El Gobierno aprueba la nueva ley del derecho al honor que regula deepfakes y protege a menores

Juan Vicente
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El Gobierno aprueba la nueva ley del derecho al honor que regula deepfakes y protege a menores

EN 30 SEGUNDOS

  • ¿Qué ha pasado? El Consejo de Ministros ha aprobado en segunda vuelta la nueva ley del derecho al honor, intimidad y propia imagen.
  • ¿Quién está detrás? El ministro de la Presidencia, Justicia y Relaciones con las Cortes, Félix Bolaños, impulsado por los Ministerios de Justicia y Juventud e Infancia.
  • ¿Qué impacto tiene? Tipifica como intromisión ilegítima la difusión de deepfakes sin consentimiento, eleva a los 16 años la edad para que un menor preste su imagen y refuerza la protección de las víctimas de crímenes reales.

El Gobierno ha dado luz verde este martes a la esperada reforma de la Ley Orgánica 1/1982. El Pleno del Consejo de Ministros ha aprobado en segunda lectura el Proyecto de Ley de los derechos al honor, a la intimidad personal y a la propia imagen, una norma que incorpora por primera vez en el ordenamiento jurídico español la tipificación de los deepfakes —imágenes o voces manipuladas con inteligencia artificial sin consentimiento— como una intromisión ilegítima. La decisión, adelantada por ElDiario.es, supone un paso más en el cumplimiento del Plan de Acción por la Democracia impulsado por el Ejecutivo.

Deepfakes, menores y true crime: las claves de la reforma

El texto, que actualiza una legislación vigente desde 1982, aborda los “enormes cambios tecnológicos” que han transformado la sociedad, según explica el Gobierno en su exposición de motivos. La pieza central es la inclusión como intromisión ilegítima de la utilización o difusión de la imagen o la voz de una persona “que haya sido creada, simulada o manipulada tecnológicamente para dotarla de una apariencia extremadamente realista”. Se trata de los conocidos deepfakes, una amenaza que, como recuerdan los informes de Naciones Unidas, afecta de forma mayoritaria a las mujeres y se ha convertido en una nueva forma de violencia machista.

La ley introduce, no obstante, excepciones para preservar la libertad de expresión. Así, no se considerará intromisión cuando el contenido generado por IA forme parte de una obra de ficción satírica o artística, pero con una novedad añadida tras el trámite de información pública: el creador deberá aclarar que es una manipulación solo cuando la obra pueda “inducir a una persona a pensar erróneamente que es auténtico o verídico”. También se blinda la revelación de comunicaciones privadas cuando el contenido tenga “carácter noticiable por su relevancia pública”, en sintonía con la doctrina constitucional sobre la libertad de información.

En el capítulo de protección a los menores, la reforma fija en 16 años la edad para que un menor pueda consentir la utilización de su propia imagen, en línea con el proyecto de ley de protección a los menores en el entorno digital que tramita el Congreso. Además, se refuerza la tutela de las víctimas de los llamados true crimes: cualquier condenado por sentencia firme que utilice su delito, aunque no obtenga beneficio económico, estará cometiendo una intromisión ilegítima si daña el honor o la intimidad de las víctimas. El texto también amplía a las parejas de hecho los derechos sobre la imagen de personas fallecidas y regula las indemnizaciones por daño moral, que tendrán en cuenta la difusión no solo en medios de comunicación social sino también en “servicios de comunicación digital”.

Bolaños: “Cumplimos el 87% del Plan de Acción por la Democracia”

El ministro Félix Bolaños, en la rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros, ha subrayado que la aprobación de esta ley era “uno de los hitos incluidos en el Plan de Acción por la Democracia” y que con ella se da cumplimiento al 87% de esa iniciativa. “Las reglas del juego se adecuan a la realidad de nuestro tiempo”, ha remarcado. La norma, que ahora inicia su tramitación parlamentaria en el Congreso, ha sido elaborada de forma conjunta por los Ministerios de Justicia y de Juventud e Infancia, y ha recabado informes del Consejo General del Poder Judicial y del Consejo Fiscal, además del propio trámite de audiencia pública que ha enriquecido el texto final.

Los deepfakes no son una simple edición digital: son una intrusión en la dignidad que exige una respuesta contundente del Estado socialista.

deepfakes regulación

El Eje del Poder Socialista

Desde Ferraz y Moncloa se lee esta medida como un refuerzo del blindaje democrático en un momento en que la desinformación y la inteligencia artificial maliciosa erosionan la convivencia. La ley no solo cumple un compromiso del programa de gobierno, sino que sitúa al Ejecutivo de Pedro Sánchez a la vanguardia europea en la defensa del honor y la imagen frente a las amenazas tecnológicas. El hecho de que dos ministerios socialistas —Justicia y Juventud e Infancia— hayan pilotado la reforma envía un mensaje de centralidad: la protección de los menores y la lucha contra la violencia machista digital forman parte del núcleo duro de la marca PSOE.

El proyecto de ley llega al Congreso en un momento parlamentario exigente. El Gobierno confía en que la mayoría de la investidura respalde sin fisuras un texto que, por su calado social, difícilmente encontrará oposición frontal entre los socios habituales. Eso sí, habrá que vigilar la reacción de formaciones que puedan ver en las excepciones informativas una puerta a la censura. Con todo, la previsión de Ferraz es que el trámite se complete en tiempo récord, reforzando la imagen de un Ejecutivo que legisla para los ciudadanos mientras la oposición se enreda en debates estériles.

En clave territorial, la ley tiene alcance nacional y no precisa desarrollos autonómicos adicionales, aunque gobiernos socialistas como los de Emiliano García-Page en Castilla-La Mancha, Adrián Barbón en Asturias o María Chivite en Navarra podrán complementar la protección con sus propias políticas de infancia y lucha contra la violencia de género. La medida, además, envía un mensaje claro a las plataformas digitales: en España, la difusión de imágenes íntimas manipuladas tendrá consecuencias jurídicas y económicas, incluyendo indemnizaciones que consideren la repercusión en redes sociales y servicios de comunicación digital.

🌹 El Apunte de Ferraz

  • Mensaje fuerza: La defensa de la dignidad y la verdad frente a la manipulación tecnológica como pilar de la democracia socialista.
  • Protagonista: Félix Bolaños (ministro de la Presidencia, Justicia y Relaciones con las Cortes).
  • Próximo hito: Inicio de la tramitación parlamentaria en el Congreso, previsiblemente antes del receso estival.

Canadá elige submarinos alemanes: el contrato que deja a la industria española fuera del gran negocio de la OTAN

Amparo Soler
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Canadá elige submarinos alemanes: el contrato que deja a la industria española fuera del gran negocio de la OTAN

Un contrato multimillonario se ha escapado de las manos de la industria española apenas unos días antes de una cumbre crucial de la OTAN. Canadá ha anunciado este lunes la elección del consorcio alemán ThyssenKrupp Marine Systems (TKMS) para construir doce submarinos de última generación, en uno de los mayores programas de defensa de su historia.

Indignómetro

Nivel de impacto para España: 9/10. La pérdida del contrato canadiense supone un varapalo para la industria naval militar española y para el empleo cualificado en astilleros públicos, que llevaban meses postulándose para este gran encargo sin que su oferta —si llegó a formalizarse— encontrase eco en Ottawa.

Un contrato de altos vuelos y una decisión con aroma de OTAN

El primer ministro Mark Carney lo ha confirmado desde Toronto en una comparecencia sin apenas fisuras: el consorcio germano‑noruego TKMS ha ganado la puja y construirá 12 submarinos que reemplazarán a la envejecida flota actual, comprada de segunda mano y sometida a mantenimiento casi permanente. La cifra del contrato no se ha desvelado oficialmente, pero todas las fuentes lo sitúan en el rango de los varios miles de millones de dólares, lo que le convierte en uno de los desembolsos de defensa más grandes de Canadá.

La operación no es solo una compra de armamento. La elección llega apenas unos días antes de la cumbre de la OTAN, y el propio Carney ha subrayado que los nuevos submarinos «profundizarán los lazos» de Canadá con la Alianza. La decisión tiene, por tanto, una lectura geopolítica tan clara como la hoja de una brújula: Ottawa quiere submarinos interoperables con los de sus socios europeos, y los diseños de TKMS —probados en Noruega y Alemania— encajan a la perfección en ese molde.

