Frente Amplio: la refundación del espacio confluente fija el 17 de octubre para presentar su candidato

El espacio confluente ya tiene fecha para su refundación: el 17 de octubre nacerá el Frente Amplio, con candidato y hoja de ruta. La decisión la cerraron este domingo Izquierda Unida, Más Madrid, Comuns y Movimiento Sumar en una reunión telemática que sirvió para acelerar una negociación lastrada por meses de retraso. La nueva marca aspira a ordenar todo el espacio a la izquierda del PSOE y sustituye en la práctica al paraguas de Sumar.

Lo que no salió de ese encuentro fue el nombre. El acto del 17 de octubre está concebido como puesta de largo del proyecto y también como escenario para hacer público quién lo capitaneará. Suenan Mónica García y Ernest Urtasun; la opción de la ministra de Sanidad vuelve a tomar fuerza en las últimas semanas, según el relato que manejan las partes.

Ninguno de los nombres que suenan se ha postulado abiertamente y todos generan reticencias en alguna de las patas de la coalición o en la vida interna de alguno de los partidos. El ministro Pablo Bustinduy, que sigue descartando asumir el liderazgo, aparece como el nombre con menos resistencias internas. Ocho meses después del arranque formal de la negociación, el espacio sigue sin resolver la pregunta más básica. Eso lo saben todos dentro.

Del paraguas de Sumar al Frente Amplio: cuatro socios y ninguna mayoría

La fecha elegida tiene más miga de la que parece. No solo evidencia que las cuatro formaciones no tienen aún claro quién debe encabezar sus listas: también se cruza con un calendario electoral que puede comprimirse en cuestión de días. Todo el arco político está pendiente de la decisión que adopte Pedro Sánchez sobre un posible adelanto, después de que los dos decretos de vivienda cayeran el pasado viernes en el Congreso de los Diputados.

Si el presidente del Gobierno opta por el adelanto y fija la cita con las urnas para el 29 de noviembre, la convocatoria debería publicarse en el BOE el martes 6 de octubre. A partir de ahí se abrirían diez días para registrar las coaliciones electorales, un plazo que vencería el 16 de octubre. Y ahí aparece el nudo: en ese margen hay que decidir si el Frente Amplio concurre con Podemos en una sola lista o si compite contra los morados.

El Frente Amplio se presenta ante el electorado antes de saber quién lo lidera y antes de saber si habrá elecciones a corto plazo.

De cerrarse un acuerdo con Podemos, la puesta de largo del día 17 quedaría descafeinada. La ley concede otros diez días —hasta el 26 de octubre en el supuesto de unos comicios el 29 de noviembre— para presentar las listas, y los precedentes muestran que ese tipo de negociaciones se estiran hasta el último minuto. Sin acuerdo, en cambio, el acto serviría como presentación simultánea de marca y candidato, con Irene Montero como rival en el mismo flanco.

Un calendario electoral que aprieta por los cuatro costados

Sigue abierta, además, la oferta de primarias abiertas para elegir las listas de una candidatura unitaria, lanzada por los morados hace tres semanas. Formaciones como Izquierda Unida no la ven con malos ojos; otras, como Más Madrid, la rechazan de plano. Con un calendario electoral comprimido, la ventana para organizarlas sería estrechísima.

refundación Sumar

La Dinámica de Coalición

El equilibrio interno que se dibuja aquí es el de cuatro socios con incentivos distintos. Movimiento Sumar actúa como estructura de referencia del espacio y tiene interés en llegar cuanto antes a una marca única. Izquierda Unida juega la carta de la unidad sin cerrarse a las primarias. Más Madrid se mueve en sentido contrario: las rechaza de plano y defiende su propio espacio territorial. Comuns funciona como bisagra catalana. Ninguna de las cuatro tiene mayoría para imponer su nombre favorito y ahí está el bloqueo real.

La dimensión de coalición se mide en otro tablero. El fracaso de los dos decretos de vivienda en el Congreso dejó al descubierto la fragilidad aritmética del Gobierno de coalición y precipitó la reflexión de Sánchez sobre el adelanto. Para Sumar, la refundación llega en un momento incómodo: obliga a sus socios a resolver en semanas lo que no han resuelto en ocho meses, con la marca recién estrenada y sin líder confirmado.

El 16 de octubre es la primera cita en el calendario si el adelanto se confirma para el 29 de noviembre. El 17 llega el acto. El 26 vencería el plazo de listas. Si no hay adelanto, el Frente Amplio conserva margen para digerir su propia refundación, pero el pulso con Podemos por el mismo electorado seguirá abierto en cualquiera de los escenarios.

Ficha del Caso

  • El caso: Izquierda Unida, Más Madrid, Comuns y Movimiento Sumar confirman que la nueva marca del espacio será Frente Amplio y fijan el 17 de octubre para anunciar quién lo encabeza.
  • Datos importantes: Ocho meses de negociación; reunión telemática de la alianza este domingo 4 de octubre; escenario de adelanto electoral para el 29 de noviembre, con publicación en el BOE el 6 de octubre, plazo de coaliciones hasta el 16 y de listas hasta el 26.
  • Resumen: El frente nace con marca pero sin líder, en un calendario que puede cerrarse en diez días y con Podemos como posible socio o como rival directo.

Feijóo capitaliza las elecciones del 29N y llama a una «reconstrucción nacional» frente a Sánchez

Alberto Núñez Feijóo ha convertido la cita del 29 de noviembre en un plebiscito sobre Pedro Sánchez y ha llamado a una «reconstrucción nacional» para cerrar lo que describe como una «negra etapa».

Feijóo convierte el 29N en un juicio a Sánchez

Lo hizo este lunes, desde la sede nacional del PP en Madrid, en una declaración institucional sin preguntas. El líder popular compareció unas horas después de que se confirmara el adelanto electoral y eligió un registro deliberadamente de campaña: sin matices, sin programa detallado y con el foco puesto en el adversario.

«El próximo día 29 se elige entre decadencia o cambio, entre mentira o cambio, incompetencia o cambio y entre corrupción o cambio», proclamó Feijóo. La frase condensa la estrategia. Reducir la contienda a un binomio moral y confiar en que el desgaste del Gobierno haga el resto.

El líder del PP vinculó la convocatoria con el «miedo» de Sánchez ante lo que, según su versión, todavía pueda conocerse de la «maraña» de casos de corrupción que afectan al PSOE. A su juicio, el jefe del Ejecutivo pretende ahora «esparcir ese miedo entre la población», y la gestión del Gobierno merece, dijo, «el mayor de los castigos».

Está previsto que Feijóo mantenga su agenda y asista al mediodía al XXIX Congreso de la Empresa Familiar, que se celebra en Madrid. Desde Génova reprocharon a Sánchez que haya cancelado su presencia en ese foro tras anunciar el adelanto: «Hasta en estas cosas somos diferentes», señalaron fuentes de la dirección nacional del PP.

Galicia ha sido el ensayo general de Feijóo: allí probó el discurso de la estabilidad que ahora quiere vender para toda España.

