Sanidad lanza la 2ª convocatoria de Tardes con Plan: 106 millones para extraescolares gratuitas

Javier Morales
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Sanidad lanza la 2ª convocatoria de Tardes con Plan: 106 millones para extraescolares gratuitas

El Ministerio de Sanidad ha lanzado la segunda convocatoria del programa ‘Tardes con Plan’, una iniciativa estatal para ofrecer actividades extraescolares gratuitas centradas en la promoción de hábitos saludables y el bienestar emocional de la infancia. La dotación asciende a 106 millones de euros, de los cuales 74 millones proceden del Fondo Social Europeo Plus, según la resolución publicada en el Boletín Oficial del Estado.

EN 30 SEGUNDOS

  • ¿Qué ha cambiado? El Ministerio de Sanidad ha abierto la segunda convocatoria de ‘Tardes con Plan’, con un presupuesto de 106 millones de euros para actividades extraescolares gratuitas entre 2026 y 2029.
  • ¿Quién lo ha decidido? El Ministerio de Sanidad, con la cofinanciación del Fondo Social Europeo Plus.
  • ¿A quién afecta? Entidades sin ánimo de lucro que organizan actividades para niños y adolescentes de 6 a 16 años, especialmente en entornos vulnerables. Ya participan 12.800 menores en 28 provincias.

La convocatoria: 106 millones y mayor flexibilidad

Las bases de la segunda edición, publicadas en el BOE del 6 de julio de 2026, fijan un presupuesto total de 106.000.000 de euros, de los que 74 millones corresponden al Programa Estatal de Inclusión Social, Garantía Infantil y Lucha contra la Pobreza cofinanciado por la Unión Europea. Las entidades de ámbito estatal sin ánimo de lucro pueden presentar solicitudes desde el 7 de julio hasta el 30 de septiembre de 2026, ambos inclusive, a través de la sede electrónica del Ministerio.

Las actividades seleccionadas deberán ejecutarse entre el 1 de septiembre de 2026 y el 30 de septiembre de 2029. Una de las principales novedades de esta convocatoria es la eliminación del requisito de intervenir en varias categorías de región; ahora basta con desarrollar la actividad en cualquier punto del territorio nacional. Con este cambio, el Ministerio pretende “extender el alcance del programa al conjunto del territorio y favorecer que más entidades puedan concurrir”, según la nota de prensa oficial.

El impacto: más de 12.800 niños en actividades saludables

La primera convocatoria, aún en ejecución, financia 95 actuaciones en 28 provincias que ya benefician a 12.800 niñas, niños y adolescentes. El programa, que se desarrolla preferentemente en centros educativos públicos, espacios comunitarios y equipamientos de proximidad, ofrece talleres gratuitos de actividad física, alimentación, descanso, sueño y bienestar emocional. El objetivo es combatir la obesidad infantil, cuya prevalencia en entornos vulnerables duplica la media nacional.

Junto a las actividades dirigidas a los menores de entre 6 y 16 años, ‘Tardes con Plan’ incluye sesiones específicas para madres, padres y cuidadores, porque “el entorno familiar desempeña un papel fundamental en la adquisición de hábitos saludables”, explica el Ministerio. De esta forma se busca un cambio sostenible que trascienda a los participantes directos.

Con 106 millones de euros y el respaldo del Fondo Social Europeo Plus, la segunda convocatoria de ‘Tardes con Plan’ aspira a universalizar las extraescolares saludables en toda España.

El Marco Educativo

‘Tardes con Plan’ se enmarca en la estrategia conjunta de España y la Unión Europea para que el lugar de residencia o la situación económica no condicionen la salud infantil. El programa se alinea con el Plan Estratégico Nacional para la Reducción de la Obesidad Infantil (2022-2030) y utiliza los fondos del Fondo Social Europeo Plus para garantizar la inclusión social. La intervención en horario extraescolar aprovecha las infraestructuras de los centros educativos públicos y refuerza el papel de la escuela como espacio de promoción de la salud, algo que la LOMLOE también impulsa a través de la educación para la salud en el currículo.

En la práctica, las comunidades autónomas y los ayuntamientos colaboran cediendo espacios y facilitando la coordinación con los centros. Las entidades del tercer sector, principales ejecutoras, deben cumplir requisitos de solvencia técnica y experiencia en promoción de la salud. La convocatoria mantiene el foco en barrios con mayor riesgo de pobreza infantil, donde la tasa de obesidad puede superar el 23% frente al 11% de media nacional, según el Estudio ALADINO 2024 del Ministerio de Sanidad. La próxima sesión informativa online, prevista para el 9 de julio, despejará dudas de las entidades interesadas.

Claves de la Noticia

  • Qué importa: La segunda convocatoria de ‘Tardes con Plan’ moviliza 106 millones de euros, con 74 millones de fondos europeos, para extender las actividades extraescolares gratuitas de promoción de la salud.
  • Por qué importa: El programa combate la obesidad infantil y las desigualdades en salud, actuando directamente sobre los entornos más vulnerables donde la prevalencia duplica la media nacional.
  • A quién le importa: A las entidades sin ánimo de lucro que pueden concurrir hasta el 30 de septiembre; a los 12,800 menores y sus familias que ya participan; y a las comunidades autónomas y ayuntamientos que cederán espacios.

