Ransomware Warlock, vinculado a China, explota SharePoint contra agua, telecoms y gobiernos

El ransomware Warlock, vinculado a China, sigue abriendo SharePoint un año después para cifrar agua, telecomunicaciones y gobiernos.

Symantec acaba de publicar un informe que debería preocupar a cualquier responsable de sistemas de un operador esencial. El grupo que la firma rastrea como Longlegs —también conocido como Storm-2603— ha golpeado en los dos últimos meses a cuatro organizaciones: una compañía de aguas, un operador de telecomunicaciones, un gobierno regional y una universidad. Las cuatro operan en países de habla portuguesa o española, repartidos entre Europa, África y Latinoamérica.

Le adelanto lo importante: no estamos ante una campaña vieja que se resiste a morir, sino ante una campaña viva que sigue encontrando puertas sin cerrar. El secuestro de datos deja de ser un problema de extorsión cuando quien lo ejecuta parece no buscar solo dinero.

Por qué ToolShell sigue funcionando un año después

La cadena de vulnerabilidades de día cero que el sector bautizó como ToolShell sigue operativa. Los atacantes colocan un webshell en el directorio LAYOUTS de SharePoint, diseñado para funcionar en varias versiones del producto, y desde ahí roban las claves de máquina de ASP.NET del servidor. Con esas claves firman una carga útil que el propio SharePoint ejecuta como si fuera código legítimo. El ataque no rompe nada: convence al servidor de que él mismo se está ejecutando.

El resto es puro oficio. Una vez dentro, Longlegs usa DLL sideloading para correr cargas adicionales descargadas de servicios de alojamiento legítimos como catbox.moe y wasabisys.com. Los servicios de alojamiento legítimos hacen de escudo para las cargas maliciosas, y el tráfico del atacante se confunde con el tráfico normal de la organización.

La mejor coartada de un atacante no es el sigilo, sino parecerse tanto al tráfico normal que nadie se gire a mirarlo.

Antes de cifrar, el grupo despliega un controlador firmado pero vulnerable, K7RKScan, para desactivar el software de seguridad —la técnica conocida como bring your own vulnerable driver— y monta el túnel de Visual Studio Code como servicio, lo que le da acceso remoto con apariencia de actividad de desarrollador. ‘El grupo sigue favoreciendo las vulnerabilidades relacionadas con SharePoint para obtener acceso inicial’, resume el informe de Symantec.

Un año después, la puerta sigue abierta y el atacante entra por ella con las mismas herramientas que ya conocemos.

El linaje de Storm-2603: de ChamelGang al SYSVOL del dominio

Symantec vincula a Longlegs con clústeres anteriores de nexo chino: CL-CRI-1040, CamoFei y ChamelGang. La etiqueta conviene manejarla con la cautela de siempre, porque es una atribución de proveedor basada en telemetría propia y no una prueba forense replicada por terceros independientes. Dicho esto, el historial del grupo apunta en esa dirección desde hace años, y su catálogo de víctimas —Estados Unidos, Brasil, India, Rusia, Taiwán y Japón, entre otros— no dibuja un objetivo geopolítico único. O buscan servidores expuestos donde los haya, o trabajan con una lista encargada.

Fíjese usted en la cronología que reconstruye el informe en un ataque contra un operador de infraestructura crítica. El 22 de julio de 2026 el webshell aterriza en un servidor SharePoint. Dos días después, comandos básicos de reconocimiento, borrado de archivos de preparación y dos herramientas de DLL sideloading. Poco después, una consulta a un subdominio de Burp Collaborator construido con el nombre de dominio de la víctima: la forma que tiene un escáner de confirmar que su código inyectado se ejecuta. El 28 de julio llega el exploit real, un gadget de deserialización que convierte una carga firmada y falsificada en ejecución de código dentro de SharePoint.

Después, en noventa minutos, descargan tres paquetes de instalación distintos desde dos servicios de alojamiento públicos. No es improvisación, es redundancia: tres rutas de entrega por si una se bloquea. A continuación ensanchan el movimiento lateral creando una cuenta con nombre verosímil, SPSEPRDSetup, y añadiéndola al grupo de administradores locales de tres equipos más. SharePoint crea de verdad cuentas con ese tipo de prefijo, así que el camuflaje funciona.

ToolShell SharePoint

El 31 de julio empujan una herramienta para desactivar antivirus y EDR en al menos 40 equipos en unas dos horas, y despliegan Warlock en 33 de ellos usando la carpeta SYSVOL del dominio, que la replicación ordinaria se encarga de repartir sola. Tres sistemas registraron a dfsrs.exe, el servicio de replicación de Windows, entregando los archivos maliciosos. El propio sistema de gestión del dominio se convirtió en el repartidor del secuestro.

La lección no tiene nada de sutil, y por eso la repito cada vez que puedo: ToolShell sigue siendo una vía de entrada operativa más de un año después porque hay organizaciones que no han parcheado ni mitigado. Si usted gestiona un SharePoint Server on-premises, el aviso que CISA publicó en julio de 2026 sigue vigente, y desde el CCN-CERT se insiste en revisar este tipo de despliegues.

Dossier Moncloa: Ojos en la Sombra

Vector de amenaza. Ciberataque de tipo ransomware con acceso inicial por explotación de vulnerabilidades de día cero y elevación de privilegios mediante un controlador firmado y vulnerable. No hay HUMINT ni fuentes humanas en juego: todo el recorrido se hace con código, telemetría y paciencia. Lo veo como la variante más incómoda del oficio, porque no hay diplomático al que expulsar ni célula que detener. Solo un servidor sin parchear y un operador que no lo sabe.

Agencias implicadas. En el ataque, Longlegs y Storm-2603, con los clústeres CL-CRI-1040, CamoFei y ChamelGang como antecedentes de nexo chino según la atribución de Symantec. En la defensa, los equipos de los operadores de agua, telecomunicaciones y administraciones regionales, más los CERT nacionales, con CISA como referencia en Estados Unidos. Y mirando desde fuera, el CNI y el CCN-CERT. Las víctimas en países lusófonos e hispanohablantes repartidas por Europa, África y Latinoamérica deberían activar todas las alertas en Madrid: no hace falta que España aparezca en la lista para estar en el punto de mira.

Clasificación estimada. A juzgar por el material que maneja un dominio con estas características —topología de red, credenciales de servicio, rutas de acceso a sistemas de control industrial—, estimo un nivel Reservado, con bolsas que rozarían el Secreto si el compromiso alcanza planos de planta o accesos a SCADA.

El precedente está claro. NotPetya demostró en 2017 lo que un gusano con intención estatal puede hacer con una red corporativa global, y Volt Typhoon ha dejado claro que China no necesita cifrar nada para ser peligrosa: le basta con quedarse dentro y esperar. Aquí la hipótesis es otra —dinero o cobertura— y tengo claro que conviene decirlo: la frontera entre el crimen y el Estado es muy porosa, y la atribución sigue siendo el punto débil del expediente, apoyada en un único proveedor.

Sostengo desde hace años, y lo escribí en El quinto elemento, que el próximo 11S empezará con un clic. Un operador de aguas cifrado durante una sequía parece un ensayo general. En esta redacción seguiremos mirando el próximo informe de actividad de Longlegs y las actualizaciones del aviso de julio: ahí se verá si la campaña escala o se queda en el goteo actual.

ShinyHunters dijo haber robado los datos del FBI: detenido en Jordania un miembro que coopera

Un presunto miembro de ShinyHunters, el grupo que dice haber robado los datos del FBI, fue detenido en Jordania y coopera con el FBI.

Se llama Saif al-Din Khader. Dos fuentes citadas por Reuters sitúan el arresto el martes, y tres personas conocedoras del caso aseguran que está mostrando a los investigadores sus propios dispositivos, y comunicaciones digitales para identificar a antiguos asociados. No es una promesa vaga de colaboración: es acceso real a posibles pruebas.

Las autoridades jordanas no han detallado las circunstancias exactas ni el lugar donde está retenido. El FBI ha evitado confirmar el arresto concreto y se ha limitado a un comunicado en el que sostiene que ‘continúa investigando de forma agresiva el incidente cibernético que presuntamente implica a ShinyHunters’. La misma nota recuerda que ya se han producido varias detenciones con la ayuda de socios internacionales.

El caso importa mucho más allá del detenido concreto. ShinyHunters sostiene que ha robado datos personales de todos los empleados del FBI, y el análisis previo de Reuters detectó en la muestra filtrada información personal detallada, datos laborales sensibles e incluso historiales psiquiátricos y médicos. Hay quien ha comparado el incidente con el asalto a la Oficina de Gestión de Personal (OPM) en 2015, cuando un ataque vinculado a China expuso datos de habilitaciones de seguridad de millones de estadounidenses.

