Trump firma la Orden Ejecutiva que rebautiza la IA como ‘superinteligencia’ y las tecnológicas evitan el cambio

Jack Williams
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Trump firma la Orden Ejecutiva que rebautiza la IA como ‘superinteligencia’ y las tecnológicas evitan el cambio

EN 30 SEGUNDOS

  • ¿Qué ha pasado? Donald Trump firmó esta semana la Orden Ejecutiva que ordena al Gobierno federal sustituir ‘inteligencia artificial’ por ‘superinteligencia’ en documentos y comunicaciones oficiales.
  • ¿Quién está detrás? La Casa Blanca, con el vicepresidente JD Vance y el speaker (presidente de la Cámara de Representantes) Mike Johnson, más Elon Musk, Mark Zuckerberg, Jensen Huang, Sam Altman, Sundar Pichai y Dario Amodei.
  • ¿Qué impacto tiene? Ninguno sobre la normativa: el cambio afecta al vocabulario del Gobierno federal, no a los contratos de las empresas españolas.

Trump firmó esta semana la Orden Ejecutiva que obliga al Gobierno federal a llamar superinteligencia a la inteligencia artificial. Las compañías que construyen la tecnología no han confirmado si le siguen el paso.

Qué dice la Orden Ejecutiva y qué cambia dentro del Gobierno federal

El texto es corto. Las agencias federales deben reemplazar en sus documentos presentaciones y comunicaciones la expresión ‘inteligencia artificial’ por el término ‘superinteligencia’. La Orden Ejecutiva —el decreto presidencial que no necesita aprobación del Congreso— permite al presidente de Estados Unidos dirigir la administración federal sin votación previa.

La firma llegó acompañada del Accord on Superintelligence, un acuerdo presentado en la Casa Blanca con las grandes compañías del sector. Su principio central lo resumió Jensen Huang: ‘las empresas que construyen esta tecnología tienen la responsabilidad principal de desarrollarla y desplegarla de forma segura’. El presidente de Nvidia añadió que ofrece ‘una oportunidad extraordinaria’ para la productividad, la salud y la seguridad.

‘Recuerden esto: quien gane la SI va a ganar’, dijo Trump a los periodistas fuera del Ala Oeste. Y justificó el cambio de palabra: ‘usamos super porque la otra es una palabra falsa’. Elon Musk se sumó a la broma: ‘vale la pena destacar los beneficios de la IA, perdón, de la superinteligencia’.

Por qué OpenAI, Google, Meta y Nvidia no han movido ficha

Ninguna de las compañías presentes en la firma —Anthropic, OpenAI, Google, Meta, SpaceXAI y Nvidia— ha aclarado si renombrará productos, divisiones o sociedades, según informó el Washington Examiner. El silencio tiene una explicación sencilla. La palabra ya está ocupada.

Desde hace años, ‘superinteligencia’ designa en el sector los sistemas hipotéticos que superarían las capacidades humanas, un escenario que la propia industria coloca en el futuro. Adoptarlo como nombre comercial equivaldría a sostener que los modelos actuales ya son eso. Nadie quiere firmar esa frase en un folleto.

Rebautizar una tecnología no es un gesto cosmético: quien fija el nombre fija el marco con el que después se legisla, se invierte y se teme.

La última semana dejó tres velocidades distintas. Mark Zuckerberg usa el término de forma intercambiable desde que puso en marcha los Meta Superintelligence Labs, y el 28 de septiembre publicó que ‘creará oportunidades significativas para todas las personas y empresas’. Elon Musk lo repite en persona y en redes, aunque la web de SpaceXAI sigue igual.

Y Sam Altman continuaba diciendo ‘AI’ el 1 de octubre. Sundar Pichai, por su parte, mencionó el acuerdo sin nombrar la tecnología: la ambigüedad calculada también es una respuesta.

orden ejecutiva IA

La Lógica de Washington

Washington no discute una palabra: discute el marco. Durante dos años, el debate público sobre la IA ha estado dominado por la advertencia, por los llamamientos a frenar el desarrollo de de los modelos frontera y por el lenguaje del riesgo existencial. El mes pasado, el exinvestigador de Anthropic Jacob Coxon advirtió de que la tecnología podría ‘matarnos a todos antes del final de la década’. La Casa Blanca quiere cambiar el sustantivo para cambiar el tono. El nombre es la política.

Detrás hay una coalición reconocible del Partido Republicano: el bloque tecnológico que reclama menos regulación y más contratos federales, con Musk, Zuckerberg y Huang como cabezas visibles, y un electorado que lee la carrera tecnológica como una competición con China. ‘Quien gane la SI va a ganar’ no es una frase sobre software. Es una frase sobre hegemonía.

El resorte es antiguo: en 1983, Ronald Reagan convirtió la Iniciativa de Defensa Estratégica en un relato nacional de superioridad y el apodo que le puso la prensa, ‘Star Wars’, acabó sustituyendo al nombre oficial del programa. La lógica se repite cuarenta y tres años después. Washington no pide permiso.

El giro de superinteligencia Trump llega a Europa como una pregunta incómoda: qué hacer cuando el principal proveedor tecnológico del mundo cambia el vocabulario del sector. Para España, la respuesta práctica es que nada se mueve en el plano legal.

En Bruselas, el Reglamento Europeo de Inteligencia Artificial mantiene su calendario, con la plena exigencia para los sistemas de alto riesgo prevista para agosto de 2027, y la Agencia Española de Supervisión de la Inteligencia Artificial sigue desplegando su marco desde A Coruña. Las empresas españolas que integran modelos de OpenAI o Google —desde Santander y BBVA hasta Telefónica o Inditex— seguirán firmando contratos con la palabra ‘IA’ dentro.

Cada agencia federal irá adaptando manuales, formularios y licitaciones en los próximos meses, y ahí el cambio deja de ser retórica. Un pliego que dice ‘sistema de inteligencia artificial’ y otro que dice ‘sistema de superinteligencia’ describen, a efectos prácticos, lo mismo. Queda una incógnita razonable: si las compañías no adoptan el término, la administración federal acabará usando un vocabulario que su propia industria evita.

Ficha del Caso

  • El caso: La Casa Blanca ha decretado que el Gobierno federal llame ‘superinteligencia’ a la inteligencia artificial y ha firmado con las grandes tecnológicas un acuerdo sobre desarrollo seguro.
  • Datos clave: Orden Ejecutiva firmada esta semana; Accord on Superintelligence suscrito con Anthropic, OpenAI, Google, Meta, SpaceXAI y Nvidia; ninguna compañía ha confirmado si renombrará sus productos.
  • Para España: el cambio no altera la normativa europea ni los contratos de las empresas españolas, que seguirán operando bajo el Reglamento Europeo de IA hasta su plena aplicación en agosto de 2027.

Sumar debate su estrategia en vivienda tras el rechazo en el Congreso: institucionalizar la protesta o la marea social

Iñigo Larrea
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Sumar debate su estrategia en vivienda tras el rechazo en el Congreso: institucionalizar la protesta o la marea social

La estrategia de Sumar en vivienda se queda sin palanca institucional tras el rechazo de sus decretos en el Congreso. Y ahora el problema es de relato, no de escaños.

El movimiento por la vivienda no ha bajado el ritmo. Las últimas manifestaciones han llevado la protesta a Almería, Gijón, Salamanca y Murcia, mientras las acampadas se extienden desde la Puerta del Sol a Granada y Alicante. En Madrid, un grupo de ultraderecha intentó boicotear la acampada de Sol y la Delegación del Gobierno confirmó tres detenciones en la calle Montera. El sector más activo del movimiento ya habla de huelga general.

Ese es el terreno sobre el que Sumar tiene que decidir su próximo movimiento. El rechazo de los decretos de vivienda —sin datos oficiales del escrutinio a cierre de edición— dejó al Grupo Parlamentario Sumar sin la vía más rápida para tocar el mercado del alquiler: un decreto se convalida o se hunde en una sola votación, y esa votación no esperó. La ley estatal de vivienda de 2023 fue el último gran hito legislativo del espacio del cambio.

Un rechazo que cierra la vía rápida

La propuesta que decayó se apoyaba en dos medidas que la calle reconoce de memoria: el escudo antidesahucios y el veto a los fondos buitre en la compra de vivienda pública. Los sondeos difundidos al calor de las movilizaciones sitúan a más de la mitad del electorado del PP, Vox y Junts a favor de ambas, una paradoja incómoda para la mayoría que no las respaldó. La aritmética no da: cualquier texto del Gobierno necesita a Junts, ERC, EH Bildu o el PNV, y ninguno de ellos firma vivienda sin contrapartidas.

Lo que viene ahora es más lento por definición. Una proposición de ley pasa por ponencia, comisión y pleno, y en cada estación el texto puede perder el filo. Para una formación que ha hecho de la urgencia su marca política, el calendario parlamentario es un problema.

La lectura interna es menos amable. Sumar no ha perdido solo una votación: ha perdido el instrumento con el que pensaba demostrar que estar en el Gobierno sirve para algo. Cuando eso ocurre, la pregunta que recorre la organización no es qué hacemos mal en el Congreso, sino qué hacemos mientras tanto.

