Volotea ha cancelado los primeros vuelos de su programación en el aeropuerto de Bilbao tras entrar en preconcurso de acreedores. La aerolínea ha comenzado a comunicar los ajustes a los pasajeros afectados, según la información publicada por Deia.
Los mensajes remitidos a los clientes explican que la decisión responde a ‘motivos operacionales’. La comunicación dirigida a viajeros de Bizkaia señala: ‘Lamentamos informarte de que, debido a motivos operacionales, hemos realizado algunos ajustes en nuestro programa, lo que ha supuesto la cancelación de tu vuelo. Los avisos llegaron horas después de que Volotea registrara su entrada en preconcurso.
La compañía inició ese proceso con el objetivo de alcanzar un acuerdo con sus acreedores que permita reestructurar la deuda y garantizar su viabilidad. Se trata de una figura prevista en la normativa concursal que, en principio, no implica el cese de la actividad: la aerolínea mantiene sus operaciones, continúa vendiendo billetes y trabaja en la configuración de su programación, según ha trasladado la propia empresa.
Qué vuelos están afectados y qué alternativas tienen los pasajeros
Por el momento, el único destino con cancelaciones confirmadas desde el aeropuerto de Bilbao es Venecia. La programación de esa ruta presenta un vacío durante el mes de noviembre, cuando no figuran vuelos entre La Paloma y la ciudad italiana, aunque sí aparecen conexiones en octubre y en diciembre.
A los pasajeros afectados la aerolínea les ofrece un cambio de vuelo sin coste, el reembolso completo del importe abonado o la consulta de otras alternativas disponibles. La compañía reconoce en sus comunicaciones que la situación puede alterar los planes de viaje de los clientes.
Las cancelaciones confirmadas hasta ahora se limitan a la ruta de Venecia, que pierde los vuelos de noviembre, mientras otras cuatro conexiones desde Bilbao aparecen desplazadas en el calendario.
Más allá de Venecia, la programación de otras rutas desde Bilbao también muestra modificaciones, sin que la compañía haya confirmado si responden a ajustes planificados con antelación o al proceso de reestructuración. Los vuelos a A Coruña, conexión todavía no inaugurada, aparecen ahora desplazados del 4 de enero al 19 de febrero. En Gran Canaria, la programación pasa del 3 de octubre al 19 de diciembre; Marrakech, del 6 de enero al 6 de febrero; y Oporto, del 3 de enero al 4 de febrero.
Qué peso tiene Volotea en el aeropuerto de Bilbao
En La Paloma, la aerolínea opera desde 2012 y mantiene en el recinto vizcaíno una de sus bases estratégicas. Para 2026 tenía prevista una oferta de cerca de 730.000 asientos, un 10% más que el año anterior y la mayor desde que comenzó a volar en el aeropuerto de Bilbao, gestionado por Aena.
La programación vigente incluye 21 destinos. Las conexiones estatales son Alicante, Castellón, Gran Canaria, Ibiza, Mallorca, Menorca, Murcia, Málaga, Sevilla, Tenerife y Valencia; las internacionales, Atenas, Bari, Florencia, Nápoles, Olbia, Palermo, Roma, Venecia, Marrakech y Oporto. A esa lista debía sumarse A Coruña, cuyo estreno estaba anunciado para el 6 de noviembre.
El preconcurso, el combustible y el plan de viabilidad
El proceso de reestructuración llega después de un fuerte incremento de costes que la propia compañía ha señalado entre los factores que complicaron su situación financiera. El impacto del combustible fue cifrado por Volotea en alrededor de 150 millones de euros. El plan de viabilidad que negocia contempla reducir la flota desde los 44 aviones actuales hasta una horquilla de entre 30 y 35 aeronaves.
El preconcurso abre un periodo limitado para negociar con los acreedores antes de que, en su caso, se inicie un concurso formal. En cuanto a la conectividad aérea de Euskadi, el volumen comprometido para 2026 —cerca de 730.000 asientos, el mayor desde 2012— sitúa la programación de la base vizcaína entre los elementos que la aerolínea debe ordenar durante la negociación; la evolución de esa oferta tendrá su reflejo en las estadísticas de tráfico que publica el gestor aeroportuario.
Los vuelos a A Coruña, cuyo estreno estaba anunciado para el 6 de noviembre, aparecen ahora en el calendario en enero y febrero, sin confirmación de la compañía sobre la fecha definitiva de la inauguración. La siguiente referencia es la temporada de invierno, en la que se concentran las modificaciones detectadas hasta ahora, y el desenlace de las conversaciones con los acreedores dentro del preconcurso.
El Sindicato Socialista de Vivienda tildó este viernes de ‘maniobra electoralista’ los decretos de vivienda del Gobierno de Sánchez. La organización, vinculada a Gazte Koordinadora Sozialista (GKS), convocó para la tarde del 2 de octubre las primeras manifestaciones por el derecho a la vivienda en el País Vasco y Navarra, que reunieron a miles de personas en Bilbao, Donostia-San Sebastián, Vitoria-Gasteiz y Pamplona-Iruña.
Las marchas arrancaron a las 19.00 horas en las cuatro ciudades convocadas, aunque una hora antes la entidad reunió a sus bases para ampliar un calendario de movilizaciones que quiere extender más allá de esta primera jornada. Entre sus reivindicaciones, el sindicato reclama ‘expropiar a los especuladores, prohibir la especulación y planificar la vivienda según las necesidades sociales’, según el comunicado difundido por la propia organización.
En ese texto, remitido tras la doble votación que dejó sin efecto los dos decretos en el Congreso de los Diputados, el Sindicato Socialista sostiene que los partidos instrumentalizan electoralmente el problema de la vivienda. Los partidos que ahora aparentan indignación, para calmar el enfado social y sacar rédito electoral, no han tomado ninguna medida estructural durante la legislatura’, señala la nota, crítica con todas las formaciones, incluidos los dos socios del Gobierno de Pedro Sánchez, según recoge El Mundo.
La organización añade que las medidas publicitadas ‘no van a revertir la grave situación de la vivienda’, porque, a su juicio, no tocan las bases del negocio inmobiliario y ‘solo buscan reforzarlo’.
Decretos sin efecto y primeras marchas en Euskadi y Navarra
Los dos decretos de vivienda impulsados por el Ejecutivo central decayeron en el Congreso tras una doble votación que confirmó su derogación. La convocatoria de las marchas es la primera de este tipo en el País Vasco y Navarra, y con ella el Sindicato Socialista de Vivienda busca medir su capacidad de movilización en Euskadi.
La cita cuenta con el respaldo de los sindicatos ESK y ELA, además de LAB, y de organizaciones como Askapena, Euskal Herria Bizirik, Sukar Horia o Argilan-ESK. En el ámbito político, EH Bildu y Ezker Anitza-IU han expresado su apoyo a las convocatorias.
Los dos decretos de vivienda del Gobierno central quedaron sin efecto en el Congreso y las marchas vascas reclaman ahora medidas estructurales sobre el mercado inmobiliario.
El respaldo se limita, por ahora, a sindicatos y organizaciones sociales y juveniles: ni el PNV ni el PSE-EE aparecen entre los apoyos difundidos. La entidad convocante comparte el término ‘socialista’ en su nombre, aunque se trata de una estructura vinculada a GKS y distinta del PSE-EE.
El papel de Ernai y la disputa por el espacio juvenil
Ernai, las juventudes de la izquierda abertzale que disputan a GKS su liderazgo en los sectores juveniles, ha convocado para el lunes 5 de octubre, a partir de las 19.00 horas, concentraciones en una treintena de municipios del País Vasco y de Navarra.
La coincidencia de calendario sitúa a ambas organizaciones en el mismo terreno de movilización y apunta a una pugna por capitalizar el descontento en torno a la vivienda, un eje que en los últimos años ha ganado peso entre los colectivos juveniles de Euskadi y Navarra y que ahora se traslada a la calle con dos convocatorias solapadas.
Las protestas en Euskadi y su espejo en el resto de España
Fuera del País Vasco, la interlocución de estos colectivos varía: mientras en Euskadi y Navarra la convocatoria la asume el Sindicato Socialista de Vivienda, en otras ciudades del resto de España es el Sindicato de Inquilinas quien encabeza las protestas, según ha publicado elDiario.es. Ambas estructuras coinciden en situar la vivienda entre los asuntos con mayor capacidad de movilización social del ciclo político actual.
El calendario de movilizaciones continuará el lunes 5 de octubre con las concentraciones de Ernai en una treintena de localidades. La capacidad de estas protestas para trasladar presión sobre las instituciones vasca y navarra, y para mantener la movilización más allá de la jornada inicial, marcará el pulso de las próximas semanas.
