La Armada ha vigilado con el patrullero ‘Centinela’ (P-72) el tránsito de cuatro buques de la Marina rusa frente al litoral gallego.
EN 30 SEGUNDOS
¿Qué ha ocurrido? La Armada ha desplegado el patrullero de altura ‘Centinela’ (P-72) para vigilar el tránsito de cuatro buques de la Marina de la Federación Rusa.
¿Dónde y cuándo? En aguas próximas al litoral gallego y en la zona económica exclusiva española, durante el paso de la flotilla rusa.
¿Qué resultado? Seguimiento de dos unidades militares que escoltaban a dos buques mercantes, dentro de las Operaciones de Presencia, Vigilancia y Disuasión.
El ‘Centinela’ monitoriza cuatro buques rusos en aguas gallegas
La Armada ha informado de que el patrullero de altura Centinela (P-72) ha desarrollado labores de vigilancia marítima en los espacios de interés nacional a varias unidades navales rusas durante su tránsito por el litoral gallego. El buque español ha monitorizado cuatro buques de la Marina de la Federación Rusa a su paso por la zona económica exclusiva española. La operación se enmarca en las Operaciones de Presencia, Vigilancia y Disuasión que la Armada mantiene de forma permanente en aguas de soberanía e interés nacional.
Según el comunicado de la Armada, el ‘Centinela’ ha hecho seguimiento a dos unidades militares que escoltaban a dos buques mercantes durante su paso por los espacios marítimos de soberanía. La vigilancia se ha centrado en el grupo naval ruso, formado por los escoltas y los cargueros que estos protegían, en una travesía de tránsito por aguas internacionales. El patrullero ha navegado bajo control operativo durante toda la misión, integrado en el dispositivo de vigilancia marítima nacional.
Vigilancia de dos escoltas militares y dos buques mercantes
El grupo seguido por la Armada está integrado por cuatro buques: dos unidades militares de escolta y dos mercantes. Las unidades de guerra protegían el tránsito de los dos buques de carga, una tipología de despliegue habitual en las travesías de larga distancia de la Marina rusa. El ‘Centinela’ mantuvo contacto visual y de sensores sobre el conjunto de la formación durante su paso por la zona económica exclusiva.
La zona económica exclusiva española es un espacio de especial sensibilidad para la seguridad nacional. Se trata de una franja que se extiende hasta las 200 millas náuticas desde la costa y en la que España ejerce derechos de soberanía para la explotación de los recursos y la protección del medio marino. La vigilancia de este tipo de tránsitos permite a la Armada mantener un control permanente sobre todo lo que ocurre en aguas próximas al territorio.
El seguimiento de la flotilla rusa demuestra la capacidad de la Armada para detectar y monitorizar cualquier tránsito naval en aguas de interés nacional.
El contexto institucional
El tránsito de unidades navales rusas por aguas próximas a la costa española no es un fenómeno aislado. Las marinas de Rusia han incrementado su actividad en el Atlántico y en el Mediterráneo en los últimos años, con despliegues que con frecuencia discurren por la zona económica exclusiva de los Estados miembros de la OTAN. España, con cerca de 8.000 kilómetros de costa, es uno de los países europeos con mayor fachada marítima y uno de los que más recursos dedica a la vigilancia de sus espacios.
La Armada desempeña este cometido con los patrulleros de altura, buques diseñados para permanecer largos periodos en la mar y con capacidad para operar en condiciones meteorológicas adversas. Su diseño les permite mantenerse semanas fuera de puerto, una autonomía clave para cubrir una fachada marítima tan extensa como la española. España forma parte de la OTAN desde 1982 y su Ministerio de Defensa integra la vigilancia marítima nacional en el marco de las misiones aliadas en el flanco sur de Europa.
El comunicado de la Armada no detalla el número de días que se ha prolongado el seguimiento ni el número de efectivos embarcados. Lo que sí confirma es que las Operaciones de Presencia, Vigilancia y Disuasión se mantienen activas en toda la fachada marítima española. La vigilancia de la flotilla rusa se suma a los dispositivos que la Armada despliega de forma recurrente en el Cantábrico, el Estrecho y el Mediterráneo, con el objetivo de garantizar la seguridad en los espacios de soberanía nacional.
La Sala de lo Social del Tribunal Superior de Justicia de Canarias (TSJC) en su sede en Las Palmas ha confirmado la procedencia del despido disciplinario de un trabajador de supermercado que incurrió en varios episodios de desobediencia, faltas de respeto y actuaciones contrarias a las normas de la empresa.
La sentencia, dictada el 10 de septiembre de 2026, desestima el recurso de suplicación presentado por el trabajador contra la resolución dictada por el órgano judicial de instancia y confirma íntegramente dicha resolución. El tribunal declara que el despido fue ajustado a derecho y que no procede indemnización ni salarios de tramitación.
El trabajador prestaba servicios como dependiente desde julio de 2023. La empresa fundamentó el despido en varios hechos ocurridos entre el 8 de marzo y el 5 de abril de 2025.
Concretamente, se negó a realizar determinadas tareas encomendadas por sus superiores, como sacar etiquetas de vino, trasladar un producto a otro establecimiento cercano y desempeñar funciones en la sección de carnicería. En relación con este último episodio, manifestó que no podía trabajar con cuchillos porque había tenido un sueño recurrente en el que, tras ser despedido, mataba con ellos a un apoderado de la empresa y a una encargada de otro centro de trabajo. La empresa decidió reubicarlo en otra sección. También quedó acreditado que, durante una discusión con una compañera sobre la limpieza de las neveras, el trabajador le silbó y la llamó “chihuahua”. Asimismo, cometió un error en el cobro de una compra por importe de 113,21 euros, al cobrar únicamente 13,21 euros. La empresa localizó posteriormente al cliente, que abonó la diferencia. Por último, solicitó a otra compañera que fichara por él, le ofreció su documento nacional de identidad y le pidió que introdujera la palabra “puta” en el registro. La trabajadora no accedió y el trabajador realizó finalmente el fichaje de forma ordinaria. La Sala considera que los hechos no fueron episodios aislados, sino que revelaron una conducta “contumaz, rebelde y tenaz”, orientada a incumplir las órdenes e instrucciones de sus superiores. El tribunal recuerda que la desobediencia laboral puede justificar el despido cuando presenta gravedad, culpabilidad, reiteración, trascendencia e injustificación. En este caso, concluye que los incumplimientos fueron “graves, culpables y reiterados” y que encajaban en la infracción muy grave prevista en el convenio colectivo aplicable. La resolución destaca que no existía una razón válida para que el trabajador se negara a realizar las tareas encomendadas. Respecto a la referencia a los cuchillos, la Sala afirma que dicha manifestación “pudiera considerarse como una amenaza velada” y que, en cualquier caso, resultaba “impropia e inadecuada”. La sentencia también considera acreditadas las faltas graves de respeto hacia dos compañeras. Sobre el episodio en el que llamó chihuahua a una trabajadora, el tribunal afirma que “silbar a una compañera, llamándola chihuahua no es admisible en ningún contexto” y que constituye “una ofensa grave, injuriosa y que afecta a la dignidad de cualquier persona, hombre o mujer”. En cuanto a la solicitud para que otra compañera realizara el fichaje en su nombre y utilizara la palabra “puta”, la Sala considera que se trata de una actuación “absolutamente impropia y contraria al principio de corrección y buena fe que domina la relación laboral”. El tribunal considera que el conjunto de las conductas acreditadas justifica la máxima sanción disciplinaria. La Sala señala que los hechos fueron graves y culpables y que la sanción aplicada resultó proporcionada al comportamiento exteriorizado por el trabajador.