La marea por la vivienda no le pide a Sumar que grite más: le pide que consiga algo. Y en el Congreso no puede conseguirlo sola.

No es una derrota cualquiera. La cartera de Vivienda es socialista desde el arranque de la legislatura, así que el marco de la política estatal no lo fija Sumar: lo negocia. El PSOE pierde una votación; Sumar pierde el relato con el que se presentó a las elecciones.

Institucionalizar la protesta o cabalgarla

marea por la vivienda

Sumar no discute si acompaña a la marea: discute cómo. En la dirección convive el sector que quiere institucionalizar la protesta —traducirla en iniciativas, mesas con el PSOE y un paquete presupuestario que compense el varapalo— con el que entiende que la fuerza del espacio está en las acampadas, y que desmovilizarlas para salvar una negociación sería el peor negocio posible. Las dos posiciones tienen su lógica. Las dos saben que el movimiento no espera.

El peso territorial inclina la balanza hacia la segunda. Las confluentes —Izquierda Unida, Más País, Compromís, Catalunya en Comú, Galicia en Común, o Chunta Aragonesista— gobiernan o cogobiernan ciudades donde el precio del alquiler es la primera queja ciudadana, y buena parte de sus cuadros está en las plataformas de inquilinos. Para ellos, la marea no es un problema de comunicación: es su base electoral.

Y está el factor Podemos. Las cinco diputadas de Ione Belarra e Irene Montero ocupan el Grupo Mixto desde diciembre de 2023 y compiten por el mismo espacio: si Sumar modera el tono en vivienda para sostener la coalición, ese hueco queda libre. No es un riesgo teórico. Es la dinámica que ya partió al grupo en dos hace tres años.

La Dinámica de Coalición

El equilibrio interno de Sumar descansa sobre los 31 escaños del 23-J, cinco de los cuales volaron al Mixto en diciembre de 2023. Lo que queda es una coalición de partidos donde la unidad depende de que Yolanda Díaz siga siendo a la vez vicepresidenta del Gobierno y líder del espacio: cada gesto hacia la marea lo lee el PSOE como presión, y cada gesto hacia el PSOE lo leen las confluentes como renuncia.

La dimensión de coalición se juega este otoño. Si el Ejecutivo vuelve a llevar al Congreso un texto de vivienda, Sumar tendrá que decidir si lo respalda sin condiciones o lo ata a las medidas que ya decayaron; si la vía falla otra vez, el coste será doble, porque la calle ya no espera a que se lo pidan. El próximo debate parlamentario —una interpelación, una proposición no de ley, la negociación presupuestaria— dirá si el espacio ha encontrado su método o sigue buscándolo.

Ficha del Caso

  • El caso: Sumar busca cómo canalizar la marea por la vivienda después de que sus decretos decayeran en el Congreso, con el movimiento reclamando incluso una huelga general.
  • Datos importantes: 31 escaños del Grupo Parlamentario Sumar en el 23-J, cinco perdidos al Grupo Mixto en diciembre de 2023; sin cifras oficiales de la votación a cierre de edición; acampadas en Sol, Granada y Alicante; la ley estatal de vivienda de 2023 como último hito legislativo.
  • Resumen: El debate interno opone la vía institucional al apoyo sin cortapisas a la calle, con el PSOE controlando Vivienda y Podemos al acecho del relato del espacio.

Déficit fiscal Colombia: la hoja de ruta que decide el futuro de las empresas españolas

Amparo Soler
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Déficit fiscal Colombia: la hoja de ruta que decide el futuro de las empresas españolas

El déficit fiscal de Colombia podría rozar el 9,4% del PIB y su ajuste marcará el futuro de las empresas españolas.

Los números de un desajuste que roza el 9,4% del PIB

La escena se repite en Bogotá cada vez que un panel convoca a los grandes empresarios del país. En la segunda sesión de la iniciativa ‘Líderes y empresas que construyen país’ 2026, promovida por El Tiempo Casa Editorial, la economista Marcela Meléndez, directora ejecutiva de Fedesarrollo, puso cifras al problema: entre 2015 y 2025 la economía colombiana creció un promedio del 1,1% del PIB, un ritmo incapaz de mover la aguja de la pobreza y la desigualdad.

Y aquí está la clave: el motor de la inversión se apagó. La tasa de inversión cayó del 23,4% en 2015 al 15,9% en 2026, con un último cuatrienio especialmente duro. La deuda del Gobierno central ronda ya el 60% del PIB, por encima del ancla del 55% que fija la regla fiscal, la norma que limita por ley el endeudamiento público del país.

El déficit primario —el saldo en rojo entre ingresos y gastos sin contar los intereses de la deuda— pasaría del 3,3% del PIB de 2025 al 4,5% en 2026, y arrastraría el déficit total hasta el 9,4%, según las proyecciones de Fedesarrollo. Traducido: Colombia se financia cada vez más caro y una deuda cara deja menos dinero para carreteras, hospitales y seguridad.

Por qué el déficit fiscal de Colombia golpea a las empresas españolas

ajuste fiscal Colombia

España figura desde hace décadas entre los principales inversores extranjeros de Colombia, por detrás de Estados Unidos. Bancos como BBVA y Santander, la teleco Telefónica —con la marca Movistar—, energéticas como Repsol, concesionarias como Sacyr y tecnológicas como Indra mantienen allí filiales, contratos y plantilla. Su cuenta de resultados depende de tres variables que el desajuste mueve a la vez: el tipo de cambio, el coste de la financiación y el gasto público.

Una regla fiscal quebrada encarece la deuda pública, y una deuda cara acaba siempre pagándose con menos inversión privada.

Conviene recordar que un peso débil reduce en euros los beneficios repatriados: la misma facturación vale menos al convertirla en las cuentas de la matriz. A eso se suman el encarecimiento de la deuda soberana, que contagia el precio del crédito corporativo, y un recorte del gasto que enfría la licitación de obra pública.

El nuevo Gobierno colombiano se ha fijado recortar el déficit primario en 2,2 puntos del PIB en un solo año mediante una ‘ley de rescate económico’ centrada en el gasto, un objetivo que Fedesarrollo considera ambicioso y difícil de cumplir en ese plazo.

El margen, además, es estrecho. Alrededor del 55% del gasto público es intocable a corto plazo sin reformas legales en pensiones, salud y transferencias territoriales, y solo un 35% admite recortes rápidos. Entre 2022 y 2025 se sumaron 52,4 billones de pesos de gasto estructural, y el terremoto de agosto añadirá una factura próxima a los 30 billones.

En el foro se habló de las obras por impuestos, el mecanismo por el que una empresa paga tributos ejecutando infraestructura. Fedesarrollo lo ve como un empujón útil para proyectos hoy atascados, aunque avisa de que mantenerlo en el tiempo sería muy costoso para el Estado. Para las concesionarias españolas, ese grifo abierto o cerrado vale varios contratos.

Entre los participantes, José Fernando Quintero, directivo de Indra Group para Colombia, Ecuador, Centroamérica y el Caribe, defendió la modernización tecnológica del Estado para combatir la evasión y elevar la productividad. Es la única empresa española en la nómina del panel, y el resto de voces insistió en lo mismo: sin seguridad jurídica no hay inversión.

Lo que enseña el precedente y qué conviene vigilar

El precedente español más cercano es 2012, cuando el préstamo europeo de hasta 100.000 millones para sanear la banca llegó acompañado de un ajuste que se prolongó durante años. Aquel dinero evitó el colapso, pero dejó una lección que las empresas españolas conocen bien: el auxilio exterior viene siempre con condiciones y letra pequeña. Colombia negocia ahora un acuerdo con el Fondo Monetario Internacional, y Fedesarrollo lo lee como una señal positiva: disciplina fiscal, tipo de cambio más estable y crédito más barato.

El otro aprendizaje está en la letra pequeña. Fedesarrollo calcula que aunque se ejecute el 75% del ajuste, el déficit total seguiría en el 6,3% del PIB y la deuda rondaría el 66% en 2030.

Tres frentes marcarán el calendario: la reforma del Sistema General de Participaciones, que subiría las transferencias a las regiones del 26% al 39%; el IVA, cuyas exenciones cuestan un 5,8% del PIB en recaudo perdido; y el derrumbe de la aportación del petróleo, del 19,6% al 3,7% entre 2013 y 2025.

Para las empresas españolas, el reloj corre en dos direcciones: cada punto de déficit que no se recorta encarece su financiación, y cada mes sin cierre del acuerdo con el FMI congela una decisión de inversión. La hoja de ruta está sobre la mesa. Lo que falta, como recordó Meléndez, es claridad en la estrategia.

📌 Ficha del Caso

  • Ficha sobre el caso: Un panel de líderes y empresas reunido en Bogotá analiza cómo corregir un déficit fiscal que amenaza con rozar el 9,4% del PIB y que condiciona la inversión extranjera en Colombia.
  • Datos importantes: La deuda del Gobierno central ronda el 60% del PIB, por encima del ancla del 55%, y la inversión cayó del 23,4% al 15,9% entre 2015 y 2026, según Fedesarrollo.
  • Resumen: El rumbo fiscal colombiano decide la financiación, la facturación y los proyectos pendientes de las empresas españolas asentadas en el país.

