El MITECO asigna 518 millones a 17 fábricas para acelerar la descarbonización industrial

Elena Ríos
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El MITECO asigna 518 millones a 17 fábricas para acelerar la descarbonización industrial

El Ministerio de Industria y Turismo ha resuelto 518,2 millones de euros para 17 fábricas españolas que acometerán su descarbonización industrial sustituyendo gas y carbón por electricidad, biomasa y calor solar, con 1.250,8 millones de inversión financiable en juego.

La resolución se publicó el 24 de junio de 2026 y reparte el presupuesto íntegro de la convocatoria entre proyectos ubicados en plantas que ya están en funcionamiento. Nada de desarrollos sobre el papel. Cada solicitud podía agrupar varias inversiones dentro de la misma instalación: electrificar un horno, añadir fotovoltaica de autoconsumo y sumar baterías, siempre que al menos una de las actuaciones recortara emisiones de forma directa o contribuyera a la captura de carbono.

El programa corresponde a la línea 1 del PERTE de Descarbonización Industrial y se enmarca en el Componente 31 (REPowerEU) del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia. La gestión recae en la Sociedad Estatal de Promoción Industrial y Desarrollo Empresarial (SEPIDES), dependiente del citado ministerio.

De 329,7 a 518,2 millones: la convocatoria se amplió tres veces

La dotación inicial era de 329,7 millones de euros. Se amplió primero hasta 408,2 millones y, el 22 de abril de 2026, hasta los 518,2 millones definitivos. Tres cifras que cuentan lo mismo: la demanda industrial de fondos para dejar el fósil superó con holgura la oferta pública.

El reparto se hizo en concurrencia no competitiva. Las solicitudes se revisaron por orden de presentación y recibieron financiación mientras hubo crédito disponible, siempre que cumplieran los requisitos de la convocatoria. Un criterio que premia tanto la rapidez administrativa como la solidez técnica del proyecto. El mapa territorial deja ocho comunidades beneficiadas: Cataluña (siete proyectos y cerca de 264 millones de euros), Castilla y León (119,6), Galicia (56,6), Aragón (30,2), Castilla-La Mancha (25), Navarra (18,2), la Comunitat Valenciana (3,5) y Extremadura (1,6).

Un programa que se amplía tres veces antes de cerrarse no revela falta de proyectos industriales, sino falta de presupuesto público.

Con más de 300 millones de euros repartidos entre Cemex y Votorantim, el sector cementero es el gran beneficiario. Después aparecen el aluminio, el papel, el vidrio y la química. La razón es técnica: son procesos que necesitan calor de alta temperatura y no se electrifican con la misma facilidad que una línea de envasado.

El grueso del dinero no va a los proyectos más cómodos, sino a los procesos donde apagar el gas resulta más difícil y más caro.

La letra pequeña: la ayuda concedida no es emisión evitada

ayudas descarbonización 2026

Conviene separar dos cosas que el anuncio tiende a mezclar. La concesión de 518,2 millones adjudica inversión, no resultados. Que una fábrica reciba fondos para instalar un horno eléctrico no acredita que las toneladas de CO2 ya se hayan dejado de emitir; eso se comprueba cuando la instalación opera y reporta sus datos.

El presupuesto financiable conjunto asciende a 1.250,8 millones de euros. Cada euro de ayuda pública moviliza de media unos 2,4 euros de inversión privada. La ratio lo dice todo.

Cada solicitud debía concentrar sus actuaciones en una misma planta y acreditar que al menos una de ellas reduce emisiones de forma directa. Se evita así el proyecto de folleto: fotovoltaica decorativa sin efecto real sobre el proceso productivo.

📊 Impacto ecológico en cifras

  • Inversión financiable: 1.250,8 millones de euros en 17 proyectos, con 518,2 millones de ayuda pública ya concedida.
  • Efecto palanca: cada euro de subvención moviliza 2,4 euros de inversión total.
  • CO2 evitado: no detallado en la resolución para esta convocatoria; el PERTE fija un objetivo global de 13 millones de toneladas al año.
  • Equivalencia territorial: ocho comunidades autónomas, con Cataluña (264 millones) y Castilla y León (119,6 millones) a la cabeza.

Cemento, vidrio y papel: la tecnología que apaga el gas

La electrificación de procesos es la solución más repetida. Sustituye el gas natural por calderas eléctricas, hornos eléctricos, o bombas de calor. Muchos proyectos la combinan con calor renovable de biomasa o de solar térmica, con fotovoltaica de autoconsumo y con baterías para ajustar la demanda a la producción.

Dos expedientes rompen el patrón. La planta de hidrógeno renovable que Evonik pondrá en marcha en La Zaida (Zaragoza), asociada a una caldera eléctrica y dotada con 30,2 millones de euros, y la instalación de captura de CO2 de Votorantim en Toral de los Vados (León), la única de su tipo en esta convocatoria. Son la excepción, no la norma.

La nómina completa incluye 17 plantas. Estas son las ayudas más cuantiosas:

  • Cemex (Alcanar, Tarragona): 200 millones de euros para descarbonizar su planta de cemento.
  • Votorantim Cementos (Toral de los Vados, León): 119,6 millones para captura de CO2.
  • Aluminio Español (San Ciprián, Lugo): 40,4 millones para la cocción de ánodos.
  • Unión Industrial Papelera (La Pobla de Claramunt, Barcelona): 38,2 millones con cogeneración de biomasa.
  • Evonik (La Zaida, Zaragoza): 30,2 millones entre caldera eléctrica e hidrógeno renovable.

Por debajo quedan Rockwool (18,2), Intermalta (13), Crisnova Vidrio (11,9), Industrias del Tablero (10,8), Covestro (8,1), Castellar Vidrio (6,7), Papelera de Brandía (5,4), IQOXE (4), Croda Ibérica (3,9), Axima Servicios Energéticos para la planta de Danone en Aldaia (3,5), Ercros (2,6) y Conservas Vegetales de Extremadura (1,6).

Lo que este reparto revela de la industria española

El PERTE de Descarbonización Industrial maneja 3.170 millones de euros de inversión pública y aspira a movilizar 11.800 millones, crear 8.000 empleos y recortar 13 millones de toneladas de CO2 al año. Esta convocatoria adjudica algo más del 16% de ese presupuesto público en una sola resolución.

Lo que merece atención no es el importe, sino la concentración. Cemento y vidrio, los procesos más difíciles de descarbonizar y los que más emisiones generan, se llevan la mayor parte del dinero. Tiene lógica industrial: son las plantas donde el coste de no actuar es más alto y donde la tecnología disponible todavía no compite en precio sin apoyo público. El riesgo es que el programa quede en una subvención puntual al capex y no en una palanca estructural de la industria.

A efectos de emisiones, la convocatoria es un compromiso con fecha de verificación pendiente. Queda la verificación: los expedientes tendrán que demostrar con datos de operación que el horno eléctrico, la bomba de calor o la captura funcionan como prometían. Ahí se sabrá si los 518,2 millones compran descarbonización real o solo modernización contable.

🌍 El Impacto Real para el Futuro

  • Beneficio medible: 17 plantas dejarán de quemar gas o carbón en procesos clave, con 1.250,8 millones de euros de inversión financiable asociada.
  • Modelo que cambia: el calor industrial deja de ser un coste fósil inevitable y pasa a gestionarse con electricidad, biomasa y calor solar.
  • Para las próximas generaciones: si el PERTE cumple su objetivo de 13 millones de toneladas de CO2 evitadas al año, las comarcas industriales respirarán un aire mediblemente más limpio.

Apple refuerza los permisos de Mac frente a la IA tras el escándalo de Meta Muse

Sara Olmedo
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Apple refuerza los permisos de Mac frente a la IA tras el escándalo de Meta Muse

Apple restringe los permisos de acceso total al disco en el Mac ante el riesgo que, según la propia compañía, representan los agentes de IA. La medida llega semanas después de que Muse, el asistente de Meta, conociera el contenido de los mensajes de un periodista sin autorización explícita.

Claves de la operación

  • El permiso más amplio de macOS deja de concederse en un clic. Apple exige ahora una acción explícita del usuario para entregar a una aplicación el acceso total al disco, el nivel que permite leer correo, mensajes y copias de seguridad.
  • El detonante se llama Muse y apunta a Meta. Un periodista de Inc comprobó que el asistente conocía sus mensajes sin haberle dado permiso; la compañía responde que ese acceso es completamente opcional.
  • La privacidad regresa como argumento comercial. Apple se diferencia de Microsoft y Google en plena carrera por los agentes que operan el escritorio, con la vista puesta en el marco regulatorio europeo.

La llave maestra del Mac deja de entregarse a la primera

La compañía confirmó el viernes una actualización de sus controles con un objetivo declarado: que quien quiera conceder a una aplicación ese nivel extraordinario de acceso lo haga mediante una acción muy explícita del usuario. El cambio lo adelantó TechCrunch y lo recogen The Verge y Ars Technica en sus respectivas crónicas. El permiso no desaparece, pero la barandilla se eleva: la aplicación deja de heredar el acceso por inercia y el usuario tiene que volver a decidirlo.

