El Ministerio de Educación revela un 75% de aumento en alumnos con apoyo inclusivo en el aula: repensar las necesidades educativas especiales

El Ministerio de Educación, Formación Profesional y Deporte ha revelado que el número de alumnos que reciben apoyo educativo en el sistema público ha aumentado un 75% desde el curso 2017-2018, superando por primera vez la barrera del millón de estudiantes. Según los datos del curso 2023-2024, facilitados en julio de 2026, un total de 1.088.413 alumnos necesitaron algún tipo de refuerzo, con un peso especialmente elevado de las dificultades de aprendizaje y la vulnerabilidad socioeconómica.

EN 30 SEGUNDOS

  • ¿Qué ha cambiado? El Ministerio ha publicado un balance que refleja un crecimiento del 75% en el alumnado con apoyo desde 2017, superando el millón de estudiantes en 2023-2024.
  • ¿Quién lo ha decidido? Los datos proceden del Ministerio de Educación, Formación Profesional y Deporte y reflejan la evolución real de las aulas, en línea con el modelo de inclusión que promueve la LOMLOE.
  • ¿A quién afecta? A los 1.088.413 alumnos identificados con necesidades de apoyo, a sus familias, a los docentes y a la organización de los centros educativos.

Un millón de alumnos con apoyo: la nueva realidad de las aulas

Los 1.088.413 estudiantes contabilizados en el curso 2023-2024 representan un salto cuantitativo que obliga a replantear la respuesta educativa. Del total, 294.494 presentan necesidades educativas especiales (NEE) asociadas en su mayoría a una discapacidad; 386.345 acreditan dificultades específicas de aprendizaje; 394.034 se encuentran en situación de vulnerabilidad socioeconómica; y 58.540 corresponden a alumnado con altas capacidades. La diversidad ya no es un apéndice del sistema; es su núcleo.

Desde el curso 2017-2018, el incremento ha sido del 75%, una tendencia que, según las proyecciones del Ministerio, se acentuará en el curso 2025-2026. El concepto mismo de “apoyo” está mutando: ya no se trata solo de atender a quienes tienen un diagnóstico, sino de responder a una realidad de aula donde todos los alumnos, en algún momento, necesitan andamios para aprender. La LOMLOE (Ley Orgánica 3/2020, de 29 de diciembre) sitúa la inclusión como principio rector, y los nuevos datos demuestran que la escuela española avanza hacia ese horizonte, aunque con tensiones pedagógicas.

El número de alumnos con apoyo ha crecido un 75% en solo siete cursos, pasando de unos 620.000 en 2017-2018 a más de un millón en 2023-2024, según el Ministerio.

El reto de la inclusión: codocencia y nuevos profesionales

El incremento de apoyos ha reabierto el debate sobre cómo y dónde se presta esa ayuda. El temor de fondo es que el apoyo se convierta en una nueva etiqueta que justifique la segregación. “Si un niño sale del aula para recibir apoyo, el resto del grupo lo percibe y el propio alumno lo sufre”, advierten los expertos consultados en el reciente informe ministerial. La propuesta es clara: el apoyo debe impartirse dentro del aula ordinaria, como una actividad más de participación, aprovechando los agrupamientos flexibles, el trabajo por proyectos o el diseño universal del aprendizaje (DUA).

Para ello, el profesorado de Pedagogía Terapéutica (PT) sigue siendo la figura de referencia, pero cada vez más se demanda la incorporación de educadores sociales y otros perfiles formados en la gestión de situaciones complejas. La codocencia (dos profesores compartiendo el mismo grupo) y los apoyos puntuales de compañeros de nivel o etapa ganan peso en las programaciones, en detrimento del modelo clásico de “sacarlo a un aula aparte”. La individualización, subrayan los pedagogos, no es una relación unidireccional sino la respuesta que nace de la interacción en el grupo.

El reto no es menor: la disminución de ratios, prevista en algunas comunidades, puede ayudar a que el docente titular detecte mejor las necesidades, pero solo será efectiva si se combina con metodologías activas y una observación continua del proceso de aprendizaje. El aula, insisten los especialistas, no es una línea de producción; cada alumno trae consigo una mochila de circunstancias —desde el divorcio de los padres hasta la hiperactividad— que requiere apoyos diversos y, sobre todo, la convicción de que nadie puede quedar fuera.

El Marco Educativo

La Ley Orgánica 3/2020 (LOMLOE) establece en su artículo 1 que “la equidad y la inclusión educativa son principios fundamentales del sistema”. Ese mandato se concreta en la obligación de las administraciones de proporcionar los apoyos necesarios para que todo el alumnado alcance el máximo desarrollo posible, en entornos ordinarios siempre que sea viable. La norma transfiere a las comunidades autónomas la responsabilidad de organizar esos recursos, lo que genera un mosaico de políticas de apoyo.

En la Conferencia Sectorial de Educación se debate periódicamente la dotación de profesorado de apoyo y la formación continua. Los sindicatos docentes reclaman más plazas de Pedagogía Terapéutica y la creación de la figura del educador social en todos los centros; las asociaciones de padres piden, por su parte, que el apoyo no sirva para apartar a sus hijos del grupo-clase. El Ministerio, al publicar estos datos, subraya la necesidad de “reforzar la codocencia y evitar que el apoyo se convierta en una nueva vía de segregación”. La proyección inmediata es que el curso 2025-2026 confirme la tendencia al alza, lo que exigirá más recursos y un cambio cultural en la gestión del aula. El debate, lejos de cerrarse, se intensifica: la inclusión real dependerá de cómo se traduzca ese millón de apoyos en experiencias de aprendizaje compartido.

Claves de la Noticia

  • Qué importa: El Ministerio de Educación ha publicado datos que confirman un incremento sin precedentes del alumnado con apoyo: 1.088.413 estudiantes en 2023-2024, un 75% más que siete cursos antes.
  • Por qué importa: Las cifras obligan a replantear la organización del aula para que el apoyo no se convierta en una nueva forma de segregación, sino en una herramienta de inclusión real dentro del grupo.
  • A quién le importa: A los más de un millón de alumnos con necesidades de apoyo, a sus familias, a los docentes que deben gestionar aulas cada vez más diversas y a las administraciones educativas que han de proveer los recursos.

Accidente de helicóptero de extinción de incendios durante operativo en Huesca

Un helicóptero ligero de la base de Boltaña sufrió un accidente este jueves durante una maniobra de carga de agua en el embalse de Montearagón, en Loporzano (Huesca), mientras participaba en las labores de extinción de un incendio forestal, según informó Emergencias de Aragón.

La aeronave accidentada es un modelo de ala rotatoria utilizado con frecuencia en tareas de extinción y vigilancia en el Pirineo aragonés. La base de Boltaña, dependiente del Gobierno de Aragón, coordina los recursos aéreos que participan en la lucha contra incendios en la zona del Sobrarbe y comarcas limítrofes.