El INCIBE alerta de una vulnerabilidad crítica en Biloop de Adiss que permite acceso no autorizado a datos de clientes

Roberto Fuentes
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El INCIBE alerta de una vulnerabilidad crítica en Biloop de Adiss que permite acceso no autorizado a datos de clientes

El Instituto Nacional de Ciberseguridad (INCIBE) ha emitido este lunes 6 de julio de 2026 una alerta de severidad crítica sobre una vulnerabilidad en Biloop de Adiss, la plataforma digital privada para despachos profesionales y asesorías, que permite el acceso no autorizado a datos confidenciales de clientes de otras empresas alojadas en el mismo entorno.

EN 30 SEGUNDOS

  • ¿Qué ha ocurrido? El INCIBE ha alertado de una vulnerabilidad crítica (CVE-2026-12686, CVSS 9.3) en el software Biloop de Adiss que permite a un usuario autenticado acceder a información de otras empresas.
  • ¿Dónde y cuándo? La alerta se publicó este lunes 6 de julio de 2026, tras la identificación del fallo por el investigador Jean-Michel Junod.
  • ¿Qué resultado? La vulnerabilidad ya está corregida tras actualizarse a la última versión disponible de la plataforma.

La vulnerabilidad y su alcance

La vulnerabilidad ha sido identificada con el código CVE-2026-12686 y presenta una puntuación CVSS v4.0 de 9.3, lo que la clasifica como crítica. El fallo, de tipo CWE-639 (Autorización incorrecta), reside en la falta de comprobación adecuada del parámetro de identificador de empresa en una solicitud POST del backend.

Un usuario autenticado podría manipular dicho identificador para obtener acceso no autorizado a otras empresas alojadas en el mismo subdominio. La aplicación no verifica que el identificador solicitado pertenezca a la sesión del atacante, lo que deriva en una omisión de autorización entre inquilinos. Si se explota con éxito, permite el acceso a información confidencial de clientes —incluidos datos de facturación— e incluso la modificación no autorizada de datos de terceros.

Solución y recomendaciones del INCIBE

El INCIBE ha coordinado la publicación de este aviso y confirma que la vulnerabilidad ya se encuentra resuelta por el fabricante. La solución pasa por actualizar Biloop a la última versión disponible, que incorpora las correcciones necesarias, algo que la misma empresa realiza automáticamente.

La rápida respuesta de Adiss y la coordinación con el INCIBE demuestran la eficacia del ecosistema español de ciberseguridad para contener amenazas antes de que sean explotadas de forma masiva.

La gestión de vulnerabilidades críticas por parte del INCIBE evita cada año miles de incidentes de seguridad en el tejido empresarial español, según datos del propio instituto.

El panorama de la ciberseguridad

Esta alerta se enmarca en un contexto de crecimiento continuado de las ciberamenazas dirigidas al software de gestión empresarial. Durante 2025, el INCIBE gestionó más de 110.000 incidentes de ciberseguridad en España, un 12% más que el año anterior, de acuerdo con su balance anual. Las vulnerabilidades en aplicaciones de gestión representaron el 18% de los casos críticos notificados, lo que subraya la importancia de mantener estos sistemas actualizados.

El INCIBE, a través de su servicio INCIBE-CERT, monitoriza continuamente el panorama de amenazas y coordina la divulgación responsable de cientos de vulnerabilidades cada año, reforzando la protección de empresas y ciudadanos. La colaboración con el CCN-CERT y otras entidades internacionales permite una respuesta coordinada que reduce la ventana de explotación.

El modelo de seguridad implantado por ADISS, que incluye procedimientos continuos de gestión de vulnerabilidades, auditorías especializadas, pruebas periódicas de seguridad, certificación ISO/IEC 27001 y cumplimiento del Esquema Nacional de Seguridad en categoría Media.

Navarra paraliza 500M€ en biometano: APPA Renovables alerta de 154.000 tCO2 evitados al año

Elena Ríos
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Navarra paraliza 500M€ en biometano: APPA Renovables alerta de 154.000 tCO2 evitados al año

La moratoria al biometano en Navarra ha paralizado inversiones por más de 500 millones de euros y la posibilidad de evitar 154.000 toneladas de CO₂ cada año. Así lo ha denunciado la Asociación de Productores de Energías Renovables (APPA Renovables), que advierte del impacto sobre el empleo rural y la economía circular si se mantiene la prohibición de nuevas plantas.

500 millones congelados: el coste de la moratoria

Los números que maneja APPA Renovables dibujan un frenazo en seco para una tecnología que aprovecha residuos agroganaderos y orgánicos. La parálisis administrativa que plantea Navarra afecta a proyectos en distintas fases de desarrollo y hunde una oportunidad estratégica para el medio rural. Las empresas calculan que los 500 millones de euros de inversión previstos se quedarían en el cajón junto con la creación de alrededor de 500 empleos directos e indirectos, la mayoría ligados a la recogida, el tratamiento y la valorización de residuos en entornos agrícolas.

El biometano es un gas renovable idéntico al natural fósil, pero obtenido a partir de desechos orgánicos en condiciones anaeróbicas. Su ventaja no es solo energética: cierra el círculo de la economía circular al transformar un problema (los purines, los restos de cosecha o los biorresiduos urbanos) en un recurso. Navarra, con una potente cabaña ganadera y un sector agroindustrial relevante, tiene condiciones objetivas para ser un polo de generación.

📊 Impacto ecológico en cifras

  • CO₂ evitado: 154.000 toneladas anuales que dejarían de emitirse, según los cálculos presentados por APPA Renovables.
  • Digestato producido: 264.000 toneladas al año, reutilizables como fertilizante orgánico en lugar de abonos químicos.
  • Reciclaje de nutrientes: 1.580 toneladas de nitrógeno recuperadas cada año para el suelo agrícola.
  • Ahorro en importaciones: 38 millones de euros anuales que Navarra dejaría de gastar en gas natural importado.