Si las afirmaciones del grupo se confirman aunque sea en parte, la comparación no sería exagerada.

Cuando el portátil de un hacker entra en la cadena de custodia, la lealtad al colectivo se disuelve en cuestión de horas.

De Ámsterdam a Amán: la guerra interna que ha partido a ShinyHunters

La detención de Khader no es un episodio aislado. La policía neerlandesa confirmó esta semana la detención de un joven de 24 años en Ámsterdam por su supuesta vinculación con la organización. Fuentes periodísticas, entre ellas KrebsOnSecurity, lo identifican como Pepijn van der Stap, hacker conocido en foros como ‘Umbreon’. El sospechoso compareció ante el tribunal de distrito de Rotterdam el 29 de septiembre.

La conexión con ShinyHunters pasa por el alias ‘Umbreon’ y la iconografía de Pokémon. Van der Stap utilizó ese seudónimo en BreachForums desde 2021. La acción de desfiguración contra la web de empleo del FBI —FBIjobs.gov— incluyó un grafiti ASCII del mismo personaje, idéntico al utilizado en una acción de HackForums en 2020 atribuida a ShinyHunters, un año antes de que se creara la cuenta de Van der Stap. El detalle corta en ambas direcciones.

KrebsOnSecurity ofrece una lectura más incisiva: fuentes próximas a la investigación sugieren que la iconografía de Umbreon en el ataque al FBI pudo ser un intento deliberado del líder actual del grupo —un adolescente de Amán conocido como Rey— de cargar el hackeo sobre Van der Stap. Los dos mantenían un enfrentamiento abierto por el control de la marca y de los datos.

Si la hipótesis es correcta, estamos ante una bandera falsa interna entre delincuentes.

FBI ciberataque

La infraestructura se tambalea y el grupo ya no controla su propio relato

La infraestructura de ShinyHunters empezó a dar señales de fragilidad a comienzos de esta semana. Reuters perdió contacto con la cuenta habitual de comunicación del grupo el martes —el mismo día en que se sitúa la detención de Khader— y para el miércoles el sitio de filtraciones en la dark web había caído por completo. Lo veo como el síntoma clásico de un colectivo sin mando único.

Rey, el supuesto líder, ya había declarado al periodista Brian Krebs en noviembre de 2025 que cooperaba discretamente con las fuerzas del orden desde junio de ese mismo año. En aquel mismo mes, Krebs identificó públicamente a Rey como Saif al-Din Khader tras analizar registros de infostealer y conversar con él directamente por Signal.

Un responsable de la División Cibernética del FBI lo resumió hace unos días con claridad: las detenciones aumentan la disposición a hablar y los servidores incautados revelan información sobre quienes siguen fuera. Cuando el portátil de alguien entra en la cadena de custodia, ciertas lealtades desaparecen muy rápido.

El grupo, eso sí, no está muerto. Un nuevo sitio de filtraciones reapareció el jueves.

Hasta aquí los hechos. Ahora permítame el análisis.

Dossier Moncloa: Ojos en la Sombra

La operación que analizo aquí no es un simple arresto. Es una infiltración HUMINT de manual con una vuelta de tuerca: el detenido coopera activamente contra sus propios antiguos socios. El vector de amenaza original fue un ciberataque de perfil criminal —sin patrocinio estatal confirmado— con exfiltración masiva de datos personales y sanitarios. El vector actual, sin embargo, es HUMINT puro: un testigo cooperante con acceso a las comunicaciones cifradas del grupo, a sus dispositivos y a su cadena de mando interna.

Las agencias implicadas operan en tres capas. En la atacante, ShinyHunters actúa como colectivo criminal transnacional. He seguido grupos con características similares y sé que su ecosistema suele coquetear con la órbita del GRU o de ciertos servicios iraníes cuando les conviene. En la defensora, el FBI lidera la investigación, con apoyo de la policía neerlandesa y de las autoridades jordanas. En la capa de observadores, tengo claro que el Mossad, el MI6 y varias unidades del CNI siguen el caso porque las muestras filtradas pueden solaparse con objetivos propios.

Respecto al nivel de clasificación estimado del material comprometido, la presencia de historiales psiquiátricos y médicos en la muestra sugiere algo más que un dataset administrativo. Estimo un nivel Confidencial tirando a Secreto, y no descarto que parte del material esté marcado como Uso Restringido. La comparación con el asalto al OPM de 2015 no es gratuita: entonces fue China; ahora es un colectivo criminal que ha demostrado capacidad para penetrar infraestructuras federales.

El precedente que mejor encaja no es OPM. Es la estela de cooperadores que el FBI ha cultivado en las filas de la ciberdelincuencia durante la última década. En mi experiencia siguiendo estos casos, cuando la Fiscalía promete reducción de pena a un joven con acceso a infraestructura crítica, la cooperación se vuelve una estrategia racional, no un acto de arrepentimiento.

Lo escribí hace años en El quinto elemento: el próximo 11S empezará con un clic. ShinyHunters, con o sin patrocinio estatal, ha demostrado que ese clic puede penetrar el corazón de una agencia federal. El FBI ha ganado esta partida táctica. La guerra estratégica sigue abierta, y el CNI debería tomar nota: los datos de un empleado federal estadounidense filtrados hoy son la munición de un chantaje selectivo mañana. Verá usted que la próxima actualización del caso llega antes de que termine el año.

Primera petición para que el Supremo certifique con la Junta Electoral el voto exterior del 29N

Mediante declaración oficial realizada el día de la fecha a las 09:00 horas, el Presidente del Gobierno ha informado que se convocarán elecciones generales mediante Acuerdo del Consejo de Ministros extraordinario a celebrar el día de hoy, para el próximo 29 de noviembre de 2026. En un escrito presentado minutos después ante el Tribunal Supremo el partido Iustitia Europa ha pedido al Alto Tribunal que adopte las medidas cautelarísimas pedidas para certificar que el voto exterior no sea adulterado.

Dicen desde Iustitia que «conforme al artículo 39.1 LOREG, el censo electoral vigente para cada elección es el cerrado el día primero del segundo mes anterior al de la convocatoria. Tratándose de una convocatoria producida en octubre de 2026, el censo electoral de referencia es, por tanto, el cerrado a 1 de agosto de 2026. Esta circunstancia presenta especial relevancia porque dicho cierre censal es anterior al Auto de 10 de septiembre. En consecuencia, entre las inscripciones incorporadas al censo electoral vigente pueden encontrarse personas comprendidas en el ámbito subjetivo respecto del cual la Sala acordó cautelarmente la suspensión de efectos electorales».

El problema es que el auto de 10 de septiembre del Supremo acordó, respecto de las personas comprendidas en el primer inciso del apartado primero de la disposición adicional octava de la Ley 20/2022, dos medidas de diferente proyección temporal: para quienes todavía no figuraban inscritos en el CERA, la suspensión de la inscripción censal una vez concluido el correspondiente expediente; y para quienes ya se encontraban inscritos, la suspensión de los efectos electorales de su inscripción respecto de los procesos electorales que pudieran convocarse mientras permaneciera vigente la medida.

Pero ahora la convocatoria electoral del 29 de noviembre «constituye, precisamente, uno de los procesos electorales contemplados en aquella previsión cautelar. La medida permanece vigente conforme al artículo 132.1 LJCA mientras no recaiga sentencia firme o finalice el procedimiento, y el recurso de reposición formulado contra el Auto no impide por sí mismo su ejecución, pues el artículo 79.1 LJCA establece que la resolución recurrida se llevará a efecto salvo decisión jurisdiccional en contrario. El artículo 134.1 LJCA completa dicho régimen al disponer que el órgano administrativo al que se comunique el Auto acordará su inmediato cumplimiento».

Desde Iustitia Europa añaden que «la documentación producida en ejecución del propio Auto demuestra que la identificación de las personas afectadas exige una actuación administrativa específica. El informe de la Dirección General de Asuntos Consulares de 18 de septiembre de 2026 reconoce que ni el Registro de Matrícula Consular ni el CERA contienen directamente la concreta vía de adquisición de la nacionalidad, siendo necesario examinar los expedientes individuales y relacionar posteriormente esa información con la inscripción consular y censal. El mismo proceso de ejecución ha exigido la creación de modelos homogéneos de certificación, el examen de expedientes y la transmisión de información entre autoridades consulares y Administración Electoral. La convocatoria transforma, por ello, en una necesidad operativa inmediata lo que hasta ahora constituía una labor de ejecución cautelar: determinar, dentro del censo cerrado a 1 de agosto de 2026, qué inscripciones se encuentran sujetas a suspensión de efectos electorales y cuáles quedan comprendidas en la excepción expresamente prevista por el Auto».