El Senado cierra un acuerdo bipartidista de reforma de permisos para desbloquear infraestructura y energía

Jack Williams
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El Senado cierra un acuerdo bipartidista de reforma de permisos para desbloquear infraestructura y energía

El Senado ha cerrado un acuerdo bipartidista de reforma de permisos para desbloquear la construcción de infraestructura y energía en Estados Unidos. La votación no llegará hasta después de las elecciones de noviembre.

Bautizada como Ley Bipartidista de Asequibilidad y Empleo de Estados Unidos de 2026, la norma ocupa 417 páginas y toca cuatro leyes federales clave: la Federal Power Act (el transporte de electricidad entre estados), la Ley Nacional de Política Ambiental (NEPA, la que obliga a estudios de impacto antes de construir), la Ley de Agua Limpia y la Ley de Especies Amenazadas. El anuncio llegó horas antes de que la Cámara alta levantara la sesión.

El presidente del Comité de Energía del Senado, el republicano Mike Lee, lo resumió así en el comunicado de anuncio: ‘Antes construíamos proyectos como la presa Hoover, el puente Golden Gate y el Empire State en años, no en décadas. Estados Unidos sigue teniendo los recursos y el talento, pero lo que se interpone casi siempre es un sistema de permisos que tarda demasiado y cuesta demasiado’.

La mecánica del acuerdo es la clásica de Washington: los demócratas se llevan los cambios que querían en la Federal Power Act para tender líneas eléctricas y conectar parques eólicos y solares a la red. Los republicanos obtienen límites a las revisiones ambientales y a los pleitos que bloquean gasoductos, minas, y otras infraestructuras. Los dos bandos ganan lo mismo: más oferta energética y precios más bajos.

En la práctica, la reforma de la NEPA exime de largos estudios ambientales a buena parte de las reparaciones y mejoras rutinarias y evita que los préstamos o ayudas federales disparen por sí solos una revisión. Los activistas tendrían 150 días para demandar y deberían demostrar un daño directo. El punto decisivo es otro: los tribunales podrán obligar a una agencia a corregir su estudio, pero ya no podrán paralizar la obra solo por un defecto en ese estudio.

Lo que el Senado propone es sencillo de enunciar y difícil de digerir: que un papel mal redactado deje de ser motivo suficiente para detener una obra.

La Ley de Agua Limpia obliga a los estados a centrar su revisión en en la contaminación del agua y limita su capacidad de bloquear gasoductos o líneas eléctricas por motivos ajenos. Si un estado deniega el permiso, tendrá que demostrar que ningún cambio podría hacer viable el proyecto.

Los permisos generales pasan de cinco a diez años y la Agencia de Protección Ambiental pierde el veto sobre dragados y rellenos ya autorizados. En la Ley de Especies Amenazadas los cambios son más modestos: los estados podrán asumir las evaluaciones, la consulta formal baja de 90 a 60 días y los opositores tendrán 150 días para impugnar el informe.

El texto se apoya en el trabajo previo del Comité de Recursos Naturales de la Cámara de Representantes, que preside Bruce Westerman, y del demócrata Jared Golden. Con ese respaldo, la ley cuenta con el visto bueno del líder de la mayoría del Senado, John Thune, y del speaker (el presidente de la Cámara de Representantes) Mike Johnson.

Lo que cambia para las empresas españolas que construyen en EE. UU.

permitting reform

Para las compañías españolas con presencia en Estados Unidos, el calendario importa tanto como el contenido. Iberdrola, a través de su filial Avangrid, opera redes y parques renovables en el noreste del país y lleva años atrapada en las colas de conexión a la red.

Acciona acumula cartera eólica y solar en el medio oeste, y Ferrovial construye y gestiona autopistas de peaje. Cada trimestre de retraso en una autorización es capital inmovilizado.

La comparación con Bruselas es inevitable. La Unión Europea aprobó en 2024 la Ley de Industria Cero Emisiones Netas, con plazos de autorización acortados para proyectos estratégicos. Hay una diferencia de fondo: en Estados Unidos el cuello de botella no es solo el permiso, es el pleito.

La Lógica de Washington

Aquí conviene preguntarse por qué existe esta ley. La respuesta está en la aritmética del Senado: con el filibusterismo vigente (el mecanismo que exige 60 votos para cerrar el debate y bloquea cualquier mayoría simple de 51), ninguna ley ambiental sale adelante sin demócratas. La única manera de construir gasoductos, líneas de alta tensión, minas y plantas es escribir un texto que ambos partidos puedan vender a su electorado.

Hay un precedente relevante. La NEPA la firmó Richard Nixon en 1970, en plena fiebre ambiental, y durante medio siglo se convirtió en la herramienta favorita de los litigios. Su primera modificación de calado en décadas llegó en 2023, dentro del acuerdo de techo de deuda entre la Casa Blanca y el Capitolio. Washington no desmantela la protección ambiental: decide cuánto pesa frente a la promesa de energía barata.

La coalición que sostiene el texto merece atención. Los republicanos de estados productores, como Utah y Virginia Occidental, defienden gasoductos y minas; los demócratas de estados que electrifican su red necesitan líneas nuevas para que los parques renovables lleguen al cliente. El electorado de Donald Trump escucha dos promesas: luz más barata y obra hecha en casa. Y los demócratas necesitan algo que enseñar en noviembre.

Para España la lectura es doble. Competitiva: si Estados Unidos acorta los plazos, atrae capital energético global que compite con el que busca Europa. Comercial: una ola de construcción en redes, gas y transmisión abre mercado a la ingeniería y a los componentes españoles.

Queda un riesgo evidente. El texto se votará cuando el Congreso vuelva tras las elecciones de noviembre y tendrá que convivir con la financiación del Gobierno federal, cuya prórroga expira el 11 de diciembre. Y los litigios no desaparecen: se trasladan a los tribunales estatales. La ley no está aprobada. Lo único confirmado es el acuerdo.

Ficha del Caso

  • El caso: El Comité de Energía del Senado anuncia un pacto bipartidista de reforma de permisos para acelerar proyectos de energía e infraestructura. Se votará tras las elecciones de noviembre.
  • Datos clave: Ley de 417 páginas; revisión de las leyes de política ambiental, agua limpia, especies amenazadas y energía federal; 150 días para litigar; consultas de 90 a 60 días; permisos generales de 5 a 10 años.
  • Para España: afecta a Iberdrola–Avangrid, Acciona y Ferrovial, y a los exportadores de bienes de equipo; si los plazos se acortan allí, el capital energético global compite más duro con el europeo.

La carrera por el liderazgo Sumar: Mónica García y Ada Colau al alza y un tapado de IU

Iñigo Larrea
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La carrera por el liderazgo Sumar: Mónica García y Ada Colau al alza y un tapado de IU

Sumar busca candidato para un posible adelanto electoral sin Bustinduy y con Mónica García, Ada Colau y Toni Valero en la quiniela.

Un candidato sin dueño: la quiniela que Sumar no logra cerrar

La metáfora la dejó escrita Íñigo Errejón en la primera temporada de Podemos: un partido que necesita «correr y atarse los cordones al mismo tiempo». El diagnóstico vuelve sobre Sumar. El espacio que lidera Yolanda Díaz tiene que correr, sí, pero aún va descalzo: sin candidato cerrado y sin saber en qué grado habrá unidad con las fuerzas que lo integran. La pregunta que lo condiciona todo es otra: si habrá o no acuerdo con Podemos.

El socio minoritario del Gobierno ha avanzado en conversaciones con Izquierda Unida, Movimiento Sumar, Más Madrid y Comunes como motores de una eventual alianza. El problema no es de siglas. Es de nombres. A las puertas de un posible adelanto electoral, nadie está atado y la única figura que despierta un clamor real, Pablo Bustinduy, se ha negado en redondo a dar el paso. El ministro de Derechos Sociales lleva un año rechazando ese rol por cuestiones personales, y todos los partidos lo quieren como líder precisamente porque no lo pide.

Sin Bustinduy, dos nombres que parecían zanjados han vuelto a coger fuerza. El primero es el de Mónica García. Hay sectores dentro de Sumar, que piden a la ministra de Sanidad que sea la candidata, y aprietan para que así sea. El problema es de encaje: es la líder de Más Madrid para la Comunidad de Madrid, y un cambio descabezaría al partido justo en su territorio de influencia, donde la competencia en la izquierda está especialmente animada.

El segundo nombre al alza es el de Ada Colau. La ex alcaldesa de Barcelona ha irrumpido en el debate después de haber rechazado ese paso durante meses. Ahora ha abierto la puerta a entrar en la candidatura con dos condiciones: construir un frente realmente amplio que incluya a Podemos y confeccionar una lista ilusionante. Colau aparece como una pista de aterrizaje natural para el partido morado, con el que mantiene buenas relaciones.

La elección del candidato no es solo un nombre: decide si Podemos entra en la alianza o queda definitivamente fuera.

