Sánchez y Casado se reunirán el próximo lunes en Moncloa

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El presidente del Partido Popular, Pablo Casado, asistirá el próximo lunes a las 12:00 de la mañana a un encuentro con el jefe del Ejecutivo, Pedro Sánchez, en el palacio de la Moncloa.

La reunión «se enmarca dentro del respeto institucional y responde a la actitud que siempre ha traslado Pablo Casado cuando ha sido llamado» a este tipo de encuentros. Fuentes del PP han dejado caer que Presidencia del Gobierno se ha puesto en contacto con ellos dos meses después, lo que se traduce como una solicitud previa por parte de los ‘populares’.

Casado acude a La Moncloa con la intención de que el gobierno socialista vuelva a las posiciones de moderación y centralidad de las que se ha alejado tras su pacto con Podemos, Esquerra Republicana de Cataluña (ERC) y Bildu.

Esta reunión llega tras la intervención de Pedro Sánchez en el Congreso donde aseguró que «el diálogo con la oposición es muy importante». El presidente ofreció mano tendida a Casado para llegar a acuerdos, y dijo que Ejecutivo y oposición podían hablar de Cataluña, financiación autonómica, la renovación del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) o pensiones.

En este encuentro, el líder del PP mostrará su preocupación al presidente por la degradación institucional que se ha producido en este mes de gobierno de coalición, abordará la cuestión de Cataluña y le trasladará la preocupación de los españoles por la actual situación de frenazo económico y deterioro del empleo que se vive en España.

El Gobierno considera que el MWC no se ha cancelado por razones de salud pública

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El Gobierno de Pedro Sánchez ha lamentado este jueves la cancelación del Mobile World Congress (MWC)» que iba a celebrarse en Barcelona y ha dejado claro que considera «que no son razones de salud pública en España las que han motivado» esta decisión.

Así lo ha afirmado en una nota de prensa del Palacio de la Moncloa en la que, además, se «felicita por el anuncio de la organización del MWC de mantener su compromiso y seguir celebrando esta importante cita en Barcelona en las siguientes ediciones». Ese compromiso, afirma, «es una inmejorable noticia para la Ciudad Condal, para Cataluña y para España».

En ese sentido, el Gobierno ha agradecido «a la organización y a todas las autoridades implicadas» en la organización «su tarea y empeño por conseguir que la cita de Barcelona sea y continúe siendo la más importante del sector a escala internacional. En esa línea, ha reiterado su propio compromiso para conseguir que así sea durante los próximos años.

Además, Moncloa ha manifestado su «apoyo y solidaridad con todas las personas afectadas por el coronavirus en distintas partes del mundo, especialmente en China».

A juicio del Ejecutivo, «con la información disponible hoy y de acuerdo con los expertos», no hay «razones de salud pública para no celebrar eventos de este tipo» en España, un país que «cuenta con un Sistema Nacional de Salud de atención universal, reconocido a nivel internacional, que ofrece plenas garantías sanitarias en situaciones como la actual.

Además, el Gobierno ha subrayado que ha seguido en todo momento las recomendaciones de la Organización Mundial de la Salud (OMS), que «a día de hoy no ha establecido restricciones en el movimiento de personas y mercancías» y así se lo ha transmitido a los organizadores del Mobile.

En España, ha señalado el Ejecutivo, se han confirmado sólo dos casos positivos de coronavirus en pacientes que permanecen asintomáticos y que se contagiaron fuera de España. Hoy mismo una veintena de ciudadanos españoles procedentes de Wuhan han recibido el alta médica en el hospital Gómez Ulla, de Madrid, donde han permanecido en cuarentena.

«No hay ninguna otra incidencia y el nivel de alerta en España se considera bajo», ha insistido la Moncloa, añadiendo que «los responsables sanitarios seguirán trabajando para ofrecer todas las garantías necesarias en materia de salud pública».

Sánchez, Calvo, Montero y Ábalos conservará su escaño

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El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez; la vicepresidenta primera, Carmen Calvo; y los ministros de Hacienda y Transportes, María Jesús Montero y José Luis Ábalos, conservarán su escaño como diputados, pero el resto de ministros de la cuota PSOE renunciarán al acta para dedicarse en exclusiva a sus respectivos Ministerios, han anunciado fuentes socialistas.

Los ministros que fueron en las listas del PSOE las pasadas elecciones del 10 de noviembre y que renunciarán «pronto» al escaño, según precisan fuentes del Ejecutivo son la vicepresidenta de Transición Energética, Teresa Ribera, así como los ministros de Justicia, Juan Carlos Campo; Defensa, Margarita Robles; Interior, Fernando Grande-Marlaska; Educación, Isabel Celaá; Agricultura, Luis Planas; Industria, Reyes Maroto y Ciencia, Pedro Duque.

Serán sustituidos por otros parlamentarios con dedicación exclusiva que puedan garantizar su asistencia en cada votación. Lo mismo ocurrirá con los secretarios de Estado que son diputados, han confirmado a Europa Press fuentes del Gobierno.