La fiebre llevaba días royéndole por dentro cuando comprendió que no iba a levantarse. Felipe de Habsburgo, veintiocho años, ocupaba una de las habitaciones del palacio de los Condestables de Castilla, en Burgos, un caserón de piedra cuya portada rodea una soga tallada en la roca. Era el 25 de septiembre de 1506. A su lado no se apartaba Juana, su mujer. En la calle empezaba a correr un rumor que nadie se atrevía a pronunciar en voz alta: que aquel hombre joven, fuerte y hermoso no había muerto de fiebre.
Capítulo I: El cordón de piedra
El edificio debía su nombre popular a aquel relieve: el cordón de los frailes menores que la familia propietaria, los condestables de Castilla, había mandado esculpir alrededor de la puerta como emblema devoto. Levantado décadas atrás, en 1506 alojaba a una corte recién llegada del norte de Europa. Allí, en una de sus salas, se apagó el primer príncipe de la Casa de Habsburgo que llegó a ceñir una corona española.
La agonía fue corta y la sorpresa, enorme. La tradición, recogida por los cronistas, cuenta que el rey jugó a la pelota en una jornada de calor, que volvió sudoroso a palacio y que, al poco, la fiebre se le metió en los huesos. Los médicos de la corte se limitaron a sangrarle y a esperar. No hubo espera larga. En unos días, el hombre al que en Flandes llamaban Filips de Schone, el Hermoso, dejó de responder.
A la cabecera estaba Juana. Tenía veintisiete años, seis hijos y una reputación que empezaba a resquebrajarse por unos celos que la corte comentaba a media voz. Nadie sabía entonces que aquella viuda iba a sobrevivirle casi medio siglo, ni que pasaría la mayor parte de ese tiempo recluida en un palacio de Tordesillas. La historia acabaría llamándola Juana la Loca. Empezó a llamarla así, poco más o menos, el día en que se quedó viuda.
Capítulo II: El archiduque de Brujas
Felipe había nacido el 22 de julio de 1478 en Brujas, la ciudad de los canales y los paños, hijo del archiduque Maximiliano de Austria, que años después sería emperador del Sacro Imperio, y de María de Borgoña. Su madre murió en 1482, de una caída de caballo, cuando el niño tenía cuatro años. Huérfano de madre muy pronto, creció en los Países Bajos, entre consejeros flamencos, tapices y una corte más rica que la castellana. En 1494, con dieciséis años, fue declarado mayor de edad y asumió el gobierno de los estados borgoñones, aunque su padre siguió vigilando de cerca cada decisión.
La boda que lo trajo a España se cerró en 1496, dentro del doble enlace que unió a los Habsburgo con los Trastámara: él se casó con Juana, tercera hija de los Reyes Católicos, y su hermana Margarita con el príncipe Juan, heredero de Castilla y de Aragón. El plan se torció casi de inmediato, porque el príncipe Juan murió pocos meses después de su boda. Aquel accidente dejó a Juana en la línea de sucesión y a Felipe, de pronto, al borde de un trono.
Del matrimonio nacieron seis hijos: Leonor, Carlos, Isabel, Fernando, María y, ya después de la muerte de su padre, Catalina. Todos llegarían a ser reyes o emperadores, o a casarse con reyes. Leonor reinó en Portugal y en Francia, Carlos fue emperador, Isabel en Dinamarca, Fernando en el Sacro Imperio, María en Hungría y Catalina en Portugal. Carlos vino al mundo en Gante el 24 de febrero de 1500, y con el tiempo sería el hombre que reunió bajo un solo cetro Castilla, Aragón, los Países Bajos, buena parte de Italia y un imperio en América. En 1506, sin embargo, era un niño de seis años al que nadie en Castilla tomaba demasiado en serio.
De su padre se recordaba, sobre todo, dos cosas: que era hermoso, de ahí el apodo, y que era mujeriego. Sus aventuras con damas flamencas le costaron más de un escándalo doméstico y alimentaron la desconfianza de una corte castellana que nunca dejó de mirarlo como a un extranjero. Felipe hablaba francés y flamenco, no castellano, y llegó a España con una comitiva que tampoco lo hablaba.
Capítulo III: La herencia de Isabel
El 26 de noviembre de 1504 murió Isabel la Católica en Medina del Campo. Su muerte abrió de golpe el problema que iba a decidir los tres años siguientes: quién mandaba en Castilla. Por testamento, la corona pasaba a su hija Juana, pero la reina había dispuesto que, si Juana no podía gobernar, fuera Fernando, su marido, quien ejerciera la regencia hasta que el hijo mayor de Juana alcanzara la mayoría de edad.
Ahí estaba la trampa. Fernando se apoyó en ese testamento para seguir gobernando Castilla. Felipe, que estaba en Flandes, se negó a aceptarlo: sostenía que la regencia correspondía a él, como marido de la reina legítima. Nadie discutía que Juana fuera la reina. Lo que se discutía, y pronto se discutió en voz alta, era si estaba en condiciones de reinar. La respuesta de unos y de otros dependía, casi siempre, de a quién convenía.
Juana, mientras tanto, vivía en Flandes ajena a las maniobras. Quería viajar a Castilla para tomar posesión de su reino, y su marido fue aplazando la partida mientras negociaba con los nobles y con el propio Fernando. En septiembre de 1505 nació en Bruselas María, la quinta de sus hijos. A comienzos del año siguiente, por fin, la pareja se hizo a la mar.
Fernando jugó sus cartas con la paciencia de quien lleva cuarenta años en el oficio. En 1505 se casó con Germana de Foix, sobrina del rey de Francia, un movimiento que amenazaba con darle a Aragón un heredero propio y dejar a Felipe sin la baza de la herencia futura. El país llevaba año y medio partido en dos, y no faltaba quien temía que aquello terminara a golpes.
Capítulo IV: El pacto de Villafáfila
Felipe y Juana se embarcaron hacia España a comienzos de 1506. La flota arribó a La Coruña en abril, y desde allí la pareja avanzó hacia el interior entre aclamaciones y recelos. Habían pasado casi cuatro años desde la última vez que Felipe pisara Castilla, cuando todavía era solo el marido de la heredera; ahora llegaba como rey.
El encuentro entre yerno y suegro se produjo en Villafáfila, en tierras de Zamora. El 27 de junio de 1506 firmaron un acuerdo que la historia recuerda como la Concordia de Villafáfila: Fernando renunciaba al gobierno de Castilla y se retiraba a Aragón, mientras Felipe y Juana quedaban reconocidos como reyes. Fernando había perdido, sobre el papel, la partida castellana. El acuerdo le dejaba, en cambio, una puerta entreabierta que entonces nadie midió: si algo le ocurría a Felipe, la regencia volvería a quedar vacante.
Aquel verano, las Cortes reunidas en Valladolid reconocieron a la nueva pareja real. Por primera vez en su historia, Castilla tenía un rey nacido en Flandes, educado en francés y flamenco, con una corte de consejeros borgoñones que no entendían sus leyes ni hablaban su lengua.
Capítulo V: Un rey sin reino
El reinado de Felipe I de Castilla duró, en la práctica, unos meses. Instalado en Valladolid y luego en Burgos, el nuevo rey se rodeó de sus hombres de confianza, repartió mercedes y trató de gobernar como había visto gobernar en Flandes: rápido, sin consultar demasiado y con la vista puesta en el dinero. Los impuestos, las rentas y el oro que llegaba de las Indias eran lo que había venido a buscar.
Juana, en cambio, quedó de nuevo fuera de juego. Su marido apartó de ella a sus partidarios castellanos, le puso guardias y fue tejiendo, con cuidado, la idea de que la reina legítima no estaba en condiciones de reinar. La reina que había jurado gobernar junto a él empezó a quedar reducida a un nombre en los documentos. Fue entonces, en esos meses, cuando los rumores sobre su salud mental dejaron de ser cotilleo de palacio y se convirtieron en argumento político.
A finales del verano de 1506, Felipe convocó nuevas Cortes en Burgos. Necesitaba dinero. Y fue en Burgos, adonde había llevado la corte para negociar con los procuradores, donde la vida se le acabó de golpe.
Capítulo VI: La muerte y el veneno
Felipe murió el 25 de septiembre de 1506 en el palacio de los Condestables de Castilla, con veintiocho años y apenas cinco meses de reinado efectivo. La causa más probable fue una fiebre, quizá tifus, una infección que entonces nadie sabía nombrar. Pero la explicación nunca bastó para calmar a nadie.
La muerte de un rey joven, fuerte y sano, en plena disputa con su suegro, resultaba demasiado conveniente para unos y demasiado sospechosa para otros. La acusación de envenenamiento circuló de inmediato por las antecámaras, dirigida contra los partidarios de Fernando el Católico, que acababa de perder el gobierno de Castilla en Villafáfila. También hubo quien miró hacia el entorno flamenco del propio rey. Ninguna de las sospechas llegó nunca a probarse, y ninguna desapareció del todo. Cinco siglos después, los historiadores siguen discutiendo si fue la enfermedad o la política.