De Toni Valero a Urtasun: las piezas que no reúnen consenso

candidatura Sumar

En la retaguardia aparece Toni Valero. El dirigente de Izquierda Unida está llamado a ser la referencia de esta formación en la nueva alianza y, por eso, hay que tenerle muy en cuenta. Juega en su contra un perfil discreto, poco conocido entre el votante general. A favor, su profundidad de análisis y su capacidad para imaginar un proyecto político para la izquierda. Mantiene, además, una relación engrasada con Podemos y puentes abiertos con Irene Montero. El hilo de las Juventudes Comunistas asoma como factor determinante para atraer a la dirigente morada.

El caso de Ernest Urtasun es distinto. Se le suele meter en las quinielas, pero su obstáculo principal está dentro de su propia casa: en Comunes se libra una batalla dura entre el sector de Colau y los que provienen de ICV, y Urtasun no reúne consenso interno. A eso se suma que se le percibe con un perfil parecido al de Sánchez. Y hay una advertencia que pesa: Pablo Iglesias ya dejó claro que con él como ministro de Cultura no sería posible un pacto con Podemos.

La dirigente de Podemos no es una opción para los partidos que integran Sumar. Pero si hubiera acuerdo, Irene Montero dará esa batalla: quiere liderar el espacio, y su vía más rápida para dirigir al resto pasa por desafiar en unas primarias abiertas. Una convocatoria adelantada de elecciones dinamita esa ruta, porque resulta muy difícil montar un proceso de ese calado en tan poco tiempo.

Hubo más nombres sobre la mesa y casi todos se han ido cayendo. Unai Sordo, líder de CCOO, fue un candidato que estuvo vivo hasta este pasado mes de agosto, cuando se cayó de forma definitiva. Antes se había tanteado a Alberto Garzón y al juez Joaquim Bosch. Ninguno cuajó. Las cuentas no cuadran para nadie.

La Dinámica de Coalición

Dentro de Sumar conviven al menos cuatro sensibilidades —Movimiento Sumar, Izquierda Unida, Más Madrid y Comunes— y cada una lee la sucesión desde su propio interés territorial. El liderazgo no se disputa solo entre personas; se disputa entre proyectos de partido. IU quiere un perfil reconocible en la nueva alianza y por eso mira a Valero. Más Madrid no puede permitirse perder a su referente autonómica sin abrir una crisis en Madrid. Comunes arrastra su propia guerra interna. Y sobre todas ellas planea la misma pregunta: qué precio tiene sentar a Podemos en la mesa.

La dimensión de coalición con el PSOE funciona en paralelo. Sumar negocia su futuro interno mientras sostiene el Gobierno de coalición con Pedro Sánchez, y cada movimiento de nombres tiene lectura en Moncloa. Un candidato que facilite el pacto con Podemos tensa menos el flanco izquierdo, pero complica el equilibrio con el socio mayoritario. Un candidato de perfil institucional como Urtasun hace lo contrario. La decisión interna condiciona la posición negociadora de Sumar en el Ejecutivo.

La proyección depende del calendario. Si el adelanto electoral se confirma, el espacio tiene semanas, no meses, para cerrar candidato y alianzas, y las primarias abiertas que reclama Montero se volverían casi imposibles de organizar. Si no hay adelanto, la conjura se aplaza, pero no se resuelve. Sordo se cayó en agosto. Bustinduy sigue diciendo no. El tiempo lo dirá.

Ficha del Caso

  • El caso: Sumar afronta la búsqueda de sustituto de Yolanda Díaz ante un posible adelanto electoral, sin candidato cerrado y con la relación con Podemos como variable decisiva.
  • Datos importantes: El espacio negocia con Izquierda Unida, Movimiento Sumar, Más Madrid y Comunes. Pablo Bustinduy rechaza liderar. Ada Colau pone como condición un frente amplio con Podemos. Unai Sordo se cayó de la quiniela en agosto de 2026.
  • Resumen: La elección del candidato decidirá el grado de unidad de la izquierda alternativa y condicionará la posición de Sumar en el Gobierno de coalición con el PSOE.

La Policía Nacional inicia el desalojo de 3.000 migrantes de la playa del Trampolín en Ceuta

Marta Iglesias
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La Policía Nacional inicia el desalojo de 3.000 migrantes de la playa del Trampolín en Ceuta

EN 30 SEGUNDOS

  • ¿Qué ha pasado? La Policía Nacional ha iniciado este domingo el desalojo de la playa del Trampolín, en Ceuta, donde permanecen más de 3.000 migrantes llegados en la entrada masiva desde Marruecos de los días 30 y 31 de julio.
  • ¿Quién está detrás? Entre 300 y 400 agentes de las Unidades de Intervención Policial (UIP) participan en el operativo, coordinado con la Ciudad Autónoma, con traslado de los migrantes al CATE de El Tarajal.
  • ¿Qué impacto tiene? El dispositivo no podrá completarse este domingo por falta de plazas; el objetivo oficial es despejar las playas antes del 15 de octubre, dos días después de la visita de los Reyes a Ceuta y Melilla.

La Policía Nacional ha comenzado este domingo el desalojo de la playa del Trampolín, en Ceuta, con más de 3.000 migrantes.

Es el mayor asentamiento que sigue activo en la ciudad autónoma. Quienes ocupan el arenal llegaron en la entrada masiva procedente de Marruecos de los días 30 y 31 de julio, y desde entonces el campamento no ha dejado de crecer a pocos metros del agua, a la vista de vecinos y turistas.

Desde primera hora de la mañana, un amplio dispositivo de las Unidades de Intervención Policial (UIP) —las unidades antidisturbios de la Policía Nacional— se ha desplegado en los alrededores para delimitar la zona y evitar incidentes. Entre 300 y 400 agentes participan en la operación, que cuenta con vehículos blindados y apoyo militar.

Un dispositivo de hasta 400 agentes para vaciar el arenal

A medida que avanzaba la mañana, los agentes han ido agrupando a los migrantes en pequeños grupos para trasladarlos en autobuses hasta el Centro de Atención Temporal de Extranjeros (CATE) de El Tarajal. Esa instalación funciona como primer filtro del operativo: allí se identifica a cada persona y se decide el paso siguiente.

Desde allí podrán ser derivados a alguno de los campamentos temporales habilitados en la ciudad o, en determinados casos, optar por regresar voluntariamente a Marruecos si comprueban que no pueden acogerse a las medidas de protección. El retorno voluntario se ha convertido en la válvula de escape del sistema.

Tres mil personas en una ciudad de 83.000 habitantes: el asentamiento del Trampolín equivale a sumar de golpe un barrio entero a Ceuta.

El dispositivo no prevé completar este domingo el desalojo de toda la playa. A Ceuta le faltan plazas para acoger a quienes siguen en el asentamiento, así que el goteo de autobuses continuará en los próximos días.

El reloj de las plazas: todo debe estar despejado antes del 15 de octubre

playa del Trampolín

Las autoridades están pendientes de de habilitar un nuevo espacio en terrenos próximos a la cárcel, que se convertiría en el noveno y último recurso temporal preparado para afrontar la situación. El objetivo del Gobierno central es que las playas recuperen la normalidad antes del 15 de octubre.

Dos días antes de esa fecha está prevista la visita de los Reyes a Ceuta y Melilla, los días 13 y 14 de octubre. La coincidencia de calendario añade presión al operativo.

Para dimensionarlo conviene mirar el mapa. Ceuta tiene 19 kilómetros cuadrados y unos 83.000 residentes, según el padrón municipal. Tres mil personas en ese perímetro equivalen a la población de uno de sus barrios, instalada en la franja de litoral más visible de la ciudad. Melilla, la otra ciudad autónoma cubierta por este vertical, soporta una presión migratoria similar, aunque ya desmanteló un asentamiento de estas dimensiones.

El Pulso Territorial

Ceuta lleva desde 2001 gobernada por el PP, con Juan Vivas al frente de la Ciudad Autónoma, una continuidad que ningún otro ejecutivo autonómico iguala. Pero el desalojo del Trampolín no se decide en la Asamblea de Ceuta —el parlamento unicameral de la ciudad, con 25 escaños—, sino en la Delegación del Gobierno, dependiente del Ejecutivo central. La inmigración irregular es competencia estatal, pero el coste de acoger a esas personas recae en una administración local.

Esa asimetría es el eje del pulso. El PP de Vivas reclama más recursos y un reparto más equilibrado del sistema de acogida; el PSOE, en la oposición local, y formaciones como MDyC inciden en la saturación de los servicios sociales; Vox, tercera fuerza en la Asamblea, centra su discurso en el control de fronteras. Ninguna de esas posiciones cambia un hecho: el operativo lo ejecuta la Policía Nacional, dependiente del Ministerio del Interior.

La comparación con otros territorios cubiertos por este vertical es inevitable. Ceuta y Melilla soportan una presión que no tiene parangón en Canarias, donde el fenómeno se mide en llegadas por vía marítima a costas mucho más extensas. Aquí todo ocurre en 19 kilómetros cuadrados y a la vista de la población.