Navantia, el convidado de piedra que se queda sin pastel

Para España, la noticia duele. La empresa pública Navantia —con astilleros en Cartagena y Ferrol— es uno de los pocos fabricantes mundiales con capacidad para diseñar y construir submarinos de propulsión independiente del aire (AIP), gracias a su clase S‑80. Un contrato para 12 sumergibles habría supuesto una inyección de carga de trabajo durante más de una década, un balón de oxígeno para centros industriales que dependen en gran medida de los encargos públicos.

Aunque ni Canadá ni el gobierno español han confirmado si Navantia presentó finalmente una oferta formal, fuentes del sector llevan meses señalando que la empresa pública había mantenido contactos preliminares e incluso llegó a presentar documentación técnica durante la fase de exploración del programa. El blindaje tecnológico de la alianza germano‑noruega y la velocidad con la que Berlin ha atado el acuerdo político han dejado al astillero español sin opciones reales.

En el plano industrial, la factura no es menor. Según los datos del INE, la construcción naval militar sostiene en España más de 10.000 empleos directos, muchos de ellos en comarcas donde no hay alternativa productiva. Perder un encargo de este calibre cuando los presupuestos de defensa de los aliados están al alza duele doblemente: no solo por el dinero que no llega, sino porque diluye la reputación de España como socio industrial fiable dentro de la OTAN.

El contrato canadiense era una de esas escasas ocasiones en las que un gran pedido se decidía sin el sesgo eurocéntrico de los programas comunitarios, y España se ha quedado fuera.

Lo que la historia demuestra: la OTAN, factor diferencial

Conviene recordar que no es la primera vez que un gran encargo internacional de submarinos pasa de largo ante las costas españolas. Australia canceló en 2021 el contrato con el grupo francés Naval Group para apostar por la tecnología nuclear anglosajona dentro del AUKUS, y India, Brasil o Turquía han basculado históricamente hacia otros proveedores. España, pese a contar con un sistema AIP propio y una experiencia centenaria en construcción naval, no ha conseguido colocar un solo submarino de exportación desde la clase Scorpène —fabricada en colaboración con Francia y hoy descatalogada.

Lo que ha pesado en la decisión de Ottawa no es solo el precio ni la tecnología. La compatibilidad con los estándares de mando y control de la OTAN, la posibilidad de compartir repuestos con las marinas alemana y noruega, y la urgencia política de Carney por tener un as ganador antes de la cumbre han configurado un tablero donde la baza española —si es que llegó a jugarse— apenas tenía fichas. La industria de defensa, en el fondo, es un juego de geoalianzas; y en esta partida, Spanien se ha quedado en el banquillo.

La mirada hacia adelante no es más halagüeña. El próximo programa de modernización de la flota de la propia OTAN —los futuros submarinos del PESCO— volverá a premiar la estandarización industrial, y Navantia deberá decidir si compite en solitario —con los costes de I+D que eso supone— o busca un socio mayor que le permita arañar contratos en un mercado cada vez más cerrado. Mientras tanto, el astillero español sigue con los dedos cruzados esperando que el S‑81 Isaac Peral termine su fase de pruebas y demuestre que la tecnología nacional puede navegar no solo bajo el agua, sino también por los mares de la geopolítica.

📌 Ficha del Caso

  • Ficha sobre el caso: Canadá ha elegido al consorcio alemán TKMS para construir 12 submarinos en uno de los mayores contratos de defensa de su historia, una decisión que refuerza los lazos de la OTAN y deja a España sin opciones industriales.
  • Datos importantes: Contrato valorado en varios miles de millones de dólares; empleo directo en construcción naval militar en España supera los 10.000 puestos; la OTAN celebra cumbre próxima; Navantia no ha exportado submarinos completos desde la clase Scorpène.
  • Resumen: La pérdida del pedido canadiense evidencia las dificultades de la industria naval militar española para competir frente a gigantes como el alemán TKMS en contratos guiados por la interoperabilidad aliada más que por el precio.

Obamacare subida primas 2027: KFF proyecta un 14% de aumento y 20 millones de afectados

Jack Williams
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Obamacare subida primas 2027: KFF proyecta un 14% de aumento y 20 millones de afectados

Los estadounidenses que dependen del seguro médico de Obamacare se enfrentan en 2027 a un nuevo golpe en sus primas: un aumento mediano del 14%, según las proyecciones adelantadas por la Kaiser Family Foundation (KFF, el think tank de referencia en política sanitaria estadounidense). Será el segundo año consecutivo de incrementos de dos dígitos, tras la subida del 20% en 2026, y afectará a los más de 20 millones de ciudadanos que compran cobertura a través del mercado de intercambios federal o estatales.

El análisis de la KFF y las claves del alza

El estudio de la KFF se basa en las solicitudes de tarifas presentadas por 77 aseguradoras que operan en los intercambios de Obamacare en 16 estados y el Distrito de Columbia. La subida mediana del 14% es la cifra central, pero no la única: 47 aseguradoras prevén incrementos de entre el 10% y el 20% en sus pólizas, y otras 20 esperan subidas superiores al 20%. Si estas proyecciones preliminares se confirman —los datos definitivos de 2027 no se conocerán hasta finales del verano—, las primas típicas de los planes Obamacare habrán acumulado un encarecimiento de más de un tercio en solo dos años.

De las 77 aseguradoras analizadas, 47 esperan aumentos de entre el 10% y el 20% en 2027, y otras 20 superarán esa cifra. El incremento del 20% del año pasado, unido al del 14% de este, deja la cobertura sanitaria privada individual al borde del abismo para muchos usuarios que no reciben subsidios plenos.

Un ejemplo concreto ilustra el golpe: un ciudadano de 40 años en Indianápolis que gana 65.000 dólares al año —por encima del 400% del umbral federal de pobreza y, por tanto, sin derecho a los subsidios mejorados— pagaba 316 dólares al mes por un plan de salud medio en 2025. Tras la expiración de las ayudas reforzadas y el repunte de la inflación médica, ese mismo plan le cuesta ahora 477 dólares en 2026 y saltará a 546 dólares en 2027.

Empresas españolas en Estados Unidos: costes laborales al alza

Más de 700 empresas españolas tienen presencia en Estados Unidos, desde gigantes como Santander, Iberdrola, Inditex o Ferrovial hasta pymes tecnológicas y de ingeniería. La mayoría de ellas ofrece cobertura sanitaria a sus plantillas en el país, y los aumentos de primas no se limitan a los planes individuales de Obamacare: los seguros de salud patrocinados por el empleador también están subiendo, reflejo de la misma inflación médica subyacente.

El sistema sanitario estadounidense no aprieta solo a los ciudadanos: las empresas españolas están pagando la factura de una inflación médica en espiral.

Los costes de hospitalización las visitas al médico y los medicamentos —la inflación médica pura— son la causa principal de la escalada de primas, según las aseguradoras. La escasez de personal sanitario agrava el problema: los hospitales trasladan sus mayores costes salariales a las primas. Un escenario que, para las compañías españolas con miles de empleados en territorio estadounidense, supone un incremento directo y tangible en sus presupuestos laborales.

La Lógica de Washington

El repunte de las primas de Obamacare no es fruto del azar. La expiración de los subsidios mejorados aprobados durante la pandemia —que reducían el precio de las pólizas para rentas medias— ha devuelto al sistema al diseño original de la ley. Esos subsidios adicionales fueron un parche temporal que expiró en 2025, y el Congreso no logró renovarlos. La pugna por su ampliación llevó a los demócratas a desencadenar el cierre de Gobierno más largo de la historia de Estados Unidos entre octubre y noviembre de 2025, un pulso que perdieron.

Desde enero de 2026, solo los ciudadanos con ingresos inferiores a cuatro veces el umbral federal de pobreza —unos 62.000 dólares al año por persona— reciben ayuda para pagar sus primas. Los que ganan más, como el hipotético trabajador de Indianápolis, ven el precio completo. Y aunque las primas se subsidian en función de la renta para quienes entran en el programa, el alza del coste subyacente se come parte de la ayuda, subiendo igualmente el desembolso de los hogares.

La Administración Trump atribuye la caída de 3 millones de inscritos en Obamacare en lo que va de año a su ofensiva contra las altas fraudulentas, una línea que el secretario del Departamento de Salud y Servicios Humanos ha repetido en varias comparecencias. Sus críticos, en cambio, vinculan la pérdida de afiliados a la imposibilidad de pagar las nuevas tarifas tras la pérdida de los subsidios mejorados. El pulso político es evidente, y con las elecciones legislativas de noviembre de 2026 a la vista, los republicanos han abierto audiencias en el Congreso con aseguradoras y hospitales para buscar fórmulas que frenen la escalada.

