Feijóo califica el absentismo laboral de ‘cáncer’ y propone reducir la prestación por baja

Jaume Mónica
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Feijóo califica el absentismo laboral de ‘cáncer’ y propone reducir la prestación por baja

EN 30 SEGUNDOS

  • ¿Qué ha pasado? Feijóo ha calificado el absentismo laboral como «un cáncer que España no puede pagar» y ha abierto el debate sobre reducir la prestación por baja, ante un coste que supera los 30.000 millones de euros anuales.
  • ¿Quién está detrás? El presidente nacional del PP, Alberto Núñez Feijóo, durante un encuentro con directivos en el País Vasco este martes.
  • ¿Qué impacto tiene? La propuesta, aún sin formalizar, tensa al Gobierno y moviliza a la izquierda, mientras Génova la defiende como una medida de responsabilidad fiscal que conecta con el votante trabajador.

Feijóo ha agitado el debate económico con una propuesta que irrumpe de lleno en la agenda social. En un foro de Ejecutivos vascos, el líder del PP sugirió que los trabajadores de baja deberían cobrar menos mensualmente y calificó el incremento del absentismo como «un cáncer que el país no puede seguir financiando». La reacción de la izquierda y los sindicatos no se ha hecho esperar, pero el dato que subyace tiene un peso innegable.

La propuesta: frenar la sangría de la baja laboral

El presidente nacional puso cifras a un problema que, según sus palabras, «no se sostiene». El absentismo laboral cuesta más de 30.000 millones de euros cada año y contribuye a un déficit de la Seguridad Social que ronda los 70.000 millones. «Estamos hablando de un agujero que se come cualquier posibilidad de equilibrar las cuentas», aseguró Feijóo, según han confirmado a Moncloa.com fuentes de Génova.

La propuesta, todavía sin articulación legislativa, apunta a modular la prestación por incapacidad temporal para desincentivar el absentismo injustificado. La idea no es nueva en el entorno popular: varias comunidades gobernadas por el PP, como Madrid o Andalucía, ya han introducido controles más estrictos en la gestión de las bajas en el sector público autonómico. Feijóo ha llevado ahora el debate al plano nacional, en un momento en que la economía y la credibilidad fiscal centran la estrategia del partido.

La izquierda reacciona: de Sánchez a los sindicatos

El Gobierno y las centrales sindicales arremetieron de inmediato contra el líder popular, tachando su intervención de «ataque a la clase trabajadora». El presidente Sánchez, sin citarle directamente, dejó caer durante la sesión de control que «rebajar los derechos de los trabajadores nunca será el camino». Los secretarios generales de CCOO y UGT coincidieron en que la propuesta es «una provocación» y recordaron que la prestación por baja es un derecho conquistado.

La controversia ganó intensidad tras la reflexión en redes de Gabriel Rufián, portavoz de ERC. «El problema no es el discurso contra la clase trabajadora de Feijóo, el problema es la cantidad de clase trabajadora que votará a Feijóo gracias a ese discurso», escribió en X. Y añadió: «¿Qué hacemos mal para que esto pase?». La autocrítica del independentista, que ya acumula cientos de miles de visualizaciones, revela una fractura en el discurso de la izquierda: una parte de la base electoral ve en la gestión popular una alternativa de sentido común que los partidos progresistas no logran contrarrestar.

Más allá de la polémica, Feijóo ha colocado la sostenibilidad del sistema de protección social en el centro de la campaña permanente: un terreno donde el PP se mueve con comodidad.

El Eje del Poder Popular

La jugada tiene lecturas que van más allá de la anécdota. Génova interpreta el gesto como una señal de responsabilidad fiscal ante una opinión pública cada vez más sensible al derroche. El entorno de Feijóo subraya que la propuesta conecta con el votante que madruga y cotiza, justo el perfil que en las últimas citas electorales ha girado hacia el PP. Además, la dirección nacional ha recibido con satisfacción el apoyo implícito de los barones territoriales: Ayuso, Moreno y Mazón llevan meses aplicando políticas de contención del gasto y han encontrado en el absentismo un argumento para defender sus presupuestos autonómicos.

En clave territorial, la propuesta aterriza con fuerza en comunidades como la Comunidad Valenciana o la Región de Murcia, donde los gobiernos populares ya han endurecido los controles de bajas en la administración local. Nuestro análisis indica que se trata de un movimiento que, sin necesidad de presentar un proyecto de ley inmediato, permite al PP marcar campo frente a un Gobierno desgastado que hasta ahora ha evitado poner el foco en este coste. El riesgo, eso sí, es que una comunicación torpe pueda alienar a colectivos sensibles, pero en Génova están convencidos de que el mensaje, bien explicado, encuentra más respaldo que rechazo.

Lo que observamos es un patrón que se repite: cada vez que Feijóo plantea una medida controvertida en el terreno económico, la izquierda reacciona con descalificaciones y, sin embargo, el PP refuerza su credibilidad. Un precedente válido fue la bajada de impuestos autonómicos o el debate sobre la inmigración: el partido azul logró capitalizar el descontento ciudadano con la gestión del Gobierno mientras los rivales quedaban atrapados en su propia retórica.

🏛️ El Apunte de Génova

  • Mensaje fuerza: Defender la sostenibilidad del sistema de protección social y conectar con el trabajador responsable, frente a un Gobierno que ignora el coste del absentismo.
  • Protagonista: Alberto Núñez Feijóo (presidente nacional del PP).
  • Próximo hito: La dirección popular dará a conocer en los próximos días si traslada la propuesta al Grupo Parlamentario para su eventual tramitación como iniciativa legislativa.

Las confluentes de Sumar reclaman un frente común de la izquierda ante la falta de organización

Iñigo Larrea
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Las confluentes de Sumar reclaman un frente común de la izquierda ante la falta de organización

La llamada a la unidad de la izquierda resurge desde los territorios , que mejor han resistido el desgaste electoral. Unidas por Extremadura y Adelante Andalucía, dos de las confluentes con mayor proyección dentro de Sumar, han coincidido en exigir un frente común que compita con garantías en unas generales que se vislumbran cada vez más cercanas.

El grito desde los territorios

El penúltimo capítulo del podcast Asalto, emitido por El Salto, ha servido de altavoz a dos voces que —sin alharacas— representan la columna vertebral de la izquierda que sí suma en las urnas. Irene de Miguel, portavoz de Unidas por Extremadura en la Asamblea autonómica, y José Ignacio García, cabeza visible de Adelante Andalucía en las elecciones del 17 de mayo, dejaron claro que la fragmentación actual es el principal lastre para ser tercera fuerza en las circunscripciones decisivas. Sin un bloque cohesionado, la izquierda se arriesga a perder la batalla por la tercera plaza frente a Vox, condenando al PSOE a la irrelevancia y abriendo la puerta a Feijóo.

Los resultados autonómicos avalan la urgencia. Unidas por Extremadura ganó tres escaños el 21 de diciembre, mientras que Adelante Andalucía rozó el 10% de los votos y fue tercera fuerza en Sevilla y Cádiz. Ambas confluentes, con identidades territoriales muy marcadas, comparten un diagnóstico: la suma de esfuerzos es posible y necesaria, pero choca con una estructura de partidos que aún no ha encontrado ni nombre ni liderazgo claros.