Lo que viene tiene fechas concretas. El operativo seguirá hasta habilitar las plazas que faltan, con el 15 de octubre como horizonte y la visita de los Reyes marcando el tono informativo de esa semana. Más allá, las próximas elecciones a la Asamblea de Ceuta, previstas para mayo de 2027, volverán a convertir la gestión migratoria en eje de campaña, como ocurre desde 2015. La incertidumbre está en si el noveno espacio junto a la cárcel llegará a tiempo o si el arenal seguirá ocupado cuando llegue la comitiva real.

Ficha Autonómica

  • El caso: La Policía Nacional ha iniciado el desalojo de la playa del Trampolín, en Ceuta, el mayor asentamiento activo de la ciudad, con más de 3.000 migrantes llegados desde Marruecos a finales de julio.
  • Datos importantes: Entre 300 y 400 agentes de las UIP y apoyo militar en el operativo. El traslado se hace al CATE de El Tarajal. Ceuta estudia habilitar un noveno espacio temporal junto a la cárcel.
  • Resumen: El desalojo no se completará este domingo por falta de plazas. El objetivo oficial es que las playas estén despejadas antes del 15 de octubre, dos días después de la visita de los Reyes a Ceuta y Melilla.

EE. UU. lidera una coalición de 17 países para impulsar la ‘Kyoto Vision’ y abrir una era dorada de la ciencia

Jack Williams
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EE. UU. lidera una coalición de 17 países para impulsar la ‘Kyoto Vision’ y abrir una era dorada de la ciencia

Estados Unidos y otros 16 países han sellado la ‘Kyoto Vision’, la alianza científica global diseñada para la era de la superinteligencia.

La firma se produjo en Kioto, durante la 23ª reunión anual del foro Science and Technology in Society (STS), un encuentro que reúne a ministros de ciencia y tecnología de medio mundo. La declaración conjunta, bautizada en inglés como Kyoto Vision for a Golden Age of Science y recogida en el comunicado oficial de la Casa Blanca, compromete a los firmantes a renovar sus ecosistemas de investigación y a abrir lo que Washington describe como una era dorada del descubrimiento y la prosperidad.

Qué dice exactamente la declaración que firman 17 países

El texto se articula en tres ejes. El primero apunta a mejorar las instituciones del descubrimiento: los ministros apuestan por diversificar los instrumentos de financiación —ayudas de larga duración, subvenciones rápidas, premios y desafíos— y por experimentar con nuevos modelos institucionales con distintos grados de autonomía y recursos. La metascience, la disciplina que estudia cómo se hace, se organiza y se financia la propia ciencia, queda reconocida como campo empírico de utilidad pública.

El segundo eje es el más ambicioso: aprovechar la superinteligencia para la ciencia. La declaración reconoce que la SI ya acelera tareas de investigación existentes y abre formas de indagación completamente nuevas, incluida la experimentación autónoma a gran escala. Los firmantes se comprometen a ampliar el acceso de los investigadores a herramientas de SI, datos científicos, infraestructura de cómputo e instalaciones experimentales.

El tercero se centra en el talento: identificar e invertir en estudiantes meritorios e investigadores en fases tempranas de su carrera. Hablan de formación práctica ampliada, programas doctorales transversales y becas. Michael Kratsios, director de la Oficina de Política Científica y Tecnológica de la Casa Blanca (la OSTP, el organismo que asesora al presidente en materia de ciencia), lo resumió así: ‘La forma en que hacemos los descubrimientos científicos ha cambiado, y la Kyoto Vision es un reconocimiento de ese giro y una llamada a la acción’.

La declaración no nace de la nada. En julio de 2026, Kratsios entregó a Donald Trump el informe Science: A New Golden Age, que la Casa Blanca presenta como la reconsideración más completa del aparato científico estadounidense en ocho décadas. Ese documento fijó las nuevas direcciones para las agencias federales: cómo investigan, cómo financian y cómo miden el impacto de la I+D en un contexto radicalmente distinto.

La ‘Kyoto Vision’ no es una cumbre más: es la internacionalización de una doctrina científica que Washington llevaba meses construyendo en solitario.

La lista de firmantes dice mucho. Junto a Estados Unidos aparecen Japón, Reino Unido, Alemania, Italia, Corea del Sur, Polonia, Argentina, Chile, Grecia, Bulgaria, Chipre, Indonesia, Kazajistán, Nueva Zelanda, Singapur y Emiratos Árabes Unidos. Diecisiete países, un bloque que mezcla potencias científicas tradicionales con economías emergentes del Indopacífico y América Latina.

España queda fuera de la foto: qué se juega con la nueva diplomacia científica

cooperación científica

En esa lista no está España. Tampoco Francia ni Países Bajos, dos potencias científicas europeas. Es una ausencia que no pasa desapercibida en un momento en que la diplomacia científica se convierte en en moneda de cambio geopolítica. Firmar la ‘Kyoto Vision’ da acceso preferente a los marcos de cooperación que se diseñen para integrar la SI en la investigación: datos, cómputo, instalaciones compartidas y programas de movilidad.

Para el sistema español de ciencia, el aviso es relevante. El CSIC, las universidades públicas y los centros tecnológicos compiten por talento y por acceso a infraestructuras avanzadas. Quedar fuera del diseño inicial de estos marcos no equivale a quedar excluido para siempre —las coaliciones científicas se amplían con frecuencia—, pero sí implica llegar más tarde a la mesa donde se reparten las reglas. Y en tecnología, llegar tarde se paga caro.

No es un problema exclusivamente español. La propia composición de la lista revela la lógica que ha seguido Washington: países con los que mantiene una relación tecnológica estrecha, aliados del Indopacífico y socios de confianza en sectores estratégicos. España mantiene una relación científica sólida con EE. UU. en salud, energía, y física de partículas, pero no forma parte del núcleo que ahora define la agenda.

La Lógica de Washington

Para entender esta declaración hay que retroceder ochenta años. En 1945, Vannevar Bush —el ingeniero que coordinó la ciencia estadounidense durante la Segunda Guerra Mundial— entregó al presidente Roosevelt el informe Science: The Endless Frontier, el documento que fundó el modelo moderno de financiación pública de la investigación en EE. UU. y que dio lugar a la creación de la Fundación Nacional de la Ciencia. Ocho décadas después, la Casa Blanca repite el gesto: un informe que reorganiza todo el aparato científico nacional. Es la misma jugada, con otro adversario y otra tecnología.

Lo que Washington intenta resolver es un problema de velocidad. La superinteligencia aplicada a la ciencia promete comprimir décadas de descubrimiento en años. El país que fije los estándares —cómo se integran los modelos de SI en el laboratorio, qué datos se comparten, quién define la métrica del impacto— tendrá ventaja durante generaciones. En ese terreno, Pekín no se ha quedado quieto. La coalición es, por tanto, un ejercicio de construcción de estándar antes que de solidaridad científica: Washington fija el marco y suma aliados para que ese marco se convierta en norma global.

Es una lógica que el Partido Republicano lleva tiempo abrazando. La política tecnológica ha dejado de ser un asunto de laboratorio para convertirse en política exterior. El informe de julio se apoya en una idea sencilla y muy de la era Trump: la ciencia es una capacidad nacional, y las capacidades nacionales se cultivan con estrategia. La presencia de Kratsios al frente de la delegación, un cargo de perfil tecnológico y cercano al sector privado, refuerza esa lectura.

La incógnita es si una coalición construida sobre la tecnología emergente aguantará la prueba de los años. Los acuerdos de este tipo rara vez se rompen por diferencias científicas; se rompen por diferencias sobre quién controla los datos y quién paga la infraestructura. Ahí está el riesgo. Para España, la lección es clara: la ciencia ha entrado en el tablero geopolítico, y no estar en la primera foto obliga a moverse con más rapidez después. La próxima ventana será la aplicación efectiva de los compromisos de Kioto en los presupuestos científicos de cada país, un proceso que se extenderá durante el próximo año.

Ficha del Caso

  • El caso: Estados Unidos y otros 16 países firman en Kioto la ‘Kyoto Vision’, una declaración para renovar los ecosistemas científicos y aplicar la superinteligencia a la investigación.
  • Datos clave: 17 países firmantes en la 23ª reunión del foro STS. La declaración se apoya en el informe ‘Science: A New Golden Age’, presentado a Donald Trump en julio de 2026 y descrito como la mayor revisión del aparato científico estadounidense en ocho décadas.
  • Para España: España no figura entre los firmantes, igual que Francia o Países Bajos. Quedar fuera del diseño inicial de los marcos de cooperación científica en SI implica llegar más tarde a las reglas que se repartan.

Inflación Perú tipos: el 4,17% anticipa una subida del BCRP que tensiona a la banca española

Amparo Soler
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Inflación Perú tipos: el 4,17% anticipa una subida del BCRP que tensiona a la banca española

La inflación de Perú se instala en el 4,17% y el mercado descuenta ya una subida de tipos del BCRP. Detrás de ese número hay una historia que llega hasta la banca española del país.