Pedro Sánchez va a colar los dos decretos de la vivienda por la puerta de atrás del Congreso de los Diputados. Este martes el consejo de ministros aprobará con un texto diferente, no exactamente el mismo, los dos decretos que fueron rechazados el viernes por el Congreso de los Diputados. Luego los llevará a la Comisión Permanente del Congreso, una vez disuelto, para que sean aprobados por vía de urgencia. Lo ha confirmado el todavía presidente del Gobierno.
Algunos expertos juristas expresan sus dudas sobre si esta aprobación podría constituir fraude de ley, pues la Comisión Permanente, formada por 69 diputados, sólo debería atender asuntos realmente urgentes para las dos cámaras y no parece que después de dos legislaturas los decretos sobre vivienda sean tan urgentes, sobre todo tras haber sido rechazados por los diputados en votación. En la Comisión no tendría relevancia el único voto de Junts.
En esa comisión el PSOE tiene 25 votos y Sumar 6, por lo que bastaría con los votos solitarios a favor de EH Bildu, ERC, Podemos y PNV, los mismos que apoyaron el primer decreto en el Congreso. En ese escenario, el voto de Junts, que se sumó al bloque que tumbó los dos decretos, sería irrelevante aunque votara en contra junto a PP y Vox, porque tendrían 34 votos contrarios. Habrá que esperar en qué sentido votará el PNV, que estuvo a favor del primero, pero en contra del segundo.
Los españoles votarán el domingo 29 de noviembre, con la incógnita del voto exterior al que están llamados casi 2,5 millones de españoles, aunque en las últimas elecciones generales solo votaron 233.688 censados.
«Tras informar como corresponde al jefe del Estado, he decidido convocar un Consejo de Ministros extraordinario esta misma mañana para disolver las Cortes Generales y convocar unas elecciones generales que se celebrarán el domingo 29 de noviembre, de acuerdo con los plazos que establece la ley», ha manifestado Sánchez.
El siguiente movimiento de Sánchez será aprobar los dos decretos caídos en el consejo extraordinario de ministros de este martes y luego inscribirlos en el Congreso a través de la Comisión Permanente.
El adelanto electoral es una prerrogativa del presidente del Gobierno. El artículo 115 de la Constitución le faculta para disolver las Cortes Generales antes del final de la legislatura siempre que lo acuerde tras deliberar en el Consejo de Ministros y bajo su exclusiva responsabilidad, y que no haya una moción de censura en trámite. Las elecciones deben celebrarse entre 30 y 60 días después de la convocatoria. Desde 1978 la herramienta se ha usado en ocho ocasiones, la primera hace más de cuatro décadas.
El criterio de esta selección es estricto: solo figuran las disoluciones anticipadas decididas por el Ejecutivo en ejercicio, no las elecciones repetidas que han llegado tras investiduras fallidas, como las de junio de 2016 y noviembre de 2019. Siete de los ocho adelantos llevan la firma de un presidente socialista —cuatro de Felipe González, uno de Zapatero y dos de Sánchez—; el octavo fue de Leopoldo Calvo-Sotelo, de UCD, en 1982. Ningún presidente del PP ha recurrido a ella.
De octubre de 1982: Calvo-Sotelo, el primer adelanto electoral de la democracia
El 27 de agosto de 1982, Leopoldo Calvo-Sotelo anunció por televisión la disolución de las Cortes y la convocatoria de elecciones generales para el jueves 28 de octubre. Lo hizo al amparo del artículo 115 de la Constitución, que reserva esa decisión al presidente del Gobierno previa deliberación del Consejo de Ministros, y con el decreto ya firmado por el Rey Juan Carlos, a quien había ido a buscar a Mallorca. Fue el primer adelanto electoral de la etapa democrática: la legislatura inaugurada tras los comicios de marzo de 1979 debía agotarse en 1983 y quedó cortada por sorpresa, hasta el punto de que ni buena parte de los ministros ni el propio Felipe González conocían la fecha elegida. Según El País, Calvo-Sotelo mantuvo en secreto hasta el último minuto una decisión que consideraba «de última hora».
El motivo de fondo era la incapacidad de gobernar. UCD, el partido que había sostenido los primeros gobiernos de la Transición, se desintegraba: había pasado de 168 diputados a unos 125, y las derrotas en las autonómicas de Galicia (octubre de 1981) y Andalucía (mayo de 1982) anticipaban la debacle. La dimisión de Adolfo Suárez en enero de 1981 y la fundación del CDS en julio de 1982 por el propio expresidente terminaron de convencer a Calvo-Sotelo, que ya había cedido la presidencia de UCD a Landelino Lavilla. El presidente justificó el adelanto porque las Cortes no podían reabrirse «en condiciones aceptables de estabilidad y eficacia». El resultado fue histórico: el PSOE de Felipe González logró mayoría absoluta con 202 diputados y más de diez millones de votos, la primera victoria socialista desde la Guerra Civil, mientras UCD desaparecía prácticamente del mapa. Calvo-Sotelo ni siquiera encabezó la lista por Madrid: fue número dos, por detrás de Lavilla.
De junio de 1986: Felipe González adelanta para rentabilizar el ‘sí’ a la OTAN
Felipe González convirtió su victoria en el referéndum sobre la permanencia de España en la OTAN, celebrado el 12 de marzo de 1986, en el argumento central para disolver las Cortes y convocar elecciones generales el 22 de junio de ese año, cinco meses antes de que expirase la legislatura. El presidente del Gobierno había ligado su continuidad al resultado de una consulta que se saldó con el triunfo del ‘sí’ por un margen estrecho —en torno al 52,5% de los votos, con una abstención superior al 40%—, tras una campaña en la que llegó a anunciar que dimitiría si se imponía el ‘no’. Con ese aval, y aprovechando que la oposición de derecha y el espacio comunista atravesaban momentos de división, adelantó los comicios para rentabilizar el impulso del referéndum y evitar varios meses de incertidumbre electoral.
El Gobierno hizo coincidir las generales con las elecciones autonómicas andaluzas que ya estaban fijadas para ese 22 de junio, un ahorro de costes que el ministro de Economía, Carlos Solchaga, defendió como forma de eliminar incertidumbres para la economía. La apuesta salió bien: el PSOE revalidó la mayoría absoluta con 184 escaños y el 44,06% de los votos, pese a perder 18 diputados y más de un millón de sufragios respecto a 1982. Fue una victoria atribuida más al liderazgo personal de González que al propio partido, con un Manuel Fraga que se estancaba y una «Operación Roca» que se estrellaba sin entrar en el Congreso.
De octubre de 1989: González disuelve tras la huelga general del 14-D
El 14 de diciembre de 1988, UGT y CCOO —con Nicolás Redondo y Antonio Gutiérrez al frente— paralizaron España con la huelga general más masiva de la democracia, en protesta por la reforma laboral y el plan de empleo juvenil del Gobierno. El paro forzó a Felipe González a retirar parte de sus medidas y abrió un pulso con los sindicatos que la oposición, con Adolfo Suárez a la cabeza, quiso traducir de inmediato en urnas. González lo rechazó entonces: en diciembre de 1988 aseguró que el adelanto electoral «no está en mis cálculos». El giro llegó en 1989, tras el triunfo socialista en las europeas de junio, el final de la presidencia española de la CEE y la necesidad de aplicar ajustes económicos. El 1 de septiembre firmó la disolución de las Cortes, publicada en el BOE al día siguiente, y convocó elecciones para el 29 de octubre, unos ocho meses antes del final natural de la legislatura.
El cálculo funcionó a medias. El PSOE volvió a ganar con 175 escaños, justo la mitad de la Cámara y uno por debajo de la mayoría absoluta, con el 39,6% de los votos. El PP de José María Aznar, designado candidato apenas dos meses antes, subió a 107 diputados; Izquierda Unida, con Julio Anguita, duplicó su representación hasta 17, y el CDS de Suárez cayó a 14. González fue investido en diciembre con 167 votos, con la abstención del PNV. El adelanto merece estar en la lista por su origen: fue el primero de la democracia provocado por un conflicto social y el único que siguió a una huelga general, con el objetivo de revalidar el mandato frente a los sindicatos y a una oposición que llevaba meses reclamando elecciones.