Del relato de la estabilidad gallega al pulso nacional

Para entender el tono del discurso conviene mirar hacia el noroeste. Feijóo no improvisa el eje del cambio y la estabilidad. Lo ensayó durante más de una década en Galicia, donde el PPdeG (el Partido Popular de Galicia, la formación gobernante con mayorías absolutas consecutivas desde 2009) construyó un relato de gestión frente al ruido de Madrid.

Aquel modelo —mayoría absoluta, continuidad y resultados económicos— es el que el líder popular quiere trasladar ahora al conjunto de España. Según fuentes de la dirección nacional del PP, la idea de una «reconstrucción nacional» bebe directamente de esa experiencia autonómica. El libreto no es nuevo. La escala, sí.

El Laboratorio Gallego

La política gallega atraviesa un momento singular. El PPdeG, con Alfonso Rueda al frente de la Xunta de Galicia (el gobierno autonómico gallego, con sede en Santiago de Compostela), sigue sosteniendo una mayoría absoluta que le permite gobernar sin depender de nadie. Enfrente, el BNG (o Bloque Nacionalista Galego, el partido independentista gallego, primera fuerza de la oposición) ha consolidado su papel con Ana Pontón, mientras el PSdeG (la federación gallega del PSOE) busca recomponer su espacio tras varios ciclos adversos. Ese equilibrio es el que Feijóo invoca cuando habla de gobernar sin sobresaltos.

La dimensión nacional es evidente. Galicia funciona desde hace años como banco de pruebas del PP: buena parte de lo que allí se aplica termina, con meses o años de retraso, en el catálogo de propuestas para el conjunto del país. El propio Feijóo ha presentado en más de una ocasión la gestión de la Xunta como espejo de lo que haría en el Gobierno central. Aquí se ensaya. Allí se decide.

Queda la incógnita de cómo aterrizará ese relato en una campaña de apenas semanas. El calendario aprieta: la cita del 29 de noviembre obliga a los partidos a ordenar candidaturas, cerrar listas y desplegar maquinaria en tiempo récord. En Galicia, el PPdeG afronta la cita con la maquinaria más engrasada, pero también con la presión de demostrar que el laboratorio sirve para algo más que ganar en casa.

Ficha del Caso

  • El caso: Alberto Núñez Feijóo ha llamado a una «reconstrucción nacional» tras la convocatoria de elecciones generales para el 29 de noviembre, en una comparecencia sin preguntas desde la sede nacional del PP.
  • Datos importantes: comicios el 29N; Feijóo mantiene agenda y asiste al XXIX Congreso de la Empresa Familiar; Génova reprocha a Sánchez su ausencia en el foro.
  • Resumen: El líder popular convierte la cita en un juicio a Sánchez y traslada su modelo de estabilidad gallega al conjunto de España.

Así se posicionan los partidos valencianos y el Consell de Pérez Llorca ante el adelanto electoral del 29N

El adelanto electoral del 29N reordena la política valenciana: el Consell apela a la estabilidad y la oposición, a la DANA.

El Congreso rechaza los decretos de vivienda y Sánchez fija el 29N

El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, anunció este lunes la convocatoria de elecciones generales para el 29 de noviembre, en una comparecencia a las 09:00 horas. Lo hizo tras un fin de semana de reflexión y después de que el Congreso de los Diputados tumbara el viernes los dos decretos de vivienda de su Ejecutivo. La declaración institucional se leyó desde el Palau de la Moncloa.

El voto en contra de Junts resultó determinante en esa votación. Con las urnas ya convocadas, la campaña arranca en pleno bloqueo parlamentario.

Una hora después del anuncio, el líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, valoró positivamente el adelanto —«por fin, elecciones», dijo— y pidió la confianza de los españoles. Feijóo sostuvo que la convocatoria responde «al miedo a conocer hasta el último detalle del embrollo de casos de corrupción abiertos», según la cobertura informativa de la jornada.

En la Comunitat Valenciana, la cita del 29N se lee desde dos marcos distintos. El Consell de Pérez Llorca pone el acento en la estabilidad del pacto entre PP y Vox y en la gestión como aval, mientras PSPV y Compromís enmarcan las generales como un examen a las políticas autonómicas. Así lo reflejan las valoraciones de partidos y cargos valencianos recogidas desde el lunes.

La DANA —la Depresión Aislada en Niveles Altos que provocó las inundaciones de octubre y noviembre de 2024— vuelve al centro del debate. La reconstrucción, con más de dos centenares de víctimas mortales confirmadas y miles de expedientes abiertos, se cruza con la campaña por una razón sencilla: buena parte del dinero que sostiene las obras es estatal y europeo.

En clave autonómica, el calendario electoral convive con la ejecución de los fondos del Plan RERD y con la tramitación presupuestaria en les Corts Valencianes, el parlamento unicameral de la Comunitat, con 99 escaños. El calendario no admite tregua.

El 29N no se decide solo en Madrid: en Valencia se vota también la gestión de una reconstrucción que sigue a medio camino.

Quién capitaliza la DANA y quién la estabilidad del Consell

El PP llega a la campaña con el desgaste del Gobierno como argumento central y con la gestión autonómica como escudo. La estabilidad del Consell funciona como contraste del bloqueo en Madrid, y ese es el marco que la dirección estatal trasladó desde el primer minuto.

El PSPV, federación valenciana del PSOE, juega en el terreno contrario: pondrá encima de la mesa la reconstrucción y la distancia entre lo comprometido y lo ejecutado. Compromís añade la crítica al pacto con Vox y reclama que la DANA tenga debate propio en la campaña, más allá de los titulares de Madrid.

En Vox, socio de gobierno en la Generalitat, la cita obliga a equilibrar su agenda nacional con la gestión diaria autonómica. La duda que sobrevuela el pacto es cuánto de la campaña estatal se traslada a les Corts y cuánto queda en ruido de fondo.

El Escenario Valenciano

El president de la Generalitat, Juanfran Pérez Llorca, afronta la campaña con el pacto con Vox como principal activo y principal riesgo. El Consell mantiene la mayoría en les Corts, pero cada convocatoria estatal reabre la discusión sobre los equilibrios internos de la coalición. En la oposición, el PSPV y Compromís quieren que el 29N funcione como un plebiscito sobre la gestión autonómica. Y en el fondo del tablero sigue el expresident Carlos Mazón, hoy diputado en les Corts, cuya etapa al frente del Consell y la causa judicial por la DANA continúan marcando el relato político valenciano.

La dimensión nacional es inseparable del relato valenciano. El Gobierno de Pedro Sánchez ha canalizado hacia la Generalitat fondos estatales, y europeos, para la reconstrucción, y el Consorcio de Compensación de Seguros, el organismo estatal que cubre los daños de catástrofes naturales cuando el seguro privado no llega, sigue cerrando expedientes abiertos desde 2024. El debate de fondo es el mismo que se abrió tras las inundaciones de Murcia en 2012 o los incendios de Galicia en 2017: si el sistema nacional de emergencias está a la altura de la próxima catástrofe.

La mirada está ya en el 29 de noviembre. Antes, les Corts tienen por delante sus próximas sesiones plenarias y el Consell debe cerrar el calendario de ejecución del Plan RERD, el instrumento autonómico que canaliza las ayudas de la reconstrucción. Nada de eso se detiene por la campaña. Las cifras de la DANA seguirán ahí cuando se abran las urnas.