Incidente durante la maniobra de carga

Según testigos presenciales, el helicóptero se inclinó de forma brusca mientras llenaba el depósito de agua y, segundos después, cayó al agua de forma controlada, lo que permitió a la piloto mantener el control parcial y salir de la cabina sin dificultad. Por causas que aún se investigan, el aparato se precipitó sobre la lámina de agua del embalse de Montearagón.

La piloto salió ilesa y fue evacuada

La piloto, única ocupante del aparato, logró salir por sus propios medios de la aeronave y no presentó heridas visibles, según confirmaron las mismas fuentes. Fue evacuada de inmediato a la base de Boltaña para una valoración médica más exhaustiva. El equipo de emergencias desplazado a la zona comprobó que no había otras personas afectadas.

Inmediatamente después del impacto, la piloto se puso en contacto por radio con la central de emergencias, que activó el dispositivo de rescate. Los servicios de emergencia desplazaron una ambulancia de soporte vital básico, aunque no fue necesario su uso tras la revisión médica que descartó lesiones de consideración.

El operativo de extinción continuó con el resto de medios aéreos y terrestres disponibles, una vez confirmada la seguridad en el área del embalse. El incendio forestal de Loporzano se encontraba en fase de evolución favorable y no había provocado desalojos, de acuerdo con los datos de la Delegación del Gobierno en Aragón.

La rápida actuación de la piloto permitió que el incidente se saldara sin daños personales, a pesar del impacto sufrido por la aeronave.

Investigación en curso para determinar las causas

La Guardia Civil se ha hecho cargo de la investigación del siniestro para esclarecer los motivos de la pérdida de control del helicóptero. Las primeras pesquisas apuntan a un posible fallo mecánico como hipótesis de trabajo, aunque no se descarta ninguna causa. La aeronave permanece custodiada en el lugar del accidente a la espera de ser examinada por los especialistas en seguridad aérea.

Este tipo de incidentes, aunque poco frecuentes, ponen de relieve los riesgos que asumen los pilotos y brigadistas forestales durante las campañas estivales. Las autoridades han recordado la importancia de extremar las precauciones en las operaciones de carga de agua, especialmente en embalses con corrientes o vientos racheados.

El soterramiento de la A-5 en Madrid convierte su tierra en colinas-mirador: el Paseo Verde encara su recta final

EN 30 SEGUNDOS

  • ¿A quién afecta? Vecinos de Lucero, Aluche, Las Águilas, Campamento y todo el distrito de Latina. La obra devuelve la conexión con Casa de Campo y Madrid Río.
  • ¿Cuándo ocurre? El túnel subterráneo abrirá a finales de 2026; el Paseo Verde sobre la losa estará terminado entre 2027 y 2028.
  • ¿Qué cambia hoy? A partir de julio de 2026, las colinas provisionales de tierra empiezan a reducirse. En septiembre, los tres enlaces —Batán, Los Yébenes y Boadilla— quedarán cubiertos por completo.

A 18 metros de altura y con las botas llenas de arena, la perspectiva de Latina cambia. Desde una de las colinas provisionales de tierra, se palpa la magnitud de una obra que devolverá a los vecinos el espacio público tras más de medio siglo de fractura. El soterramiento de la A-5 entra en su recta final: los 170.000 metros cúbicos de tierra extraídos de los túneles ya no son un residuo, sino la base de tres colinas-mirador que estructurarán el futuro Paseo Verde del Suroeste.

De residuo a recurso: la metamorfosis de la tierra

El Ayuntamiento ha comenzado este mes a vaciar los 170.000 metros cúbicos de tierra acumulados en la antigua parcela de Iberdrola, un solar de 20.000 metros cuadrados que duplica la Plaza Mayor. Ese material, extraído de las entrañas del túnel, se extiende ya sobre la losa superior del soterramiento en los puntos de Batán, la calle de Los Yébenes y la carretera de Boadilla. La operación, que suma más de 400 millones de euros de inversión total, persigue cubrir con un metro de tierra las viejas rampas y enlaces que durante décadas partieron el distrito.

Los trabajos de colmado avanzan de forma coordinada, en la superficie. En Batán ya se han colocado las vigas y en Boadilla el extendido ha comenzado esta misma semana. A partir de agosto, las máquinas se centrarán en la losa inferior, los cuartos técnicos y la instalación de paneles informativos e iluminación. El soterramiento reducirá en un 90% la contaminación del tráfico rodado de los más de 80.000 vehículos diarios que ahora cruzan a cielo abierto.

La cicatriz que desaparece: qué ganan los barrios del sur

La autovía del Suroeste, inaugurada en 1968, separó como un tajo los barrios de Lucero, Aluche y Las Águilas de Campamento y la Casa de Campo. Las pasarelas de hormigón y los pasos subterráneos oscuros eran la única forma de cruzar. Ahora, el soterramiento va a coser esa herida histórica. El nuevo Paseo Verde del Suroeste será un eje continuo de 3,2 kilómetros que conectará Madrid Río, la Casa de Campo y la Cuña Verde de Latina, devolviendo más de 20 hectáreas de espacio público a los vecinos.

Las tres colinas, que al final del proceso medirán 6 metros de altura, tendrán usos diferenciados. La colina norte incorporará un circuito de bicis y patines y un parque para patinar; la oeste, un mirador hacia la Casa de Campo; y la sur, una zona de biodiversidad con merenderos y árboles trasplantados. «Será un auténtico pulmón verde para el suroeste, algo que los vecinos llevamos reclamando desde hace décadas», apuntan fuentes vecinales.

El soterramiento no solo es ingeniería; es la oportunidad de reparar medio siglo de aislamiento y devolver la ciudad a sus vecinos.

Lo que el Ayuntamiento no ha detallado: plazos y retos pendientes

La comparación con otros grandes proyectos de Madrid resulta inevitable. Madrid Río, la operación que enterró la M-30, tardó ocho años desde el inicio de las obras hasta la apertura completa del parque (2003-2011). El soterramiento de la A-5 promete un ritmo más ágil: la excavación del túnel terminó el pasado 25 de mayo, apenas dos años después de los primeros movimientos de tierra. No obstante, el desfase de dos años entre la circulación bajo tierra y el disfrute sobre la superficie es una incógnita que aún no tiene fecha exacta. Mientras el Ayuntamiento asegura que el Paseo Verde estará «entre 2027 y 2028», los vecinos temen que los plazos se dilaten una vez abierto el túnel.