La Abogacía del Estado se opuso al acuerdo del Supremo porque el eventual perjuicio no presentaba carácter real e inminente, que el Acuerdo 204/2026 no modificaba por sí mismo el CERA y que una eventual revisión de las altas podía realizarse al término del procedimiento mediante los mecanismos ordinarios de rectificación censal.

El voto exterior en debate

Sin embargo, «la convocatoria electoral introduce ahora un dato temporal nuevo y objetivable: existe un proceso electoral determinado, un censo vigente ya cerrado y una fecha cierta para el ejercicio del sufragio. En este nuevo marco, la revisión posterior y el cumplimiento actual de la medida cautelar producen efectos jurídicos temporalmente distintos. La eventual corrección futura de una inscripción censal opera hacia adelante; la medida adoptada por esta Sala se dirige específicamente a impedir que determinadas inscripciones desplieguen efectos electorales durante la pendencia del proceso. La efectividad material del Auto exige, por ello, que la identificación y clasificación ordenadas se encuentren operativas antes de que las correspondientes inscripciones puedan intervenir en las distintas fases del procedimiento electoral».

Lo que pide ahora Iustitia es que se reclame con carácter urgente a la Junta Electoral Central (JEC) y la oficina del censo electoral «para que informen y certifiquen a esta Sala, dentro del plazo que prudencialmente se determine atendida la inmediatez del proceso electoral, sobre el estado exacto de ejecución de las medidas cautelares respecto del censo electoral vigente cerrado a 1 de agosto de 2026».

Así como para que «requiera que dicha información identifique, de manera agregada y con preservación de los datos personales, el número de electores comprendidos en el ámbito subjetivo de la medida cautelar que figuren en dicho censo; el número de expedientes efectivamente examinados y clasificados; las certificaciones consulares emitidas en aplicación de la excepción establecida por el Auto; y las operaciones adoptadas por la OCE para hacer efectiva la suspensión de efectos electorales respecto de las restantes inscripciones», dice Iustitia en su escrito.

Para Luis María Pardo, presidente de Iustitia Europa, «el Auto del Supremo de 10 de septiembre ordenó que determinadas inscripciones del CERA quedaran sin efectos electorales mientras se resuelve el recurso, y esa previsión se hizo expresamente para los procesos que pudieran convocarse durante la vigencia de la medida. Si las elecciones generales son finalmente el 29 de noviembre, esa cautelar pasa a tener una aplicación inmediata: habrá que identificar dentro del censo vigente qué electores están afectados por la suspensión y cuáles quedan fuera por cumplir la excepción prevista por el propio Tribunal».

Y añade que «el problema práctico es que la propia Administración ha reconocido que ni el Registro de Matrícula Consular ni el CERA permiten saber directamente por qué vía se adquirió la nacionalidad, por lo que hay que revisar expedientes y cruzar información. Con unas elecciones ya convocadas, el tiempo se acorta mucho. Por eso vamos a pedir al Supremo que exija a la JEC y a la OCE que informen urgentemente de cómo están ejecutando el Auto y qué medidas concretas van a adoptar para que ninguna inscripción sometida a suspensión produzca efectos electorales el 29 de noviembre».

Además, «la propia Administración ha reconocido que no puede saber de un vistazo qué electores del CERA están afectados por la cautelar del Supremo. Para identificarlos tiene que revisar uno a uno los expedientes y cruzar varias bases de datos. Con unas elecciones ya convocadas, el problema es evidente: hay que saber antes del 29-N quién puede votar y quién tiene suspendidos sus efectos electorales», añade Pardo.

El textil de hogar de Lidl vuelve a arrasar: la manta reversible por 9,99€ que compite con las de Zara Home.

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Lidl ha vuelto a hacerlo. Con la llegada del frío, la cadena alemana ha sacado a la venta una manta reversible que se está agotando tienda tras tienda, y no es casualidad: cuesta 9,99€ y se nota en la mano nada más tocarla.

No hace falta ser un experto en decoración para notar que el textil de hogar low cost ha subido mucho el listón en los últimos años. Esta manta es el último ejemplo de que pagar poco ya no significa conformarse con menos.

La manta reversible de Lidl que se está agotando este otoño

Se trata de una pieza de la línea Livarno Home, la marca de textil de la casa, pensada para el sofá y también para reforzar la cama en las noches más frías. Tiene dos caras con texturas distintas —un lado más aterciopelado y otro de tacto mullido— y está disponible en varios colores, según la tienda y el momento en que la pilles.

Por 9,99€ te llevas una manta de tamaño generoso, fabricada en poliéster y pensada para aguantar lavados sin perder forma. En Lidl saben que el textil de hogar es uno de sus ganchos fuertes cada temporada, y esta manta se ha convertido en el producto del que todo el mundo habla en los pasillos del súper.

¿Merece la pena frente a una manta polar reversible de Zara Home?

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Aquí está la pregunta que de verdad te interesa: ¿por qué pagar 19,99€ o más en Zara Home si en Lidl encuentras algo parecido por la mitad? La respuesta no es tan sencilla como parece, porque cada una juega su partido.

Una manta polar reversible como la de Lidl prioriza el precio y la practicidad del día a día: te vale para el sofá, para el coche o para dejarla en casa de tus padres sin que te dé pena si se estropea. Zara Home, en cambio, apuesta más por el diseño y los acabados, algo que se paga.

Antes de decidir qué manta te llevas a casa, ten en cuenta esto:

  • El tacto es distinto: la de Lidl es más básica pero calentita; la de Zara Home suele tener un acabado más sedoso.
  • El tamaño: revisa siempre las medidas, porque no todas las mantas económicas cubren igual una cama de matrimonio.
  • El lavado: la de Lidl se puede lavar a máquina a 40º sin complicaciones, algo que se agradece si tienes niños o mascotas.
  • La disponibilidad: los modelos de Lidl vuelan en cuestión de días, así que si te gusta, no la dejes para la semana que viene.
  • El uso que le vas a dar: si es para estar todo el invierno en el sofá, el precio de Lidl gana por goleada.

Por qué el textil de hogar barato ya no es sinónimo de «cutre»

Durante años, comprar mantas o ropa de cama en un supermercado tenía cierta fama de solución de emergencia, no de elección real. Eso ha cambiado, y Lidl es en buena parte responsable de ese giro.

La tendencia del «nesting» —cuidar la casa como refugio frente al ritmo de fuera— ha hecho que marcas como Livarno Home inviertan en materiales reciclados, certificaciones de calidad y diseños que no desentonan en ningún salón. Y eso, sumado a precios de 9,99€, explica por qué la gente hace cola para llevarse una.

Lo que tienes que mirar antes de echarla al carro

No toda manta reversible a buen precio te sirve igual, así que antes de ir corriendo a por la tuya conviene fijarse en un par de detalles que marcan la diferencia real en casa.

El material no es solo una etiqueta

Que ponga «100% poliéster» no te dice nada por sí solo: lo importante es si lleva certificación OEKO-TEX, que garantiza que el tejido no tiene sustancias nocivas para la piel. Muchas de las mantas de Lidl la incluyen, y es un dato que merece la pena comprobar en la etiqueta antes de comprar.

Las medidas cambian según el modelo

Aquí es donde más gente se lleva un chasco: hay versiones pensadas para el sofá, de unos 130 x 170 cm, y otras más pequeñas, tipo «cola de sirena», que rondan los 60 x 180 cm y no sirven igual para tapar una cama entera. Mide antes de comprar para no llevarte una sorpresa en casa.

Lo que dice la etiqueta y lo que garantiza Lidl

Más allá del marketing, Lidl respalda estas mantas con información clara sobre composición y cuidado, algo que no siempre se cumple en otras tiendas de textil económico. El etiquetado incluye temperatura máxima de lavado, tipo de tejido y, en varios modelos, el porcentaje de material reciclado.

Esto conecta con un tejido que seguramente ya conoces de otras prendas de invierno: si quieres entender qué es el tejido polar que lleva media casa, sabrás por qué mantas y chaquetas con esta composición abrigan tanto sin pesar nada.

Qué puedes esperar en los próximos días si quieres hacerte con una

Si esta manta te ha convencido, no lo pienses demasiado: este tipo de artículos de Lidl suele durar poco en tienda, sobre todo cuando bajan las temperaturas de golpe. La disponibilidad depende de cada establecimiento, así que lo más práctico es mirar el folleto semanal o preguntar directamente en tu tienda.

Es habitual, además, que la cadena reponga stock de estos productos más adelante en la temporada, sobre todo de cara a campañas como el Black Friday o Navidad. Si esta vez se te escapa, no será la última oportunidad, porque Lidl suele repetir sus éxitos de rebajas en ropa de cama cuando ve que un producto funciona.

La conclusión: precio de súper, aspecto de tienda de diseño

Al final, la pregunta no es si esta manta de Lidl es mejor que la de Zara Home en términos absolutos, sino si te da lo que necesitas por una fracción del precio. Y en eso, gana con claridad.