El 4,17% que rompe el rango meta

Según el Instituto Nacional de Estadística e Informática (INEI), los precios al consumidor en el total nacional subieron un 0,14% en septiembre de 2026. Eso deja la variación acumulada del año en 4,02% y la anual en ese 4,17%. El dato confirma lo que el país llevaba meses temiendo: la inflación peruana sigue por encima del rango meta del Banco Central de Reserva (BCRP), fijado entre el 1% y el 3%.

En Lima Metropolitana el cuadro es aún más incómodo. El índice de precios subió un 0,12% en el mes, acumula un 4,28% en lo que va de 2026 y alcanza una variación interanual del 4,55%, por encima del promedio nacional. La capital marca el paso del resto del país.

Qué hay detrás del dato: petróleo, clima y una cesta que no cede

El resultado de septiembre no es fruto del azar: lo explican choques de oferta internos y externos. El mayor precio internacional del petróleo llevó los combustibles para vehículos a subir un 5,2% en Lima, y a eso se sumaron el taxi (+0,9%) y los precios de restaurantes y hoteles (+0,19%). Los precios aprietan justo donde más se nota en el bolsillo.

BCRP subida de tasas

Conviene contar también el alivio parcial. Alimentos y bebidas no alcohólicas bajaron un 0,07%, con pescados y mariscos (-8%), pollo eviscerado (-4,6%) y frutas (-1%) a la baja. Pero dentro de la misma cesta el tomate se disparó un 28,92% y el azúcar un 16,19%. El respiro de unos productos lo taparon las subidas de otros.

Las alzas están concentradas en tres bloques: transporte, alimentos y restaurantes aportaron cerca de 3,5 puntos porcentuales a la inflación interanual, alrededor del 80% del total. Y hacia los próximos meses el panorama no invita al optimismo, porque el precio del pollo subirá con la demanda navideña mientras el de pescados y frutas dependerá del clima.

El gran riesgo tiene nombre propio: El Niño, cuyas lluvias en Tumbes, Piura y Lambayeque pueden encarecer los alimentos desde octubre.

Por qué la subida del BCRP toca a la banca española

Y aquí está la clave para España. La banca española tiene una presencia relevante en el sistema financiero peruano, con BBVA como principal enseña a través de BBVA Perú. Una subida de tipos del BCRP no es neutra para esas filiales: encarece la captación de fondos, enfría la demanda de crédito y eleva el riesgo de morosidad.

El mercado habla ya de al menos un alza de 25 puntos básicos en el último trimestre del año. Para las filiales españolas el efecto es doble. Por un lado, un entorno de tipos altos puede ensanchar el margen de intereses. Por otro, si la inflación desborda el bolsillo de los hogares, más clientes dejan de pagar a tiempo, y eso se traduce en provisiones.

No es el único foco de tensión. El Fenómeno de El Niño —lluvias intensas que desde este octubre amenazan regiones como Tumbes, Piura y Lambayeque— puede dañar cultivos de limón y mango ya castigados en episodios anteriores. La cartera agrícola es el flanco más expuesto de la banca.

El precedente que conviene recordar

Perú ya vivió una película parecida. En anteriores episodios de repunte inflacionario, el BCRP mantuvo tipos reales positivos para anclar las expectativas y el sistema financiero lo notó. La lógica se repite: cuando el banco central aprieta, la banca extranjera absorbe primero el golpe.

Hoy, el Instituto Peruano de Economía (IPE) proyecta que la inflación cierre 2026 en torno al 4,5%, y que solo se modere hasta el 2,6% al cierre de 2027. La consultora Macroconsult anticipa también una revisión al alza de sus previsiones. Ese escenario de tipos altos durante más tiempo prolonga la presión sobre las cuentas de las filiales españolas.

Para el inversor español el mensaje es claro: Perú sigue siendo una plaza atractiva, pero ya no es la bodega tranquila de antaño. Conviene seguir la próxima decisión del BCRP y el impacto real de El Niño en los alimentos, porque de ahí saldrá buena parte del margen de la banca en el país.

📌 Ficha del Caso

  • Ficha sobre el caso: La inflación anual de Perú se situó en 4,17% en septiembre de 2026, por encima del rango meta del BCRP, y el mercado anticipa una subida de tipos en el último trimestre del año.
  • Datos importantes: El rango meta del BCRP va del 1% al 3%. En Lima Metropolitana la variación interanual llegó al 4,55%. El IPE prevé un cierre de 2026 en torno al 4,5%.
  • Resumen: El alza de tipos presiona a las filiales de la banca española en Perú, con BBVA como principal exponente, por mayor coste de fondos y riesgo de morosidad.

Incendios en las vías: el PP de Ourense exige a Adif más limpieza ante el riesgo en Galicia

Anxo Seoane
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Incendios en las vías: el PP de Ourense exige a Adif más limpieza ante el riesgo en Galicia

El PP de Ourense exige a Adif más limpieza en los márgenes de las vías ferroviarias gallegas para reducir el riesgo de incendios. La petición viaja a Madrid después de la respuesta del Ejecutivo a las ocho preguntas registradas por los diputados ourensanos.

EN 30 SEGUNDOS

  • ¿Qué ha pasado? El PP de Ourense reclama a Adif y al Gobierno central más desbroce y retirada de vegetación en los márgenes de las vías ferroviarias que atraviesan Galicia.
  • ¿Quién está detrás? Los diputados ourensanos Celso Delgado, Ana Vázquez y Rosa Quintana, la empresa pública Adif, Renfe Mercancías y el Ejecutivo central.
  • ¿Qué impacto tiene? Los fuegos del 13 de julio en Maside, Ourense, Amoeiro y Punxín calcinaron más de ocho hectáreas y cortaron el tráfico ferroviario más de diez horas. El plan preventivo de Adif sigue vigente hasta mayo de 2027.

La respuesta del Gobierno está fechada el 23 de septiembre, más de dos meses después de que se registraran las iniciativas. En ella, el Ejecutivo se remite a la investigación que continúa abierta en Renfe Mercancías y no detalla las labores de limpieza que Adif ejecutó entre el 1 de junio y el 13 de julio, el periodo que los populares consideran clave para medir el alcance real del problema.

Ocho preguntas, dos meses de espera y ocho hectáreas calcinadas

El origen de la reclamación está en los incendios del 13 de julio en Maside, Ourense, Amoeiro y Punxín. Los fuegos se atribuyeron al paso de un tren de mercancías por la línea convencional entre Ourense y Santiago de Compostela, calcinaron más de ocho hectáreas y obligaron a interrumpir el tráfico ferroviario durante más de diez horas. Según los populares, no fue un episodio aislado: la situación se ha repetido en otras ocasiones.

Para el PP, el plan de prevención de la compañía ferroviaria no está funcionando adecuadamente. Los populares exigen más medios en las líneas que atraviesan Galicia, con atención preferente a la provincia de Ourense, donde el ferrocarril convencional sigue vertebrando buena parte del territorio y concentra buena parte de los tráficos de mercancías.

El diputado Celso Delgado añade un segundo frente: el control de los sistemas de frenado de los trenes de mercancías. Su argumento es que las chispas de las composiciones pueden prender en los márgenes secos y originar nuevos fuegos en plena temporada de riesgo, algo que la investigación abierta todavía no ha cerrado.

Con la llegada del otoño, el peligro disminuye. Eso sí, el plan preventivo de Adif permanece vigente hasta mayo de 2027, de modo que el calendario vuelve a apretar en cuanto arranque la próxima temporada de calor.

La limpieza de los márgenes ferroviarios depende de una empresa estatal, mientras la prevención del monte la gestiona la Xunta. Ahí empieza el problema.

Quién limpia la vía y quién responde del monte

prevención incendios Galicia

La petición tiene una particularidad institucional que conviene subrayar: los márgenes de la vía son responsabilidad de Adif, una empresa pública dependiente del Gobierno central, mientras que la prevención de incendios en el monte corresponde a la Xunta de Galicia (el gobierno autonómico gallego, con sede en Santiago de Compostela). Dos administraciones, un mismo territorio y dos calendarios que no siempre coinciden.

Los tres diputados del PP por Ourense han llevado el asunto al Congreso, donde el Ejecutivo responde por escrito. Es una disputa de gestión, no de competencias, pero sitúa a la provincia en el centro de un debate que en Galicia se repite cada verano desde hace años.

El Laboratorio Gallego

Galicia encadena mayorías absolutas del PPdeG desde 2009, y esa estabilidad condiciona cualquier disputa sobre infraestructuras. La Xunta gestiona la política forestal y el dispositivo de extinción, pero los márgenes de la vía siguen siendo competencia estatal. En el mismo territorio conviven, por tanto, dos administraciones con responsabilidades complementarias y con incentivos distintos a la hora de asumir el coste del desbroce.

La maniobra tiene lectura nacional. Tres diputados populares trasladan al Congreso una demanda de gestión sobre una empresa pública que depende del Gobierno central, en un contexto en el que el PP ha convertido la seguridad de las infraestructuras estatales en un frente recurrente de crítica al Ejecutivo. No es un asunto menor: la línea Ourense-Santiago sostiene tráficos de mercancías y de viajeros en una de las provincias con más superficie forestal del país.