LAS RENUNCIAS PUEDEN SER INMINENTES

Estas renuncias, según han precisado fuentes socialistas, se harán bien de forma inminente, puede que este mismo jueves, para que dé tiempo a llevarlas al Pleno de la semana que viene, o bien ya se dejarían para final de mes.

En cuanto a los diputados de Unidas Podemos que se han integrado en el Gobierno, el plan no ha cambiado, y sigue siendo el de conservar sus escaños, tal y como decidieron cuando asumieron sus carteras en el Ejecutivo de coalición, según informaron a Europa Press fuentes del grupo confederal.

De este modo, conservarán su acta de diputados el vicepresidente segundo y líder de Podemos, Pablo Iglesias; los ministros de Igualdad, Irene Montero; de Trabajo, Yolanda Díaz; y de Consumo, Alberto Garzón; y las secretarias de Estado de Agenda 2030, Ione Belarra; y de Igualdad, Noelia Vera.

No obstante, todos ellos han abandonado las responsabilidades que ejercían dentro del Grupo Parlamentario de Unidas Podemos-En Comú-Galicia en Comú, y no ostentan ningún cargo en las Comisiones que ya se constituyeron la pasada semana.

Así, Iglesias ha delegado en el diputado de En Comú Jaume Asens la presidencia del Grupo Parlamentario; Montero ha sido sustituida en la portavocía titular del grupo por el secretario de Acción Institucional de Podemos y diputado por Zaragoza, Pablo Echenique.

A su vez, Belarra ha sido reemplazada como portavoz sustituta por la diputada asturiana y secretaria de Feminismos de Podemos, Sofía Castañón; Garzón ha cedido la portavocía de IU al secretario general del PCE, Enrique Santiago; y Díaz, la de Galicia en Común, al diputado Antón Gómez Reino.

Sí han tenido que renunciar a su escaño, por incompatibilidad con su nuevo cargo, la ya exdiputada por las Palmas y delegada del Gobierno para la Violencia de Género, Victoria Rosell; y el exdiputado por Valencia y director de la Inspección de Trabajo y Seguridad, Héctor Illueca.

Cuixart sale de la cárcel para ir a trabajar a su empresa en Barcelona

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El presidente de Òmnium Cultural, Jordi Cuixart, ha salido de la cárcel de Lledoners (Barcelona) pasadas las 8.00 horas de este jueves para ir a trabajar a su empresa situada en Sentmenat (Barcelona), y por la tarde hará voluntariado, en aplicación del artículo 100.2 del Reglamento Penitenciario que prevé la flexibilización de su régimen y permitir salidas de prisión.

Cuando ha llegado a la empresa que dirige, especializada en diseño y producción de maquinaria industrial para envasados, ha sido recibido por una cuarentena de sus trabajadores con aplausos y abrazos, y les ha dedicado unas palabras: «Os dije que volvería y he vuelto. Os doy las gracias por el trabajo que habéis hecho».

«Han sido dos años y tres meses, y sabéis que vuelvo esta noche a la prisión, pero ha sido muy potente sentirme tan bien acompañado de todos vosotros y os quiero muchísimo», ha expresado.

Cuixart, condenado a nueve años de cárcel por el Tribunal Supremo por el proceso soberanista, les ha dicho que los quiere mucho y que está contento de poder pasar este día con ellos: «El compromiso empresarial también es compromiso social».

«LO QUE TENÍAMOS QUE HACER»

Y el presidente de Òmnium ha afirmado: «Esto solo tiene sentido si lo hacemos para las personas, si lo hacemos para una sociedad mejor, y humildemente y discretamente, pienso que hemos hecho lo que teníamos que hacer».

«Seguiremos luchando para tirar adelante la empresa y trabajando por la libertad y la amnistía», ha añadido el líder de Òmnium, que después ha saludado a la prensa que estaba expectante por su llegada y ha entrado dentro de la empresa.

Cuixart podrá estar en libertad cinco días entre semana, durante nueve horas y media para trabajar y hacer voluntariado, acogiéndose al artículo 100.2, que permite flexibilizar el régimen del preso pese a que esté clasificado en segundo grado.

Según han explicado a Europa Press fuentes de Òmnium, Cuixart trabajará a jornada completa tres días a la semana y, los otros dos, por la tarde hará voluntariado en una fundación que trabaja con personas en riesgo de exclusión social.

Este jueves tiene previsto trabajar hasta las 14 horas, almorzar y después desplazarse a esta fundación, y deberá estar de vuelta al centro penitenciario antes de las 20 horas.

SÀNCHEZ I FORCADELL

Los centros penitenciarios de Lledoners y de Mas d’Enric han propuesto, respectivamente, la aplicación del 100.2 para el expresidente de la ANC y exdiputado de JxCat Jordi Sànchez, y a la expresidenta del Parlament Carme Forcadell, condenados por el Supremo a nueve y a 11 años y medio de cárcel.