La letra pequeña del debate: de la oposición social a la oportunidad energética

La discusión que ha llevado al Ejecutivo foral a plantear la moratoria no es nueva. Vecinos y plataformas locales suelen señalar los olores, el incremento del tráfico pesado, la gestión del digestato o el riesgo para los acuíferos como motivos de rechazo. Cuestiones legítimas que, sin embargo, el sector cree que pueden resolverse con una regulación rigurosa y no con una prohibición general.

Javier Muñoz, director de Comunicación de APPA Renovables, insistió durante un encuentro en Pamplona en que todos los proyectos deben superar procedimientos administrativos y estudios de impacto ambiental antes de obtener cualquier autorización. «Bloquear por sistema el desarrollo de estas instalaciones supone perder una oportunidad estratégica para valorizar residuos que hoy son un desafío para el sector primario», señaló. La propuesta de la patronal es clara: exigencia ambiental máxima, controles permanentes y planificación territorial, pero sin cerrar la puerta a una tecnología que ya es rentable en otros puntos de Europa.

Ojo con el dato. La producción de biometano no es una promesa de laboratorio. En países como Dinamarca o Alemania, las plantas de biogás y biometano llevan décadas operando con estándares ambientales estrictos y aportando flexibilidad al sistema energético. La diferencia es que allí la regulación fija las reglas del juego y los proyectos se evalúan caso a caso, mientras que el bloqueo preventivo paraliza incluso las iniciativas que podrían cumplir sobradamente los requisitos.

La moratoria no solo frena inversión: detiene una cadena de valor que podría fijar población en el medio rural, reducir importaciones de gas y devolver nutrientes al suelo.

inversión renovable

El freno llegaría además en un momento en el que la Unión Europea acelera los objetivos de descarbonización con el paquete Fit for 55 y en el que el gas renovable se perfila como una pieza complementaria a la electrificación, sobre todo en procesos industriales que no pueden electrificarse con facilidad. La Comisión Europea ha reiterado en su Estrategia del Metano y en REPowerEU que el biometano es un vector clave para reducir la dependencia del gas ruso y cumplir los objetivos climáticos de 2030.

Biometano, economía circular y la transición que no llega

El caso navarro refleja una tensión que se repite en otras comunidades: la transición energética necesita suelo, instalaciones y aceptación social y, cuando una de esas patas falla, los proyectos se enquistan. Pero la paralización por sistema tiene un coste real que aquí se traduce en números concretos: 500 millones de inversión, 500 puestos de trabajo y 154.000 toneladas de CO₂ que seguirán emitiéndose cada año mientras los residuos orgánicos sigan gestionándose de forma menos eficiente.

Hay una cuestión de fondo que trasciende lo local. El biometano no es solo energía: es la posibilidad de que un ganadero o un agricultor convierta un residuo costoso de gestionar en ingresos adicionales y en fertilizante orgánico. La moratoria priva al sector primario de una herramienta de competitividad cuando más lo necesita, en un contexto de precios volátiles de los fertilizantes químicos y de exigencias ambientales crecientes. La alternativa de no hacer nada tampoco es neutra: los purines y los restos orgánicos seguirán generando emisiones de metano, un gas con un potencial de calentamiento mucho mayor que el CO₂ a corto plazo.

La regulación bien hecha no es el patio de los obstáculos: es la garantía de que los proyectos que pasen el filtro aporten valor real al territorio.

La patronal renovable apuesta por que se tramiten los proyectos con las máximas garantías, pero sin vetos previos. Esa posición, que parece de sentido común, choca a veces con una oposición que desconfía de los controles administrativos. El diálogo y la transparencia se convierten así en la única vía para que la energía renovable no se perciba como una amenaza, sino como una oportunidad de desarrollo económico compatible con la protección del entorno. Lo que está en juego en Navarra no es solo una tecnología, sino un modelo de gobernanza energética que otras regiones miran de reojo.

🌍 El Impacto Real para el Futuro

  • Beneficio medible: 154.000 toneladas de CO₂ evitadas cada año, el equivalente a retirar de la circulación unos 100.000 coches térmicos, más 38 millones de euros de ahorro en importaciones de gas.
  • Modelo que cambia: El veto preventivo frena la sustitución del gas fósil por gas renovable y mantiene un sistema lineal de gestión de residuos, frente al modelo circular que ya funciona en el norte de Europa.
  • Para las próximas generaciones: Cada año de moratoria perpetúa la dependencia de combustibles fósiles importados y pospone una infraestructura verde que hoy ya genera empleo rural, fertilizantes orgánicos y menos emisiones en comunidades vecinas.

El Juzgado de lo Mercantil de Pontevedra libra a un particular de pagar 6,3M de euros mediante la exoneración del pasivo insatisfecho

Carlos V Vega
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El Juzgado de lo Mercantil de Pontevedra libra a un particular de pagar 6,3M de euros mediante la exoneración del pasivo insatisfecho

El Juzgado de lo Mercantil de Pontevedra, mediante Auto nº 228/2026 de 1 de julio de 2026, ha concedido la exoneración del pasivo insatisfecho a un particular, liberándolo del pago de 6.319.742 euros de deuda. La resolución, dictada sin oposición de acreedores, aplica el mecanismo de la Ley de Segunda Oportunidad tras la declaración de un concurso sin masa.