La fractura que lastra cualquier acuerdo

La conversación del podcast puso el dedo en la llaga de un espacio político en crisis permanente. No existe ni siquiera una denominación consensuada para la coalición de izquierdas: “izquierda federalista”, “a la izquierda del PSOE” o simplemente “lo que no es un frente de izquierdas”. Esa ausencia de identidad es, en sí misma, un dato sobre el enorme desaguisado organizativo. En la práctica, la dispersión castiga especialmente en las provincias donde la tercera posición es la única vía para frenar un gobierno del PP con el apoyo de la extrema derecha.

El ciclo autonómico ha demostrado que la izquierda puede superar a Vox en Galicia, Euskadi, Barcelona, Valencia, Cádiz y Sevilla. Pero en el resto del territorio, la tercera plaza parece una quimera. Irene de Miguel y José Ignacio García coincidieron en que el tiempo apremia: septiembre puede traer una ventana electoral y, con ella, la necesidad de articular una candidatura unitaria que no se diluya en siglas fragmentadas.

Las cuentas no cuadran sin un frente común que convierta los buenos resultados autonómicos en una plataforma competitiva para las generales.

La Dinámica de Coalición

El equilibrio interno de Sumar se tambalea cuando las confluentes más exitosas alzan la voz. Adelante Andalucía ya ha anunciado que concurrirá a las generales con marca propia, lo que obliga a Sumar a negociar una integración que respete su arraigo territorial sin fracturar la imagen de unidad. Por su parte, Unidas por Extremadura —superviviente de las mareas municipalistas de 2016— mantiene su autonomía dentro del espacio, pero su portavoz dejó claro que la reconstrucción de un proyecto común pasa por reconocer el peso de los territorios.

En la dimensión de coalición, el mensaje de las confluentes interpela directamente al PSOE. Una izquierda más vertebrada sería un socio más exigente para Pedro Sánchez, pero también un aliado más sólido para sostener la legislatura. Las tensiones son patentes: mientras Sumar intenta coser las costuras con Podemos —que sigue con sus cinco diputadas—, los confluentes periféricos reclaman un protagonismo que refleje su pujanza electoral. El precedente de Más País o Compromís en citas anteriores muestra que los acuerdos son viables cuando hay voluntad política; la incógnita es si esa voluntad estará presente en el momento de la verdad.

La proyección apunta a un otoño caliente. Sin un congreso interno a la vista y con el riesgo cierto de un adelanto electoral, la presión para cerrar un frente común se intensificará a partir de septiembre. El tiempo juega en contra de quienes aún discuten nombres cuando lo urgente es sumar siglas en las papeletas.

Ficha del Caso

  • El caso: Las confluentes de Sumar —Unidas por Extremadura y Adelante Andalucía— han utilizado un podcast de El Salto para reclamar un frente común de la izquierda ante un horizonte electoral incierto y la fragmentación del espacio político. La ausencia de un nombre y un liderazgo definidos complica la articulación de una candidatura unitaria.
  • Datos importantes: Adelante Andalucía alcanzó cerca del 10% de los votos en las autonómicas del 17 de mayo y fue tercera fuerza en Sevilla y Cádiz. Unidas por Extremadura sumó tres escaños en la Asamblea en diciembre. Ambas forman parte del ecosistema de Sumar, pero mantienen una fuerte identidad territorial. La posibilidad de un adelanto electoral sitúa septiembre como fecha clave para cualquier acuerdo.
  • Resumen: La capacidad de la izquierda para superar a Vox en las circunscripciones estratégicas depende de que el frente común sea una realidad, no un eslogan. La dinámica de coalición se tensa entre la urgencia de las confluentes y la lentitud de la reestructuración orgánica de Sumar.

Sumar negocia con el PSOE los Presupuestos de 2027: vivienda, fiscalidad y ayudas por hijo

Iñigo Larrea
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Sumar negocia con el PSOE los Presupuestos de 2027: vivienda, fiscalidad y ayudas por hijo

Sumar ha puesto sobre la mesa de negociación con el PSOE para los Presupuestos Generales del Estado de 2027 tres ejes prioritarios: la ampliación de la dependencia, nuevas dotaciones en vivienda y la mejora de la prestación por hijo a cargo, que actualmente cubre solo hasta los tres años. La formación que aún lidera Yolanda Díaz afronta esta negociación con la vista puesta en un posible adelanto electoral al primer trimestre de 2027 y en plena recomposición de su espacio político.

Las líneas rojas de Sumar: dependencia, vivienda y ayudas fiscales

La portavoz adjunta de Sumar en el Congreso, Aina Vidal, enmarcó la negociación como una oportunidad para “presentar nuestro modelo de país y de gobierno” y exigió que “no sea humo ni una forma de distraer a nadie”. El coordinador federal de Izquierda Unida, Antonio Maíllo, fue más tajante al advertir de que “sería una frivolidad” presentar las cuentas sin intención real de aprobarlas, y subrayó que “las cuentas se presentan para ser aprobadas”. La exigencia de que las cuentas no sean un artificio es compartida por todos los confluentes.

Fuentes de Sumar apuntan a que, más allá de las ayudas sociales, la negociación incluirá una batería de medidas fiscales. Hace dos años, en el último amago presupuestario, la coalición planteó una reforma profunda de los tres grandes impuestos —Sociedades, IRPF e IVA— para hacerlos más progresivos y la creación de nuevas figuras impositivas destinadas a rentas altas y bienes de lujo. El PSOE ya rechazó subir impuestos en aquella ocasión, pero Sumar vuelve a la carga.

El Gobierno debe presentar el proyecto en el Congreso antes del 1 de octubre. Este miércoles, tras la cumbre de la OTAN en Ankara, Pedro Sánchez explicó que aún deben “acordar internamente” el texto. Sin embargo, varios socios de investidura confirman que no ha habido intercambio sustancial de propuestas. “Que presente el proyecto, ese es el primer paso, y ya hablaremos luego de prioridades”, señala una fuente de uno de los partidos aliados. Sumar busca exprimir el plazo para conseguir compromisos antes de que el debate se traslade al Congreso.

El escaparate electoral y la presión interna

En privado, dirigentes del espacio a la izquierda del PSOE dan por hecho que, si los Presupuestos fracasan en el Congreso —algo casi seguro con la mayoría de PP, Vox y Junts—, Sánchez adelantará los comicios al primer trimestre de 2027. Para Sumar, sin marca ni candidato definidos, el escaparate presupuestario se convierte en un instrumento de rearme político para exhibir sus conquistas y diferenciarse del PSOE.

La formación de Yolanda Díaz necesita demostrar que sus demandas no son mera retórica electoral. La prestación por hijo a cargo ampliada a los seis años y un plan de choque en dependencia son medidas de gasto público elevado que el Ministerio de Hacienda deberá encajar en el techo de gasto. La presión de los confluentes, especialmente de IU y los Comuns, es máxima para que los Presupuestos, aunque no se aprueben, sirvan como programa electoral.

Sumar necesita que la negociación de los Presupuestos no sea solo un trámite condenado al fracaso: debe lograr compromisos del PSOE que luego pueda exhibir en la campaña como parte de su hoja de ruta común, aunque el Congreso los tumbe.

