La jueza Tardón detecta contactos con gobiernos extranjeros en la invasión de Ceuta

Rodrigo Casado
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La jueza Tardón detecta contactos con gobiernos extranjeros en la invasión de Ceuta

El auto de la jueza Tardón sobre la invasión de Ceuta aprecia ‘relaciones con individuos vinculados a gobiernos extranjeros’. La titular del Juzgado Central de Instrucción nº 3 de la Audiencia Nacional, María Tardón, constata además ‘algunos indicios de la posible implicación de personas que pudieran ejercer altas responsabilidades en instituciones públicas’.

La resolución supone un giro relevante en la causa que investiga lo ocurrido en la ciudad autónoma. La magistrada no identifica ningún país en el texto del auto, aunque la referencia a ‘gobiernos extranjeros’ en plural abre la puerta a que la instrucción examine conexiones con el exterior. El escrito ordena que la información obtenida se comunique en exclusiva al órgano judicial y al Ministerio Fiscal.

El desarrollo judicial de la causa aterriza en el terreno que Vox lleva años abonando. La formación sostiene que los sucesos de Ceuta no pueden leerse como una crisis migratoria espontánea y sitúa la presión exterior, en particular la ejercida desde Marruecos, en el centro de su diagnóstico. Para la dirección del partido, el auto confirma un patrón que viene denunciando desde hace tiempo. En ese relato, la instrucción judicial encaja como una pieza más.

Qué sostiene Vox sobre la invasión de Ceuta

La posición de Vox arranca de la crisis migratoria de mayo de 2021, cuando miles de personas cruzaron la frontera de Ceuta en cuestión de horas. La formación presidida por Santiago Abascal calificó aquellos hechos como una invasión y vinculó el episodio a la política exterior del Ejecutivo. Desde entonces, el partido ha convertido la frontera, la seguridad y la relación con el Reino de Marruecos en ejes de su discurso.

Ese argumentario se apoya en una idea sencilla: un movimiento migratorio de esa magnitud no se produce sin complicidad o al menos sin tolerancia desde el otro lado de la frontera. Vox ha reclamado que se depuren responsabilidades políticas y que se refuerce el control de los perímetros fronterizos. El auto de Tardón, según esa lectura, aporta munición a la tesis de que hubo instigación o connivencia exterior.

Para Vox, la clave no es cuántas personas cruzaron la frontera, sino quién estuvo detrás de que lo hicieran en cuestión de horas.

Por qué Tardón blinda ahora la instrucción

La resolución de Tardón no se limita a constatar las conexiones exteriores. También diseña un blindaje poco habitual para las diligencias. El auto ordena tramitarlas en la Pieza Separada Secreta de Diligencias de Investigación Reservada, una figura procesal que aparta el material de cualquier mirada ajena al procedimiento. No es una práctica frecuente, y menos en una causa con este perfil.

El escrito pone el foco en quién puede acceder a lo investigado. La jueza instruye a las unidades policiales para que se abstengan de informar a sus mandos orgánicos y para que cualquier dato se comunique en exclusiva a ella y al Ministerio Fiscal. La orden se extiende a quienes colaboren con esas unidades. La medida persigue evitar filtraciones y posibles interferencias externas en un caso que la propia instructora considera especialmente sensible.

La referencia a ‘altas responsabilidades en instituciones públicas’ añade otro elemento de peso. El auto deja entrever que la investigación podría alcanzar a cargos con responsabilidad en la Administración, siempre bajo la cautela de que se trata, por ahora, de simples indicios. El Ministerio Fiscal respalda las medidas adoptadas y subraya la plena colaboración de las unidades, según recoge el propio auto.

La lectura estratégica: por qué el caso rearma el discurso de Vox

El calendario judicial se cruza con el calendario político. Vox ha convertido la inmigración y el control de fronteras en su principal bandera, y el caso de Ceuta funciona como un refuerzo argumental de primer orden. Cada avance de la instrucción que apunta a una dimensión exterior de los hechos alimenta la tesis que el partido traslada a cada tribuna, desde el Congreso hasta los parlamentos autonómicos.

La operación de Vox también tiene una lectura de cara al PP. La formación de Abascal viene marcando perfil propio frente a los populares en materia migratoria, y cualquier desarrollo que refuerce su relato le permite reclamar para sí el liderazgo del discurso de firmeza. El caso, además, mantiene abierta la exigencia de responsabilidad política sobre el Ejecutivo. La pugna por ese espacio condiciona la relación entre ambos partidos desde hace años.

Todo sigue bajo secreto, y eso limita las conclusiones. Conviene no confundir indicios con certezas: el auto habla de ‘posible implicación’ y de líneas de trabajo aún por cerrar. Lo que sí queda claro es que la jueza considera que el riesgo de interferencias externas justifica un régimen reforzado de reserva. En ese escenario, Vox tiene terreno para seguir insistiendo, y sus rivales deberán posicionarse sobre un asunto incómodo cada vez que la causa avance.

La Policía blinda Alcalá–Puerta del Sol para frenar los choques entre ultras y la acampada

Antonio Alonso
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La Policía blinda Alcalá–Puerta del Sol para frenar los choques entre ultras y la acampada

La acampada de la Puerta del Sol resistió este sábado la intentona de los ultras de Núcleo Nacional. La Policía Nacional blindó el eje entre la calle de Alcalá y el Kilómetro Cero, detuvo a tres personas en la calle de la Montera y frenó el intento de irrupción de un grupo al que acompañaban varios adolescentes.

El dispositivo se desplegó desde primera hora de la tarde. Los antidisturbios cerraron el acceso natural a la plaza y rodearon el perímetro de la manifestación convocada por Núcleo Nacional y Democracia Nacional Joven en defensa de España y por una vivienda digna para los españoles. Según los datos de la Delegación del Gobierno, los concentrados en la calle de Alcalá fueron en torno a 400.

El pulso que no llegó a verse en el Kilómetro Cero

La tarde arrancó con la llegada de los ultras a la boca de Metro de Banco de España pasadas las 19.30 horas. La intención inicial era concentrarse en el número 21 de la calle de Alcalá, en las inmediaciones de la plaza. La Delegación les obligó a mover el emplazamiento hasta la esquina donde arranca el paseo de Recoletos. Los organizadores criticaron que el delegado del Gobierno, Francisco Martín Aguirre, les hubiera bloqueado las calles y cerrado el Metro.

Cuando rondaban las 21.30, la tensión escaló. Un grupo de Núcleo Nacional intentó penetrar en Sol y la Policía Nacional lo contuvo sin llegar a cargar. En paralelo, cientos de personas movilizadas por la Coordinadora Juvenil Socialista y el Sindicato de Estudiantes, junto a los propios acampados, taponaban el paso desde Alcalá al grito de ‘no pasarán’ y ‘aquí están los antifascistas’.

La consigna circuló antes por redes sociales: no acceder a las tiendas de campaña y formar una cadena humana en la zona. Algunos encapuchados se colocaron cascos de obra por si había cargas. No las hubo. Las tiendas del Kilómetro Cero cerraron con clientes dentro durante varios minutos.

En Sol, el problema no es quién llega a la plaza, sino que la vivienda siga siendo el terreno donde todos quieren plantar su bandera.

Sol resiste mientras el Congreso tumba los decretos de vivienda

La jornada del sábado no fue un hecho aislado. Ese mismo día se celebraron manifestaciones por la crisis de la vivienda en una cincuentena de localidades españolas. En Madrid las convocó el Sindicato de Inquilinas con el respaldo de CCOO y UGT. Llegaron, además, un día después de que el Congreso tumbase los reales decretos de vivienda del Gobierno, con el voto en contra de PP, Vox y Junts.

Ese detalle explica parte del ruido. Los ultras de Núcleo Nacional se sumaron a la causa de la vivienda para acabar increpando a los acampados, a los que llamaron ‘yonquis de mierda’. Una bandera compartida y, al mismo tiempo, una excusa perfecta para el choque. La Delegación del Gobierno hizo lo que le tocaba, separar los bloques y sostener el perímetro, pero nadie puede blindar el centro de Madrid todas las tardes.

Lo que el blindaje policial no resuelve

El operativo funcionó, pero deja abierta la pregunta de fondo. La acampada cumple una semana en la Puerta del Sol, un emplazamiento que ya fue epicentro del 15-M en 2011 y que desde entonces funciona como termómetro de cualquier hartazgo ciudadano. Lo que cambia ahora es el contexto político y la velocidad con que los extremos intentan rentabilizarlo.