El equipo de gobierno ha subrayado que la reutilización de las tierras es una de las claves medioambientales de la infraestructura, evitando la emisión de CO₂ asociada a su transporte a vertedero. La desaparición del tráfico en superficie reducirá en un 90% la contaminación atmosférica y acústica, según los estudios municipales. Queda por ver, sin embargo, cómo se gestionará la transición hacia un espacio verde de esta envergadura sin que el distrito pierda accesibilidad durante las obras de remate. El proyecto tiene detrás una histórica reivindicación vecinal; ahora solo falta que los plazos se cumplan para que la cicatriz quede definitivamente cerrada.

Paseo Verde Suroeste

Mad Cool 2026: Metro, Cercanías y lanzaderas gratis en Madrid hasta las 3:30 h para 52.000 asistentes

EN 30 SEGUNDOS

  • ¿A quién afecta? A las 52.000 personas que asisten al festival y a los vecinos de Villaverde y Getafe Norte, que sufrieron aglomeraciones el año pasado.
  • ¿Cuándo ocurre? Del miércoles 8 al sábado 11 de julio de 2026.
  • ¿Qué cambia hoy? Metro y Cercanías prolongan su servicio hasta las 3.30 en fin de semana y se habilitan lanzaderas gratuitas para evitar los atascos de 2025.

El Mad Cool 2026 echa a andar este miércoles con un dispositivo de transporte público que amplía horarios de Metro y Cercanías y añade lanzaderas gratuitas para gestionar la movilidad de hasta 52.000 asistentes. La organización invierte medio millón de euros en un plan que intenta borrar la imagen de las colas interminables que el público sufrió en la edición anterior. La cita, que por primera vez se extiende a cuatro jornadas, concentrará a melómanos locales y a un 37% de público extranjero, según los datos de venta adelantados por ABC.

Cómo moverse hasta las 3.30 de la madrugada

La clave del plan es la Línea 3 de Metro. El jueves 9 circulará hasta las 2.00 horas y desde el viernes 10 hasta el domingo 13 –en la práctica, la madrugada posterior a cada concierto– alargará su horario hasta las 3.30. Solo se podrá subir en Villaverde Alto y bajar en Legazpi, Embajadores y Sol. En paralelo, la C4 de Cercanías opera con el mismo esquema: ampliación de 00.30 a 2.00 el jueves y de 01.30 a 3.30 el viernes, sábado y domingo desde Villaverde Alto.

A esos refuerzos se suman las lanzaderas gratuitas de la EMT que conectan las inmediaciones del recinto con Atocha, con parada intermedia en Legazpi sin coste alguno para los asistentes. La factura total de 500.000 euros la asume íntegramente Mad Cool, tal y como confirmó a ABC la organización. La intención es que ningún asistente dependa del vehículo privado en una zona donde el estacionamiento es muy limitado.

El precedente que obligó a cambiar: filas, aglomeraciones y choque con Getafe

El año pasado, las imágenes de miles de personas apiñadas en los accesos y las quejas por la falta de previsión movieron a la organización a redoblar esfuerzos. La coordinación con el Ayuntamiento de Getafe volvió a ser tensa, como ya ocurrió en 2025, aunque en esta ocasión el festival ha optado por adelantarse con un dispositivo que intenta descomprimir los flujos antes de que el público llegue al transporte público. Las lanzaderas amplían el radio de dispersión hacia Atocha y Legazpi, dos nodos con buena conexión nocturna.

Mad Cool asume este año la factura completa de la movilidad para evitar que la experiencia de 2025 se repita.

La duración extra de un día también incrementa la exigencia logística. El sábado, la jornada con menor afluencia prevista, ya cuenta con aproximadamente 48.000 entradas vendidas, mientras que el resto de días rozará el lleno. La organización espera que el refuerzo de transporte público absorba a la abrumadora mayoría de los desplazamientos, sobre todo en las horas punta de salida, cuando los conciertos terminan pasada la medianoche.

El pulso que se juega más allá de los escenarios: ruido y licencia social

Más allá de la movilidad, el festival arrastra un procedimiento judicial por contaminación acústica. La juez de Instrucción número 34 de Madrid ha abierto juicio oral contra el director del evento, Javier Arnáiz, y la mercantil organizadora por presuntos delitos contra el medio ambiente durante la edición de 2023. La Fiscalía pide dos años de cárcel, multa e inhabilitación. La plataforma vecinal Stop Mad Cool, que agrupa a residentes de Villaverde y Getafe Norte, denunció entonces superaciones de los 90 decibelios autorizados, lo que derivó en una sanción municipal de 22.001 euros.

En la organización insisten en que monitorizan el ruido “cada micra de segundo” y que la legislación no refleja la realidad del negocio. A la vez, lanzan un mensaje claro: “Si Madrid no quiere el Mad Cool, que lo diga”. Este tira y afloja recuerda a otros macrofestivales que han tenido que reubicarse o reformular su propuesta, como el Primavera Sound en Barcelona, que ajustó sus horarios y límites sonoros tras años de protestas en el Fòrum. En Madrid, la cuestión es si el modelo de gran evento musical es compatible con el descanso de los barrios colindantes o si se impondrá un traslado definitivo.

Aun con esa sombra judicial, el cartel de 2026 promete atraer a un público variopinto: desde familias con niños hasta jóvenes que siguen a artistas como Jennie (Blackpink) y Nick Cave. El festival también ha confirmado que emitirá en pantalla grande el posible partido de la selección española si coincide con alguna jornada, y que ya tiene dos nombres cerrados para la edición de 2027.

Tres incendios simultáneos en Cataluña: 40.000 confinados en Sentmenat, Anoia y Artesa de Segre

EN 30 SEGUNDOS

  • ¿A quién afecta? Más de 40.000 vecinos de urbanizaciones y núcleos diseminados en Sentmenat (El Farell, Can Gurri, Sant Sebastià de Montjamor), la comarca de la Anoia (La Pobla de Claramunt, Les Garrigues, Capellades) y el municipio leridano de Artesa de Segre.
  • ¿Cuándo ocurre? Los incendios se declararon en la tarde de este lunes, 7 de julio, y continúan activos. La ola de calor mantiene el riesgo extremo en los próximos días.
  • ¿Qué cambia hoy? Hay confinamiento obligatorio de la población en las zonas afectadas, cortes en la AP-7 y la C-15, y se ha suspendido cualquier actividad de riesgo en terrenos forestales. La UME se ha activado desde Zaragoza.

Este lunes, tres incendios forestales simultáneos han obligado a confinar a más de 40.000 personas en Cataluña, con focos activos en Sentmenat, la comarca de la Anoia y Artesa de Segre. La Generalitat ha solicitado la intervención de la Unidad Militar de Emergencias (UME) ante la imposibilidad de que los Bombers de la Generalitat contuvieran por sí solos unos fuegos que avanzan sin control y lanzan focos secundarios.

