Vox ha defendido en las Corts Valencianes su modelo de vivienda frente a la intervención del alquiler y la fiscalidad autonómica. El Grupo Parlamentario VOX ha llevado al pleno de las propuestas de resolución del Debate de Política General su receta: menos regulación estatal, trámites más ágiles y una fiscalidad que premie la propiedad.
Qué propone Vox en vivienda y con qué argumentos
La formación registró sus propuestas con un eje que repite en cada comparecencia: derogar la Ley de Vivienda estatal y simplificar de forma urgente la normativa relacionada con la urbanización y la edificación, con el objetivo declarado de reducir costes y plazos. Los dos grupos de la derecha sostienen que la norma estatal ha agravado el problema en lugar de resolverlo, y la simplificación normativa viaja en el mismo paquete que la rebaja fiscal.
El segundo pilar es la prioridad nacional en el acceso a la vivienda. Vox reclama ‘hacer efectiva la aplicación del principio de prioridad nacional en el ámbito de la vivienda’, en cumplimiento de lo ya aprobado en los presupuestos de la Generalitat Valenciana de 2026, con el fin de procurar la asignación prioritaria de los recursos a quienes mantienen un arraigo real, duradero y verificable en la Comunidad Valenciana. La medida busca, según el texto registrado, que el esfuerzo público llegue antes a quien ya vive y trabaja en el territorio.
La tercera pata es fiscal. El grupo solicita ‘profundizar la reducción de la presión fiscal autonómica sobre la adquisición de vivienda habitual, avanzando hacia una fiscalidad que favorezca la propiedad frente a la precariedad, la cual deriva en una mayor presión sobre el mercado del alquiler’. A eso se suma mantener y reforzar las deducciones autonómicas en el IRPF vinculadas a la adquisición, la rehabilitación y la adaptación de la vivienda habitual.
Qué respaldo tienen las propuestas y cómo se divide la Cámara
El PP y Vox votaron a favor de sus respectivas recetas, mientras que el PSPV y Compromís hicieron lo propio con las suyas. Los populares coincidieron con Vox en instar al Gobierno de España a derogar la ley estatal y en dar mayor seguridad jurídica a los propietarios para incentivar el alquiler. Sumaron la exigencia de aprobar la ley del suelo estatal, la rebaja del IVA para la vivienda protegida, la consolidación del Plan Vive y el respaldo a los propietarios víctimas de la ocupación.
En el bloque de la izquierda, el PSPV presentó hasta 35 propuestas en materia de vivienda que no salieron adelante. Entre ellas figuraban el respaldo a los decretos de vivienda debatidos esta semana en el Congreso de los Diputados, un plan contra los fondos buitre, la calificación permanente de las VPO (Viviendas de Protección Oficial), la declaración de zonas tensionadas —áreas donde la ley estatal permite topar los precios— y la limitación de las rentas del alquiler conforme a la normativa vigente.
La vivienda ha dejado de ser un asunto sectorial: en las Corts ha servido para retratar a dos bloques con recetas irreconciliables.
Compromís planteó medidas en la misma dirección: reversión de la subida del precio máximo de venta de las VPO, carácter permanente de estas viviendas y una ley que prohíba la compra especulativa por parte de los fondos buitre. Tampoco sus iniciativas recibieron el apoyo de la Cámara, pese al respaldo recíproco entre ambos grupos de la oposición.
La estrategia de Vox y el pulso por el relato de la vivienda
El Debate de Política General deja una fotografía nítida: la vivienda ha dejado de ser un asunto sectorial y se ha convertido en el terreno donde se miden dos concepciones del mercado. Vox reivindica la propiedad como palanca de estabilidad y señala la intervención del alquiler como el origen del estrechamiento de la oferta; el PSPV y Compromís insisten en limitar precios y declarar zonas tensionadas al amparo de la ley estatal. Ningún grupo renunció a incluir la materia entre sus prioridades.
La formación de Santiago Abascal llega a este tramo del curso con un discurso ya rodado en otros parlamentos autonómicos. El precedente más cercano es la ruptura de los gobiernos de coalición autonómicos con el PP en 2024, un episodio que reordenó la relación entre ambos partidos y que Vox sigue utilizando como prueba de que mantiene perfil propio cuando lo considera necesario. En la Comunidad Valenciana ese perfil se traduce en dos señas reconocibles: la prioridad nacional y la rebaja fiscal.
El riesgo que la formación subraya es el inverso al que denuncian sus adversarios: la limitación de precios, argumenta, termina reduciendo la oferta disponible y empuja a los pequeños propietarios a retirar sus inmuebles del mercado. Ese pulso se libra también en el Congreso de los Diputados, donde los decretos de vivienda han vuelto a colocarse en el centro del debate.
Vox tiene ahí una ventana doble: convertir su propuesta en norma autonómica y forzar al PP a definir hasta dónde está dispuesto a acompañarla. La vivienda figura ya entre los ejes del curso político y no parece que vaya a salir de la agenda.