Hay una contradicción que conviene señalar. La misma semana en que el Congreso rechazaba los decretos de vivienda, el Kilómetro Cero se convertía en escenario de un pulso entre ultras y antifascistas. La vivienda es el motivo real de miles de acampados y, a la vez, el reclamo con el que algunos grupos buscan su minuto de gloria.

Madrid tampoco es un caso único. Barcelona arrastra desde hace meses protestas por el alquiler con respuestas parecidas: más presencia policial y menos medidas estructurales. Aquí el foco está en Sol, el kilómetro cero de todos los pulsos de la capital. El próximo hito será comprobar si la acampada aguanta el otoño, si el Ayuntamiento mueve ficha en vivienda y si las fuerzas que tumbaron los decretos presentan una alternativa. De momento, el Kilómetro Cero sigue ocupado y la Policía, en alerta.

El Lehendakari Pradales advierte de que la crispación política lastra el consenso en vivienda

Iker Etxebarria
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El Lehendakari Pradales advierte de que la crispación política lastra el consenso en vivienda

El Lehendakari Imanol Pradales ha advertido de que la crispación política impide cerrar políticas estructurales en vivienda, industria y política exterior. Lo hizo en el Foro La Toja, celebrado el pasado 2 de octubre, en una jornada marcada por el rechazo del Congreso a los dos decretos exprés del Gobierno de Sánchez.

Qué dijo Pradales en el Foro La Toja

En el foro, el Lehendakari compartió escenario con los presidentes Alfonso Rueda (Galicia) y Salvador Illa (Cataluña). Antes de que el Congreso tumbara las dos normas, ya había advertido de que ‘no hay política seria de vivienda’ en el conjunto de España. La cita tuvo lugar antes de una charla posterior de Felipe González y Mariano Rajoy, y en ella calificó de ‘desgracia para España’ que el enfrentamiento político impida alcanzar acuerdos estructurales en vivienda, industria o política exterior.

Pradales evitó entrar en el contenido de los decretos y trasladó el foco a la gestión vasca. Reivindicó los cambios legislativos impulsados por el consejero socialista Denis Itxaso, entre ellos el incremento de la vivienda pública hasta el 12% del total, frente al 8% actual, y las reformas legales aprobadas el pasado diciembre. A ello se suma el Fondo Social para lograr más financiación destinada a construir viviendas.

El plan vasco para movilizar suelo y construir 160.000 viviendas

Horas después, Itxaso anunció desde Viena la puesta en marcha del primer plan sectorial de Vivienda. El documento, cuya conclusión se prevé para 2030, definirá qué suelo disponible se utiliza, dónde y en qué orden, con el objetivo de construir unas 160.000 viviendas. Determinará qué ámbitos son viables, cuáles están bien conectados y dónde se concentra la necesidad.

El objetivo, según los términos empleados por el propio consejero, es que en Euskadi ‘haya suelo suficiente, bien localizado y destinado de forma estable’ a vivienda. El texto fijará dónde debe concentrarse el esfuerzo inversor, en función de las zonas mejor conectadas y con mayor demanda. Itxaso comparecerá en las próximas semanas ante el Parlamento Vasco para explicar este instrumento de planificación.

El primer plan sectorial de Vivienda de Euskadi ordenará hasta 2030 qué suelo se destina a construir unas 160.000 viviendas y en qué orden.

Esta planificación condicionará los planes urbanísticos de los ayuntamientos vascos, que deberán ajustar sus previsiones de suelo a las directrices fijadas por el Gobierno Vasco. La herramienta se apoya en las competencias de vivienda y ordenación del territorio que el Estatuto de Gernika atribuye a la comunidad autónoma.

El marco foral y el peso del PNV en el Congreso

La intervención de Pradales llega en plena negociación del PNV sobre su voto en el Congreso. La formación jeltzale mantiene un grupo decisivo para la aritmética parlamentaria del Ejecutivo central, y la política de vivienda figura entre los asuntos que tensionan la relación con el Gobierno de Sánchez. El Ejecutivo vasco es una coalición entre PNV y PSE-EE, y la cartera de Vivienda corresponde a los socialistas.

El marco foral añade una capa de de complejidad. Euskadi gestiona la vivienda como competencia exclusiva, mientras el concierto económico le permite financiar sus políticas con recursos propios en lugar de depender de transferencias estatales. El Gobierno Vasco ha vinculado su estrategia a la disposición de suelo público y a la colaboración con las diputaciones forales y los ayuntamientos, que tienen un peso relevante en la gestión urbanística.

La vivienda se ha convertido en un eje central del debate político en Euskadi, con una demanda creciente de alquiler y una oferta pública que el Ejecutivo quiere elevar del 8% al 12% del parque total. Las tres diputaciones forales participan en las políticas de suelo y vivienda protegida en sus respectivos territorios.

Está previsto que Itxaso detalle el plan en el Parlamento Vasco en las próximas semanas. La Cámara vasca afronta además el debate presupuestario, mientras el Grupo Vasco en el Congreso mantiene abiertas sus conversaciones con el Ejecutivo central sobre los próximos textos legislativos. El plan sectorial condicionará los planes de todos los ayuntamientos vascos.

Juan de Austria, el hijo secreto de Carlos V que venció en Lepanto

Yasmina Historiadora
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Juan de Austria, el hijo secreto de Carlos V que venció en Lepanto

El 7 de octubre de 1571, el humo de la pólvora cubrió el golfo de Patras. A bordo de La Real, la galera capitana de la Liga Santa, un joven de veinticuatro años vestido con armadura completa recorrió con la mirada la línea enemiga y dio la orden de romper el centro. Al otro lado esperaban más de doscientas galeras otomanas al mando de Ali Pasha. El joven se llamaba don Juan de Austria. Era hijo natural del emperador Carlos V, aunque el mundo lo había ignorado durante doce años. Aquella mañana se jugaba algo más que una batalla: se jugaba el apellido.

Capítulo I: El niño sin nombre

Había nacido en Ratisbona el 24 de febrero de 1547, en plena celebración de la Dieta del Imperio. Su madre, una joven de la ciudad llamada Bárbara Blomberg, no podía criarlo. Su padre, el emperador Carlos V, viudo desde la muerte de Isabel de Portugal en 1539, guerreaba contra los príncipes luteranos y no podía permitirse un escándalo en plena negociación religiosa. Un hijo fuera del matrimonio era, en aquel momento, un problema diplomático antes que una bendición. El recién nacido fue apartado de su madre y confiado a una familia de confianza.

Creció en España, en la casa de un caballero llamado Luis de Quijada y de su mujer, Magdalena de Ulloa, primero en Villagarcía de Campos y después en Cuacos, junto al monasterio extremeño de Yuste. Los Quijada lo llamaban Jeromín. Él creía que eran sus padres. No sabía que, a pocos kilómetros de su cama, en la celda de un emperador retirado, había un hombre que seguía sus progresos por carta y que llevaba años esperando el momento de confesarle la verdad.

Bárbara Blomberg quedó al margen de todo. La casaron con un cortesano, la enviaron a España y terminó sus días retirada en la villa cántabra de Colindres, ajena al destino del hijo que había parido siendo casi una niña. Murió sin verlo convertirse en el general de la cristiandad.

Capítulo II: El hijo que el emperador reconoció al morir

En 1556 Carlos V lo había dejado todo: los reinos de España, los Países Bajos, las Indias, el Imperio, a su hijo Felipe. Él se retiró a Yuste con un séquito corto y una salud arruinada por la gota. Desde allí mandó llamar al muchacho. Lo vio varias veces, lo cogió en brazos, lo sentó a su mesa. Los testimonios de quienes lo acompañaron en aquellos meses coinciden en que el emperador se conmovía cada vez que el niño entraba en la sala. Pero no lo reconoció en público. Lo dejó escrito, en cambio, en un codicilo: Jeromín era hijo suyo, y pedía a Felipe que lo tratara como a un hermano.

Carlos V murió el 21 de septiembre de 1558. El documento testamentario se abrió después. Al año siguiente, Felipe II, que regresaba de Flandes tras la paz de Cateau-Cambrésis, atendió la petición paterna. Recibió al chico, le explicó quién era y le dio un nombre nuevo: Juan de Austria, por la casa de los Habsburgo. El papa Pío IV firmó una bula de legitimación. En cuestión de semanas, el hijo secreto de un emperador muerto se convirtió en don Juan de Austria, infante sin corona y hermano del hombre más poderoso de la cristiandad.

batalla de Lepanto 1571

Capítulo III: La mar y las Alpujarras

Felipe II lo envió a estudiar a Alcalá de Henares, pero el muchacho tenía poco temple de letrado. En 1568 lo nombró capitán general del mar. Ese mismo año estalló la rebelión de los moriscos en las Alpujarras granadinas, el último coletazo de la agitación religiosa que llevaba décadas sacudiendo el sur peninsular. En 1569 Juan partió hacia Granada al frente de un ejército real. Fue su primer mando de verdad.

