo de Gobierno de Canarias aprueba el texto definitivo de la Ley del Suelo y de los Espacios Naturales y lo remite al Parlamento regional para su tramitación.
  • Datos importantes: Reserva de vivienda protegida del 30% al 40% en suelo urbanizable y del 10% al 20% en urbano consolidado; sanciones de hasta 600.000 euros; 40% menos documentación; 30% menos plazos; 700 profesionales y 17 foros en la participación.
  • Resumen: El texto llega a la Cámara con los portavoces informados desde el verano. La votación y la entrada en vigor quedan pendientes del calendario parlamentario y del año electoral de 2027.

EH Bildu se declara «preparada» para las elecciones generales del 29N con la vivienda como eje

Iker Etxebarria
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EH Bildu se declara «preparada» para las elecciones generales del 29N con la vivienda como eje

EH Bildu se declara ‘preparada’ para las elecciones generales del 29 de noviembre y sitúa el derecho a la vivienda como uno de los ejes de su campaña. La coalición sostiene que existe margen para evitar un Gobierno de PP y Vox.

El secretario de Relaciones Políticas y senador de EH Bildu, Gorka Elejabarrieta, afirmó este lunes, en una entrevista en Naiz Irratia recogida por Europa Press, que la formación está ‘preparada’ para la convocatoria y que ‘hay partido para cerrar las puertas a la derecha una vez más’.

La convocatoria electoral la anunció ese mismo lunes el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, que fijó los comicios para el 29 de noviembre de 2026. Según el dirigente independentista, la opción llevaba días sobre la mesa y para su partido ‘no era tan importante cuándo, sino para qué se convocan elecciones’.

Qué plantea EH Bildu ante la cita del 29N

Elejabarrieta lamentó que en los últimos meses se haya instalado ‘una corriente o interés social’ que presenta como imparable un posible Ejecutivo de PP y Vox. Frente a ese diagnóstico, defendió que ‘aún no hay decidido nada’ y que su formación sale a ganar los comicios. Recordó, además, que hace ‘tres años y pico’, en las anteriores elecciones generales, existía una corriente de opinión similar y la mayoría daba por imposible cerrar las puertas a un Gobierno del PP.

El dirigente abertzale enmarcó la campaña en clave de defensa de ‘Euskal Herria’, término que la coalición emplea para referirse a los territorios vascos. ‘Euskal Herria es nuestra casa, es la casa de nuestras madres, y nosotros vamos a salir a defender a Euskal Herria y a los ciudadanos vascos’, señaló, tras considerar que el fin de semana ha demostrado ese respaldo con movilizaciones que calificó de multitudinarias.

La vivienda figura entre los ejes de la agenda social que la coalición sitúa en el centro de su campaña. EH Bildu presenta ese bloque de políticas como una de sus prioridades para la próxima legislatura y sostiene que el resultado del 29N condicionará la capacidad de desarrollarlo.

La formación concurre al 29N con la vivienda entre sus prioridades y mantiene abierta con PNV y PSE-EE la negociación del nuevo estatus.

Sobre el conjunto de la legislatura, Elejabarrieta reclamó ‘dar un propósito a la próxima legislatura’ y ‘seguir avanzando en la plurinacionalidad’, en la democratización del Estado y en la agenda social. ‘Quedan muchas cosas por hacer y para eso hay que cerrar las puertas a la derecha’, añadió.

La negociación del nuevo estatus, al margen del calendario electoral

El dirigente de EH Bildu sostuvo que el adelanto electoral no debe alterar la negociación sobre un nuevo estatus político que mantienen su partido, el PNV y el PSE-EE. ‘Este país necesita un nuevo estatus, haya o no elecciones en el Estado español’, afirmó, y defendió que las tres formaciones ‘deben continuar profundizando en ese trabajo’.

Elejabarrieta insistió en que el proceso debe entenderse ‘con un enfoque de proceso, no como un evento que se da de un día para otro’. Reclamó discreción en las conversaciones y subrayó que ‘con esta convocatoria electoral no termina nada’. ‘Ese nuevo estatus es necesario para Euskal Herria, y esa necesidad no ha cambiado por esta convocatoria’, concluyó.