El ciclo actual recuerda a los años noventa, cuando las primas del seguro médico también subían a un ritmo de dos dígitos y la frustración popular impulsó los intentos —fallidos— de reforma sanitaria de Clinton, antes de que la Ley de Cuidado de Salud Asequible de 2010 creara los intercambios de Obamacare que ahora vemos tensionados. Para las empresas españolas, la lección es clara: el coste del seguro en EE.UU. seguirá siendo un factor crítico en sus planes de expansión y en la rentabilidad de sus operaciones.

Ficha del Caso

  • El caso: La Kaiser Family Foundation proyecta una subida mediana del 14% en las primas de los planes de salud de Obamacare para 2027, el segundo año consecutivo de incrementos de dos dígitos, debido a la inflación médica, la escasez de personal sanitario y la resaca del fin de los subsidios reforzados.
  • Datos clave: 77 aseguradoras analizadas. 47 esperan aumentos del 10-20%; 20, de más del 20%. La cifra afecta a 20 millones de inscritos. Ejemplo: un plan medio en Indianápolis pasa de 477 a 546 dólares al mes. La caída de afiliados en 2026 suma tres millones.
  • Para España: Las más de 700 empresas españolas con presencia en EE.UU. y sus plantillas sufrirán el encarecimiento de las primas de los seguros médicos empresariales, lo que añade presión a sus costes laborales y a su competitividad en el mercado estadounidense.

Tercer apagón en Cuba en seis meses: el riesgo para las empresas españolas

Amparo Soler
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Tercer apagón en Cuba en seis meses: el riesgo para las empresas españolas

El pasado 6 de julio, Cuba volvió a quedarse a oscuras. Fue el tercer apagón nacional en lo que va de año, según confirmó la estatal Unión Eléctrica (UNE). El sistema se desconectó por completo, y la isla, de 9,6 millones de habitantes, sufrió un corte total. Las empresas españolas con intereses en la isla miran con alarma una crisis energética que no da tregua.

Indignómetro

Nivel de impacto para España: 8/10. La inestabilidad eléctrica golpea de lleno al turismo y a la energía, sectores donde España concentra una parte relevante de sus inversiones exteriores. Más de una veintena de hoteles españoles y varios proyectos de energías renovables dependen de un suministro que colapsa una y otra vez.

Qué ha pasado: el tercer gran apagón en seis meses

La UNE informó de “una desconexión total del sistema nacional de generación eléctrica” y abrió una investigación sobre las causas. El apagón no es un hecho aislado: es el octavo gran corte que sufre la isla desde finales de 2024 y el tercero de alcance nacional solo en 2026. La población vive racionamientos cada vez más duros: en algunos barrios de La Habana apenas reciben tres o cuatro horas diarias de electricidad, y en zonas rurales los cortes superan las setenta horas seguidas.

“Vivir así es una agonía”, declaraba Meyboll Font, una trabajadora autónoma de la capital. Un joven programador de una startup turística lo resumía con crudeza: “No tenemos wifi, no tenemos electricidad, no podemos trabajar”. Las protestas silenciosas reflejan un deterioro que la ONU ya califica de emergencia humanitaria, con escasez de alimentos, agua potable y medicamentos.

Por qué esto golpea a las empresas españolas

España mantiene una presencia inversora sólida en Cuba, sobre todo en turismo y energía. Cadenas como Meliá, Iberostar o Blue Diamond gestionan decenas de establecimientos que ahora sufren cancelaciones y caídas de reservas. Cada apagón dispara los costes operativos —generadores diésel, pérdida de alimentos, clientes insatisfechos— y deteriora la imagen de un destino que ya arrastra dificultades.

Pero el golpe no se queda en los hoteles. Empresas energéticas españolas han invertido en parques solares y proyectos de modernización de la red, confiando en un plan gubernamental que aspira a que la energía solar alcance el 10 % del mix. El problema es que, sin combustible para las centrales de respaldo y con una infraestructura construida en su mayoría en la era soviética, cualquier avance renovable queda en precario. La falta de electricidad fiable frena nuevos desembarcos y pone en riesgo los contratos ya firmados.

La combinación de bloqueo exterior y obsolescencia interior convierte cada apagón en una amenaza directa para los intereses empresariales españoles en Cuba.

El bloqueo que lo cambió todo

En enero de 2026, el presidente estadounidense Donald Trump impuso un bloqueo de combustible que ha asfixiado aún más la logística energética cubana. Washington solo ha permitido la entrada de un petrolero desde entonces, de bandera rusa. La medida, acompañada de nuevas sanciones a empresas extranjeras que hagan negocios con el Estado cubano, ha llevado la crisis hasta un punto cercano al colapso.

Conviene recordar que los apagones no son nuevos en la isla, pero la velocidad con que se repiten desde el bloqueo es inédita. Antes, los cortes programados permitían cierta previsión; ahora, la desconexión total llega sin previo aviso y deja sin red a sectores enteros. España, como primer inversor europeo en Cuba, se encuentra en una encrucijada: mantener la apuesta o revisar los riesgos.

La diplomacia española sigue con atención el deterioro. Aunque el Gobierno ha defendido tradicionalmente los lazos económicos con la isla, la nueva realidad obliga a sopesar apoyos financieros y seguros de inversión. Mientras, en las calles de La Habana el ingenio reemplaza a la electricidad, y la paciencia se agota.

📌 Ficha del Caso

  • Ficha sobre el caso: Cuba sufre su tercer apagón nacional en seis meses, agravado por el bloqueo petrolero estadounidense. La isla vive racionamientos extremos y la ONU advierte de una emergencia humanitaria.
  • Datos importantes: El bloqueo, vigente desde enero de 2026, solo ha autorizado un petrolero ruso. El sistema eléctrico, basado en plantas soviéticas obsoletas, depende de un combustible cada vez más escaso.
  • Resumen: La crisis golpea la imagen de Cuba como destino turístico y paraliza proyectos energéticos con participación española, amenazando inversiones y puestos de trabajo vinculados.

La financiación autonómica de Aragón recibirá 500 millones más para los presupuestos de 2027 tras revisión de IVA e IRPF

Marta Iglesias
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La financiación autonómica de Aragón recibirá 500 millones más para los presupuestos de 2027 tras revisión de IVA e IRPF

EN 30 SEGUNDOS

  • ¿Qué ha pasado? El Gobierno de Aragón estima que recibirá 500 millones de euros adicionales en entregas a cuenta para los presupuestos de 2027 fruto de la revisión al alza del IVA y el IRPF anunciada por el Ministerio de Hacienda.
  • ¿Quién está detrás? El consejero de Hacienda, Roberto Bermúdez de Castro, tras la reunión del Consejo de Política Fiscal y Financiera (CPFF), donde el Ministerio avanzó un incremento medio del 8% o 9% en las entregas a cuenta para todas las comunidades.
  • ¿Qué impacto tiene? La cifra aún no es definitiva; Aragón espera conocer los detalles antes de la nueva reunión del CPFF del 29 de julio. De confirmarse, supondría un balón de oxígeno para las cuentas autonómicas.

El Ejecutivo autonómico aragonés ha puesto cifra a la mejora de la financiación que anticipó este lunes el Ministerio de Hacienda: 500 millones de euros adicionales en entregas a cuenta para las cuentas públicas de 2027. Una inyección que, de materializarse, aliviaría la confección de unos presupuestos que se adivinan cruciales en plena recta final de la legislatura.

¿De dónde salen esos 500 millones?

Las entregas a cuenta son el anticipo que el Estado transfiere cada año a las comunidades autónomas en concepto de la recaudación estimada de los grandes impuestos compartidos: IVA, IRPF y los impuestos especiales. En la reunión del Consejo de Política Fiscal y Financiera (CPFF) —el órgano de coordinación entre el Gobierno central y las comunidades en materia fiscal—, el ministro Carlos Cuerpo avanzó que la previsión para 2027 contempla una subida de entre el 8% y el 9% de media nacional. Es decir, todos los territorios verían crecer sus recursos por la mejor marcha de la economía y la inflación, aunque el reparto concreto depende de la evolución de cada tributo en cada región.

Para Aragón, ese incremento sobre las entregas de 2026 se traduce, en una primera aproximación, en 500 millones de euros adicionales. Así lo ha detallado el consejero Roberto Bermúdez de Castro tras el Consejo de Gobierno del miércoles en el Edificio Pignatelli. La cifra se basa en aplicar el porcentaje medio a las entregas a cuenta que recibió la comunidad el año pasado, pero el propio consejero ha reconocido que el dato arrastra incertidumbre: “No sabemos si Aragón está en esa horquilla, o no”.

