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La consejera de Transparencia, Participación y Administración Pública, Beatriz Ballesteros, ha asistido por videoconferencia a la quinta reunión del Comité Estatal de Coordinación del Sistema Nacional de Protección Civil convocada por el Ministerio de Interior, en el que se analizó la situación de desescalada por zonas de las medidas de confinamiento obligadas por la crisis sanitaria del Covid-19.

Ballesteros ha trasladado al ministro de Interior, Fernando Grande-Marlaska, «la enorme preocupación del Gobierno regional por la seguridad ciudadana a la hora de minimizar los riesgos de contagio en las playas de la Región de Murcia», según informaron fuentes del Gobierno regional en un comunicado.

Según ha señalado la consejera, «es el momento de concretar las medidas del Plan de Vigilancia y Rescate en Playas y Salvamento en la Mar de la Región de Murcia (Plan Copla) y la Dirección General de Seguridad Ciudadana y Emergencias carece de la información necesaria para poder prever las medidas de personal y recursos en materia de vigilancia y salvamento junto a los ocho ayuntamientos costeros de la Región».

Asimismo, en la reunión se abordó el temor a que la nueva situación contemplada a partir del día 2 de mayo pueda dar lugar a un rebrote de la epidemia, causado por posibles traslados a las segundas residencias en las localidades costeras pese a la prohibición que sigue en vigor.

El Gobierno regional también solicitó al ministro información concreta sobre el procedimiento que deben seguir los ayuntamientos para obtener equipos de protección individual para los servicios de emergencias municipales que aún no disponen de ellos, tales como policías locales y efectivos de Protección Civil. Igualmente, Ballesteros señaló la importancia de conocer con antelación las fechas del futuro repliegue de la Unidad Militar de Emergencias (UME) de la Región de Murcia.

La titular de Transparencia comunicó la unificación de criterios de desinfección de interiores entre responsables del Servicio Murciano de Salud, de la Dirección General de Salud Pública, Unidad de Defensa de Incendios Forestales, dependiente de la Dirección General del Medio Natural, y bomberos.

En esta reunión, además de los consejeros con competencias, participaron los delegados del Gobierno y UME.

El Gobierno autonómico y los colegios de Abogados y Procuradores ha coincidido en la necesidad de impulsar la actividad de la Administración judicial y «volver a funcionar» para alcanzar cuanto antes la normalidad.

Así lo ha señalado la consejera de Presidencia, Interior, Justicia y Acción Exterior, Paula Fernández Viaña, tras reunirse con los representantes de los colegios profesionales, un encuentro con el que se inicia la ronda de reuniones para abordar el plan de choque regional y hacer frente al incremento de la carga de trabajo cuando concluya el estado de alarma por la epidemia de coronavirus.

Fernández Viaña ha explicado que la premisa para afrontar la nueva situación será la «garantía de la seguridad» de los profesionales y empleados públicos, por lo que ha asegurado los medios necesarios.

En este punto, ha citado como herramientas esenciales el teletrabajo para que abogados y procuradores puedan trabajar desde sus despachos profesionales en contacto con las salas de vista, así como el sistema de gestión procesal ‘Vereda’, que se verá impulsado.

La consejera de Justicia ha destacado, por último, la colaboración de los profesionales de la abogacía y de la procura con el Gobierno de Cantabria para afrontar el importante incremento de escritos, demandas y notificaciones que se han realizado durante los cerca de dos meses de confinamiento.

«Entre todos vamos a responder mejor a los retos planteados por la actual crisis sanitaria y económica», ha subrayado Fernández Viaña, quien ha considerado que la activación de la justicia «facilitará la recuperación de la normalidad».

ABOGADOS Y PROCURADORES

Tras agradecer la convocatoria de este encuentro, el decano del Colegio de Abogados ha valorado la posición de Cantabria ante el Ministerio, en las reuniones de coordinación, en defensa de la puesta en marcha de la actividad judicial con los medios humanos necesarios.

Después de más de 40 días no es admisible que mantengamos este servicio público de la justicia paralizado cuando se pueden hacer multitud de actuaciones que no requieren de la presencia de las dependencias judiciales», ha declarado Andrés de Diego, quien ha defendido, al mismo tiempo, primar en esta etapa las medidas de seguridad y salud.