La adopción del 100.2 depende de las Juntas de Tratamiento de las prisiones y debe ser comunicado de forma obligatoria a un juez de vigilancia penitenciaria, que posteriormente debe ratificarlo, pero que no paraliza su aplicación inmediata.

Ayuso prohibirá la presencia de móviles en los centros educativos

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La presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, se ha mostrado partidaria de que los teléfonos móviles no estén en los centros educativos de la autonomía sino que se dejen en una «casilla al entrar» o directamente en casa.

«Ya hemos puesto en marcha el decreto para que no entre en el aula y yo lo que quiero hacer es que no entre ni siquiera en los colegios», ha avanzado la dirigente regional en una entrevista en ‘Antena 3’, recogida por Europa Press.

Para Ayuso, hay que ayudar a los alumnos a crecer con las nuevas tecnologías pero es evidente que existe un «problema de adicción» y que estas le están «robando la infancia a muchos menores». En este sentido, ha hecho hincapié en que están rompiendo el vínculo entre los niños, «que sociabilizan menos», y que generan tanto despistes como falta de concentración.

La medida de la presidenta de la Comunidad afectaría a unos 800.000 estudiantes de 1.700 colegios públicos y concertados. La prohibición del uso del móvil se extenderá también al recreo y al tiempo de descanso entre clase y clase. El decreto entrará en vigor en el próximo curso 2020-2021.

«Esto es algo que queremos corregir, queremos que los colegios sean territorios de la infancia», ha remarcado la presidenta autonómica. Así, ha indicado que la idea es que el teléfono esté «el próximo curso» fuera del aula y del colegio.

La cúpula regional ha enmarcado esta medida en un «claro compromiso con el uso responsable de las nuevas tecnologías encaminado a la mejora de los resultados académicos de los alumnos, especialmente de los que tienen mayores dificultades para el estudio, y la lucha contra el ciberacoso y el bullying».

Por otra parte, en materia educativa, preguntada por la exigencia de Vox de implantar el ‘pin parental’, Ayuso ha reiterado que ella va a cumplir su compromiso, el que adquirió con esta formación para ser investida presidenta y que no incluye este punto.

La jefa del Ejecutivo autonómico ha sostenido que lo que no hay que hacer es «a lo largo de la partida» ir modificando exigencias. «No hay que romper el vínculo directo tan necesario que hay entre el alumno y el profesor. Los padres ni los políticos podemos estar en las aulas diciendo cómo hay que hacer las cosas porque si se rompe esa autoridad del profesor lo único que vamos a hacer es perjudicar la enseñanza», ha defendido.

HazteOir le entrega a Ayuso más de 125.000 firmas a favor del pin parental

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La Asociación HazteOir.org entregará este jueves a las 9.30 horasen la Asamblea de Madrid a la presidenta regional, Isabel Díaz Ayuso, un total de 125.317 firmas de personas que le piden que implante el ‘pin parental’ en los centros educativos de la Comunidad de Madrid «con carácter urgente».

Según ha informado HazteOir en un comunicado, las firmas que entregarán surgen de tres campañas puestas en marcha por la asociación en las últimas semanas, con el objetivo de implantar esta medida en los colegios y dirigidas a los líderes de Vox, PP y Ciudadanos y a los presidentes de varias comunidades autónomas, entre ellos la presidenta de la Comunidad de Madrid.

«Díaz Ayuso ha asegurado durante una entrevista que los padres tienen conocimiento previo de los talleres que van a recibir sus hijos. Sin embargo, esto no es así. Sólo tiene que pasarse por los colegios para darse cuenta de que sí existe adoctrinamiento de género a menores y de que los padres no tenían ningún tipo de información», han sostenido.

Desde esta asociación, el portavoz, Javier Villamor, han indicado que no pueden permitir que un niño o adolescente «se vea obligado a recibir lecciones de ideología de género o de educación afectivo-sexual por imposición de los políticos o de los activistas LGTBI sin conocimiento ni consentimiento de sus progenitores».

«No se trata de homofobia ni de nada semejante. Es respetar un derecho básico y de respetar verdaderamente la variedad de opiniones y sensibilidades ante la educación sexual. No deja de ser paradójico que la ley que permite estos abusos, la ley LGTBI madrileña, fuese aprobada por el PP. Y ahora Ayuso no sabe cómo salir del enredo en el que se ha metido por culpa de su falta de convicción», ha concluido el portavoz de HazteOir.org.

Violador encierra a una mujer durante 31 años y la usa como esclava sexual

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Matías Enrique Salazar ha sido imputado por ejercer amenazas, violencia sexual y psicológica y esclavitud sexual a una mujer durante 31 años, a quien mantuvo encerrada en un pequeño apartamento de una urbanización de Aragua. La mujer era su pareja, de 49 años.