La pregunta que queda en el aire

El matiz es relevante. Que la media nacional suba un 8-9% no garantiza que todas las comunidades perciban exactamente ese aumento; el alza final de cada autonomía depende de cómo hayan evolucionado en su territorio el consumo (IVA) y las rentas (IRPF). Por eso Bermúdez de Castro ha puesto el foco en la reunión del CPFF del próximo 29 de julio: allí espera disponer de los datos territorializados que confirmarán si Aragón realmente se beneficia de esa horquilla o si, por el contrario, queda por debajo. “Necesitamos saberlo cuanto antes para elaborar los presupuestos”, ha subrayado.

La confección de los presupuestos de 2027 arrancará justo después del verano, y el margen del Gobierno de coalición PP-PAR es estrecho. Contar con medio millón más en la base de ingresos facilitaría las negociaciones, aunque la oposición ya ha advertido de que cualquier exceso de optimismo puede volverse en contra si las entregas finales no alcanzan lo previsto.

Aragón necesita claridad fiscal antes del 29 de julio: de esos 500 millones dependen el margen de gasto y la estabilidad de la coalición en el último tramo de la legislatura.

El Pulso Territorial

Jorge Azcón (PP) gobierna en minoría gracias al apoyo puntual del PAR y a la abstención de Vox en las grandes votaciones. Los presupuestos de 2027 serán la penúltima prueba de fuego antes de las elecciones autonómicas de 2029, y el margen de maniobra fiscal que brinden las entregas a cuenta puede decantar el tono de la negociación. Aragón se encuentra, en este punto, en una situación similar a la de Murcia o Castilla y León: comunidades donde el incremento del IRPF y del IVA tiene un peso relativo menor que la media, lo que hace temer que la horquilla del 8-9% no se cumpla en todos los casos. La reunión del CPFF del 29 de julio se convierte así en una cita ineludible: de sus resultados dependerá que la Consejería de Hacienda pueda presentar en otoño un proyecto de presupuestos con cierto colchón o deba apretarse el cinturón en pleno año preelectoral.

Ficha Autonómica

  • El caso: El Gobierno de Aragón, en voz de su consejero de Hacienda, cuantifica en 500 millones de euros la posible mejora de las entregas a cuenta para 2027, a la espera de que el Ministerio concrete el reparto territorial.
  • Datos importantes: Incremento medio nacional del 8-9% anunciado por Hacienda; próxima reunión del CPFF el 29 de julio de 2026; gobierno de coalición PP-PAR con respaldo externo variable.
  • Resumen: La Comunidad no sabrá si la cifra de 500 millones es realista hasta finales de julio. Mientras tanto, la elaboración de los presupuestos autonómicos de 2027 depende de esa certeza, que condicionará el margen fiscal y la estabilidad política del Ejecutivo.

EE.UU. critica las restricciones al aire acondicionado en Europa mientras España registra más de 1.000 muertes por la ola de calor de junio

Jack Williams
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EE.UU. critica las restricciones al aire acondicionado en Europa mientras España registra más de 1.000 muertes por la ola de calor de junio

Junio dejó más de mil muertos por calor en España y avivó un debate incómodo en Washington: ¿por qué Europa, con sus ambiciosas políticas climáticas, no prioriza el aire acondicionado cuando el calor mata? La crítica no viene de la Casa Blanca —aún—, pero sí de los medios conservadores que marcan el paso al electorado de Donald Trump. Y el argumento es directo: mientras los cuerpos se acumulan, la burocracia verde sigue anteponiendo los objetivos de emisiones a la salud pública.

La ola de calor que encendió la polémica en Washington

Los datos del Instituto de Salud Carlos III confirman que solo en junio las temperaturas extremas causaron más de 1.000 fallecimientos en España, una cifra que la Organización Mundial de la Salud eleva a 175.000 muertes anuales por calor en toda Europa. Mientras el sur del continente se asfixiaba, el comentarista Glenn Beck dedicó un monólogo entero en Blaze Media a denunciar lo que considera un sinsentido: «Es una caja en la ventana que expulsa aire frío. ¿Una idea loca?», ironizó.

Beck citó un estudio que atribuye al aire acondicionado una reducción de hasta el 75% en las muertes por calor. Pero la realidad europea, tal y como él la retrata, es distinta: en Francia, unos padres compraron por crowdfunding equipos de aire para la escuela de sus hijos en Nîmes después de que varios alumnos se desmayaran en aulas a 40 grados. El alcalde comunista, Vincent Bouget, ordenó retirarlos porque «creaba un precedente» y generaba desigualdad entre barrios.

«Todos sudamos juntos —parafraseó Beck—. No es un fallo del sistema: es la filosofía socialista».

La anécdota, que en Bruselas pasaría por una excentricidad, en Silicon Valley y en los think tanks conservadores de Washington se lee como la prueba de que la agenda verde europea ha perdido el contacto con la realidad. Y no es solo Blaze Media: la misma línea argumental aparece en Fox News y en los foros donde el Partido Republicano decide su discurso climático de cara a las elecciones de medio mandato.

Qué hay detrás: políticas climáticas, costes energéticos y los límites del aire acondicionado en España

España no prohíbe el aire acondicionado, pero la normativa europea —y la nacional que la traspone— sí establece límites de temperatura en edificios públicos y oficinas que pueden rozar los 27 grados en verano. El verdadero cuello de botella no es la ley, sino el precio. Con la electricidad disparada por la dependencia del gas y los derechos de emisión, el aire acondicionado se convierte en un lujo para muchas familias vulnerables. Exactamente el tipo de hogares donde en en junio se contaron más de mil víctimas.

La paradoja que explota el discurso conservador estadounidense es esta: Europa tiene las metas de descarbonización más agresivas del planeta, pero cuando el termómetro aprieta, la tecnología que podría salvar vidas queda fuera del alcance de quienes más la necesitan. No es un debate sobre si el aire acondicionado contamina —que también—, sino sobre si la transición energética puede permitirse ignorar las soluciones de emergencia mientras construye las definitivas.

La Lógica de Washington

Para entender por qué este relato cala en Estados Unidos hay que remontarse a la tradición del excepcionalismo americano aplicado a la energía. Cuando Ronald Reagan eliminó los controles de precio del petróleo en 1981, lo hizo con un argumento que se repite desde entonces: la libertad individual y el acceso a la energía barata son la mejor política social. Donald Trump retomó esa lógica al salir del Acuerdo de París y al calificar las políticas climáticas europeas como «un freno al desarrollo».

El comentario de Glenn Beck no es un exabrupto aislado; es la expresión mediática de una corriente que ve en la burocracia verde europea una amenaza tan letal como el propio calor. Y aunque la administración Trump no ha hecho declaraciones oficiales sobre los fallecimientos en España, el departamento de Estado y la oficina del USTR ya utilizaron argumentos similares para justificar la salida de foros climáticos multilaterales: priorizan la soberanía energética y la competitividad industrial por encima de los calendarios de emisiones.

Para España, el choque tiene implicaciones concretas. Las exportaciones de componentes de climatización —un sector donde Zaragoza y Barcelona concentran plantas importantes— podrían beneficiarse de una mayor demanda transatlántica, pero al mismo tiempo la narrativa conservadora erosiona la imagen de marca de la transición energética europea justo cuando Bruselas negocia con Washington nuevos aranceles al carbono. El riesgo es que la Casa Blanca acabe usando las imágenes de las muertes por calor como munición contra el CBAM europeo.

La próxima ventana clave será la cumbre del G20 de septiembre, donde está previsto que la administración Trump presente su propia iniciativa de «resiliencia energética» basada en combustibles fósiles y tecnología de captura, un movimiento que pondrá a prueba la cohesión de los Veintisiete. Mientras tanto, en España, los termómetros apenas dan tregua.

Ficha del Caso

  • El caso: Medios conservadores estadounidenses, con Glenn Beck a la cabeza, critican las restricciones europeas al aire acondicionado tras una ola de calor que dejó más de 1.000 muertos en España solo en junio de 2026.
  • Datos clave: España superó el millar de fallecimientos por calor en junio; la OMS estima 175.000 muertes anuales por calor en Europa. Un estudio citado por Beck asigna al aire acondicionado una reducción del 75% en la mortalidad. En Nîmes, Francia, el ayuntamiento retiró equipos de aire comprados por padres.
  • Para España: La polémica refuerza el discurso proteccionista y antirregulatorio de Washington, con riesgo de que la Casa Blanca instrumentalice las muertes para deslegitimar la política climática europea en las negociaciones comerciales y arancelarias.