El acceso total al disco es la llave maestra de macOS: permite a un programa leer datos que el sistema protege por defecto, desde los archivos de correo, los mensajes, y el historial de navegación hasta las copias de seguridad. Es un permiso diseñado para utilidades de diagnóstico, herramientas de copia y programas antivirus. Un agente de IA que lo obtiene puede leer la vida digital entera de su dueño, sin que medie un aviso por cada archivo.

Meta Muse, el episodio que precipita el cambio

privacidad agentes IA

El caso que empuja a Apple tiene nombre propio. El periodista Jason Aten, de la revista Inc, descubrió que el asistente Muse de Meta conocía el contenido de sus mensajes sin que él hubiera concedido permiso alguno, ni en el iPhone ni en el ordenador. Apple no cita el episodio, pero la coincidencia temporal pesa demasiado como para tratarse de una casualidad.

Meta rechazó esa lectura. Su portavoz, Andy Stone, sostuvo que el acceso a los mensajes es completamente opcional y que es el usuario quien lo autoriza. La réplica no explica de dónde salió la información que el asistente manejaba, y ahí está el nudo del asunto: la frontera entre el dato autorizado y el dato inferido se ha vuelto opaca.

El episodio deja una pregunta incómoda para toda la industria de asistentes. Los nuevos agentes no se limitan a responder: leen archivos, mueven documentos y ejecutan tareas en el escritorio en nombre del usuario. Cada una de esas funciones exige permisos que hasta ahora se concedían en un clic y se olvidaban para siempre. Una casilla olvidada se convirtió en una puerta abierta.

Un permiso que se concede una vez y se olvida durante años es exactamente el tipo de rendija que un agente de IA aprende a explotar.

Qué se juega Apple: la privacidad como escudo y como negocio

Apple lleva años vendiendo privacidad como atributo de producto, y esa posición tiene precio para sus rivales. El precedente más claro es la transparencia sobre el rastreo de aplicaciones, que en 2021 obligó a pedir permiso antes de seguir al usuario entre apps: Meta estimó en 10.000 millones anuales el golpe a su publicidad. Aquella medida no fue una decisión técnica, fue una jugada competitiva que impactó justo donde más dolía. El movimiento de ahora responde a una lógica parecida, aunque el argumento declarado sea la seguridad. La política de privacidad de la compañía funciona como escudo comercial justo cuando Microsoft y Google aceleran con agentes capaces de operar el escritorio.

Hay una segunda capa que conviene mirar con distancia. Los controles nuevos elevan la fricción, pero no cambian la arquitectura: el acceso total al disco sigue existiendo y sigue siendo concedible. Un usuario que lo active por costumbre volverá a abrir la puerta. Y el efecto colateral incomoda a los desarrolladores: utilidades legítimas de accesibilidad, copia o mantenimiento verán más pasos y más avisos, mientras los agentes que solo necesitan mirar la pantalla seguirán operando por otra vía. La barrera es de fricción, no de diseño.

En Europa la conversación tiene un marco propio. El Reglamento General de Protección de Datos obliga a recabar el consentimiento de forma informada y a limitar los datos a lo necesario para cada finalidad, un principio que choca frontalmente con la lógica de un agente que lee todo para acertar más. Para el usuario español, la comprobación empieza en Ajustes del Sistema, dentro de Privacidad y seguridad: ahí aparece la lista de aplicaciones con acceso total al disco, y ahí conviene revisar qué hay, con qué motivo y desde cuándo.

Lo que Apple no ha resuelto, y probablemente no pueda resolver en solitario, es el problema de fondo. Un asistente que solo ve lo que el usuario le enseña también puede deducir aquello que nadie le enseñó. La puerta se cierra un poco; la interpretación, no. El siguiente hito será comprobar con qué alcance aterrizan estos controles en la próxima versión de macOS y si la compañía traslada la misma exigencia al iPhone y al iPad, donde el asistente convive con las mismas conversaciones. Si la respuesta llega solo al ordenador, la contradicción quedará a la vista.

El Tribunal Supremo condena a Cofidis a indemnizar con 2.000 euros a una clienta por incluirla en ficheros de morosos

Carlos V Vega
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El Tribunal Supremo condena a Cofidis a indemnizar con 2.000 euros a una clienta por incluirla en ficheros de morosos

La Sala Primera del Tribunal Supremo condena a Cofidis a indemnizar con 2.000 euros a una clienta por incluirla en el fichero de morosos ASNEF. La sentencia 1314/2026 estima el recurso de casación y revoca las resoluciones previas del Juzgado de Primera Instancia nº3 de Zaragoza y de la Audiencia Provincial de Zaragoza.

EN 30 SEGUNDOS

  • ¿Qué ha resuelto el tribunal? La Sala Primera del Tribunal Supremo estima el recurso de casación y declara la intromisión ilegítima en el derecho al honor de la clienta de Cofidis por su inclusión en ASNEF.
  • ¿Qué base jurídica aplica? El artículo 18.1 de la Constitución y la Ley Orgánica 1/1982; la deuda no reunía el requisito de certeza exigible al estar seria y fundadamente cuestionada en sede judicial.
  • ¿Qué impacto tiene? Consolida la doctrina que impide inscribir en ficheros de morosos deudas controvertidas y eleva el estándar de diligencia exigible a las entidades acreedoras.

Los antecedentes: una deuda discutida en sede judicial

En abril de 2022, la clienta mantenía con Cofidis un contrato de financiación. En esa fecha presentó una reclamación extrajudicial en la que sostenía el carácter usurario del préstamo y exigía la eliminación de las cláusulas abusivas y la restitución de las cantidades indebidamente cobradas. La vía previa no prosperó.

El 3 de junio de 2022 presentó demanda contra la entidad de crédito solicitando la nulidad del préstamo por usura. El 6 de octubre de 2022, Cofidis inscribió sus datos en el fichero de solvencia patrimonial ASNEF. La inscripción se mantuvo hasta abril de 2023, lo que motivó una segunda demanda en julio de 2023 por intromisión ilegítima en el derecho al honor.

La sentencia 275/2024, de 17 de abril, dictada por el Juzgado de Primera Instancia nº3 de Zaragoza, desestimó las pretensiones. Argumentó que el contrato contemplaba la inclusión en ficheros de insolvencia y que no constaba que Cofidis conociera la demanda por usura antes de la inscripción. La Audiencia Provincial de Zaragoza confirmó el fallo en la sentencia 334/2024.

El fallo: intromisión ilegítima y 2.000 euros de indemnización

El recurso de casación llegó ante la Sala Primera del Tribunal Supremo, integrada por los magistrados Mª Ángeles Parra Lucán, José Luis Seoane Spiegelberg, Antonio García Martínez —ponente—, Manuel Almenar Belenguer y Raquel Blázquez Martín. La sentencia estima las pretensiones de la clienta y declara la intromisión ilegítima en su derecho al honor. El tribunal razona que la entidad conocía la conflictividad del negocio y la posibilidad de que la controversia llegara a los tribunales antes de la inscripción.

La inclusión de una deuda seria y fundadamente cuestionada en un fichero de morosos vulnera el derecho al honor, con independencia de que el emplazamiento judicial sea posterior a la inscripción.

La resolución subraya que el hecho de que el emplazamiento fuera posterior a la inclusión no permite concluir que la deuda reuniera el requisito de certeza, pues la entidad ya conocía que la validez del negocio estaba siendo seria y fundadamente cuestionada. A ello se suma que Cofidis no canceló la inscripción hasta abril de 2023, después de conocer la demanda por usura.

El fallo condena a Cofidis a indemnizar a la clienta con 2.000 euros por daños morales. La estimación del recurso revoca las decisiones de instancia y apelación. La resolución no impone condena en costas.

derecho al honor

La Doctrina del Tribunal

La resolución fija el estándar de diligencia exigible a las entidades acreedoras antes de inscribir a un deudor en ficheros de morosos. El artículo 18.1 de la Constitución y la Ley Orgánica 1/1982, de 5 de mayo, configuran el marco de protección, mientras que la exigencia de certeza de la deuda opera como límite material. La doctrina anterior, plasmada en las sentencias 275/2024 y 334/2024, sostenía que la inclusión era lícita si la entidad no conocía formalmente la demanda al tiempo de la inscripción. El Tribunal Supremo invierte ese criterio.

El cambio de criterio tiene consecuencia inmediata para la práctica procesal. Las entidades no pueden ampararse en el desconocimiento formal del emplazamiento cuando consta una reclamación previa que evidencia la conflictividad del negocio. El método interpretativo empleado es teleológico: el tribunal atiende a la finalidad de los ficheros de solvencia patrimonial, que es la constatación de una solvencia cierta, no la mera anotación de una deuda discutida. La jurisprudencia del Tribunal Supremo ya imponía cancelar la inscripción una vez conocida la controversia.