El peso de EH Bildu en el Congreso y el precedente del nuevo estatus

El resultado del 29N determinará el reparto de escaños en el Congreso de los Diputados y, con él, la aritmética de las futuras mayorías. EH Bildu y el PNV han ocupado en los últimos años un lugar determinante en la negociación presupuestaria y legislativa en Madrid, lo que sitúa a ambos partidos en el centro del cálculo electoral del conjunto del Estado.

El PNV considera, por su parte, que la legislatura ‘no podía seguir’ y afronta la cita sin haber definido aún el relevo de Aitor Esteban al frente de su portavocía en el Congreso, según la información publicada por elDiario.es. Ninguna de las dos formaciones ha concretado por ahora nombres ni fechas para la elaboración de sus candidaturas.

La negociación a tres bandas sobre el nuevo estatus, en la que también participa el PSE-EE, continúa abierta y sin fecha pública confirmada para su próxima reunión. El calendario electoral añade una variable: los comicios del 29 de noviembre se celebrarán antes de que concluya el año, mientras el trabajo sobre el encaje de Euskadi en el Estado mantiene su propio ritmo.

EH Bildu no ha detallado aún cuándo celebrará las primarias ni cómo compondrá sus listas por Bizkaia, Gipuzkoa y Araba, una vez que la convocatoria se publique en el BOE. La coalición mantiene, entretanto, su exigencia de discreción sobre el nuevo estatus y traslada al 29N la defensa de su agenda social, con la vivienda como asunto destacado.

Precio Brent hoy: el crudo aguanta sobre los 102 dólares y tensa la factura energética de España

Amparo Soler
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Precio Brent hoy: el crudo aguanta sobre los 102 dólares y tensa la factura energética de España

El precio del Brent aguanta hoy por encima de los 102 dólares y vuelve a apretar la factura energética de España. El crudo se anotaba un 0,29% hasta los 102,55 dólares por barril en una jornada de nervios, con el mercado mirando de reojo a Oriente Medio, a la Reserva Federal y a un dólar que no da tregua al euro. Vamos por partes, porque cada dólar que sube el barril se acaba pagando en el surtidor y en las cuentas de miles de empresas españolas.

El Brent aguanta sobre los 102 dólares pese a la liberación de reservas del G7

Hubo movimientos mixtos y mucha volatilidad en el mercado del petróleo. El petróleo Brent, la referencia que marca el precio del crudo que llega a Europa, subía un 0,29% hasta los 102,55 dólares por barril, tras haber llegado a perder más de un punto al arrancar la jornada. La cifra no es un récord, pero se mantiene incómodamente alta para una economía como la española.

¿Qué sostiene ese nivel? Dos fuerzas que empujan en direcciones opuestas. El G7 acordó liberar 100 millones de barriles de crudo y diésel de sus reservas de emergencia para enfriar el precio. Pero el temor a nuevas interrupciones del suministro por el conflicto entre Estados Unidos e Israel con Irán mantiene la prima de riesgo sobre el crudo. Traducido: se suelta petróleo por un lado y se teme perderlo por el otro.

Saudi Aramco echó más leña al fuego al advertir de que el suministro podría seguir ajustado y de que reponer las reservas mundiales podría tardar hasta dos años. Es el detalle que casi nadie cuenta: vaciar el colchón hoy no resuelve el problema de mañana.

Por qué un euro débil encarece el petróleo que compra España

Aquí está la clave que conviene entender bien. El petróleo se paga en dólares y España importa prácticamente todo el crudo que consume, así que no basta con mirar el precio del barril: hay que mirar también el tipo de cambio. Y la moneda europea está en su nivel más bajo en 17 meses frente al dólar.

petróleo Oriente Medio

El euro cedió terreno en una jornada en la que el índice dólar avanzaba alrededor de un 0,30% hasta los 102,23 puntos. Detrás de esa presión está la desconfianza en las finanzas públicas de varios países europeos. El informe de referencia señala a Francia, donde las tensiones políticas provocaron una venta de deuda, y también a España, citada por su escenario de incertidumbre política y social. El resultado es un doble golpe: si el barril sube y el euro baja, comprar el mismo crudo cuesta más euros.