La guerra fue larga y sucia. Escaramuzas en montañas imposibles, aldeas arrasadas, prisioneros vendidos como esclavos. Juan aprendió allí lo que ningún tutor le había enseñado en las aulas: que las órdenes de un general pesan más que las vidas que cuestan. Cuando la rebelión se apagaba, en 1571, Roma, Madrid y Venecia cerraron un acuerdo que llevaba años fraguándose. El 25 de mayo de aquel año nació la Liga Santa: una flota conjunta destinada a quebrar el poder naval otomano en el Mediterráneo.

Todos se preguntaron quién la mandaría. El papa quería un príncipe; Venecia desconfiaba de los españoles; Felipe II no podía ceder el mando a un almirante ajeno. La solución fue inesperada: un joven de veinticuatro años, con la sangre del emperador y ninguna experiencia en grandes escuadras, sería el generalísimo. Don Juan de Austria asumió el mando en el puerto siciliano de Mesina y puso rumbo al este.

Capítulo IV: Lepanto

La flota zarpó a mediados de septiembre. Eran más de doscientas galeras cristianas, con soldados españoles, venecianos y pontificios repartidos entre las dotaciones. El 7 de octubre, a la entrada del golfo de Patras, la vieron: la escuadra otomana de Ali Pasha, que también superaba las doscientas unidades. Las cifras exactas dependen de la fuente que se consulte, porque los cronistas de cada bando contaron a su manera, pero no hay duda sobre el desenlace.

Don Juan ordenó izar el estandarte bendecido por el papa y romper el centro enemigo. Su galera, La Real, se lanzó directamente contra la capitana turca. En el choque murió Ali Pasha, y su cabeza, según cuentan las relaciones de la época, se izó en una pica sobre la cubierta para que la flota otomana comprendiera que su jefe había caído. En el ala derecha mandaba el genovés Andrea Doria; en la izquierda, el veneciano Agustín Barbarigo, que murió alcanzado por una flecha; en la reserva, el veterano Álvaro de Bazán. Entre los soldados embarcados figuraban un joven Alejandro Farnesio y un tal Miguel de Cervantes, que recibió tres heridas en la galera Marquesa y perdió para siempre la movilidad de la mano izquierda.

Al caer la tarde, la victoria cristiana era total. Se hundieron o se capturaron más de doscientas naves otomanas. Fue una jornada de gloria y de sangre: miles de hombres murieron ahogados a pocos metros de la orilla. A don Juan le llevó años entender que Lepanto no había terminado la guerra, solo la había retrasado. En 1573 tomó Túnez; al año siguiente, los otomanos lo recuperaron y se llevaron tambien La Goleta. El vencedor de Lepanto volvió a España con las manos más vacías de lo que los versos sugerían.

batalla de Lepanto 1571

Capítulo V: El sueño de Flandes

En 1576 Felipe II lo envió al norte. Los Países Bajos llevaban una década en rebelión abierta y el gobernador anterior había muerto sin dejar sucesión clara. Don Juan llegó en noviembre a Luxemburgo, con un ejército mal pagado y una reputación brillante. Pocos días antes de su llegada, los soldados españoles habían saqueado Amberes en la que la historia conocería como la Furia Española. No era el mejor recibimiento para un príncipe que traía instrucciones de pacificar el territorio.

Firmó con los Estados Generales el Edicto Perpetuo en febrero de 1577, entró en Bruselas en mayo y creyó por un momento que había conseguido lo imposible. Duró poco. En julio se apoderó de la ciudadela de Namur antes de que lo hicieran los rebeldes, y la ruptura fue definitiva. En su ayuda llegó desde Italia su sobrino Alejandro Farnesio, el mismo que había estado a su lado en Lepanto, al frente de un contingente de veteranos. El 31 de enero de 1578, en Gembloux, su ejército aplastó a las tropas de los Estados Generales en una batalla corta y sangrienta. Fue su última victoria.

Felipe II, mientras tanto, seguía sus movimientos con desconfianza. Corrieron rumores, nunca confirmados del todo, de que don Juan aspiraba a un trono propio en los Países Bajos o incluso a un matrimonio con María Estuardo, la reina cautiva de Escocia. El historiador Geoffrey Parker, que ha estudiado a fondo aquellos años en obras como El ejército de Flandes y el camino español, sostiene que el rey nunca dejó de sospechar de su hermano. La desconfianza era mutua y terminó por envenenarlo todo.

Capítulo VI: La muerte en el barro

En el verano de 1578, don Juan enfermó. Tenía treinta y un años y llevaba meses durmiendo en tiendas de campaña, comiendo mal y bebiendo agua estancada. El tifus lo fue consumiendo mientras sus hombres desmontaban un campamento y levantaban otro. El 1 de octubre de 1578 murió en el campamento de Bouge, junto a Namur, atendido por sus oficiales más cercanos. Apenas unos meses antes, en marzo, su secretario Juan de Escobedo había sido asesinado en Madrid, en un crimen que salpicó al secretario real Antonio Pérez y a la princesa de Éboli.

No hubo herederos. No hubo testamento político. El hijo de Bárbara Blomberg, el niño al que llamaron Jeromín y que un emperador reconoció al morir, dejó tres nombres sobre la misma vida: uno de infancia, uno de gloria y uno de sepultura. Su cuerpo fue embalsamado y viajó de vuelta a España. Felipe II tardó años en decidir qué hacer con su memoria, y al final hizo con ella lo que había hecho con su nombre desde el primer día: administrarla.

batalla de Lepanto 1571

EH Bildu pide a la Diputación Foral de Álava un plan para garantizar la viabilidad de las bodegas de Rioja Alavesa

Iker Etxebarria
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EH Bildu pide a la Diputación Foral de Álava un plan para garantizar la viabilidad de las bodegas de Rioja Alavesa

EH Bildu ha registrado una interpelación en las Juntas Generales de Álava sobre la viabilidad de las bodegas de Rioja Alavesa. La portavoz del grupo juntero, Eva López de Arroyabe, exigirá al diputado general una hoja de ruta para el sector en el pleno de control del 7 de octubre de 2026.

Una vendimia temprana y la pérdida de rentabilidad que denuncia EH Bildu

La iniciativa se presentó el 2 de octubre y responde, según la formación, a una campaña de vendimia excepcionalmente temprana marcada por las condiciones climáticas de los últimos meses. ‘La incertidumbre con la que los profesionales del campo se enfrentan a la recogida es cada vez mayor’, sostiene la portavoz, que añade que la inestabilidad, ‘lejos de mejorar, empeora de forma alarmante’.

El diagnóstico del grupo juntero es económico. Según el análisis expuesto por la portavoz, los costes de producción han crecido por el encarecimiento del gasoil y de los insumos, mientras los precios que percibe el viticultor se mantienen o retroceden. La rentabilidad de las explotaciones ha caído en torno a un 40%. ‘Mientras los costes han subido, los precios de la venta de uva bajan o siguen igual’, resume López de Arroyabe.

La consecuencia, según el relato de la coalición, es un proceso sostenido de pérdida de actividad en la comarca. EH Bildu cifra en un centenar de bodegas las que han cesado su actividad en la última década y en más de 700 puestos de trabajo los desaparecidos en el mismo periodo.

Eva López de Arroyabe reconoce que el diputado general ‘parece ser consciente’ de la situación y que por ello ha remitido una carta a algunas bodegas para pedirles sensibilidad. A esa misiva, añade, le falta acompañamiento institucional: ‘Echamos de menos un liderazgo institucional real para diseñar una hoja de ruta que garantice la supervivencia de todo el sector vitivinícola’.

La pérdida de un centenar de bodegas en diez años y la caída de la rentabilidad son los argumentos centrales de la interpelación registrada por EH Bildu.

Qué reclama EH Bildu al diputado general

Entre las medidas que la formación traslada al diputado general figuran garantizar ‘una retribución justa y digna’ al esfuerzo en el viñedo, fomentar ‘marcos de comercialización propios y estables’ y activar circuitos de proximidad para la producción alavesa. EH Bildu reclama además más contundencia frente a prácticas que, a su juicio, retrasan los pagos, como la imposición de calificar el vino antes de abonar la uva.