La incógnita es de calendario. El plan preventivo de Adif se mantiene en vigor hasta mayo de 2027 y la próxima temporada de riesgo volverá a encontrar a las dos administraciones con el mismo reparto de tareas. En el Parlamento de Galicia (la cámara legislativa unicameral gallega, con 75 deputados), el PPdeG gobierna con mayoría absoluta, el BNG ejerce como primera fuerza de la oposición y el PSdeG ocupa la tercera plaza. De momento, la discusión se dirime por escrito entre el Congreso y el Gobierno, lejos del pleno autonómico.

Ficha del Caso

  • El caso: El PP de Ourense reclama a Adif y al Gobierno central más desbroce en los márgenes de las vías ferroviarias tras los incendios de julio en la provincia.
  • Datos importantes: Ocho preguntas parlamentarias registradas por diputados ourensanos; respuesta del Ejecutivo el 23 de septiembre; más de ocho hectáreas calcinadas y más de diez horas de tráfico interrumpido el 13 de julio; plan preventivo de Adif vigente hasta mayo de 2027.
  • Resumen: La disputa enfrenta a una empresa estatal con la administración autonómica en un territorio de alto riesgo de incendios y coloca a Ourense en el centro del debate nacional sobre infraestructuras.

Les cuines de la dana: la red vecinal de L’Horta Sud sirvió 18.000 comidas diarias, según un estudio de la UB

Amparo Soler
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Les cuines de la dana: la red vecinal de L’Horta Sud sirvió 18.000 comidas diarias, según un estudio de la UB

Las cuines de la dana sirvieron hasta 18.000 comidas diarias en L’Horta Sud, según un estudio de la Universitat de Barcelona.

El informe, elaborado por Dula Cooperativa junto al grupo FARO de la Universitat de Barcelona y con el respaldo del proyecto europeo Cultivate, analiza ocho iniciativas vecinales activadas en los primeros días tras las inundaciones del 29 de octubre de 2024. Las llamadas cuines de la dana —cocinas colectivas informales, sin jerarquía oficial, pero altamente estructuradas— sostuvieron el sustento de miles de vecinos durante más de un mes.

Entre 16.000 y 18.000 raciones diarias de comida fresca durante una media de 41 días. Esa es la cifra que el documento pone sobre la mesa, con unas 150 personas voluntarias movilizadas, por jornada. Y hay un detalle que el estudio subraya: el dispositivo siguió en pie cuando la marea de voluntarios empezaba ya a retirarse de las zonas afectadas.

Los perfiles son variados. Bares de barrio reconvertidos en comedores improvisados. Centros sociales que abrieron sus cocinas. Cocineros profesionales que coordinaron a vecinos y asociaciones sin ánimo de lucro. La economía social y el comercio de proximidad fueron el andamiaje de una respuesta que llegó antes que muchos canales oficiales.

Resultó decisiva la existencia previa de estructuras intermedias de agricultores y productores locales, capaces de suministrar materia prima fresca sin pasar por la gran distribución. A eso se sumó la alianza con la empresa pública Mercavalència, que aportó un centro logístico clave para almacenar y distribuir los alimentos a escala. Sin ese nodo, señala el informe, el reparto no habría aguantado el ritmo.

Cuando el asfalto se rompió, la primera red de emergencia no fue un protocolo oficial: fue una cocina de barrio con las puertas abiertas.

Más allá del volumen, la investigación pone en valor el modelo. Frente a la comida precocinada o al reparto de raciones secas, las cocinas apostaron de forma deliberada por platos de cuchara, calientes y nutricionalmente equilibrados. «Garantizar el derecho a una alimentación sana en medio de un contexto de crisis» fue, según el documento, la prioridad declarada. Las cifras no cierran si se mira solo la logística: había que alimentar a gente que acababa de perderlo casi todo.

Pese al caos de los primeros días, las brigadas aplicaron protocolos estrictos de seguridad e higiene alimentaria en la preparación y el envasado. El obstáculo compartido fue otro: acceder por carretera a los pueblos devastados y recibir suministros básicos. La relación con las administraciones locales osciló entre el bloqueo puntual y los acuerdos de colaboración. Cuando el colapso viario cerraba un paso, había que buscar otro camino.

Platos calientes frente a raciones secas: la ética de una respuesta comunitaria

El informe no se queda en la anécdota solidaria. Extrae lecciones de política pública. Su recomendación central es potenciar la cooperación público-comunitaria en situaciones de normalidad, no solo cuando la catástrofe ya ha ocurrido. Es decir: construir la red antes de necesitarla.

red comunitaria DANA

Entre las propuestas destacan tres. La creación de infraestructuras logísticas compartidas. La compra colectiva de envases y materiales. Y la articulación de redes comarcales capaces de activarse ante cualquier nueva emergencia territorial. Nada de esto exige grandes presupuestos, pero sí voluntad de reconocer a quien ya estaba allí.

La comparación con otras catástrofes españolas invita a pensarlo. En la riada de Biescas de 1996, en las inundaciones de Murcia de 2012 o en los incendios de Galicia de 2017, la respuesta ciudadana también desbordó los cauces previstos. La diferencia es que ahora existe un estudio que lo mide. Dos años después, el tejido vecinal de L’Horta Sud tiene por fin números.

El escenario de la reconstrucción

El informe llega en un momento político delicado para la Generalitat. El Consell de Pérez Llorca sigue gestionando la reconstrucción bajo la sombra del proceso judicial de la DANA, con comparecencias pendientes del expresident.

El gobierno autonómico lo sostienen PP y Vox desde diciembre de 2025. El expresident Carlos Mazón, hoy diputado en las Corts Valencianes tras su dimisión, mantiene su propia agenda judicial.

La oposición de PSPV y Compromís ha reclamado sin éxito que el Consell reconozca el papel de las redes vecinales dentro de los planes de emergencia de la Comunitat.

La dimensión nacional no es menor. El Gobierno de Pedro Sánchez ha defendido su modelo de transferencias extraordinarias frente al criterio de la Generalitat, y el debate sobre cómo coordinar el sistema de protección civil sigue abierto en el Congreso de los Diputados. Los fondos europeos comprometidos para la reconstrucción añaden una capa de exigencia: Bruselas pide resultados medibles, no solo compromisos.

La proyección inmediata pasa por las Corts. Queda pendiente el desarrollo reglamentario de las ayudas aún sin ejecutar y la próxima comparecencia del Consell sobre el grado de avance del Plan RERD, el instrumento autonómico para canalizar los fondos de reconstrucción. Si el estudio acaba debatiéndose en una comisión parlamentaria, el tejido vecinal tendrá el reconocimiento institucional que nunca pidió.

Ficha del Caso

  • El caso: Un informe de Dula Cooperativa y la Universitat de Barcelona documenta ocho cocinas colectivas que alimentaron a miles de damnificados de la DANA en L’Horta Sud durante más de un mes.
  • Datos importantes: Entre 16.000 y 18.000 raciones diarias de comida fresca, 41 días de media, unas 150 personas voluntarias al día y el apoyo logístico de la empresa pública Mercavalència.
  • Resumen: El estudio reclama cooperación público-comunitaria y redes comarcales activables antes de la próxima emergencia, en plena discusión sobre la reconstrucción y el sistema nacional de protección civil.

El adelanto electoral en Canarias precipita las alianzas: NC, CC y 1º Canarias aceleran sus congresos

Marta Iglesias
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El adelanto electoral en Canarias precipita las alianzas: NC, CC y 1º Canarias aceleran sus congresos

El adelanto electoral en Canarias, aún sin fecha oficial, obliga a los partidos isleños a cerrar alianzas en semanas.

Nadie tiene todavía la convocatoria en la mano. Ni el decreto, ni la fecha. Pero en las sedes de Nueva Canarias y Coalición Canaria los calendarios ya se reordenan a ritmo de campaña, y no con menos prisa en el resto de siglas isleñas. La hipótesis de unas generales en noviembre ya no es un ejercicio teórico: las negociaciones que esperaban meses de maduración tendrían que cerrarse casi de golpe.

Las conversaciones que ya no pueden esperar

En Nueva Canarias llevan más de un año preparando su estructura para un escenario así. Lo cuenta su secretario de Organización, Ayoze Corujo: unas generales en noviembre obligarían a acelerar «aún más, si cabe, todo el proceso organizativo». El objetivo no cambia: la construcción de de una marca paraguas canaria que reúna a la izquierda canarista y a la izquierda confederal, con programa propio y coordinación posterior con una eventual plataforma estatal. La confluencia de la izquierda canaria sigue siendo la tarea pendiente.

El reloj corre más deprisa para Primero Canarias, la formación que nació este año tras la escisión de varios dirigentes de NC. Sus «municipalistas» llevan meses conversando con Coalición Canaria para concurrir juntos al Congreso y pelear un grupo propio con acento isleño. Su presidente, Óscar Hernández, reconoce que los plazos tendrían que acelerarse «mucho, muchísimo» y avisa del riesgo: si el reparto de puestos impide ir unidos, sería «el fracaso más absoluto del proyecto de unidad del nacionalismo canario». Las sensaciones de las reuniones, dice, son «muy positivas».