La Dinámica de Coalición

Dentro de Sumar, la negociación presupuestaria reabre tensiones latentes entre quienes priorizan una estrategia de presión al PSOE y quienes apuestan por un perfil más cooperativo para no desestabilizar al Gobierno. IU, con Antonio Maíllo al frente, presiona para que las cuentas reflejen la agenda social sin concesiones, mientras que sectores más cercanos a Yolanda Díaz temen que una ruptura prematura acelere el adelanto electoral antes de tener una candidatura consolidada.

El PSOE sabe que cualquier medida de gasto que acepte en el proyecto será luego utilizada por Sumar como una conquista propia. El PSOE ya ha informado a las comunidades autónomas de una subida del 8% en la financiación para 2027, lo que estrecha el margen de maniobra para nuevas partidas sociales. La experiencia de la prórroga de los alquileres, que Sumar logró arrancar a los socialistas hace pocas semanas, demuestra que la formación a la izquierda del Gobierno puede torcer el brazo del PSOE en cuestiones clave.

Con un Congreso que previsiblemente tumbará los objetivos de estabilidad este mismo mes, la negociación será más bien una declaración de intenciones. El verdadero campo de batalla será la campaña electoral que se vislumbra para el primer trimestre de 2027. Sumar, sin estructuras territoriales consolidadas, necesita que los Presupuestos le sirvan de coartada para movilizar al electorado progresista y frenar la fuga de votos hacia otras opciones.

Ficha del Caso

  • El caso: La negociación de los Presupuestos Generales del Estado para 2027, en la que Sumar trata de plasmar sus principales reivindicaciones sociales (dependencia, vivienda y prestación por hijo) mientras se prepara para un posible adelanto electoral.
  • Datos importantes: El proyecto debe presentarse antes del 1 de octubre de 2026. El Gobierno prevé un aumento del 8% en la financiación autonómica para 2027, según informó Hacienda a las comunidades. Las medidas clave incluyen ampliar la prestación por hijo más allá de los tres años.
  • Resumen: Para Sumar, estos Presupuestos son el escaparate con el que reconstruir su imagen electoral y marcar perfil propio en el Gobierno; el PSOE los utiliza como moneda de cambio ante un posible fracaso legislativo.

El Tribunal Constitucional rechaza la cuestión contra los perfiles de euskera en la Administración vasca

Iker Etxebarria
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El Tribunal Constitucional rechaza la cuestión contra los perfiles de euskera en la Administración vasca

El Tribunal Constitucional ha inadmitido a trámite la cuestión de inconstitucionalidad planteada por el Tribunal Superior de Justicia del País Vasco (TSJPV) contra la exigencia de perfiles lingüísticos de euskera en la función pública vasca. La decisión, adoptada el 23 de junio y no divulgada hasta este miércoles, según ha adelantado el diario ‘Gara’ y ha podido confirmar Moncloa.com, cierra una vía judicial que cuestionaba el modelo de normalización del euskera en la administración.

El inciso recurrido, incluido en la Ley 11/2022 de empleo público vasco, establecía que “todos los puestos de trabajo existentes en las administraciones públicas vascas, sus instituciones y organismos, incluidos aquellos de naturaleza temporal o coyuntural, tendrán asignado su correspondiente perfil lingüístico, determinado según las características y necesidades comunicativas atribuidas a dichos puestos de trabajo y a las destrezas lingüísticas exigibles a dicho fin”. La sala de lo contencioso-administrativo del TSJPV elevó la cuestión al considerar que dicha exigencia generalizada podía vulnerar los principios de mérito y capacidad, al requerir el euskera incluso en puestos sin función comunicativa real en esa lengua.

No obstante, la situación normativa ha cambiado en las últimas semanas. El Parlamento Vasco aprobó a mediados de junio una reforma de la misma ley, impulsada por el PNV y que salió adelante con la abstención de EH Bildu, pese al voto en contra del PSE-EE, socio del Gobierno autonómico. La modificación suprimió los índices generales de plazas perfiladas y otorgó a cada administración convocante la potestad de fijar los criterios de asignación de los perfiles lingüísticos.

La reforma que aporta seguridad jurídica

La nueva redacción establece tres criterios para determinar los perfiles: la realidad sociolingüística, la naturaleza y funciones del puesto de trabajo, y la planificación y objetivos de normalización de cada institución. Según fuentes del Gobierno vasco, estos parámetros se inspiran en la doctrina y jurisprudencia previas y ofrecen “mayores garantías para el conjunto de la ciudadanía”. La reforma entró en vigor pocos días antes de que el Constitucional dictara su auto.

La inadmisión del recurso, aunque se refiere a la norma de 2022, refuerza un modelo lingüístico que el Ejecutivo vasco califica de amplio consenso, mientras PP y Vox anuncian nuevos recursos contra la ley reformada.

El PP ya ha manifestado su intención de recurrir la ley vigente ante el mismo tribunal, y Vox también se opone. Ambos partidos consideran que la exigencia del euskera puede vulnerar la igualdad de acceso a la función pública. La abstención de EH Bildu, por su parte, permitió desbloquear la reforma sin el apoyo del PSE-EE, evidenciando las diferentes sensibilidades dentro del arco parlamentario vasco.

Reacciones políticas al auto

Fuentes del Gobierno vasco han calificado la decisión del Constitucional como “una noticia positiva” y han subrayado que “viene a respaldar el modelo que las Administraciones vascas han construido durante años con amplios consensos”. El Ejecutivo de Imanol Pradales destaca que la inadmisión salvaguarda el sistema “al margen de los recursos presentados por el PP y Vox” y que la reforma recién aprobada dota de “mayor seguridad jurídica” a las convocatorias.

Por su parte EH Bildu también celebra el auto como “una muy buena noticia para quienes defendemos la igualdad efectiva del euskara”. El parlamentario Josu Aztiria afirmó que “la ofensiva contra el euskara no ha cesado”, pero que su formación seguirá trabajando para dotar a la lengua de “un nuevo estatus”. La coalición abertzale mantiene el objetivo de que el euskera sea requisito generalizado en la función pública.

El auto del Constitucional no se pronuncia sobre la nueva redacción de la ley, por lo que los eventuales recursos del PP y Vox contra el texto vigente deberán ser admitidos en el futuro. La decisión actual, en todo caso, refuerza la posición del Gobierno vasco y del Parlamento Vasco en su apuesta por la normalización lingüística.

Euskadi ultima su ‘ley de tataranietos’ para ampliar la ciudadanía vasca hasta el cuarto grado

Iker Etxebarria
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Euskadi ultima su ‘ley de tataranietos’ para ampliar la ciudadanía vasca hasta el cuarto grado

El Gobierno Vasco ha redactado ya el borrador de la ley de la diáspora, una norma que amplía el concepto de “ciudadanía vasca en el exterior” reconociendo a los descendientes hasta el cuarto grado —hasta tataranietos— de quienes residen fuera de España pero mantienen la nacionalidad y su última vecindad administrativa en Euskadi. Así consta en la memoria jurídica que acompaña al proyecto, que busca actualizar la ley de 1994 y responder a los distintos perfiles de emigrantes, desde los exiliados de la Guerra Civil hasta los jóvenes que se desplazan hoy por motivos laborales o de estudios.

La norma, todavía sin preámbulo, se tramitará en el Parlamento Vasco a lo largo de 2026, según el calendario legislativo confirmado por el lehendakari Imanol Pradales durante su visita al Jaialdi de Boise (Estados Unidos) en julio de 2025. El objetivo, explicó el Ejecutivo autónomo, es integrar a quienes tienen vínculos de origen con el País Vasco, aunque no ostenten la nacionalidad —competencia exclusiva del Estado—, y facilitar su relación con las instituciones vascas.