El precio de la uva, a diferencia de los rendimientos o del pliego de condiciones, no lo fija el Consejo Regulador de la DOCa Rioja, sino la negociación entre productores y bodegas. Ese punto de la cadena es el que EH Bildu señala como origen de la pérdida de rentabilidad, con la mirada puesta en las decisiones que se adoptan en los órganos de la denominación.

El encaje foral del viñedo y la próxima cita institucional

En el reparto competencial vasco, las políticas agrarias corresponden a las diputaciones forales, que las gestionan desde sus departamentos de Agricultura. Es la Diputación Foral de Álava la que responde ante el sector del viñedo en el territorio, mientras el Consejo Regulador ordena la producción y la comercialización de los vinos amparados bajo la denominación.

Rioja Alavesa es una de las tres subzonas de la DOCa Rioja, junto a Rioja Alta y Rioja Oriental, una denominación compartida por el País Vasco, La Rioja y Navarra. Esa arquitectura sitúa el debate alavés en un marco de decisión más amplio que el estrictamente foral, ya que las decisiones sobre el pliego de condiciones, la calificación de las cosechas o la promoción se adoptan en órganos en los que participan los tres territorios.

La cita inmediata es el pleno de control del 7 de octubre de 2026, en el que el diputado general deberá responder a la interpelación y concretar si su departamento prevé un plan específico para la comarca. López de Arroyabe ha cerrado su argumentación con una idea: ‘Defender Rioja Alavesa y su modelo de territorio exige garantizar de forma urgente que el esfuerzo en el viñedo reciba una retribución justa y digna’.

China responde a la UE con aranceles antidumping antes de las conversaciones en Pekín

Angie Rivas
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China responde a la UE con aranceles antidumping antes de las conversaciones en Pekín

China abre una investigación antidumping sobre un químico europeo días antes de que el comisario de Comercio de la UE viaje a Pekín. El expediente allana el terreno a nuevos aranceles contra productos europeos y llega con el déficit comercial del bloque en máximos.

La investigación la han solicitado los fabricantes chinos del sector, que alegaron ‘daños a la producción y a las operaciones’ ante el Ministerio de Comercio chino. Pekín niega que la competitividad de sus empresas dependa del apoyo estatal y ha advertido de contramedidas si Bruselas endurece el cerco.

Hablamos de dumping cuando una empresa vende en el exterior por debajo del precio de su propio mercado o incluso por debajo del coste de producción, tal como recoge la definición clásica del término. Las normas de la Organización Mundial del Comercio permiten al país importador responder con derechos antidumping si el expediente concluye que esas importaciones han dañado a sus productores. El p-nitrotolueno sirve para fabricar colorantes, fármacos y pesticidas, y la pesquisa china se resolverá en 12 meses, prorrogables otros seis.

El movimiento llega después de que la UE abriera en septiembre su propia investigación sobre las importaciones de policloruro de vinilo procedentes, entre otros países, de China. La maquinaria europea lleva meses acelerada: Bruselas ha abierto 30 investigaciones de defensa comercial en un año, casi el triple de su ritmo habitual, y las compras chinas acumulan un alza del 45% en cinco ejercicios. Puedes consultar el marco de esos procedimientos en las fichas oficiales de la Comisión Europea.

El contexto que explica la prisa china cabe en una cifra: el déficit comercial de la UE con Pekín corre a 1.000 millones de euros al día. Maroš Sefčovič avisó el mes pasado de que, sin resultados concretos, habría ‘un fuerte movimiento político para impulsar, diría yo, medidas más duras’. Y añadió que, si no tuviera nada que presentar a los líderes europeos, ‘el interés político sería buscar la solución a través de otros instrumentos’.

Pekín no necesita ganar este expediente: le basta con mantenerlo abierto mientras el comisario europeo se sienta a la mesa en su propia capital.

Pekín mueve ficha cinco días antes de la cita

Sefčovič estará en Pekín los días 8 y 9 de octubre para copresidir una sesión del Consejo de Comercio e Inversión UE-China y reunirse con el ministro Wang Wentao. La visita coincide con la fecha límite que Bruselas se marcó en junio para empezar a ver resultados tangibles del diálogo bilateral.

Lo que la Comisión quiere llevarse de vuelta es concreto: garantías de que China moderará sus exportaciones hacia el mercado único y prolongará la tregua sobre las ventas de tierras raras, clave para la transición energética y la industria de defensa europea. Pekín ya ha advertido de que responderá con firmeza a cualquier restricción nueva.

El marco político aprieta. Los jefes de Estado y de Gobierno se reúnen en Bruselas los días 15 y 16 de octubre, una semana después del viaje, y el comisario ha convertido su agenda en una prueba: o vuelve con algo firmado, o la discusión se desplazará hacia instrumentos más duros.

Lo que España se juega si el pulso se rompe

investigación antidumping

España no produce p-nitrotolueno en volumen relevante, pero es el Estado miembro más expuesto a una represalia selectiva. El porcino es el primer capítulo exportador español al mercado chino y, junto al vino, el aceite y los lácteos, forma parte de la lista que Pekín ya utilizó en 2024, cuando abrió una investigación contra la carne de cerdo europea en plena pugna por los aranceles a los coches eléctricos.

Observamos un patrón: Pekín no responde nunca al producto que ha recibido el golpe, sino al flanco donde Francia, España y Dinamarca tienen más que perder y más capacidad de presionar a sus gobiernos. En Alemania, en cambio, la factura recae sobre una automoción que depende del mercado chino y que lleva años pidiendo calma.

La posición española sigue el guion de Bruselas: Moncloa no ha cuestionado públicamente el marco de defensa comercial de la Comisión ni los expedientes abiertos en sectores industriales. La mayoría de los exportadores afectados sostiene que la incertidumbre pesa más que el arancel, y el agroalimentario no tiene margen para aguantar dos años de pulsos cruzados.

El Eje del Poder Europeo

El mapa europeo no está partido en dos, sino en cuatro. Los frugales del norte —Países Bajos, Dinamarca, Suecia— empujan la línea dura porque apenas tienen exposición directa al mercado chino. Francia protege su industria con el mismo reflejo con el que exige reciprocidad en la contratación pública. Alemania llega dividida: su cancillería asume el discurso del riesgo sistémico y su automoción frena cualquier escalada. Hungría, mientras, apuesta por la inversión china en baterías como palanca industrial.

España se sitúa en el sur, en el grupo que paga la factura de las represalias. Cada expediente que abre Pekín aterriza en partidas agroalimentarias andaluzas, murcianas o catalanas antes que en los balances de un fabricante bávaro. Ese desequilibrio interno explica por qué la Comisión habla de firmeza y negocia con el freno puesto.

El precedente que conviene tener a mano es el de los paneles solares. En 2013, Bruselas impuso derechos antidumping a las placas chinas, Pekín contraatacó con una investigación al vino europeo y el conflicto se cerró con un acuerdo de precios mínimos que Berlín alentó. El sector fotovoltaico europeo quedó después peor que al principio. Aquella vez ganó el comercio, y hoy la tentación alemana sigue intacta.

La lectura a cinco o diez años es menos épica de lo que sugiere el ruido diario. La UE lleva una década construyendo herramientas para no depender de la Organización Mundial del Comercio: el Instrumento Anticoerción, pensado para disuadir bloqueos comerciales deliberados, y el Reglamento de Contratación Internacional, que permite excluir a empresas de las licitaciones públicas europeas. Ninguna de las dos se ha estrenado contra Pekín, y ambas exigen mayorías que tardan meses en cuajar.

El expediente del p-nitrotolueno se resolverá, como muy tarde, en abril de 2028, si se agota la prórroga. Para entonces sabremos si el viaje de Sefčovič sirvió de algo. El hito inmediato es la cumbre del 15 y 16 de octubre; el siguiente, el primer balance de la tregua sobre las tierras raras. Nadie espera un golpe de timón en Bruselas.

Bruselas enfría la ampliación UE: Ucrania se queda fuera de 2027 y Albania acusa de mentir

Angie Rivas
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Bruselas enfría la ampliación UE: Ucrania se queda fuera de 2027 y Albania acusa de mentir

La ampliación de la UE vuelve a pincharse y Ucrania se queda sin 2027. Albania rompe el silencio diplomático para acusar a Bruselas de vender a Kiev una promesa imposible.