La coordinación y el diálogo entre el Gobierno y los profesionales, según ha explicado el decano, se mantendrá en el futuro, a través de una comisión de coordinación para el seguimiento de la situación tras la reactivación judicial.

Andrés de Diego ha resaltado el esfuerzo del Colegio para adelantar a los profesionales la cuantía del turno de oficio del primer trimestre y proceder a la reapertura de los servicios de orientación jurídica, con el fin de responder a las «incertidumbres» de la ciudadanía en estos momentos.

Por su parte, la decana del Colegio de Procuradores, Rosaura Diez, ha valorado también la postura tomada por Cantabria ante el Ministerio para defender la «reactivación» de la justicia.

El Gobierno regional «ha luchado mucho porque esa reincorporación sea lo más pronta y efectiva posible», ha declarado, si bien cree que la falta de medios y de capacidad económica pueden dificultar la vuelta a la normalidad.

Especialmente, ha rechazado la propuesta del Estado de habilitar el mes de agosto, al entender que es una medida que perjudica «únicamente» a los procuradores y abogados «sin que asegure un beneficio en la reactivación y la agilización de la Administración de Justicia».

A su juicio, esta administración sufre un «colapso crónico» desde hace muchos años, lo que «no se puede solucionar con un decreto con medidas urgentes de reactivación en cuatro días» y «sin una dotación de medios».

Para este miércoles está previsto continuar estos encuentros con los colectivos judiciales, con los miembros de la Sala de Gobierno del Tribunal Superior de Justicia de Cantabria (TSJC), encabezada por su presidente, José Luis López del Moral, además de la fiscal superior, Pilar Jiménez, y la secretaria de Gobierno, María Socorro García Melón.

El jueves tocará el turno de los miembros de los sindicatos más representativos del ámbito de la justicia en Cantabria: CSIF, STAJ, UGT y CCOO.

La consejera de Educación, Cultura y Deportes, Rosa Ana Rodríguez, ha avanzado este martes que su departamento trabaja de la mano de la Universidad de Castilla-La Mancha (UCLM) para habilitar nuevos espacios, en este caso institutos de Secundaria, en los que se pueda llevar a cabo la Evaluación para el Acceso a la Universidad (EVAU) a fin de garantizar la salud de los 11.000 alumnos que podrían realizar estas pruebas.

En rueda de prensa, la consejera ha explicado que en otras ocasiones el Gobierno regional ha hecho uso de los institutos de la región como el IES ‘Virrey Morcillo’ de Villarrobledo, el ‘Eladio Cabañero’ de Tomelloso, ‘La Hontanilla’ de Tarancón o el ‘Enrique de Arfe’ de Villacañas.

En este sentido, Rosa Ana Rodríguez ha adelantado que, por el momento, ya se han «reservado el IES ‘Juan Bosco’ de Alcázar de San Juan, el IES ‘Universidad Laboral’ en Toledo y el IES ‘Puerta de Cuartos’ de Talavera de la Reina».

Tras apuntar que en esta tarea trabajan ya la Dirección General de Universidades y la UCLM, ha asegurado que la institución académica se centra también en definir la movilidad y el acceso de estudiantes y de su personal. Para ello, elabora medidas higiénicas adicionales de desinfección y se dota de material de protección y manejo en la custodia de exámenes, todo ello supeditado a lo que en cada momento determine la autoridad sanitaria.

NUEVO MODELO DE EXAMEN

Dicho esto, la consejera ha explicado que también se ha variado el modelo de examen para garantizar que la puntuación de los alumnos se adecue a sus conocimientos, y que ya se tiene la prueba definida.

«Se ha pasado de dos pruebas –A y B–, a una única prueba con un nivel de opcionalidad amplio, que permite poder elegir examen por materia», ha dicho Rodríguez, que ha añadido que de este modo se pretende «salvar» el pequeño ‘impass’ educativo del tercer trimestre».

Ha recordado que el Diario Oficial de Castilla-La Mancha publicaba las fechas de la EvAU, que se celebrará los días 6,7 y 8 de julio para la convocatoria ordinaria y los días 1,2 y 3 de septiembre para la extraordinaria.