García-Page exige a Sánchez la Conferencia de Presidentes para la financiación autonómica

Marta Iglesias
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García-Page exige a Sánchez la Conferencia de Presidentes para la financiación autonómica

EN 30 SEGUNDOS

  • ¿Qué ha pasado? El presidente de Castilla-La Mancha, Emiliano García-Page, ha exigido este miércoles a Pedro Sánchez la convocatoria de la Conferencia de Presidentes para discutir el nuevo modelo de financiación autonómica.
  • ¿Quién está detrás? García-Page, líder del PSOE en Castilla-La Mancha, volvió a denunciar que el modelo propuesto es fruto del «chantaje de los independentistas» y solo beneficia a Cataluña.
  • ¿Qué impacto tiene? La petición eleva la presión sobre Pedro Sánchez para abrir un debate territorial justo cuando el Gobierno no tiene presupuesto aprobado y el último encuentro de presidentes data de junio de 2025.

El presidente de la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha, Emiliano García-Page, lanzó este miércoles un pulso directo a Pedro Sánchez desde Albacete: pidió «coraje» y «respeto a las autonomías» para convocar la Conferencia de Presidentes —el foro de máximo nivel que reúne al presidente del Gobierno y a los líderes autonómicos— y debatir de una vez la reforma del sistema de financiación.

Lo hizo durante la inauguración del Centro de Referencia de Atención a Personas con Alzheimer de Albacete, en un acto cuidadosamente elegido para subrayar el coste de los servicios públicos en un territorio extenso y despoblado. «Es un atropello a la igualdad», afirmó García-Page, antes de añadir que el Ejecutivo central avanza en un modelo que considera nacido del «chantaje de los independentistas». **Solo Cataluña sale ganando, según el presidente castellanomanchego.**

La exigencia de una conferencia que no se celebra desde 2025

La última Conferencia de Presidentes tuvo lugar en junio de 2025. Desde entonces, el debate sobre la financiación ha ido calentándose sin un marco institucional donde las comunidades puedan defender sus posiciones. García-Page puso fecha al reclamo: quiere el encuentro antes de que el Gobierno dé nuevos pasos legislativos. «Que no se avance más en el atropello a la igualdad que significa esta propuesta si no hay un Presupuesto General del Estado aprobado», reclamó.

El mandatario autonómico insistió en que sin cuentas públicas no se puede saber si el debate es serio o simple «fuegos de artificio». La advertencia tiene un destinatario claro: Pedro Sánchez, que en estos momentos negocia el techo de gasto y la regla fiscal sin un presupuesto para 2026. **La falta de presupuesto general hace aún más opaca la negociación de la financiación autonómica.**

El pulso entre Page y Sánchez no es una anécdota: es la expresión de un PSOE partido entre quienes exigen igualdad territorial y quienes necesitan los votos independentistas para gobernar.

Castilla-La Mancha, el espejo de la España vaciada

La posición de Castilla-La Mancha no es aislada. Comunidades como Extremadura o Castilla y León, todas ellas gobernadas por el PP o en coalición, comparten la queja de que el modelo debe compensar el sobrecoste de prestar servicios en zonas despobladas. El gobierno manchego insiste en que la propuesta actual daría «privilegios» a Cataluña y rompería el principio de igualdad consagrado en la Constitución.

García-Page recordó que en una región tan extensa como la suya —con 811 municipios y apenas dos millones de habitantes— la atención sanitaria o educativa cuesta mucho más que en áreas densamente pobladas. «No podemos aceptar un sistema que condene a los manchegos de segunda», ha repetido su equipo en las Cortes regionales. **Cada euro de financiación debe garantizar la misma cartera de servicios públicos, vivas donde vivas.**

El Pulso Territorial

La reclamación de la Conferencia de Presidentes refleja una fractura cada vez más visible en el mapa autonómico. Castilla-La Mancha está gobernada por el PSOE de García-Page, que ganó las últimas elecciones con mayoría absoluta en 2023, pero el presidente no dudó en enfrentarse a la dirección nacional de su partido cuando considera que los intereses territoriales están en juego. Las próximas elecciones autonómicas son en 2027 y, mientras, García-Page se ha convertido en una voz incómoda para Sánchez, aunque leal en las votaciones del Congreso.

La comparativa con otras comunidades cubiertas por Moncloa.com es elocuente: Extremadura, por ejemplo, ha presentado un frente común con Castilla-La Mancha para exigir una financiación que tenga en cuenta la dispersión geográfica y el envejecimiento poblacional. Ambas regiones ocupan los últimos puestos de renta per cápita y pierden población de forma constante. **Si el Gobierno central no mueve ficha, el malestar de estas autonomías puede convertirse en el detonante de un bloqueo institucional en la próxima negociación presupuestaria.**

El reloj corre. García-Page ha pedido la conferencia antes de que el proyecto de nuevo modelo avance. La pelota está ahora en el tejado de Moncloa, que hasta el momento ha priorizado la relación con los independentistas catalanes. La gran pregunta es si Sánchez convocará a los presidentes autonómicos este verano o dejará pasar el asunto hasta después de las vacaciones. La presión territorial no desaparece: solo se acumula.

Ficha Autonómica

  • El caso: El presidente de Castilla-La Mancha exige la convocatoria de la Conferencia de Presidentes y denuncia que el borrador de reforma de la financiación autonómica rompe la igualdad al privilegiar a Cataluña.
  • Datos importantes: Última Conferencia de Presidentes: junio de 2025. El modelo actual no refleja el coste de la dispersión en una comunidad de 811 municipios y dos millones de habitantes. Castilla-La Mancha destina un tercio de su presupuesto a servicios esenciales en zonas despobladas.
  • Resumen: García-Page pide a Sánchez que convoque el foro autonómico antes de avanzar legislativamente y que no se tramite reforma alguna sin un Presupuesto General del Estado. Las presiones se concentran en un otoño que puede ser clave para el equilibrio territorial del PSOE.

Catalá declara ante la jueza que la Generalitat no la alertó del ES-Alert el día de la DANA

Amparo Soler
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Catalá declara ante la jueza que la Generalitat no la alertó del ES-Alert el día de la DANA

EN 30 SEGUNDOS

  • ¿Qué ha pasado? María José Catalá ha declarado como testigo que la Generalitat no le informó del envío del ES-Alert y que no hubo contacto político durante las horas críticas.
  • ¿Quién está detrás? La alcaldesa de Valencia (PP), citada por la juez de Catarroja que investiga las responsabilidades por la DANA.
  • ¿Qué impacto tiene? Su testimonio refuerza la imagen de una coordinación fallida entre administraciones y apunta al retraso del aviso masivo como causa de más víctimas.

La alcaldesa de Valencia, María José Catalá, ha declarado este viernes en el juzgado de Catarroja que la Generalitat no le informó de la emisión del ES-Alert el 29 de octubre de 2024, día de la DANA, hasta bien entrada la noche. Lo ha hecho en calidad de testigo, después de que la magistrada Nuria Ruiz Tobarra descartara indicios de responsabilidad penal en los ayuntamientos. Sin embargo, su relato ha dejado al descubierto la desconexión política absoluta durante las horas más trágicas de la riada.

La incomunicación política en las horas críticas de la DANA

Catalá ha confirmado que el Ayuntamiento de Valencia activó el Cecopal, la reunión municipal de emergencias equivalente al Cecopi autonómico, pero ha subrayado que, a pesar de ello, no hubo contacto político alguno con la Generalitat a lo largo de la jornada. Ni con el entonces president, Carlos Mazón, ni con la consellera de Justicia e Interior, Salomé Pradas, ni con la delegada del Gobierno, Pilar Bernabé. El primer mensaje con Mazón fue un WhatsApp a las 23.13 horas. “Esto es horrible”, le escribió el president. No hablaron por teléfono hasta las 2.30 de la madrugada.

Según fuentes presentes en la declaración, la alcaldesa explicó que el enlace entre el Cecopal de Valencia y el Cecopi del Centro de Coordinación de Emergencias de la Generalitat se producía “a nivel técnico”, nunca político. Por eso, nadie le informó de que en el Cecopi se estaba discutiendo la posibilidad de enviar un ES-Alert, la alerta masiva a móviles que, según la juez, llegó con un retraso que aumentó el número de víctimas.