El primer ministro albanés, Edi Rama, lo dijo sin anestesia en una entrevista con el diario alemán Die Welt: ‘Lo que se le promete a Ucrania es una mentira’. Y añadió el diagnóstico que en Bruselas ha sentado peor: por la vía de la adhesión ordinaria, cumpliendo todos los criterios, Kiev ‘nunca será admitida’.

Lo que Rama dijo en ‘Die Welt’ y por qué Bruselas no puede desmentirlo

Rama no es un euroescéptico de manual. Su país lleva más de una década llamando a la puerta del club y ha visto cómo cada promesa de adhesión se aplazaba al siguiente mandato. Su tesis incomoda porque no señala la voluntad política, sino el mecanismo: el sistema de adhesión por capítulos, sujeto a la unanimidad de los Veintisiete —un solo Estado miembro puede bloquear cualquier avance—, hace materialmente imposible que un país en guerra complete el expediente en los plazos que la propia Comisión Europea aireó.

Los datos avalan su escepticismo. Kiev solicitó la membresía en febrero de 2022, cuatro días después del inicio de la invasión rusa, y obtuvo el estatus de candidato en junio de ese mismo año, un ritmo que los Balcanes Occidentales nunca conocieron. Las negociaciones se abrieron formalmente en junio de 2024. Un año después, en junio de 2025, Hungría bloqueó su avance. Desde entonces el expediente está congelado: Ucrania avanza con lentitud en las reformas fiscal y judicial y en la protección de las minorías, requisitos que Bruselas considera indispensables para abrir nuevas fases.

Albania comparte lista con otros ocho candidatos oficiales: Serbia, Montenegro, Macedonia del Norte, Bosnia y Herzegovina, Georgia, Moldavia, Turquía y la propia Ucrania. Ninguno ha entrado. Todos han escuchado promesas parecidas. Y todos han aprendido que, en el lenguaje de Bruselas, ‘perspectiva europea’ no es lo mismo que fecha de entrada. La película ya la hemos visto.

El tapón de Budapest y la reforma institucional que nadie quiere abrir

Balcanes Occidentales UE

El atasco ucraniano tiene nombre propio y capital: Budapest. Viktor Orbán ha convertido el expediente de Kiev en moneda de cambio para negociar con Bruselas los fondos retenidos por el mecanismo de condicionalidad, la herramienta que permite congelar dinero europeo a un Estado miembro que vulnera el Estado de Derecho. Pero no es el único tapón. Las disputas políticas con Varsovia, más centradas en el grano y en la memoria histórica, también frenan la apertura de nuevos capítulos.

Mientras la adhesión exija unanimidad, el calendario de Kiev no lo decidirá Kiev: lo decidirá quien tenga algo que cobrar en Budapest.

Por eso Rama pidió algo que Bruselas lleva años esquivando: eliminar el derecho de veto dentro del bloque. A su juicio, que un solo socio pueda frenar una decisión colectiva, mantiene estancada la acción comunitaria y somete cada avance a la agenda interna de un país. Comparó la deriva institucional de la UE con el Titanic, un buque que naufragó pese a su aparente solidez. La metáfora apunta a un organismo que se percibe indestructible mientras acumula decisiones aplazadas.

El Eje del Poder Europeo

La ampliación ha dejado de ser una política de vecindad para convertirse en un pulso entre ejes. El eje franco-alemán llega dividido: Berlín defendió durante años la entrada de Ucrania como gesto geopolítico, pero la factura y la reforma interna del club han enfriado su entusiasmo; París, más pendiente de la autonomía estratégica y de la refundación institucional, condiciona cualquier paso a un replanteo de las reglas de voto. Los frugales del norte —Países Bajos, Dinamarca, Austria, Suecia y Finlandia— miran cada nuevo socio como un coste neto al presupuesto común. Los del sur, con España e Italia a la cabeza, empujan en sentido contrario, sobre todo con los Balcanes Occidentales. Roma juega en dos tableros: quiere ampliación como contrapeso al eje franco-alemán, pero teme que el próximo Marco Financiero Plurianual recorte los fondos de cohesión que hoy recibe. Y Visegrado juega a la contra: Budapest bloquea y Varsovia contemporiza.

Para España, el asunto no es abstracto. Moncloa ha sido uno de los gobiernos más activos en defender la ampliación a los Balcanes, una prioridad que situó en el centro de su presidencia europea de 2023. Un ingreso ucraniano tendría doble filo: reforzaría la posición de Kiev frente a Moscú, pero redirigiría fondos de la PAC y de la política de cohesión —de los que España es beneficiaria neta— hacia un país de enorme peso agrario. Ninguna capital quiere decirlo en voz alta, pero el reparto de fondos pesa tanto como el argumento geopolítico. Ese equilibrio, y no la retórica, es lo que se negocia en los pasillos del Justus Lipsius.

La lectura a cinco o diez años es incómoda. Sin reforma de los Tratados —mayoría cualificada en lugar de unanimidad en política exterior y ampliación—, cada nuevo socio multiplica el riesgo de bloqueo. Si la UE no se atreve con esa reforma, la promesa a Ucrania seguirá siendo papel mojado y el mensaje que enviará a los Balcanes, a Moldavia y a Georgia será idéntico: la puerta existe, pero gira sobre goznes que un solo país puede atrancar. La próxima cumbre del Consejo Europeo y el paquete anual de ampliación que la Comisión publica este otoño serán la primera prueba de si Bruselas pasa de las palabras a los capítulos.

Jucil reclama a Interior una unidad permanente de la Guardia Civil en Ceuta y Melilla contra el narcotráfico

Roberto Fuentes
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Jucil reclama a Interior una unidad permanente de la Guardia Civil en Ceuta y Melilla contra el narcotráfico

Jucil reclama al Ministerio del Interior una unidad permanente de la Guardia Civil en Ceuta y Melilla contra el narcotráfico.

EN 30 SEGUNDOS

  • ¿Qué ha ocurrido? Jucil ha pedido al Ministerio del Interior una unidad permanente de la Guardia Civil en Ceuta y Melilla.
  • ¿Para qué? Combatir el narcotráfico y la inmigración irregular y paliar la falta de efectivos en las comandancias.
  • ¿Quién lo plantea? Ángel Lezcano, al frente de la asociación desde abril de 2026, cuando ganó las elecciones internas con el 53,85% de los votos.

La propuesta la defiende Ángel Lezcano, al frente de Jucil, que plantea una estructura estable y especializada para dos comandancias que, a su juicio, arrastran una falta crónica de efectivos. Según la organización, el despliegue permitiría reforzar la vigilancia del Estrecho y responder con más rapidez a las redes que operan en la zona.

Lezcano ganó las elecciones internas de Jucil en abril de 2026, con el 53,85% de los votos, y desde entonces ha situado la situación de las ciudades autónomas entre sus prioridades. La iniciativa ha sido bien acogida por distintos grupos políticos, lo que abre la puerta a que el debate sobre el despliegue llegue al Congreso en los próximos meses.

Jucil sostiene además que los avisos previos a la entrada masiva de migrantes en Ceuta no se atendieron con la antelación suficiente. La asociación reclama que la información de inteligencia llegue antes a las unidades sobre el terreno y que se refuercen las plantillas para que las dos ciudades autónomas no queden por debajo del umbral operativo que exige su condición de frontera.

La Guardia Civil mantiene en la zona un despliegue reforzado con unidades de investigación y de respuesta rápida, aunque Jucil considera que la interinidad de los refuerzos resta capacidad operativa a largo plazo. Las dos ciudades autónomas son, según los análisis policiales, uno de los puntos más sensibles del mapa de la seguridad nacional.

El Estrecho de Gibraltar es la principal puerta de entrada de hachís a Europa, lo que convierte a Ceuta y Melilla en puntos estratégicos para el narcotráfico internacional.

Una unidad especial y permanente en las dos ciudades autónomas

La unidad que propone Jucil tendría carácter permanente y especializado, con funciones de investigación y de respuesta rápida frente a las redes transnacionales que operan en el Estrecho. El modelo se inspira en las unidades de élite que la Guardia Civil despliega en otras zonas de alta conflictividad, adaptadas a la realidad fronteriza de Ceuta y Melilla.

Entre esas unidades figura la UCO (Unidad Central Operativa, la unidad de élite de la Guardia Civil especializada en crimen organizado e investigación compleja), que mantiene abiertas de forma recurrente operaciones contra el narcotráfico en el Campo de Gibraltar. La propuesta pasa por dotar a las comandancias de las ciudades autónomas de una estructura similar, con personal fijo y no sujeto a refuerzos temporales.