De junio de 1993: el adelanto más arriesgado de Felipe González
El 12 de abril de 1993, Felipe González compareció en La Moncloa para anunciar la disolución anticipada de las Cortes y la convocatoria de elecciones generales para el 6 de junio. Lo hacía unos cinco meses antes de la fecha prevista, el 28 de noviembre, y después de haber defendido durante más de un año lo contrario: en febrero de ese mismo año aún insistía en público, ante los empresarios, en la conveniencia de agotar la legislatura. El argumento oficial fue la «crispación» del debate político, que a su juicio impedía abordar con sosiego una política económica en plena recesión, con tres millones de parados y el PIB en caída. La oposición, y buena parte de la prensa, señalaron otros motivos menos confesables: el caso Filesa de financiación irregular del PSOE, la guerra interna entre guerristas y renovadores y el avance del PP de José María Aznar en las encuestas.
El riesgo era enorme y así lo entendieron propios y extraños: González se jugaba el poder en el peor momento económico y con su partido en el centro de todos los ataques. La campaña, la más intensa en una década, tuvo un hito inédito en la democracia española: los dos debates televisados entre González y Aznar, el primero celebrado el 24 de mayo. La participación se disparó al 77,13 %, frente al 69,9 % de 1989. El PSOE volvió a ganar, con unos 9,15 millones de votos (38,78 %) y 159 escaños, pero perdió la mayoría absoluta tras once años de hegemonía y 16 diputados, mientras el PP subía 34 escaños hasta los 141. Lejos del triunfo holgado que buscaba, González dependió de CiU y el PNV y fue investido por cuarta y última vez el 9 de julio, ya al frente de un Gobierno en minoría: el adelanto le salvó en el corto plazo, pero certificó el fin de la era socialista.
De marzo de 1996: el adiós de González, con más de un año de antelación
Felipe González anunció el 28 de diciembre de 1995 que las elecciones generales se celebrarían el 3 de marzo de 1996, más de un año antes del final natural de la legislatura iniciada en junio de 1993, que debía agotarse en 1997. El detonante fue la ruptura del apoyo parlamentario de CiU: la formación de Jordi Pujol dejó de sostener al Gobierno en el otoño y sumó sus votos a los del PP e IU para devolver los Presupuestos de 1996 al Ejecutivo, un hecho sin precedentes hasta entonces en la democracia. Sin los 17 diputados convergentes, el PSOE perdía la mayoría que le había permitido gobernar en minoría. El decreto de disolución de las Cortes se firmó el 9 de enero y los comicios se hicieron coincidir con las elecciones autonómicas andaluzas. Sobre el desgaste por los escándalos de corrupción (Filesa, GAL, Roldán) se añadió la incertidumbre sobre el propio presidente, que tras dudar anunció que repetiría como candidato.
El 3 de marzo de 1996 los españoles dieron la victoria al PP de José María Aznar con 156 escaños, frente a los 141 del PSOE, con una participación del 78% y apenas 1,4 puntos y unos 360.000 votos de diferencia. Fue un triunfo insuficiente para gobernar en solitario, hasta el punto de que se habló de «amarga victoria» popular y «dulce derrota» socialista. Aznar necesitó el respaldo de CiU (16 diputados), PNV (5) y Coalición Canaria (4) para ser investido el 4 de mayo de 1996 con 181 votos, poniendo fin a casi 14 años de gobiernos socialistas. González, el presidente que más veces adelantó las elecciones (también en 1986 y 1993), dejó la secretaría general del PSOE en junio de 1997.
De noviembre de 2011: Zapatero adelanta en plena crisis del euro
El adelanto lo anunció José Luis Rodríguez Zapatero el 29 de julio de 2011, en la comparecencia posterior al último Consejo de Ministros del curso, después de meses negando esa posibilidad. Las generales quedaron fijadas para el 20 de noviembre, casi cuatro meses antes del final de la legislatura, previsto para marzo de 2012. El argumento oficial fue «proyectar certidumbre política y económica» y permitir que el nuevo Gobierno asumiera el 1 de enero el conjunto del ejercicio presupuestario de 2012. Zapatero había renunciado en abril a repetir como candidato y el PSOE ya había designado a Alfredo Pérez Rubalcaba, después del varapalo socialista del 22 de mayo. El telón de fondo era una crisis del euro en plena escalada: prima de riesgo en torno a los 340 puntos básicos, segundo rescate griego, intervención de la Caja de Ahorros del Mediterráneo y amenaza de Moody’s de rebajar la nota española.
El 20-N confirmó el vuelco: el PP de Mariano Rajoy logró mayoría absoluta con 186 escaños y el 44,6% de los votos, mientras el PSOE caía al 28,7% y 110 diputados, su peor resultado en la historia. La jornada coincidía con el aniversario de la muerte de Franco, un simbolismo que Zapatero despachó asegurando que para él era «una fecha más». Los comicios cerraron una secuencia que en apenas quince días había desalojado a tres gobiernos de la eurozona —Grecia, Italia y España— y dejaron en manos de Rajoy una herencia difícil: un paro en torno al 21%, los Presupuestos de 2011 prorrogados por el propio adelanto y unos mercados que seguían dudando de que España pudiera esquivar un rescate al estilo griego, portugués o irlandés.
De abril de 2019: Sánchez convoca tras el ‘no’ del Congreso a sus Presupuestos
El 13 de febrero de 2019 el Congreso tumbó los Presupuestos Generales del Estado de 2019 al prosperar seis enmiendas a la totalidad con 191 votos a favor, 158 en contra y una única abstención, la del diputado de Nueva Canarias Pedro Quevedo. La mayoría se fraguó con el voto coincidente de PP, Ciudadanos, ERC, PDeCAT, Coalición Canaria y Foro Asturias: la derecha y los independentistas catalanes, que habían sostenido la moción de censura contra Mariano Rajoy, coincidieron en devolver las cuentas al Gobierno. Era la segunda vez en democracia que el Congreso rechazaba unos presupuestos en ese trámite; la primera había sido en 1995, con Felipe González, y también entonces el fracaso parlamentario derivó en un adelanto electoral.
Dos días después, el 15 de febrero, Pedro Sánchez compareció en La Moncloa para anunciar la disolución de las Cortes y la convocatoria de elecciones generales el 28 de abril. Apenas llevaba ocho meses al frente del Ejecutivo —había llegado a la Presidencia en junio de 2018 mediante una moción de censura, con solo 84 diputados de 350—, lo que convertía su mandato en el más breve de la democracia. Sánchez justificó la decisión en que sin presupuestos no se podía gobernar y reprochó al PP y a Ciudadanos su falta de lealtad institucional, mientras ERC y PDeCAT le retiraban el apoyo tras romperse el diálogo por la autodeterminación de Cataluña.
De julio de 2023: Sánchez adelanta al verano tras el varapalo del 28-M
El 29 de mayo de 2023, apenas un día después de las municipales y autonómicas del 28-M, Pedro Sánchez compareció en La Moncloa para anunciar por sorpresa la disolución de las Cortes y la convocatoria de elecciones generales para el 23 de julio. Adelantaba así unos comicios que no tocaban hasta finales de año, con el argumento de que el varapalo socialista y el avance del PP y Vox transmitían un mensaje que iba más allá de lo estrictamente local. Asumió «en primera persona» el resultado y comunicó su decisión al rey Felipe VI antes de que un Consejo de Ministros extraordinario aprobara esa misma tarde el decreto, publicado en el BOE el 30 de mayo y con las Cortes disueltas el 31. La medida, gestada de madrugada por su núcleo más cercano, pilló por sorpresa a propios y extraños: ni el PSOE, ni sus socios de Gobierno, ni la oposición la esperaban.