La propia Catalá situó el momento en que fue consciente de las inundaciones a las 20.13 horas, cuando el alcalde de La Torre le llamó para decirle que la pedanía estaba inundada. Ocurrió apenas dos minutos después del lanzamiento del aviso masivo. Hasta ese instante, nadie de la Generalitat le había comunicado la dimensión de la emergencia. La desconexión política fue total.

Ni una llamada, ni un aviso. La alcaldesa de Valencia se enteró de la catástrofe por un alcalde de barrio.

El rescate con lanchas y la alerta que llegó tarde

Las consecuencias de ese vacío informativo se hicieron sentir en las pedanías del sur de la ciudad, donde la DANA acabó con la vida de 17 personas. Catalá ha relatado que los bomberos no pudieron acceder a La Torre por sus propios medios y tuvieron que recurrir a lanchas del Club Náutico de Valencia para realizar rescates. Aun así, se llevaron a cabo miles de salvamentos, según su testimonio. Las imágenes de los vecinos subidos a los tejados esperando ayuda que no llegaba a tiempo siguen siendo el recuerdo más amargo de aquella noche.

La alcaldesa ha insistido en que la Generalitat no le facilitó información sobre el ES-Alert y que el Ayuntamiento se manejó con los datos técnicos que le llegaban del Cecopi, pero sin interlocución política. Un escenario que, visto ahora, plantea serias dudas sobre la coordinación de las administraciones implicadas.

El Escenario Valenciano

La declaración de Catalá no es solo un capítulo más en la instrucción de la DANA; es un relato que alimenta la crisis política que arrastra a la Generalitat desde octubre de 2024. La juez mantiene imputados a Salomé Pradas y a su entonces número dos, Emilio Argüeso, por el retraso en la emisión del aviso a la ciudadanía, y el testimonio de la alcaldesa de Valencia, compañera de filas de Mazón, evidencia que la cadena de mando autonómica no conectó con el principal ayuntamiento de la provincia. A nivel nacional, no es solo un problema del PP valenciano: el funcionamiento del ES-Alert, un sistema gestionado por la Administración General del Estado, queda bajo sospecha cuando la comunidad autónoma no lo activa con la premura necesaria. El Gobierno central defiende que emitir la alerta es competencia de la Generalitat, pero la investigación judicial promete señalar responsabilidades sin excusas competenciales.

En las Corts Valencianes, la oposición ha utilizado las comparecencias de los cargos investigados para cargar contra el president Mazón, que en 2024 rechazó dimitir. Ahora, las palabras de Catalá corroboran que en la cadena de mando se perdió la información vital: ni la vicealcaldesa, ni la delegada, ni el president llamaron a Valencia capital hasta que ya era tarde. La pregunta política, mientras avanza la instrucción, es si esta desconexión institucional, que ya ha costado 230 vidas en la provincia, tendrá finalmente traducción penal para el escalón autonómico o si, como en otros episodios, la responsabilidad se diluirá en siglas y trincheras políticas.

Ficha del Caso

  • El caso: María José Catalá declaró como testigo en el juzgado de Catarroja que la Generalitat no la avisó del ES-Alert durante la DANA y que los bomberos usaron lanchas del Club Náutico para rescatar vecinos en La Torre.
  • Datos importantes: 230 muertos en la provincia de Valencia, 17 en pedanías de la capital. Primer contacto de Catalá con Mazón mediante WhatsApp a las 23.13 del 29-O. ES-Alert enviado a las 20.11 horas.
  • Resumen: La alcaldesa de Valencia refuerza con su testimonio la tesis de la juez sobre el retraso fatal en la activación de la alerta masiva y la ausencia de coordinación política entre administraciones.

Torres evidencia la incongruencia del PP de Canarias en la regla de gasto: del 3,2% al 4%

Marta Iglesias
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Torres evidencia la incongruencia del PP de Canarias en la regla de gasto: del 3,2% al 4%

EN 30 SEGUNDOS

  • ¿Qué ha pasado? El ministro Ángel Víctor Torres ha denunciado que la consejera de Hacienda de Canarias, Matilde Asian (PP), votó contra el nuevo objetivo de déficit del 4% en el CPFF tras haberse abstenido con el 3,2%.
  • ¿Quién está detrás? El Gobierno central y el PP de Canarias; la votación en el Consejo de Política Fiscal y Financiera reveló la orden de la dirección nacional del PP de rechazar la propuesta.
  • ¿Qué impacto tiene? La decisión se traslada al Congreso el 14 de julio, donde se comprobará si los diputados del PP anteponen los intereses de Canarias a los del partido.

El ministro de Política Territorial y expresidente de Canarias, Ángel Víctor Torres, ha denunciado este martes el voto en contra de la consejera de Hacienda canaria, Matilde Asian (PP), al nuevo objetivo de déficit del 4% para las comunidades autónomas, un cambio que mejoraba la cifra anterior del 3,2%.

El voto contradictorio en el Consejo de Política Fiscal y Financiera

La propuesta que el Gobierno central trasladó este lunes a las comunidades en el CPFF (el Consejo de Política Fiscal y Financiera, el órgano que coordina las cuentas entre el Estado y las autonomías) elevaba el límite de gasto y permitía un déficit del 0,1% del PIB regional para 2027, unos 1.700 millones de euros en números rojos para el conjunto de ejecutivos autonómicos. El nuevo objetivo del 4% es más generoso que el anterior 3,2%, lo que, en palabras de Torres, se traduce en “muchos más recursos para sanidad pública, educación pública, servicios sociales, dependencia, vivienda… es decir, para el estado del bienestar”.

La consejera canaria, sin embargo, votó en contra. Torres recordó que Asian se había abstenido cuando la cifra era del 3,2%, por lo que su rechazo al 4% evidencia, a juicio del ministro, una orden directa de la dirección nacional del PP. “Sabremos quiénes defienden los intereses de los canarios y quiénes anteponen sus propios intereses”, advirtió Torres en referencia a la votación que tendrá lugar en el Congreso el próximo 14 de julio.

La votación en el Congreso medirá las lealtades territoriales del PP

El techo de gasto y los objetivos de déficit deben ser convalidados por el Congreso de los Diputados, donde el Gobierno necesita el apoyo de una mayoría. El PP, con 137 escaños, tiene la llave para tumbar o respaldar una medida que beneficia a sus propios territorios. En Canarias, el ejecutivo de Fernando Clavijo (Coalición Canaria) integra a los populares en el gobierno autonómico, pero el voto de la consejera Asian ha alineado a las islas con el resto de comunidades gobernadas por el PP, que votaron en bloque contra la propuesta.

Torres vinculó la decisión con la estrategia nacional del partido y recordó que el mismo Consejo de Ministros aprobó este martes una ampliación hasta 23,1 millones de euros de las ayudas para compensar la singularidad fiscal de Canarias por el conflicto de Irán, una medida pactada con el Gobierno regional. La contradicción resulta evidente: mientras el Estado refuerza las transferencias a las islas, el PP canario rechaza un margen de gasto mayor que permitiría absorber esos fondos sin tensiones presupuestarias.

El voto en el CPFF se convierte en una radiografía de las costuras que tensan al PP: Génova marca el paso y los ejecutivos autonómicos, incluso los que comparten coalición con CC, lo acatan sin matices.

El Pulso Territorial

La polémica se produce en un contexto de notable mejora de la financiación autonómica. Las comunidades dispondrán el próximo año de un 8% más de recursos, incluidas las entregas a cuenta y la liquidación de 2025, lo que el ministro de Economía, Carlos Cuerpo, calificó como “los mayores recursos de su historia”. Para Canarias, ese incremento supone un balón de oxígeno en un momento en el que los servicios públicos esenciales dependen de la holgura fiscal que marquen los objetivos de déficit. La decisión del PP de rechazar el 4% coloca al gobierno de Clavijo en una posición incómoda: debe gestionar más dinero con un corsé más estrecho.

Otras comunidades gobernadas por el PP, como Castilla y León o Murcia, también votaron en contra. La diferencia en Canarias es la abstención previa con el 3,2%, un gesto que ahora adquiere pleno significado táctico. El 14 de julio, los diputados del PP tendrán la oportunidad de corregir ese voto o consolidar la línea marcada por Génova. La votación será, en la práctica, un plebiscito sobre la autonomía de los representantes canarios en Madrid frente a la disciplina de partido.