Si buscas calentarte en el sofá sin arruinarte, una manta polar reversible de 9,99€ con buen acabado y certificación de calidad es, sencillamente, una compra redonda. El resto ya es cuestión de gustos y de la suerte de encontrarla antes de que se agote.

Emergencias busca a un desaparecido por el temporal que deja dos muertos en Cataluña

El temporal de lluvias excepcionales de este fin de semana ha dejado dos muertos y una persona desaparecida en Cataluña, según los servicios de emergencia. La Agencia Estatal de Meteorología (AEMET) mantuvo el aviso rojo (el máximo nivel de alerta meteorológica) por lluvias torrenciales en el Empordà hasta las tres de la madrugada, mientras el dispositivo de búsqueda sigue activo.

Dos víctimas mortales y una persona desaparecida

La primera víctima mortal confirmada es un vecino de Tordera, de 75 años, que murió la mañana del domingo en el camping Caravaning Internacional Costa Brava. Un muro cedió y se desplomó sobre él mientras trataba de retirar el agua acumulada durante la noche en el interior de su bungalow.

Pocos minutos después se confirmó el segundo fallecimiento, en Montornès del Vallès. Los servicios de emergencia localizaron el cuerpo sin vida tras recibir el aviso de la desaparición de una persona y proceder al vaciado de un garaje totalmente inundado por la crecida del río Mogent y la riera de Vallromanes.

En paralelo, se activó un dispositivo de rescate por tierra, mar y aire para localizar a una persona que habría caído a la riera en Pineda de Mar y a la que el torrente habría arrastrado hasta el mar, en esta localidad del Maresme.

Dos personas han muerto y otra permanece desaparecida, mientras el dispositivo de búsqueda sigue activo en el litoral del Maresme.

Las lluvias de récord y la crecida de los ríos

El episodio rompió los registros conocidos. La crecida de rieras y ríos obligó a mantener la alerta máxima en la región metropolitana de Barcelona y la provincia de Girona durante toda la jornada del domingo.

A su paso por Santa Coloma de Gramenet, el Besòs alcanzó los 936 metros cúbicos por segundo y los 3,60 metros de altura, un caudal solo comparable al de las riadas de hace 60 años. El agua estuvo a punto de desbordar el muro de contención y llegó al nivel del puente del ferrocarril.

También se desbordó el Ridaura, que a su paso por Santa Cristina d’Aro superó los 300 metros cúbicos por segundo, un nivel equivalente a un periodo de retorno de 100 años (el intervalo medio en que se espera una crecida de esa magnitud). En el Daró, el arrastre de las cenizas del incendio de las Gavarres, en julio, tiñó el agua de negro.

El operativo de búsqueda y la asistencia a los afectados

El teléfono de emergencias recibió cerca de 8.000 llamadas entre la noche del sábado y la madrugada del domingo, concentradas sobre todo en el Barcelonès, el Maresme y el Vallès. La búsqueda sigue abierta.

La Cruz Roja atendió a 4.036 personas y movilizó a un centenar de voluntarios y técnicos, además de 15 vehículos logísticos. La organización habilitó alojamiento de urgencia y dispensó comidas a 188 personas en Barcelona, Mataró, Sant Cugat, Castelldefels, Terrassa, Santa Coloma de Cervelló y Tarragona.

El agua entró en varios hospitales. Hubo inundaciones en Vall d’Hebron, donde quedó inhabilitada la zona de radiología y un área de neonatos, y en el centro de Blanes, donde el agua llegó a a la zona de urgencias y algunos pacientes fueron atendidos en las plantas superiores. Las autoridades sanitarias recomendaron llamar al 061 antes de desplazarse a un hospital.

En el ámbito educativo, varios centros no pudieron abrir con normalidad. Entre los afectados figuran el CFA Vallès (Granollers), el instituto Ramon Turró i Darder (Malgrat de Mar) y el instituto Mercè Rodoreda (l’Hospitalet), con agua acumulada o filtraciones en sus instalaciones.

He repasado los datos facilitados por los servicios de emergencia y esto es lo que se sabe hasta ahora: la búsqueda de la persona desaparecida continúa activa en el litoral del Maresme. Los trabajos de limpieza ya han comenzado en varios de los puntos más afectados, mientras los equipos siguen evaluando los daños del temporal.

Tres juzgados investigan a alcaldes del PP de Huelva por presuntos amaños en festejos taurinos

Tres juzgados de Huelva investigan a los alcaldes del PP de Beas, Palos de la Frontera y Cortegana por presuntos amaños en festejos taurinos.

Tres querellas y un mismo patrón: pliegos «a medida»

Las diligencias previas se abrieron entre febrero y abril en los juzgados de Instrucción de Huelva, Moguer y Aracena, y las tres parten de las querellas presentadas por Emilivia Espectáculos S.L., una empresa dedicada a la organización y gestión de espectáculos taurinos. Los procedimientos siguen en fase de instrucción, no existe todavía ninguna condena y todos los investigados son inocentes hasta que se resuelva lo contrario.

En Beas, el Juzgado de Instrucción número 5 de Huelva admitió a trámite la querella el pasado 9 de febrero. El juez apunta a un posible delito de prevaricación administrativa y ha reclamado al Ayuntamiento el expediente de los festejos taurinos de agosto de 2025, la documentación del pago de 145.200 euros a Ruedos del Sur Eventos 2016 S.L. y el historial de adjudicaciones desde 2016. La acusación sostiene que los pliegos se vienen diseñando desde hace más de diez años para que solo resulte adjudicataria esa mercantil.

En Palos de la Frontera, la jueza del Juzgado de Instrucción número 2 de Moguer admitió la querella el 22 de abril. Según el escrito de la querellante, los festejos de las fiestas de San Jorge y la tradicional Corrida Pinzoniana se adjudican de forma ininterrumpida a Taurina de Buendía S.L. desde 2007, cuando se inauguró la plaza municipal: 36 licitaciones y una única adjudicataria en 18 años. Figuran como investigados la actual alcaldesa, Milagros Romero Artero; el exalcalde y hoy senador del PP Carmelo Romero Hernández, y el concejal Ricardo Bogado Gómez.

En Cortegana, el Juzgado de Instrucción número 2 de Aracena investiga un supuesto delito de apropiación indebida. El objeto es una garantía provisional depositada por Emilivia para participar en la adjudicación de los festejos de septiembre de 2023 y que, según la querella, el Ayuntamiento retuvo durante más de dos años pese a las reiteradas peticiones de devolución. La acusación atribuye esa retención a una supuesta represalia por los conflictos contractuales previos.

El rastro administrativo de las tres causas conduce al Tribunal Administrativo de Recursos Contractuales de la Junta de Andalucía (TARCJA), que anuló varios pliegos y procedimientos por irregularidades. En el caso de Beas, una resolución de 26 de septiembre de 2025 apreció un «flagrante incumplimiento» de la Ley de Contratos del Sector Público y dio traslado de las actuaciones a la Oficina Andaluza contra el Fraude y la Corrupción, el organismo que activa los mecanismos de control de la administración autonómica ante indicios graves.

Toda contratación municipal se paga con dinero público, y por eso el Tribunal de Recursos Contractuales de Andalucía ya anuló varios pliegos antes de que llegaran los jueces.

Niegan los amaños y un senador aforado retrasa su declaración

Los investigados rechazan las acusaciones. El alcalde de Beas, José Leñero Bardallo, tilda la querella de «disparate» y asegura que el Ayuntamiento remitió hace ocho meses el expediente que pidió el juzgado, sin recibir nuevas comunicaciones desde entonces. Antonio Jesús Rodríguez Santana, uno de los responsables de Ruedos del Sur, defiende que las adjudicaciones salen de licitaciones públicas, que su empresa no participa en la elaboración de los pliegos y que estos se han anulado en una veintena de ocasiones. Las alcaldesas de Cortegana y Palos de la Frontera han declinado hacer declaraciones al tratarse de un procedimiento judicial abierto.

El caso de Palos de la Frontera tiene una derivada procesal relevante. La jueza citó a declarar el pasado 1 de julio a los tres investigados, pero la comparecencia se suspendió después de que Carmelo Romero alegara su condición de senador y, por tanto, de aforado. Su situación tendrá que resolverse ante el órgano judicial competente, mientras el resto de citaciones sigue pendiente de fecha.

En Beas, el auto judicial pide interrogar al alcalde, a seis funcionarios que integran la mesa de contratación y a dos responsables de Ruedos del Sur, aunque el señalamiento queda aplazado hasta que se practiquen las diligencias anteriores. En Cortegana, las declaraciones ya se celebraron el pasado 14 de septiembre. La Oficina Andaluza contra el Fraude y la Corrupción paralizó su investigación administrativa a la espera del pronunciamiento de los juzgados, tal y como recoge la querella.