Tres incendios simultáneos que desbordan los recursos

El fuego más virulento se declaró alrededor de las 14:21 horas en el polígono industrial Mas d’en Cisa, en el término de Sentmenat (Barcelona). Las llamas se han extendido hacia una zona forestal próxima a varias urbanizaciones diseminadas, como la de El Farell, donde hay casas de madera literalmente dentro del bosque. El jefe de los Bombers, David Borrell, ha explicado que la principal dificultad ha sido proteger a los residentes, ya que la única carretera de acceso quedó cortada por el fuego.

Apenas dos horas más tarde, hacia las 16:27, saltaba otro aviso entre las poblaciones de Carme y La Pobla de Claramunt, en la comarca de la Anoia. Aquí el incendio ha arrasado ya al menos 400 hectáreas y ha afectado a varios edificios. Los Bombers temen que si el fuego cruza la carretera C-15 y se acerca a la zona de Montserrat, la superficie potencial quemada podría superar las 4.000 hectáreas.

El tercer foco, en Artesa de Segre (Lleida), se inició a las 16:23 horas y ha podido ser estabilizado con relativa rapidez gracias a la intervención temprana. No obstante, el grueso de los recursos se está concentrando en los otros dos incendios, que siguen fuera de control.

La UME se incorpora: 360 bomberos movilizados

El cuerpo de Bombers ha desplegado hasta 200 efectivos y 12 medios aéreos solo en Sentmenat. En la Anoia trabajan 174 efectivos, a los que se suman los equipos de Artesa de Segre, hasta superar los 360 en total. David Borrell ha insistido en que el objetivo es “evitar el colapso operativo, proteger a las personas y evitar que ningún nuevo incendio se nos haga mayor”. Por eso la Generalitat ha recurrido a la UME, que ya actuó el pasado fin de semana en La Bisbal y que se incorporará primero al incendio de la Anoia.

Protección Civil ha enviado una Es-Alert a los móviles a las 16:00 y a las 17:55 para exigir el confinamiento inmediato en las urbanizaciones de Sentmenat (El Farell, Can Gurri, Sant Sebastià de Montjamor, Balcó de Sant Llorenç, Sant Feliu del Racó, Nord de Castellar del Vallès y Can Vinyals) y en el sureste de La Pobla de Claramunt, Les Garrigues, la Torre de Claramunt y el oeste de Capellades. A los vecinos se les ha ordenado cerrar puertas y ventanas y no salir a la calle.

La consejera de Interior, Núria Parlon, se ha desplazado al centro de mando unificado de Bellaterra, desde donde se coordina la operación. Mientras tanto, Agentes Rurales ha activado el nivel 4 del Plan Alfa por peligro extremo de incendio en 45 municipios de nueve comarcas y el nivel 3 en otros 385. Los accesos a Les Gavarres, la Ribera Salda y la Baronía de Rialb están restringidos.

La simultaneidad de tres incendios forestales de gran potencial en plena ola de calor desborda la capacidad operativa de los Bombers y obliga a movilizar a la UME.

Por qué este episodio es especialmente peligroso

La ola de calor que vive Cataluña, con previsiones de hasta 42 grados en las próximas jornadas, convierte cualquier ignición en una amenaza de rápida propagación. De hecho, el incendio de la Anoia ha llegado a avanzar a 850 metros por minuto en su primera fase. Con estos antecedentes, la Generalitat ha suspendido todas las autorizaciones de actividades de riesgo en terrenos forestales y a menos de 400 metros, incluidas las colonias de verano y las obras en carreteras.

Este escenario recuerda la campaña de fuegos de julio de 2025, cuando Cataluña sufrió un episodio similar con varios incendios simultáneos y el colapso temporal del sistema de cercanías de Rodalies. Entonces, los Bombers estuvieron al límite de sus recursos durante tres días consecutivos. La repetición de estas crisis confirma que el cambio en las condiciones meteorológicas exige reforzar los medios aéreos y terrestres antes de que se alcance la saturación veraniega.

El Govern ha pedido a la ciudadanía que extreme las precauciones y evite cualquier actividad que pueda generar chispas. Mientras Artesa de Segre evoluciona favorablemente, la batalla en la Anoia y Sentmenat se prolongará. La incorporación de la UME debería aliviar la presión esta misma noche, pero los Bombers advierten: “El número de medios no es infinito”.

Illa acusa a Junts de ‘amnesia transitoria’ por su pacto con el PP en el Congreso

El president de la Generalitat, Salvador Illa, ha elevado el tono contra Junts per Catalunya. Durante una entrevista en RAC1 este lunes, el máximo mandatario catalán acusó a la formación de Carles Puigdemont de padecer una ‘amnesia transitoria’ a propósito del acercamiento con el PP en el Congreso. Una frase que busca agitar el tablero en plena negociación por la nueva financiación autonómica y que llega en un momento de máxima tensión con los posconvergentes.

La ‘amnesia transitoria’ de Junts: el doble discurso que quería señalar Illa

El jefe del Govern puso de relieve la contradicción que, a su juicio, supone que Junts —socio indispensable para que prospere cualquier reforma legislativa— mantenga un doble discurso: interlocución fluida con el Palau de la Generalitat mientras en Madrid sus siete escaños se alinean con la bancada popular. ‘Hay dos vías de avanzar: la vía progresista que representa Sánchez y la vía de la involución’, espetó Illa, en una clarísima apelación a que Junts elija bando.

Respuesta de Junts: la artillería de la memoria del procés

Desde Junts, su portavoz, Josep Rius, no tardó en replicar. Y lo hizo con munición histórica: recordó al PSC y al propio Illa que ‘se manifestaban de la mano del PP, Vox y Ciudadanos’ durante los años del procés. Rius siguió en la misma línea al señalar que su partido tampoco olvida ‘cuando el PSOE apoyó la aplicación del artículo 155 para suspender la autonomía de Cataluña’. Y les recordó que durante el procés el propio Illa participó en aquellas movilizaciones. La réplica, tan contundente, deja claro que Junts no tiene intención de recolocar sus fichas en un tablero que los socialistas tratan de simplificar en clave progresista.

El portazo a la financiación y a los peajes: Junts se atrinchera

En el terreno de la propuesta que el Govern y ERC han diseñado para la financiación autonómica, Junts mantiene su rechazo frontal. Para la formación independentista, el modelo que propone Illa no es más que una perpetuación del ‘café para todos’. ‘El único modelo que puede revertir el déficit fiscal es el concierto económico, y ahora tenemos una oportunidad histórica de sumar los diputados imprescindibles en el Congreso’, defendió Rius. Una posición de máximos que, de momento, choca con la estrategia de Illa de ir ganando posiciones sin ceder el principio de solidaridad interterritorial.