La cooperación internacional es otro de los ejes de la iniciativa. Europol (la agencia policial de la Unión Europea que coordina operaciones transnacionales entre los cuerpos policiales de los Estados miembros) canaliza buena parte de las investigaciones contra el tráfico de drogas que afectan a España, y Jucil entiende que una unidad permanente en la frontera sur facilitaría el intercambio de información con las policías vecinas.

Avisos no atendidos y falta de efectivos

El núcleo de la crítica de Jucil no se dirige a la actuación de los agentes, sino a la planificación de los recursos. La asociación asegura que los avisos sobre un posible repunte de la presión migratoria llegaron tarde a las unidades, que tuvieron que responder con medios limitados. La falta de efectivos, sostiene, es un problema estructural que se repite cada año en las dos ciudades autónomas.

Conviene precisar el contexto: la Guardia Civil desarrolla cada año numerosas actuaciones contra el narcotráfico en la zona del Estrecho y mantiene una presión operativa constante sobre las redes que intentan introducir droga por la frontera sur. La reclamación de Jucil busca consolidar esa labor con medios estables, no cuestionar los resultados obtenidos por los agentes.

El Contexto Operativo

El narcotráfico en el Estrecho es una amenaza estable y de alta intensidad. España es, junto con Países Bajos y Bélgica, uno de los principales puntos de entrada de cocaína en Europa, y el hachís procedente del norte de África sigue teniendo en las costas andaluzas y en las ciudades autónomas su principal vía de acceso al continente, según los informes que maneja Europol. Las incautaciones de droga en la zona se mantienen en niveles elevados año tras año, lo que confirma la magnitud del fenómeno.

Frente a esa presión, los cuerpos de seguridad sostienen una actividad operativa constante. El Ministerio del Interior sitúa la lucha contra el narcotráfico y el crimen organizado entre sus prioridades, y las unidades especializadas de la Guardia Civil desarticulan de forma recurrente organizaciones que operan a ambos lados del Estrecho. La propuesta de una unidad permanente encaja en esa estrategia de reforzar la presencia en las fronteras exteriores de la Unión Europea.

La pelota está ahora en el tejado del Ministerio del Interior. Si la iniciativa de Jucil prospera, el debate sobre el despliegue podría concretarse en los próximos meses, con la vista puesta en un refuerzo real y duradero de las plantillas. El reto, coinciden los análisis policiales, es que la inversión en efectivos llegue antes de que el próximo repunte de presión migratoria o de actividad del narcotráfico vuelva a poner a prueba las comandancias de Ceuta y Melilla.

La fiscal contra la Criminalidad Informática alerta de que menores de 10 años acceden a pornografía y violencia

Roberto Fuentes
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La fiscal contra la Criminalidad Informática alerta de que menores de 10 años acceden a pornografía y violencia

La Fiscalía contra la Criminalidad Informática alerta de que menores de 10 y 11 años acceden ya a pornografía, violencia extrema y contenidos de autolesión en las redes sociales. Su responsable en la Fiscalía General del Estado, Elvira Tejada de la Fuente, advierte de que estos materiales ya llegan a los juzgados y de que los menores son un colectivo especialmente vulnerable frente a ellos.

Tejada expuso esta situación en las XX Jornadas de Documentos Jurídicos y Psiquiátricos, celebradas en Sevilla y organizadas por la Fundación Española de Psiquiatría y Salud Mental. En su ponencia sobre la protección de los menores en el entorno digital, la fiscal —categoría equivalente a magistrado dentro de la carrera fiscal— advirtió: «Los niños son más vulnerables y los efectos perversos de ese desarrollo tecnológico pueden ser mayores».

Los datos de la Fiscalía General del Estado miden la escala del fenómeno. El 99,9 % de los jóvenes de 16 a 25 años usa Internet a diario, porcentaje que ronda el 97,5 % entre los niños de 10 a 15 años. Cerca del 90 % de los adolescentes emplea redes sociales habitualmente, y muchos empiezan a los 10 u 11 años, sin plena conciencia del riesgo que asumen.

Los contenidos que ya llegan a los juzgados

Para la fiscal, las redes han convertido a los usuarios en generadores permanentes de contenidos, lo que agrava el riesgo para los menores. «El problema es cuando este tipo de prácticas las realizan personas que, por su madurez y su nivel de desarrollo, no saben el riesgo que están asumiendo al contar información sobre ellos mismos en la red o al contactar con personas que no saben ni quiénes son», ha advertido.

La fiscal concretó después la tipología de esos materiales: contenidos violentos, pornográficos, que incitan a la discriminación o de carácter sexista. A ello se suma el contacto con personas que persiguen fines sexuales, con redes de trata o con individuos que intentan captar a menores para actividades delictivas o entornos violentos y extremistas.

Las cifras de violencia digital confirman la gravedad. «Seis de cada diez niños reconocen haber sido testigos de actos de violencia digital y la mitad haber sido víctimas ellos mismos», señala Tejada. La Memoria de la Fiscalía General del Estado refleja un aumento del 53 % de los expedientes por delitos sexuales en los que el agresor es menor y del 15 % en los delitos de violencia doméstica protagonizados por menores.

La Memoria de la Fiscalía General del Estado registra un aumento del 53 % de los expedientes por delitos sexuales cometidos por menores, una violencia digital que ya se dirime en los tribunales.

Delitos de riesgo y reformas en tramitación

Para Tejada, el menor es siempre víctima cualificada: «A un niño no se le estafa en la red. En el caso de un niño, es víctima de un delito contra su intimidad, su privacidad, su libertad sexual y su dignidad». Esa caracterización vertebra las reformas penales que reclama la Fiscalía.

El ordenamiento jurídico ha empezado a reaccionar. La Ley Orgánica 8/2021 incorporó delitos destinados a perseguir la difusión de contenidos dirigidos a menores que les inciten al suicidio, a las autolesiones o a desarrollar trastornos alimentarios.

Son delitos de riesgo: no es necesario que se produzca el resultado perseguido y el juez puede ordenar la retirada del contenido aunque no se haya identificado al responsable. La fiscal citó desafíos concretos, como «quién se corta más veces y aguanta sin llorar los cortes que se está haciendo».

Especial preocupación generan los delitos contra la libertad sexual. «Estamos viendo cosas absolutamente tremendas, porque son muchos los que buscan a los niños en la red con fines de carácter sexual», afirmó Tejada. Entre esas conductas figura el child grooming, con el que un adulto se gana la confianza de un menor para aproximarse a él.

La ponencia repasó las reformas legales en curso: elevar de 14 a 16 años la edad para consentir el tratamiento de datos personales, prohibir ciertos mecanismos aleatorios de recompensa en video juegos e imponer controles parentales por diseño a los fabricantes de dispositivos conectados a Internet.

Uno de los debates más complejos es el de los sistemas de verificación de edad. La fiscal lo resumió así: «El gran problema es cómo combinamos proteger a los niños y salvaguardar la intimidad, los datos y la privacidad» de los usuarios.

Las reformas prevén además que un juez pueda prohibir a una persona acceder a determinados espacios de Internet o comunicarse con otros usuarios, incluso de forma cautelar. Según Tejada, hay depredadores sexuales que, aun bajo procedimiento judicial, «siguen yendo a los mismos foros a buscar a los niños para continuar sus prácticas».

El paquete plantea también agravar la responsabilidad de quien emplee identidades falsas para aproximarse a menores y tipificar específicamente contenidos sexuales, humillantes o denigrantes creados mediante inteligencia artificial. La conclusión de Tejada es que la respuesta no puede limitarse al Derecho penal: exige prevención, formación, cooperación entre administraciones y responsabilidad de las plataformas.

El Contexto Operativo

La criminalidad informática contra menores es una de las amenazas de mayor crecimiento en España, según los datos de la Fiscalía General del Estado. El aumento del 53 % de los expedientes por delitos sexuales con agresor menor y del 15 % en violencia doméstica confirma que el entorno digital se ha convertido en un espacio donde los delitos contra la libertad sexual y la violencia entre iguales se multiplican.

Frente a este escenario, las unidades especializadas en delitos tecnológicos de la Policía Nacional y la Guardia Civil investigan de forma coordinada el grooming y la distribución de material de abuso sexual infantil, mientras el INCIBE (Instituto Nacional de Ciberseguridad) mantiene su línea de ayuda 017 para menores, familias y centros educativos. La respuesta institucional combina persecución penal, prevención y protección de la víctima.

La proyección inmediata pasa por las reformas en tramitación: la elevación de 14 a 16 años del consentimiento para el tratamiento de datos, los controles parentales por diseño y los sistemas de verificación de edad. Son medidas que buscan anticipar el riesgo antes de que llegue a los tribunales, en un contexto en el que la tecnología avanza más rápido que la norma.