Ficha del Caso

  • El caso: Pedro Sánchez convoca elecciones generales para el 29N después de que el Congreso tumbara sus decretos de vivienda, y los partidos valencianos reordenan su estrategia.
  • Datos importantes: el Congreso rechaza dos decretos el viernes con el voto en contra de Junts; cita electoral el 29 de noviembre; el Consell de Pérez Llorca gobierna con el apoyo de Vox y la reconstrucción DANA sigue marcando la agenda autonómica.
  • Resumen: el 29N convierte la política valenciana en un examen sobre la reconstrucción y sobre la estabilidad del pacto PP-Vox.

El BNG se declara listo para las generales del 29N con el lema «más derechos y menos derechas»

El BNG se declara listo para las generales del 29N y convierte «más derechos y menos derechas» en su eje de campaña. La formación nacionalista gallega ha reaccionado sin margen a la convocatoria anticipada de Pedro Sánchez y concurrirá con la intención de repetir escaño en el Congreso.

EN 30 SEGUNDOS

  • ¿Qué ha pasado? El BNG ha anunciado que está preparado para las elecciones generales del 29 de noviembre y ha fijado «más derechos y menos derechas» como lema de campaña.
  • ¿Quién está detrás? El diputado en el Congreso Néstor Rego y la dirección del BNG, que repite su estrategia de «voz propia» para Galicia.
  • ¿Qué impacto tiene? El Bloque aspira a mantener su representación en Madrid y a condicionar la agenda social desde el Congreso en una campaña marcada por el pulso entre bloques.

El Bloque activa su maquinaria con casi dos meses por delante

La noticia deja claro que el BNG —el Bloque Nacionalista Galego, la formación nacionalista que hoy ejerce como primera fuerza de la oposición en el Parlamento de Galicia— no quiere llegar tarde a ninguna cita. La convocatoria anticipada de Pedro Sánchez ha pillado a varios partidos recomponiendo organigramas. Al Bloque no.

El encargado de poner palabras al arranque de campaña ha sido Néstor Rego, su diputado en el Congreso. Su diagnóstico es directo: el país vive una «ola reaccionaria» que busca «hacer retroceder derechos y políticas sociales». Con ese marco, sostiene que respaldar al BNG «es más necesario que nunca, como fuerza de defensa de los derechos, de las mayorías sociales y de los intereses de Galicia».

No es una posición nueva. El Bloque respaldó la investidura de Sánchez tras las elecciones de 2023, igual que había hecho en la legislatura anterior, después de firmar un acuerdo, con compromisos concretos para Galicia. Tres años después, Rego considera que la formación llega a esta cita con «el trabajo hecho» y tras «demostrar que es posible conseguir avances concretos para mejorar la vida de las mayorías sociales».

El lema elegido condensa la estrategia. El BNG define su espacio como sinónimo de «más derechos y menos derechas» y aspira a repetir representación en Madrid para «frenar cualquier intento de involución» en políticas sociales. Menos programa de gobierno, más función de dique.

El BNG no aspira a gobernar España, pero sí a marcar desde el Congreso la agenda social que Galicia quiere llevar a Madrid.

La formación llega a la cita con un activo: en Galicia gobierna el PPdeG con mayoría absoluta desde 2009, y el Bloque se ha convertido en el principal referente de la oposición autonómica. Ese papel le da una caja de resonancia que pocas fuerzas territoriales tienen en el conjunto de España.

También llega con un riesgo. La campaña del 29N se perfila como un pulso entre bloques, y en ese tablero los partidos de ámbito no estatal suelen pagar el precio de la polarización. El voto gallego en unas generales no siempre ha respondido a la lógica del Parlamento autonómico.

Una campaña con la vista puesta en el voto gallego y en Madrid

Néstor Rego

El escenario nacional añade presión. La convocatoria anticipada ha convertido el 29 de noviembre en una suerte de segunda vuelta, y cada fuerza mide con lupa cuánto puede arañar en los territorios donde su marca es más fuerte. Galicia es uno de ellos. Los escaños de la comunidad, pocos pero decisivos en un Congreso ajustado, pesan más de lo que sugiere su tamaño.

Del otro lado del tablero juega el PP de Alberto Núñez Feijóo, que disputa ese terreno con ventaja histórica. El expresidente de la Xunta conserva un predicamento sólido en Galicia, y su partido ha gobernado la comunidad de forma ininterrumpida desde 2009. Eso obliga al Bloque a pelear por un espacio que no se mide solo en votos, sino en identidad.

El Laboratorio Gallego

Galicia funciona desde hace años como un laboratorio político para el conjunto de España, y el 29N volverá a ponerlo a prueba. El PPdeG gobierna la Xunta con mayorías absolutas consecutivas desde 2009; el BNG ha consolidado su papel como primera fuerza de la oposición en un Parlamento de 75 deputados; y el PSdeG busca recomponer su espacio. Esa geometría, que no se repite igual en ninguna otra comunidad, convierte cada cita electoral gallega en un ensayo de lo que puede venir después.

Para el Bloque, el reto es doble: sostener en Madrid la voz que ya tiene en Santiago y evitar que la polarización nacional difumine su perfil. Néstor Rego ocupa el escaño del BNG en el Congreso desde 2019, y la formación quiere mantener esa presencia como palanca de los intereses gallegos. Para Feijóo, la cita es una oportunidad de reafirmar su dominio territorial justo donde construyó su carrera. La incógnita se resolverá el 29 de noviembre, con un Congreso en juego y un modelo gallego que ambos bloques quieren reivindicar.

Ficha del Caso

  • El caso: El BNG se declara preparado para las elecciones generales del 29 de noviembre y lanza el lema «más derechos y menos derechas» con la intención de mantener su escaño en Madrid.
  • Datos importantes: Convocatoria anticipada de Pedro Sánchez para el 29N; el BNG respaldó su investidura en 2023 tras un acuerdo con compromisos para Galicia; Néstor Rego ocupa su escaño en el Congreso desde 2019.
  • Resumen: El Bloque apela al voto propio gallego para frenar lo que describe como una «ola reaccionaria», en una campaña donde el PP de Feijóo parte con ventaja en Galicia.

Compromís condiciona la coalición de izquierdas: exige figurar en la papeleta el 29-N

Compromís pone sus líneas rojas: quiere su marca en la papeleta de la coalición de izquierdas del 29-N. Lo ha dicho sin rodeos su referente, Joan Baldoví, que este lunes descartó participar en las reuniones de preparación y organización del Frente Amplio, pero no en una eventual coalición electoral con ese proyecto y con los partidos que lo integran.

La distinción es fina, y no es casual. Compromís no se sienta a montar la estructura de la casa común de la izquierda, pero tampoco renuncia a compartir el cartel el día de la verdad. Baldoví lo formuló como condición previa: «El nombre de Compromís tiene que aparecer en la papeleta». Nada de programas, candidaturas, ni repartos antes de resolver esa pregunta.

Del «no» a las reuniones al «sí» a una marca compartida

El síndic —el portavoz del grupo parlamentario en las Corts Valencianes, el parlamento autonómico valenciano, con 99 escaños— ha fijado así el perímetro de su apuesta. No entra en el Frente Amplio como espacio de organización, pero deja la puerta abierta a una coalición electoral con Movimiento Sumar, IU, Más Madrid y los Comuns. Es decir: rechaza la cocina, pero no el plato.