El órdago se saldó con un escenario muy distinto al que vaticinaban las encuestas. El PP fue el partido más votado, con 136 escaños frente a los 122 del PSOE, pero ni sumando los 33 de Vox alcanzaba los 176 de la mayoría absoluta. La participación se disparó hasta el 70,4%, frente al 66,23% de 2019, en plena ola de calor y en plenas vacaciones. Sánchez, a quien muchos daban por amortizado, aguantó el envite: tras el fracaso de la investidura de Alberto Núñez Feijóo, fue reelegido presidente en noviembre con el apoyo de Sumar y de los partidos nacionalistas. El adelanto veraniego quedó así como el primer precedente de unas generales en julio desde 1978.
El Tribunal Superior de Justicia de Madrid (TSJM) ha rechazado la medida cautelarísima solicitada por la Comunidad de Madrid para ordenar el desalojo inmediato de la acampada instalada desde el pasado 27 de septiembre frente a la Real Casa de Correos, sede del Gobierno regional, en la Puerta del Sol.
Así consta en un auto en el que la Sala desestima la petición de la Comunidad de Madrid por esta vía de urgencia y acuerda tramitar las actuaciones por el procedimiento ordinario de medidas cautelares, dando audiencia a la Abogacía del Estado, que representa a la Delegación del Gobierno en Madrid.
Tras examinar las alegaciones presentados por la defensa de la solicitante, la Sección acuerda que «no ha lugar a acceder a la medida solicitada mediante este concreto cauce procesal, dado que, si bien concurren circunstancias de especial urgencia, para la apreciación de la medida deben darse los presupuestos del artículo 136 LJCA, cuyo examen no se puede acometer y valorar con las debidas garantías sin oír previamente a la Administración General del Estado».
La Comunidad había solicitado al TSJM que ordenase al delegado del Gobierno adoptar las medidas necesarias para disolver la acampada, al considerar que no se cumplen los requisitos establecidos en la Ley Orgánica reguladora del derecho de reunión.
Derecho de reunión
En su resolución, la Sección Sexta considera que sí concurren circunstancias de especial urgencia, pero entiende que no puede acordar el desalojo sin escuchar previamente a la Administración General del Estado, especialmente para determinar si se cumplen los requisitos legales para apreciar una eventual inactividad de la Delegación del Gobierno.
La Sala también pone el foco en el derecho de reunión de las personas acampadas y en las consecuencias irreversibles que podría tener para ellas un desalojo acordado directamente mediante una medida cautelarísima. Además, recuerda que debe respetarse el principio de proporcionalidad y que la disolución de reuniones y manifestaciones constituye el «último recurso».
El tribunal destaca asimismo que un desalojo podría implicar, en caso de resistencia a los requerimientos verbales, el uso de medidas de compulsión física por parte de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad, por lo que considera necesario conocer previamente los argumentos de la Delegación del Gobierno para no haber actuado en los términos reclamados por la Comunidad de Madrid.
Por ello, el TSJM ha reducido el plazo legal de alegaciones y ha dado a la Abogacía del Estado hasta el miércoles a las 9.00 horas para presentar su escrito, que deberá ser anticipado por correo electrónico a la Sección Sexta.
La resolución acuerda así la apertura de una pieza separada para tramitar las medidas cautelares por la vía ordinaria prevista en el artículo 131 de la Ley de la Jurisdicción Contencioso-Administrativa. Contra este auto no cabe recurso.
AFECTACIONES A LA ADMINISTRACIÓN AUTONÓMICA
La Comunidad de Madrid había argumentado, entre otros motivos, que la permanencia de la acampada estaba afectando al normal funcionamiento de la Administración autonómica, a actividades comerciales y turísticas, y a actos previstos para el 12 de octubre.
También alegó daños en la fachada de la Real Casa de Correos y en la estatua del Oso y el Madroño, además de problemas relacionados con las condiciones higiénicas y los accesos sanitarios.
Hazte Oír considera que el anuncio de elecciones generales para el 29 de noviembre de 2026 abre una oportunidad para poner fin a una etapa que la asociación define como «marcada por la corrupción, las cesiones y el ataque a nuestras libertades». Su mensaje es claro: «Es el momento de España. Ahora toca trabajar para que esta oportunidad no se pierda».
«No nos fiamos de Sánchez. Para Hazte Oír, es un dirigente corrupto, cobarde y traidor. Convocar elecciones no le concede impunidad ni borra la corrupción que le rodea», afirma la asociación. Hazte Oír mantendrá con firmeza sus acciones judiciales y la exigencia de responsabilidades: «Las urnas no sustituyen a los tribunales».
Hazte Oír trabajará con independencia de los partidos y con sus prioridades intactas: defender la vida, la familia, la libertad y la unidad de la Nación. «No vamos a entregar un cheque en blanco a nadie. Exigiremos compromisos claros y seguiremos dando la batalla, gobierne quien gobierne», sostiene.
Ceuta es una prioridad
La asociación mantendrá sus acciones para defender la soberanía española y a los ceutíes, tanto en los tribunales como en la calle y en el ámbito internacional. «Ceuta es España. Su defensa no puede desaparecer de la agenda por el cálculo electoral de Sánchez».
Hazte Oír exigirá elecciones limpias, con transparencia y todas las garantías. En ese marco, continuará las acciones emprendidas sobre la Ley de Nietos y reclamará que se respeten las resoluciones judiciales: «Ninguna maniobra del Gobierno debe quedar al margen del control de la Justicia».
La asociación llama a la sociedad civil a coordinar esfuerzos y a los ciudadanos a participar en sus campañas y movilizaciones en defensa de España. Hazte Oír preparará nuevas iniciativas para esta etapa: «Nuestra responsabilidad no termina en las urnas. España necesita una sociedad civil que se haga oír y exija responsabilidades antes y después de las elecciones».
El Gobierno de Pedro Sánchez ha confirmado el adelanto electoral. La decisión llega después de que el Congreso tumbase el viernes los dos decretos de vivienda que Moncloa quiere volver a aprobar de forma inmediata.
Las claves del anuncio
En el Gobierno hablan ya abiertamente de una legislatura finiquitada con la actual composición del Congreso. “El Congreso no estuvo a la altura de una emergencia de este país. Van a desahuciar a mucha gente de su casa por culpa de unos irresponsables y esa conformación parlamentaria no nos sirve para las medidas que necesitamos”, sostienen fuentes del Ejecutivo citadas por elDiario.es. Las mismas fuentes resumen la operación: “El adelanto electoral será una medida de vivienda en sí misma”.
Los decretos de vivienda: qué se reactiva y cómo
El plan del Gobierno pasa por volver a aprobar los decretos en el Consejo de Ministros con el contenido que la Cámara Baja derogó el viernes por la mayoría de derechas que conforman PP, Junts y Vox.
El objetivo es que las medidas antidesahucios vuelvan a entrar en vigor de manera inmediata y eviten que casos como el de Maricarmen, la mujer de 87 años cuyo desahucio desató la oleada de protestas, se conviertan en un goteo de lanzamientos durante las próximas semanas.
La intención es apurar el plazo legal de 30 días que el Congreso tiene para convalidar o derogar un decreto. Con las Cortes ya disueltas, esa votación correspondería a la Diputación Permanente (el órgano parlamentario que vela por los poderes de la Cámara mientras está disuelta o fuera del periodo de sesiones), según la misma información.
El cálculo parlamentario no es menor: con la composición actual, el Gobierno no necesita el apoyo de Junts en la Diputación Permanente, aunque no es seguro que formaciones como el PNV respalden una operación que la oposición puede leer como táctica. Desde el Ejecutivo lo asumen: “El mensaje para las elecciones es claro: cuanto antes tengamos otro Congreso, antes podremos tomar medidas”.