NUEVOS IESO DE OLÍAS DEL REY Y DE ALOVERA

En otro orden de asuntos, la consejera de Educación ha anunciado que el DOCM publicará este miércoles la licitación de la redacción del proyecto y de la primera fase de las obras del nuevo IESO ‘Nº 1’ de Olías del Rey.

Según ha informado el Gobierno regional en nota de prensa, la obra, que cuenta con una inversión de más de 2.254.000 euros en su primera fase, se basa en la construcción de seis aulas polivalentes, un aula de música, aula taller de tecnología y dos aulas de pequeño grupo, además de todos los espacios de administración y profesorado y los núcleos de instalaciones. La actuación se completa con la cafetería y la pista polideportiva que servirá al centro en su formato completo.

También ha informado de que el Consejo de Gobierno ha encargado la terminación de las obras del IESO Nº 2 ‘Harevolar’ de Alovera (Guadalajara) a la empresa Tragsa, una actuación que cuenta con un presupuesto de licitación de 3.144.000 euros.

BRECHA DIGITAL Y COMEDOR ESCOLAR

A renglón seguido, ha informado de que esta semana se ha iniciado la segunda fase del plan que el Gobierno regional ha puesto en marcha para luchar contra la brecha digital que sufren los alumnos más vulnerables de nuestra comunidad autónoma, fase que contempla el reparto de las 4.000 tablets y 400 dispositivos 4G que se han adquirido, a los que hay que sumar algunos equipos que todavía quedan en los centros y las donaciones que se han ido produciendo por parte de empresas y organizaciones.

«Con esto, serán un total de 4.371 las tarjetas de conexión y 4.492 los equipos informáticos que se repartirán en esta segunda fase», ha concretado la titular de Educación.

La segunda fase, ha afirmado Rodríguez, alcanzará cuando concluya a más de 7.000 alumnos y alumnas de Educación Primaria y Educación Secundaria. «Con las dos fases se atienda a casi 9.000 alumnos y alumnas en la comunidad autónoma y se repartan un total de 5.550 equipos informáticos y 5.139 tarjetas 4G», ha destacado.

Por último, ha añadido que, hasta la fecha, un total de 6.143 alumnos y alumnas en toda la región se están beneficiando de las ayudas de comedor escolar que se han arbitrado durante esta etapa en la que los centros educativos permanecen cerrados por la crisis del COVID-19.

Rodríguez ha concluido que esta iniciativa entró en vigor el 23 de marzo y está llegando a 190 localidades. En la mayoría de ellas, 163, las empresas de catering en colaboración con los ayuntamientos reparten la comida en dos días alternos para toda la semana. Mientras que en otros 27 municipios los ayuntamientos, a través de establecimientos de su localidad, proporcionan alimentos a las familias del alumnado becado.

Castilla y León ha sumado 344 nuevos casos confirmados de personas infectadas por coronavirus, idéntico número que en la jornada anterior, con lo que la cifra total asciende a 19.372, según los datos aportados a las 13.00 horas de este martes, 28 de abril, por la Consejería de Sanidad.

Además, el número de fallecidos en Castilla y León asciende a 1.736 personas, 26 casos más en las últimas horas –seis más que en la jornada anterior–, mientras que el número de altas alcanza ya las 6.448, de las cuales 125 se han registrado también en las últimas horas.

Se trata de la información referida a las 20.00 horas del día 27 de abril, en la sexta semana del Estado de Alarma en el marco de la coordinación informativa entre las comunidades autónomas y el Ministerio y corresponden a personas a las que se les ha efectuado la prueba de PCR (prueba de detección molecular).

Por provincias, en Ávila se han registrado 46 nuevos casos, hasta los 1.543; 43 nuevos en Burgos, hasta 1.807; 33 en Léon, con 2.963; 41 nuevos en Palencia, con 1.021; 85 en Salamanca, con 3.172; 43 en Segovia, con un total de 2.778; 18 en Soria, con 1.656; 35 en Valladolid, 3.759, y ninguno en Zamora, que repite 673.