Baldoví tiene fresco el precedente de 2023. En un adelanto electoral muy parecido, la marca que concurrió en la Comunitat Valenciana fue Compromís-Sumar. Los valencianistas quieren repetir esa solución, y su argumento es que «son las marcas apegadas al territorio las que están ilusionando». Traducido: prefieren un cartel reconocible en la calle antes que una sigla nueva que nadie sabe leer.

La triple uve y los nombres que aún no se enseñan

De ahí las tres uves que resumió el propio Baldoví. Una marca «valiente, valenciana» y que apueste por la vivienda como derecho reconocido. La fórmula suena a eslogan, pero encierra una posición política: una opción construida desde la Comunitat Valenciana que «integre con generosidad» a las demás formaciones. Baldoví confirmó que hablan «con mucha gente«; eso sí, no quiso concretar más allá de sus exigencias.

Compromís no discute el fondo de la alianza: discute quién firma el cartel. Y en política, el cartel es casi todo el mensaje.

En cuanto a los nombres, el portavoz en las Corts no quiso mojarse. Los dos diputados de la formación en el Congreso, Àgueda Micó y Alberto Ibáñez —cada uno integrado en un grupo parlamentario distinto—, «han hecho muy buena faena», dijo. Sus nombres, avanzó, estarán «encima de la mesa». Pero serán los órganos del partido los que decidan tanto los candidatos como la fórmula de la coalición. Esta misma semana hay reunión de Compromís.

Hay más en juego de lo que parece. Compromís defiende dos escaños en el Congreso y una marca construida en más de una década de política valenciana. Renunciar a su nombre en la papeleta no es solo una cuestión de vanidad: es la diferencia entre movilizar o desaparecer en un tablero donde las siglas estatales se comen a las territoriales. Los órganos del partido tienen la última palabra.

Pero la película no solo se rueda en la izquierda. El PSPV, primera fuerza de la oposición en las Corts, mira con atención cualquier movimiento que reordene el espacio progresista. Y en el Consell —el gobierno de la Generalitat Valenciana, el equivalente autonómico del Consejo de Ministros—, la coalición de PP y Vox tiene motivos para seguir de reojo una pelea que, si se enquista, le allana el camino.

Baldoví Frente Amplio

El Escenario Valenciano

La jugada de Compromís no se entiende sin el tablero completo. En la Comunitat Valenciana, el Consell de Pérez Llorca —presidido por el popular Juanfran Pérez Llorca desde diciembre de 2025— administra sin grandes sobresaltos, mientras la oposición se reparte entre un PSPV que busca recomponerse y una Compromís que reivindica su perfil propio. La pregunta que sobrevuela Valencia es sencilla: quién capitaliza el descontento cuando llegue la cita con las urnas.

Aquí entra la dimensión nacional. De hecho, que los dos diputados de Compromís en el Congreso se sienten hoy en grupos parlamentarios distintos dice mucho del estado de la izquierda española. Sumar intenta convertirse en el Frente Amplio; los partidos territoriales no quieren diluirse en una sigla ajena. Baldoví no es una excepción: es la norma. El Gobierno de Pedro Sánchez observa el pulso con interés, porque cada escaño cuenta en una Cámara muy ajustada.

Para el PP y para el Ejecutivo central, el 29-N admite lecturas opuestas. Unidad de la izquierda o fragmentación decidirán escaños en Madrid y también en Valencia. La izquierda valenciana ya ensayó una fórmula parecida en 2023, cuando Compromís-Sumar concurrió unida a las generales. Compromís quiere ser pieza de esa unidad sin renunciar a su marca, y ahí está el nudo de toda la negociación.

La proyección es clara. Esta semana se reúne Compromís para empezar a decidir fórmula y nombres, con la vista puesta en el 29-N y en los dos escaños que la formación tiene en el Congreso. La pelota está ahora en los órganos del partido. Y en la habilidad de Baldoví para convencer a los suyos de que la marca valenciana no es un capricho, sino la condición para existir en la papeleta.

Ficha del Caso

  • El caso: Compromís condiciona su entrada en una futura coalición de izquierdas a que su nombre figure en la papeleta electoral del 29-N.
  • Datos importantes: Baldoví descarta las reuniones del Frente Amplio, pero no un pacto electoral; en 2023 la marca fue Compromís-Sumar; los órganos del partido se reúnen esta semana.
  • Resumen: El pulso entre la marca territorial y la sigla estatal marcará la unidad de la izquierda valenciana y tendrá eco en el Congreso.

De La Espriella despliega agentes encubiertos contra la corrupción en Colombia: contratistas extranjeros bajo la lupa

El presidente de Colombia, Abelardo De La Espriella, ha confirmado que ya hay agentes encubiertos luchando contra la corrupción. La ofensiva, anunciada desde Bogotá, pone bajo la lupa a los contratistas extranjeros que operan en el país, y España tiene mucho que perder si la seguridad jurídica se resquebraja.

La revelación llegó por una vía poco habitual para un jefe de Estado: una publicación en su cuenta de X el domingo 4 de octubre. Allí aseguró que esos agentes trabajan «para investigar a los corruptos» dentro de la administración pública, sin dar más detalles, según recoge El Tiempo. Es la primera vez que se reconoce la presencia de infiltrados en el propio aparato del Estado.

Qué ha anunciado De La Espriella y por qué es una primera vez

El mandatario se dirigió expresamente a la secretaria de Transparencia, Cristina Lombana, a quien dio la orden de cuidar «la plata del pueblo». La frase que resume su doctrina la soltó también ante alcaldes y gobernadores: «No voy a permitir que se roben un solo peso».

De La Espriella detalló que su equipo necesita vigilar contratos, anticipos, adiciones, patrimonios, sociedades, beneficiarios reales y movimientos financieros cuando la ley lo permita. Y lanzó una idea decisiva para el negocio internacional: «La corrupción es un delito transnacional y así hemos empezado a combatirla». El mensaje apunta a quienes dejan al pueblo en la miseria y disfrutan el botín en países desarrollados.

Los casos citados no son menores. Ordenó al Ministerio de Educación inspeccionar la rectoría de la Universidad de Córdoba y advirtió de manejos contractuales en la Universidad de Pamplona. Confirmó la salida del director nacional de Bomberos, Germán Miranda, y avisó de que «ni la amistad ni el parentesco dan patente de corso» en su gobierno.

La vigilancia se extiende ahora a sociedades, patrimonios y beneficiarios reales, que es justo donde aterrizan los contratistas extranjeros.

Aquí está la clave para el inversor español. El escrutinio anunciado alcanza las estructuras con las que un contratista extranjero organiza su presencia en un país. Bogotá amplía el foco sin haber puesto todavía un solo nombre sobre la mesa.

Por qué esta ofensiva toca de lleno a las empresas españolas

Colombia no es un socio cualquiera para España. Constructoras, energéticas y telecos españolas llevan décadas operando allí, y muchas facturan en obra pública que ahora pasa por el filtro de los agentes encubiertos. Traducido: una licitación adjudicada a una filial española puede quedar bajo sospecha aunque nadie haya probado nada.