El adelanto no cierra una legislatura por sorpresa: la cierra una votación del viernes que dejó a dos decretos de vivienda sin efecto y a Moncloa sin mayoría.
El calendario: 54 días, el 29 de noviembre y una campaña sobre la vivienda
La idea es que la convalidación de los decretos se convierta en el acto central de una precampaña que girará en torno a la vivienda. Una vez se aprueben de nuevo en el Consejo de Ministros, el texto se publicará en el BOE. Peo todo puede saltar por los aires.
Las protestas por la vivienda, el detonante de toda la secuencia
El punto de partida fue el desahucio de Maricarmen, de 87 años, que junto al Sindicato de Inquilinas desató una oleada de movilizaciones por el derecho a la vivienda, según elDiario.es. Las acampadas por la vivienda siguen ocupando las plazas del país y el presidente ha seguido de cerca su desarrollo durante el fin de semana. En su equipo interpretan ese contexto como la mejor oportunidad para activar al electorado progresista en las urnas.
El ransomware Warlock, vinculado a China, sigue abriendo SharePoint un año después para cifrar agua, telecomunicaciones y gobiernos.
Symantec acaba de publicar un informe que debería preocupar a cualquier responsable de sistemas de un operador esencial. El grupo que la firma rastrea como Longlegs —también conocido como Storm-2603— ha golpeado en los dos últimos meses a cuatro organizaciones: una compañía de aguas, un operador de telecomunicaciones, un gobierno regional y una universidad. Las cuatro operan en países de habla portuguesa o española, repartidos entre Europa, África y Latinoamérica.
Le adelanto lo importante: no estamos ante una campaña vieja que se resiste a morir, sino ante una campaña viva que sigue encontrando puertas sin cerrar. El secuestro de datos deja de ser un problema de extorsión cuando quien lo ejecuta parece no buscar solo dinero.
Por qué ToolShell sigue funcionando un año después
La cadena de vulnerabilidades de día cero que el sector bautizó como ToolShell sigue operativa. Los atacantes colocan un webshell en el directorio LAYOUTS de SharePoint, diseñado para funcionar en varias versiones del producto, y desde ahí roban las claves de máquina de ASP.NET del servidor. Con esas claves firman una carga útil que el propio SharePoint ejecuta como si fuera código legítimo. El ataque no rompe nada: convence al servidor de que él mismo se está ejecutando.
El resto es puro oficio. Una vez dentro, Longlegs usa DLL sideloading para correr cargas adicionales descargadas de servicios de alojamiento legítimos como catbox.moe y wasabisys.com. Los servicios de alojamiento legítimos hacen de escudo para las cargas maliciosas, y el tráfico del atacante se confunde con el tráfico normal de la organización.
La mejor coartada de un atacante no es el sigilo, sino parecerse tanto al tráfico normal que nadie se gire a mirarlo.
Antes de cifrar, el grupo despliega un controlador firmado pero vulnerable, K7RKScan, para desactivar el software de seguridad —la técnica conocida como bring your own vulnerable driver— y monta el túnel de Visual Studio Code como servicio, lo que le da acceso remoto con apariencia de actividad de desarrollador. ‘El grupo sigue favoreciendo las vulnerabilidades relacionadas con SharePoint para obtener acceso inicial’, resume el informe de Symantec.
Un año después, la puerta sigue abierta y el atacante entra por ella con las mismas herramientas que ya conocemos.
El linaje de Storm-2603: de ChamelGang al SYSVOL del dominio
Symantec vincula a Longlegs con clústeres anteriores de nexo chino: CL-CRI-1040, CamoFei y ChamelGang. La etiqueta conviene manejarla con la cautela de siempre, porque es una atribución de proveedor basada en telemetría propia y no una prueba forense replicada por terceros independientes. Dicho esto, el historial del grupo apunta en esa dirección desde hace años, y su catálogo de víctimas —Estados Unidos, Brasil, India, Rusia, Taiwán y Japón, entre otros— no dibuja un objetivo geopolítico único. O buscan servidores expuestos donde los haya, o trabajan con una lista encargada.
Fíjese usted en la cronología que reconstruye el informe en un ataque contra un operador de infraestructura crítica. El 22 de julio de 2026 el webshell aterriza en un servidor SharePoint. Dos días después, comandos básicos de reconocimiento, borrado de archivos de preparación y dos herramientas de DLL sideloading. Poco después, una consulta a un subdominio de Burp Collaborator construido con el nombre de dominio de la víctima: la forma que tiene un escáner de confirmar que su código inyectado se ejecuta. El 28 de julio llega el exploit real, un gadget de deserialización que convierte una carga firmada y falsificada en ejecución de código dentro de SharePoint.
Después, en noventa minutos, descargan tres paquetes de instalación distintos desde dos servicios de alojamiento públicos. No es improvisación, es redundancia: tres rutas de entrega por si una se bloquea. A continuación ensanchan el movimiento lateral creando una cuenta con nombre verosímil, SPSEPRDSetup, y añadiéndola al grupo de administradores locales de tres equipos más. SharePoint crea de verdad cuentas con ese tipo de prefijo, así que el camuflaje funciona.
El 31 de julio empujan una herramienta para desactivar antivirus y EDR en al menos 40 equipos en unas dos horas, y despliegan Warlock en 33 de ellos usando la carpeta SYSVOL del dominio, que la replicación ordinaria se encarga de repartir sola. Tres sistemas registraron a dfsrs.exe, el servicio de replicación de Windows, entregando los archivos maliciosos. El propio sistema de gestión del dominio se convirtió en el repartidor del secuestro.
La lección no tiene nada de sutil, y por eso la repito cada vez que puedo: ToolShell sigue siendo una vía de entrada operativa más de un año después porque hay organizaciones que no han parcheado ni mitigado. Si usted gestiona un SharePoint Server on-premises, el aviso que CISA publicó en julio de 2026 sigue vigente, y desde el CCN-CERT se insiste en revisar este tipo de despliegues.
Dossier Moncloa: Ojos en la Sombra
Vector de amenaza. Ciberataque de tipo ransomware con acceso inicial por explotación de vulnerabilidades de día cero y elevación de privilegios mediante un controlador firmado y vulnerable. No hay HUMINT ni fuentes humanas en juego: todo el recorrido se hace con código, telemetría y paciencia. Lo veo como la variante más incómoda del oficio, porque no hay diplomático al que expulsar ni célula que detener. Solo un servidor sin parchear y un operador que no lo sabe.
Agencias implicadas. En el ataque, Longlegs y Storm-2603, con los clústeres CL-CRI-1040, CamoFei y ChamelGang como antecedentes de nexo chino según la atribución de Symantec. En la defensa, los equipos de los operadores de agua, telecomunicaciones y administraciones regionales, más los CERT nacionales, con CISA como referencia en Estados Unidos. Y mirando desde fuera, el CNI y el CCN-CERT. Las víctimas en países lusófonos e hispanohablantes repartidas por Europa, África y Latinoamérica deberían activar todas las alertas en Madrid: no hace falta que España aparezca en la lista para estar en el punto de mira.
Clasificación estimada. A juzgar por el material que maneja un dominio con estas características —topología de red, credenciales de servicio, rutas de acceso a sistemas de control industrial—, estimo un nivel Reservado, con bolsas que rozarían el Secreto si el compromiso alcanza planos de planta o accesos a SCADA.
El precedente está claro. NotPetya demostró en 2017 lo que un gusano con intención estatal puede hacer con una red corporativa global, y Volt Typhoon ha dejado claro que China no necesita cifrar nada para ser peligrosa: le basta con quedarse dentro y esperar. Aquí la hipótesis es otra —dinero o cobertura— y tengo claro que conviene decirlo: la frontera entre el crimen y el Estado es muy porosa, y la atribución sigue siendo el punto débil del expediente, apoyada en un único proveedor.