Qué reconoce la ‘ley de tataranietos’

El artículo segundo del borrador define como parte de la “ciudadanía vasca en el exterior” no solo a los residentes en el extranjero y a los evacuados durante la Guerra Civil, sino a los “descendientes hasta el cuarto grado en línea recta” que conserven la nacionalidad española y hayan tenido su última vecindad administrativa en la comunidad autónoma. Esta novedad, señalada por la propia memoria jurídica, apunta a reforzar el lazo con generaciones que jamás pisaron Euskadi pero mantienen “una conexión cultural y afectiva”.

Para acreditar ese vínculo, la solicitud podrá presentarse tanto en los consulados españoles como en las delegaciones del Gobierno Vasco en el exterior, actualmente presentes en Madrid, París, Bruselas, Buenos Aires, Bogotá, Santiago de Chile, México DF y Nueva York. La administración vasca considera que estas oficinas, que ya representan a la comunidad autónoma en materias de cooperación y relaciones con las colectividades vascas, son también competentes para gestionar el nuevo reconocimiento.

Derechos y obligaciones para la diáspora

El proyecto de ley enumera una serie de derechos que podrán ejercer los vascos del exterior durante sus estancias en Euskadi. Entre ellos figuran el acceso a la sanidad pública —concretamente al Servicio Vasco de Salud (Osakidetza)—, la posibilidad de acudir al Ararteko (la Defensoría del Pueblo vasca) en defensa de sus intereses, el acceso a cursos de aprendizaje de euskera y la participación en campañas institucionales de visitas y búsqueda de orígenes. No se contempla la equiparación con la ciudadanía plena, pero sí un estatus de “vinculación especial” que antes solo se reconocía de forma genérica.

Paralelamente, la futura ley obliga a las Euskal Etxeak y otras entidades reconocidas a “impulsar la participación en los procesos electorales que se desarrollen en la comunidad autónoma de Euskadi de la ciudadanía vasca en el exterior que tengan derecho a sufragio”. La medida pretende activar el voto del censo CERA, cuyo peso, aunque reducido, ha sido determinante en ocasiones. Según los datos disponibles, en las autonómicas de 2020 y en las generales de 2019 el recuento del voto exterior favoreció al PP, modificando algún escaño.

La ley no crea una nueva nacionalidad, competencia exclusiva del Estado, pero sí reconoce derechos sanitarios, culturales y de participación electoral a los descendientes de vascos en el exterior.

El Ejecutivo autonómico justifica esta revisión integral destacando que la ley vigente de 1994 “ha servido para compactar a la comunidad vasca en el mundo” pero necesita adaptarse a una realidad migratoria más diversa, que incluye a quienes salen temporalmente por estudios o trabajo. La memoria económica subraya que el nuevo perfil de emigrante “no necesariamente vive una situación adversa, sino que busca una experiencia profesional y personal en el exterior”, y que el texto quiere prestar una atención especial a los jóvenes.

Antecedentes y encaje institucional

La iniciativa forma parte del programa de gobierno de la legislatura y fue anunciada por el lehendakari Pradales en el Jaialdi de Boise en julio de 2025, con el horizonte de presentarla en 2026. El borrador, que aún carece de preámbulo, mantiene la arquitectura tradicional de las Euskal Etxeak —como la red NABO en Estados Unidos— pero introduce también canales de relación con otras entidades y redes virtuales. La tramitación, sin embargo, deberá sortear las posibles fricciones competenciales, ya que las concesiones de nacionalidad son potestad del Gobierno central, y la ley autonómica se circunscribe al ámbito de las competencias estatutarias en cultura, acción exterior y sanidad.

De acuerdo con la misma memoria jurídica, la norma incluye un guiño a los exiliados de la Guerra Civil y el franquismo, por considerar que “siguen siendo una época histórica de especial dureza” cuyas consecuencias “perduran hasta la actualidad”. En ese sentido, la ley no solo atiende a los descendientes de la emigración económica, sino que busca reparar simbólicamente a quienes se vieron forzados a abandonar el país por razones políticas.

El calendario legislativo apunta a que el proyecto llegará al Parlamento Vasco en los próximos meses. Una vez se complete la exposición de motivos, el texto será sometido a enmiendas de los grupos parlamentarios. La aprobación definitiva, si la negociación avanza sin contratiempos, podría producirse antes de que finalice 2026, actualizando un marco legal que data de 1994 y que, según el Ejecutivo, dejaba fuera a “nuevas generaciones que siguen sintiéndose parte de la comunidad vasca en el mundo”.

Desmanteladas seis fábricas ilegales de tabaco con 50 detenidos y 20 millones de cigarrillos

Pablo Navarro
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Desmanteladas seis fábricas ilegales de tabaco con 50 detenidos y 20 millones de cigarrillos

La Guardia Civil ha desmantelado seis fábricas ilegales de tabaco en un operativo que ha dejado 50 detenidos y más de 20 millones de cigarrillos incautados, según ha informado este miércoles la Guardia Civil. La intervención ha tenido lugar en las provincias de Alicante, Cuenca, Huelva, Murcia, Sevilla y Toledo, donde se asentaban dos organizaciones criminales de carácter internacional.

Las dos organizaciones y su cadena de producción

Las investigaciones, dirigidas por los juzgados de Instrucción número 2 de Tarancón (Cuenca) y número 5 de Elche (Alicante), han permitido desarticular dos redes diferentes. La primera se centraba en la fabricación y empaquetado de cigarrillos en naves industriales, mientras que la segunda se ocupaba de la distribución del tabaco hacia Portugal, Francia y otros países europeos. Ambas compartían una estructura con células en varias provincias y un flujo constante de trabajadores que residían en las propias instalaciones.

Según los datos del atestado, las seis fábricas ilegales llegaban a producir casi ocho millones de cigarrillos al día. En los registros se han intervenido 38,4 toneladas de picadura y hoja de tabaco cuyo valor en el mercado negro se estima en más de 10 millones de euros. Además, se incautaron 18 vehículos, numerosos dispositivos electrónicos encriptados, 170.000 euros en efectivo y armas de fuego.

Los 23 registros y el material confiscado

La Guardia Civil practicó 23 registros en domicilios, inmuebles y naves industriales de las seis provincias. En ellos, los agentes encontraron:

  • 18 vehículos
  • dispositivos electrónicos encriptados
  • 170.000 euros en efectivo
  • armas de fuego

Estos hallazgos, sumados a la ingente cantidad de tabaco, evidencian la magnitud de la operación criminal.

La investigación sigue abierta y los agentes no descartan nuevas detenciones en los próximos días, según ha confirmado la Guardia Civil.

Siete detenidos en prisión provisional

De los 50 arrestados, siete permanecen en prisión provisional (la medida cautelar de ingreso en prisión durante la investigación, sin condena previa). El resto ha quedado en libertad con medidas cautelares, mientras la instrucción avanza para esclarecer el papel de cada uno de los presuntos implicados. Los dos individuos reclamados por Polonia se encuentran entre los investigados y serán entregados a las autoridades de ese país cuando concluyan los trámites de extradición.