Respecto al número de fallecidos la mayor parte se registra en León, con 354 (seis más), seguida de Salamanca, con 316 (tres más); Valladolid, con 305 (seis más); Segovia, con 192 (uno más); Burgos, con 187 (cuatro más); Ávila, con 125 (dos más); Soria, con 109 (dos más); Zamora, con 75 (los mismos), y Palencia, con 73 (dos más).

En el caso de las altas, 1.310 se han computado en León, 1.255 en Valladolid, en Salamanca 964, en Segovia 755, en Burgos 751, en Ávila 537, en Soria 334 y en Zamora y Palencia 271.

El Ayuntamiento de Barcelona está estudiando abrir algunos parques de cara a este fin de semana en barrios y zonas donde no hay vías suficientemente amplias para garantizar las distancias mínimas entre personas y evitar el riesgo de contagios.

En una entrevista de ‘La Sexta’, recogida por Europa Press, la alcaldesa, Ada Colau, adelantó esta medida y recalcó que el Gobierno municipal está estudiando cada uno de los distritos y los barrios «para garantizar que haya una distancia suficiente».

Recordó que el domingo, el primer día que estaban permitidas las salidas de los niños, decidieron no abrir ninguna playa ni ningún parque de la ciudad porque optaron «por el criterio de máxima prudencia», y destacó que las escenas fueron de normalidad.

Aun así, la alcaldesa aseguró que «quizás fue un error empezar un domingo» con las salidas de los niños, y que hubiese sido mejor iniciarlo el lunes, pero cree que la gente cumplió con los criterios de forma mayoritaria, aunque admitió que algunos adultos realizaron algún incumplimiento.

«No señalemos a los niños como fuente del problema. No lo son. Han sido ejemplo de responsabilidad y de prudencia», añadió Colau, que considera que se han vulnerado los derechos de los niños teniéndolos encerrados en casa durante seis semanas.

INGRESO MÍNIMO VITAL

Preguntada sobre la medida del Ingreso Mínimo Vital (IMV) que plantea el Gobierno central, calificó como imprescindible que pueda entrar en funcionamiento en mayo, y aseguró «es una obligación democrática que en una crisis como esta se piense en los más vulnerables.

Además, sobre que el líder de Vox, Santiago Abascal, se refiriera al IMV como la paguita, Colau opinó: «Que alguien le llame la paguita al ingreso mínimo me parece que no tiene ni idea de lo que está hablando. No tiene ni idea de lo que es pasar hambre, no tiene ni idea de lo que es tener hijos y sufrir porque no tienes comida para darles mañana».

El presidente de la Junta de Andalucía, Juanma Moreno, ha asegurado este martes que el futuro de la economía de la comunidad pasa por apoyar de manera firme y decidida al tejido empresarial desde todas las administración públicas, tal y como hace el Gobierno andaluz. Asimismo, ha elogiado la iniciativa y el arrojo de empresas que por todo el territorio andaluz han dado un paso al frente para adaptar su producción a las necesidades de Andalucía ante la emergencia sanitaria provocada por el coronavirus Covid-19.

Lo ha dicho tras la visita a la empresa Grupo Diseños NT, de Alcalá la Real, en la que estuvo acompañado del consejero de Hacienda, Industria y Energía, Juan Bravo, y el consejero de Salud y Familias, Jesús Aguirre, entre otras autoridades. Moreno ha hecho hincapié en este emprendimiento andaluz que se ha puesto al servicio de las necesidades que ha podido presentar la comunidad a causa de la pandemia generada por la Covid-19. De este modo, ha aplaudido la capacidad de innovación y la audacia de empresas como la que han visitado en el día de hoy, de donde ha salido ya más de un millón de materiales para la protección de los profesionales sanitarios del Servicio Andaluz de Salud.

Al hilo de esta buena noticia, ha señalado que la producción de este material sanitario o el respirador «Málaga Respira», que visitó hace unos días, reflejan todo lo que se puede hacer desde Andalucía «si nos lo proponemos». En esta línea, ha declarado que el objetivo es lograr el autoabastecimiento de materiales para la lucha contra la Covid- 19 a lo largo de los próximos meses, fundamentalmente, a través de pedidos que tienen su producción en todas las provincias de Andalucía, para no depender de mercados exteriores ni de otras comunidades autónomas.