La policía contempla la posibilidad de que la mujer hubiera sido abusada sexualmente por Salazar por primera vez con 17 años. El hombre de 56 años la habría amenazado con dejarla sin comida y agua si esta se negaba a hacer lo que él decía.

«De acuerdo con lo expresado por la mujer, el victimario la manipuló y engañó para que abandonara su hogar” explica un comunicado.

El presunto criminal podría hacer frente a la pena máxima existente en Venezuela: 30 años de cárcel. Además, este caso se trataría solo de una de las cuatro mujeres que se cree que mantuvo en cautiverio en la misma ciudad. El imputado es conocido por los vecinos como “el gordo Mathías”, que habría raptado a la mujer en 1988, cuando esta tenía 23 años.

La víctima habría estado escuchando la radio y viendo canales regionales de la televisión durante este tiempo, en un apartamento sin lámparas. La vivienda quedaba por tanto en plena oscuridad al ocultarse el sol. Las cortinas eran densas y la mujer no podía hacer ruido. Salazar le dijo a los vecinos, cuando en varias ocasiones preguntaron por algo que escucharon, que se trataba de la señora de la limpieza.

EL VIOLADOR LE PROPINABA PALIZAS

«La golpeaba mucho, la amenazaba y la traumatizó tanto que ella tenía miedo de levantarse. En dos oportunidades él dejó unas llaves, que no eran las del apartamento, y ella intentó abrir la puerta, pero él al regresar se dio cuenta y las golpizas fueron brutales. Ella ya tenía miedo de hacer cualquier cosa y que él la matara” cuenta el sobrino de la víctima, Óscar Hernández.

La relación entre el violador y la víctima habría empezado cuando la mujer tenía 17 años, y él 23. La familia de la víctima no daba el visto bueno a la relación, porque el hombre ya se había mostrado agresivo, como recoge Crónica Uno.

PSOE critica la «espantada» del PP en el Congreso al hablar del sector agrario

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El PSOE de Jaén califica de «vergüenza histórica» el «bochornoso» episodio que ha protagonizado este miércoles el PP en el Congreso de los Diputados, al dejar prácticamente vacía toda su parte del hemiciclo cuando se abordaba la «dramática» situación del campo español y el problema de los precios.

En una nota, el diputado Juan Francisco Serrano, portavoz adjunto de Agricultura del PSOE, afirma que la «espantada» que ha dado la práctica totalidad de diputados del PP «demuestra que a este partido el campo no le importa absolutamente nada».

Serrano considera que lo ocurrido este miércoles «es la demostración más palpable de que al PP solo le interesan la agricultura y el olivar si pueden obtener algún rédito político, si pueden tener algún beneficio electoralista o arañar algún voto».

Hoy hemos comprobado que el interés del PP por el campo es una auténtica impostura, una mascarada que usa como táctica política para desgastar al Gobierno y al PSOE. No les importa el sufrimiento de la gente, de los agricultores, de las familias, ni tienen el menor interés en aportar soluciones reales ni propuestas constructivas: solo quieren destruir y hoy les hemos visto la verdadera cara», sentencia.

El diputado socialista exige por tanto al PP que «deje de utilizar a los agricultores con fines estrictamente partidistas, que pida disculpas por lo que ha hecho hoy y que reflexione sobre el papel que debe jugar como principal partido de la oposición, es decir, alguien que debería jugar un papel de responsabilidad, altura de miras y sentido de Estado». «Por el contrario, hoy hemos visto lo pequeños que son», lamenta.

Serrano aconseja al PP que «haga examen de conciencia» sobre su trabajo, porque «no puede dedicarse a ir al Congreso a montar bronca sobre Venezuela y a continuación dejar su bancada vacía justo cuando iba a abordarse un tema trascendental para 100.000 agricultores de la provincia de Jaén y para millones de familias en España».

Santiago Abascal, líder de Vox, también abandonó el Congreso cuando se comenzó a debatir sobre este tema.

Casado siente la suspensión del Mobile como golpe a la Barcelona separatista

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El presidente del Partido Popular, Pablo Casado, ha lamentado este miércoles la cancelación de la edición de este año del Mobile World Congress (MWC) por el brote internacional de coronavirus y después de que una treintena de empresas haya anunciado que no asistirían y ha dicho esperar que el Gobierno de Pedro Sánchez «sea capaz» de mantener este congreso en ediciones futuras.

En un mensaje en su cuenta personal de Twitter, el líder de los populares ha subrayado que «es una mala noticia para Barcelona y para el resto de España» que se anule un congreso que se iba a celebrar del lunes 24 al jueves 27 de febrero en Barcelona y L’Hospitalet, en los recintos de Montjuïc y Gran Via de Fira de Barcelona y La Farga de L’Hospitalet.

«Mi apoyo a una ciudad que sufre la deriva independentista y ahora este grave perjuicio económico», ha añadido en su mensaje en el que alude así a un evento que preveía más de 110.000 asistentes de 200 países y un impacto económico de 492 millones de euros en su decimoquinta edición en Barcelona.