La sentencia afecta a un volumen relevante de litigios por inclusión en ficheros de morosos, materia con doctrina consolidada del Tribunal Supremo en torno al requisito de certeza y a la cancelación inmediata. Los abogados que litigan en este ámbito disponen ahora de un argumento reforzado: la existencia de una reclamación previa acredita el conocimiento de la entidad y desplaza la carga de la diligencia hacia el acreedor.

El fallo no impone condena en costas. La sentencia agota la vía ordinaria y solo cabe frente a ella la eventual vía de amparo ante el Tribunal Constitucional. La doctrina desplegará efectos inmediatos y vincula a los juzgados de primera instancia en los asuntos pendientes sobre inclusión indebida en ficheros de solvencia patrimonial.

FICHA DEL CASO

  • El caso: Demanda por intromisión ilegítima en el derecho al honor contra Cofidis por la inclusión de los datos de una clienta en el fichero de morosos ASNEF mientras su deuda se discutía en un procedimiento judicial por usura.
  • Datos importantes: Sentencia 1314/2026 de la Sala Primera del Tribunal Supremo; artículo 18.1 de la Constitución y Ley Orgánica 1/1982; indemnización de 2.000 euros por daños morales; revocación de las sentencias 275/2024 y 334/2024; sin costas.
  • Fecha de los juicios: Inscripción en ASNEF el 6 de octubre de 2022; cancelación en abril de 2023; sentencia de instancia de 17 de abril de 2024; sentencia de casación 1314/2026.
  • Personas acusadas y por qué: N/A. Litigio civil entre una consumidora y una entidad de crédito, sin acusados en el orden penal.

Lyft pagará 272,5 millones a sus conductores en California: la mayor indemnización de la gig economy

Sara Olmedo
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Lyft pagará 272,5 millones a sus conductores en California: la mayor indemnización de la gig economy

La indemnización de Lyft a sus conductores en California asciende a 272,5 millones de dólares. El acuerdo, anunciado por la Fiscalía General del Estado y los fiscales municipales de tres ciudades californianas, cierra seis años de litigio sobre la clasificación laboral de los conductores y deja a Uber sola ante la Justicia.

Claves de la operación

  • 272,5 millones por robo de salario. La acusación sostiene que Lyft clasificó a sus conductores como autónomos en lugar de empleados entre 2016 y 2020, una práctica que la fiscalía califica de wage theft. El pago evita el juicio.
  • Uber sigue en el punto de mira. La demanda original, presentada en mayo de 2020, se dirigió contra las dos compañías de movilidad. Solo Lyft ha firmado; el procedimiento contra Uber continúa abierto.
  • El precedente pesa más que el cheque. Otras plataformas de movilidad y reparto operan con modelos contractuales equivalentes en Estados Unidos y en Europa, donde España ya forzó la reclasificación de los repartidores con la Ley Rider.

El litigio que arrancó un fiscal con ambición de gobernador

La causa se remonta a mayo de 2020, cuando el entonces fiscal general de California, Xavier Becerra, demandó a Uber y a Lyft por entender que ambas compañías eludían la ley estatal al declarar que sus conductores no eran empleados. El origen del expediente es una demanda de hace seis años, presentada en plena pandemia, cuando el desplome de la actividad dejó a miles de conductores sin red de protección laboral. Becerra es hoy el candidato demócrata a la gobernación del estado, lo que convierte el expediente en material político de primer orden.

El núcleo de la acusación es económico. Tratar a un conductor como autónomo ahorra cotizaciones, seguros y garantías salariales; tratarlo como empleado obliga a asumirlas. Esa diferencia, acumulada durante cuatro años y multiplicada por la cifra de conductores activos en el estado, es la que la fiscalía trasladó al juzgado con la etiqueta de wage theft. El acuerdo se limita a los años 2016 a 2020 y deja fuera cualquier reclamación posterior.

Conviene recordar qué está en juego más allá del dinero. La clasificación determina el acceso al seguro de desempleo, a la negociación colectiva y a la cobertura sanitaria en un país donde el empleo es la puerta de entrada a ambas cosas. Durante los meses más duros del confinamiento, la etiqueta de autónomo se tradujo en una ausencia total de red de seguridad para quienes siguieron conduciendo.

Uber queda sola ante el tribunal y ante sus inversores

gig economy California

A partir de ahora la película se parte en dos. Lyft sale del radar judicial con un coste cerrado y contabilizable; Uber mantiene abierta la causa. El procedimiento contra Uber sigue en curso y, por volumen de actividad en el estado, su factura potencial es superior. La asimetría no es menor: en un negocio de márgenes estrechos y competencia por precio, arrastrar una contingencia judicial que el rival ya ha resuelto complica la conversación con los inversores.

Para Lyft, el acuerdo tiene una lectura defensiva. Un pasivo judicial que desaparece del balance vale más que cualquier campaña de imagen, y la dirección recupera el relato de los ingresos por viaje y de la rentabilidad por trayecto. El desglose de los pagos y su impacto contable queda pendiente de detalle, algo habitual en los cierres extrajudiciales de este tamaño.

En la gig economy, el coste de contratar nunca fue el problema. El problema fue siempre el coste de no haber contratado.

El sector mira ahora a dos frentes. El primero es la evolución del caso contra Uber, que puede acabar en una cifra superior o en un pacto de última hora. El segundo es la estela del acuerdo en el resto del país, donde el modelo contractual de las plataformas acumula expedientes desde hace años; la Fiscalía General de California fue la primera en mover ficha y otras jurisdicciones seguirán su rastro. La próxima cita es la del caso de Uber, y su desenlace fijará el precio de referencia para el conjunto de la industria.

España ya jugó esta partida y la jugó al revés

En España no hubo un cheque único. La Ley Rider de 2021 obligó a las plataformas de reparto a contratar a sus repartidores, y el ajuste llegó expediente a expediente, con inspecciones, y sentencias que pusieron contra las cuerdas a Glovo hasta que la compañía anunció el paso a la contratación laboral. España resolvió el mismo conflicto por otra vía, más lenta y más fragmentada, sin un gran acuerdo con la fiscalía.

Ahí está la diferencia que conviene subrayar. En California el coste de la clasificación se ha concentrado en un solo pago y en un solo titular público; en España se ha repartido entre cotizaciones, sanciones y reclamaciones de la Seguridad Social. Ninguna de las dos fórmulas toca el fondo del asunto. El nudo del modelo contractual sigue intacto: la plataforma decide cuándo hay trabajo y cuánto se paga por él, pero se resiste a asumir la condición de empleador. En el IBEX 35 no existe un comparable directo, porque los grandes operadores de movilidad y reparto que cotizan son grupos europeos y la exposición española llega por vía de matrices extranjeras.

Queda la política. Becerra, el fiscal que abrió el fuego en 2020, aspira a gobernar California, y las elecciones de noviembre de 2026 convertirán la regulación de las plataformas en asunto de campaña. Noviembre de 2026 marcará el siguiente capítulo: el caso de Uber seguirá vivo en los tribunales y el precedente de Lyft servirá de vara de medir en cualquier negociación futura. La industria ha ganado tiempo. No ha ganado el argumento.

La Audiencia Provincial de Barcelona rechaza la ‘IA argumento de autoridad’ en la Sentencia 460/2026

Carlos V Vega
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La Audiencia Provincial de Barcelona rechaza la ‘IA argumento de autoridad’ en la Sentencia 460/2026

La Audiencia Provincial de Barcelona rechaza en la Sentencia 460/2026 la inteligencia artificial como argumento de autoridad frente a la acreditación del perjuicio económico alegado.

EN 30 SEGUNDOS

  • ¿Qué ha resuelto el tribunal? La Sección Primera de la Audiencia Provincial de Barcelona, en sentencia de 21 de julio de 2026, desestima el recurso de apelación y confirma íntegramente la resolución de instancia.
  • ¿Qué base jurídica aplica? La jurisprudencia del Tribunal Supremo sobre los sistemas de cálculo de intereses aplicados por las entidades financieras y la exigencia de acreditar el perjuicio en la nulidad del clausulado.
  • ¿Qué impacto tiene? La respuesta de un sistema de inteligencia artificial no dota de autoridad al argumento ni sustituye la prueba. Costas del recurso y pérdida del depósito.

Antecedentes: la cláusula del año comercial de 360 días

El procedimiento enfrentaba a un particular con Banco Sabadell y traía causa de un préstamo hipotecario suscrito en 2005. El demandante solicitaba la nulidad de una cláusula financiera relativa al denominado año comercial de 360 días para el cálculo de los intereses remuneratorios, y reclamaba la devolución de las cantidades que consideraba indebidamente abonadas.