La operación Vernisa y Maidan-Cigalike se inició hace siete años con la colaboración de Europol y los cuerpos de seguridad de Polonia y Lituania. La coordinación internacional permitió seguir la pista al principal sospechoso, un ciudadano polaco que itineraba por España. La Guardia Civil subraya que la investigación no se da por cerrada y que se prevén nuevas actuaciones en las próximas semanas.

Adiós a la duda del reciclaje: el error que casi todos cometen al tirar las bolsas de pan (y cómo acertar siempre)

Ana Carina Rodríguez
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Adiós a la duda del reciclaje: el error que casi todos cometen al tirar las bolsas de pan (y cómo acertar siempre)

Nada como una buena barra de pan con ese crujiente dorado… y luego la bolsa. Papel marrón, aspecto rústico, una pequeña ventana transparente para ver el contenido. Y tú, sin pensarlo, la tiras al contenedor azul. Error. Uno que cometen millones de hogares y que, según los expertos, está contaminando toneladas de papel reciclado cada año. Yo mismo he tirado muchas bolsas al azul hasta que entendí esto.

El secreto del éxito

  • Ventana transparente = plástico: Si la bolsa tiene una ventana, aunque el resto sea papel, esa lámina es plástico y convierte todo el envase en compuesto. No va al azul.
  • Ha contenido grasa o humedad: Si la bolsa estuvo en contacto con pan con aceite o mantequilla, es muy probable que lleve una capa interior impermeable de plástico, como los envases de comida rápida.
  • El test del desgarro: Arranca un trozo. Si aparece una película brillante que se estira o agrieta de forma distinta al papel, tienes un material compuesto. Al contenedor de envases.

Por qué el papel no siempre es reciclable como papel

Según ha explicado la experta en envases de la NABU (Unión para la Conservación de la Naturaleza), Katharina Istel, en declaraciones recogidas por la cadena pública alemana SWR, los envases de papel destinados a alimentos grasos, húmedos o líquidos deben depositarse en el contenedor de envases, ya que incorporan capas de plástico u otros materiales para proteger el contenido. Esta categoría, definida por la Agencia Federal de Medio Ambiente de Alemania (Umweltbundesamt) como envases compuestos, incluye precisamente las bolsas de pan con ventana.

El problema va más allá de una simple confusión doméstica. El doctor Arne Krolle, experto en papel, señalaba a SWR que estos materiales mezclados pueden contaminar el reciclaje del papel. Cuando llegan a las plantas de tratamiento, dificultan la separación de fibras y reducen la calidad del material reciclado, lo que en algunos casos obliga incluso a desechar parte de la carga. Ese pequeño descuido tiene consecuencias industriales.

Además, desde la NABU y el Servicio de Consumidores de Baviera advierten de que muchos de estos envases transmiten una falsa sensación de sostenibilidad. El predominio del papel en su diseño puede hacer pensar que son totalmente reciclables como papel, cuando en realidad contienen plásticos o recubrimientos invisibles. La Agencia Federal de Medio Ambiente alemana lo relaciona directamente con el llamado greenwashing o ecoblanqueo.

La combinación de materiales en un mismo envase no solo complica el reciclaje: puede arruinar toda una partida de papel limpio en la planta de tratamiento.

Otros envases cotidianos que merecen ir al amarillo

Las bolsas de pan no son las únicas que juegan al despiste. Cualquier envase vacío fabricado con plástico, metal o materiales compuestos debe depositarse en el contenedor de envases, que en España es el contenedor amarillo. Presta atención a estos tres ejemplos habituales:

Las cajas de comida preparada (las típicas de cartón de los supermercados) suelen tener un interior plastificado para aguantar salsas o jugos. Por su aspecto inofensivo, muchas acaban en el azul, pero son envases compuestos.

Los envoltorios de patatas fritas o aperitivos, aunque parezcan papel metalizado, son una mezcla de aluminio y plástico. Tampoco van al contenedor de papel ni al orgánico: al amarillo.

Y los vasos de café para llevar, aunque parezcan de cartón, llevan una fina capa de polietileno que los hace impermeables. Eso los convierte en material compuesto. Si los tiras al azul, estás cometiendo el mismo error que con la bolsa del pan.

Así que la próxima vez, antes de tirar la bolsa, mírala dos veces. Tu contenedor azul te lo agradecerá.

Antifraude insta al Ayuntamiento de Valencia a reforzar la contratación tras detectar pliegos a medida en bomberos

Amparo Soler
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Antifraude insta al Ayuntamiento de Valencia a reforzar la contratación tras detectar pliegos a medida en bomberos

EN 30 SEGUNDOS

  • ¿Qué ha pasado? La Agencia Valenciana Antifraude ha resuelto que el Ayuntamiento adjudicó un contrato de 153.430 euros para tablets y sistemas embarcados de bomberos con pliegos calcados de una propuesta comercial previa y un sobrecoste de casi 15.000 euros.
  • ¿Quién está detrás? La adjudicataria Aprolis Iberia (antes Alfaland), que fue la única licitadora, obtuvo información privilegiada y firmó una declaración falsa de ausencia de conflicto de intereses.
  • ¿Qué impacto tiene? Antifraude recomienda anular el beneficio económico de la empresa y que el Ayuntamiento ponga en marcha los mecanismos de control ético que lleva años sin activar.

La Agencia Valenciana Antifraude ha constatado que el Ayuntamiento de Valencia adjudicó un contrato de 153.430 euros para sistemas informáticos del servicio de bomberos con pliegos copiados de una propuesta comercial previa y un sobrecoste de casi 15.000 euros.

Un contrato a medida y un precio hinchado en el servicio de Bomberos

La resolución, emitida por el organismo que dirige Eduardo Beut, detalla que la empresa Aprolis Iberia (antes Alfaland) remitió al consistorio una propuesta comercial en 2022, meses antes de que se redactaran los pliegos. Las especificaciones técnicas del concurso, que se publicó finalmente en 2023, coincidían punto por punto con aquella oferta. La firma, además, negoció con el fabricante Zebra Technologies un precio cerrado, con el compromiso de «inflar ligeramente» el importe, según conversaciones recogidas en el expediente.

El contrato ascendió a 153.430 euros, pero la agencia ha calculado que el coste de mercado era unos 15.000 euros inferior. La empresa fue la única que concurrió. La documentación de Antifraude revela que un funcionario municipal mantuvo contactos con la adjudicataria desde 2022, pero el Ayuntamiento no verificó la declaración de ausencia de conflicto de intereses (DACI) firmada por la mercantil, en la que negaba haber participado en la preparación. Una mentira, a juicio de la agencia.

El Ayuntamiento no activó sus propios mecanismos de control

El Ayuntamiento de València dispone desde 2023 de un Plan de Medidas Antifraude y un Comité Ético de Contratación que, sin embargo, nunca se han puesto en marcha. Antifraude ya había reclamado al gobierno de María José Catalá que los activara, y en esta resolución insiste: la falta de controles permitió que un contrato se adjudicara a la empresa que, según todos los indicios, redactó de facto los pliegos.

El contrato fue adjudicado a Aprolis Iberia, la única empresa que se presentó.

La Agencia ha resuelto que el contrato fue diseñado para una sola empresa, que conocía de antemano lo que el Ayuntamiento iba a licitar.