El mismo cerrojazo se llevó Illa con su propuesta de recuperar los peajes en las autopistas. Ante las crecientes quejas por la saturación de la AP-7, Junts interpreta el viaje del Govern como ‘la solución fácil’ que acaba por vaciar el bolsillo de los catalanes. Una discusión que se enreda mientras el Govern intenta mantener abiertos grandes consensos.

Illa también dejó algún guiño al independentismo declarando que, por él, Puigdemont ya tendría que estar de vuelta en Cataluña sin temor a ser detenido y que la amnistía debería ser efectiva para todos, incluido Oriol Junqueras. Sin embargo, evitó confirmar si ha contactado directamente con Puigdemont para pedir su apoyo, alegando ‘discreción’. Sobre las polémicas que rodean a José Luis Rodríguez Zapatero, el president afirmó haber hablado con él en privado y le vio ‘con ganas de aclarar las cosas’.

Illa necesita que Junts se defina, pero los de Puigdemont no van a permitir que les aten a la vía progresista sin contrapartidas tangibles.

Análisis | La jugada de Illa: forzar a Junts a elegir bando

El envite de Illa no es nuevo. Ya en el pasado, el president ha intentado laminar la posición de Junts como bisagra. Sin embargo, la respuesta de la formación independentista evidencia que el tablero no es ni tan binario ni tan sencillo. Para Junts, la negociación con el PP no es una cuestión de ‘amnesia transitoria’ sino un cálculo de poder que les garantiza influencia en Madrid. Con siete escaños decisivos, los posconvergentes han demostrado que pueden inclinar la mayoría hacia el bloque conservador —derribando, por ejemplo, la reforma laboral— sin que eso les obligue a romper los puentes con el Govern. Illa se enfrenta a una formación que, lejos de plegarse a la presión, explota la memoria del procés como escudo y contraataca recordando al PSC sus propias alianzas pasadas. La próxima cita de Illa con la realidad parlamentaria tendrá lugar en septiembre, cuando la Generalitat deba defender su propuesta de financiación en la Comisión Mixta de Asuntos Económicos y Fiscales. Y ahí, sin Junts, el president sabe que el paseíllo será corto.

Junqueras reclama el traspaso de las autopistas estatales a la Generalitat

Oriol Junqueras ha puesto el foco este lunes en las autopistas. Desde ERC, el líder independentista ha exigido al Gobierno central que transfiera la titularidad de las vías de alta capacidad si no es capaz de gestionar su mantenimiento. La declaración se produce en un momento de atascos recurrentes en la AP-7 y de debate sobre la vuelta de los peajes.

Junqueras, en declaraciones recogidas por Crónica Global, fue contundente: ‘Si no saben hacer el mantenimiento de las autopistas, traspase la titularidad y los recursos’. Su mensaje no se limitó a la petición genérica, sino que concretó que la Generalitat, en su opinión, dispone de instrumentos para actuar incluso sin la transferencia. ‘El Govern de Cataluña tiene la posibilidad de tomar medidas’, subrayó.

El ‘si no saben, que traspasen’ ante los atascos de la AP-7

Las retenciones en la AP-7, especialmente en los tramos de conexión con la Costa Brava y el sur de Barcelona, han sido una constante este verano. Los conductores han sufrido kilómetros de cola cada fin de semana, avivando el malestar ciudadano. Junqueras aprovechó esta coyuntura para arremeter contra la gestión estatal y situar a ERC como el partido que defiende la eficacia administrativa catalana.

La petición de traspaso no es nueva en el ideario de los republicanos, pero el líder introduce un matiz pragmático: si el Estado no invierte lo suficiente, que ceda las competencias con los fondos correspondientes. Se trata de un argumento que busca golpear al Gobierno de Pedro Sánchez en un momento de negociación presupuestaria y, de paso, reafirmar el perfil gestor de ERC ante los comicios autonómicos.

Peajes más baratos en la C-32 y la apuesta por el tren de mercancías

En una segunda línea de acción, Junqueras propuso reducir el precio del peaje de la C-32, autopista cuya titularidad sí corresponde a la Generalitat y que está gestionada en régimen de concesión. ‘Una rebaja ayudaría a reducir la intensidad del tráfico’, defendió, vinculando así la política tarifaria con la descongestión viaria.

Además, el dirigente de ERC abogó por trasladar un mayor número de mercancías al ferrocarril. Para ello, enfatizó la necesidad de un mantenimiento adecuado de la red ferroviaria, una exigencia que entra en colisión con las reiteradas quejas de Rodalies. En este punto, Junqueras conectó la movilidad con la calidad del servicio público, un discurso que espera calar entre los votantes del área metropolitana.

La polémica no es nueva. La posibilidad de reintroducir peajes en algunas autovías catalanas, descartada en 2021, ha vuelto a la mesa del Govern en los últimos meses. La Generalitat, con el PSC al frente, sopesa fórmulas para financiar el mantenimiento viario, y la propuesta de ERC de bajar el peaje de la C-32 parece ir en la dirección contraria. Junqueras intenta así marcar territorio y ofrecer un alivio al bolsillo de los conductores frente a las tentaciones recaudatorias del ejecutivo de Illa.

La demanda de traspaso de autopistas no es una novedad: ERC vuelve a colocar la infraestructura como moneda de cambio en plena precampaña.

A la ofensiva viaria se sumó, no obstante, un giro hacia otro frente que también preocupa a la ciudadanía: los incendios forestales. Junqueras aprovechó para mostrar su cercanía con el mundo rural y agrario, al afirmar que la mejor manera de gestionar los bosques es apoyando a los ganaderos y a los pastores. ‘La mejor manera de gestionar los bosques es apoyando las actividades agrarias y ganaderas’, declaró, en en un intento de capitalizar el descontento en las zonas afectadas por el fuego.

La intrahistoria: ¿una exigencia de gestión o un rédito político?

La propuesta de ERC tiene varias capas. Por un lado, reivindica la capacidad de gestión de la Generalitat y pone en evidencia las carencias del Estado en una infraestructura clave para la movilidad catalana. Por otro, sitúa a Junqueras en el centro del debate político en un momento en que los partidos independentistas compiten por mostrar utilidad más allá del procés. La financiación, la gestión de competencias y el precio de los peajes se han convertido en terreno de disputa entre ERC y Junts, y también con el PSC.

Lo que observamos es una estrategia que intenta combinar la crítica al Gobierno central con la oferta de soluciones concretas: menos peaje en la C-32, más tren de mercancías, más apoyo al campo. El riesgo es que la propuesta quede en un ejercicio retórico si no va acompañada de un calendario de negociación con Madrid. El tiempo dirá si la presión de Junqueras logra alguna concesión o si, como en otras ocasiones, la reivindicación de competencias se diluye en el intercambio de declaraciones.