Esa posición se apoyaba en algo tan simple como decisivo: la seguridad jurídica, el principio por el que un contrato firmado se cumple y un inversor extranjero recibe el mismo trato que un nacional. Si el rasero se vuelve imprevisible, el coste lo paga la empresa que ya está dentro y no puede mover su obra de sitio.

No se trata de defender a ningún corrupto. Perseguir la corrupción y respetar el debido proceso no son objetivos rivales. El propio De La Espriella lo prometió: «Nosotros garantizamos el debido proceso». La pregunta es cómo encaja esa promesa con agentes encubiertos y contratos intervenidos.

Lo que la historia enseña sobre las cruzadas anticorrupción

La región ya ha visto cruzadas que empezaron señalando a funcionarios y acabaron salpicando a empresas extranjeras. En Guatemala, la comisión internacional contra la impunidad desmontó redes clientelares, pero su salida en 2019 dejó procesos discutidos y contratos congelados. En Perú, el caso de corrupción de Odebrecht arrastró a constructoras internacionales y paralizó obra pública durante años.

Hay una lección doble para España. Primero, que una ofensiva legítima puede derivar en inseguridad jurídica si no va acompañada de reglas claras y plazos ciertos. Segundo, que la defensa del interés español pasa por exigir transparencia para todas las empresas, no por reclamar un trato de favor que no tendría sentido.

De La Espriella ha dejado claro que remitirá cada indicio a la Fiscalía, la Procuraduría y la Contraloría. La próxima prueba de fuego será comprobar si esa maquinaria distingue el delito del simple contratista extranjero. Conviene seguir la pista de las primeras actuaciones sobre contratos de obra y energía: ahí se sabrá si Colombia combate la corrupción o si, de paso, espanta el capital que necesita.

📌 Ficha del Caso

  • Ficha sobre el caso: El presidente de Colombia, Abelardo De La Espriella, anunció que hay agentes encubiertos dentro de la administración pública para perseguir la corrupción, con atención especial a contratos, sociedades y beneficiarios reales.
  • Datos importantes: El anuncio llegó el 4 de octubre de 2026 en su cuenta de X. La ruta anticorrupción arrancó tras su llegada al poder el 7 de agosto y ya ha tocado universidades y la dirección nacional de Bomberos.
  • Resumen: La ofensiva eleva la vigilancia sobre contratistas extranjeros donde operan empresas españolas; el reto es que la lucha contra la corrupción no dañe la seguridad jurídica de los inversores.

Abascal llama al voto presencial el 29-N: «No me fío de nada que haga Sánchez»

El presidente de Vox, Santiago Abascal, ha llamado este lunes a votar presencialmente en las elecciones generales. Lo ha hecho con una consigna expresa a los electores: acudir a la urna el 29 de noviembre y no utilizar el voto por correo.

La petición llegó en una entrevista concedida a Espejo Público, el programa de Antena 3. El líder de Vox no dejó margen a la interpretación: ‘Yo les animo a que no voten por correo, a que voten en la urna’. Y añadió una exigencia más a los españoles que le escuchaban, la de estar ‘alerta’ y ‘movilizados’ durante todo el proceso.

Qué pide Abascal y con qué argumentos lo sostiene

El razonamiento es explícito y el propio Abascal lo ha desarrollado sin rodeos. ‘En estos momentos no me fío absolutamente de nada que pueda hacer Pedro Sánchez‘, ha afirmado. A partir de ahí encadena sus argumentos. El primero apunta a la posible convocatoria de la Diputación Permanente del Congreso, el órgano que asume las competencias de la Cámara cuando esta no está reunida o ha sido disuelta, para sacar adelante decretos que, según su relato, el Pleno ya ha tumbado.

Su segundo argumento apunta al entorno del presidente del Gobierno, que, según su versión, ‘tiene a todo su entorno en la cárcel. Y el tercero es la conclusión que extrae de los anteriores: ‘Sánchez es capaz de cualquier cosa y, por lo tanto, mi responsabilidad es decir a los españoles que voten con seguridad’. Vox presenta así la papeleta depositada en la urna como la única fórmula que el votante controla de principio a fin.

En la misma comparecencia, el líder del partido ha vuelto a referirse a Sánchez como el ‘candidato de Marruecos’, una fórmula que la formación emplea en su crítica de la política migratoria del Ejecutivo. Y ha puesto el acento en la incertidumbre del resultado: los comicios, ha dicho, serán ‘muy inciertos’ a pesar de lo que anticipen los sondeos.

Por qué sitúa el foco en el voto por correo

El voto por correo es un procedimiento reglado en España. Exige una solicitud previa del elector y se tramita con Correos, que entrega la documentación en el domicilio y traslada después la papeleta hasta la mesa electoral por correo certificado. Las instrucciones de cada convocatoria las dicta la Junta Electoral Central.

Abascal no modifica ninguna norma electoral, pero instala en la campaña una idea que su partido rentabiliza desde hace meses: la seguridad del voto está en la urna.

Abascal sostiene que esas garantías no le bastan. ‘Un señor que parece que va a convocar la Diputación Permanente para aprobar los decretos que el propio Congreso ha tumbado’, ha argumentado para justificar su recelo, antes de insistir en que su obligación es recomendar a los españoles que voten ‘con seguridad’.

Hasta el momento no consta una reacción oficial del Gobierno ni del PP a este llamamiento, ni una consigna equivalente por parte de los populares. La recomendación de Vox no tiene efectos normativos: no altera el procedimiento ni impide a nadie solicitar el voto por correo. Su alcance es político, y su destinatario es el votante propio.

La convocatoria anticipada ha comprimido el calendario. Las formaciones afrontan una precampaña corta en la que la movilización de los electorados fieles pesa más que la captación de voto nuevo. En ese terreno, el llamamiento presencial funciona como instrucción operativa para la base de Vox y como seña de perfil propio frente al PP.

Abascal 29-N

La estrategia: movilizar el voto propio sin fiarlo a las encuestas

Existe un precedente para esa advertencia sobre los sondeos. En 2023 las encuestas anticipaban un escenario muy parecido al actual y el resultado acabó permitiendo a Sánchez reeditar su Gobierno con el concurso de sus socios. Abascal lo cita como lección —las encuestas ‘decían lo mismo que hoy’— y ya avisó entonces de que no pensaba vender ‘la piel del oso antes de cazarlo’.

Los sondeos que se publican estos días dibujan una mayoría alternativa entre PP y Vox. El presidente de la formación se niega a dar por hecho ese escenario. Su lectura es que ese tipo de pronóstico, cuando se convierte en certeza, desmoviliza al votante propio. El mensaje no va dirigido al elector ajeno, sino al que ya votó a Vox y podría no repetir.

El precedente de 2023 también ayuda a leer el pulso con el PP. Vox cedió entonces parte de su suelo electoral, pero conservó grupo propio en el Congreso de los Diputados y mantuvo su condición de socio imprescindible para cualquier mayoría de la derecha.

Según su relato, el Gobierno llega además a la cita con el desgaste de unos decretos que no ha logrado sacar adelante. Recuperar al votante que se quedó en casa es, para la dirección del partido, la vía más directa para volver a crecer.