Un barril por encima de los 100 dólares y un euro en mínimos de 17 meses encarecen cada importación de crudo que paga España.

Para las familias, eso significa que llenar el depósito sigue sin abaratarse. Para el tejido empresarial, el crudo caro se traduce en costes que muchas veces no se pueden repercutir al cliente: un sector que emplea a cientos de miles de personas en España —transportistas, pescadores, industria química, cerámica y alimentación— depende directamente de lo que marque el barril cada mañana.

La Reserva Federal añade otra pieza al tablero. Los inversores esperan las minutas de su reunión de septiembre, y los operadores asignan ahora cerca de un 80% de probabilidad a que la Fed mantenga los tipos sin cambios en octubre, frente al 36% de apenas una semana antes. Unos tipos altos sostienen al dólar, y un dólar fuerte encarece la energía que Europa compra fuera de sus fronteras.

Lo que el episodio de 2022 enseña sobre estas reservas de emergencia

Conviene recordar que ya vivimos una película parecida. Tras la invasión rusa de Ucrania en 2022, los países occidentales coordinaron una de las mayores liberaciones de reservas estratégicas de su historia para contener un petróleo disparado. El alivio fue real, pero breve: agotado el colchón, el crudo volvió a repuntar y España pagó una de las facturas energéticas más altas de su historia reciente.

Por eso la advertencia de Saudi Aramco sobre los dos años para reponer reservas no es un detalle menor. Una liberación de emergencia es un parche, no un tratamiento. Y España, que apenas produce crudo propio y depende de barcos que cruzan medio mundo, es de los países europeos que más nota cada vaivén del mercado.

Mirando hacia delante, hay tres citas que conviene seguir en los próximos días. Las minutas de la Fed, que marcarán el rumbo del dólar. El equilibrio entre la oferta del G7 y la demanda asiática. Y la evolución de las tensiones en Oriente Medio, porque cada titular desde esa región mueve el precio del barril en cuestión de minutos.

📌 Ficha del Caso

  • Ficha sobre el caso: El precio del petróleo Brent se mantiene por encima de los 102 dólares por el temor a nuevas interrupciones del suministro en Oriente Medio, pese a la liberación de reservas acordada por el G7.
  • Datos importantes: El Brent cotiza a 102,55 dólares por barril, el índice dólar avanza un 0,30% hasta 102,23 puntos y el euro firma su nivel más bajo en 17 meses.
  • Resumen: Un crudo caro y un euro débil encarecen la energía que España importa casi por completo, lo que tensa la factura de familias y empresas y añade presión sobre la economía nacional.

El test psicotécnico de la Convocatoria Unificada deja 783 ‘no aptos’ en las oposiciones a Policía Local en Canarias

Marta Iglesias
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El test psicotécnico de la Convocatoria Unificada deja 783 ‘no aptos’ en las oposiciones a Policía Local en Canarias

EN 30 SEGUNDOS

  • ¿Qué ha pasado? El Tribunal Calificador de la Tercera Convocatoria Anual Unificada de Policía Local de Canarias declara no aptos a 783 de los 1.135 aspirantes que se presentaron al primer test psicotécnico, celebrado el 19 de agosto.
  • ¿Quién está detrás? El Tribunal Calificador, dependiente del Gobierno de Canarias, junto a los 30 ayuntamientos que ofertan plazas y el colectivo de opositores excluidos.
  • ¿Qué impacto tiene? La prueba era eliminatoria: quedan 352 aspirantes para 180 plazas. Los afectados estudian acciones administrativas y no descartan la vía judicial.

Un solo test psicotécnico ha dejado fuera de las oposiciones a Policía Local en Canarias a 783 de los 1.135 aspirantes.

Un filtro eliminatorio que deja fuera a 783 de los 1.135 aspirantes

La prueba se celebró el pasado 19 de agosto en Tenerife, Gran Canaria, Lanzarote, Fuerteventura y La Palma, cinco de las ocho islas del archipiélago. Hasta allí se desplazaron 1.135 opositores para jugarse el primer paso de la Tercera Convocatoria Anual Unificada de Policía Local, en la escala básica del grupo C.