Las conversaciones telefónicas aportadas muestran a responsables de la empresa diciendo «tú le pasas la información al Ayuntamiento o a los bomberos de lo que tienen que sacar» y «ya estamos hablando con el fabricante (…) tenemos el precio protegido». La agencia ve en estos hechos «prácticas potencialmente fraudulentas» o «banderas rojas» de la contratación pública.

Antifraude también apunta a un pacto de precios entre fabricante y distribuidor y recomienda anular el beneficio empresarial, de modo que solo se abone el coste de los dispositivos ya entregados. La Fiscalía archivó la vía penal en 2024, pero la agencia puede investigar irregularidades administrativas.

El Escenario Valenciano

El hallazgo pone contra las cuerdas al equipo de gobierno del PP en el Ayuntamiento de València, que ha defendido su colaboración con Antifraude pero no ha activado el plan ético. Juan Carlos Caballero, concejal de Bomberos, ha facilitado la información, según fuentes municipales, pero la agencia señala que los informes técnicos no justificaron las limitaciones de los pliegos. La oposición municipal, con PSPV y Compromís, ya ha pedido explicaciones. A nivel nacional, los casos de contratación opaca en ayuntamientos del PP pueden erosionar la confianza ciudadana, justo cuando el partido de Alberto Núñez Feijóo aspira a consolidar su gestión autonómica. La resolución obliga al consistorio a remitir un informe de medidas correctoras, un cronograma de implantación y un análisis de los fallos del plan antifraude. El reloj corre.

La Agencia Valenciana Antifraude, creada en 2017, es un organismo independiente que supervisa la integridad institucional en la Comunitat. Su director, Eduardo Beut, ha reiterado que sin controles preventivos los contratos a medida pueden repetirse.

Ficha del Caso

  • El caso: Contrato de 153.430 euros del servicio de Bomberos de Valencia para tablets y sistemas embarcados; las especificaciones se copiaron de una propuesta previa de la empresa ganadora, que además infló el precio y mintió sobre su falta de conflicto de intereses.
  • Datos importantes: Resolución de la Agencia Valenciana Antifraude; pliegos a medida detectados; recomendación de anular el beneficio; plan antifraude municipal sin activar desde 2023.
  • Resumen: Antifraude urgió al Ayuntamiento a reforzar los controles de contratación para evitar que un proveedor redacte los pliegos del servicio que luego se adjudica.

El mes de junio fue el segundo más cálido en 65 años: cómo agrava la sequía en el campo

Diego Prados
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El mes de junio fue el segundo más cálido en 65 años: cómo agrava la sequía en el campo

Junio de 2026 fue el segundo más cálido y el tercero más seco en 65 años, según AEMET, agravando la sequía en el campo. La temperatura media en la Península alcanzó los 23,3 grados, 3,2 por encima del promedio, y las precipitaciones apenas llegaron al 39% de lo normal. El avance climático de la AEMET, difundido este miércoles y recogido por ASAJA, confirma la presión creciente sobre los cultivos y las reservas hídricas.

El segundo junio más cálido desde 1961: las cifras de la AEMET

La temperatura media en la España peninsular alcanzó los 23,3 grados, lo que supone una anomalía de 3,2 grados por encima del promedio del período 1991-2020, según el avance climático de la AEMET. Este dato sitúa a junio de 2026 como el segundo junio más cálido desde 1961, solo superado por el de 2025. Además, la AEMET resalta que de los 15 junios más cálidos registrados, 13 han ocurrido en el siglo XXI, una evidencia de la aceleración del calentamiento.

Las temperaturas estuvieron por encima de lo normal durante buena parte del mes, con valores especialmente elevados entre el 21 y el 25 de junio. El día 23, las máximas llegaron a situarse unos 9 grados por encima de lo habitual, un episodio de calor inusual incluso para el verano peninsular. Solo en la costa mediterránea, la depresión del Ebro, el valle del Guadalquivir y Baleares las temperaturas se calificaron como «muy cálidas» en lugar de «extremadamente cálidas».

Un mes muy seco: la falta de lluvias en el campo

La precipitación media sobre la España peninsular fue de solo 12,4 litros por metro cuadrado, lo que representa apenas el 39% del valor normal. Junio de 2026 se convirtió así en el tercer junio más seco de la serie histórica, según los datos de la AEMET. La falta de lluvias fue generalizada.

Las zonas más afectadas incluyen el valle del Ebro, el litoral mediterráneo, el interior de la Comunidad Valenciana, Murcia, Castilla y León y sectores de Galicia. Apenas se registraron precipitaciones significativas, salvo en el norte, donde Donostia/San Sebastián-Igeldo acumuló 84,6 litros en el mes, una cantidad excepcional en un contexto de sequía general.

La combinación de temperaturas récord y la escasa lluvia deja a los cultivos de secano en una situación crítica de cara al verano.

Los agricultores y las organizaciones agrarias llevan años advirtiendo que los episodios repetidos de calor extremo y sequía minan la rentabilidad de las explotaciones y aumentan la incertidumbre. La recurrencia de estos récords, como subraya la AEMET, es una señal más del cambio climático en España.

Impacto directo en la agricultura y la sequía

El calor extremo y la falta de agua llegan en un momento clave para los cultivos de secano —como el cereal, el olivar y la vid—, que dependen exclusivamente de la lluvia para su desarrollo. La ausencia de precipitaciones y las temperaturas anómalas aceleran la evaporación y agravan el déficit hídrico acumulado en el suelo. En el caso del cereal de invierno, la cosecha está avanzada, pero la falta de agua en junio compromete la nascencia de los próximos cultivos de otoño y el estado de los pastos para la ganadería extensiva.

Además, un mes tan seco reduce las aportaciones a los embalses y aumenta la demanda de riego en el regadío, justo cuando las reservas arrastran meses de escasez. La AEMET no ha ofrecido aún proyecciones para los próximos meses, pero los datos de junio confirman que la sequía meteorológica se está intensificando y que las perspectivas son inciertas, lo que obliga al campo español a afrontar un verano complicado.

Claves del Mundo Rural

  • 📌 Lo que debes saber: Junio de 2026 fue el segundo más cálido y el tercero más seco desde 1961, según AEMET, con 3,2 grados de anomalía térmica.
  • 👥 A quién afecta: A los agricultores de secano y regadío de toda la Península, especialmente en las zonas más afectadas por la sequía.
  • ⏭️ Qué consecuencias puede traer: Pérdida de cosechas, mayor necesidad de riego y agravamiento de la sequía estructural en el campo.

Reparto de 132,3 millones para el campo: las claves de los fondos de la Conferencia Sectorial para el viñedo

Diego Prados
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Reparto de 132,3 millones para el campo: las claves de los fondos de la Conferencia Sectorial para el viñedo

La Conferencia Sectorial de Agricultura y Desarrollo Rural (el foro de cooperación entre el Gobierno y las comunidades autónomas en materia agraria) ha acordado hoy, 9 de julio de 2026, la distribución territorial de 132,3 millones de euros destinados a dos líneas estratégicas: la lucha contra enfermedades animales y vegetales y las medidas de la Intervención Sectorial Vitivinícola de la Política Agraria Común (PAC, el sistema de ayudas al campo financiado por la Unión Europea).