En cualquier caso, ha indicado que espera que el MWC pueda seguir celebrando más ediciones en el futuro en España. Espero que sigamos contando con este evento y el Gobierno sea capaz de mantenerlo», ha apostillado.

Felipe González presenta su Fundación: España vuelve a su «anormalidad histórica»

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El expresidente del Gobierno Felipe González ha presentado este miércoles la fundación que lleva su nombre en Sevilla, en un acto en el que ha realizado un repaso por algunos aspectos de la historia reciente de España y de su etapa democrática para defender que «hemos vuelto a la anormalidad histórica» del país, tras vivir «35 años de estabilidad».

Tras aludir a la «inquietud» de la gente ante la «inestabilidad» que se vive en España, Felipe González ha argumentado que la «situación de inestabilidad» que hay «desde 2015» no es «una anomalía». «La anomalía son 35 años de estabilidad, y la normalidad es lo que estamos viviendo», ha resumido.

«Hemos vuelto a nuestra anormalidad histórica», ha incidido el también ex secretario general del PSOE en un acto en la Casa de la Provincia de Sevilla al que han asistido, entre otros, los expresidentes socialistas de la Junta de Andalucía José Rodríguez de la Borbolla, Manuel Chaves y José Antonio Griñán, y la exministra Magdalena Álvarez.

Además, el acto ha contado con la participación del presidente de la Diputación de Sevilla y la Federación Andaluza de Municipios y Provincias (FAMP), Fernando Rodríguez Villalobos (PSOE), quien ha presentado el acto, destacando que sea el primero que celebra la Fundación Felipe González fuera de Madrid, así como con la proyección de un vídeo del alcalde de Sevilla, Juan Espadas, ausente al encontrarse en Bruselas.

UNA CONSTITUCIÓN «NO MILITANTE»

En su intervención, en la que ha estado acompañado también por la directora de la Fundación, Rocío Martínez-Sampere, y por el fotógrafo Pablo Juliá, autor de la exposición ‘Otros tiempos’ que se puede ver en la Casa de la Provincia, Felipe González ha subrayado que España «siempre ha sido un río bravo con tendencia a salirse de su cauce históricamente», y «ahora tenemos de nuevo los riesgos de desbordamiento», al tiempo que ha defendido el carácter «no militante» e «incluyente» de la Constitución española de 1978.

Ha llamado la atención acerca de que a la actual «inestabilidad» se ha llegado alrededor de 40 años después de que los partidos se pusieran de acuerdo en torno a los Pactos de la Moncloa y, seguidamente, acerca del «pacto constitucional», y posteriormente se alcanzara «un acuerdo unánime» para negociar la incorporación de España a la Unión Europea, todo lo cual fue «la excepción» a la ausencia de la «épica de la reforma» de la que ha adolecido el país.

«Ahora tenemos de nuevo los riesgos de desbordamiento», ha advertido González, para quien hay que saber ahora «qué hay que hacer para tener por delante otros 30 años más de previsibilidad encauzada hacia el progreso, la lucha contra la desigualdad, la ampliación de las libertades y la eliminación de toda tentación nacionalista y excluyente».

Ha reivindicado su papel en el origen de la Constitución de 1978 para defender las razones por las que «hicimos» una Carta Magna «no militante y mucho más inclusiva» e «incluyente» que «la que era nuestra referencia desde el punto de vista jurídico constitucional más inmediata, que era la alemana».

Tras subrayar, en todo caso, que «el compromiso para ser representante de los ciudadanos es respetar la Constitución», y opinar que «los que más respeto exigen son los que menos respeto tienen por las instituciones, el ordenamiento jurídico o la división de poderes», ha argumentado que, «como veníamos de una larga» dictadura, todo el «empeño» de los impulsores de la actual Carta Magna era que «fuera lo más garantista posible».

A veces nos excedimos en el garantismo», ha dicho el expresidente, para añadir que «a veces tengo dudas en algunas declaraciones que veo, en gente muy notable en el sector judicial, de que se respete la presunción de inocencia, y lo puedo criticar» –ha abundado–, «porque queríamos una Constitución, pero ser garantista significa también serlo para enjuiciar a los enemigos de la Constitución.

El expresidente ha aludido también a las fórmulas de acatamiento de la Constitución «por imperativo legal», con «un discurso kilométrico explicando que lo que habían dicho no servía para nada», a las que se acogieron determinados diputados en la conformación de las actuales Cortes Generales, explicando que, cuando las escuchó, pensó que él, si hubiera tenido que prometer en esas circunstancias, «hubiera tenido que decir que sí, prometo cumplir y hacer cumplir la Constitución incluso para reformarla y defenderla contra todos sus enemigos que acaban de hablar aquí».

«Pero entonces la habría convertido en militante, y me habría parecido a ellos», ha apostillado González, quien, al hilo, ha pedido «mucha prudencia cuando se dice que en el Código Penal hay que condenar la exaltación del franquismo», porque «algunas veces lo piden gente que han roto el perímetro de la Constitución y están justificando que otros lo rompan por la otra parte».