Con las elecciones generales fijadas para el 29 de noviembre, Vox afronta las semanas decisivas de la precampaña con un mensaje de movilización, desconfianza hacia el Ejecutivo y defensa del voto en urna. La respuesta de su electorado será la primera medida del acierto de la consigna.

Escándalo Care4Calais: Vox denuncia en la UE el asilo a falsos menores de la inmigración irregular

El caso Care4Calais, la investigación sobre el asilo a falsos menores, llega al Parlamento Europeo de la mano de Vox. La delegación de la formación en la Eurocámara, integrada en el grupo Patriotas por Europa, sitúa el escándalo en el centro de su ofensiva contra la inmigración irregular.

La investigación, publicada por The Telegraph el 21 de septiembre, documenta varios expedientes en los que Care4Calais respaldó solicitudes de asilo de personas que decían ser menores y a las que los tribunales acabaron considerando adultos. Hubo ayuda para recurrir las evaluaciones oficiales de edad. Entre los casos figura el de un ciudadano sudanés que recibió alojamiento destinado a menores tras una derivación de la organización.

Un juez concluyó después que tenía 20 años al llegar a Reino Unido y puso en duda la credibilidad de su relato. El segundo expediente reseñado afecta a un ciudadano etíope que llegó en una embarcación pequeña desde Francia en marzo de 2025, afirmó tener 17 años sin aportar documentación de nacimiento. La jueza Sarah Grey determinó que tenía 22 años al entrar en el país y apreció contradicciones sobre su edad y su familia, además de cuentas de redes sociales modificadas o eliminadas.

Qué denuncia Vox y con qué argumentos sostiene su tesis

El argumentario que Vox defiende en Bruselas arranca de un dato de procedimiento: la determinación de la edad condiciona todo lo que viene después. Un solicitante clasificado como menor accede a tutela, a alojamiento específico y a un itinerario administrativo distinto al de un adulto. Cualquier error en esa evaluación previa desvía recursos públicos y altera el régimen de protección aplicable, según sostienen desde la delegación.

La formación subraya que los expedientes documentados evidencian un fallo en la verificación y reclama reforzar las pruebas documentales y médicas antes de reconocer la condición de menor. La delegación que encabeza el eurodiputado Jorge Buxadé no juega sola esta carta: lo hace dentro de Patriotas por Europa, el grupo parlamentario de la Eurocámara con el que comparte agenda de control fronterizo y de revisión del Pacto de Migración y Asilo. El modelo británico funciona ahí como prueba externa.

La investigación no retrata a una ONG aislada: expone el punto exacto donde falla la verificación de edad que Vox impugna en Bruselas.

Qué recorrido tiene el caso y cómo responde Londres

asilo menores

La investigación ha provocado reacción política en Reino Unido. El portavoz conservador de Interior, Chris Philp, ha pedido que el organismo supervisor de las entidades benéficas abra una investigación sobre Care4Calais. La entidad rechaza las acusaciones de ilegalidad y defiende que facilita representación jurídica dentro de los procedimientos establecidos.

Recuerda, además, que ha apoyado a solicitantes que fueron reconocidos como menores después de haber sido clasificados inicialmente como adultos. En su propia página web ofrece ayuda a jóvenes no acompañados que consideran incorrecta la edad asignada por el Ministerio del Interior británico o por las autoridades locales.

Conviene precisar el alcance de lo documentado. Las resoluciones descritas cuestionan las alegaciones de determinados beneficiarios de la asistencia de Care4Calais, pero no demuestran que la organización conociera de antemano la edad real de los solicitantes. Recurrir una evaluación de edad tampoco equivale, por sí mismo, a cometer un fraude: es un derecho del interesado. Esa distinción, jurídicamente relevante, no resta peso al hecho central que Vox subraya en la Eurocámara: hubo adultos que se presentaron como menores y ocuparon plazas reservadas a niños.

La lectura estratégica: por qué el caso pesa en la Eurocámara

El movimiento encaja en una secuencia larga. Vox reclama desde 2019 un giro restrictivo en materia de asilo y coloca la determinación de la edad entre sus principales caballos de batalla: sostiene que la ausencia de verificaciones fiables actúa como efecto llamada y castiga a quienes sí acreditan su condición. Cada caso que destapa la prensa británica refuerza esa tesis sin que la formación tenga que mover una sola enmienda. La delegación defiende su posición ante el Parlamento Europeo dentro de una ofensiva más amplia.

El relato funciona como prueba externa: si un país con un sistema jurídico consolidado admite que tramitó expedientes de adultos presentados como menores, la crítica a los mecanismos europeos de acogida gana recorrido. El precedente no es lejano. La ruptura de los gobiernos de coalición autonómicos entre PP y Vox en julio de 2024 tuvo como detonante la política de acogida de menores no acompañados.

Sobre el tablero europeo pesa además el Pacto de Migración y Asilo, el marco que ordena la acogida en la Unión y que la delegación votó en contra por considerarlo un incentivo a la entrada irregular; la web oficial de Vox recoge su posición sobre la política migratoria común. En España, el asunto llega en pleno pulso entre Vox y el PP por el terreno migratorio: la formación de Abascal reclama medidas de control y los populares intentan marcar distancia sin ceder el espacio de la derecha.

El asunto seguirá en la agenda de la delegación cuando la Eurocámara retome su calendario ordinario. La idea de fondo que el partido repite no admite matices: cada expediente mal clasificado es una plaza que no llega a un menor real.

CRUE y Cámara de España firman un convenio para impulsar la transferencia universidad-empresa y el impacto social

La CRUE y la Cámara de Comercio de España han firmado un convenio para impulsar la transferencia universidad-empresa. El acuerdo busca acercar a las empresas la I+D+i que se genera en los campus.

EN 30 SEGUNDOS

  • ¿Qué ha cambiado? La CRUE y la Cámara de Comercio de España han suscrito un convenio de difusión del proyecto «Transferencia e Impacto Social», según el comunicado hecho público por la propia CRUE el 5 de octubre de 2026.
  • ¿Quién lo ha decidido? Los presidentes de ambas instituciones: Julián Garde, al frente de la CRUE y rector de la Universidad de Castilla-La Mancha, y José Luis Bonet, presidente de la Cámara de Comercio de España.
  • ¿A quién afecta? A las 43 universidades que ya participan en el proyecto, con casi 250 proyectos de investigación registrados, y a las pymes del tejido productivo.

Un convenio para llevar la I+D+i de los campus a las fábricas

Los presidentes de la CRUE (Conferencia de Rectores de las Universidades Españolas) y de la Cámara de Comercio de España, Julián Garde y José Luis Bonet, han firmado un convenio de difusión del proyecto «Transferencia e Impacto Social». El objetivo declarado es impulsar un nuevo marco de cooperación entre las universidades y el tejido productivo para acercar a las empresas la I+D+i que se genera en los campus, según el comunicado difundido por la institución.