Lo que consta es lo que ocurrió después. Cuando la noticia corrió por Castilla, el pais entero entendió que el delicado equilibrio de Villafáfila se había roto. Fernando, que iba camino de Aragón, dio media vuelta. Y la reina Juana, viuda a los veintisiete años, se negó a enterrar a su marido.
Capítulo VII: El ataúd que viajó por Castilla
El cuerpo de Felipe fue embalsamado y colocado en un ataúd, pero Juana no permitió que se le diera sepultura. Durante meses, la reina recorrió Castilla con el féretro, de Burgos a Torquemada y de Torquemada a Tordesillas, negándose a separarse de él y, según contaron quienes la acompañaron, haciendo abrir el ataúd para mirar el rostro del muerto. Aquel comportamiento, que sus enemigos leyeron como prueba definitiva de locura y que otros han leído como un duelo imposible de sobrellevar, selló su destino.
Fernando el Católico regresó a Castilla en 1507 y volvió a hacerse cargo del gobierno, ahora como regente de su hija. Juana fue trasladada a Tordesillas, donde permaneció recluida el resto de su vida. No volvió a mandar. Su hijo Carlos, nacido en Gante cuando ella tenía veintiún años, creció en Flandes y heredó, a la muerte de Fernando en 1516, las dos coronas y el imperio.
Los restos de Felipe el Hermoso acabaron, años después, en la Capilla Real de Granada, junto a los de Juana y junto a los de los Reyes Católicos. La Casa del Cordón sigue en pie, y sobre su puerta el cordón de piedra continúa rodeando el dintel como el día en que murió el rey. En aquella habitación no queda nadie que pueda jurar si lo mató la fiebre o la política. La duda, cinco siglos después, es lo único que no ha cambiado.
El BCE reclama más fusiones bancarias transfronterizas en una UE donde la consolidación se hace casi siempre dentro de cada país. El vicepresidente de la institución, Vujcic, lo ha planteado sin rodeos ante la décima conferencia del Consejo Europeo de Riesgos Sistémicos (ESRB, por sus siglas en inglés): la concentración bancaria en la eurozona avanza, pero se mueve en clave nacional o entre países vecinos, y eso, a ojos de Fráncfort, es competitividad que se queda por el camino.
Por qué el BCE habla de una oportunidad perdida
El diagnóstico no es nuevo, pero el tono sí llama la atención. La concentración del sector bancario de la eurozona ha crecido durante la última década, impulsada sobre todo por las fusiones y adquisiciones de carácter nacional. Aun así, sigue siendo menor que en Estados Unidos y rara vez cruza fronteras. Para el vicepresidente del banco central, ese patrón es ‘una oportunidad perdida’, porque los estudios manejados por la institución concluyen que, de media, los bancos que participan en operaciones de fusión y adquisición mejoran su rentabilidad y su eficiencia de costes.
La tesis de Fráncfort es fácil de enunciar y difícil de ejecutar. Una mayor integración transfronteriza permitiría a las entidades rebajar los costes de financiación para empresas y hogares, repartir beneficios y riesgos entre varios países y explotar economías de escala que hoy se quedan en casa. El mensaje tiene destinatarios concretos: los grandes grupos de la eurozona, entre ellos los españoles, que llevan años consolidando su mercado doméstico sin dar el salto fuera de sus fronteras.
A eso se suma la pieza que lleva una década atascada. El BCE insiste en la culminación del sistema europeo de garantía de depósitos, la red común que protegería los depósitos de toda la eurozona y que, según la institución, crearía ‘un marco creíble de gestión de crisis’. Es el tercer pilar de la unión bancaria, un proyecto que, a diferencia de la supervisión única, sigue bloqueado por los recelos de los países del norte.
El vicepresidente lo dejó claro en su intervención: ‘La herramienta más poderosa para mejorar la competitividad del sector bancario europeo es la integración financiera’. Añadió que unos mercados bien integrados permitirían a los bancos diversificarse y sostener la economía real, sobre todo en momentos de crisis. De paso, defendió que los requisitos de capital posteriores a 2008 no merman la competencia: al contrario, apuntalan la solidez del sistema, que ha mejorado su rentabilidad reciente gracias también a la simplificación regulatoria impulsada desde Fráncfort.
La integración que reclama Fráncfort choca con un muro político: mutualizar los depósitos sigue siendo una línea roja para los gobiernos del norte.
La banca española, ante el espejo de la integración
España llega a este debate con una estructura reconocible. Su mercado bancario figura entre los más concentrados de la eurozona tras la oleada de fusiones que siguió a la crisis financiera de 2008, cuando las cajas de ahorros se reorganizaron a marchas forzadas. Dos o tres grandes grupos controlan la mayor parte del negocio doméstico, y ese proceso, que Fráncfort celebra como eficiencia, se ha producido casi por completo dentro de las fronteras nacionales. Es justo el patrón que el BCE quiere romper.
El discurso tropieza en Madrid con la misma resistencia política que en otras capitales. Una fusión transfronteriza toca campeones nacionales, empleo y sedes, y ningún gobierno la mira con indiferencia. España, sin embargo, viene defendiendo en Bruselas la culminación de la unión bancaria y del fondo europeo de garantía de depósitos, una posición que Berlín y La Haya han frenado durante años por miedo a pagar los rescates ajenos. La paradoja es conocida: Madrid reclama más integración cuando toca mutualizar riesgos, pero recela de cualquier operación que diluya el peso de su banca.
La pregunta que sobrevuela el sector es quién daría el primer paso. La supervisión bancaria europea lleva tiempo señalando que la mejora de la rentabilidad de los últimos años tiene fecha de caducidad. Sin fusiones que aporten escala, los márgenes se estrecharán cuando el ciclo monetario gire, y ahí el tamaño y la diversificación geográfica vuelven a ser la defensa más sólida.
El Eje del Poder Europeo
El pulso por las fusiones bancarias se libra en tres frentes que se cruzan. El primero es el eje franco-alemán, donde Berlín y París defienden a sus grandes bancos y, al mismo tiempo, han bloqueado durante años cualquier avance hacia un fondo común de garantía de depósitos, la pieza que Fráncfort considera imprescindible. El segundo son los frugales del norte, Países Bajos, Austria, Dinamarca, Suecia, y Finlandia, que leen la unión bancaria como una puerta abierta a mutualizar las quiebras ajenas. El tercero es el sur, con España e Italia a la cabeza, que reclama reglas iguales y mercados integrados aunque después proteja a sus propios campeones cuando la operación aterriza en casa.
El precedente ayuda a entender el atasco. Tras la crisis del euro de 2010-2012 y el rescate de la banca española, la UE levantó en tiempo récord el mecanismo único de supervisión y el de resolución, pero dejó aparcado el tercer pilar, el seguro de depósitos. Una década después, el edificio sigue sin tejado. Analizamos este movimiento del BCE como un intento de forzar la mano a los gobiernos desde el argumento de la competitividad, no como una simple recomendación técnica.
Para España, la lectura a cinco o diez años es doble. Por un lado, una auténtica integración bancaria abriría a las entidades españolas mercados que hoy les están vedados y les daría escala para competir con los gigantes estadounidenses. Por otro, cualquier operación transfronteriza reabriría el debate sobre el empleo, las sedes y el control político del crédito, un terreno minado en Madrid. El riesgo es claro: si la unión bancaria sigue bloqueada, las fusiones bancarias que reclama el BCE se quedarán en buenos propósitos, y la banca europea seguirá compitiendo en desventaja frente a la de Estados Unidos.
El próximo examen llega con los debates de política financiera de otoño y con la próxima reunión del Eurogrupo, donde la culminación de la unión bancaria volverá a colarse en el orden del día. Puede seguirse el detalle regulatorio en la web del Consejo Europeo de Riesgos Sistémicos. Hasta entonces, el mensaje desde Fráncfort es inequívoco: sin integración no hay escala, y sin escala no hay competitividad. Es una advertencia más política que técnica, y España, como una de las plazas llamadas a moverse, tiene poco margen para ignorarla.
La Policía Nacional y la Guardia Civil han desarticulado con Europol una red internacional de narcotráfico y blanqueo con 27 detenidos. Su presunto cabecilla ha sido capturado en Punta Cana.
EN 30 SEGUNDOS
¿Qué ha ocurrido? La Policía Nacional y la Guardia Civil, con Europol, han desarticulado una red internacional de narcotráfico y blanqueo en la operación Fast Lap.
¿Dónde y cuándo? Los 26 arrestos en España se practicaron en Madrid, Málaga, Ibiza, Pontevedra, Almería y León; el presunto cabecilla fue detenido en Punta Cana, en República Dominicana.
¿Qué resultado? 27 detenidos, cuatro decomisos que superan los 1.500 kilos de cocaína en Panamá y 95 inmuebles bloqueados.