El verano de 2026 será recordado, al menos, como el que reabrió el debate sobre quién debe gestionar las carreteras que más tráfico soportan en Cataluña. Mientras tanto, los atascos siguen.

Las tres nacionalidades que dispararon las autorizaciones de residencia en España en 2025

España concedió un total de 1.577.842 autorizaciones de residencia durante 2025, lo que representa un incremento del 7,8% —114.238 documentos más— respecto al año anterior. Los datos, publicados este lunes por el Observatorio Permanente de la Inmigración (OPI), dependiente del Ministerio de Inclusión, revelan que el aumento se concentró en tres nacionalidades: Venezuela, Ucrania y Reino Unido.

Venezuela, Ucrania y Reino Unido, los motores del aumento

Según la estadística, los documentos de residencia concedidos a ciudadanos venezolanos crecieron un 19,5% en 2025, mientras que los expedidos a ucranianos —principalmente a través del mecanismo de protección temporal activado tras la invasión rusa— mantuvieron un ritmo muy elevado. A ellos se suma el caso del Reino Unido: las autorizaciones para británicos prácticamente se duplicaron, al pasar de 26.325 en 2024 a 57.396 en 2025, un salto vinculado a la conversión masiva de tarjetas temporales en permanentes una vez transcurridos los cinco años desde la entrada en vigor de la Tarjeta de Identidad de Extranjero (TIE).

En términos absolutos, las tres nacionalidades que más documentos recibieron fueron Ucrania (244.579), Venezuela (224.341) y Marruecos (187.790), que concentraron el 42% del total de autorizaciones expedidas. Sin embargo, el factor diferencial del incremento lo marcaron Venezuela, Ucrania y el Reino Unido.

El OPI advierte de que el número de documentos no equivale al de personas, ya que una misma persona puede obtener varios documentos a lo largo del año —por ejemplo, un permiso inicial y su posterior renovación—, lo que explica una parte del volumen total.

El caso británico responde a una cuestión administrativa: desde 2020, los ciudadanos del Reino Unido que residían en España antes del Brexit debían canjear progresivamente su documentación, y en 2025 muchos completaron el paso del régimen temporal al permanente, lo que disparó las cifras.

Tres nacionalidades —Ucrania, Venezuela y Reino Unido— explican la mayor parte del incremento de autorizaciones de residencia en 2025.

Cataluña y Comunidad Valenciana, a la cabeza de las concesiones

Por distribución territorial, Cataluña (311.038), Comunidad Valenciana (282.897), Madrid (275.607) y Andalucía (232.201) concentraron el 70% de los documentos de residencia expedidos en 2025. Estas mismas cuatro comunidades acumularon el 69% de las autorizaciones en régimen de extranjería, según el OPI.

El 82% de los permisos, en régimen de extranjería

Del total de documentos, 1.292.400 —el 82%— se concedieron en régimen de extranjería, con un crecimiento anual del 10,3%. A este grupo se suman 244.186 certificados de registro o tarjetas de familiar de ciudadano de la UE/AELC (15%) y 41.256 tarjetas TIE en régimen del Acuerdo de Retirada (3%).

Dentro de las autorizaciones de residencia temporal, las más numerosas fueron las concedidas por circunstancias excepcionales —excepto arraigo—, con 479.527 casos (40%). Las de arraigo alcanzaron otras 221.802 (19%).

En paralelo, el OPI actualizó la cifra de autorizaciones de estancia por estudios: 108.253 permisos concedidos en 2025, con una edad media de 27 años y un 54% de beneficiarias mujeres. Colombia, Perú y Marruecos lideraron esta tipología.

Lo esencial

  • 📌 ¿Qué ha ocurrido? España concedió 1.577.842 autorizaciones de residencia en 2025, un 7,8% más que el año anterior, según el Observatorio Permanente de la Inmigración.
  • 👤 ¿Quiénes están implicados? Venezuela (+19,5%), Ucrania (protección temporal) y Reino Unido (cambio a permanencia) impulsaron el incremento.
  • ⏭️ ¿Qué pasa ahora? La tendencia alcista se consolida; el Ministerio de Inclusión actualizará próximamente los datos del primer semestre de 2026.

Metsola condena los gritos racistas en el Parlamento Europeo: las sanciones que plantea tras la directiva de retorno

La presidenta del Parlamento Europeo, Roberta Metsola, ha condenado esta mañana en Estrasburgo los gritos racistas de un grupo de eurodiputados durante la plenaria de junio y ha avanzado sanciones disciplinarias para quienes participaron en aquellos cánticos. La intervención ha tenido lugar en la apertura de la sesión plenaria de esta semana.

Te detallo lo ocurrido: la reforma de la directiva de retorno, que endurece las deportaciones y contempla centros de expulsión en terceros países, salió adelante con 418 votos a favor, 218 en contra y 30 abstenciones. La celebración desde los escaños de ultraderecha con el lema ‘Send them back’ indignó al resto de la Cámara y a organizaciones humanitarias.

Así fue la votación y el origen de los gritos racistas en el Parlamento Europeo

La directiva de retorno que vio la luz el pasado mes de junio introduce un endurecimiento de las deportaciones de migrantes en situación irregular y, por primera vez, la posibilidad de crear centros de de expulsión en terceros países. La norma salió adelante con 418 votos a favor, 218 en contra y 30 abstenciones, según los datos oficiales de la sesión. El respaldo mayoritario del Partido Popular Europeo y los grupos de extrema derecha fue la clave, mientras que socialdemócratas, izquierda y verdes votaron en bloque negativo y los liberales se dividieron.

Fue al conocerse el resultado cuando desde los escaños de la ultraderecha resonaron cánticos como ‘Send them back’ (‘Mandadlos de vuelta a casa’), acompañados de aplausos y vítores. La escena, que quedó registrada en vídeos de los propios eurodiputados, provocó la inmediata condena de organizaciones humanitarias y de los grupos progresistas de la Cámara.

Las medidas disciplinarias que anuncia Metsola y el reglamento que invoca

Este lunes, al abrir la nueva sesión plenaria, Metsola ha sido tajante: «Los cánticos agresivos, las burlas y las acusaciones son inaceptables. No representan a esta Cámara ni a Europa. La presidenta ha recordado que el Reglamento del Parlamento Europeo prevé sanciones para comportamientos que dañen la reputación de la institución y ha asegurado que se aplicarán «con imparcialidad».

Las posibles consecuencias van desde la amonestación hasta la suspensión temporal del escaño, aunque la jefa de la Eurocámara no ha detallado plazos ni nombres. «Tomaremos las medidas necesarias para que escenas como las de junio no se repitan jamás», ha añadido.

Hay una línea y esa línea se cruzó en el último pleno. El desacuerdo político nunca justifica la intimidación.