Garde, que es además rector de la Universidad de Castilla-La Mancha, ha apoyado su intervención en un dato: España figura entre las 15 economías más grandes del mundo y es el noveno país por publicaciones científicas. A eso añade un matiz de estructura empresarial: la red productiva está formada mayoritariamente por pequeñas y medianas empresas. «Son las universidades, que aportan el 80% de la investigación nacional, las que tienen la responsabilidad de acercar el conocimiento a las fábricas, los talleres, los comercios y las empresas de servicios», ha defendido el presidente de la CRUE.

José Luis Bonet ha coincidido en el diagnóstico y ha enmarcado el convenio como «un paso más para que la investigación que se hace en las universidades llegue al tejido productivo». El presidente de la Cámara de Comercio de España ha subrayado que las cámaras quieren ser «ese puente entre el conocimiento y la empresa, porque de ahí nace buena parte de la innovación y la competitividad de nuestro país».

Casi 250 proyectos de 43 universidades

CRUE

El proyecto Transferencia e Impacto Social suma ya casi 250 proyectos de investigación procedentes de 43 universidades españolas. El bloque más numeroso corresponde a Ingeniería y Arquitectura, con 113 iniciativas, por delante de las áreas de Ciencias, Ciencias de la Salud, Ciencias Sociales y Artes y Humanidades, según la relación que mantiene abierta la CRUE.

El catálogo se puede consultar a través de la web de la institución, que ofrece además un boletín mensual para seguir las incorporaciones. La difusión es precisamente el objeto del convenio: dar visibilidad a esos proyectos ante las empresas y trasladar a los campus los retos de innovación del sector productivo.

El acuerdo con la Cámara de Comercio de España se suma a los que la CRUE ha cerrado en los últimos meses con la CEOE y CEPYME para ampliar el alcance de la iniciativa. La Cámara de Comercio de España es una corporación de derecho público que agrupa a las cámaras territoriales y actúa como interlocutor de las empresas, singularmente de las pymes, ante las administraciones.

Las universidades aportan el 80% de la investigación nacional, según los datos que maneja la CRUE, pero buena parte de ese conocimiento no llega todavía al tejido productivo, formado en su mayoría por pymes.

El Marco Educativo

El marco de referencia es la LOSU (Ley Orgánica 2/2023, de 22 de marzo, del Sistema Universitario), que sitúa la transferencia e intercambio del conocimiento entre las funciones del servicio público universitario. La norma se apoya en la Ley 14/2011, de 1 de junio, de la Ciencia, la Tecnología y la Innovación, modificada en 2022, que desarrolla las vías de colaboración entre universidad y empresa. En España, el Estado fija la legislación básica, pero las comunidades autónomas tienen transferidas las competencias en materia universitaria, de modo que convenios como este operan como instrumento de coordinación voluntaria entre instituciones.

En el capítulo de actores, la CRUE agrupa a las universidades españolas, públicas y privadas, y ejerce de interlocutor ante el Ministerio con competencias en universidades. Sus cifras sostienen el diagnóstico del convenio: el 80% de la investigación nacional. La Cámara de Comercio de España representa los intereses empresariales, con especial peso de las pequeñas y medianas compañías. En el comunicado difundido por la CRUE no se detallan nuevas partidas presupuestarias ni un calendario de adhesiones más allá del boletín mensual.

La proyección del acuerdo pasa por su continuidad: el catálogo permanece abierto a nuevas universidades y la suscripción al boletín permite seguir su evolución. El debate sobre la tranferencia universidad-empresa sigue abierto en España, donde la colaboración entre campus y empresa es uno de los indicadores que se analizan en los informes internacionales sobre innovación.

Claves de la Noticia

  • Qué importa: La CRUE y la Cámara de Comercio de España han firmado un convenio de difusión del proyecto «Transferencia e Impacto Social» para acercar la I+D+i de los campus al tejido productivo.
  • Por qué importa: El acuerdo trata de cerrar la distancia entre la investigación que generan las universidades, el 80% de la nacional según la CRUE, y un sistema productivo dominado por las pymes.
  • A quién le importa: A las 43 universidades con casi 250 proyectos registrados, a sus grupos de investigación y a las pymes que buscan innovación aplicada.

La Policía investiga la muerte violenta de un matrimonio en Madrid: detenido su hijo

La Policía Nacional ha detenido al hijo de un matrimonio de avanzada edad hallado sin vida y con signos de violencia en su vivienda del distrito de Latina, en Madrid. El suceso se produjo en la madrugada de este lunes, según han confirmado Emergencias Comunidad de Madrid 112 y fuentes policiales.

Cómo se produjo el hallazgo en el Paseo de los Húsares

Fueron los vecinos quienes dieron la voz de alarma en torno a las 04:40 de la madrugada. Los sanitarios se desplazaron hasta una vivienda situada en el número 12 del Paseo de los Húsares, en el distrito de Latina, donde localizaron a la pareja con golpes en el cuerpo. Los médicos solo pudieron confirmar su fallecimiento. Hasta el lugar se desplazaron también agentes de la Policía Nacional, que se hicieron cargo de las primeras diligencias.

Los cuerpos presentaban signos de violencia producidos por un objeto contundente, según ha informado Emergencias Comunidad de Madrid 112. La Policía Nacional ha precisado que los golpes se habrían causado con una mancuerna (una pesa de mano que se emplea habitualmente para el ejercicio físico).

Las víctimas, un matrimonio de avanzada edad, habían nacido en 1954 y 1957. El detenido, su hijo, nació en 1990, según los datos aportados por las fuentes consultadas.

Qué ha confirmado la Policía Nacional hasta ahora

De la investigación se ha hecho cargo la Policía Nacional, que ya ha detenido al hijo de la pareja como presunto autor (la persona a la que se atribuyen los hechos, sin que exista aún condena) de las muertes. Los agentes mantienen abiertas las diligencias para esclarecer las circunstancias exactas de lo ocurrido.

El detenido es el hijo de las dos víctimas y deberá pasar a disposición judicial una vez concluyan las primeras diligencias de la investigación.

El estado del detenido y los próximos pasos

Una vez finalizadas esas actuaciones, la Policía Nacional remitirá el atestado (el documento policial que recoge las primeras diligencias de un suceso) al juzgado de instrucción competente. En los casos de muerte violenta, la instrucción (la fase del proceso penal en la que el juez investiga los hechos) corresponde a ese órgano judicial, que coordina las actuaciones policiales.

Fuentes conocedoras de la investigación, sin confirmación oficial, apuntan a que el detenido padece un cuadro psiquiátrico grave, que podría tratarse de una esquizofrenia. Es un extremo que no ha sido confirmado por las autoridades sanitarias ni policiales.

A lo largo de esta mañana está previsto que se le practique un análisis exhaustivo de su estado de salud mental. Según las mismas fuentes, el detenido podría ser trasladado a la unidad de psiquiatría de un hospital madrileño para recibir tratamiento médico, aunque también deberá pasar a disposición judicial como presunto autor de los hechos.

La investigación continúa abierta. La Policía Nacional no ha facilitado por el momento más detalles sobre las circunstancias que rodearon la muerte de la pareja. El caso se investiga como una muerte violenta. El hijo permanece detenido a la espera de su traslado ante la autoridad judicial.