Los dos bloques de financiación: sanidad y viñedo

Del montante total, 18,5 millones de euros se canalizarán a través de programas de sanidad animal y vegetal que gestionarán las comunidades autónomas. La cuantía busca reforzar la prevención y el control de epizootias y plagas que ponen en riesgo al sector ganadero y agrícola, según la nota difundida por la Conferencia Sectorial.

Estos programas son cruciales para mantener el estatus sanitario del ganado español, uno de los principales activos de la exportación cárnica. La vigilancia epidemiológica y las campañas de saneamiento ganadero dependen de fondos como los aprobados hoy, que permiten a las administraciones regionales ejecutar sus planes anuales.

La Intervención Sectorial Vitivinícola, pilar de la PAC para el vino

Los 113,7 millones restantes corresponden a la Intervención Sectorial Vitivinícola (ISV), el instrumento específico de la PAC para el sector del vino. La ISV financia actuaciones como la reestructuración de viñedos, la promoción en mercados internacionales y las inversiones en bodegas, según establece el Plan Estratégico Nacional de la PAC.

La distribución aprobada hoy permite que cada comunidad autónoma ponga en marcha las convocatorias previstas para esta campaña. El reparto se ha acordado entre el Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación y los consejeros autonómicos, dentro de las reglas que marca el reglamento europeo.

El impacto territorial: viticultura y ganadería en la España vaciada

La viticultura es una actividad económica clave en amplias zonas del interior peninsular, desde Castilla-La Mancha hasta Rioja o Ribera del Duero. Las ayudas de la ISV permiten mantener explotaciones y bodegas en áreas con problemas de despoblación, donde el viñedo actúa como freno al abandono.

Por su parte los fondos para sanidad animal refuerzan la ganadería extensiva, esencial para la gestión del territorio y la fijación de población en comarcas de montaña o dehesa. La Conferencia Sectorial ha subrayado que ambos bloques de financiación son un apoyo directo a la economía de las zonas rurales.

El acuerdo moviliza más de 132 millones de euros para dos sectores estratégicos del campo español, con un impacto directo en la economía de las zonas rurales.

🌾 Ficha de la medida

  • Organismo responsable: Conferencia Sectorial de Agricultura y Desarrollo Rural (Ministerio de Agricultura y comunidades autónomas).
  • Normativa o convocatoria: Acuerdo de la Conferencia Sectorial de 9 de julio de 2026.
  • A quién afecta: Todas las comunidades autónomas, ganaderos, viticultores y bodegas.
  • Cuantía / Plazo: 132.334.445 euros (18,5 millones para sanidad animal y vegetal; 113,7 millones para Intervención Sectorial Vitivinícola).
  • Estado: Aprobada, pendiente de ejecución por las CCAA.

Claves del Mundo Rural

  • 📌 Lo que debes saber: La Conferencia Sectorial ha distribuido 132,3 millones entre las comunidades autónomas para sanidad animal y vegetal y para el sector vitivinícola.
  • 👥 A quién afecta: Ganaderos, viticultores y bodegas de toda España, con especial incidencia en zonas rurales dependientes de estas actividades.
  • ⏭️ Qué consecuencias puede traer: Estos fondos permiten mantener programas sanitarios y actuaciones en viñedos que sostienen la economía y fijan población en las áreas más afectadas por la despoblación.

Un incendio forestal en Gavà obliga a confinar a 6.000 personas y activa 19 dotaciones de Bomberos

Pablo Navarro
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Un incendio forestal en Gavà obliga a confinar a 6.000 personas y activa 19 dotaciones de Bomberos

Un incendio forestal declarado este miércoles en Gavà (Barcelona) ha obligado al confinamiento de alrededor de 6.000 personas en varias urbanizaciones y ha activado un dispositivo de 19 dotaciones de los Bomberos de la Generalitat, según han confirmado fuentes de los servicios de emergencia. El fuego, que se inició pasadas las 13.30 horas de ayer, afecta al barrio de Les Ferreres y ha calcinado varios vehículos, generando una densa columna de humo visible desde varios municipios cercanos.

Cómo se originó el incendio y la respuesta inicial

El aviso a los Bomberos de la Generalitat se recibió a las 13:34 horas, tal y como ha detallado el servicio de emergencias. Las llamas comenzaron en las proximidades de la calle Montserrat Roig y se propagaron con rapidez, favorecidas por las altas temperaturas de la ola de calor que afecta a Cataluña. En un primer momento se desplegaron diez dotaciones —siete terrestres y tres aéreas—, pero el operativo se amplió hasta 19 dotaciones, según fuentes del cuerpo de bomberos.

La rápida reacción de los efectivos ha sido clave para contener el avance del fuego en una zona de vegetación forestal. No obstante, las condiciones meteorológicas extremas dificultan las labores de extinción: un total de 210 municipios catalanes afrontan este miércoles un peligro extremo de incendio y otros 455, un riesgo muy alto, recuerda Protección Civil.

El confinamiento de 6.000 personas y el colegio Marcelí Moragas

La medida de confinamiento —la orden de permanecer en el interior de las viviendas para evitar la inhalación de humo— ha sido activada por Protección Civil mediante el sistema Es-Alert. Los mensajes llegaron a los vecinos de la urbanización de Can Tries i Bruguers, a la localidad de Sant Climent del Llobregat y a la zona próxima al Puig de Miramar de Viladecans. En total, unas 6.000 personas han sido instadas a no salir de sus domicilios, según las mismas fuentes.

Paralelamente, las autoridades han confinado el colegio Marcelí Moragas, donde se encontraban los alumnos del casal de verano. Todos los menores y jóvenes han quedado refugiados dentro del edificio para protegerlos de la columna de humo. No constan heridos en todo el episodio.

La situación evoluciona favorablemente y los Bomberos confían en poder estabilizar el incendio en las próximas horas.

La evolución del incendio y las labores de extinción

Según ha informado el Ayuntamiento de Gavà a través de sus redes sociales, «la situación evoluciona favorablemente. Los Bombers han conseguido cerrar el flanco de Gavà y confían en que el incendio pueda quedar estabilizado en las próximas horas». El consistorio ha descartado que el origen del fuego esté relacionado con dos vehículos, como apuntaban algunas informaciones iniciales, y ha subrayado que la investigación sigue abierta para esclarecer las causas exactas.

Durante toda la tarde, la densa humareda ha sido visible desde localidades cercanas, lo que ha llevado al Ayuntamiento de Gavà a pedir a los vecinos que no se acerquen a la zona afectada, ni para observar ni para grabar, a fin de no entorpecer las labores de los 19 dotaciones desplegadas. En paralelo, la Generalitat mantiene cerrado el acceso a siete espacios naturales ante el riesgo extremo de incendio.

El operativo de extinción, que combina medios terrestres y aéreos, continuará durante las próximas horas. Las autoridades insisten en la importancia de seguir las indicaciones de Protección Civil y evitar desplazamientos innecesarios a las áreas afectadas.

Trump ordena un embargo comercial contra España y pide lista de productos

Angie Rivas
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Trump ordena un embargo comercial contra España y pide lista de productos

EN 30 SEGUNDOS

  • ¿Qué ha pasado? Trump ha ordenado preparar un embargo total al comercio con España, tras llamarla ‘causa perdida’ y ‘aliado terrible’ en la cumbre de la OTAN en Ankara.
  • ¿Quién está detrás? El presidente de EE.UU., Donald Trump, y su Administración (Tesoro, USTR y Comercio) elaborarán una lista de productos españoles para un posible embargo.
  • ¿Qué impacto tiene? Peligran 17.000 millones de euros en exportaciones españolas anuales a Estados Unidos, con sectores como el agroalimentario, el automóvil o el farmacéutico en la diana.