Metsola ha hecho un llamamiento a todos los grupos para que respeten «la letra y el espíritu» de las normas y ha subrayado que el Parlamento debe seguir siendo «un lugar donde todos se sientan seguros».

Qué significa para España y la política migratoria de la UE

La polémica no se agota en la disciplina interna de la Eurocámara. La directiva de retorno, que ahora deberá ser negociada con el Consejo de la UE, afecta directamente a España: como frontera sur del bloque, es uno de los países más expuestos a los flujos migratorios. La creación de centros de expulsión en terceros países podría suponer un cambio en la cooperación con Marruecos y otras naciones del Magreb, donde España ya tiene acuerdos bilaterales.

Además, el episodio racista refleja una deriva que también se manifiesta en la política española, con formaciones que replican discursos similares. La condena de Metsola llega en un momento en que el Gobierno español defiende en Bruselas un enfoque de migración «solidario y respetuoso con los derechos humanos», lo que anticipa un pulso en las negociaciones.

Lo esencial

  • 📌 ¿Qué ha ocurrido? La presidenta del Parlamento Europeo, Roberta Metsola, ha condenado los gritos racistas de eurodiputados durante la votación de la directiva de retorno y ha anunciado sanciones.
  • 👤 ¿Quiénes están implicados? Metsola, los grupos de ultraderecha que profirieron los cánticos, y el conjunto de la Eurocámara.
  • ⏭️ ¿Qué pasa ahora? La Eurocámara aplicará su reglamento disciplinario y la directiva de retorno encara la negociación con el Consejo de la UE, con impacto directo en España.

El Gobierno afirma que no constan instrucciones sobre riesgos de la regularización de migrantes: las claves de la polémica

El Gobierno ha asegurado este lunes que no constan instrucciones entre el Ministerio del Interior, la Policía Nacional y el Ministerio de Inclusión sobre los riesgos de la regularización extraordinaria de migrantes. La respuesta parlamentaria, a la que ha tenido acceso Europa Press, rechaza así las acusaciones de la oposición sobre una supuesta falta de control en el proceso.

La contestación del Ejecutivo: instrucciones inexistentes y documentos clasificados

En una contestación escrita a una batería de preguntas de Vox, el Ejecutivo subraya que no hay comunicaciones oficiales de instituciones europeas que alerten sobre peligros para el espacio Schengen. La declaración se produjo ayer, 6 de julio, y refuta la petición de la formación de Santiago Abascal de acceder a documentos que, según denuncia, el Gobierno mantiene bajo secreto.

«Se indica que no constan instrucciones entre el Ministerio del Interior, Policía Nacional y el Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones ni comunicaciones oficiales de instituciones europeas sobre los riesgos de la regularización para el espacio Schengen», recoge la respuesta. El texto aclara que los documentos internos de la Comisaría General de Extranjería y Fronteras, la UCRI o el CENIF son informes de inteligencia blindados por la legislación de secretos oficiales.

El contexto de las preguntas de Vox

Las preguntas registradas por Vox cuestionaban si negar el acceso a la documentación sobre la regularización es «compatible con los principios de transparencia y control parlamentario». Además, la formación interpelaba al Gobierno sobre si los informes denegados contenían datos que pudieran afectar a la seguridad nacional.

La tensión política se enmarca en el debate sobre el impacto de la regularización en la seguridad y el control migratorio. Vox sostiene que la falta de transparencia oculta riesgos operativos, mientras el Ejecutivo insiste en que no hay instrucción alguna que los avale.

El Gobierno asegura que no hay rastro de instrucciones internas ni alertas europeas, al tiempo que escuda los informes policiales bajo los acuerdos de secretos oficiales de 1986.

La base legal de la clasificación secreta

El Ejecutivo ampara la reserva de los documentos en el acuerdo del Consejo de Ministros de 28 de noviembre de 1986, ampliado en 1994, que clasifica determinados asuntos al amparo de la Ley de Secretos Oficiales. La respuesta detalla que los informes de inteligencia sobre cómo operan las redes de trata o la delincuencia vinculada a la inmigración irregular entran en esa declaración genérica.

«Todos estos acuerdos de los Consejos de Ministros de 1986, 1994 y 2014 están plenamente vigentes y se consideran necesarios para poder gestionar la información sobre el conjunto de operativos de las FCSE», remacha el texto. La Policía Nacional ha subrayado en anteriores comparecencias que la protección de sus fuentes y métodos es imprescindible para no desvelar procedimientos operativos.

Lo esencial

  • 📌 ¿Qué ha ocurrido? El Gobierno niega en una respuesta parlamentaria que existan instrucciones de Interior, Policía o Inclusión sobre riesgos de la regularización de migrantes.
  • 👤 ¿Quiénes están implicados? El Ministerio del Interior, la Policía Nacional y el Ministerio de Inclusión, además de Vox como formación que solicitó la documentación.
  • ⏭️ ¿Qué pasa ahora? La polémica sigue abierta en sede parlamentaria; el próximo paso puede ser una solicitud de comparecencia para exigir más transparencia.

Transparencia retributiva en prisiones: El Supremo obliga a Interior a dar datos de productividad

El Tribunal Supremo ha fallado a favor de la transparencia retributiva en el ámbito penitenciario, obligando al Ministerio del Interior a facilitar a los representantes sindicales los datos individualizados de las productividades abonadas al personal de prisiones, según la sentencia nº 769/2026 a la que ha tenido acceso este medio.

EN 30 SEGUNDOS

  • ¿Qué ha ocurrido? El Tribunal Supremo estima el recurso de un funcionario del Cuerpo de Ayudantes de Instituciones Penitenciarias y reconoce el derecho de los representantes sindicales a conocer las cantidades individuales percibidas en concepto de productividad.
  • ¿Dónde y cuándo? La solicitud inicial se remonta a diciembre de 2021, en el Centro Penitenciario de Málaga, y la sentencia se ha dictado en julio de 2026.
  • ¿Qué resultado? El Ministerio del Interior deberá entregar la información detallada sobre los complementos, anulando su anterior negativa basada en la protección de datos.

La solicitud denegada y el recurso al Consejo de Transparencia

El origen del litigio se sitúa en diciembre de 2021, cuando un funcionario del Centro Penitenciario de Málaga, integrante de la Junta de Personal y representante del sindicato Tu Abandono Me Puede Matar (TAMPM), solicitó al Ministerio del Interior información detallada sobre las productividades extraordinarias abonadas. La petición no se limitaba a cifras globales, sino que reclamaba la identidad de los perceptores, las cuantías satisfechas y el centro o servicio en el que prestaban funciones, con el fin de comprobar si el reparto de un complemento financiado con fondos públicos se había realizado con criterios objetivos y no arbitrarios.