Ha añadido que, «sobre aquellos principios que hoy veo que no se defienden entre quienes reparten carnés de constitucionalistas, me gustaría que se reflexionara para saber si son capaces de hacer un proyecto previsible de nuestro futuro para los próximos 30 años», porque, «si no, terminaremos de deshacer lo que tenemos sin hacer nada alternativo», ha advertido.

González ha lanzado «una señal de alarma para esa parte del mundo todavía minoritaria que vive en democracia, y que tiene bastantes ataques peligrosos», subrayando que «tenemos muchos problemas de desigualdades generados por la crisis y amenazas de nuevas desigualdades», así como «desafíos gigantescos», y «nuestra guía sigue siendo la de luchar contra las desigualdades desde la defensa de la democracia».

Al hilo, ha sostenido que, «para nuestra supervivencia como proyecto político de lucha contra las desigualdades desde la defensa de las libertades, la democracia es el oxígeno con el que podemos vivir, y en la medida en que se malinterpretan las bases de la convivencia democrática, nosotros somos las principales víctimas», ha dicho González, quien ha confesado que «en lo único en lo que me he vuelto radical es en la defensa de los valores de la democracia».

Eso «a veces me crea problemas, porque no me gusta que Evo Morales falsee las elecciones, como tampoco me gustó que lo hiciera Alberto Fujimori» en Perú, ha apostillado.

También ha llamado a «respetar las instituciones», punto en el que ha indicado que «nunca he sido monárquico, y a estas alturas de la vida ya no me da tiempo a serlo, pero prefiero una monarquía republicana como la que tenemos, que una republiqueta como las que nos proponen».

UNA FUNDACIÓN PARA «APRENDER DEL PASADO»

Por su parte, la directora de la Fundación, Rocío Martínez-Sampere, ha explicado las «ciertas reticencias» que el expresidente trasladó al principio a la conformación de una fundación con su nombre, si bien finalmente aceptó a la creación de esta entidad que aspira a que se pueda «aprender del pasado poniendo a disposición» de los ciudadanos «la memoria cívica, el legado documental» del histórico socialista.

Ha destacado que esta fundación ha realizado «algo único, inédito y extraordinario» en España, al permitir a cualquier ciudadano acceder «con un solo clic» a ese legado, a «nuestro pasado para aprender de él», así como ha reconocido el «valor documental» de «cartas que mandaban ciudadanos» que no eran dirigentes políticos y que han sido incorporadas a este patrimonio.

La directora ha mencionado también el «honor» y la «responsabilidad» que han contraído después de que Pilar Goya, la viuda del también ex secretario general del PSOE Alfredo Pérez Rubalcaba, haya decidido que el «legado» de su marido también forme parte de la Fundación, con la que «queremos construir la memoria de una época fundamental para nuestra época reciente», según ha resumido.

PP y Cs no se rinden: pelearán para que Europa sancione a Ábalos por el ‘caso Delcy’

La primera sesión de control al Gobierno ha estado marcada por un tema que ya ha traspasado las fronteras nacionales: el caso Delcy. El ministro de Transporte, Movilidad y Agenda Urbana, José Luis Ábalos, ha tenido que enfrentarse a los reproches y preguntas que buena parte de la oposición le ha formulado sobre su polémica reunión con la vicepresidenta de Venezuela, Delcy Rodríguez.

La cita, que tuvo lugar en la madrugada del 20 de enero, todavía sigue generando controversia por las diferentes versiones que ha habido de la misma y, sobre todo, por la prohibición que versa sobre la número dos de Nicolás Maduro de pisar suelo europeo. Este último punto es el que más han criticado desde la oposición, que no ha dudado en elevar la polémica a las instituciones europeas en busca de una sanción para el Gobierno de Sánchez.

PP Y CIUDADANOS, UNIDOS EN LA EUROCÁMARA

PP y Ciudadanos han mostrado, nuevamente, su buena sintonía esta vez en territorio comunitario. Ambos partidos, junto con Vox, han ido de la mano para lograr que en el Parlamento Europeo se consiguiera introducir esta cuestión. La formación naranja, y en concreto su eurodiputado Jordi Cañas, fueron los artífices de incluir en el orden del día el debate sobre la posibilidad de que «la Comisión Europea investigue sobre el incidente entre Ábalos y la número dos de Maduro». 

Fuentes de Ciudadanos celebran este logro de su equipo europeo, pero esperan que se continúe investigando este encuentro y se evalúen posibles consecuencias. En este punto coinciden con el PP. Fuentes populares aseguran que su prioridad es seguir insistiendo para que se abra una comisión de investigación en las instituciones europeas donde se estudie si el Gobierno español merece ser sancionado por este encuentro entre Ábalos y Delcy Rodríguez. 