El TSJ de la Comunidad Valenciana confirma la condena de un año de prisión por agresión sexual a una menor

Carlos V Vega
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El TSJ de la Comunidad Valenciana confirma la condena de un año de prisión por agresión sexual a una menor

La Sala de lo Civil y Penal del TSJ de la Comunidad Valenciana ha confirmado un año de prisión por agresión sexual a una menor de edad. La Sección de Apelación Penal del alto tribunal autonómico desestima el recurso de la defensa contra la sentencia condenatoria de la Sección Segunda de la Audiencia Provincial de Alicante.

EN 30 SEGUNDOS

  • ¿Qué ha resuelto el tribunal? La Sala de lo Civil y Penal del TSJ de la Comunidad Valenciana desestima la apelación y confirma la pena de un año de prisión por un delito de agresión sexual a una menor de edad.
  • ¿Qué base jurídica aplica? Recurso de apelación contra sentencia de la Audiencia Provincial (artículo 846 bis a) de la Ley de Enjuiciamiento Criminal) y control limitado a la racionalidad de la valoración probatoria practicada con inmediación.
  • ¿Qué impacto tiene? Refuerza la doctrina que impide a la apelación sustituir el juicio de credibilidad del tribunal de instancia y consolida la condena dictada en Alicante.

Antecedentes: la condena de la Audiencia de Alicante y el recurso de la defensa

Los hechos se produjeron en la escalera de un portal, donde el condenado y la víctima, menor de edad, permanecían sentados. La Sección Segunda de la Audiencia Provincial de Alicante consideró acreditados unos tocamientos no consentidos y dictó sentencia condenatoria por un delito de agresión sexual, con imposición de la pena de un año de prisión. Contra ese pronunciamiento, la defensa interpuso recurso de apelación ante la Sala de lo Civil y Penal del TSJ de la Comunidad Valenciana.

El cauce impugnatorio es el previsto para las sentencias dictadas por las Audiencias Provinciales en el procedimiento abreviado, regulado en el artículo 846 bis a) de la Ley de Enjuiciamiento Criminal. La competencia para resolver corresponde a la Sala de lo Civil y Penal del Tribunal Superior de Justicia. No se celebra nueva prueba de carácter personal ni se sustituye la valoración del órgano que juzgó en primera instancia.

Su argumentación se centró en la impugnación de la valoración probatoria. La defensa sostuvo que la Audiencia no habría alcanzado el estándar exigible para destruir la presunción de inocencia. Es el eje habitual de estas apelaciones: la parte recurrente pretende que el tribunal superior relea la prueba personal, practicada con inmediación, y sustituya el criterio del órgano de instancia.

El tribunal autonómico rechazó ese planteamiento. Los magistrados de la Sección de Apelación Penal concluyen que la Sección Segunda de la Audiencia alicantina llevó a cabo una valoración lógica, razonable y ampliamente razonada de la prueba practicada en el juicio oral. La motivación fáctica se declara suficiente y no arbitraria. La fórmula condensa la exigencia constitucional de motivación y el estándar de control sobre la prueba de carácter personal.

El tribunal autonómico asume la valoración probatoria de la Audiencia Provincial de Alicante y descarta que la apelación opere como una revisión plena del relato fáctico.

El fallo del TSJCV: confirmación íntegra de la pena

La consecuencia procesal es la desestimación íntegra del recurso. La sentencia de instancia queda confirmada en cuanto a la calificación jurídica, la autoría y la extensión de la pena: un año de prisión por agresión sexual a una menor. El TSJ de la Comunidad Valenciana no aprecia circunstancias que aconsejen revisar la condena ni introduce modificación alguna en el fallo.

Ni el número de sentencia ni la fecha exacta de dictado figuran en la nota de prensa oficial difundida por la Oficina de Comunicación del TSJ de la Comunidad Valenciana y alojada en el archivo del Consejo General del Poder Judicial. Tampoco se precisa el artículo concreto del Código Penal aplicado ni la edad de la víctima. El texto íntegro deberá consultarse en el buscador del CENDOJ cuando se incorpore a la base de datos.

agresión sexual menor

La Doctrina del Tribunal

La resolución se inserta en la doctrina consolidada sobre el alcance del recurso de apelación frente a sentencias condenatorias de las Audiencias Provinciales. Cuando la prueba determinante es de carácter personal y se practicó con inmediación, la apelación no autoriza a sustituir el juicio de credibilidad. El control se circunscribe a verificar que la motivación sea lógica y que el material probatorio baste para enervar la presunción de inocencia del artículo 24.2 de la Constitución.

Ese estándar arranca de la STC 167/2002 y se ha desarrollado en resoluciones posteriores del Tribunal Constitucional y de la Sala Segunda del Tribunal Supremo. La fórmula empleada por el tribunal valenciano excluye la condena por meras sospechas o inferencias abiertas. La doctrina limita la revisión de la prueba personal en apelación y refuerza las condenas suficientemente motivadas.

Resta al condenado la vía del recurso de casación ante la Sala Segunda del Tribunal Supremo, conforme al régimen general de la Ley de Enjuiciamiento Criminal para las sentencias dictadas en apelación por las Salas de lo Civil y Penal de los Tribunales Superiores de Justicia, y el recurso de amparo ante el Tribunal Constitucional. La doctrina vigente restringe severamente la revisión probatoria en sede de amparo.

FICHA DEL CASO

  • El caso: Procedimiento abreviado por un delito de agresión sexual. La Sección Segunda de la Audiencia Provincial de Alicante condenó a un joven por unos tocamientos a una menor de edad mientras ambos permanecían sentados en la escalera de un portal. La defensa recurrió en apelación ante la Sala de lo Civil y Penal del TSJ de la Comunidad Valenciana.
  • Datos importantes: Pena de un año de prisión. Cauce procesal: artículo 846 bis a) de la Ley de Enjuiciamiento Criminal. El número de sentencia no consta en la información difundida. La nota no especifica si el fallo fue unánime o incluyó votos particulares.
  • Fecha de los juicios: La nota del Consejo General del Poder Judicial no precisa la fecha de la vista oral ni la de dictado de la resolución. Los hechos se sitúan en la escalera de un portal, en fecha no detallada en la información disponible.
  • Personas acusadas y por qué: Un joven, condenado como autor de un delito de agresión sexual a una menor de edad. No se difunden datos identificativos del condenado ni de la víctima.

Moción de censura Argentina: la inestabilidad institucional que amenaza a empresas españolas

Amparo Soler
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Moción de censura Argentina: la inestabilidad institucional que amenaza a empresas españolas

La renuncia de Manuel Adorni reabrió el debate sobre la moción de censura en Argentina, que amenaza a las empresas españolas.

El pasado mes de junio, esa salida puso al descubierto una incomprensión llamativa sobre un mecanismo poco conocido: la moción de censura al Jefe de Gabinete de Ministros, la figura que coordina el Ejecutivo. Y el asunto tiene una lectura directa para España. La banca española opera en un país de reglas frágiles.

Conviene situar el escenario antes de seguir. El Jefe de Gabinete de Ministros funciona como una suerte de primer ministro de perfil técnico, con rango constitucional. Coordina la administración general del país y sirve de enlace entre el presidente y el resto de los ministerios. Desde 1994 arrastra un control parlamentario peculiar, sin apenas parangón en el mundo.

Qué es la moción de censura al jefe de Gabinete argentino

Vamos por partes. La moción de censura es un invento del parlamentarismo europeo. En Europa, la oposición la presenta tras una interpelación a un ministro o al primer ministro; si sale adelante, el afectado dimite de inmediato. Su mera existencia funciona como un disuasivo: casi siempre gana la negociación antes que el enfrentamiento.

Argentina importó esa figura en la reforma constitucional de 1994, pero solo para el Jefe de Gabinete, que hoy regula el artículo 101. Y aquí está la clave: a diferencia de un primer ministro europeo, el jefe de Gabinete argentino no puede disolver el Congreso ni adelantar elecciones. Traducido: la moción destituye pero no nombra un reemplazo.

El mecanismo importado de Europa llegó a Argentina sin su arma principal: la capacidad de disolver el Congreso y convocar elecciones.

Por qué la fragilidad argentina golpea a la banca española

Y aquí es donde entra España. Santander, BBVA, Telefónica y Mapfre figuran entre los inversores extranjeros más veteranos del país. Cuando la política argentina se desordena, estas filiales notan de inmediato el riesgo país, el sobrecoste que exige el mercado para prestar dinero a un Estado que inspire dudas.