La operación Fast Lap se salda con 26 arrestos en España
La operación, bautizada como Fast Lap, ha culminado con 26 detenciones en España y una más en República Dominicana. Los arrestos en territorio español se ejecutaron en Madrid, Málaga, Ibiza, Pontevedra, Almería y León, dentro de un dispositivo coordinado por Europol, la agencia de la Unión Europea que articula la cooperación policial entre los Estados miembros y centraliza el intercambio de información en investigaciones transnacionales.
La investigación arrancó en septiembre de 2023 con el rastreo de mensajes cifrados y permitió reconstruir la logística de la organización. La red trasladaba la cocaína desde Colombia y Panamá hacia Europa mediante contenedores marítimos, con métodos conocidos en el argot policial como ‘gancho ciego’, ‘rip off’ o ‘preñado’, técnicas que consisten en ocultar la mercancía ilícita en el interior de la carga legal. Las pesquisas vincularon a la red con cuatro decomisos en Panamá que superaron los 1.500 kilogramos.
El entramado financiero: villas de lujo y ‘crime as a service’
Más allá del tráfico de droga, la red había desarrollado una estructura financiera para introducir en la economía formal las ganancias ilícitas. Las pesquisas identificaron sociedades mercantiles vinculadas al sector inmobiliario que los investigados habrían usado para invertir en promociones, urbanizaciones completas y viviendas de lujo, según las autoridades españolas.
Ibiza, Marbella, la Costa del Sol y Madrid concentraron buena parte de esas operaciones, que también alcanzaron República Dominicana y Dubái. Como parte de la investigación, las autoridades españolas bloquearon 95 inmuebles y unos 200 bienes muebles vinculados a los investigados, un golpe patrimonial destinado a asfixiar la financiación de la estructura.
Los investigadores describen el modelo como crime as a service: la organización prestaba sus sociedades y mecanismos financieros para ocultar bienes de terceros a cambio de comisiones. La captura del presunto cabecilla, Jonathan Yera Pozo, de 41 años, se produjo en Punta Cana, en el este de República Dominicana, durante un registro ordenado por la Suprema Corte de Justicia dominicana con fines de extradición.
Con 27 detenidos, 95 inmuebles bloqueados y cuatro decomisos de cocaína, la operación Fast Lap golpea el corazón financiero del crimen organizado transnacional.
En el inmueble y en varios vehículos, las autoridades ocuparon teléfonos, equipos electrónicos, tres billeteras frías para criptomonedas, siete relojes de alta gama y joyas, además de documentación y unos 13.000 dólares. Yera Pozo permanece bajo custodia de las autoridades dominicanas mientras avanzan las evaluaciones médicas y los trámites legales de su extradición al Reino de España.
El Contexto Operativo
La operación Fast Lap responde a una tendencia sostenida: el crimen organizado combina cada vez más el tráfico de drogas con estructuras de blanqueo profesionalizadas que actúan en varios países a la vez. El Ministerio del Interior situa el narcotráfico y el blanqueo de capitales entre las amenazas prioritarias de su estrategia de seguridad, y el volumen de esta causa lo confirma: 42 allanamientos simultáneos en distintos países y 95 inmuebles bloqueados en una sola investigación, según el comunicado del Ministerio Público dominicano.
La coordinación internacional ha sido determinante. En el operativo participaron la DEA, la agencia antidroga de Estados Unidos, la Policía Nacional, la UCO, la Unidad Central Operativa de la Guardia Civil especializada en crimen organizado, la Red Mundial de Información sobre Drogas y Europol, junto a las autoridades dominicanas. El bloqueo de 95 inmuebles y 200 bienes muebles refleja la capacidad de las fuerzas de seguridad para golpear no solo el tráfico, sino también el patrimonio que lo sostiene.
Las redes de narcotráfico han diversificado sus métodos en los últimos años, y el uso de sociedades instrumentales y activos inmobiliarios se ha consolidado como una de sus vías preferidas para blanquear beneficios. La respuesta coordinada de las fuerzas de seguridad, con Europol como eje, permite atacar simultáneamente la logística del tráfico y la estructura económica que lo financia.
La investigación permanece abierta. Las autoridades españolas mantienen su reclamación de extradición de Yera Pozo y no se descartan nuevas detenciones en los países implicados. La presión sobre los canales financieros de la red continuará con la cooperación de Europol, la DEA y las unidades especializadas de la Policía Nacional y la Guardia Civil, una colaboración que refuerza la posición de España en la lucha contra el blanqueo del narcotráfico.
El INCIBE-CERT ha alertado de una vulnerabilidad crítica en FortiMail de Fortinet que los atacantes están explotando de forma activa.
La alerta, publicada el viernes 2 de octubre de 2026 con el identificador INCIBE-2026-692, afecta a una de las pasarelas de correo electrónico más utilizadas por empresas y administraciones públicas. El fallo permite a un atacante remoto no autenticado escribir archivos arbitrarios en el sistema afectado y, a partir de ahí, ejecutar código o comandos no autorizados sobre el dispositivo comprometido.
El investigador Gwendal Guégniaud notificó el problema y Fortinet ha confirmado que la vulnerabilidad está siendo explotada activamente, un extremo que eleva la urgencia de la corrección. El INCIBE-CERT clasifica el fallo con severidad 5 sobre 5 (Crítica), la máxima de su escala.
EN 30 SEGUNDOS
¿Qué ha ocurrido? El INCIBE-CERT ha alertado de una vulnerabilidad crítica de tipo path traversal en FortiMail, la pasarela de correo de Fortinet, con explotación activa confirmada por el fabricante.
¿Dónde y cuándo? La alerta se publicó el viernes 2 de octubre de 2026 a las 10:22 horas y afecta a las organizaciones que utilizan esta pasarela de correo, incluidas empresas y administraciones públicas españolas.
¿Qué resultado? El fallo, registrado como CVE-2026-104286 y con severidad 5 sobre 5, permite a un atacante no autenticado ejecutar código o comandos; Fortinet ya ha publicado versiones corregidas.
Las versiones afectadas son FortiMail 8.0.0 hasta 8.0.1 y 7.6.0 hasta 7.6.6, junto a los rangos 7.4.0-7.4.8 y 7.2.0-7.2.9. Los equipos que ejecutan cualquiera de estas versiones con la interfaz de administración expuesta quedan dentro del radio de acción de la explotación.
Un fallo de path traversal con severidad crítica
El problema queda registrado como CVE-2026-104286 y combina dos debilidades: un fallo de path traversal (la capacidad de forzar a una aplicación a leer o escribir archivos fuera del directorio para el que está autorizada) y una neutralización incorrecta de caracteres nulos en la interfaz gráfica de FortiMail. Un atacante remoto no autenticado puede enviar peticiones HTTP o HTTPS especialmente manipuladas para escribir archivos fuera del directorio autorizado y ejecutar código o comandos no autorizados hasta comprometer el dispositivo.
Una sola petición HTTP manipulada puede bastar para que un atacante sin credenciales escriba archivos y ejecute comandos en la pasarela de correo de una organización.
Fortinet ha confirmado que la vulnerabilidad está siendo explotada activamente, lo que sitúa a los sistemas sin actualizar en riesgo inmediato. El INCIBE-CERT recomienda revisar los indicadores de compromiso publicados en el aviso del fabricante para comprobar si algún equipo ha sido ya vulnerado, una precaución que los equipos de respuesta consideran imprescindible antes de dar por cerrado un incidente de este tipo.
La vía principal de corrección es la actualización. Las versiones corregidas indicadas por el fabricante son FortiMail 8.0.2 o posterior, 7.6.7 o posterior y 7.4.9 o posterior; para la rama 7.2, Fortinet indica migrar a una versión corregida de la rama 7.4 o superior.
Cómo mitigar el riesgo mientras se actualiza
Como medida de mitigación temporal, Fortinet recomienda deshabilitar la función Identity-Based Encryption (IBE), un módulo de cifrado del correo que queda al alcance de la interfaz vulnerable. La desactivación se ejecuta desde la consola con los comandos ‘config system encryption ibe’, ‘set status disable’ y ‘end’, y reduce la superficie de ataque hasta que la actualización pueda desplegarse en producción.
El INCIBE-CERT añade una segunda barrera: impedir que la interfaz de administración de FortiMail sea accesible directamente desde internet y limitar su acceso a redes de confianza. Es una recomendación recurrente en los avisos del organismo, porque la exposición pública de los paneles de gestión es uno de los factores que más facilita la explotación masiva de una vulnerabilidad crítica.
El panorama de la ciberseguridad
Las pasarelas de correo y los dispositivos de seguridad perimetral son objetivos prioritarios del cibercrimen porque concentran el acceso a las comunicaciones de toda una organización. La explotación de vulnerabilidades figura ya entre las principales vías de acceso inicial utilizadas por los grupos de ransomware, junto al correo fraudulento y al robo de credenciales, según los análisis que Europol publica sobre la amenaza del crimen organizado en la Unión Europea.