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, ha ordenado este miércoles a su administración que prepare un embargo comercial completo contra España, a la que ha calificado de ‘causa perdida’ y ‘aliado terrible en la OTAN’. La amenaza, lanzada durante la cumbre atlántica en Ankara y adelantada por Politico, pone en jaque 17.000 millones de euros en exportaciones españolas anuales y abre un episodio inédito de presión unilateral de Washington sobre un socio europeo.

Horas después, el Gobierno español ha respondido con frialdad tacticista: la relación comercial la tiene la Unión Europea, no Madrid, y Washington no puede embargar a un solo Estado miembro sin chocar con la arquitectura común. Moncloa ha recordado además que Estados Unidos tiene superávit comercial con España (vende más de lo que compra) y, por tanto, se beneficia más de ese intercambio.

La amenaza de Trump: ‘Corten todo el comercio con España’

La explosión verbal del líder republicano se produjo en una rueda de prensa junto al secretario general de la OTAN, Mark Rutte. Según la transcripción recogida por fuentes próximas a la negociación, Trump dijo: ‘España es una causa perdida. Por cierto, ya no queremos hacer ningún negocio comercial con España. Quiero que lo corten. España es un aliado terrible en la OTAN. No participan. No pagan. No quiero saber nada de España. Corten todo el comercio con España, por favor, incluidas las visitas’.

La orden ejecutiva verbal instruye al secretario del Tesoro, Scott Bissent, a elaborar, junto con el Representante Comercial y el Departamento de Comercio, una lista de productos españoles susceptibles de ser embargados. La referencia a ‘corten las visitas’ apunta a un cierre de facto de las relaciones económicas, más allá de los aranceles.

Trump ha vinculado esta escalada al gasto en defensa. En su lógica, España no solo incumple la meta del 5% del PIB que él exige, sino que ‘son hostiles’ y dicen abiertamente que no van a aumentar su inversión militar más allá del 2%. Rutte intentó aplacar la tensión resaltando el avance español hasta ese umbral del 2% el año pasado, pero el gesto no frenó la amenaza.

La cumbre de la OTAN en Ankara se ha convertido así en el escenario de un choque que supera lo retórico: es la primera vez que un presidente estadounidense amenaza con cortar todo el comercio bilateral con un país de la UE alegando falta de compromiso militar. El precedente más cercano son las sanciones parciales impuestas a Francia en 2020 por la tasa digital, pero entonces la amenaza era arancelaria y sectorial, no un embargo integral.

La respuesta de Moncloa: la relación comercial no es de Madrid, es de Bruselas

Desde el Ejecutivo de Pedro Sánchez se ha tratado de rebajar la factura política con un argumento jurídico y otro de conveniencia mutua. El primero: ‘La relación comercial es con la Unión Europea en su conjunto y, por tanto, Estados Unidos no puede singularizar con ningún Estado miembro’, trasladaron fuentes de Moncloa. La Comisión Europea tiene la competencia exclusiva en política comercial común, por lo que un embargo a un país miembro sería un ataque directo al mercado único y probablemente activaría un procedimiento de resolución de disputas ante la OMC.

El segundo argumento es pragmático: la balanza comercial favorece a Washington. España compra a Estados Unidos más de lo que le vende. Las cifras de la balanza bilateral de 2025, las últimas disponibles, muestran un superávit estadounidense de unos 3.000 millones de euros, impulsado por las importaciones de gas natural licuado y material de defensa. En Moncloa interpretan que la amenaza de Trump es ‘más política que económica’ porque perjudicaría primero a sus propias empresas.

Aun así, la preocupación no es nula. El sector exterior español ha logrado diversificar sus destinos en los últimos años, pero Estados Unidos sigue siendo el sexto mercado para las exportaciones nacionales, con un peso especialmente relevante en alimentación y bebidas (aceite de oliva, vino, conservas), automoción y componentes, farmaquímica y bienes de equipo. Un embargo fulminante pondría en riesgo miles de empleos en un momento de desaceleración económica en la eurozona.

Pedro Sánchez, presente en la cumbre, tenía previsto defender que España es ‘un aliado con principios’ que cumple con sus compromisos y que la seguridad europea se construye desde la unidad de los aliados, sin recortar un centímetro del Estado del bienestar interno. En un mensaje en redes sociales la noche anterior, subrayó esa idea, consciente de que la foto de Ankara dejaría una imagen de fractura que solo beneficia a quienes quieren debilitar a la OTAN.

La amenaza de un embargo total contra España es un misil en la línea de flotación de la política comercial común europea: si Washington puede aislar a un socio, el mercado único pierde su razón de ser.

El Eje del Poder Europeo

Más allá del rifirrafe bilateral, el pulso de Trump contra España es una prueba de resistencia para la UE. Bruselas tiene la competencia exclusiva en comercio, pero la Casa Blanca lleva años ignorando esa arquitectura con aranceles selectivos, amenazas de sanciones extraterritoriales y presiones políticas directas sobre gobiernos. El ataque a España es el caso más extremo hasta la fecha y llega en un momento de debilidad interna de la UE, con la presidencia polaca del Consejo centrada en la ampliación y la defensa, pero sin músculo para responder a una crisis comercial con el socio transatlántico.

Los Veintisiete llevan meses forcejeando con la estrategia de autonomía abierta ante un posible segundo mandato de Trump. El plan B, diseñado por la Comisión, incluye un mecanismo de respuesta rápida para activar aranceles compensatorios y un fondo de solidaridad para los sectores afectados. Pero nada está listo. Una embestida contra España pondría a prueba la solidaridad del bloque: los países del norte, liderados por Países Bajos y Dinamarca, han sido reacios a cualquier escalada que tensione el comercio con Estados Unidos. Ahora, sin embargo, la amenaza es contra un miembro fundador, lo que obliga a Berlín y París a dar un paso al frente. De su reacción dependerá que el mercado único salga fortalecido o que se abra una brecha entre los Estados que reciben amenazas y los que miran hacia otro lado.

Para España, el riesgo es una tormenta perfecta: un shock comercial justo cuando el crecimiento se está desacelerando y el margen fiscal para compensar a las empresas afectadas es mínimo tras la reactivación de las reglas fiscales europeas. La próxima revisión del Mecanismo de Recuperación y Resiliencia podría ser la ventana para incluir ayudas directas a los sectores exportadores, pero eso requiere negociar con Bruselas en un clima de exigencia presupuestaria. La lectura estratégica es que, si realmente la Casa Blanca avanza con el embargo, España necesitará de Bruselas más que nunca; y Bruselas necesitará demostrar que es útil cuando uno de los suyos está bajo fuego.

El horizonte está cargado de incertidumbre. La lista de productos que el Tesoro entregará a Trump puede demorarse semanas, pero la amenaza ya está lanzada y la confianza empresarial, dañada. Mientras, la cumbre de la OTAN sigue y Sánchez se juega en sus encuentros bilaterales la credibilidad de su discurso de aliado fiable. El próximo capítulo se escribirá en Washington, pero la respuesta de la UE será el verdadero test de su cohesión.

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