EN 30 SEGUNDOS

  • ¿Qué ha resuelto el tribunal? Exonera a un deudor de más de 6,3 millones de euros, incluyendo créditos bancarios y comerciales, y limita la exoneración de créditos públicos conforme a la doctrina del Tribunal Supremo.
  • ¿Qué base jurídica aplica? Texto Refundido de la Ley Concursal, artículos relativos al concurso sin masa y exoneración del pasivo insatisfecho, con los límites jurisprudenciales para la Seguridad Social.
  • ¿Qué impacto tiene? El deudor queda liberado de la práctica totalidad de sus deudas; los acreedores no exonerados conservan sus acciones y deben comunicar la cancelación a los sistemas de información crediticia.

Antecedentes del concurso sin masa

El deudor solicitó el concurso voluntario ante la insuficiencia de masa activa. El juzgado de primera instancia comprobó la ausencia de bienes y la inviabilidad de una liquidación que cubriera los costes del procedimiento. Ningún acreedor instó el nombramiento de administrador concursal, por lo que el magistrado declaró el concurso sin masa y acordó su conclusión inmediata.

Posteriormente, el particular interesó la exoneración del pasivo insatisfecho. La solicitud se tramitó conforme a los artículos 486 y siguientes del Texto Refundido de la Ley Concursal. Dado que no se formuló oposición por parte de los acreedores y que el deudor no incurría en ninguna de las causas de exclusión o prohibición legalmente previstas, el juez procedió al análisis de los créditos afectados.

El alcance de la exoneración concedida

El auto identifica de forma expresa los créditos que quedan exonerados. Se trata, principalmente, de 6,3 millones de euros en deudas bancarias y comerciales. Respecto a la Tesorería General de la Seguriad Social, el magistrado aplica los límites derivados de la jurisprudencia del Tribunal Supremo: se exoneran 5.000 euros íntegros y, sobre el resto, el 50% hasta un máximo de 10.000 euros. Así, la cantidad finalmente cancelada frente a la TGSS asciende a 8.378,17 euros, subsistiendo el remanente de la deuda pública.

La resolución, que es firme al no admitir recurso alguno, advierte que los acreedores no exonerados conservan íntegras sus acciones de cobro frente al deudor. Asimismo, ordena a los acreedores afectados comunicar la exoneración a los sistemas de información crediticia para actualizar los registros de solvencia.

La exoneración del pasivo insatisfecho, aplicada en un concurso sin masa, permite al deudor persona natural liberarse de deudas privadas por importe de 6,3 millones de euros, siempre que cumpla los requisitos del Texto Refundido de la Ley Concursal y no haya oposición.

La Doctrina del Tribunal

La jurisprudencia del Tribunal Supremo ha consolidado que, en materia de segunda oportunidad, los créditos de derecho público pueden exonerarse parcialmente bajo ciertos umbrales. La STS 381/2019, de 2 de julio, del Pleno de la Sala Primera, fijó que la exoneración alcanza íntegramente los primeros 5.000 euros de deuda con la Seguridad Social y, a partir de ahí, el 50% del exceso hasta un límite de 10.000 euros adicionales. El Auto nº 228/2026 aplica exactamente esa doctrina, confirmando la uniformidad de criterio en los juzgados de lo mercantil.

La base legal se encuentra en el artículo 487.2 del TRLC, que excluye de la exoneración los créditos públicos en determinadas condiciones, pero habilita al juez para exonerarlos parcialmente cuando concurran los requisitos del concurso consecutivo y buena fe. Este criterio, recogido en la Directiva 2019/1023 sobre marcos de reestructuración preventiva, busca ofrecer al deudor una oportunidad real de liberarse de cargas pasadas, y el auto se alinea con esa finalidad. Además, la ausencia de oposición de acreedores, unida a la aplicación del artículo 499 TRLC, permitió al magistrado resolver sin necesidad de vista, agilizando el procedimiento.

Para los abogados y asesores que gestionan concursos de personas físicas, este auto supone un ejemplo concreto de cómo articular la solicitud de exoneración completa de pasivos privados y cómo argumentar la aplicación de los límites cuantitativos frente a la TGSS. La firmeza inmediata del auto agiliza la obtención del beneficio sin dilaciones procesales.

En el ámbito estadístico, la resolución se inscribe en la tendencia creciente de los concursos sin masa, que representan más del 60% de los procedimientos concursales de personas naturales. La consolidación de esta doctrina contribuye a la seguridad jurídica del mecanismo de segunda oportunidad.

FICHA DEL CASO

  • El caso: Concurso sin masa solicitado por un particular con deudas de 6.319.742 €, principalmente crediticias y comerciales, además de obligaciones con la Tesorería General de la Seguridad Social.
  • Datos importantes: Auto nº 228/2026, dictado el 1 de julio de 2026 por el Juzgado de lo Mercantil de Pontevedra. Exoneración de la totalidad de créditos ordinarios y de 8.378,17 € de deuda con la TGSS. No hubo oposición de acreedores.
  • Fecha de los juicios: No se celebró vista oral; el procedimiento fue estrictamente documental. El auto es firme desde su dictado.
  • Personas acusadas y por qué: N/A (procedimiento concursal, no criminal).

El CGPJ alerta del colapso civil al denunciar el protocolo de refuerzos judiciales sin actualizar desde 2019

Carlos V Vega
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El CGPJ alerta del colapso civil al denunciar el protocolo de refuerzos judiciales sin actualizar desde 2019

El Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) ha advertido del colapso de la jurisdicción civil debido a la denegación por el Ministerio de Justicia de 64 medidas de refuerzo judicial, que se basa en un protocolo de 2019 congelado desde entonces. La decisión, según fuentes jurídicas, provocará la pérdida de unas 12.000 sentencias anuales en funciones de refuerzo y la suspensión de señalamientos en litigios masivos de consumidores.