Dos jóvenes de 25 años fallecen ahogados en una playa de Guardamar del Segura

Dos jóvenes de 25 años han fallecido ahogados en la playa de Els Vivers, en Guardamar del Segura (Alicante), según han confirmado los servicios de emergencia y fuentes policiales. Los hechos ocurrieron el pasado sábado, 3 de octubre, cuando la pareja, de origen ucraniano y residente en Polonia, se bañaba con un grupo de amigos en un arenal con bandera roja.

Los dos fallecidos estaban de visita en la localidad, donde vive la pareja de amigos a la que habían ido a ver. Ambos se bañaban en la playa de Els Vivers, un arenal natural situado a unos dos kilómetros del casco urbano.

Cómo se produjo el doble ahogamiento

El alcalde de Guardamar del Segura, José Luis Sáez, ha explicado cómo se desarrollaron los hechos. Dos chicas del grupo se adentraron en el mar y, en un momento dado, tuvieron dificultades para salir a causa de las corrientes. Sus respectivas parejas entraron al agua para intentar rescatarlas.

Uno de los dos hombres logró sacar a su pareja. El otro no lo consiguió y se ahogó junto a la suya. Los servicios de emergencia y salvamento los rescataron del agua, pero ninguno respondió a las maniobras de reanimación, según las fuentes policiales.

Uno de los dos hombres logró salir del agua con su pareja; el otro falleció junto a la suya en un arenal sin socorristas.

Bandera roja, corrientes y una playa sin socorristas

En Els Vivers ondeaba la bandera roja desde hacía más de una semana, una señalización que prohíbe el baño por el estado del mar. El grupo de amigos se metió en el agua con la bandera roja izada, según el relato del alcalde.

El alcalde ha subrayado que prácticamente en todas las playas de Guardamar hay corrientes, que se acentúan cuando hay mar de fondo, como ocurrió el sábado 3 de octubre. Si no se conocen y se intenta luchar contra ellas, es fácil agotarse y acabar arrastrado por el agua.

El municipio cuenta con once kilómetros de litoral y mantiene el servicio de salvamento y socorrismo en dos playas, Centro y Roqueta hasta el 31 de octubre. La de Els Vivers queda fuera de ese dispositivo. Estos son los datos facilitados por el Ayuntamiento:

  • Bandera roja en Els Vivers desde más de una semana antes del suceso, por mar de fondo y corrientes.
  • Servicio de socorrismo activo solo en las playas Centro y Roqueta, hasta el 31 de octubre.
  • Els Vivers se encuentra a unos dos kilómetros del centro urbano, en un extremo del litoral.

2026, el peor año de ahogamientos desde que hay registros

Los registros de la Real Federación Española de Salvamento y Socorrismo sitúan 2026 como el año con más ahogamientos en España desde que existen datos oficiales. Entre el 1 de enero y el 11 de septiembre se contabilizaron 389 fallecimientos por esta causa.

En el mismo periodo de 2025 se registraron 368 ahogamientos. En 2024 fueron 361. Dos años antes, la cifra se quedaba por debajo de los 300. La diferencia entre el dato de este ejercicio y el de hace dos años es de 28 fallecimientos más en el mismo tramo del calendario.

Las fuentes oficiales consultadas no han facilitado por el momento más detalles sobre las circunstancias exactas del doble ahogamiento. El dispositivo de socorrismo seguirá activo en las playas de Centro y Roqueta hasta el 31 de octubre, mientras Els Vivers continúa fuera del operativo de vigilancia.

La DGT y la Guardia Civil de Tráfico despliegan del 5 al 11 de octubre una campaña contra las distracciones al volante

La DGT y la Agrupación de Tráfico de la Guardia Civil despliegan desde este lunes 5 de octubre una campaña de vigilancia y control contra las distracciones al volante en las carreteras españolas.

EN 30 SEGUNDOS

  • ¿Qué ocurre? La DGT activa una campaña de vigilancia de las distracciones al volante con la Guardia Civil de Tráfico desplegada en las vías.
  • ¿Cuándo? Desde este lunes 5 de octubre hasta el domingo 11 de octubre.
  • ¿Qué la justifica? Las distracciones son el factor concurrente más habitual en los siniestros viales, con 15.707 casos que equivalen al 21% del total.

Una campaña centrada en el factor de riesgo más habitual

La campaña se extiende durante siete días y estará centrada en las distracciones al volante y en los factores de riesgo asociados a ellas. La Dirección General de Tráfico justifica la vigilancia por su incidencia sobre la seguridad vial: la distracción no solo eleva el riesgo de siniestro durante la conducción, sino que agrava la severidad de las lesiones de las personas accidentadas.

El despliegue recae en la Agrupación de Tráfico de la Guardia Civil, la unidad del instituto armado especializada en la vigilancia y el control de las vías interurbanas, que reforzará los controles a lo largo de toda la semana. Los agentes vigilarán el uso del teléfono móvil, el manejo de dispositivos de navegación y cualquier conducta que reste atención a la conducción.

El móvil, el factor más frecuente en los siniestros mortales

Los datos oficiales sitúan las distracciones como el factor concurrente más habitual en los siniestros viales, con 15.707 casos registrados, que suponen el 21% del total. En el caso de los siniestros mortales, la distracción vuelve a ser el factor más frecuente, por delante del resto de causas concurrentes.

El teléfono móvil concentra buena parte de esas conductas de riesgo. Manipular el dispositivo, responder un mensaje o consultar una aplicación durante la conducción multiplica el tiempo de reacción y reduce la atención sobre la vía. La Guardia Civil de Tráfico orienta sus controles precisamente a ese tipo de comportamientos, los más difíciles de detectar y los más presentes en la siniestralidad.

Durante los siete días de campaña, los agentes intensificarán la vigilancia sobre los tramos de mayor siniestralidad y sobre las conductas que evidencian una pérdida de atención al volante. La campaña forma parte del calendario de acciones de control que la DGT mantiene activo a lo largo del año.

Las distracciones concentran el 21% de los siniestros viales en España y son el factor concurrente más habitual, motivo por el que la Guardia Civil de Tráfico despliega controles específicos durante toda la semana.

El Contexto Operativo

La campaña responde a una tendencia sostenida en la seguridad vial: la distracción se ha consolidado como el factor concurrente más frecuente en los siniestros, con 15.707 casos que representan el 21% del total y una presencia igualmente elevada en los siniestros mortales. La magnitud de ese dato explica que la DGT mantenga las distracciones entre sus prioridades de vigilancia y que la Agrupación de Tráfico de la Guardia Civil las sitúe en el centro de sus dispositivos.

El trabajo de la Agrupación de Tráfico de la Guardia Civil se apoya en la presencia continuada sobre las vías interurbanas y en la capacidad de desplegar controles específicos en los momentos de mayor riesgo. Esa labor se coordina con la DGT y con las policías locales en el ámbito urbano, donde se concentra una parte relevante de la siniestralidad asociada a la conducción distraída.

De cara a los próximos meses, la vigilancia de las distracciones seguirá ocupando un lugar central en la estrategia de seguridad vial. La DGT mantiene la campaña activa hasta el domingo 11 de octubre, con la Guardia Civil de Tráfico desplegada en carretera y con el objetivo declarado de reducir tanto el número de siniestros como la severidad de las lesiones asociadas a la conducción distraída.