La demanda fue desestimada en primera instancia. El recurso de apelación quedó limitado a determinar la validez de esa cláusula, sin discusión sobre el resto del clausulado. La resolución ha sido dictada por la Sección Primera, con ponencia del magistrado Luis Rodríguez Vega.

Para resolver la controversia, la Sala acude a la jurisprudencia del Tribunal Supremo sobre las fórmulas empleadas por las entidades financieras en el cómputo de intereses. La resolución diferencia entre los sistemas 360/360, 365/365, 365/360 y 360/365, y sitúa el problema en la combinación concreta de base y divisor.

El año comercial de 360 días no perjudica necesariamente al prestatario. El desequilibrio aparece cuando la entidad utiliza una base de 360 días para calcular los intereses y mantiene los 365 días del año natural para computar el tiempo transcurrido, esto es, el sistema 365/360. Según la doctrina citada, ese método puede elevar el tipo de interés en un 1,39% en un año normal y un 1,67% en un año bisiesto.

La respuesta de un sistema de inteligencia artificial no confiere autoridad a un argumento ni sustituye la obligación de acreditar ante el tribunal el perjuicio económico reclamado.

El fallo: sistema 360/360 y falta de acreditación del perjuicio

La Sala concluye que ese supuesto de perjuicio no concurre en el préstamo analizado. De la lectura de la escritura pública se desprende que la cláusula reflejaba 360 días en ambos lados de la fórmula, de modo que el método aplicado era 360/360 y la entidad percibía intereses anuales por 360 días, no por 365.

Por ese motivo, el tribunal descarta que la utilización de la fórmula provocara por sí misma un desequilibrio en perjuicio del consumidor y no considera acreditada la abusividad. El reproche al recurrente es concreto: no concretó la diferencia real en el cálculo de intereses que beneficiaba al banco y perjudicaba al consumidor, cálculo que la propia Sala califica de «revelador».

En lugar de ese cálculo, el recurso se apoyó en lo que la resolución describe como un «sorprendente argumento de autoridad de la inteligencia artificial». El apelante sustituyó así la acreditación del perjuicio por la respuesta de una herramienta: un IA argumento de autoridad que el tribunal no admite como equivalente probatorio.

La sentencia no especifica qué herramienta se utilizó ni reproduce la respuesta obtenida. Tampoco desarrolla una doctrina general sobre el empleo de asistentes conversacionales por abogados o litigantes. El reproche se limita a un supuesto en el que la cuestión podía resolverse mediante un cálculo aritmético sencillo y verificable.

inteligencia artificial justicia

El fallo es desestimatorio. Confirma íntegramente la sentencia del tribunal a quo, impone al recurrente las costas del recurso y la pérdida del depósito constituido para apelar.

La Doctrina del Tribunal

La resolución no establece una regla general sobre el uso de sistemas de inteligencia artificial en el proceso civil. Fija, sin embargo, un criterio operativo relevante: la respuesta de una herramienta de este tipo no constituye fuente de autoridad, no es medio de prueba y no desplaza la exigencia de acreditar el hecho constitutivo de la pretensión. La doctrina anterior del Tribunal Supremo sobre los sistemas de cálculo de intereses se consolida y se aplica aquí con una precisión adicional: el desequilibrio debe identificarse en una fórmula concreta, no en la mera mención del año comercial.

La base jurídica del pronunciamiento se apoya en la interpretación literal del clausulado contenido en la escritura pública, combinada con la doctrina sobre el carácter abusivo de determinadas condiciones financieras. El tribunal no aprecia el desequilibrio significativo que la parte afirmaba y exige su concreción cuantitativa. En la información disponible no consta cita de jurisprudencia del Tribunal Europeo de Derechos Humanos ni del Tribunal de Justicia de la Unión Europea, ni votos particulares que acompañen al fallo.

El impacto para los operadores jurídicos es inmediato en la práctica de los recursos frente a cláusulas de cálculo de intereses. La parte que alegue perjuicio deberá aportar el cálculo diferencial entre sistemas, pues la invocación genérica o el respaldo de una respuesta generada por IA no colman el estándar exigido. La sentencia es susceptible de recurso de casación ante la Sala Primera del Tribunal Supremo si concurre interés casacional, dentro del plazo legal de veinte días desde la notificación. El texto íntegro no consta aún reproducido en el buscador de resoluciones del Consejo General del Poder Judicial.

FICHA DEL CASO

  • El caso: Recurso de apelación civil contra la sentencia desestimatoria de una demanda de nulidad de cláusula de cálculo de intereses (año comercial de 360 días) en un préstamo hipotecario suscrito en 2005. Enfrentaba a un particular con Banco Sabadell.
  • Datos importantes: SAP Barcelona 460/2026, Sección Primera, ponente Luis Rodríguez Vega. Fallo desestimatorio con confirmación íntegra de la resolución de instancia, imposición de costas al recurrente y pérdida del depósito. Sistema aplicado: 360/360. No constan votos particulares en la información disponible.
  • Fecha de los juicios: Sentencia dictada el 21 de julio de 2026. Préstamo hipotecario suscrito en 2005. El texto íntegro no figura aún en el CENDOJ.
  • Personas acusadas y por qué: N/A. Procedimiento civil entre un particular y una entidad financiera, sin acusados ni imputados.

Elecciones Brasil: Lula y Flávio Bolsonaro empatados, en juego el negocio de Telefónica y la banca española

Amparo Soler
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Elecciones Brasil: Lula y Flávio Bolsonaro empatados, en juego el negocio de Telefónica y la banca española

Las elecciones en Brasil llegan este domingo con Lula y Flávio Bolsonaro empatados y el negocio español en juego. Lo que se decida en las urnas brasileñas no se quedará en Brasilia: viajará directo a la cuenta de resultados de media docena de compañías españolas.

El presidente Luiz Inácio Lula da Silva, de 80 años, cerró campaña con un multitudinario acto en Río de Janeiro en el que advirtió de que es el único dique frente al retorno del ‘fascismo’, según recogía The Guardian. El izquierdista busca un histórico cuarto mandato convencido de que solo él puede frenar a la familia de su rival, Flávio Bolsonaro.

Brasil es la mayor economía de América Latina y uno de los mercados exteriores donde más capital español hay invertido. Por eso el empate tecnico entre ambos candidatos tiene a los consejos de administración de Madrid pendientes de los sondeos casi tanto como de los de casa.

Qué se juega Brasil en estas elecciones

Los comicios no llegan en un momento cualquiera. La cita se sitúa entre las más importantes de las últimas décadas, y no es una exageración de titular. El país vuelve a partirse en dos mitades casi idénticas. De un lado, la apelación al miedo al pasado reciente. Del otro, la promesa de un cambio de rumbo.

Conviene recordar que Brasil no solo elige un presidente. El nuevo inquilino del Palacio del Planalto marcará el clima regulatorio del país: política fiscal, concesiones energéticas, reglas para las telecos y trato al capital extranjero. El calendario y la organización de la votación dependen del Tribunal Superior Electoral. Y en ese marco entra España de lleno.

Brasil concentra buena parte de la inversión española fuera de la UE: lo que se decida el domingo se nota en Madrid tanto como en Brasilia.

Por qué el resultado golpea a Telefónica, Santander e Iberdrola

Telefónica es el nombre que más se juega. Su filial brasileña, Vivo, es uno de los mayores operadores de telefonía del país y lleva años pesando en las cuentas del grupo. Un giro regulatorio tras las elecciones, o una subida fiscal sobre el sector, se traduciría de inmediato en millones de euros en un solo mercado.

La banca tampoco se libra. Santander tiene en Brasil una de sus principales filiales internacionales, y BBVA mantiene allí una presencia relevante. Su exposición al riesgo brasileño —tipo de cambio, morosidad, margen financiero— depende en buena parte de la política económica que salga de las urnas. Súmese Iberdrola y su filial Neoenergia, con inversión en redes y renovables que se decide en subastas oficiales.

Y aquí está la clave que casi nadie cuenta: no es lo mismo un Gobierno que prioriza la inversión privada que otro que tensiona el gasto público y revisa contratos. La diferencia entre ambos escenarios se mide en estabilidad y en precio del capital.

Brasil, un mercado que España no se puede permitir perder

No es la primera vez que Brasil pone a prueba la estrategia española. Durante las dos décadas en que nuestras empresas se expandieron por América Latina, el país se convirtió en la joya de la corona: energía, telecomunicaciones y banca. Cada cambio de ciclo político se ha traducido después en ajustes, ventas de activos o nuevas inversiones.

El precedente más útil es el de la última década. Brasil ha alternado Gobiernos con recetas económicas opuestas, y en cada giro el capital extranjero ha tenido que recalcular el riesgo país, el diferencial que se exige a un Estado por su deuda. La lección es sencilla: quien no entiende el ciclo político brasileño, pierde dinero. Para las empresas españolas, la estabilidad institucional vale más que cualquier incentivo puntual.