El departamento que dirige Fernando Grande‑Marlaska entregó datos agregados, pero se negó a proporcionar la información individualizada al considerar que vulneraba la protección de datos personales de los empleados públicos. Ante esta negativa, el funcionario acudió al Consejo de Transparencia y Buen Gobierno, que estimó su reclamación y ordenó facilitar la información solicitada. Sin embargo, la Administración General del Estado impugnó aquella decisión, elevando el asunto hasta el alto tribunal.

El fallo del Supremo y su alcance

La Sala de lo Contencioso‑Administrativo del Tribunal Supremo, compuesta por los magistrados José Manuel Bandrés Sánchez‑Cruzat (presidente), Eduardo Calvo Rojas, Diego Córdoba Castroverde, José Luis Gil Ibáñez (ponente), Berta María Santillán Pedrosa, Juan Pedro Quintana Carretero y Margarita Beladiez Rojo, ha dictado la sentencia nº 769/2026, en la que fija un criterio claro. El tribunal concluye que el régimen de publicidad del complemento de productividad previsto en el artículo 23.3.c) de la Ley 30/1984 conserva plena virtualidad como regla especial y no ha sido derogado por la normativa posterior sobre transparencia o protección de datos.

En el fallo, se rechaza que la mera invocación de la protección de datos sea suficiente para denegar el acceso cuando la solicitud la formula un representante del personal en el ejercicio de sus funciones de fiscalización y control de los fondos públicos. La sentencia subraya que no se trata de una petición privada, sino de una herramienta para garantizar la objetividad y la igualdad en la gestión retributiva.

El Supremo establece que la información sobre las cantidades percibidas por productividad, con identificación de perceptores, es accesible para los representantes del personal cuando actúan en sus funciones de control.

El funcionario ha estado representado por Administrativando Abogados, en concreto por Antonio Benítez Ostos, socio director y fundador, y Adela Merino León, asociada sénior de la firma. Desde el despacho destacan que el valor de la resolución trasciende el caso concreto, ya que fija doctrina para futuros procedimientos similares, reforzando la idea de que la transparencia retributiva en el empleo público es una garantía de buen gobierno y de control de la legalidad.

El contexto institucional

Con más de 25.000 funcionarios de prisiones en activo, la cuantía global de las productividades constituye una partida de gasto público de gran magnitud, cuyo control se antoja esencial para garantizar la objetividad en la gestión de los recursos del Ministerio del Interior. La decisión del alto tribunal afecta directamente a este colectivo y sienta un precedente para todas las juntas de personal y representantes sindicales que, a partir de ahora, podrán solicitar información detallada sobre el reparto de complementos salariales sin encontrar una negativa automática basada en la privacidad.

El pronunciamiento se produce en un contexto en el que las reclamaciones relacionadas con la distribución de productividades se han multiplicado en la Administración General del Estado, según fuentes del propio Consejo de Transparencia. La sentencia del Supremo evita que las solicitudes de esta naturaleza se diluyan en una abstracta ponderación entre transparencia y privacidad, y obliga a considerar la previsión legal específica de publicidad y la posición institucional de quien pide la información. Este fallo consolida la productividad como un ámbito en el que el control público prevalece sobre la opacidad administrativa.

La Universidad del País Vasco defiende la normalidad de los ceros en Selectividad euskera

La Universidad del País Vasco (EHU) defendió este lunes la normalidad estadística de los ceros en el examen de euskera de la Selectividad (PAU), después de que 40 estudiantes consiguieran medidas cautelares para excluir esa calificación de su matrícula universitaria.

El análisis, presentado por el rector Joxerramon Bengoetxea y la vicerrectora Urtza Garay, revela que las notas de lengua vasca se sitúan en la media del resto de asignaturas y que los ceros no constituyen una anomalía aislada.

Las cifras de la PAU en euskera

De los 11.833 alumnos que se examinaron de esta materia, los 40 estudiantes con medidas cautelares representan el 0,33%. La calificación media en euskera fue de 6,33 puntos sobre 10, ligeramente por debajo de la de castellano (6,42), pero superior a las de Matemáticas en una de sus variantes (5,08) y Física (3,99).

El número de ceros en euskera fue de 313 inicialmente (2,64%), que se redujo a 163 (1,37%) tras las revisiones. Sin embargo, la proporción de ceros en Física, cursada por muchos menos estudiantes, alcanzó el 3,2%. Según la EHU, “el cero es una calificación más” y no un indicador de sesgo.

La universidad también constató que la nota media en euskera ha bajado respecto al año pasado, pasando de 6,81 a 6,33, pero descensos similares se registraron en Física y Matemáticas. La EHU lo atribuye a los nuevos criterios de evaluación implantados este curso y a la necesidad de que los centros educativos los comprendan mejor.

Los ceros en euskera no representan un caso aislado: la misma proporción o superior se dio en otras materias como Física, según los datos oficiales de la universidad.

Proceso de revisión y debate político

La PAU está regulada por un real decreto estatal y contempla un procedimiento de revisión garantista: cualquier alumno puede solicitar una segunda corrección y, si la diferencia es de dos puntos, se activa automáticamente una tercera evaluación externa. En total, 4.233 estudiantes pidieron revisiones en alguna asignatura, lo que supuso 8.127 ejercicios comprobados.

En euskera, las revisiones apenas variaron la media —subió 0,13 puntos—, un dato que la EHU utiliza para argumentar que los tribunales no cometieron errores sistemáticos. “Las revisiones en euskera no muestran un comportamiento diferente al de otras materias”, señaló Bengoetxea.

Las 40 decisiones judiciales, que anulan cautelarmente la nota de euskera para la matrícula, han abierto un debate político y social. La universidad, no obstante, insiste en que la estadística no refleja ninguna “anomalía” específica en la corrección de esta lengua. El cruce de datos con el modelo educativo de los centros —modelo A (castellano), D (euskera vehicular) y B (mixto)— tampoco arroja diferencias significativas, según los responsables académicos.

Precedentes y coordinación con Educación

Este es el segundo año de aplicación de los nuevos criterios de evaluación derivados de la LOMLOE, que han provocado un descenso general en varias asignaturas. La EHU ha anunciado que intensificará la coordinación con el Departamento de Educación del Gobierno Vasco para que los centros entiendan los nuevos estándares de corrección. Ya en la convocatoria anterior la nota media en euskera fue de 6,81, por lo que la bajada actual se considera parte de un ajuste general y no un problema exclusivo de la lengua vasca.

La propia universidad ha destacado un dato que relativiza el impacto de los ceros: el 71,6% de los alumnos que obtuvieron un cero en euskera aprobaron igualmente la Selectividad. La proporción asciende al 74,8% entre quienes inicialmente sacaron esa calificación.