El INCIBE, a través de su INCIBE-CERT (el equipo de respuesta ante incidentes que atiende a empresas, ciudadanos y entidades públicas), gestiona cada año decenas de miles de incidentes de ciberseguridad en España. Su canal de alerta temprana es la vía por la que traslada a la industria y a los administradores de sistemas las vulnerabilidades que ya se están explotando. En paralelo, el CCN-CERT (el equipo de respuesta ante incidentes del Centro Criptológico Nacional, dependiente del CNI, que protege las infraestructuras críticas y las administraciones públicas) mantiene sus propios avisos para el sector público.
La recomendación operativa no admite espera: inventariar los equipos FortiMail, comprobar la versión instalada, aplicar la actualización o deshabilitar IBE y revisar los indicadores de compromiso. Mientras el aviso mantenga la calificación de explotación activa, cualquier instancia con la interfaz de administración expuesta a internet debe considerarse un objetivo prioritario y bajo vigilancia reforzada.
El Ministerio de Industria y Turismo ha resuelto 518,2 millones de euros para 17 fábricas españolas que acometerán su descarbonización industrial sustituyendo gas y carbón por electricidad, biomasa y calor solar, con 1.250,8 millones de inversión financiable en juego.
La resolución se publicó el 24 de junio de 2026 y reparte el presupuesto íntegro de la convocatoria entre proyectos ubicados en plantas que ya están en funcionamiento. Nada de desarrollos sobre el papel. Cada solicitud podía agrupar varias inversiones dentro de la misma instalación: electrificar un horno, añadir fotovoltaica de autoconsumo y sumar baterías, siempre que al menos una de las actuaciones recortara emisiones de forma directa o contribuyera a la captura de carbono.
El programa corresponde a la línea 1 del PERTE de Descarbonización Industrial y se enmarca en el Componente 31 (REPowerEU) del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia. La gestión recae en la Sociedad Estatal de Promoción Industrial y Desarrollo Empresarial (SEPIDES), dependiente del citado ministerio.
De 329,7 a 518,2 millones: la convocatoria se amplió tres veces
La dotación inicial era de 329,7 millones de euros. Se amplió primero hasta 408,2 millones y, el 22 de abril de 2026, hasta los 518,2 millones definitivos. Tres cifras que cuentan lo mismo: la demanda industrial de fondos para dejar el fósil superó con holgura la oferta pública.
El reparto se hizo en concurrencia no competitiva. Las solicitudes se revisaron por orden de presentación y recibieron financiación mientras hubo crédito disponible, siempre que cumplieran los requisitos de la convocatoria. Un criterio que premia tanto la rapidez administrativa como la solidez técnica del proyecto. El mapa territorial deja ocho comunidades beneficiadas: Cataluña (siete proyectos y cerca de 264 millones de euros), Castilla y León (119,6), Galicia (56,6), Aragón (30,2), Castilla-La Mancha (25), Navarra (18,2), la Comunitat Valenciana (3,5) y Extremadura (1,6).
Un programa que se amplía tres veces antes de cerrarse no revela falta de proyectos industriales, sino falta de presupuesto público.
Con más de 300 millones de euros repartidos entre Cemex y Votorantim, el sector cementero es el gran beneficiario. Después aparecen el aluminio, el papel, el vidrio y la química. La razón es técnica: son procesos que necesitan calor de alta temperatura y no se electrifican con la misma facilidad que una línea de envasado.
El grueso del dinero no va a los proyectos más cómodos, sino a los procesos donde apagar el gas resulta más difícil y más caro.
La letra pequeña: la ayuda concedida no es emisión evitada
Conviene separar dos cosas que el anuncio tiende a mezclar. La concesión de 518,2 millones adjudica inversión, no resultados. Que una fábrica reciba fondos para instalar un horno eléctrico no acredita que las toneladas de CO2 ya se hayan dejado de emitir; eso se comprueba cuando la instalación opera y reporta sus datos.
El presupuesto financiable conjunto asciende a 1.250,8 millones de euros. Cada euro de ayuda pública moviliza de media unos 2,4 euros de inversión privada. La ratio lo dice todo.
Cada solicitud debía concentrar sus actuaciones en una misma planta y acreditar que al menos una de ellas reduce emisiones de forma directa. Se evita así el proyecto de folleto: fotovoltaica decorativa sin efecto real sobre el proceso productivo.
📊 Impacto ecológico en cifras
Inversión financiable: 1.250,8 millones de euros en 17 proyectos, con 518,2 millones de ayuda pública ya concedida.
Efecto palanca: cada euro de subvención moviliza 2,4 euros de inversión total.
CO2 evitado: no detallado en la resolución para esta convocatoria; el PERTE fija un objetivo global de 13 millones de toneladas al año.
Equivalencia territorial: ocho comunidades autónomas, con Cataluña (264 millones) y Castilla y León (119,6 millones) a la cabeza.
Cemento, vidrio y papel: la tecnología que apaga el gas
La electrificación de procesos es la solución más repetida. Sustituye el gas natural por calderas eléctricas, hornos eléctricos, o bombas de calor. Muchos proyectos la combinan con calor renovable de biomasa o de solar térmica, con fotovoltaica de autoconsumo y con baterías para ajustar la demanda a la producción.
Dos expedientes rompen el patrón. La planta de hidrógeno renovable que Evonik pondrá en marcha en La Zaida (Zaragoza), asociada a una caldera eléctrica y dotada con 30,2 millones de euros, y la instalación de captura de CO2 de Votorantim en Toral de los Vados (León), la única de su tipo en esta convocatoria. Son la excepción, no la norma.
La nómina completa incluye 17 plantas. Estas son las ayudas más cuantiosas:
Cemex (Alcanar, Tarragona): 200 millones de euros para descarbonizar su planta de cemento.
Votorantim Cementos (Toral de los Vados, León): 119,6 millones para captura de CO2.
Aluminio Español (San Ciprián, Lugo): 40,4 millones para la cocción de ánodos.
Unión Industrial Papelera (La Pobla de Claramunt, Barcelona): 38,2 millones con cogeneración de biomasa.
Evonik (La Zaida, Zaragoza): 30,2 millones entre caldera eléctrica e hidrógeno renovable.
Por debajo quedan Rockwool (18,2), Intermalta (13), Crisnova Vidrio (11,9), Industrias del Tablero (10,8), Covestro (8,1), Castellar Vidrio (6,7), Papelera de Brandía (5,4), IQOXE (4), Croda Ibérica (3,9), Axima Servicios Energéticos para la planta de Danone en Aldaia (3,5), Ercros (2,6) y Conservas Vegetales de Extremadura (1,6).
Lo que este reparto revela de la industria española
El PERTE de Descarbonización Industrial maneja 3.170 millones de euros de inversión pública y aspira a movilizar 11.800 millones, crear 8.000 empleos y recortar 13 millones de toneladas de CO2 al año. Esta convocatoria adjudica algo más del 16% de ese presupuesto público en una sola resolución.
Lo que merece atención no es el importe, sino la concentración. Cemento y vidrio, los procesos más difíciles de descarbonizar y los que más emisiones generan, se llevan la mayor parte del dinero. Tiene lógica industrial: son las plantas donde el coste de no actuar es más alto y donde la tecnología disponible todavía no compite en precio sin apoyo público. El riesgo es que el programa quede en una subvención puntual al capex y no en una palanca estructural de la industria.
A efectos de emisiones, la convocatoria es un compromiso con fecha de verificación pendiente. Queda la verificación: los expedientes tendrán que demostrar con datos de operación que el horno eléctrico, la bomba de calor o la captura funcionan como prometían. Ahí se sabrá si los 518,2 millones compran descarbonización real o solo modernización contable.
🌍 El Impacto Real para el Futuro
Beneficio medible: 17 plantas dejarán de quemar gas o carbón en procesos clave, con 1.250,8 millones de euros de inversión financiable asociada.
Modelo que cambia: el calor industrial deja de ser un coste fósil inevitable y pasa a gestionarse con electricidad, biomasa y calor solar.
Para las próximas generaciones: si el PERTE cumple su objetivo de 13 millones de toneladas de CO2 evitadas al año, las comarcas industriales respirarán un aire mediblemente más limpio.
Apple restringe los permisos de acceso total al disco en el Mac ante el riesgo que, según la propia compañía, representan los agentes de IA. La medida llega semanas después de que Muse, el asistente de Meta, conociera el contenido de los mensajes de un periodista sin autorización explícita.
Claves de la operación
El permiso más amplio de macOS deja de concederse en un clic. Apple exige ahora una acción explícita del usuario para entregar a una aplicación el acceso total al disco, el nivel que permite leer correo, mensajes y copias de seguridad.
El detonante se llama Muse y apunta a Meta. Un periodista de Inc comprobó que el asistente conocía sus mensajes sin haberle dado permiso; la compañía responde que ese acceso es completamente opcional.
La privacidad regresa como argumento comercial. Apple se diferencia de Microsoft y Google en plena carrera por los agentes que operan el escritorio, con la vista puesta en el marco regulatorio europeo.