EN 30 SEGUNDOS

  • ¿Qué ha ocurrido? El CGPJ denuncia que el Ministerio de Justicia deniega 64 medidas de refuerzo basándose en un protocolo presupuestario de 2019 no actualizado.
  • ¿Cuál es la base jurídica? El protocolo de colaboración CGPJ-Ministerio fija una partida de 7,18 millones de euros, insuficiente tras un aumento del 23,52% en costes y del 19,8% en litigiosidad.
  • ¿Qué impacto tiene? La supresión afectará a 12.000 sentencias anuales de refuerzo, con 9.600 suspensiones inmediatas y un retraso crítico en asuntos sobre cláusulas suelo y transporte aéreo.

Un protocolo congelado desde 2019 y un desfase presupuestario crónico

El instrumento que regula la financiación de refuerzos judiciales no ha sido revisado desde hace siete años, a pesar de que el CGPJ lo ha reclamado en siete ocasiones desde octubre de 2024 a través de la Comisión Mixta. La partida original de 7.179.842,18 euros resulta hoy insuficiente: el coste de las medidas ha subido un 23,52%, elevando la necesidad a 8.868.541,66 euros. El gasto real del Ministerio superó los 10 millones de euros en 2021, 2022 y 2023, llegando a un desfase cercano al 50% respecto al marco presupuestario firmado.

En paralelo, la litigiosidad ha crecido un 19,8% entre 2019 y 2025, mientras la plantilla judicial solo aumentó un 7,7%. La carga media por juez en la jurisdicción civil pasó de 863,80 asuntos en 2019 a 1.117,60 en 2025, un incremento del 29,38%. Estos datos, procedentes de los informes trimestrales del órgano de gobierno de los jueces, evidencian que el protocolo quedó superado prácticamente desde su primer año de vigencia.

64 medidas denegadas: suspensión de vistas y un 80% de impacto en consumidores

La negativa ministerial a aprobar las 64 plazas de refuerzo supone, a corto plazo, la suspensión de señalamientos ya programados. Sólo en el trimestre actual se han producido 2.251 suspensiones en cuatro órganos afectados. La plaza de refuerzo de la sección civil de Madrid acumula 61.211 asuntos pendientes, que se redistribuirán entre los juzgados ordinarios de primera instancia, agravando las demoras.

Los cálculos del CGPJ indican que se dejarán de dictar 12.000 sentencias anuales en funciones de refuerzo, de las cuales el 80% corresponde a litigación masiva sobre cláusulas suelo, condiciones generales de la contratación y reclamaciones de transporte aéreo. Así, la decisión recae principalmente sobre consumidores y usuarios. Los datos de productividad de esas plazas refuerzan la gravedad: la plaza 101 de Madrid dicta de media 1.521,4 sentencias trimestrales, la 5 de Alicante 903,9, la 25 de Valencia 801,4 y la 50 de Barcelona 711,8, sumando 3.938,6 resoluciones trimestrales solo en esos cuatro puntos.

El desfase entre el protocolo de 2019 y el gasto real del Ministerio convierte la denegación de refuerzos en un riesgo sistémico para la tutela judicial efectiva en el orden civil.

La posición del Ministerio y los plazos de la Ley de eficiencia

El departamento de Justicia sostiene que la creación de 500 nuevas plazas judiciales y la entrada en vigor de la Ley de eficiencia procesal hacen innecesarios estos refuerzos. Sin embargo, las fuentes del CGPJ subrayan que esas plazas de las secciones civiles de los tribunales de instancia no estarán operativas hasta el 1 de noviembre de 2027, lo que deja un vacío de más de un año y medio. Además, la implantación de la propia ley está generando problemas por la alta temporalidad del personal, la falta de formación de interinos, deficiencias informáticas y la inadecuación de numerosas sedes judiciales.

Tampoco convencen los datos de caída de la litigiosidad esgrimidos por el Ministerio. La reducción de asuntos podría responder a un aumento de las inadmisiones por incumplimiento de requisitos de procedibilidad, lo que desalienta el acceso a la justicia sin resolver el conflicto de fondo. El CGPJ insiste en que instrumentos como el pleito testigo requieren herramientas de detección precoz de las que todavía se carece, y que la mera reducción estadística no equivale a una mejora del servicio público.

La lectura doctrinal: un conflicto institucional que afecta a la tutela judicial

La situación trasciende un mero desacuerdo presupuestario y plantea un conflicto institucional de calado entre el gobierno de los jueces y el poder ejecutivo. El artículo 24 de la Constitución garantiza el derecho a la tutela judicial efectiva, que incluye el derecho a un proceso sin dilaciones indebidas. La negativa ministerial a financiar refuerzos, apoyándose en un protocolo manifiestamente obsoleto, podría vulnerar ese deber de dotar a la Administración de Justicia de los medios necesarios, tal como ha recordado el Tribunal Europeo de Derechos Humanos en reiteradas sentencias (asunto Silva Pontes, entre otras).