Lo que conviene seguir a partir del domingo es doble. Primero, cómo queda el Congreso, porque en Brasil se gobierna a golpe de coalición y ninguna reforma sale sin pactos. Segundo, el tono del primer discurso del ganador sobre contratos, concesiones y seguridad jurídica. Ahí se cifra el futuro inmediato de Vivo, Santander Brasil o Neoenergia.

📌 Ficha del Caso

  • Ficha sobre el caso: Brasil celebra este domingo unas elecciones presidenciales con Lula y Flávio Bolsonaro empatados en los sondeos, en un clima de máxima polarización.
  • Datos importantes: Lula, de 80 años, busca un cuarto mandato; el resultado definirá el clima regulatorio y fiscal para las empresas españolas en el país.
  • Resumen: Telefónica (Vivo), Santander, BBVA e Iberdrola tienen en Brasil uno de sus mercados clave, por lo que el resultado afecta directamente al interés español.

Ataque vuelo flydubai: Trump amenaza con golpear muy fuerte a Irán si se confirma su implicación

Alberto Ochoa
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Ataque vuelo flydubai: Trump amenaza con golpear muy fuerte a Irán si se confirma su implicación

Donald Trump ha amenazado con golpear «muy fuerte» a Irán si se confirma su implicación en el ataque al vuelo flydubai 1073. El aparato, que cubría la ruta Dubái-Tel Aviv, perdió unos 17.000 pies de altitud en un minuto el pasado miércoles tras el apuñalamiento del comandante y aterrizó de emergencia en Arabia Saudí, según los datos de Flightradar24 (plataforma pública de seguimiento de vuelos).

El aviso del presidente estadounidense llegó el jueves, un día después del incidente, y coincidió con un refuerzo del despliegue militar estadounidense en la zona. La investigación sigue abierta y no existe todavía una calificación oficial: Emiratos Árabes Unidos la dirige e Israel participa en ella.

Qué ocurrió a bordo del vuelo flydubai 1073

Según la identificación hecha pública por el primer ministro israelí, Benjamín Netanyahu, el comandante es Smit Machchhar, de nacionalidad india, y el copiloto, un ciudadano omaní. De acuerdo con la investigación inicial saudí, el copiloto apuñaló al comandante y trató de hacerse con el control del avión, y varios pasajeros entraron en la cabina para reducirlo.

Una pasajera, Miryam Shira Ohayon, ha descrito que el avión estaba «prácticamente fuera de control» sobre el espacio aéreo de Jordania y ha atribuido el desenlace a la reacción de los pasajeros que neutralizaron al copiloto.

La aerolínea, flydubai, ha confirmado que otra tripulación de la compañía que viajaba a bordo como pasaje aterrizó el aparato y ha suspendido sus vuelos a Israel mientras continúe la investigación. Los pasajeros, en su mayoría israelíes, viajaron después a Israel en un vuelo de reemplazo y fueron recibidos como héroes.

El Gobierno indio ha respaldado al comandante herido: el primer ministro Narendra Modi lo ha calificado de «héroe» por haber ayudado a salvar vidas. El presidente israelí, Isaac Herzog, distinguirá a cinco israelíes que ayudaron a reducir al copiloto.

Ninguna autoridad ha calificado aún el ataque como terrorismo: la investigación emiratí decidirá si fue un intento de atentado o un episodio con otro móvil.

La amenaza de Trump y el despliegue militar estadounidense en el Golfo

Trump Irán

Preguntado en la Casa Blanca por la posible vinculación de Irán, Trump respondió que, «según lo que estoy escuchando», la respuesta es sí, aunque añadió que su Administración sigue trabajando en el asunto. Sobre una eventual represalia fue más explícito: «Serán golpeados muy fuerte, no te preocupes».

La amenaza coincidió con un refuerzo de la presencia militar estadounidense en la zona. El medio Axios ha informado de que Washington ha enviado baterías adicionales de misiles Patriot a Arabia Saudí y Catar.

El citado informe añade que el portaaviones USS Theodore Roosevelt y su grupo de ataque (el portaaviones y sus buques de escolta) se dirigen a Oriente Medio, donde podrían sumarse a otros dos grupos ya desplegados.

La investigación emiratí: terrorismo, móvil personal o ambas hipótesis

El fiscal jefe de Emiratos Árabes Unidos ha anunciado que los investigadores examinarán si hubo «actividad o intención terrorista». Arabia Saudí ha señalado que sus primeras pesquisas apuntan a que el copiloto atacó al comandante y que lo ha entregado a Emiratos con un equipo de seguridad emiratí. Israel interroga ya al copiloto, según Reuters.

Netanyahu ha afirmado en una entrevista televisiva que el sospechoso había recibido «adoctrinamiento radical islamista» y que «está claro que era suicida», sin aportar pruebas. En una entrevista anterior no descartó que el móvil estuviera relacionado con un problema de salud mental.

El primer ministro israelí ha añadido que Israel revisará cómo el copiloto pudo ser autorizado a operar vuelos con destino al país: «Tenemos restricciones que impiden contar con pilotos de países que no mantienen relaciones diplomáticas con Israel», ha declarado. Emiratos dirige la investigación y Israel participa en ella.

No hay por ahora calificación oficial de terrorismo.

El impacto para España y para el tablero europeo

Para España, el episodio abre tres frentes. El primero es la aviación civil: los vuelos entre Europa e Israel operan por rutas que atraviesan el Mediterráneo oriental, y cualquier deterioro de la seguridad aérea obliga a las compañías europeas a revisar horarios y trayectos.

El segundo es la energía. Una perturbación del tráfico en el estrecho de Ormuz, por donde circula buena parte del crudo y del gas que llegan a Europa, se trasladaría con rapidez al precio de la electricidad y de los carburantes.

En el plano militar, España mantiene bases de uso conjunto con Estados Unidos, como Rota y Morón, y participa en la misión naval europea desplegada en el mar Rojo.

La calificación final del ataque determinará la respuesta diplomática europea. Un atentado con autoría estatal tendría consecuencias inmediatas en Bruselas; un episodio individual mantendría la presión sobre Teherán en el terreno de las sanciones.

Lo esencial

  • 📌 ¿Qué ha ocurrido? El copiloto del vuelo flydubai 1073 atacó al comandante y el avión aterrizó de emergencia en Arabia Saudí el pasado miércoles.
  • 👤 ¿Quiénes están implicados? Un copiloto omaní bajo investigación emiratí, el comandante indio Smit Machchhar, herido, y el presidente de EE.UU., Donald Trump.
  • ⏭️ ¿Qué pasa ahora? Emiratos y Arabia Saudí continúan la investigación, Israel interroga al copiloto y Washington mantiene el refuerzo militar en el Golfo.

El DOJ descarta reabrir la investigación penal contra Jerome Powell tras el informe del inspector general

Jack Williams
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El DOJ descarta reabrir la investigación penal contra Jerome Powell tras el informe del inspector general

EN 30 SEGUNDOS

  • ¿Qué ha pasado? El fiscal general Todd Blanche confirma que el Departamento de Justicia no reabrirá la investigación penal contra Jerome Powell por la reforma de la sede de la Reserva Federal.
  • ¿Quién está detrás? El inspector general del banco central, que no halló delito pero sí deficiencias graves de gestión en una obra de 2.400 millones de dólares.
  • ¿Qué impacto tiene? El frente judicial se cierra, de momento. Para España, lo relevante es el coste de la deuda y la confianza del mercado en la independencia del banco central.

El Departamento de Justicia cierra la investigación sobre Jerome Powell: el inspector general no halló delito.

El fiscal general Todd Blanche lo confirmó el viernes a Bloomberg: ‘No vamos a reabrir una investigación penal contra él’. Con esa frase zanjaba la vía penal abierta por la reforma de la sede del banco central, un proyecto de 2.400 millones de dólares en Washington. Blanche se declara satisfecho con el inspector general, el órgano de control interno que vigila la gestión de la Reserva Federal.

Qué encontró el inspector general y qué implica su informe

El informe, difundido esta semana, repasa las obras y detecta deficiencias significativas en la gestión y la supervisión del proyecto. No aprecia prueba alguna que justifique una remisión penal ni una declaración de mala conducta administrativa. Puede haber mala gestión, pero no hay delito. La distinción separa la crítica política de la responsabilidad jurídica.

La causa nace de las acusaciones de que Jerome Powell mintió en su testimonio ante el Senado en 2025 sobre las obras. Powell anunció en enero de este año que el Departamento de Justicia lo investigaba. Los fiscales archivaron después el expediente, en parte porque el proceso enturbió la confirmación de Kevin Warsh, el elegido por Donald Trump para dirigir el banco central. La sombra del caso se cruzó con el relevo en la institución que fija el precio del dinero.

Blanche no ha cerrado la puerta del todo. Deja abierta la posibilidad de reabrir la causa si aparecen pruebas nuevas: la Reserva Federal contratará un auditor independiente para revisar el coste de la obra. ‘Si descubren algo que constituya algún tipo de delito, puede apostar que lo vamos a investigar’, añadió. Cerrar un expediente no es lo mismo que enterrarlo.