La llave maestra del Mac deja de entregarse a la primera
La compañía confirmó el viernes una actualización de sus controles con un objetivo declarado: que quien quiera conceder a una aplicación ese nivel extraordinario de acceso lo haga mediante una acción muy explícita del usuario. El cambio lo adelantó TechCrunch y lo recogen The Verge y Ars Technica en sus respectivas crónicas. El permiso no desaparece, pero la barandilla se eleva: la aplicación deja de heredar el acceso por inercia y el usuario tiene que volver a decidirlo.
El acceso total al disco es la llave maestra de macOS: permite a un programa leer datos que el sistema protege por defecto, desde los archivos de correo, los mensajes, y el historial de navegación hasta las copias de seguridad. Es un permiso diseñado para utilidades de diagnóstico, herramientas de copia y programas antivirus. Un agente de IA que lo obtiene puede leer la vida digital entera de su dueño, sin que medie un aviso por cada archivo.
Meta Muse, el episodio que precipita el cambio
El caso que empuja a Apple tiene nombre propio. El periodista Jason Aten, de la revista Inc, descubrió que el asistente Muse de Meta conocía el contenido de sus mensajes sin que él hubiera concedido permiso alguno, ni en el iPhone ni en el ordenador. Apple no cita el episodio, pero la coincidencia temporal pesa demasiado como para tratarse de una casualidad.
Meta rechazó esa lectura. Su portavoz, Andy Stone, sostuvo que el acceso a los mensajes es completamente opcional y que es el usuario quien lo autoriza. La réplica no explica de dónde salió la información que el asistente manejaba, y ahí está el nudo del asunto: la frontera entre el dato autorizado y el dato inferido se ha vuelto opaca.
El episodio deja una pregunta incómoda para toda la industria de asistentes. Los nuevos agentes no se limitan a responder: leen archivos, mueven documentos y ejecutan tareas en el escritorio en nombre del usuario. Cada una de esas funciones exige permisos que hasta ahora se concedían en un clic y se olvidaban para siempre. Una casilla olvidada se convirtió en una puerta abierta.
Un permiso que se concede una vez y se olvida durante años es exactamente el tipo de rendija que un agente de IA aprende a explotar.
Qué se juega Apple: la privacidad como escudo y como negocio
Apple lleva años vendiendo privacidad como atributo de producto, y esa posición tiene precio para sus rivales. El precedente más claro es la transparencia sobre el rastreo de aplicaciones, que en 2021 obligó a pedir permiso antes de seguir al usuario entre apps: Meta estimó en 10.000 millones anuales el golpe a su publicidad. Aquella medida no fue una decisión técnica, fue una jugada competitiva que impactó justo donde más dolía. El movimiento de ahora responde a una lógica parecida, aunque el argumento declarado sea la seguridad. La política de privacidad de la compañía funciona como escudo comercial justo cuando Microsoft y Google aceleran con agentes capaces de operar el escritorio.
Hay una segunda capa que conviene mirar con distancia. Los controles nuevos elevan la fricción, pero no cambian la arquitectura: el acceso total al disco sigue existiendo y sigue siendo concedible. Un usuario que lo active por costumbre volverá a abrir la puerta. Y el efecto colateral incomoda a los desarrolladores: utilidades legítimas de accesibilidad, copia o mantenimiento verán más pasos y más avisos, mientras los agentes que solo necesitan mirar la pantalla seguirán operando por otra vía. La barrera es de fricción, no de diseño.
En Europa la conversación tiene un marco propio. El Reglamento General de Protección de Datos obliga a recabar el consentimiento de forma informada y a limitar los datos a lo necesario para cada finalidad, un principio que choca frontalmente con la lógica de un agente que lee todo para acertar más. Para el usuario español, la comprobación empieza en Ajustes del Sistema, dentro de Privacidad y seguridad: ahí aparece la lista de aplicaciones con acceso total al disco, y ahí conviene revisar qué hay, con qué motivo y desde cuándo.
Lo que Apple no ha resuelto, y probablemente no pueda resolver en solitario, es el problema de fondo. Un asistente que solo ve lo que el usuario le enseña también puede deducir aquello que nadie le enseñó. La puerta se cierra un poco; la interpretación, no. El siguiente hito será comprobar con qué alcance aterrizan estos controles en la próxima versión de macOS y si la compañía traslada la misma exigencia al iPhone y al iPad, donde el asistente convive con las mismas conversaciones. Si la respuesta llega solo al ordenador, la contradicción quedará a la vista.
La Sala Primera del Tribunal Supremo condena a Cofidis a indemnizar con 2.000 euros a una clienta por incluirla en el fichero de morosos ASNEF. La sentencia 1314/2026 estima el recurso de casación y revoca las resoluciones previas del Juzgado de Primera Instancia nº3 de Zaragoza y de la Audiencia Provincial de Zaragoza.
EN 30 SEGUNDOS
¿Qué ha resuelto el tribunal? La Sala Primera del Tribunal Supremo estima el recurso de casación y declara la intromisión ilegítima en el derecho al honor de la clienta de Cofidis por su inclusión en ASNEF.
¿Qué base jurídica aplica? El artículo 18.1 de la Constitución y la Ley Orgánica 1/1982; la deuda no reunía el requisito de certeza exigible al estar seria y fundadamente cuestionada en sede judicial.
¿Qué impacto tiene? Consolida la doctrina que impide inscribir en ficheros de morosos deudas controvertidas y eleva el estándar de diligencia exigible a las entidades acreedoras.
Los antecedentes: una deuda discutida en sede judicial
En abril de 2022, la clienta mantenía con Cofidis un contrato de financiación. En esa fecha presentó una reclamación extrajudicial en la que sostenía el carácter usurario del préstamo y exigía la eliminación de las cláusulas abusivas y la restitución de las cantidades indebidamente cobradas. La vía previa no prosperó.
El 3 de junio de 2022 presentó demanda contra la entidad de crédito solicitando la nulidad del préstamo por usura. El 6 de octubre de 2022, Cofidis inscribió sus datos en el fichero de solvencia patrimonial ASNEF. La inscripción se mantuvo hasta abril de 2023, lo que motivó una segunda demanda en julio de 2023 por intromisión ilegítima en el derecho al honor.
La sentencia 275/2024, de 17 de abril, dictada por el Juzgado de Primera Instancia nº3 de Zaragoza, desestimó las pretensiones. Argumentó que el contrato contemplaba la inclusión en ficheros de insolvencia y que no constaba que Cofidis conociera la demanda por usura antes de la inscripción. La Audiencia Provincial de Zaragoza confirmó el fallo en la sentencia 334/2024.
El fallo: intromisión ilegítima y 2.000 euros de indemnización
El recurso de casación llegó ante la Sala Primera del Tribunal Supremo, integrada por los magistrados Mª Ángeles Parra Lucán, José Luis Seoane Spiegelberg, Antonio García Martínez —ponente—, Manuel Almenar Belenguer y Raquel Blázquez Martín. La sentencia estima las pretensiones de la clienta y declara la intromisión ilegítima en su derecho al honor. El tribunal razona que la entidad conocía la conflictividad del negocio y la posibilidad de que la controversia llegara a los tribunales antes de la inscripción.
La inclusión de una deuda seria y fundadamente cuestionada en un fichero de morosos vulnera el derecho al honor, con independencia de que el emplazamiento judicial sea posterior a la inscripción.
La resolución subraya que el hecho de que el emplazamiento fuera posterior a la inclusión no permite concluir que la deuda reuniera el requisito de certeza, pues la entidad ya conocía que la validez del negocio estaba siendo seria y fundadamente cuestionada. A ello se suma que Cofidis no canceló la inscripción hasta abril de 2023, después de conocer la demanda por usura.
El fallo condena a Cofidis a indemnizar a la clienta con 2.000 euros por daños morales. La estimación del recurso revoca las decisiones de instancia y apelación. La resolución no impone condena en costas.
La Doctrina del Tribunal
La resolución fija el estándar de diligencia exigible a las entidades acreedoras antes de inscribir a un deudor en ficheros de morosos. El artículo 18.1 de la Constitución y la Ley Orgánica 1/1982, de 5 de mayo, configuran el marco de protección, mientras que la exigencia de certeza de la deuda opera como límite material. La doctrina anterior, plasmada en las sentencias 275/2024 y 334/2024, sostenía que la inclusión era lícita si la entidad no conocía formalmente la demanda al tiempo de la inscripción. El Tribunal Supremo invierte ese criterio.
El cambio de criterio tiene consecuencia inmediata para la práctica procesal. Las entidades no pueden ampararse en el desconocimiento formal del emplazamiento cuando consta una reclamación previa que evidencia la conflictividad del negocio. El método interpretativo empleado es teleológico: el tribunal atiende a la finalidad de los ficheros de solvencia patrimonial, que es la constatación de una solvencia cierta, no la mera anotación de una deuda discutida. La jurisprudencia del Tribunal Supremo ya imponía cancelar la inscripción una vez conocida la controversia.