Antes del debate en la Eurocámara, que duró aproximadamente media hora, los europarlamentarios del Partido Popular ya habían mandado una pregunta escrita al Consejo de la UE para conocer si se está investigando este asunto. Su objetivo ahora es evitar que el tema muera, porque consideran que la vicepresidenta venezolana sí que pisó suelo español y, por lo tanto, se incumplió la prohibición europea.

ÁBALOS Y SUS ‘EXPLICACIONES’ EN EL CONGRESO

El asunto del caso Delcy ha monopolizado la primera sesión de control en el Congreso. De las quince preguntas que se han formulado, seis iban destinadas a conocer más detalles de esta reunión. La oposición, representada por PP, Ciudadanos y Vox, considera que en las explicaciones sobre este tema hay una gran falta de transparencia. Es por ello que han pedido nuevos detalles a Ábalos, que él ha tratado de esquivar.

Varias diputadas del Partido Popular —han formulado preguntas sobre este tema cuatro parlamentarias— le han reprochado al ministro de Transportes sus idas y venidas en todo lo referente a este encuentro. Las dirigentes populares le han exigido una auténtica versión de los hechos y que se responsabilice de sus actos, poniendo su cargo a disposición del Gobierno. 

Sin embargo, los esfuerzos del PP para intentar conseguir una respuesta sólida de Ábalos no han servido para mucho. El ministro socialista ha evitado ofrecer una nueva versión de esta cita y ha preferido criticar a la oposición por monopolizar su turno de preguntas con cuestiones, a su juicio, que pertenecen a otro país en lugar de centrarse en España. Tanto Ábalos como el ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska, —que también ha tenido que hablar sobre el encuentro— se han amparado bajo la misma premisa: Delcy Rodríguez no pisó el espacio Schengen.

Esta explicación, que según publica El País aparece incluso en un informe policial, es la que han esgrimido en la bancada socialista para evitar abordar el asunto en profundidad. Fuentes populares reconocen que les ha sorprendido esta actitud, ya que, al menos, esperaban que Ábalos “hubiera presentado un relato armado” y les ha impresionado que solo haya insistido en que a ellos “les interesan los venezolanos”, “¿qué argumento es ese?”, se preguntan las mismas fuentes.  

LAS VERSIONES DEL ‘CASO DELCY’

Más de tres semanas después de que tuviera lugar esta cita en el aeropuerto de Madrid-Barajas, todavía no se sabe qué es lo que realmente ocurrió entre Ábalos y Delcy Rodríguez. No obstante, en estos días han ido aflorando nuevos detalles que han obligado al Gobierno a cambiar su versión en varias ocasiones.

En un primer momento se habló de un encuentro fortuito, luego se reconoció que Ábalos había sido enviado por Interior para evitar que Rodríguez pisara suelo español, más tarde se informó de que ambos habían hablado durante media hora y ahora según las recientes publicaciones de El País, en lugar de 30 minutos habría sido una hora de reunión encargada no por el ministro de Interior, Fernando Grande-Marlaska, sino por la propia presidencia. A pesar de todas estas incongruencias, el Gobierno ha seguido firme en su defensa a la actitud del ministro e insisten en que su labor “evitó una crisis diplomática”.

 

Isa Serra rechaza las acusaciones de atentado contra la autoridad y confía en su absolución

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La portavoz de Unidas Podemos en la Asamblea de Madrid, Isa Serra, está luchando por esclarecer los hechos que la acusan de cuatro delitos en un intento de frenar un desahucio en el barrio madrileño de Lavapiés el 31 de enero de 2014. Por estos hechos, la Fiscalía de Madrid solicita una pena de 23 meses de cárcel para ella.

Serra ha reiterado que las acusaciones son «falsas» y ha confiado en que saldrá «absuelta» en la vista oral al considerar que no existen pruebas suficientes contra su persona. Pero, ¿qué fue lo que pasó ese 31 de enero y qué políticos de Podemos también han tenido problemas con la justicia?

INSULTOS A POLICIAS: «ERES UNA COCAINÓMANA»Isa Serra

Los hechos se remontan a la época en la que Serra no era cargo público. La ahora diputada participó en el intento de paralizar un desahucio de un hombre con una gran discapacidad que vivía solo y no podía afrontar la renta exigida por su casero. Al finalizar la práctica de la diligencia judicial, Serra, “que realizaba funciones de liderazgo de los grupos de protestas”, según la versión policial, en unión con otras personas decidieron sentarse en la calle cuando los coches policiales abandonaban el lugar. Fue en este momento cuando se produjo las actitudes violentas con frases como “hijos de puta”, “asesinos”, “vergüenza me daría ser policía”.

La acción de los grupos Stopdesahucios se hizo “de común acuerdo, amparados en la fuerza del grupo, con el fin de atentar contra la paz pública y el normal desarrollo de la convivencia ciudadana, con absoluto desprecio hacia la autoridad que representaba la fuerza policial”, según la Fiscalía. El escrito de acusación también señala que al mismo tiempo que proferían los insultos, algunas personas escupieron a los agentes, les lanzaron botellas, piedras o adoquines e incluso “otros objetos contundentes como papeleras”.