Trump había pedido a Blanche que estudiara el informe y ‘determinara qué hacer’ con los sobrecostes, y sostiene que Powell debería dimitir. Powell no está expuesto por ese flanco: su mandato al frente del consejo terminó el 15 de mayo, aunque conserva su escaño como gobernador hasta 2028.

El caso Powell importa menos por lo que dice de Powell que por lo que revela sobre la independencia de la Reserva Federal.

Por qué esta decisión importa en España: deuda, hipotecas y bancos

Reserva Federal

La investigación sobre Jerome Powell es una historia americana con traducción española muy concreta. Cada décima de prima de riesgo se convierte en cientos de millones de euros adicionales de intereses para un Tesoro que coloca deuda cada mes. La Reserva Federal marca la referencia global de los tipos: un recargo por riesgo político en la deuda americana se contagia al resto de emisores, España incluida.

Hay más canales. Santander y BBVA tienen negocio bancario relevante en Estados Unidos, e Iberdrola, vía Avangrid, opera en el mercado energético americano. Una Reserva Federal percibida como menos independiente encarece la financiación de todas ellas. El mercado ya lo descuenta.

El tipo de cambio euro-dólar se mueve con cada señal del banco central. Un dólar débil abarata el turismo americano en España y encarece las exportaciones españolas, aceite de oliva, vino, maquinaria, en el mercado americano. Nada se rompe con un solo informe. Pero se acumula.

La Lógica de Washington

La lógica interna se entiende mejor mirando lo que preocupa en la Casa Blanca que lo que preocupa en los tribunales. La reforma arrancó con una estimación muy inferior a los 2.400 millones finales, y Trump convirtió ese desfase en un símbolo: el de un banco central que gasta sin control y que se resistía a bajar los tipos. Para su electorado es la historia de siempre, una burocracia que no rinde cuentas. Un fiscal general que no persigue penalmente ese desfase, pero deja abierta una auditoría, gestiona justo esa expectativa.

La coalición que sostiene esta presión es más amplia de lo que parece: convive el ala populista, que quiere someter a la Reserva Federal al mismo escrutinio que a cualquier agencia federal, con el ala financiera del Partido Republicano, partidaria de tipos más bajos, y de menos capital inmovilizado.

Nixon presionó a Arthur Burns en los años setenta para que aflojara la política monetaria antes de unas elecciones, y aquello terminó en la inflación desbocada de la década. Desde entonces, cada presidente aprende la lección a medias: conviene influir en el banco central, pero no conviene parecer que se le dan órdenes.

La lectura estratégica es otra: el Departamento de Justicia ha hecho lo que se espera de una fiscalía cuando el inspector general no encuentra delito. Cerrar. El fiscal general se reserva la auditoría como vía futura, lo que mantiene la presión latente sin reabrir nada.

La incógnita es si el mercado dejará de distinguir entre supervisión legítima y presión política. Washington no pide permiso. La próxima ventana no es judicial, sino monetaria: la reunión del FOMC (el Comité Federal de Mercado Abierto, el órgano que decide los tipos en la Reserva Federal) y el informe del auditor independiente, previsto en las próximas semanas.

Ficha del Caso

  • El caso: El Departamento de Justicia descarta reabrir la investigación penal contra Jerome Powell después de que el inspector general no apreciara delito en la reforma de la sede del banco central.
  • Datos clave: Obra de 2.400 millones de dólares; sobrecostes superiores a 1.000 millones según Trump; mandato de Powell como presidente del consejo agotado el 15 de mayo; escaño como gobernador hasta 2028.
  • Para España: Menos confianza en el banco central implica más prima de riesgo, financiación más cara para el Tesoro, hipotecas variables más sensibles y más coste para Santander, BBVA e Iberdrola.

Eneva advierte a Venezuela: sin reforma del gas no llegará la inversión que espera Repsol

Amparo Soler
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Eneva advierte a Venezuela: sin reforma del gas no llegará la inversión que espera Repsol

Venezuela duerme sobre una de las mayores reservas de gas del planeta y, aun así, apenas la aprovecha. La brasileña Eneva lo ha dicho sin rodeos: sin una reforma del gas en Venezuela, la inversión extranjera no llegará. Y esa advertencia tiene un destinatario indirecto en España: Repsol.

Vamos por partes, porque la historia importa. Eneva SA, con sede en Río de Janeiro, quiere transformar el gas natural venezolano —largamente descuidado— en otras formas de energía. No es un capricho: la compañía proyecta convertirlo en líquidos derivados, electricidad, metanol y gases industriales. Productos con mercado. El obstáculo no está bajo tierra, sino en los despachos.

Qué pide Eneva para despertar el gas venezolano

El director general de Eneva para Venezuela, Iván Betancourt, lo explicó en una conferencia del sector celebrada en Caracas con entradas agotadas. El país necesita, dijo, ‘armonizar el marco regulatorio’. Traducido: hoy conviven normas separadas para los hidrocarburos, el gas y la electricidad, y ese laberinto desanima a quien quiera invertir a lo grande.

La comparación con Brasil aclara el problema. Allí, Eneva se ha especializado en desarrollar yacimientos remotos de gas seco para generar electricidad. En Venezuela, en cambio, la mayor parte del gas es rico en líquidos, algo que su propio responsable describe como ‘un desafío, pero también una gran oportunidad’.

Eneva evalúa yacimientos maduros —de menor producción, pero cerca de infraestructuras y logística— junto al lago de Maracaibo, al oeste, o en el norte de Monagas, al este. Y mira de reojo la Faja del Orinoco, uno de los mayores depósitos del mundo, aunque también uno de los más complejos técnicamente.

Con la estatal Petróleos de Venezuela (Pdvsa), Eneva mantiene conversaciones directas para firmar un memorando de entendimiento antes de que acabe el año. Betancourt describió a la petrolera pública como ‘muy receptiva’. Por si fuera poco, la firma brasileña ya ha sellado un acuerdo no vinculante y no exclusivo con Halliburton para explorar oportunidades en el país.

Sin reglas estables no hay inversión: el gas venezolano seguirá bajo tierra mientras Caracas no ordene su marco regulatorio.

Por qué la advertencia llega directa a Repsol

Aquí está la clave para España. Repsol lleva décadas en el sector energético venezolano y su futuro allí depende del mismo marco regulatorio que Eneva reclama. Si Caracas no ordena sus normas, la inversión que espera la petrolera española seguirá bloqueada. Y no es un asunto menor en un mundo donde el gas se ha convertido en un activo geopolítico de primer orden.

Repsol Venezuela

Repsol no es la única interesada, pero sí la más visible desde España. La compañía ha sobrevivido a nacionalizaciones, sanciones y cambios de Gobierno, siempre con la vista puesta en un país que atesora las mayores reservas de crudo del mundo. Cada vez que Caracas promete estabilidad jurídica, Madrid escucha con atención. Cada vez que la incumple, la factura la pagan las cuentas de resultados.

Lo que la historia enseña sobre las reformas que nunca llegan

No es la primera vez que Venezuela promete ordenar su casa energética. En 2007, el Gobierno de Hugo Chávez nacionalizó los grandes proyectos de la Faja del Orinoco y obligó a las petroleras extranjeras a renegociar sus participaciones. Repsol fue una de las que aceptó las nuevas reglas para seguir en el negocio; otras, como ExxonMobil y ConocoPhillips, prefirieron el arbitraje internacional y se marcharon. Aquella decisión marcó un antes y un después en la relación del país con el capital extranjero.

Conviene recordar que el problema venezolano nunca ha sido la falta de recursos, sino la falta de reglas estables. El país tiene gas de sobra y, al mismo tiempo, una maraña administrativa que ahuyenta el capital. Eneva propone lo contrario: simplificar para poder monetizar. Es el mismo diagnóstico que repiten desde hace años las grandes energéticas europeas.

Europa, mientras tanto, observa con atención. El continente busca diversificar sus fuentes de gas y Venezuela aparece en esa lista, aunque con muchas reservas. La clave no está en cuánto gas duerme bajo tierra, sino en si el marco legal permite sacarlo sin sobresaltos. Y ahí, hoy por hoy, la respuesta sigue siendo no.

¿Y si la reforma no llega? Entonces el gas venezolano seguirá sin aprovecharse y firmas como Repsol mantendrán sus planes en el cajón. Los próximos meses serán decisivos: Eneva aspira a cerrar su memorando con Pdvsa antes de fin de año y, si lo firma, será una señal para todo el sector. De ese desenlace dependerá, en buena medida, si el gas venezolano despierta o sigue dormido otra década.