La sentencia afecta a un volumen relevante de litigios por inclusión en ficheros de morosos, materia con doctrina consolidada del Tribunal Supremo en torno al requisito de certeza y a la cancelación inmediata. Los abogados que litigan en este ámbito disponen ahora de un argumento reforzado: la existencia de una reclamación previa acredita el conocimiento de la entidad y desplaza la carga de la diligencia hacia el acreedor.
El fallo no impone condena en costas. La sentencia agota la vía ordinaria y solo cabe frente a ella la eventual vía de amparo ante el Tribunal Constitucional. La doctrina desplegará efectos inmediatos y vincula a los juzgados de primera instancia en los asuntos pendientes sobre inclusión indebida en ficheros de solvencia patrimonial.
FICHA DEL CASO
El caso: Demanda por intromisión ilegítima en el derecho al honor contra Cofidis por la inclusión de los datos de una clienta en el fichero de morosos ASNEF mientras su deuda se discutía en un procedimiento judicial por usura.
Datos importantes:Sentencia 1314/2026 de la Sala Primera del Tribunal Supremo; artículo 18.1 de la Constitución y Ley Orgánica 1/1982; indemnización de 2.000 euros por daños morales; revocación de las sentencias 275/2024 y 334/2024; sin costas.
Fecha de los juicios: Inscripción en ASNEF el 6 de octubre de 2022; cancelación en abril de 2023; sentencia de instancia de 17 de abril de 2024; sentencia de casación 1314/2026.
Personas acusadas y por qué: N/A. Litigio civil entre una consumidora y una entidad de crédito, sin acusados en el orden penal.
La indemnización de Lyft a sus conductores en California asciende a 272,5 millones de dólares. El acuerdo, anunciado por la Fiscalía General del Estado y los fiscales municipales de tres ciudades californianas, cierra seis años de litigio sobre la clasificación laboral de los conductores y deja a Uber sola ante la Justicia.
Claves de la operación
272,5 millones por robo de salario. La acusación sostiene que Lyft clasificó a sus conductores como autónomos en lugar de empleados entre 2016 y 2020, una práctica que la fiscalía califica de wage theft. El pago evita el juicio.
Uber sigue en el punto de mira. La demanda original, presentada en mayo de 2020, se dirigió contra las dos compañías de movilidad. Solo Lyft ha firmado; el procedimiento contra Uber continúa abierto.
El precedente pesa más que el cheque. Otras plataformas de movilidad y reparto operan con modelos contractuales equivalentes en Estados Unidos y en Europa, donde España ya forzó la reclasificación de los repartidores con la Ley Rider.
El litigio que arrancó un fiscal con ambición de gobernador
La causa se remonta a mayo de 2020, cuando el entonces fiscal general de California, Xavier Becerra, demandó a Uber y a Lyft por entender que ambas compañías eludían la ley estatal al declarar que sus conductores no eran empleados. El origen del expediente es una demanda de hace seis años, presentada en plena pandemia, cuando el desplome de la actividad dejó a miles de conductores sin red de protección laboral. Becerra es hoy el candidato demócrata a la gobernación del estado, lo que convierte el expediente en material político de primer orden.
El núcleo de la acusación es económico. Tratar a un conductor como autónomo ahorra cotizaciones, seguros y garantías salariales; tratarlo como empleado obliga a asumirlas. Esa diferencia, acumulada durante cuatro años y multiplicada por la cifra de conductores activos en el estado, es la que la fiscalía trasladó al juzgado con la etiqueta de wage theft. El acuerdo se limita a los años 2016 a 2020 y deja fuera cualquier reclamación posterior.
Conviene recordar qué está en juego más allá del dinero. La clasificación determina el acceso al seguro de desempleo, a la negociación colectiva y a la cobertura sanitaria en un país donde el empleo es la puerta de entrada a ambas cosas. Durante los meses más duros del confinamiento, la etiqueta de autónomo se tradujo en una ausencia total de red de seguridad para quienes siguieron conduciendo.
Uber queda sola ante el tribunal y ante sus inversores
A partir de ahora la película se parte en dos. Lyft sale del radar judicial con un coste cerrado y contabilizable; Uber mantiene abierta la causa. El procedimiento contra Uber sigue en curso y, por volumen de actividad en el estado, su factura potencial es superior. La asimetría no es menor: en un negocio de márgenes estrechos y competencia por precio, arrastrar una contingencia judicial que el rival ya ha resuelto complica la conversación con los inversores.
Para Lyft, el acuerdo tiene una lectura defensiva. Un pasivo judicial que desaparece del balance vale más que cualquier campaña de imagen, y la dirección recupera el relato de los ingresos por viaje y de la rentabilidad por trayecto. El desglose de los pagos y su impacto contable queda pendiente de detalle, algo habitual en los cierres extrajudiciales de este tamaño.
En la gig economy, el coste de contratar nunca fue el problema. El problema fue siempre el coste de no haber contratado.
El sector mira ahora a dos frentes. El primero es la evolución del caso contra Uber, que puede acabar en una cifra superior o en un pacto de última hora. El segundo es la estela del acuerdo en el resto del país, donde el modelo contractual de las plataformas acumula expedientes desde hace años; la Fiscalía General de California fue la primera en mover ficha y otras jurisdicciones seguirán su rastro. La próxima cita es la del caso de Uber, y su desenlace fijará el precio de referencia para el conjunto de la industria.
España ya jugó esta partida y la jugó al revés
En España no hubo un cheque único. La Ley Rider de 2021 obligó a las plataformas de reparto a contratar a sus repartidores, y el ajuste llegó expediente a expediente, con inspecciones, y sentencias que pusieron contra las cuerdas a Glovo hasta que la compañía anunció el paso a la contratación laboral. España resolvió el mismo conflicto por otra vía, más lenta y más fragmentada, sin un gran acuerdo con la fiscalía.
Ahí está la diferencia que conviene subrayar. En California el coste de la clasificación se ha concentrado en un solo pago y en un solo titular público; en España se ha repartido entre cotizaciones, sanciones y reclamaciones de la Seguridad Social. Ninguna de las dos fórmulas toca el fondo del asunto. El nudo del modelo contractual sigue intacto: la plataforma decide cuándo hay trabajo y cuánto se paga por él, pero se resiste a asumir la condición de empleador. En el IBEX 35 no existe un comparable directo, porque los grandes operadores de movilidad y reparto que cotizan son grupos europeos y la exposición española llega por vía de matrices extranjeras.
Queda la política. Becerra, el fiscal que abrió el fuego en 2020, aspira a gobernar California, y las elecciones de noviembre de 2026 convertirán la regulación de las plataformas en asunto de campaña. Noviembre de 2026 marcará el siguiente capítulo: el caso de Uber seguirá vivo en los tribunales y el precedente de Lyft servirá de vara de medir en cualquier negociación futura. La industria ha ganado tiempo. No ha ganado el argumento.
La Audiencia Provincial de Barcelona rechaza en la Sentencia 460/2026 la inteligencia artificial como argumento de autoridad frente a la acreditación del perjuicio económico alegado.
EN 30 SEGUNDOS
¿Qué ha resuelto el tribunal? La Sección Primera de la Audiencia Provincial de Barcelona, en sentencia de 21 de julio de 2026, desestima el recurso de apelación y confirma íntegramente la resolución de instancia.
¿Qué base jurídica aplica? La jurisprudencia del Tribunal Supremo sobre los sistemas de cálculo de intereses aplicados por las entidades financieras y la exigencia de acreditar el perjuicio en la nulidad del clausulado.
¿Qué impacto tiene? La respuesta de un sistema de inteligencia artificial no dota de autoridad al argumento ni sustituye la prueba. Costas del recurso y pérdida del depósito.
Antecedentes: la cláusula del año comercial de 360 días
El procedimiento enfrentaba a un particular con Banco Sabadell y traía causa de un préstamo hipotecario suscrito en 2005. El demandante solicitaba la nulidad de una cláusula financiera relativa al denominado año comercial de 360 días para el cálculo de los intereses remuneratorios, y reclamaba la devolución de las cantidades que consideraba indebidamente abonadas.
La demanda fue desestimada en primera instancia. El recurso de apelación quedó limitado a determinar la validez de esa cláusula, sin discusión sobre el resto del clausulado. La resolución ha sido dictada por la Sección Primera, con ponencia del magistrado Luis Rodríguez Vega.
Para resolver la controversia, la Sala acude a la jurisprudencia del Tribunal Supremo sobre las fórmulas empleadas por las entidades financieras en el cómputo de intereses. La resolución diferencia entre los sistemas 360/360, 365/365, 365/360 y 360/365, y sitúa el problema en la combinación concreta de base y divisor.