Cada episodio de fragilidad institucional encarece la financiación, retrasa decisiones de inversión y tensiona el tipo de cambio. España es uno de los mayores inversores extranjeros en Argentina. Esa posición no se sostiene sola: depende de que las reglas del juego aguanten el pulso político.

Conviene recordar el origen de esa presencia. La gran ola inversora española llegó en los años noventa, con las privatizaciones argentinas: bancos, telecomunicaciones y energía. Tres décadas después, aquellas filiales siguen ahí, pero con menos margen para los sobresaltos.

No es un problema abstracto. La banca española gana dinero en Argentina cuando hay previsibilidad, y lo pierde cuando el país entra en terreno pantanoso. Por eso cada debate sobre el mecanismo de censura se lee en Madrid como una señal más del riesgo institucional que lastra la inversión.

El precedente que explica por qué el artículo 101 quedó cojo

Esto no es nuevo. Desde 1994, casi todos los jefes de Gabinete argentinos se han resistido a cumplir con su obligación mensual de informar ante el Congreso. El artículo 101 les exige presentarse una vez al mes, alternando las cámaras, y responder preguntas sobre los temas más dispares. Es un trámite que les consume la última semana de cada mes.

La comparación con Europa aclara el desajuste. Allí los ministros responden sobre asuntos concretos; aquí, el jefe de Gabinete debe patrullar por todos los ministerios para recolectar respuestas. No es casual que el país discuta ahora una reforma de los reglamentos parlamentarios para permitir que comparezca en comisiones en lugar del recinto.

El antecedente pesa. Argentina ya vivió en 2001 una de las mayores crisis de confianza de su historia, con un corralito que congeló depósitos y golpeó de lleno a la banca extranjera. Aquella herida marcó durante años la relación con los inversores.

Para España, la lección es conocida: la calidad institucional de un socio pesa tanto como su tamaño de mercado. Argentina vuelve a discutir su control político en plena fragilidad. Las empresas españolas allí asentadas seguirán leyendo cada episodio como una señal de riesgo. Conviene seguir de cerca esa reforma: de ella depende que el país gane previsibilidad y que la inversión española no pague el precio del desorden.

📌 Ficha del Caso

  • Ficha sobre el caso: La renuncia de Manuel Adorni en junio reabrió el debate sobre la moción de censura al Jefe de Gabinete, regulada por el artículo 101 desde la reforma de 1994.
  • Datos importantes: El jefe de Gabinete no puede adelantar elecciones, así que la moción solo destituye sin nombrar reemplazo. Desde 1994, casi ninguno ha cumplido su comparecencia mensual.
  • Resumen: La fragilidad institucional argentina expone a las filiales de la banca y las grandes empresas españolas a un sobrecoste de riesgo país.

Micron avisa: la crisis de RAM se agravará en 2027 y 2028 mientras dispara sus márgenes

Sara Olmedo
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Micron avisa: la crisis de RAM se agravará en 2027 y 2028 mientras dispara sus márgenes

Micron cierra 2026 con 133.188 millones de dólares en ingresos y una advertencia: la crisis de RAM será peor. La compañía estadounidense acaba de presentar las cuentas de su ejercicio fiscal y el mensaje de su consejero delegado, Sanjay Mehrotra, ha dejado frío al sector: la escasez de memoria no solo sigue viva, se agravará en 2027 y 2028.

Claves de la operación

  • Márgenes de récord en el cuarto trimestre. Micron cerró el periodo con un margen bruto consolidado del 87%, 54.230 millones de dólares en ingresos y 37.700 millones de beneficio neto, con un alza del 343% interanual en los ingresos de DRAM.
  • La producción de 2027 ya está comprometida. Los grandes proveedores cloud han asegurado su suministro con compras anticipadas a medio plazo, lo que deja al mercado de consumo sin capacidad de negociación.
  • El precio golpea a móviles, consolas y televisores. El encarecimiento de la DRAM ha dejado de ser un problema de fabricantes para convertirse en una subida transversal del hardware de consumo.

El cuello de botella que la IA se niega a soltar

El origen del problema no está en la producción ni en las materias primas. Está en el reparto de la capacidad. Los fabricantes han volcado su producción en la memoria HBM que demanda la IA, la memoria de alto ancho de banda, un tipo de chip con márgenes muy superiores a los de la DRAM convencional. Cada oblea destinada a un acelerador de Nvidia deja de estar disponible para un teléfono, un portátil o un televisor.

Esa reasignación genera un efecto en cascada. Los proveedores de servicios cloud firman acuerdos de compra anticipada a medio plazo que dejan al mercado de consumo sin capacidad de negociación. Cuando un fabricante de móviles necesita memoria no compite contra otro fabricante: compite contra un hiperescalador que reserva capacidad por años.

Micron ya tiene vendida la mayor parte de su producción de 2027. Mehrotra lo trasladó a sus inversores sin rodeos: el equilibrio no volverá pronto y los clientes pagarán precios muy por encima de los de este ejercicio. Sus previsiones para 2027 y 2028 funcionan, a la vez, como diagnóstico y como hoja de ruta comercial.

El comunicado de resultados de la compañía recoge un margen bruto consolidado del 87% en el cuarto trimestre, frente a los niveles históricos muy inferiores del sector. Es una cifra que explica por sí sola por qué nadie tiene prisa por reequilibrar el mercado.

Cuando el suministro de memoria se reparte por contratos plurianuales con la nube, el precio minorista deja de ser una decisión comercial y pasa a ser una consecuencia.

La factura que ya pagan móviles y consolas

Las consecuencias ya se notan en el bolsillo. TrendForce proyectó subidas del 90% al 95% en la DRAM convencional para el primer trimestre de 2026, y el mercado ha validado ese escenario con creces en los meses siguientes. La escasez ha dejado de ser un problema de fabricantes para convertirse en un encarecimiento general del hardware de consumo.

Los estrategas del sector han reaccionado recortando catálogo. Hay fabricantes que han matado el modelo base de sus móviles, y varios han vuelto a chips y memorias de generaciones anteriores, incluida LPDDR4X, para contener costes. El resultado es paradójico: teléfonos más caros con hardware más viejo.

precio memoria RAM

Ni las grandes plataformas escapan. Las consolas, que históricamente se abarataban con los años, han invertido esa curva. Un dispositivo de streaming con siete años de vida en el mercado ha duplicado su precio de referencia, y varios televisores y accesorios de de gama alta han subido su etiqueta de un trimestre a otro.

Micron, SK hynix y Samsung: quién gana cuando todos pierden

Micron no tiene competidor directo en el IBEX 35, pero su posición condiciona toda la cadena de valor tecnológica europea y española. Los tres grandes fabricantes de memoria —Micron, SK hynix y Samsung— controlan la práctica totalidad del suministro global. Cuando los tres priorizan lo mismo, el resto asume la factura. Es una lección de concentración de mercado que España conoce bien en otros sectores estratégicos.

Micron gana, además, con que el mercado crea que habrá escasez, porque eso empuja a sus clientes a comprar cuanto antes. Sus previsiones para 2027 y 2028 son también una estrategia comercial. La compañía planea abrir nuevas fábricas en 2028 con 25.000 millones de dólares de gasto de capital solo en el primer semestre de su nuevo ejercicio, una expansión que, por calendario, no aliviará la escasez a corto plazo.

Observamos que el riesgo que el mercado descuenta menos es el de la sobrecapacidad. Hablamos de dos años vista, y en dos años la demanda de IA puede moderarse o Samsung, SK hynix y los fabricantes chinos pueden añadir capacidad antes de lo previsto. Si eso ocurre, los precios actuales se darán la vuelta con la misma rapidez con la que han subido.

En España, el encarecimiento llega en un momento delicado para la renovación de dispositivos. Las operadoras de telecomunicaciones, que han usado históricamente los terminales como reclamo de captación, ven cómo el coste del teléfono tensiona la subvención y el margen de la venta asociada. Las cadenas de distribución especializada afrontan el mismo problema: cada punto de precio más alto reduce la rotación y alarga la vida útil de los equipos que los usuarios deciden no cambiar.

Para el consumidor español, el efecto ya es tangible en la renovación del móvil o la compra de una consola, dos de los desembolsos tecnológicos más habituales de los hogares. La pregunta abierta es si el repunte de capacidad llega antes que la moderación de la demanda. El hito a seguir es la publicación de los resultados de Micron y de sus competidores surcoreanos, prevista para los próximos meses.

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