📌 Ficha del Caso

  • Ficha sobre el caso: La brasileña Eneva condiciona su inversión en el gas venezolano a una reforma regulatoria que armonice las normas de hidrocarburos, gas y electricidad.
  • Datos importantes: Eneva negocia un memorando con Pdvsa antes de fin de año y ya tiene un acuerdo no vinculante con Halliburton. Repsol mantiene intereses históricos en el país.
  • Resumen: Sin reglas estables, Venezuela no monetizará su gas y España verá frenada la inversión que compañías como Repsol esperan en el país.

El Senado desafía el pacto de IA de Trump con una ley que lleva a las tecnológicas a los tribunales

Jack Williams
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El Senado desafía el pacto de IA de Trump con una ley que lleva a las tecnológicas a los tribunales

La regulación de la IA en Estados Unidos vuelve al Senado: dos senadores rompen el pacto de autorregulación de Donald Trump.

Una ley bipartidista para meter los agentes de IA en el Código Penal

El republicano Josh Hawley, de Misuri, y el demócrata Chris Murphy, de Connecticut, anunciaron este jueves un proyecto de ley que expone a operadores y desarrolladores de agentes de inteligencia artificial a sanciones penales y civiles cuando esos agentes hackean otros sistemas. El texto se apoya en la Computer Fraud and Abuse Act —la CFAA, la ley federal contra el fraude informático que data de 1986— y la extiende por primera vez a los daños provocados por sistemas autónomos.

La medida va más allá de la responsabilidad privada. Permitiría al fiscal general de Estados Unidos y a los fiscales estatales demandar a las compañías que ejecuten o intenten ejecutar ciberataques mediante agentes de IA. La novedad no es el castigo, sino a quién alcanza: a los directivos que aprobaron el despliegue. ‘Estos agentes de IA están cometiendo ciberataques. Si las grandes tecnológicas van a diseñar agentes que causan estragos, más les vale responder por los daños’, defendió Hawley en el comunicado de su oficina. ‘Hackear es un delito, y cuando los agentes de IA lanzan ciberataques peligrosos, las empresas y los ejecutivos responsables deben rendir cuentas’, añadió Murphy.

El anuncio llega dos días después de que Trump explicara ante la prensa que había acordado con una coalición de líderes tecnológicos un pacto voluntario para self police —vigilarse a sí mismos— el desarrollo de la tecnología. ‘Veo una autorregulación tremenda. Y entienden que tienen que autorregularse’, dijo el martes. En el Capitolio la recepción ha sido otra. Hawley, en una audiencia del subcomité de Seguridad Nacional, insistió en que los modelos frontera son ‘un producto’ y que si un agente mal construido tumba la sala de urgencias de un hospital, los responsables son quienes lo fabricaron. Richard Blumenthal calificó el compromiso presidencial de ‘peor que ineficaz’.

Dos modelos regulatorios y una factura que también llega a España

La Casa Blanca no ve urgencia: Jay Clayton, director de Inteligencia Nacional, recordó el miércoles en la CNBC que ya existen leyes de protección al consumidor, normas de responsabilidad de producto y el Departamento de Justicia para intervenir por sectores. Bruselas regula justo al revés. El reglamento europeo de IA despliega obligaciones por fases y castiga los incumplimientos con hasta 35 millones de euros o el 7% del volumen de negocio global. Dos filosofías opuestas que ahora podrían converger por la vía judicial.

Compañías con negocio relevante en el mercado estadounidense —de Santander y Telefónica Tech a Inditex o Iberdrola— ya despliegan agentes de IA en atención al cliente, análisis de riesgo crediticio, mantenimiento de redes y logística. La CFAA se aplica en en el servidor donde se produce el daño: si el dato se aloja en Virginia o en California, el pleito se dirime allí. La exposición no depende de la sede social.

Washington no discute si la IA es peligrosa. Discute quién firma el cheque cuando un agente autónomo deja sin luz a un hospital.

Para Madrid hay una lectura incómoda y otra favorable. La incómoda: la doble conformidad —AI Act en Europa, régimen de responsabilidad en Estados Unidos— encarece cada despliegue. La favorable: quien ya documenta riesgos para la Agencia Española de Supervisión de la Inteligencia Artificial, con sede en A Coruña, parte con ventaja si Washington acaba exigiendo lo mismo. El cumplimiento deja de ser un coste y pasa a ser un activo.

La Lógica de Washington

Conviene mirar dos relojes para entender la escena. El primero mide la carrera tecnológica con China: la Casa Blanca no quiere que sus laboratorios frenen mientras Pekín acelera, y de ahí el pacto voluntario. El segundo mide el calendario electoral: las legislativas de noviembre están a la vuelta de la esquina y ningún partido quiere ser el que salió a defender a las grandes plataformas. Trump juega el primer reloj; Hawley y Murphy cabalgan el segundo. Y los tres dicen defender al mismo votante.

La coalición que sostiene este texto es extraña, y por eso funciona. Un populista de derechas que quiere partir por la mitad el poder de las grandes tecnológicas y un progresista que exige responsabilidad corporativa suman una pinza que el Partido Republicano no puede ignorar y el Partido Demócrata tampoco. El precedente está en 1996: cuando el Congreso aprobó la Sección 230 de la Ley de Decencia en las Comunicaciones y regaló a las plataformas un escudo de inmunidad que nadie ha sabido desmontar en tres décadas. Hay otro más analógico: en 1966, tras años de autorregulación fallida del automóvil, el Congreso aprobó la ley de seguridad vial y convirtió el coche en un producto con responsabilidad legal. Hawley lo dijo casi con esas palabras.

Nada de esto es inmediato. El proyecto tiene que recorrer comisiones, sobrevivir al filibusterismo —el mecanismo del Senado que exige 60 votos para cerrar el debate y bloquea la mayoría simple de 51— y encontrar acomodo en una Cámara de Representantes con sus propios textos sobre IA. La Casa Blanca conserva además la vía de la orden ejecutiva para blindar su enfoque voluntario. Y queda la incógnita jurídica de fondo: ¿cómo se prueba que un desarrollador ‘no tomó precauciones’? El Senado legisla rápido; los tribunales deciden despacio.

Ficha del Caso

  • El caso: El Senado debate cómo responsabilizar a las tecnológicas de los daños causados por sus agentes de IA, después de que Trump optara por un pacto voluntario de autorregulación con las grandes compañías.
  • Datos clave: Proyecto bipartidista apoyado en la CFAA de 1986; sanciones penales y civiles para desarrolladores y operadores; legitimación del fiscal general y de los fiscales estatales. En la UE, el reglamento de IA prevé multas de hasta 35 millones de euros o el 7% de la facturación global.
  • Para España: las compañías con negocio en Estados Unidos afrontarían un doble cumplimiento —AI Act y responsabilidad estadounidense—, mientras que las que ya documentan riesgos ante la AESIA parten con ventaja.

La amenaza nuclear de Putin contra Europa: las claves del aviso ruso sobre Kaliningrado que confirma la OTAN

Alberto Ochoa
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La amenaza nuclear de Putin contra Europa: las claves del aviso ruso sobre Kaliningrado que confirma la OTAN

La OTAN ha confirmado que Rusia amenazó con emplear armas nucleares si se bloqueaba Kaliningrado, un aviso que Vladímir Putin ha extendido después a toda la Federación Rusa. El secretario general de la Alianza, Mark Rutte, ha pedido mantener la calma y seguir apoyando a Ucrania mientras Moscú eleva su retórica bélica contra Europa.

La advertencia llegó al cuartel general aliado y después fue confirmada y ampliada por el Kremlin, que lleva semanas subiendo el tono hasta colocar su arsenal nuclear en el centro del discurso público.

Qué dice exactamente el aviso ruso sobre Kaliningrado

Según la información difundida por la Alianza Atlántica, Moscú planteó el uso de armamento nuclear en el caso de que Kaliningrado fuera bloqueado por fuerzas aliadas. El enclave es un territorio ruso situado entre Polonia y Lituania, separado del resto de la Federación por territorio de la Unión Europea.

Putin no limitó el aviso al enclave báltico: lo extendió a cualquier punto del territorio ruso. «Si llegamos a un ataque directo contra la Federación rusa, y me refiero a Kaliningrado, pero también puede pasar con cualquier otro territorio, por supuesto, en la agenda figurará inevitable e inmediatamente la cuestión del empleo por parte de Rusia de todo el armamento a su alcance. Eso es inevitable», ha declarado el presidente ruso.

El jefe del Kremlin ha acompañado esa advertencia con su fórmula habitual ante este tipo de mensajes: «Nosotros no asustamos a nadie, esas no son intimidaciones, sino la respuesta a los intentos de amedrentarnos. No tenemos intención de atacar ni en 2029, ni en 2030, ni en 2050. Pero si nos topamos con una agresión, tenemos que responder».

Por qué Moscú eleva ahora el tono nuclear

Los analistas consultados coinciden en un punto: la escalada no responde a una posición de fuerza. El Kremlin acumula cuatro años de guerra sin avances claros en el frente, miles de muertos en ambos bandos, una economía muy deteriorada y una capacidad ucraniana creciente para golpear el interior de Rusia, con escasez de combustible y sensación de inseguridad en las ciudades.