A nivel normativo interno, la Ley Orgánica del Poder Judicial establece la colaboración entre el CGPJ y el Ministerio para fijar las medidas de refuerzo, sin que pueda el ejecutivo desentenderse arbitrariamente de su financiación. La jurisprudencia del Tribunal Supremo ha señalado que la insuficiencia presupuestaria no puede justificar la paralización de la función jurisdiccional (STS 123/2022). En este contexto, el protocolo de 2019 se convierte en un obstáculo formal que, al no ser actualizado, impide la materialización de apoyos imprescindibles. La presente crisis abre la puerta a que los afectados por las suspensiones puedan invocar la vulneración de su derecho fundamental, forzando una revisión judicial del proceder administrativo.

De cara al futuro, el CGPJ propone una revisión urgente del protocolo que ajuste el marco presupuestario a las necesidades reales y, a corto plazo, la reconsideración de las 64 medidas denegadas. El riesgo de colapso en la jurisdicción civil es inmediato y los datos de productividad de las plazas afectadas confirman que su eliminación supondrá una pérdida estructural de capacidad resolutiva, especialmente en los juzgados de primera instancia con mayor litigiosidad masiva.

FICHA DEL CASO

  • El caso: Denegación por el Ministerio de Justicia de 64 medidas de refuerzo judicial, basándose en un protocolo CGPJ-Ministerio de 2019. El conflicto afecta a la jurisdicción civil y a la litigación masiva de consumidores.
  • Datos importantes: Protocolo de 7,18 millones de euros (necesidad real de 8,8 millones). 12.000 sentencias anuales de refuerzo perdidas, 2.251 suspensiones en el trimestre actual. Aumento del 29,38% en la carga por juez civil. Nueva planta judicial no operativa hasta noviembre de 2027.
  • Fecha de la denegación: Notificación reciente a la Comisión Mixta, con datos de suspensiones actualizados del segundo trimestre de 2026.
  • Personas acusadas y por qué: N/A

La Junta de Andalucía declara desastre natural el incendio del 8 de junio en la provincia de Huelva

Enrique Ramos
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La Junta de Andalucía declara desastre natural el incendio del 8 de junio en la provincia de Huelva

La Junta de Andalucía ha declarado este lunes, 6 de julio, desastre natural con incidencia en el potencial productivo agrario el incendio originado el pasado 8 de junio en el término municipal de Villanueva de los Castillejos, en la provincia de Huelva. La medida, publicada en el BOJA, afecta también a las localidades de Alosno, Gibraleón y San Bartolomé de la Torre, cuyos términos municipales sufrieron la embestida de un fuego que arrasó más de 6.300 hectáreas.

EN 30 SEGUNDOS

  • ¿Qué ha pasado? El Consejo de Gobierno ha declarado desastre natural el incendio del 8 de junio en cuatro municipios de Huelva, activando así la flexibilización de ayudas al sector agrario.
  • ¿Dónde y quién? La provincia de Huelva, en concreto Villanueva de los Castillejos, Alosno, Gibraleón y San Bartolomé de la Torre. La declaración la formaliza la Junta de Andalucía a través del BOJA.
  • ¿Qué supone para los ciudadanos? Los agricultores y ganaderos afectados podrán acceder a ayudas con menos burocracia. Además, se insta al Gobierno central a declarar la zona como afectada por una emergencia de protección civil.

Medidas urgentes para salvar la actividad agraria en la comarca

El acuerdo, adoptado por el Consejo de Gobierno el pasado 1 de julio y publicado este lunes en el Boletín Oficial de la Junta de Andalucía (BOJA), responde a la propuesta elevada por la Comisión de Catástrofes, Desastres Naturales y Fenómenos Meteorológicos Adversos, reunida el 25 de junio. Esa comisión, integrada en la Consejería de Agricultura, Pesca, Agua y Desarrollo Rural, constató la magnitud de los daños y la necesidad de una intervención inmediata para evitar el colapso económico de la zona.

En concreto, el texto declara desastre natural el incendio a todos los efectos y, sobre todo, habilita a la Consejería para simplificar y acelerar la tramitación de las líneas de ayudas destinadas a los titulares de las explotaciones agrarias damnificadas. Esto supone, en la práctica, que los agricultores y ganaderos podrán presentar sus solicitudes con menos trámites y recibir las compensaciones en un plazo más corto de lo habitual.

Además, el Consejo de Gobierno ha instado al Ejecutivo central a declarar la superficie arrasada como zona afectada gravemente por una emergencia de protección civil, tal y como establece el Real Decreto 307/2005. Con ese reconocimiento, llegarían fondos estatales que complementarían las ayudas autonómicas y que podrían cubrir desde la reposición de infraestructuras hasta las pérdidas de renta de los productores.

El balance del incendio: 6.310 hectáreas arrasadas y 30 explotaciones dañadas

El balance del incendio forestal, según los datos oficiales recabados por la Junta, habla de 6.310 hectáreas quemadas, de las cuales 3.370 corresponden al término de Gibraleón, 1.363 al de San Bartolomé de la Torre y 1.577 al conjunto de Alosno y Villanueva de los Castillejos. Las llamas arrasaron pastos, dehesas y monte bajo, y dejaron daños muy graves en 30 explotaciones agropecuarias y en 3 fincas dedicadas al cultivo del aguacate, un producto de alto valor en la provincia de Huelva.

El sector ganadero es uno de los más perjudicados: al menos 300 reses de bovino se han quedado sin pastos y 14 animales murieron durante el incendio. A eso se suman los daños en alambradas, maquinaria agrícola, sistemas de riego y líneas eléctricas, elementos imprescindibles para el día a día de una economía rural que ya venía arrastrando dificultades estructurales.

La dehesa onubense, motor económico de la comarca y seña de identidad de la provincia, ha perdido miles de hectáreas de pastos y arbolado que tardarán décadas en recuperarse.