La propia Isa Serra se dirigió presuntamente a una agente de la Policía en los siguientes términos: «eres una cocainómana», «mala madre, hija de puta, con todo los que hemos luchado las mujeres, contigo se pierde todo, no te quieren ni tus propios compañeros».  Por estos hechos, se le pide los 23 meses de prisión (desorden público, atentado, lesiones y daños) y una indemnización de 5.200 euros para dos agentes que resultaron heridos.

SERRA SE DEFIENDE

serra Moncloa
Isa Serra, portavoz de Unidas Podemos en la Comunidad de Madrid. Foto: Twitter.

En julio de 2019, se conoció que el Tribunal Superior de Justicia de Madrid llevaría el caso por lo ocurrido en el 2014. Desde entonces, Serra ha repetido en varias ocasiones que las acusaciones son “falsas”. Unas palabras que ha vuelto a reafirmar este miércoles en la primera jornada del juicio que se celebra contra ella.

“No estuve donde la gente estaba lanzando objetos ni tiré ningún tipo de objeto a los agentes. Estaba sola y todo lo que hice fue alejarme cuando empezó la situación de tensión”, ha asegurado.  Además, ha mantenido que “tenía miedo de la situación” y que en ningún momento se dirigió “ a ningún agente”.

Serra ha podido contar con la presencia de algunos compañeros de partido como Rafa Mayoral y la reciente secretaria de Estado de Agenda 2030, Ione Belarra, que ha relatado que lo ha ocurrido con su compañera pasa “a muchas personas en este país” por el hecho de defender el derecho a la vivienda. “Estamos muy orgullosos de que en nuestras filas estén quienes ponen el cuerpo para frenar los desahucios y no corruptos como tienen otros partidos”, ha sentenciado.

UNIDAS PODEMOS SE UNE Y APOYA A SU COMPAÑERA

Podemos
Pablo Iglesias, en un acto de su partido. Foto: Flickr Podemos

El apoyo a la diputada ha sido unánime, sobre todo en redes sociales, de aquellas personas que forman Unidas Podemos. El líder de la formación y el vicepresidente de Derechos Sociales y Agenda 2030, Pablo Iglesias, subió una foto a sus redes sociales con Isa Serra junto con el hastagh #ApoyoaIsaSerra. «Defender el derecho a la vivienda frente a buitres y especuladores oponiéndose al desahucio de una persona discapacitada es defender la Constitución. Todo mi apoyo. Un orgullo de compañera valiente y comprometida con los más débiles», ha detallado Iglesias.

También ha sido el caso de la ministra de Igualdad, Irene Montero, quien ha hecho uso de las redes sociales, en concreto de Twitter, para manifestar que está con su compañera y confía en su inocencia. «Si me preguntan quién es Isa Serra, es una mujer valiente, feminista, luchadora. Defender los derechos humanos no es delito y por eso hoy todos estamos con ella«, ha publicado.

La misma etiqueta que ha utilizado Iglesias ha sido usada por Pablo Echenique, que también ha calificado a su compañera de «valiente«, «comprometida» y ha reconocido que trabajar a su lado es un «honor».  La mayoría de cabezas visibles de Unidas Podemos mandaron un mensaje de ánimo y colaboración a Serra, como fue el caso de Juan Carlos Monedero, Noelia Vera o Juan López de Uralde.

PROBLEMAS JUDICIALES DE UP

Rita Maestre
La política Rita Maestre ha sido absuelta por el caso del asalto a la capilla de la Universidad Complutense de Madrid. Foto: Flickr

Isa Serra no es la única política de Unidas Podemos que se ha visto envuelta en problemas con la justicia. Otros compañeros suyos también han estado imputados  por atentados contra la autoridad o por ofender a los sentimientos religiosos, como Rita Maestre, que fue condenada por asaltar la capilla de la Universidad Complutense de Madrid.

Sin embargo, Maestre fue absuelta en 2016 aunque reconoció que su actuación pudo ser «irrespetuosa» pero niega que hubiese «profanación», por lo que, no hubo delito desde el punto de vista «estrictamente técnico-jurídico, sin valoraciones ético-morales».

Recientemente, el pasado mes de septiembre, tres miembros fueron imputados por atentados contra la autoridad. Los hechos sucedieron durante una concentración de los trabajadores de ALCOA en el Congreso. Según la Justicia, los tres diputados implicados fueron Yolanda Díaz, Rafa Mayoral y Antón Gómez, que incitaron a los manifestantes a saltar el perímetro de vallas dispuesto por la policía. Aunque, a la semana de conocerse la noticia, la magistrada Raquel Robles dictó un escrito de rectificación por la decisión de citar a declarar a los tres políticos ese a que son aforados y solo pueden ser investigados por el Tribunal Supremo.