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La Lectura Andaluza

Andalucía concentra buena parte de la temporada taurina española y, con ella, un volumen considerable de contratación pública municipal. Que tres juzgados de Huelva estén instruyendo causas por presuntos amaños en Beas, Palos de la Frontera y Cortegana dice mucho de cómo se cruzan la fiesta, el dinero público y la política local en los municipios pequeños. En ayuntamientos de esta escala, un contrato de 145.200 euros no es una cifra menor: condiciona el presupuesto de un área entera.

Para el ciudadano, lo relevante no es el color político de quien firma, sino que cada euro se adjudique con las mismas reglas para todos. La secuencia que describe la querella muestra que los filtros existen: el TARCJA anuló pliegos y la Oficina Antifraude andaluza llegó a asumir el expediente de Beas antes de que el caso tomara la vía penal. Ese es el circuito de control que la Junta tiene activado, y su funcionamiento es la mejor garantía para la hostelería, los empresarios y los vecinos que viven de las fiestas.

La pelota está ahora en los juzgados. Las citaciones pendientes en Huelva, Moguer y Aracena fijarán el calendario de los próximos meses, y la condición de aforado del senador Carmelo Romero determinará ante qué instancia declara. Mientras tanto, la lección es sencilla y vale para toda Andalucía: la transparencia en la contratación no es un trámite, es lo que separa la fiesta de la sospecha.

Narcotráfico en la costa andaluza: los ‘cachorros de la mafia’ disparan por kilos de hachís en Algeciras y Marbella

La Policía Nacional detiene en Marbella a tres cachorros del narcotráfico en la costa andaluza, dos de ellos menores de edad. Guardaban cinco pistolas semiautomáticas en un coche robado en Portugal.

Todo arrancó con un aviso llegado desde Portugal: un vehículo sustraído allí había reaparecido en Marbella. Los agentes tenían el modelo, el color, la matrícula y hasta el número de bastidor. Lo localizaron en el aparcamiento de Benabola, en Puerto Banús, con las placas cambiadas por otras falsas de Suecia. Llevaba tiempo estacionado y los investigadores están convencidos de que estaba allí por algo.

Cerraron el coche y empezaron a vigilarlo. Los tres sospechosos vivían en la zona, salían siempre juntos y frecuentaban clubes de cannabis y fumaderos. En la calle hacían de punto y pasaban droga al menudeo. Cada vez que se acercaban al vehículo se ponían guantes de látex para no dejar huellas, y en ocasiones iban encapuchados.

Los tres eran británicos. Dos de ellos se habían criado en la Costa del Sol; el tercero no estaba del todo asentado. Uno de los padres acumulaba reseñas en Reino Unido por su relación con el crimen organizado y vivía retirado con su familia en la zona. En su casa había sucesión.

De un coche robado en Portugal al arsenal del parking de Benabola

Lo que más alarmó a los investigadores fue el contenido del vehículo, habilitado como almacén. Dentro aparecieron bolsas de supermercado y de equipaje con cinco pistolas semiautomáticas, machetes y caretas de payaso, además de máscaras de silicona y bates de béisbol. No estaban ocultas: se veían a simple vista. Según las fuentes consultadas de la Udyco Costa del Sol, tenían esas armas allí para estar cerca de algo.

En los dos registros practicados aparecieron 827 gramos de ketamina, 670 gramos de 2CB —el conocido como Tusi o cocaína rosa—, 52 gramos de MDMA y 425 pastillas de éxtasis. También dinero en efectivo en varias divisas: 21.975 euros, 410 libras y 100 dólares. El grupo arrastraba un historial de peleas y lesiones importante, pese a que dos de ellos no habían cumplido la mayoría de edad.

En la costa andaluza el arma ya no distingue edades: cinco pistolas semiautomáticas y caretas de payaso en manos de chavales de 17 años.

La hipótesis principal es que el grupo no protegía droga, sino que preparaba un ajuste de cuentas o un vuelco, el asalto a otro cargamento. Las fuentes apuntan a que las armas llegaron de la mano de los clanes suecos asentados en la costa, con los que estos jóvenes ya habían tenido contacto.

Menores armados y clanes suecos: el mapa que preocupa en el litoral

hachís Andalucía

El precedente más doloroso sigue siendo la muerte de Nacho en Málaga. Tres narcos de un clan somalí de Malmö dispararon a un joven de 20 años que solo se les había quedado mirando desde una escalinata. Lo mataron de dos disparos. La paranoia en la que viven estos grupos convierte cualquier gesto en una amenaza.

La Fiscalía de Menores envió a los dos chavales de 17 años a un centro de internamiento en régimen cerrado. El tercero, que acababa de cumplir los 18, ingresó en prisión provisional, una estancia que en estos entornos sirve tanto para hacer contactos como para ganar galones.

El temor de los investigadores es que estas canteras reproduzcan en Algeciras y Cádiz las guerras de clanes que desangran Suecia. Los grupos escandinavos asentados en la costa son extremadamente violentos. Actúan con una desconfianza absoluta: si saben que alguien guarda 50.000 euros en casa, pueden entrar a matarlo para llevárselos.

La violencia ya no se mide en grandes cantidades. Disparan por unos kilos de hachís. En Suecia, recuerdan las fuentes, se mata por mil euros o se lanza una granada en un parque por encargo. Ese repertorio ha aterrizado en el litoral andaluz, y quien lo ejecuta cada vez tiene menos años.

La Lectura Andaluza

Andalucía lleva décadas siendo la puerta de entrada del hachís hacia Europa, y el Campo de Gibraltar es el punto donde esa realidad se nota con más crudeza. La coordinación entre la Policía Nacional, la Guardia Civil y la administración autonómica en materia de menores decide si este relevo generacional se queda en una anécdota policial o se convierte en un problema estructural.

El impacto es de proximidad pura. Quien vive del turismo en Marbella o Estepona sabe que la reputación de la costa es su principal activo económico, y un episodio de violencia con armas en manos de menores golpea la confianza de hoteleros, hosteleros y comerciantes que sostienen miles de empleos en la provincia.

Los centros de internamiento de menores infractores en Andalucía dependen de la Junta de Andalucía, que asume la educación, la atención sanitaria y la reinserción de chavales que llegan con historial de peleas. En paralelo, Algeciras y el resto del litoral siguen en el foco de las unidades antidroga, porque el fenómeno no se agota con tres detenciones.

La próxima vez que se abra un maletero en un aparcamiento del litoral, la pregunta será la misma: cuántos años tienen los que van a usar lo que hay dentro. En una tierra que exporta aceite, tecnología y turismo al mundo, la prueba de fuego es que ningún chaval de 17 años acabe con una pistola en la mano por cinco kilos de hachís.

Las plazas de alojamiento turístico en Córdoba crecen un 7% y superan las 47.000

El alojamiento turístico en Córdoba supera ya las 47.000 plazas tras crecer un 7% en el último ejercicio cerrado, según la Junta de Andalucía.

La fotografía anual deja un balance claro: 4.917 establecimientos y 47.106 plazas al cierre del pasado ejercicio, con datos todavía provisionales. Son 332 alojamientos más que un año antes (+7,2%) y 3.084 plazas adicionales (+7%), un avance que supera el 6,4% que firmó el conjunto de Andalucía. La fuente es el Registro Estadístico de Turismo de Andalucía, RETA, el censo de alojamientos para viajeros que la Junta actualiza de forma continua y que se ha convertido en la referencia para medir la presión real del sector.

La locomotora fueron, otra vez, los pisos turísticos: 18.570 plazas repartidas en 3.586 viviendas, frente a las 17.120 de 3.355 inmuebles un año antes. Eso supone un 8,5% más de capacidad, un 6,9% más de pisos y 1.450 plazas nuevas, casi el 47% del crecimiento de Córdoba. Su peso en la tarta provincial sube al 39,4%, medio punto más, aunque sigue muy lejos del 54,6% que representan en el conjunto andaluz.

El segundo motor tiene acento rural. Las viviendas turísticas de alojamiento rural alcanzaron las 5.297 plazas en 683 inmuebles, con subidas del 11,7% y del 10,9%. Esa tipología aporta ya once de cada cien plazas de Córdoba, un porcentaje que casi duplica el 6,6% regional. A eso se suman los apartamentos, impulsados por el tirón de la capital: pasan de 86 a 107, con 2.785 plazas, alzas del 24,4% y del 19,3%.

La provincia de Córdoba mantiene 110 hoteles abiertos frente a los 113 de un año antes, con 9.273 plazas, apenas 140 más (+1,5%). Representan el 19,7% del total, un punto menos que en el ejercicio previo. Los albergues, en cambio, firman el mayor incremento porcentual del informe: de 12 con 731 plazas a 14 con 922, un 26,1% más. Y los campamentos turísticos repiten cifras: doce instalaciones y 4.169 plazas.