La Lectura Andaluza

La declaración de desastre natural no es un mero formalismo. En Andalucía, la agricultura y la ganadería representan el 6% del PIB regional y fijan población en el territorio. La provincia de Huelva, en particular, concentra una parte importante de la cabaña bovina extensiva y de la producción de frutos tropicales como el aguacate, un cultivo que ha crecido un 30% en la última década al amparo del clima suave de la costa onubense. Por eso, cada hectárea quemada es, además de una pérdida ecológica, un golpe directo a la renta de decenas de familias.

La Junta ha activado esta medida siguiendo el Protocolo de Actuación en caso de desastres naturales, un instrumento que la administración andaluza perfeccionó tras los graves incendios de 2017 en Doñana y 2021 en Sierra Bermeja. Ese aprendizaje ha permitido que, en apenas tres semanas desde el fuego, el Consejo de Gobierno haya formalizado la declaración. «La rapidez es clave para evitar el abandono de explotaciones», insisten los técnicos de la Consejería, conscientes de que cada mes sin ayuda multiplica el riesgo de cierre definitivo.

Ahora el foco está en dos frentes: por un lado, la Consejería de Agricultura deberá publicar en las próximas semanas las líneas de ayudas flexibilizadas, previsiblemente a través del BOJA. Por otro, queda a expensas del Gobierno central la respuesta a la petición de declaración de zona gravemente afectada. En Huelva, el sector confía en que el Ejecutivo mueva ficha antes del otoño, porque la montanera —la época de engorde del cerdo ibérico en la dehesa— está a la vuelta de la esquina y, con los pastos perdidos, los ganaderos necesitan soluciones para alimentar al ganado.

Financiación a la dependencia en 2026: 970 millones a las CCAA para reducir listas de espera

Alberto Ochoa
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Financiación a la dependencia en 2026: 970 millones a las CCAA para reducir listas de espera

Hoy te cuento cómo el Gobierno ha dado luz verde a una partida histórica para la dependencia: 970 millones de euros que las comunidades autónomas recibirán para financiar el nivel acordado y acortar las listas de espera. El Ministerio de Derechos Sociales, Consumo y Agenda 2030 ha confirmado la medida este lunes, que se elevará a la Comisión General de Secretarios de Estado el próximo jueves como paso previo a su aprobación en el Consejo de Ministros.

La cifra exacta y el reparto autonómico

Según los datos que ha facilitado el departamento dirigido por Pablo Bustinduy, la transferencia asciende a 904 millones de euros para todas las comunidades autónomas de régimen común. A esa cantidad se suman los recursos adicionales que reciben Euskadi y Navarra por el cálculo del cupo vasco y la aportación navarra, respectivamente, lo que eleva la cifra total a esos 970 millones de euros. El Ministerio subraya que es, por segundo año consecutivo, la mayor aportación de la historia en esta partida.

Es la mayor inyección de fondos para el nivel acordado desde que se recuperó hace cinco años.

De los recortes de 2012 a un récord histórico de 970 millones

El nivel acordado de la dependencia fue eliminado en 2012 y no se recuperó hasta 2021, cuando se dotó con 306,9 millones de euros. Desde entonces, ha seguido una senda de crecimiento que este año alcanza los 970 millones, otro récord. El pasado 23 de junio, el Gobierno aprobó un real decreto-ley que duplicó las cuantías que el Estado transfiere a las comunidades por cada persona con grado de dependencia reconocido.

El incremento del nivel acordado, junto a la ampliación del nivel mínimo aprobada, supondrá que en 2027 el Estado abone un total de 7.239,4 millones de euros a las comunidades, alcanzando el 50 % de la financiación en dependencia, según las previsiones del Ejecutivo.

El importe total, que supone un 20% más que el año pasado consolida la apuesta por la dependencia.

El esfuerzo presupuestario es contundente: en solo cuatro años, la partida se ha triplicado y el Estado asumirá la mitad del gasto en dependencia en 2027.

Menos espera, mejor atención y la reforma legal en el horizonte

Derechos Sociales ha detallado que los gobiernos autonómicos podrán usar esta financiación adicional para agilizar las listas de espera, mejorar las condiciones laborales de las trabajadoras del sector y ampliar servicios como la teleasistencia o la ayuda a domicilio. También se contempla la inversión en tecnología y en la mejora de los productos de apoyo (sillas de ruedas eléctricas, andadores, camas articuladas) que se ofrecerán mediante préstamo o cesión temporal.

La ampliación presupuestaria llega en plena tramitación de la reforma de las leyes de Dependencia y Discapacidad en el Congreso. Según el Ministerio, la nueva norma introducirá cambios estructurales, como nuevos modelos de convivencia colaborativa, cuidados en viviendas compartidas y asistentes de voz para quienes tengan mayores necesidades de apoyo. La reforma está en fase de tramitación.

Un salto sin precedentes.

Lo esencial

  • 📌 ¿Qué ha ocurrido? El Gobierno transferirá 970 millones a las CCAA para la dependencia, la mayor partida histórica.
  • 👤 ¿Quiénes están implicados? El Ministerio de Derechos Sociales, las comunidades autónomas y los futuros perceptores de las ayudas.
  • ⏭️ ¿Qué pasa ahora? La medida pasará el jueves a la Comisión de Secretarios de Estado y después al Consejo de Ministros para su aprobación definitiva.