Sostengo desde hace años, y lo escribí en El quinto elemento, que el próximo 11S empezará con un clic. Un operador de aguas cifrado durante una sequía parece un ensayo general. En esta redacción seguiremos mirando el próximo informe de actividad de Longlegs y las actualizaciones del aviso de julio: ahí se verá si la campaña escala o se queda en el goteo actual.
Un presunto miembro de ShinyHunters, el grupo que dice haber robado los datos del FBI, fue detenido en Jordania y coopera con el FBI.
Se llama Saif al-Din Khader. Dos fuentes citadas por Reuters sitúan el arresto el martes, y tres personas conocedoras del caso aseguran que está mostrando a los investigadores sus propios dispositivos, y comunicaciones digitales para identificar a antiguos asociados. No es una promesa vaga de colaboración: es acceso real a posibles pruebas.
Las autoridades jordanas no han detallado las circunstancias exactas ni el lugar donde está retenido. El FBI ha evitado confirmar el arresto concreto y se ha limitado a un comunicado en el que sostiene que ‘continúa investigando de forma agresiva el incidente cibernético que presuntamente implica a ShinyHunters’. La misma nota recuerda que ya se han producido varias detenciones con la ayuda de socios internacionales.
El caso importa mucho más allá del detenido concreto. ShinyHunters sostiene que ha robado datos personales de todos los empleados del FBI, y el análisis previo de Reuters detectó en la muestra filtrada información personal detallada, datos laborales sensibles e incluso historiales psiquiátricos y médicos. Hay quien ha comparado el incidente con el asalto a la Oficina de Gestión de Personal (OPM) en 2015, cuando un ataque vinculado a China expuso datos de habilitaciones de seguridad de millones de estadounidenses.
Si las afirmaciones del grupo se confirman aunque sea en parte, la comparación no sería exagerada.
Cuando el portátil de un hacker entra en la cadena de custodia, la lealtad al colectivo se disuelve en cuestión de horas.
De Ámsterdam a Amán: la guerra interna que ha partido a ShinyHunters
La detención de Khader no es un episodio aislado. La policía neerlandesa confirmó esta semana la detención de un joven de 24 años en Ámsterdam por su supuesta vinculación con la organización. Fuentes periodísticas, entre ellas KrebsOnSecurity, lo identifican como Pepijn van der Stap, hacker conocido en foros como ‘Umbreon’. El sospechoso compareció ante el tribunal de distrito de Rotterdam el 29 de septiembre.
La conexión con ShinyHunters pasa por el alias ‘Umbreon’ y la iconografía de Pokémon. Van der Stap utilizó ese seudónimo en BreachForums desde 2021. La acción de desfiguración contra la web de empleo del FBI —FBIjobs.gov— incluyó un grafiti ASCII del mismo personaje, idéntico al utilizado en una acción de HackForums en 2020 atribuida a ShinyHunters, un año antes de que se creara la cuenta de Van der Stap. El detalle corta en ambas direcciones.
KrebsOnSecurity ofrece una lectura más incisiva: fuentes próximas a la investigación sugieren que la iconografía de Umbreon en el ataque al FBI pudo ser un intento deliberado del líder actual del grupo —un adolescente de Amán conocido como Rey— de cargar el hackeo sobre Van der Stap. Los dos mantenían un enfrentamiento abierto por el control de la marca y de los datos.
Si la hipótesis es correcta, estamos ante una bandera falsa interna entre delincuentes.
La infraestructura se tambalea y el grupo ya no controla su propio relato
La infraestructura de ShinyHunters empezó a dar señales de fragilidad a comienzos de esta semana. Reuters perdió contacto con la cuenta habitual de comunicación del grupo el martes —el mismo día en que se sitúa la detención de Khader— y para el miércoles el sitio de filtraciones en la dark web había caído por completo. Lo veo como el síntoma clásico de un colectivo sin mando único.
Rey, el supuesto líder, ya había declarado al periodista Brian Krebs en noviembre de 2025 que cooperaba discretamente con las fuerzas del orden desde junio de ese mismo año. En aquel mismo mes, Krebs identificó públicamente a Rey como Saif al-Din Khader tras analizar registros de infostealer y conversar con él directamente por Signal.
Un responsable de la División Cibernética del FBI lo resumió hace unos días con claridad: las detenciones aumentan la disposición a hablar y los servidores incautados revelan información sobre quienes siguen fuera. Cuando el portátil de alguien entra en la cadena de custodia, ciertas lealtades desaparecen muy rápido.
El grupo, eso sí, no está muerto. Un nuevo sitio de filtraciones reapareció el jueves.
Hasta aquí los hechos. Ahora permítame el análisis.
Dossier Moncloa: Ojos en la Sombra
La operación que analizo aquí no es un simple arresto. Es una infiltración HUMINT de manual con una vuelta de tuerca: el detenido coopera activamente contra sus propios antiguos socios. El vector de amenaza original fue un ciberataque de perfil criminal —sin patrocinio estatal confirmado— con exfiltración masiva de datos personales y sanitarios. El vector actual, sin embargo, es HUMINT puro: un testigo cooperante con acceso a las comunicaciones cifradas del grupo, a sus dispositivos y a su cadena de mando interna.
Las agencias implicadas operan en tres capas. En la atacante, ShinyHunters actúa como colectivo criminal transnacional. He seguido grupos con características similares y sé que su ecosistema suele coquetear con la órbita del GRU o de ciertos servicios iraníes cuando les conviene. En la defensora, el FBI lidera la investigación, con apoyo de la policía neerlandesa y de las autoridades jordanas. En la capa de observadores, tengo claro que el Mossad, el MI6 y varias unidades del CNI siguen el caso porque las muestras filtradas pueden solaparse con objetivos propios.
Respecto al nivel de clasificación estimado del material comprometido, la presencia de historiales psiquiátricos y médicos en la muestra sugiere algo más que un dataset administrativo. Estimo un nivel Confidencial tirando a Secreto, y no descarto que parte del material esté marcado como Uso Restringido. La comparación con el asalto al OPM de 2015 no es gratuita: entonces fue China; ahora es un colectivo criminal que ha demostrado capacidad para penetrar infraestructuras federales.
El precedente que mejor encaja no es OPM. Es la estela de cooperadores que el FBI ha cultivado en las filas de la ciberdelincuencia durante la última década. En mi experiencia siguiendo estos casos, cuando la Fiscalía promete reducción de pena a un joven con acceso a infraestructura crítica, la cooperación se vuelve una estrategia racional, no un acto de arrepentimiento.
Lo escribí hace años en El quinto elemento: el próximo 11S empezará con un clic. ShinyHunters, con o sin patrocinio estatal, ha demostrado que ese clic puede penetrar el corazón de una agencia federal. El FBI ha ganado esta partida táctica. La guerra estratégica sigue abierta, y el CNI debería tomar nota: los datos de un empleado federal estadounidense filtrados hoy son la munición de un chantaje selectivo mañana. Verá usted que la próxima actualización del caso llega antes de que termine el año.
Mediante declaración oficial realizada el día de la fecha a las 09:00 horas, el Presidente del Gobierno ha informado que se convocarán elecciones generales mediante Acuerdo del Consejo de Ministros extraordinario a celebrar el día de hoy, para el próximo 29 de noviembre de 2026. En un escrito presentado minutos después ante el Tribunal Supremo el partido Iustitia Europa ha pedido al Alto Tribunal que adopte las medidas cautelarísimas pedidas para certificar que el voto exterior no sea adulterado.