Córdoba gana 3.084 plazas de alojamiento en un año y casi la mitad nacen en pisos turísticos: el crecimiento lo firma el alquiler vacacional.

El freno normativo ya se nota en los pisos turísticos

El sector sigue creciendo, pero a otro ritmo. Los pisos turísticos avanzaron un 8,5% en capacidad cuando un año antes lo habían hecho un 28,4%. El freno tiene explicación normativa. En abril de 2025, el Ayuntamiento de Córdoba cerró la puerta a nuevas licencias de viviendas para viajeros en los distritos Centro-Casco y Sur, el gran foco de estos inmuebles en la ciudad. La medida sigue vigente.

A eso se añade la labor de inspección de la Junta de Andalucía, que retira la autorización cuando se incumple la normativa que regula estos alojamientos, y el cambio que el Gobierno central introdujo en la Ley de Propiedad Horizontal: desde abril de 2025 hace falta el voto favorable de tres quintas partes de la comunidad de propietarios para abrir un piso al uso turístico. La consecuencia es una oferta que crece con el acelerador pisado y sin ninguna fórmula en retroceso.

Del hotel urbano al albergue: radiografía de una oferta desigual

plazas turísticas Córdoba

El retrato por tipologías deja contrastes que explican mucho de lo que pasa en Córdoba. Los hoteles pierden tres establecimientos y ganan 140 plazas: su peso queda en el 19,7% del total provincial, casi idéntico al 19,6% autonómico. Los campamentos turísticos congelan su planta, pero su aportación al parque provincial es del 8,8%, dos puntos y medio por encima de la media andaluza (6,1%).

Los albergues son la tipología que más crece en porcentaje, un 26,1%, con 922 plazas en catorce instalaciones, aunque conviene mirar el punto de partida: venían de doce establecimientos y 731 plazas. Su presencia duplica la media regional —el 2% del total frente al 1% andaluz— y apunta a un turismo joven y de paso. Los apartamentos, por su parte, suman 107 establecimientos y 2.785 plazas en Córdoba, un 24,4% más de unidades después del 14,3% que ya se anotaron en 2024. Su peso, del 5,9%, sigue por debajo del 7,6% andaluz, así que todo indica que seguirán arañando cuota.

La Lectura Andaluza

Andalucía cerró el ejercicio con los pisos turísticos como fórmula mayoritaria: representan el 54,6% de las plazas de la comunidad. En Córdoba ese porcentaje baja al 39,4% y el reparto se equilibra con otras fórmulas. El alojamiento rural aporta once de cada cien plazas, frente al 6,6% regional, y campamentos y albergues también pesan más que la media andaluza. La provincia, en otras palabras, no ha apostado todo a la misma carta. Esa diversificación no es un detalle menor: significa que el crecimiento se reparte entre la capital, la sierra y la campiña, y que el empleo vinculado al turismo no depende de un único modelo de negocio.

El dato que más afecta al bolsillo de los vecinos está en las 3.586 viviendas dedicadas al uso turístico: son pisos que compiten con el alquiler residencial en una ciudad con precios al alza. El Ayuntamiento mantiene el cierre de licencias en Centro-Casco y Sur desde abril de 2025, una decisión que marca el debate sobre vivienda y turismo en toda Andalucía. Las cifras del ejercicio 2026 —el registro estadístico se actualiza de forma continua y el informe anual se publicará a lo largo de 2027— dirán si el crecimiento se estabiliza en la horquilla del 5% al 8% o si vuelve a dispararse. El reto, ahora, es que las 47.106 plazas de Córdoba sigan sumando visitantes sin restar vecinos.

Los 70 hospitaleros del Camino Portugués se reúnen en Pontevedra y proponen reserva de grupos para el Xacobeo 2027

Los 70 hospitaleros de los 11 albergues públicos del Camino Portugués reclaman en Pontevedra reserva para grupos ante el Xacobeo 2027.

Veinticinco ediciones de un encuentro que ya mira al Año Santo

El XXV Encontro de Hospitaleiros do Camiño Portugués a Santiago se celebró este domingo en el Pazo de Mugartegui, en el casco histórico de Pontevedra, con alrededor de setenta responsables de los once albergues de la red pública que jalonan la ruta desde la frontera con Portugal hasta Compostela.

Sobre la mesa, la preparación del Xacobeo 2027, para el que se espera un nuevo récord de peregrinos. Las conclusiones apuntan en cuatro direcciones: mayor planificación en el control de grandes grupos, refuerzo de la seguridad, mejora de itinerarios, y la posibilidad de reservar plaza en los periodos de mayor afluencia. No es un capricho. En puntos como Pontevedra o Caldas de Reis, conseguir cama en la red pública se ha convertido ya en una lotería en temporada alta.

La reivindicación no es nueva. La Asociación de Amigos del Camino Portugués, que preside Tino Lores, la planteó hace dos años y se aplicó de forma excepcional durante la pandemia, cuando las restricciones obligaron a ordenar la ocupación. Fuera de ese paréntesis, la red pública de albergues funciona sin reserva previa, por estricto orden de llegada. La reserva sigue viva en los albergues privados, adonde se derivan buena parte de los grupos.

En la asociación pontevedresa ya han fijado un techo para esas expediciones —un máximo de veinticinco personas— y sostienen que extender ese límite a toda la ruta sería el primer paso para evitar que un solo grupo bloquee un albergue completo. El debate, en el fondo, es otro: qué modelo de peregrinación quiere Galicia para la próxima década.

Quien lleve años siguiendo el Camino sabe que el problema no es el peregrino que camina solo, sino el autobús que descarga cuarenta mochilas a la vez. Ese es el nudo que los hospitaleros pusieron por escrito.

Galicia prepara el Año Santo con récord de peregrinos y sin haber resuelto todavía si los grupos podrán reservar en la red pública.

Récord de caminantes y una incógnita administrativa

Camino de Santiago albergues

El comisario del Xacobeo 2027, Marcos Gómez Román, participó en el encuentro y situó el reto en otro plano. A su juicio, el Año Santo debe ser un proyecto colectivo en el que concurran las administraciones, las asociaciones, el sector turístico, las comunidades locales y la sociedad civil. El objetivo, dijo, no es solo recibir más peregrinos, sino acogerlos mejor, preservando la esencia y los valores de la ruta. Y admitió la necesidad de seguir mejorando los servicios dentro de un crecimiento ordenado y sostenible.

Los números avalan la preocupación. El vicepresidente de la Deputación de Pontevedra —el órgano de gobierno de la provincia—, Rafa Domínguez, recordó que el Camino Portugués es la ruta que más crece de todas las que llegan a Santiago: un 17% más este año y un 341% en una década. La ruta tradicional de interior suma 98.708 peregrinos a su paso por Pontevedra y, junto al Camino de la Costa, bate el récord de 195.500 caminantes.

Traducido a la vida diaria de un albergue: la infraestructura que absorbió el último Año Santo, el de 2022 tras la prórroga vaticana al Año Santo de 2021, no es la misma que va a recibir el próximo. Y el Camino Portugués es el que antes va a notar la presión.

La pelota está ahora en el tejado de la Xunta de Galicia, el gobierno autonómico con sede en Santiago y titular de la red pública a través de Turismo de Galicia y de la S.A. de Xestión do Plan Xacobeo. Cualquier cambio en el régimen de reservas exige una decisión administrativa que, de momento, no consta.

El Laboratorio Gallego

Galicia afronta el Xacobeo 2027 con un gobierno del PPdeG en mayoría absoluta y un BNG consolidado como primera fuerza de la oposición.

El PSdeG ocupa un papel secundario en el Parlamento de Galicia, la cámara unicameral de 75 escanos. El Camino es, sin embargo, una de las pocas materias donde la confrontación partidista baja de volumen: nadie discute el tirón económico que el Año Santo arrastra sobre alojamientos, hostelería, transporte y comercio del interior.

La dimensión nacional es evidente. El Xacobeo no es solo una competencia autonómica: las rutas atraviesan varias comunidades, la promoción se coordina con el Estado y el Año Santo ha requerido históricamente una declaración de acontecimiento de excepcional interés público para desplegar incentivos fiscales. El modelo gallego de gestión del Camino —desestacionalización, gasto repartido hacia el rural, la ruta como producto cultural— ha sido bandera turística del PP autonómico durante más de una década, y el examen de 2027 se leerá también en Madrid.

Ahí está la incógnita. Reservar plaza para grupos ordena el sistema, pero abre la puerta a un Camino más planificado y menos espontáneo. La próxima edición del Encontro de Hospitaleiros y la decisión que adopte la Xunta marcarán si Galicia apuesta por gestionar la masificación o por confiar en que la ruta se regule sola. Con un 341% de crecimiento en diez años, esa confianza tiene poco recorrido.