El analista ruso Andrei Kolesnikov lo describe en ‘Foreign Affairs’ como una emergencia permanente sostenida desde el poder. El Kremlin, escribe, alimenta «la cinta transportadora del conflicto ruso», esa máquina que nunca debe detenerse.

La escalada nuclear no responde a una posición de fuerza militar, sino a un frente estancado y a una economía bajo presión creciente.

En paralelo, Moscú intensifica lo que los expertos denominan guerra híbrida: incursiones de drones y cazas en la frontera este de Europa, ataques cibernéticos y campañas de desinformación. Alexander Gabuev, director del Carnegie Russia Eurasia Center, señala al menos tres motivos: frenar el suministro europeo de armas a Ucrania, la venganza por los cientos de miles de militares rusos muertos con material occidental y la confianza en que los votantes europeos acaben presionando a sus gobiernos para abandonar Kiev.

Olga Lautma, del Center for European Policy Analysis, advierte de un segundo escenario que, según dice, conviene no descartar: las operaciones de falsa bandera. «Rusia tiene una larga tradición de crear una amenaza, culpar de ella a sus adversarios y utilizar después esa amenaza para justificar sus propias acciones», explica la analista.

El Gobierno ruso sostiene ante su población que Europa y la OTAN se preparan para una guerra que llegaría hacia 2030. En esa línea, el embajador Rodión Miroshnik ha advertido de que Moscú «no descarta la acción directa» si los países europeos continúan implicándose con Ucrania. No es la primera vez que el Kremlin recurre al lenguaje atómico.

No todos los gobiernos europeos rebajan el tono. El ministro de Exteriores de Estonia, Margus Tsahkna, ha calificado de «ataque terrorista y actos de sabotaje» el incendio provocado en agosto en un edificio de Tallin utilizado por la empresa de defensa Milrem Robotics, que suministra vehículos no tripulados a Ucrania, y ha pedido a sus socios que dejen de llamar «híbridos» a esos ataques para calificarlos como «un tipo de guerra».

Rusia OTAN

Qué significa esto para España y para la seguridad europea

Para España, el aviso ruso tiene una traducción concreta: el país está cubierto por la cláusula de defensa colectiva de la OTAN. Se trata del artículo 5 del Tratado del Atlántico Norte (un ataque contra un miembro se considera un ataque contra todos y obliga a responder a los aliados). El comisario europeo de Defensa, Andrius Kubilius, ya lo ha formulado en voz alta: «Si Rusia ataca nuestras fábricas en territorio europeo, eso sería el artículo 5».

España, como el resto de socios, mantiene compromisos de inversión en defensa y de presencia en el flanco este de la Alianza, justo la zona donde Moscú concentra sus incursiones de drones y cazas. La escalada nuclear añade presión a esos compromisos y a la posición europea sobre Ucrania, en un momento en que la retórica rusa busca precisamente erosionar la unidad de las capitales europeas.

La analista Minna Alander, del Stockholm Centre for Eastern European Studies, apunta otra consecuencia: la nueva estrategia rusa plantea un dilema para los países europeos, porque señalar y avergonzar públicamente a Moscú no le disuade de continuar con su guerra híbrida. La atribución pública sirve como base jurídica para posibles contramedidas, pero también puede alimentar el relato del Kremlin.

Zelenski ha declarado al Financial Times que Putin ha ordenado a sus mandos atacar objetivos civiles, incluidas escuelas, hospitales, y centros de datos. La Organización Mundial de la Salud ha verificado ataques contra más de 3.000 instalaciones sanitarias desde el inicio de la invasión a gran escala en 2022. El Kremlin niega esas acusaciones.

Lo esencial

  • 📌 ¿Qué ha ocurrido? La OTAN confirmó que Rusia amenazó con usar armas nucleares si se bloqueaba Kaliningrado, según la Alianza.
  • 👤 ¿Quiénes están implicados? Vladímir Putin, que amplió el aviso a toda Rusia, y Mark Rutte, que pidió calma a los aliados.
  • ⏭️ ¿Qué pasa ahora? La OTAN mantiene el apoyo a Ucrania y España sigue cubierta por el artículo 5 del tratado aliado.

EEUU y Australia suspenden sus servicios consulares en Brasil: claves de las elecciones Brasil 2026

Alberto Ochoa
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EEUU y Australia suspenden sus servicios consulares en Brasil: claves de las elecciones Brasil 2026

Estados Unidos y Australia han suspendido sus servicios consulares en Brasil por motivos de seguridad a dos días de las elecciones del domingo. Washington ha cerrado su consulado en Brasilia y Camberra ha clausurado su embajada, sin que ninguno de los dos haya detallado la amenaza que motiva la decisión. La votación, con 160 millones de electores llamados a las urnas, mide al presidente Lula da Silva con el senador Flavio Bolsonaro en un empate técnico que apunta a una segunda vuelta el 25 de octubre.

Qué han suspendido exactamente Estados Unidos y Australia

Las dos representaciones diplomáticas han interrumpido su actividad consular este viernes, en pleno cierre de campaña. Según las informaciones difundidas durante la jornada, el Gobierno estadounidense ha justificado la medida por «preocupaciones de seguridad» y el australiano ha cerrado su sede por el mismo motivo. Ninguno ha precisado qué amenaza concreta ha pesado en la decisión. Tampoco hay calendario de reapertura.

La suspensión afecta a la tramitación de visados, pasaportes, y a la asistencia a los ciudadanos nacionales que se encuentran en el país. La medida llega apenas 48 horas antes de que los brasileños acudan a las urnas y en un clima de máxima polarización política y vigilancia internacional sobre el resultado. La votación se celebrará el domingo 4 de octubre, con segunda vuelta prevista para el 25 del mismo mes.

La pugna entre Lula da Silva y Flavio Bolsonaro

Lula da Silva, de 80 años, busca un cuarto mandato no consecutivo. Su campaña subraya el descenso de la inflación y del desempleo durante su gestión y la reducción de la deforestación en la Amazonía. Flavio Bolsonaro, de 45 años y senador desde 2019, centra su mensaje en la lucha contra el crimen, una de las principales preocupaciones del electorado.

Las encuestas sitúan la contienda en un empate, aunque no congelado. «La carrera está igualada, aunque no detenida», ha resumido Felipe Nunes, director del instituto demoscópico Quaest. La previsión mayoritaria apunta a que la decisión se resolverá en una segunda vuelta, extremo que solo confirmarán los resultados del domingo.

Ambos candidatos llegan a la cita sin margen para el error: cualquier dato de última hora puede inclinar una elección decidida por unos pocos puntos.

Los escándalos que han marcado la campaña

El pulso se ha librado entre rumores y declaraciones polémicas. Un rumor sobre un supuesto plan de Flavio Bolsonaro para retirar su condición de patrona a Nuestra Señora de Aparecida encendió la campaña. El candidato lo negó y Lula compareció con una estatua de la santa. El jueves, el Tribunal Superior Electoral de Brasil ordenó retirar las publicaciones con esas afirmaciones por considerarlas falsas.

Después fue Lula quien quedó expuesto. Afirmó que los hombres son «cobardes» ante un examen de próstata, mientras que «las mujeres aprenden a recibir un tacto desde jóvenes», en alusión a las revisiones ginecológicas. Fragmentos del comentario circularon en redes como si aludieran a un abuso. «Se ha convertido en un circo», resume una comerciante que asegura que no votará a ninguno de los dos.

Flavio Bolsonaro afronta, además, una investigación por corrupción vinculada a la financiación del biopic «Dark Horse» sobre su padre, Jair Bolsonaro. Durante la campaña admitió que pidió al banquero encarcelado Daniel Vorcaro, implicado en uno de los mayores casos de fraude financiero del país, que costeara la película.

El impacto para España y para el tablero europeo

Brasil es el principal socio comercial de España en América Latina y el destino de algunas de las mayores inversiones españolas en la región. Un cambio de gobierno podría alterar el clima de inversión y las condiciones regulatorias para las compañías presentes en el país, así como el ritmo de las negociaciones comerciales entre la Unión Europea y Mercosur, pendientes desde hace años. España mantiene una relación diplomática estrecha con Brasilia, de modo que el escrutinio del domingo se seguirá con atención directa desde Madrid.

Lo esencial

  • 📌 ¿Qué ha ocurrido? Estados Unidos y Australia han suspendido sus servicios consulares en Brasil por motivos de seguridad, sin detallar la amenaza.
  • 👤 ¿Quiénes están implicados? Lula da Silva y Flavio Bolsonaro concurren empatados; ambos gobiernos han cerrado sus sedes diplomáticas.
  • ⏭️ ¿Qué pasa ahora? Los brasileños votan el domingo 4 de octubre y, si no hay mayoría, habrá segunda vuelta el 25 de octubre.
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