Ficha Autonómica

  • El caso: El ministro Ángel Víctor Torres ha evidenciado este martes la contradicción de la consejera Matilde Asian (PP), que se abstuvo ante un déficit del 3,2% y votó en contra del 4%.
  • Datos importantes: El nuevo objetivo de déficit permite 1.700 millones más para el conjunto de autonomías. Canarias recibirá un 8% más de financiación en 2027. La votación en el Congreso será el 14 de julio.
  • Resumen: La actitud del PP canario evidencia la tensión entre los intereses territoriales y la estrategia nacional del partido. El Congreso decidirá si los populares rectifican o mantienen el rechazo.

Caso DANA: La webcam de Avamet captó el desborde del barranco del Poyo a las 18:31

Amparo Soler
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Caso DANA: La webcam de Avamet captó el desborde del barranco del Poyo a las 18:31

Un informe de la Associació Valenciana de Meteorologia (Avamet) incorporado a la causa judicial de la DANA revela que el barranco del Poyo se desbordó a las 18:31 del 29 de octubre de 2024, según las imágenes captadas por su webcam instalada en el ayuntamiento de Paiporta.

EN 30 SEGUNDOS

  • ¿Qué ha pasado? La cámara de Avamet registró el desbordamiento del barranco del Poyo a las 18:31 y la rápida subida del agua hasta las 18:41.
  • ¿Quién está detrás? La asociación meteorológica Avamet, cuyos datos usa el Centro de Coordinación de Emergencias de la Generalitat.
  • ¿Qué impacto tiene? Demuestra que la riada era visible mucho antes de que sonaran las alertas, alimentando las críticas a la gestión del Consell.

La secuencia temporal de un desbordamiento que nadie frenó a tiempo

El documento, remitido por Avamet a la jueza que instruye el caso, incluye una serie de fotografías tomadas cada cinco minutos. La de las 18:31 ya muestra el agua rebasando el cauce en primer término. Apenas diez minutos después, a las 18:41, el nivel había ascendido de forma acelerada, justo antes de que la cámara dejara de actualizar por problemas de electricidad e internet.

La webcam se convirtió en un testigo silencioso de la catástrofe que acabaría con 230 fallecidos. La información gráfica no dejaba lugar a dudas: el barranco se desbordaba en las localidades de l’Horta Sud mientras los sistemas oficiales de aviso tardaban aún más de una hora en activar el envío masivo de alertas a los móviles.

El informe también refleja la cadena de correos electrónicos que se cruzaron el presidente de Avamet, Adrià Revert, y el jefe de la Unidad de Riesgo y Seguimiento de las Emergencias, Juan Ramón Cuevas, en las horas previas a la inundación. En ellos, el funcionario reconoció fallos en el sistema de seguimiento de riesgos meteorológicos del Centro de Emergencias.

El aviso que llegó demasiado tarde: el papel del Centro de Emergencias

El Centro de Coordinación de Emergencias de la Generalitat utiliza habitualmente los datos de Avamet, incluso por encima de los de la AEMET, según constata el informe. Sin embargo, ese 29 de octubre la información de la webcam y las previsiones de la asociación no se tradujeron en una alerta inmediata a la población.

La propia Avamet ya había previsto una “barbaridad de lluvia” y una avalancha de visitas a su web, por lo que pospuso la migración de su página esa semana. El día de la DANA, registró casi un millón de consultas. Los ciudadanos buscaban información por su cuenta ante la ausencia de un aviso oficial que no llegó hasta pasadas las ocho de la tarde.

Las cámaras vieron la riada a las seis y media de la tarde; la alerta a los móviles no se activó hasta después de las ocho.

El material ahora judicializado refuerza una de las preguntas que sobrevuelan la instrucción: ¿por qué se demoró tanto la respuesta institucional cuando los indicadores técnicos eran inequívocos? La comparecencia de Mazón y las explicaciones del Centro de Emergencias siguen sin cerrar esa brecha.

El Escenario Valenciano

La incorporación de este informe a la causa judicial cae como un nuevo torpedo sobre la línea de flotación del Consell de Carlos Mazón. El pacto PP-Vox ha sorteado hasta ahora mociones de censura y críticas de la oposición (PSPV y Compromís), pero cada revelación sobre la DANA tensa más la frágil estabilidad del ejecutivo autonómico. Las asociaciones de afectados reclaman desde hace meses que se depuren responsabilidades políticas y penales.

En la dimensión nacional, el caso valenciano ha reabierto el debate sobre el Sistema Nacional de Protección Civil. El Ministerio del Interior, bajo el gobierno de Pedro Sánchez, ha defendido la necesidad de revisar los protocolos de coordinación entre autonomías y el Estado para evitar que la información técnica circule sin consecuencias operativas. Además, la comisión de investigación en el Congreso de los Diputados espera poder llamar a declarar al president Mazón en los próximos meses. Una prueba más de que la DANA ya no es solo un drama valenciano, sino un expediente con consecuencias para el conjunto del sistema de respuesta a emergencias en España.

De cara al corto plazo, la instrucción judicial seguirá su curso; es probable que la jueza cite a nuevos testigos a partir de septiembre. Mientras, en el plano político, los presupuestos de la Generalitat para 2027 se negocian con el trasfondo de una oposición que hace de la gestión de la DANA su principal bandera. El tiempo para las explicaciones se agota.

Ficha del Caso

  • El caso: Un informe de Avamet muestra que la webcam del ayuntamiento de Paiporta captó el desbordamiento del barranco del Poyo a partir de las 18:31 del 29 de octubre de 2024, y 10 minutos después el agua ya subía con fuerza.
  • Datos importantes: 230 fallecidos por la DANA; la alerta móvil ES-Alert se lanzó pasadas las 20:00; Avamet había previsto lluvias extremas y una avalancha de tráfico web.
  • Resumen: La prueba gráfica evidencia que la alerta temprana existió pero no fue atendida por el Centro de Emergencias de la Generalitat, lo que refuerza las críticas a la gestión del Consell de Mazón.

Ana Pontón: la ley del concebido no nacido de Feijóo es una deriva ultra que ya se ensayó en Galicia

Anxo Seoane
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Ana Pontón: la ley del concebido no nacido de Feijóo es una deriva ultra que ya se ensayó en Galicia

Ana Pontón, portavoz nacional del BNG (Bloque Nacionalista Galego), ha acusado este martes al presidente del PP, Alberto Núñez Feijóo, de impulsar una “deriva ultra y reaccionaria” con su propuesta de ley para reconocer al concebido no nacido con repercusión económica y social. La líder nacionalista ha recordado que esas políticas no son nuevas: “estas medidas regresivas no las inventó Ayuso, Feijóo ya las aplicó en Galicia”.

Un laboratorio regresivo con precedentes en Galicia

En declaraciones a los medios en Santiago de Compostela, Pontón ha subrayado que “si quieren realmente ayudar a las familias deberían ponerle freno al problema que está habiendo en materia de vivienda”. La líder del BNG ha acusado al Gobierno de la Xunta de Galicia (el ejecutivo autonómico) de hacer “propaganda y publicidad” pero escasos hechos. De hecho, ha denunciado que la Xunta devolvió 22 millones de euros al Gobierno central para construir escuelas infantiles, por no querer hacerlas públicas.

“Estas medidas regresivas no las inventó Ayuso, Feijóo ya las aplicó en Galicia”, ha asegurado Pontón, que ha señalado que el PP “no gobierna pensando ni en las familias ni en la infancia” y solo quiere “volver para atrás”. El PPdeG (Partido Popular de Galicia), por su parte, no ha respondido directamente a esas acusaciones, pero el presidente de la Xunta, Alfonso Rueda, cuando fue preguntado por la propuesta nacional, manifestó que “la necesidad se me escapa, pero seguro que la hay”.

Sanidad gallega: ¿más derechos al óvulo que al paciente?

El debate sobre la propuesta de ley no tardó en colarse en el pleno del Parlamento de Galicia (la cámara legislativa autonómica, con 75 diputados) durante la tramitación de una modificación de la ley de 2022 para cubrir plazas de difícil cobertura en el Sergas (Servizo Galego de Saúde). Allí, el diputado del PSdeG (Partido Socialista de Galicia) Julio Torrado lanzó una frase que resume la crítica opositora: “Están por darle más derechos a un óvulo fecundado que a los pacientes”.