Ficha del Caso

  • El caso: El XXV Encontro de Hospitaleiros del Camino Portugués reunió en el Pazo de Mugartegui de Pontevedra a unos setenta responsables de los once albergues públicos de la ruta.
  • Datos importantes: El Camino Portugués crece un 17% este año y un 341% en una década; suma 98.708 peregrinos por Pontevedra y 195.500 con el Camino de la Costa. La asociación propone grupos de 25 personas y reserva en periodos punta; la red pública no admite reservas.
  • Resumen: El Xacobeo 2027 llegará con récord de peregrinos y sin decisión sobre las reservas. La Xunta tiene la última palabra.

El Ayuntamiento de València cambia el Plan General para reabrir el hotel Sidi Saler en la Albufera

EN 30 SEGUNDOS

  • ¿Qué ha pasado? El Ayuntamiento de València tramita una modificación de las normas urbanísticas del Plan General que permite obras de consolidación en edificios fuera de ordenación situados en espacios protegidos.
  • ¿Quién está detrás? La Concejalía de Urbanismo, que dirige el edil Juan Giner (PP), y la alcaldesa María José Catalá, que quiere reabrir el hotel Sidi Saler.
  • ¿Qué impacto tiene? El cambio podría sortear dos sentencias que declaran el inmueble incompatible con el Parque Natural de la Albufera por sus seis alturas y su ubicación sobre las dunas.

El Ayuntamiento de València tramita un cambio del Plan General que abre la puerta a reabrir el hotel Sidi Saler, pese a dos sentencias que lo impiden.

El tapadillo urbanístico que sortea dos sentencias

La modificación de las normas urbanísticas del Plan General de Ordenación Urbana (PGOU) flexibiliza las condiciones de los edificios en situación de fuera de ordenación que están en parajes naturales. El texto salió a información pública en octubre de 2025 y, tras quedar sin respuesta a las alegaciones, se expuso de nuevo en julio con cambios llamativos. La Concejalía de Urbanismo, que dirige el edil Juan Giner (PP), firma la propuesta.

Desaparece, además, una expresión que está en el centro del litigio: el exceso de volumen. Ese concepto sostiene buena parte de los fallos contrarios a la licencia, y su retirada deja el terreno mucho más llano para la reapertura. En su lugar, el texto remite la incompatibilidad de los edificios a documentos de ordenación sectorial, como el Plan de Ordenación de los Recursos Naturales (PORN) y su Plan Rector de Usos y Gestión (PRUG), normas que, precisamente, devuelven la pelota al planeamiento municipal.

A eso se suma otro giro sustancial. La propuesta permite que, de forma excepcional y debidamente justificada, la administración ordene obras parciales de consolidación o demolición en inmuebles fuera de ordenación. Hoy solo se admiten, pequeñas reparaciones y trabajos de mantenimiento. La diferencia, en un edificio de seis plantas sobre las dunas, no es menor.

Las alturas, las dunas y el negocio que quiere resucitar el Sidi

Parque Natural de la Albufera

El hotel Sidi Saler acumula pleitos desde hace años. La última sentencia, de febrero de 2025 y pendiente de recurso, la firma el Juzgado de lo Contencioso-Administrativo número 9 de València. El fallo concluye que el inmueble está en situación de fuera de ordenación sustantiva: se levanta dentro del Parque Natural de la Albufera, declarado en 1986, y forma parte del dominio público marítimo-terrestre tras el deslinde aprobado en 2007.

Las alturas son el nudo del caso. El edificio tiene seis plantas —planta baja más cinco—, mientras la normativa municipal prevé para esa parcela un máximo de dos —planta baja más una—. El planeamiento permite, por tanto, cuatro alturas menos de las que ya existen. Ese desfase es, en el fondo, el exceso de volumen que el Ayuntamiento quiere borrar de las normas.

El Ayuntamiento no toca los ladrillos del Sidi Saler: toca las reglas que decidían si esos ladrillos podían seguir en pie.

La sentencia añade un segundo argumento: el impacto sobre la Albufera no se disimula con vegetación. El edificio se encuentra en la misma playa, con afectación de las dunas, recoge el fallo, un elemento significativo del parque cuya recuperación es uno de los objetivos de la figura protectora. No todo edificio fuera de ordenación dentro del parque es, por sí solo, un atentado contra el espacio protegido, admite el tribunal, pero en estas circunstancias de ubicación y características sí lo es.

En paralelo, el negocio se mueve. La empresa Lukeson Management S.L., del Grupo Safadi Promotora, ha adquirido un derecho sobre el inmueble a los anteriores propietarios, los fondos Divarian y Coral Homes, con la intención de resucitarlo y convertir una parte en un centro de recuperación de fauna marina. El proyecto se presenta como más integrado con el entorno, pero mantiene las mismas estructura y alturas.

El Escenario Valenciano

El movimiento urbanístico se lee en clave política. El PP gobierna a la vez la Generalitat, con Juanfran Pérez Llorca, y el Ayuntamiento de València, con María José Catalá al frente. La oposición de Compromís, que dirigió el consistorio cuando se ganaron las sentencias con Joan Ribó, y del PSPV sostiene que el cambio de normas es un traje a medida para esquivar a los tribunales.

La historia trasciende València. El hotel se asienta sobre dominio público marítimo-terrestre, un ámbito que regula la Ley de Costas estatal, y la Albufera es un humedal de importancia internacional protegido por convenios suscritos por España. El precedente nacional más cercano es el hotel de El Algarrobico, en el parque natural de Cabo de Gata (Almería), un edificio fuera de ordenación que acumula dos décadas de litigios. La pregunta de fondo es la misma: qué pesa más, el territorio o la expectativa de negocio.

Ficha del Caso

  • El caso: El Ayuntamiento de València tramita un cambio de las normas urbanísticas del Plan General que abre la vía a reabrir el hotel Sidi Saler, en pleno Parque Natural de la Albufera, pese a dos sentencias en contra.
  • Datos importantes: El edificio tiene seis plantas frente a las dos que permite el planeamiento. La sentencia de febrero de 2025 aprecia exceso de volumen e impacto sobre las dunas. El texto municipal se expuso en julio.
  • Resumen: La oposición sostiene que la modificación sortea a los tribunales. El caso conecta con la Ley de Costas estatal y con el precedente de El Algarrobico.

La Xunta del PPdeG convierte la vivienda pública de Galicia en «un festival de la beneficencia»

La Xunta de Galicia ha entregado en Santiago de Compostela las primeras 24 viviendas de protección oficial en 17 años de gobiernos del PPdeG (el Partido Popular de Galicia, en el gobierno autonómico desde 2009), un acto que la crítica ha bautizado como «un festival de la beneficencia».

Las llaves se repartieron una a una. La Xunta de Galicia (el gobierno autonómico gallego, con sede en Santiago de Compostela) instaló un estrado, colgó de un panel azul los llaveros con forma de casa y el logotipo oficial, y llamó a los adjudicatarios para que subieran a recogerlas de manos de la conselleira de Vivenda, María Martínez Allegue.

El acto lo presidió Alfonso Rueda. Se celebró en plena oleada de reivindicaciones por el precio del alquiler, con jóvenes acampados en las plazas. Una columna publicada en elDiario.es Galicia lo ha comparado con las viejas locuciones del NO-DO (el noticiario propagandístico del franquismo) y ha descrito la escena como un «festival da beneficencia».

24 llaves y 17 años de espera

En su intervención, Rueda recordó a los inquilinos que esos pisos están pagados «con impostos de todos os galegos» y les pidió cuidarlos «como se fosen as vosas casas». La columna leyó ese mensaje como una distinción implícita entre propietarios y arrendatarios, como si los adjudicatarios no formaran parte también de los gallegos que sostienen con sus impuestos los servicios públicos.

El dato que sobrevuela todo el asunto es la lista de espera. La propia columna cifra en 32.000 los demandantes de vivienda pública en Galicia, algunos aguardando desde hace más de cuatro legislaturas de gobierno del PPdeG. Frente a esa cola, las 24 viviendas de Santiago son una cifra mínima.

La Xunta entrega 24 viviendas en 17 años mientras 32.000 familias siguen en lista de espera. El contraste resume el debate gallego de la vivienda.

La Xunta, por su parte, reivindica esas 24 viviendas como las primeras promociones propias de alquiler protegido en casi dos décadas y las presenta como el arranque de una nueva etapa. El gobierno gallego insiste en que los pisos se han construido con dinero público y se adjudican a familias que cumplen los requisitos. La discrepancia no está en la entrega, sino en la puesta en escena que la ha rodeado.