Los calendarios internos que se rompen

Coalición Canaria declinó hacer comentarios ante el escenario anticipado. Su secretario general y Fernando Clavijo, presidente del Ejecutivo canario, se limitó a responder que su partido está preparado «para cualquier escenario». Quien sí movió ficha fue el PP canario, que exigió la convocatoria inmediata de las generales este pasado viernes.

Jacob Qadri, vicesecretario de Organización y Comunicación de los populares isleños, asegura que «la maquinaria» electoral de su formación «está engrasada». Una convocatoria en noviembre coincidiría con el congreso regional del PP canario, uno de los cerca de veinte congresos territoriales que la dirección tenía programados en toda España. Qadri admite que, llegado el caso, «tendríamos que reunirnos y valorar las mejores opciones» y descarta fricciones internas en la elaboración de las listas.

Un adelanto electoral no cambia el mapa de Canarias: cambia la velocidad a la que sus partidos tienen que decidir cómo se presentan.

En el PSOE canario el silencio sobre las generales se rompió a medias. El ministro de Política Territorial y secretario general de los socialistas isleños, Ángel Víctor Torres, reconoció tras el rechazo de los decretos sobre vivienda que el Gobierno de España quería «pensar y reflexionar», y Pedro Sánchez dejó entrever que las urnas podrían no esperar a 2027 y llegar incluso el próximo mes. El partido tiene poco margen para que sus listas lleguen al comité federal.

Más dura fue la parlamentaria nacionalista Cristina Valido: si el Congreso no responde «al primer problema que tiene la gente en la calle», dijo, lo más conveniente sería disolver las Cortes y «que elija la gente». Para la izquierda canarista el cálculo es incómodo, porque una campaña nacional monopolizaría toda la agenda y dejaría en segundo plano las autonómicas, insulares, y municipales.

El Pulso Territorial

El Gobierno de Canarias, una coalición entre Coalición Canaria y el PP presidida por Clavijo, afronta la recta final del mandato con dos frentes abiertos: la gestión insular y la aritmética de Madrid. Las islas reparten 15 de los 350 escaños del Congreso, un 4,3% de la Cámara, y cada acta pesa doble cuando el hemiciclo se decide por un puñado de votos. La disyuntiva no es nueva: las dos generales de 2019, en abril y en noviembre, obligaron a las formaciones isleñas a rehacer candidaturas en apenas siete meses.

En comunidades como Navarra, con cinco diputados en juego, los partidos territoriales conocen bien esa presión, porque la unidad de siglas decide el grupo parlamentario y, con él, la capacidad de negociar en Madrid. El calendario electoral fija la votación en el día 54 posterior a la convocatoria, de modo que una disolución en los próximos días llevaría las urnas a finales de noviembre. Queda una incertidumbre de fondo: ninguna formación confirmó la fecha y todas trabajan con planes alternativos, mientras la cita autonómica y municipal de mayo sigue en el horizonte.

Ficha Autonómica

  • El caso: Un posible adelanto de las generales a noviembre obligaría a los partidos canarios a cerrar alianzas y a reordenar congresos internos que esperaban más margen.
  • Datos importantes: Sin fecha oficial confirmada; 15 diputados en juego en Canarias; negociación abierta entre Coalición Canaria y Primero Canarias; confluencia de la izquierda canaria pendiente en Nueva Canarias; congreso regional del PP previsto para noviembre.
  • Resumen: Todos los partidos dicen estar preparados, pero ningún acuerdo está firmado. Los próximos días decidirán si hay candidaturas conjuntas o si cada sigla concurre por separado.

Vigo eleva un 11% su recaudación tributaria hasta agosto al calor del empleo y el consumo

Anxo Seoane
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Vigo eleva un 11% su recaudación tributaria hasta agosto al calor del empleo y el consumo

La recaudación tributaria en Vigo creció un 11% entre enero y agosto, hasta 1.575 millones de euros, según la Agencia Tributaria.

El IRPF y el IVA sostienen ocho de cada diez euros que Hacienda ingresa en Vigo

El dato no es un accidente estadístico. Detrás del incremento hay dos motores que llevan meses funcionando a pleno rendimiento: las rentas del trabajo y el consumo. El IRPF, el impuesto que mejor retrata la evolución del empleo, aportó 619 millones de euros en la delegación de Vigo, un 11,7% más que en el mismo periodo del año anterior.

El segundo pilar es el IVA, que alcanzó los 712,4 millones tras crecer un 16,6%. Su avance refleja el dinamismo del consumo en la ciudad y supera el registrado en el conjunto de Galicia, donde este impuesto creció un 14,2%. Entre ambos suman 1.331,4 millones, más de ocho de cada diez euros que Hacienda recauda en Vigo.

La fotografía gallega acompaña el movimiento de la ciudad. La recaudación tributaria en la comunidad alcanzó los 8.400 millones de euros, un 16% más, y Vigo aporta casi una cuarta parte de los ingresos generados en Galicia. La ciudad más poblada de la comunidad, según el padrón del INE, se comporta como el motor económico del sur: industria, puerto, y servicios.

El Impuesto de Sociedades cae un 33,6% y enfría el ritmo del final del verano

ingresos tributarios Vigo

El lado oscuro del balance tiene nombre. El Impuesto de Sociedades se quedó en 112 millones de euros en Vigo, un 33,6% menos que un año antes, mientras los Impuestos Especiales sumaron 3,7 millones, un 59% más. La brecha entre el empleo y el beneficio empresarial se ensancha.

Vigo convierte actividad en empleo, el empleo en rentas y las rentas en recaudación; el eslabón que falla es el del beneficio empresarial.

La Agencia Tributaria sitúa el origen de esa moderación en la declaración anual del Impuesto sobre Sociedades, afectada este año por medidas normativas que reducen la factura fiscal: la rebaja de tipos a las pymes y la reserva de capitalización. A eso se suma la forma en que se implementó en 2024 la limitación del 50% en la consolidación de pérdidas de los grupos empresariales. En el resto de figuras se mantuvo el dinamismo de los meses previos, con repuntes transitorios en las retenciones del trabajo y en el IVA bruto.

También pesan las rebajas del IVA y del Impuesto Especial sobre los hidrocarburos, con nuevos tipos en vigor desde julio sobre los aplicados desde finales de marzo. La tendencia general, advierte la Agencia Tributaria, apunta a una moderación paulatina de los ingresos. El crecimiento se sostiene, pero pierde velocidad mes a mes.

El Laboratorio Gallego

La economía de Vigo no entiende de compartimentos estancos con Madrid. La recaudación que mide la Agencia Tributaria es estatal, y una parte relevante regresa a Galicia a través del sistema de financiación autonómica, ese debate que nunca se cierra del todo. Con el PPdeG —el Partido Popular de Galicia— encadenando mayorías absolutas en la Xunta de Galicia, el gobierno autonómico con sede en Santiago de Compostela, cada dato fiscal se convierte en munición política. Y la comunidad depende de estas figuras: 8.400 millones hasta agosto, con el IRPF y el IVA como pilares casi exclusivos de un crecimiento que la propia Agencia Tributaria describe como cada vez más moderado.

En la oposición, el BNG (el Bloque Nacionalista Galego) se ha instalado como primera fuerza del Parlamento de Galicia, la cámara unicameral de 75 deputados, desde 2024, y el PSdeG, la federación gallega del PSOE, observa desde el tercer puesto un mapa que en Vigo se lee al revés: la ciudad está gobernada por los socialistas desde 2007.

Hay además una lectura que trasciende la comunidad. Alberto Núñez Feijóo, expresidente de la Xunta y hoy líder nacional del PP, ha hecho de los datos económicos gallegos una pieza habitual de su argumentario, según han repetido los dirigentes populares en distintas comparecencias. Vigo ofrece el contraste: un tejido industrial y portuario que resiste, con Stellantis en Balaídos y uno de los mayores puertos pesqueros de Europa, pero cuyo pulso fiscal depende hoy de las nóminas y del consumo tanto como del beneficio empresarial.

La incógnita es si el consumo aguanta el ritmo cuando las medidas estatales sobre Sociedades e hidrocarburos sigan recortando ingresos. Las elecciones municipales de mayo de 2027 están en el horizonte y el debate presupuestario que llegará al Parlamento este otoño medirá la temperatura exacta.

Ficha del Caso

  • El caso: La delegación de Vigo de la Agencia Tributaria elevó su recaudación un 11% entre enero y agosto, hasta 1.575 millones, impulsada por las rentas del trabajo y el consumo.
  • Datos importantes: IRPF: 619 millones (+11,7%). IVA: 712,4 millones (+16,6%, frente al 14,2% gallego). Impuesto de Sociedades: 112 millones (-33,6%). Galicia: 8.400 millones (+16%).
  • Resumen: El empleo y el consumo sostienen las cuentas públicas viguesas, mientras el beneficio empresarial se enfría y Hacienda advierte de una moderación paulatina de los ingresos.
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