El Tribunal Calificador publicó los resultados el 21 de septiembre. Solo 352 aspirantes resultaron aptos —el 31,01%—, frente a 783 declarados no aptos, el 68,99%. La psicotécnica era eliminatoria: quien no la supera queda fuera del proceso, aunque hubiera superado antes las pruebas físicas.

La convocatoria oferta 180 plazas repartidas entre 30 ayuntamientos canarios. Con 352 candidatos todavía en pie, la ratio cae por debajo de los dos aspirantes por plaza, y eso antes de los exámenes de conocimientos y del reconocimiento médico. En cualquier otra oposición, esas cifras serían una bendición. Aquí son el retrato de una criba inesperada.

Las bases exigen motivación y los afectados dicen no haberla recibido

Las bases de la convocatoria son explícitas. Las puntuaciones «deberán reflejarse en las correspondientes actas, no bastando que figure simplemente la calificación de no apta», y el resultado individualizado del psicotécnico «deberá estar fundado y motivado». Sobre el papel, cada aspirante tiene derecho a saber por qué se le niega la aptitud. En la práctica, según el portavoz del colectivo, la confidencialidad que invocan esas mismas bases impide que cada persona conozca su puntuación.

Los excluidos tampoco saben si su caída responde a la capacidad cognitiva, al perfil de personalidad, a las escalas de validez o a alguno de los trastornos que enumeran las bases. Y no entienden el formato. Antes de los 75 ítems respondieron un cuestionario de biodata con quince preguntas abiertas sobre cómo actuarían en distintas situaciones y por qué querían ser policías. Después llegó una prueba de personalidad de 129 preguntas con seis respuestas posibles. «Era bastante complicado y nos dejaron un tiempo no adecuado», resume el portavoz.

Setenta de cada cien aspirantes han caído en un examen que no muestra sus notas, no explica sus criterios y no permite defenderse.

El colectivo sostiene, además, que el cuadernillo «no se ajusta a las bases»: no mide todos los baremos previstos —apertura, estabilidad emocional, orientación a la seguridad— ni los rasgos clínicos. «: que la resolución de calificaciones provisionales incluya las puntuaciones desglosadas de de cada aspirante —habilidad mental general, dimensiones de personalidad y escalas de validez—, informes psicotécnicos individualizados y motivados con acceso a las hojas de respuesta, y que ningún plazo de alegaciones o recursos corra en perjuicio de los opositores mientras no dispongan de ese desglose. Los afectados ya se han organizado y estudian acciones administrativas. La vía judicial no está descartada.

El Pulso Territorial

Canarias afronta la polémica con un Gobierno autonómico de coalición entre Coalición Canaria y el PP, presidido por Fernando Clavijo desde 2023. La Policía Local no es competencia del Ejecutivo regional —corresponde a los ayuntamientos—, pero sí lo es la coordinación de esta convocatoria unificada, un modelo que en el archipiélago apenas acumula tres ediciones anuales. Ese es el precedente que pesa: cuando el diseño del examen se tuerce, no se resiente un municipio, sino los 30 a la vez.

La ratio de 1,95 aspirantes por plaza que deja el filtro psicotécnico añade un elemento incómodo. Si el número de candidatos sigue cayendo en los exámenes de conocimientos, los ayuntamientos podrían encontrarse con plazas desiertas, y eso en un archipiélago donde las plantillas de las islas menores han sido siempre las más difíciles de cubrir. El riesgo se agranda porque 2027 es año electoral: cualquier retraso judicial dejaría a los 30 consistorios sin sus nuevos agentes en plena campaña. Mientras tanto, la convocatoria sigue viva con dos pruebas eliminatorias por delante.

Ficha Autonómica

  • El caso: La Tercera Convocatoria Unificada de Policía Local de Canarias ha dejado fuera al 68,99% de los aspirantes en su primera prueba eliminatoria, un test psicotécnico celebrado el 19 de agosto.
  • Datos importantes: 1.135 presentados, 352 aptos y 783 no aptos; 180 plazas en 30 ayuntamientos; quedan el examen de conocimientos y el reconocimiento médico.
  • Resumen: Los excluidos reclaman el desglose de sus puntuaciones y estudian acciones administrativas y judiciales. Las bases exigen informes motivados e individualizados que, según los afectados, no se han entregado.
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