La brecha entre el anuncio y la necesidad

Xunta vivienda

El malestar social no se mide solo en cifras. Desde el arranque del curso, la vivienda ha salido a la calle en Galicia con acampadas juveniles que reclaman alquileres asequibles y una oferta pública a la altura del problema. En ese clima, un acto con estrado y llaveros corporativos funciona como un detonante.

El episodio también tensa la relación entre el discurso del PPdeG y su propia gestión. Gobernar Galicia con mayoría absoluta desde 2009 le ha dado al partido margen para fijar el ritmo de la política de vivienda sin depender de socios. Que la primera promoción propia llegue 17 años después marca el compás del modelo.

La vivienda se ha convertido, además, en uno de los grandes campos de batalla de la política española. Gobiernos autonómicos y central cruzan acusaciones sobre competencias, suelo, y precios, y cada entrega de pisos protegidos se lee ya como un mensaje electoral más que como una gestión administrativa.

El Laboratorio Gallego

Galicia es, desde hace años, un territorio donde el PPdeG ensaya políticas que después resuenan en Madrid. La comunidad acumula mayorías absolutas del partido desde 2009, primero con Alberto Núñez Feijóo y después con Alfonso Rueda, y esa continuidad convierte cada decisión autonómica en un precedente potencial para el conjunto del país.

El episodio de las 24 viviendas ilustra esa lógica con inusual claridad. En Madrid, la vivienda ocupa un lugar central del discurso del PP, que busca un relato propio frente al Ejecutivo central, y el acto gallego ofrece la cara amable de la entrega de llaves. Sin embargo, la cifra de 32.000 demandantes en lista de espera introduce una incógnita que ninguna puesta en escena disuelve: si el modelo gallego funciona, sus resultados tardan en llegar.

El tablero autonómico añade presión. El BNG (el Bloque Nacionalista Galego, primera fuerza de la oposición) y el PSdeG (la federación gallega del PSOE) tienen en la vivienda un terreno donde medir al gobierno, y el Parlamento de Galicia (la cámara legislativa gallega, con 75 diputados) acogerá previsiblemente nuevas preguntas sobre el ritmo de construcción pública en los próximos meses. La siguiente tanda de promociones que salga a licitación marcará si las 24 llaves de Santiago son un arranque o una excepción.

Ficha del Caso

  • El caso: La Xunta del PPdeG entrega en Santiago las primeras 24 viviendas públicas en 17 años, en un acto con estrado que la crítica ha tildado de «festival de la beneficencia».
  • Datos importantes: 24 viviendas entregadas; 17 años de gobiernos del PPdeG; en torno a 32.000 demandantes de vivienda pública en Galicia, según la columna que ha abierto el debate.
  • Resumen: El episodio expone la distancia entre el relato institucional y la lista de espera, y convierte a Galicia en escaparate del modelo de vivienda que el PP proyecta a escala nacional.

Les Corts tramitan por urgencia la Ley del Suelo valenciana que permite usos turísticos en suelo protegido

La Mesa de les Corts tramita por urgencia la Ley del Suelo valenciana. El texto, de 400 artículos, acumula 53 reparos del Consell Jurídic Consultiu y convierte en permanentes los permisos turísticos en suelo rústico protegido.

Este lunes, la Mesa de les Corts (el órgano de gobierno del parlamento valenciano, con 99 escaños) aprobó la tramitación a petición del Consell de Pérez Llorca. La vía de urgencia reduce a la mitad el plazo para presentar enmiendas y propuestas de comparecencia, un trámite reservado a lo excepcional que ahora se aplica a una norma llamada a reordenar el territorio durante décadas.

EN 30 SEGUNDOS

  • ¿Qué ha pasado? La Mesa de les Corts aprueba tramitar por urgencia un texto de 400 artículos con 53 reparos del Consell Jurídic Consultiu.
  • ¿Quién está detrás? El Consell de Pérez Llorca, a través de la Conselleria de Territorio que dirige el vicepresidente tercero Vicente Martínez Mus.
  • ¿Qué impacto tiene? Las Declaraciones de Interés Comunitario pasan de temporales a indefinidas y se abren usos turísticos en suelo protegido.

Qué cambia la ley: del permiso temporal al título indefinido

El corazón de la reforma está en el régimen de usos del suelo no urbanizable. Los artículos 62 y 63 permiten implantar en suelo rústico común usos industriales, productivos, terciarios, turísticos, y de servicios mediante Declaración de Interés Comunitario (DIC). En suelo no urbanizable protegido, solo podrán autorizarse los aprovechamientos previstos de forma expresa en la legislación sectorial o en el planeamiento urbanístico.

La novedad que más ha pesado en el dictamen del Consell Jurídic Consultiu afecta de lleno a la figura de la DIC. Hasta ahora tenía un carácter temporal, de un máximo de 30 años. La nueva norma la convierte en permanente, salvo los supuestos en que el texto mantenga la vigencia limitada. El cambio refuerza la seguridad jurídica del promotor y puede elevar el valor del suelo sobre el que se asienta la actividad.

El Consell Jurídic Consultiu emitió su dictamen el 16 de septiembre con 53 observaciones esenciales, es decir, disposiciones que a su juicio eran directamente contrarias a derecho. Una semana después, la dirección general de Urbanismo respondió con un informe en el que afirmaba haber asumido todas esas observaciones para ajustar el texto a la normativa vigente.

Una Declaración de Interés Comunitario ya no caduca: pasa de un permiso de 30 años a un título indefinido sobre suelo rústico.

La norma sustituirá íntegramente al Texto Refundido de la Ley de Ordenación del Territorio, Urbanismo y Paisaje (TRLOTUP), aprobado en junio de 2021 por el Gobierno del Botànic. Entre los cambios de calado figura la desaparición de la distancia mínima de 1.000 metros entre zonas urbanas y actividades peligrosas, una separación pensada para alejar de la población los riesgos industriales.

La oposición ve «reclasificación encubierta» y «todo urbanizable»

María José Salvador, diputada del PSPV, rechaza el proyecto «de forma enérgica, por la forma en que se tramita y por el fondo». Recuerda que el texto acumula más de 50 observaciones del CJC y otras tantas de la abogacía de la Generalitat. «El PP vuelve a lo de siempre, el todo urbanizable y el uso especulativo del suelo», señala. En su lectura, convertir las DIC en permanentes equivale a una reclasificación encubierta del suelo no urbanizable.

Salvador añade que el Consell «confunde agilizar con reducir controles y garantías jurídicas» y advierte de que se crean figuras de calificación de todo tipo de suelo bajo la excusa de construir vivienda, mientras se rebajan los estándares de reserva de vivienda protegida. La portavoz adjunta de Compromís en las Corts, Paula Espinosa, denuncia que la urgencia «no responde a ninguna necesidad real» y la atribuye a la prisa del president por dejar «los negocios bien arreglados a los amigos antes de que se acabe la legislatura».

usos turísticos suelo protegido

El Escenario Valenciano

El pulso por la Ley del Suelo valenciana dibuja el tablero de la Comunitat Valenciana a las puertas de un nuevo curso parlamentario. El Consell de Juanfran Pérez Llorca, sostenido por el pacto PP-Vox, mantiene un ritmo legislativo acelerado. La oposición de PSPV y Compromís se concentra en el procedimiento: menos plazo, menos comparecencias, menos control. Es la misma tensión que atraviesa otras normas del Consell, donde la mayoría aprueba y la minoría recurre al relato del atropello.

La dimensión nacional también pesa. Las leyes de suelo autonómicas se han convertido en un campo de batalla entre modelos: el PP reivindica agilidad y vivienda; el Gobierno de Pedro Sánchez y el PSOE apelan a las garantías y a la Ley estatal de vivienda. La tramitación valenciana se leerá en clave de estrategia del PP en las comunidades donde gobierna. Y llega con la DANA todavía en el retrovisor: reconstrucción, uso del suelo y protección frente a inundaciones son ya un único debate.

Queda el calendario de las Corts. Cerrado el plazo de enmiendas, el siguiente paso es el debate de totalidad y, después, el trabajo en ponencia. El Consell quiere la norma aprobada antes de que acabe la legislatura; la oposición promete llevarla a los tribunales si el texto final mantiene la DIC indefinida. En el aire queda una pregunta que afecta a miles de propietarios y a los municipios: quién decide, al final, qué se construye y dónde.

Ficha del Caso

  • El caso: La Mesa de les Corts tramita por urgencia la nueva Ley del Suelo valenciana, un texto de 400 artículos que sustituye al TRLOTUP de 2021.
  • Datos importantes: 53 reparos del Consell Jurídic Consultiu, dictamen del 16 de septiembre; las DIC pasan de 30 años a permanentes; se elimina la distancia mínima de 1.000 metros.
  • Resumen: El Consell acelera una norma que redefine el suelo rústico valenciano y reduce el control municipal, con la oposición del PSPV y Compromís.