Dicen desde Iustitia que «conforme al artículo 39.1 LOREG, el censo electoral vigente para cada elección es el cerrado el día primero del segundo mes anterior al de la convocatoria. Tratándose de una convocatoria producida en octubre de 2026, el censo electoral de referencia es, por tanto, el cerrado a 1 de agosto de 2026. Esta circunstancia presenta especial relevancia porque dicho cierre censal es anterior al Auto de 10 de septiembre. En consecuencia, entre las inscripciones incorporadas al censo electoral vigente pueden encontrarse personas comprendidas en el ámbito subjetivo respecto del cual la Sala acordó cautelarmente la suspensión de efectos electorales».
El problema es que el auto de 10 de septiembre del Supremo acordó, respecto de las personas comprendidas en el primer inciso del apartado primero de la disposición adicional octava de la Ley 20/2022, dos medidas de diferente proyección temporal: para quienes todavía no figuraban inscritos en el CERA, la suspensión de la inscripción censal una vez concluido el correspondiente expediente; y para quienes ya se encontraban inscritos, la suspensión de los efectos electorales de su inscripción respecto de los procesos electorales que pudieran convocarse mientras permaneciera vigente la medida.
Pero ahora la convocatoria electoral del 29 de noviembre «constituye, precisamente, uno de los procesos electorales contemplados en aquella previsión cautelar. La medida permanece vigente conforme al artículo 132.1 LJCA mientras no recaiga sentencia firme o finalice el procedimiento, y el recurso de reposición formulado contra el Auto no impide por sí mismo su ejecución, pues el artículo 79.1 LJCA establece que la resolución recurrida se llevará a efecto salvo decisión jurisdiccional en contrario. El artículo 134.1 LJCA completa dicho régimen al disponer que el órgano administrativo al que se comunique el Auto acordará su inmediato cumplimiento».
Desde Iustitia Europa añaden que «la documentación producida en ejecución del propio Auto demuestra que la identificación de las personas afectadas exige una actuación administrativa específica. El informe de la Dirección General de Asuntos Consulares de 18 de septiembre de 2026 reconoce que ni el Registro de Matrícula Consular ni el CERA contienen directamente la concreta vía de adquisición de la nacionalidad, siendo necesario examinar los expedientes individuales y relacionar posteriormente esa información con la inscripción consular y censal. El mismo proceso de ejecución ha exigido la creación de modelos homogéneos de certificación, el examen de expedientes y la transmisión de información entre autoridades consulares y Administración Electoral. La convocatoria transforma, por ello, en una necesidad operativa inmediata lo que hasta ahora constituía una labor de ejecución cautelar: determinar, dentro del censo cerrado a 1 de agosto de 2026, qué inscripciones se encuentran sujetas a suspensión de efectos electorales y cuáles quedan comprendidas en la excepción expresamente prevista por el Auto».
La Abogacía del Estado se opuso al acuerdo del Supremo porque el eventual perjuicio no presentaba carácter real e inminente, que el Acuerdo 204/2026 no modificaba por sí mismo el CERA y que una eventual revisión de las altas podía realizarse al término del procedimiento mediante los mecanismos ordinarios de rectificación censal.
El voto exterior en debate
Sin embargo, «la convocatoria electoral introduce ahora un dato temporal nuevo y objetivable: existe un proceso electoral determinado, un censo vigente ya cerrado y una fecha cierta para el ejercicio del sufragio. En este nuevo marco, la revisión posterior y el cumplimiento actual de la medida cautelar producen efectos jurídicos temporalmente distintos. La eventual corrección futura de una inscripción censal opera hacia adelante; la medida adoptada por esta Sala se dirige específicamente a impedir que determinadas inscripciones desplieguen efectos electorales durante la pendencia del proceso. La efectividad material del Auto exige, por ello, que la identificación y clasificación ordenadas se encuentren operativas antes de que las correspondientes inscripciones puedan intervenir en las distintas fases del procedimiento electoral».
Lo que pide ahora Iustitia es que se reclame con carácter urgente a la Junta Electoral Central (JEC) y la oficina del censo electoral «para que informen y certifiquen a esta Sala, dentro del plazo que prudencialmente se determine atendida la inmediatez del proceso electoral, sobre el estado exacto de ejecución de las medidas cautelares respecto del censo electoral vigente cerrado a 1 de agosto de 2026».
Así como para que «requiera que dicha información identifique, de manera agregada y con preservación de los datos personales, el número de electores comprendidos en el ámbito subjetivo de la medida cautelar que figuren en dicho censo; el número de expedientes efectivamente examinados y clasificados; las certificaciones consulares emitidas en aplicación de la excepción establecida por el Auto; y las operaciones adoptadas por la OCE para hacer efectiva la suspensión de efectos electorales respecto de las restantes inscripciones», dice Iustitia en su escrito.
Para Luis María Pardo, presidente de Iustitia Europa, «el Auto del Supremo de 10 de septiembre ordenó que determinadas inscripciones del CERA quedaran sin efectos electorales mientras se resuelve el recurso, y esa previsión se hizo expresamente para los procesos que pudieran convocarse durante la vigencia de la medida. Si las elecciones generales son finalmente el 29 de noviembre, esa cautelar pasa a tener una aplicación inmediata: habrá que identificar dentro del censo vigente qué electores están afectados por la suspensión y cuáles quedan fuera por cumplir la excepción prevista por el propio Tribunal».
Y añade que «el problema práctico es que la propia Administración ha reconocido que ni el Registro de Matrícula Consular ni el CERA permiten saber directamente por qué vía se adquirió la nacionalidad, por lo que hay que revisar expedientes y cruzar información. Con unas elecciones ya convocadas, el tiempo se acorta mucho. Por eso vamos a pedir al Supremo que exija a la JEC y a la OCE que informen urgentemente de cómo están ejecutando el Auto y qué medidas concretas van a adoptar para que ninguna inscripción sometida a suspensión produzca efectos electorales el 29 de noviembre».
Además, «la propia Administración ha reconocido que no puede saber de un vistazo qué electores del CERA están afectados por la cautelar del Supremo. Para identificarlos tiene que revisar uno a uno los expedientes y cruzar varias bases de datos. Con unas elecciones ya convocadas, el problema es evidente: hay que saber antes del 29-N quién puede votar y quién tiene suspendidos sus efectos electorales», añade Pardo.
Lidl ha vuelto a hacerlo. Con la llegada del frío, la cadena alemana ha sacado a la venta una manta reversible que se está agotando tienda tras tienda, y no es casualidad: cuesta 9,99€ y se nota en la mano nada más tocarla.
No hace falta ser un experto en decoración para notar que el textil de hogar low cost ha subido mucho el listón en los últimos años. Esta manta es el último ejemplo de que pagar poco ya no significa conformarse con menos.
La manta reversible de Lidl que se está agotando este otoño
Se trata de una pieza de la línea Livarno Home, la marca de textil de la casa, pensada para el sofá y también para reforzar la cama en las noches más frías. Tiene dos caras con texturas distintas —un lado más aterciopelado y otro de tacto mullido— y está disponible en varios colores, según la tienda y el momento en que la pilles.
Por 9,99€ te llevas una manta de tamaño generoso, fabricada en poliéster y pensada para aguantar lavados sin perder forma. En Lidl saben que el textil de hogar es uno de sus ganchos fuertes cada temporada, y esta manta se ha convertido en el producto del que todo el mundo habla en los pasillos del súper.
¿Merece la pena frente a una manta polar reversible de Zara Home?
Aquí está la pregunta que de verdad te interesa: ¿por qué pagar 19,99€ o más en Zara Home si en Lidl encuentras algo parecido por la mitad? La respuesta no es tan sencilla como parece, porque cada una juega su partido.
Una manta polar reversible como la de Lidl prioriza el precio y la practicidad del día a día: te vale para el sofá, para el coche o para dejarla en casa de tus padres sin que te dé pena si se estropea. Zara Home, en cambio, apuesta más por el diseño y los acabados, algo que se paga.