El año comercial de 360 días no perjudica necesariamente al prestatario. El desequilibrio aparece cuando la entidad utiliza una base de 360 días para calcular los intereses y mantiene los 365 días del año natural para computar el tiempo transcurrido, esto es, el sistema 365/360. Según la doctrina citada, ese método puede elevar el tipo de interés en un 1,39% en un año normal y un 1,67% en un año bisiesto.
La respuesta de un sistema de inteligencia artificial no confiere autoridad a un argumento ni sustituye la obligación de acreditar ante el tribunal el perjuicio económico reclamado.
El fallo: sistema 360/360 y falta de acreditación del perjuicio
La Sala concluye que ese supuesto de perjuicio no concurre en el préstamo analizado. De la lectura de la escritura pública se desprende que la cláusula reflejaba 360 días en ambos lados de la fórmula, de modo que el método aplicado era 360/360 y la entidad percibía intereses anuales por 360 días, no por 365.
Por ese motivo, el tribunal descarta que la utilización de la fórmula provocara por sí misma un desequilibrio en perjuicio del consumidor y no considera acreditada la abusividad. El reproche al recurrente es concreto: no concretó la diferencia real en el cálculo de intereses que beneficiaba al banco y perjudicaba al consumidor, cálculo que la propia Sala califica de «revelador».
En lugar de ese cálculo, el recurso se apoyó en lo que la resolución describe como un «sorprendente argumento de autoridad de la inteligencia artificial». El apelante sustituyó así la acreditación del perjuicio por la respuesta de una herramienta: un IA argumento de autoridad que el tribunal no admite como equivalente probatorio.
La sentencia no especifica qué herramienta se utilizó ni reproduce la respuesta obtenida. Tampoco desarrolla una doctrina general sobre el empleo de asistentes conversacionales por abogados o litigantes. El reproche se limita a un supuesto en el que la cuestión podía resolverse mediante un cálculo aritmético sencillo y verificable.
El fallo es desestimatorio. Confirma íntegramente la sentencia del tribunal a quo, impone al recurrente las costas del recurso y la pérdida del depósito constituido para apelar.
La Doctrina del Tribunal
La resolución no establece una regla general sobre el uso de sistemas de inteligencia artificial en el proceso civil. Fija, sin embargo, un criterio operativo relevante: la respuesta de una herramienta de este tipo no constituye fuente de autoridad, no es medio de prueba y no desplaza la exigencia de acreditar el hecho constitutivo de la pretensión. La doctrina anterior del Tribunal Supremo sobre los sistemas de cálculo de intereses se consolida y se aplica aquí con una precisión adicional: el desequilibrio debe identificarse en una fórmula concreta, no en la mera mención del año comercial.
La base jurídica del pronunciamiento se apoya en la interpretación literal del clausulado contenido en la escritura pública, combinada con la doctrina sobre el carácter abusivo de determinadas condiciones financieras. El tribunal no aprecia el desequilibrio significativo que la parte afirmaba y exige su concreción cuantitativa. En la información disponible no consta cita de jurisprudencia del Tribunal Europeo de Derechos Humanos ni del Tribunal de Justicia de la Unión Europea, ni votos particulares que acompañen al fallo.
El impacto para los operadores jurídicos es inmediato en la práctica de los recursos frente a cláusulas de cálculo de intereses. La parte que alegue perjuicio deberá aportar el cálculo diferencial entre sistemas, pues la invocación genérica o el respaldo de una respuesta generada por IA no colman el estándar exigido. La sentencia es susceptible de recurso de casación ante la Sala Primera del Tribunal Supremo si concurre interés casacional, dentro del plazo legal de veinte días desde la notificación. El texto íntegro no consta aún reproducido en el buscador de resoluciones del Consejo General del Poder Judicial.
FICHA DEL CASO
El caso: Recurso de apelación civil contra la sentencia desestimatoria de una demanda de nulidad de cláusula de cálculo de intereses (año comercial de 360 días) en un préstamo hipotecario suscrito en 2005. Enfrentaba a un particular con Banco Sabadell.
Datos importantes:SAP Barcelona 460/2026, Sección Primera, ponente Luis Rodríguez Vega. Fallo desestimatorio con confirmación íntegra de la resolución de instancia, imposición de costas al recurrente y pérdida del depósito. Sistema aplicado: 360/360. No constan votos particulares en la información disponible.
Fecha de los juicios: Sentencia dictada el 21 de julio de 2026. Préstamo hipotecario suscrito en 2005. El texto íntegro no figura aún en el CENDOJ.
Personas acusadas y por qué: N/A. Procedimiento civil entre un particular y una entidad financiera, sin acusados ni imputados.
Las elecciones en Brasil llegan este domingo con Lula y Flávio Bolsonaro empatados y el negocio español en juego. Lo que se decida en las urnas brasileñas no se quedará en Brasilia: viajará directo a la cuenta de resultados de media docena de compañías españolas.
El presidente Luiz Inácio Lula da Silva, de 80 años, cerró campaña con un multitudinario acto en Río de Janeiro en el que advirtió de que es el único dique frente al retorno del ‘fascismo’, según recogía The Guardian. El izquierdista busca un histórico cuarto mandato convencido de que solo él puede frenar a la familia de su rival, Flávio Bolsonaro.
Brasil es la mayor economía de América Latina y uno de los mercados exteriores donde más capital español hay invertido. Por eso el empate tecnico entre ambos candidatos tiene a los consejos de administración de Madrid pendientes de los sondeos casi tanto como de los de casa.
Qué se juega Brasil en estas elecciones
Los comicios no llegan en un momento cualquiera. La cita se sitúa entre las más importantes de las últimas décadas, y no es una exageración de titular. El país vuelve a partirse en dos mitades casi idénticas. De un lado, la apelación al miedo al pasado reciente. Del otro, la promesa de un cambio de rumbo.
Conviene recordar que Brasil no solo elige un presidente. El nuevo inquilino del Palacio del Planaltomarcará el clima regulatorio del país: política fiscal, concesiones energéticas, reglas para las telecos y trato al capital extranjero. El calendario y la organización de la votación dependen del Tribunal Superior Electoral. Y en ese marco entra España de lleno.
Brasil concentra buena parte de la inversión española fuera de la UE: lo que se decida el domingo se nota en Madrid tanto como en Brasilia.
Por qué el resultado golpea a Telefónica, Santander e Iberdrola
Telefónica es el nombre que más se juega. Su filial brasileña, Vivo, es uno de los mayores operadores de telefonía del país y lleva años pesando en las cuentas del grupo. Un giro regulatorio tras las elecciones, o una subida fiscal sobre el sector, se traduciría de inmediato en millones de euros en un solo mercado.
La banca tampoco se libra. Santander tiene en Brasil una de sus principales filiales internacionales, y BBVA mantiene allí una presencia relevante. Su exposición al riesgo brasileño —tipo de cambio, morosidad, margen financiero— depende en buena parte de la política económica que salga de las urnas. Súmese Iberdrola y su filial Neoenergia, con inversión en redes y renovables que se decide en subastas oficiales.
Y aquí está la clave que casi nadie cuenta: no es lo mismo un Gobierno que prioriza la inversión privada que otro que tensiona el gasto público y revisa contratos. La diferencia entre ambos escenarios se mide en estabilidad y en precio del capital.
Brasil, un mercado que España no se puede permitir perder
No es la primera vez que Brasil pone a prueba la estrategia española. Durante las dos décadas en que nuestras empresas se expandieron por América Latina, el país se convirtió en la joya de la corona: energía, telecomunicaciones y banca. Cada cambio de ciclo político se ha traducido después en ajustes, ventas de activos o nuevas inversiones.
El precedente más útil es el de la última década. Brasil ha alternado Gobiernos con recetas económicas opuestas, y en cada giro el capital extranjero ha tenido que recalcular el riesgo país, el diferencial que se exige a un Estado por su deuda. La lección es sencilla: quien no entiende el ciclo político brasileño, pierde dinero. Para las empresas españolas, la estabilidad institucional vale más que cualquier incentivo puntual.
Lo que conviene seguir a partir del domingo es doble. Primero, cómo queda el Congreso, porque en Brasil se gobierna a golpe de coalición y ninguna reforma sale sin pactos. Segundo, el tono del primer discurso del ganador sobre contratos, concesiones y seguridad jurídica. Ahí se cifra el futuro inmediato de Vivo, Santander Brasil o Neoenergia.
📌 Ficha del Caso
Ficha sobre el caso: Brasil celebra este domingo unas elecciones presidenciales con Lula y Flávio Bolsonaro empatados en los sondeos, en un clima de máxima polarización.
Datos importantes: Lula, de 80 años, busca un cuarto mandato; el resultado definirá el clima regulatorio y fiscal para las empresas españolas en el país.
Resumen: Telefónica (Vivo), Santander, BBVA e Iberdrola tienen en Brasil uno de sus mercados clave, por lo que el resultado afecta directamente al interés español.