Torrado consideró que la propuesta del PP es un intento de “parchear mal lo que destrozaron” tras 17 años de gobiernos de Feijóo y Rueda, una década de recortes que el partido “aplaudía”. Lamentó, además, en gallego que la solución sea “a extensión dunha lei de 2022 que, por certo, xa se tramitou de urxencia daquela”. El diputado también ironizó con la situación de la sanidad gallega y advirtió al conselleiro de Sanidade, Antonio Gómez Caamaño (máximo responsable de la sanidad autonómica), que “si no innovan e invierten, me temo que la siguiente plaza de difícil cobertura va a ser la suya”.

Ana Pontón ha ligado la propuesta nacional del PP a una trayectoria de 17 años de políticas regresivas en Galicia, ensayadas primero en la comunidad para luego escalar a toda España.

El Laboratorio Gallego

La acusación de Pontón no es nueva. Galicia lleva 17 años bajo gobiernos del PPdeG, con mayorías absolutas desde 2009, y en ese tiempo ha servido como espacio de ensayo para políticas que luego el PP nacional ha incorporado a su programa. En materia de familia y derechos reproductivos, el ejecutivo de Feijóo ya impulsó líneas de ayuda al concebido no nacido y articuló discursos muy próximos a los que ahora se plantean para toda España. La propia tibieza de Rueda ante la propuesta de su jefe de filas puede interpretarse como un síntoma de que el PPdeG prefiere que el debate nacional se sitúe lejos de los problemas concretos que padece la sanidad gallega, una de las peor valoradas por los ciudadanos según el IGE (Instituto Galego de Estatística).

La lectura nacional es clara: Feijóo, aspirante a la Moncloa, proyecta un modelo conservador que ya ha testado en Galicia. El BNG, principal fuerza de oposición en el Parlamento gallego, se posiciona como el freno a esa deriva, mientras el PSdeG intenta capitalizar el malestar sanitario para erosionar al PP. En el Congreso, la ley del concebido no nacido encontrará una durísima oposición de las izquierdas, que exhibirán los datos gallegos como prueba de los riesgos de dar vía libre a esas políticas. La próxima sesión del Parlamento gallego abordará la reforma sanitaria con el informe del Consello de Contas, y en otoño se espera que el PP presente su propuesta de ley nacional, que pivotará inevitablemente sobre el ejemplo de la comunidad gallega, para bien o para mal.

Ficha del Caso

  • El caso: Ana Pontón vincula la ley del concebido no nacido de Feijóo con las políticas ya ensayadas en Galicia durante sus 17 años al frente de la Xunta. El PSdeG aprovecha el debate sanitario para criticar la gestión del PP.
  • Datos importantes: 22 millones de euros para escuelas infantiles devueltos por la Xunta; 17 años de gobierno del PP en Galicia; 75 diputados en el Parlamento; el Sergas enfrenta dificultades de cobertura.
  • Resumen: La polémica nacional sobre los derechos reproductivos se conecta con el historial gallego, donde el PP ha gobernado con mayoría absoluta y ha aplicado medidas conservadoras que la oposición califica de laboratorio para el resto de España.

Nunsys Cloud invierte 10 millones en un centro de datos en Paterna con apoyo de la Conselleria

Amparo Soler
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Nunsys Cloud invierte 10 millones en un centro de datos en Paterna con apoyo de la Conselleria

EN 30 SEGUNDOS

  • ¿Qué ha pasado? Nunsys Cloud ha inaugurado en Paterna un centro de datos de 450 m² con una inversión de 10 millones de euros.
  • ¿Quién está detrás? La compañía Nunsys Group, con el respaldo institucional de la consellera Marián Cano y el alcalde Juan Antonio Sagredo.
  • ¿Qué impacto tiene? La infraestructura, certificada Tier III, refuerza los servicios cloud, de IA y ciberseguridad para 1.500 clientes actuales y prevé duplicar su negocio en cinco años.

La compañía tecnológica Nunsys Cloud ha inaugurado este lunes en Paterna un nuevo centro de datos de 450 m² con una inversión inicial de 10 millones de euros, un proyecto respaldado por la Conselleria de Industria y el Ayuntamiento de la localidad. El acto, celebrado en el Parque Tecnológico de Paterna, ha reunido a la cúpula directiva de Nunsys Group —liderada por su presidente, Paco Gavilán— y a los principales fabricantes que colaborarán como socios del data center.

La consellera de Industria, Turismo, Innovación y Comercio, Marián Cano, ha destacado que “la Comunitat Valenciana está preparada para continuar creciendo de la mano de empresas que apuestan por el talento y la innovación”. El alcalde de Paterna, Juan Antonio Sagredo, ha subrayado la consolidación del parque tecnológico como “uno de los grandes referentes tecnológicos y empresariales de España”. Paula Llobet, concejala de Turismo, Innovación y Captación de Inversiones de Valencia, también ha intervenido para resaltar la atracción de inversiones digitales en la ciudad y su área de influencia.

Un centro de datos preparado para la inteligencia artificial

El nuevo CPD (centro de procesamiento de datos) cuenta con 150 racks y capacidad para alojar hasta 5.000 servidores. Tras un proceso de renovación de siete meses, las instalaciones han obtenido la certificación Tier III y cumplen el Esquema Nacional de Seguridad (ENS) en categoría Alta, garantizando unos estándares de disponibilidad y protección de la información propios de las infraestructuras críticas.

Actualmente, Nunsys Cloud presta servicio a 1.500 clientes y registra una facturación anual cercana a los 3 millones de euros. Con la puesta en marcha de este nuevo data center, la compañía aspira a duplicar su base de clientes y elevar el volumen de negocio hasta los 10 millones de euros al final del próximo lustro, según las previsiones compartidas durante la inauguración.

Un ecosistema tecnológico que mira al Mediterráneo

El proyecto se apoya, además, en un plan de inyecciones económicas adicionales durante los próximos cinco años. La hoja de ruta permitirá ampliar servicios, incrementar la capacidad tecnológica y consolidar el posicionamiento de Nunsys Cloud como proveedor de infraestructuras digitales de proximidad para organizaciones que requieren altos niveles de rendimiento, seguridad y soberanía del dato.

La compañía espera duplicar clientes y facturación en cinco años gracias a una instalación que ya opera con los máximos estándares de resiliencia.

Entre los fabricantes que han querido sumarse a la puesta de largo figuran nombres como HPE, Lenovo, Fortinet, Veeam, VMware by Broadcom o Cohesity, de la mano de su distribuidor Arrow ECS. La variedad de socios tecnológicos refleja la apuesta por un ecosistema abierto capaz de responder a los desafíos de la inteligencia artificial y la ciberseguridad.

El Escenario Valenciano

La inauguración del centro de datos de Nunsys Cloud se inscribe en una estrategia de la Generalitat por atraer inversiones tecnológicas que generen empleo de alta cualificación y fortalezcan la autonomía digital de la región. La presencia de la consellera Marián Cano en el acto subraya el interés del Consell por consolidar a Paterna y su parque tecnológico como un polo de innovación en el arco mediterráneo. No es casualidad: en los últimos años, la Comunitat Valenciana ha tratado de posicionarse como un nodo de infraestructuras digitales capaz de competir con Barcelona y Madrid.

Desde el punto de vista económico, el proyecto de Nunsys Cloud refuerza una tendencia que el Gobierno autonómico quiere seguir impulsando: la digitalización de las pymes, la ciberseguridad y la soberanía del dato son áreas que reciben fondos europeos y que generan retornos inmediatos en forma de empleo especializado. El respaldo municipal de Juan Antonio Sagredo —que lleva años defendiendo el Parque Tecnológico como motor de la economía local— completa el círculo institucional que ha hecho posible esta inversión de 10 millones de euros.

La proyección es clara: si la compañía cumple sus previsiones de crecimiento, Paterna albergará uno de los principales centros de procesamiento de datos del Mediterráneo español. El reto, como suele ocurrir con las infraestructuras de este calibre, será mantener la capacidad de financiación necesaria para ampliar servicios sin perder la proximidad que distingue a Nunsys Cloud frente a los grandes operadores globales.

Ficha del Caso

  • El caso: La tecnológica Nunsys Cloud, perteneciente a Nunsys Group, inaugura un nuevo centro de datos de 450 m² en el Parque Tecnológico de Paterna.
  • Datos importantes: Inversión inicial de 10 millones de euros, 150 racks, hasta 5.000 servidores, certificación Tier III y ENS categoría Alta. Atiende a 1.500 clientes y factura 3 millones anuales.
  • Resumen: La infraestructura aspira a duplicar su base de clientes y alcanzar los 10 millones de facturación en cinco años, consolidando a Paterna como nodo tecnológico del Mediterráneo.
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