Antes de decidir qué manta te llevas a casa, ten en cuenta esto:
El tacto es distinto: la de Lidl es más básica pero calentita; la de Zara Home suele tener un acabado más sedoso.
El tamaño: revisa siempre las medidas, porque no todas las mantas económicas cubren igual una cama de matrimonio.
El lavado: la de Lidl se puede lavar a máquina a 40º sin complicaciones, algo que se agradece si tienes niños o mascotas.
La disponibilidad: los modelos de Lidl vuelan en cuestión de días, así que si te gusta, no la dejes para la semana que viene.
El uso que le vas a dar: si es para estar todo el invierno en el sofá, el precio de Lidl gana por goleada.
Por qué el textil de hogar barato ya no es sinónimo de «cutre»
Durante años, comprar mantas o ropa de cama en un supermercado tenía cierta fama de solución de emergencia, no de elección real. Eso ha cambiado, y Lidl es en buena parte responsable de ese giro.
La tendencia del «nesting» —cuidar la casa como refugio frente al ritmo de fuera— ha hecho que marcas como Livarno Home inviertan en materiales reciclados, certificaciones de calidad y diseños que no desentonan en ningún salón. Y eso, sumado a precios de 9,99€, explica por qué la gente hace cola para llevarse una.
Lo que tienes que mirar antes de echarla al carro
No toda manta reversible a buen precio te sirve igual, así que antes de ir corriendo a por la tuya conviene fijarse en un par de detalles que marcan la diferencia real en casa.
El material no es solo una etiqueta
Que ponga «100% poliéster» no te dice nada por sí solo: lo importante es si lleva certificación OEKO-TEX, que garantiza que el tejido no tiene sustancias nocivas para la piel. Muchas de las mantas de Lidl la incluyen, y es un dato que merece la pena comprobar en la etiqueta antes de comprar.
Las medidas cambian según el modelo
Aquí es donde más gente se lleva un chasco: hay versiones pensadas para el sofá, de unos 130 x 170 cm, y otras más pequeñas, tipo «cola de sirena», que rondan los 60 x 180 cm y no sirven igual para tapar una cama entera. Mide antes de comprar para no llevarte una sorpresa en casa.
Lo que dice la etiqueta y lo que garantiza Lidl
Más allá del marketing, Lidl respalda estas mantas con información clara sobre composición y cuidado, algo que no siempre se cumple en otras tiendas de textil económico. El etiquetado incluye temperatura máxima de lavado, tipo de tejido y, en varios modelos, el porcentaje de material reciclado.
Esto conecta con un tejido que seguramente ya conoces de otras prendas de invierno: si quieres entender qué es el tejido polar que lleva media casa, sabrás por qué mantas y chaquetas con esta composición abrigan tanto sin pesar nada.
Qué puedes esperar en los próximos días si quieres hacerte con una
Si esta manta te ha convencido, no lo pienses demasiado: este tipo de artículos de Lidl suele durar poco en tienda, sobre todo cuando bajan las temperaturas de golpe. La disponibilidad depende de cada establecimiento, así que lo más práctico es mirar el folleto semanal o preguntar directamente en tu tienda.
Es habitual, además, que la cadena reponga stock de estos productos más adelante en la temporada, sobre todo de cara a campañas como el Black Friday o Navidad. Si esta vez se te escapa, no será la última oportunidad, porque Lidl suele repetir sus éxitos de rebajas en ropa de cama cuando ve que un producto funciona.
La conclusión: precio de súper, aspecto de tienda de diseño
Al final, la pregunta no es si esta manta de Lidl es mejor que la de Zara Home en términos absolutos, sino si te da lo que necesitas por una fracción del precio. Y en eso, gana con claridad.
Si buscas calentarte en el sofá sin arruinarte, una manta polar reversible de 9,99€ con buen acabado y certificación de calidad es, sencillamente, una compra redonda. El resto ya es cuestión de gustos y de la suerte de encontrarla antes de que se agote.
El temporal de lluvias excepcionales de este fin de semana ha dejado dos muertos y una persona desaparecida en Cataluña, según los servicios de emergencia. La Agencia Estatal de Meteorología (AEMET) mantuvo el aviso rojo (el máximo nivel de alerta meteorológica) por lluvias torrenciales en el Empordà hasta las tres de la madrugada, mientras el dispositivo de búsqueda sigue activo.
Dos víctimas mortales y una persona desaparecida
La primera víctima mortal confirmada es un vecino de Tordera, de 75 años, que murió la mañana del domingo en el camping Caravaning Internacional Costa Brava. Un muro cedió y se desplomó sobre él mientras trataba de retirar el agua acumulada durante la noche en el interior de su bungalow.
Pocos minutos después se confirmó el segundo fallecimiento, en Montornès del Vallès. Los servicios de emergencia localizaron el cuerpo sin vida tras recibir el aviso de la desaparición de una persona y proceder al vaciado de un garaje totalmente inundado por la crecida del río Mogent y la riera de Vallromanes.
En paralelo, se activó un dispositivo de rescate por tierra, mar y aire para localizar a una persona que habría caído a la riera en Pineda de Mar y a la que el torrente habría arrastrado hasta el mar, en esta localidad del Maresme.
Dos personas han muerto y otra permanece desaparecida, mientras el dispositivo de búsqueda sigue activo en el litoral del Maresme.
Las lluvias de récord y la crecida de los ríos
El episodio rompió los registros conocidos. La crecida de rieras y ríos obligó a mantener la alerta máxima en la región metropolitana de Barcelona y la provincia de Girona durante toda la jornada del domingo.
A su paso por Santa Coloma de Gramenet, el Besòs alcanzó los 936 metros cúbicos por segundo y los 3,60 metros de altura, un caudal solo comparable al de las riadas de hace 60 años. El agua estuvo a punto de desbordar el muro de contención y llegó al nivel del puente del ferrocarril.
También se desbordó el Ridaura, que a su paso por Santa Cristina d’Aro superó los 300 metros cúbicos por segundo, un nivel equivalente a un periodo de retorno de 100 años (el intervalo medio en que se espera una crecida de esa magnitud). En el Daró, el arrastre de las cenizas del incendio de las Gavarres, en julio, tiñó el agua de negro.
El operativo de búsqueda y la asistencia a los afectados
El teléfono de emergencias recibió cerca de 8.000 llamadas entre la noche del sábado y la madrugada del domingo, concentradas sobre todo en el Barcelonès, el Maresme y el Vallès. La búsqueda sigue abierta.
La Cruz Roja atendió a 4.036 personas y movilizó a un centenar de voluntarios y técnicos, además de 15 vehículos logísticos. La organización habilitó alojamiento de urgencia y dispensó comidas a 188 personas en Barcelona, Mataró, Sant Cugat, Castelldefels, Terrassa, Santa Coloma de Cervelló y Tarragona.
El agua entró en varios hospitales. Hubo inundaciones en Vall d’Hebron, donde quedó inhabilitada la zona de radiología y un área de neonatos, y en el centro de Blanes, donde el agua llegó a a la zona de urgencias y algunos pacientes fueron atendidos en las plantas superiores. Las autoridades sanitarias recomendaron llamar al 061 antes de desplazarse a un hospital.
En el ámbito educativo, varios centros no pudieron abrir con normalidad. Entre los afectados figuran el CFA Vallès (Granollers), el instituto Ramon Turró i Darder (Malgrat de Mar) y el instituto Mercè Rodoreda (l’Hospitalet), con agua acumulada o filtraciones en sus instalaciones.
He repasado los datos facilitados por los servicios de emergencia y esto es lo que se sabe hasta ahora: la búsqueda de la persona desaparecida continúa activa en el litoral del Maresme. Los trabajos de limpieza ya han comenzado en varios de los puntos más afectados, mientras los equipos siguen evaluando los daños del temporal.