«Tenemos capital humano, recursos y audacia para hacer de Andalucía un referente en la provisión de servicios sanitarios en estos momentos y, además, creamos un valor añadido fundamental como es el compromiso con la Andalucía de interior creando empleo con esta fábrica, apostando por la I+D+i, la mejora de la calidad y el compromiso medioambiental como pilares de su proyecto empresarial», ha añadido.

En concreto, Diseños NT ha aportado al SAS desde el comienzo de la crisis un total de 835.000 mascarillas quirúrgicas, 38.000 batas, 100.000 patucos y 100.000 gorros. De igual forma, han aumentado de forma continua su producción, cuyas previsiones son de 80.000 mascarillas al día, y ha adaptándose a las mejoras en los diseños que se le han ido planteando. Suministrando material tanto a Andalucía como a todos los rincones del mundo, aplicando una tecnología de vanguardia. Que no sólo está generando empleo y riqueza, sino también marca Andalucía y marca España», ha apostillado.

En la visita, en la que también participó el alcalde de Alcalá la Real, Antonio Marino Aguilera Peñalver, así como los consejeros delegados de Diseños NT, Jorge Montañés y Pedro Montañés, Moreno ha recalcado que Andalucía, como tantas otras veces, está demostrando estar a la altura del desafío planteado por la Covid-19, «con el compromiso de todos y con la anticipación y la colaboración institucional en la lucha contra esta pandemia».

Moreno, además, ha recordado las medidas que ha puesto en marcha su Ejecutivo desde que se decretó el Estado de Alarma el pasado 14 de marzo. Como garantizar al 100% de los préstamos que les concedan las entidades financieras o a través de la Línea Andalucía, que permitirá movilizar hasta 600 millones de euros, o apoyando a las familias, empresas y autónomos, aplazando la presentación y pago de impuestos propios –por ejemplo, el Impuesto de Sucesiones y Donaciones y el de Transmisiones Patrimoniales y Actos Jurídicos Documentados que se amplían a tres meses–, lo que inyectará en la economía andaluza 270 millones de euros.

En este sentido, también ha destacado la propuesta de esa Gran Alianza por Andalucía, que, a juicio del presidente andaluz, sentará las bases de una recuperación económica y social en la comunidad, que llevará, inicialmente, a movilizar hasta 4.000 millones de euros.

La portavoz del Gobierno de Castilla-La Mancha, Blanca Fernández, ha avanzado que ya son 93.000 los test de diagnóstico de coronavirus realizados a la población desde que comenzara la crisis sanitaria –casi 53.000 vía test rápidos–.

En rueda de prensa telemática desde el Palacio de Fuensalida, ha añadido que se han realizado 6.636 test rápidos a domicilio, 4.063 a residentes en centros de mayores, 1.873 a profesionales sanitarios, 370 a agentes de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado, 30 a personal de bomberos y 390 a personal de otros sectores esenciales.

A este extremo, Fernández ha recordado el refuerzo de 14.000 test en una estrategia autonómica que vendrá a complementar el estudio serológico en el que participará la Comunidad Autónoma; al tiempo que ha puesto de manifiesto que ya son 8,8 millones de unidades de protección sanitarias con el nuevo envío de este martes a centros hospitalarios. «Todo es poco, pero seguimos realizando esfuerzos en un mercado que es salvaje, muy difícil», ha apuntado.

DATOS «ESPERANZADORES»

Blanca Fernández ha revelado dos datos «esperanzadores» en cuanto a las buenas perspectivas del avance del coronavirus, reseñando que el índice de contagio se mantiene en el 0,8 –por debajo del 1, número «esencial» para empezar a afrontar la desescalada–; o que solo el 17 por ciento de los pacientes que llegan a los servicios de Urgencias de los hospitales regionales precisan de ingreso posterior.

Esta última tasa, ha recordado, está lejos de casi el 60% que llegó a registrarse en el peor momento de la pandemia, y ya se acerca a parámetros normales –del 13 al 15 por ciento–.