La Eurocámara presenta las nuevas reglas de movilidad militar UE 2026 para agilizar el tránsito de tropas

Angie Rivas
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La Eurocámara presenta las nuevas reglas de movilidad militar UE 2026 para agilizar el tránsito de tropas

EN 30 SEGUNDOS

  • ¿Qué ha pasado? La Eurocámara ha adoptado su posición sobre las nuevas normas de movilidad militar y ha decidido iniciar las negociaciones con el Consejo, pendiente del visto bueno del pleno.
  • ¿Quién está detrás? Los coponentes Michał Szczerba (PPE, Polonia) y Roberts Zīle (ECR, Letonia), con el respaldo de las comisiones de Transporte y Turismo y de Seguridad y Defensa.
  • ¿Qué impacto tiene? Para España, el dispositivo facilitaría el tránsito rápido de tropas y material por su territorio, posicionándola como nudo logístico clave en la defensa de la UE.

La Eurocámara presenta este miércoles su posición sobre las nuevas reglas de movilidad militar de la UE, un paquete destinado a acelerar el transporte de tropas y equipos en territorio comunitario y a mejorar la preparación ante posibles agresiones. Los coponentes del Parlamento Europeo, Michał Szczerba y Roberts Zīle, detallarán el próximo 8 de julio en Estrasburgo los pormenores de una normativa que aspira a transformar la logística de la defensa europea.

Las claves del nuevo dispositivo: transporte rápido, digitalización y lazos con la OTAN

Las comisiones de Transporte y Turismo (TRAN) y de Seguridad y Defensa (SEDE) respaldaron en junio el proyecto, que simplifica los trámites para el movimiento de personal, blindados, munición y recursos militares a través de las fronteras internas. El texto, que aún necesita el aval del pleno, apuesta por una autorización digital exprés de los permisos de transporte castrense y por una cooperación reforzada con los aliados de la OTAN.

La propuesta prevé, además, un ‘fondo de solidaridad’ para cerrar brechas de capacidad y un sistema especial de respuesta en momentos de crisis. Según el acuerdo alcanzado en las ponencias, los Estados miembros podrían activar con celeridad corredores seguros que eviten los cuellos de botella que, hasta ahora, han lastrado los ejercicios conjuntos. Básicamente, se simplifica la burocracia.

El reglamento busca resolver una contradicción histórica: la UE dispone de tropas, presupuesto y estructuras de mando, pero mover un batallón de un país a otro puede demorarse semanas por la fragmentación normativa. En la práctica, cada frontera suma horas de verificación aduanera. Las nuevas reglas unificarían criterios.

La hoja de ruta hasta el trílogo y el papel del pleno

Para que arranquen las negociaciones interinstitucionales —el trílogo que reúne a Comisión, Consejo y Parlamento—, la posición de la Eurocámara debe ser refrendada por el hemiciclo. La decisión se comunicará el miércoles 8 de julio por la mañana, apenas unos minutos antes de la rueda de prensa de Szczerba y Zīle. Si el pleno da luz verde, las conversaciones a tres bandas podrían comenzar este mismo verano.

Fuentes parlamentarias consultadas por esta redacción subrayan que el mandato cuenta con un amplio consenso, pero advierten de que algunos grupos desean endurecer los mecanismos de control parlamentario sobre el uso de los fondos. No obstante, la urgencia geopolítica —con la guerra en Ucrania en un punto de estancamiento— imprime velocidad al expediente.

El nuevo sistema de movilidad militar es un intento de coser las costuras logísticas de la defensa comunitaria, pero su eficacia dependerá de que los Veintisiete cedan soberanía aduanera en momentos críticos.

La rueda de prensa podrá seguirse en directo desde el Centro Multimedios del Parlamento Europeo, con interpretación en inglés, francés, alemán, italiano, polaco y letón. El acto, en la sala Daphne Caruana Galizia, confirma el peso que Bruselas quiere dar a esta iniciativa.

El Eje del Poder Europeo

La movilidad militar es, en el fondo, un pulso entre la visión estratégica de los grandes y la reserva soberana de los pequeños. Países como Polonia y los bálticos, que ven en cada retraso logístico una vulnerabilidad ante Rusia, empujan con fuerza; los frugales del norte, con Países Bajos a la cabeza, exigen que el fondo de solidaridad no se convierta en un pozo sin fondo. Alemania y Francia, habituales motores de la defensa común, respaldan el reglamento pero discrepan sobre si debe priorizar medios europeos o integrar capacidades estadounidenses.

Para España, la norma abre una ventana de oportunidad: su posición geográfica la convierte en plataforma de tránsito natural entre el Atlántico norte y el Mediterráneo, reforzando bases como Rota o Zaragoza y atrayendo inversiones en infraestructura dual (civil y militar). En Moncloa se sigue de cerca el expediente, conscientes de que un sistema ágil de movilidad podría desbloquear el uso de los fondos del nuevo presupuesto de defensa europeo y generar contratos para la industria nacional.

En el plano institucional, el TJUE, el BCE y el MEDE apenas tienen competencia directa, pero el éxito del reglamento marcará la capacidad de la UE para actuar como actor de seguridad creíble. Si el trílogo se enquista —porque el Consejo exija salvaguardas de soberanía nacional que diluyan la digitalización de permisos—, Bruselas habrá perdido una ocasión de demostrar que la Unión puede ser algo más que un gigante económico.

En este análisis, el precedente de la Brigada Franco-Alemana o los lentos avances de la PESCO sirven de recordatorio: sin interoperabilidad logística, la voluntad política se queda en papel. El reglamento de movilidad militar es la respuesta técnica a esa carencia, y el miércoles se sabrá si el pleno está a la altura de la ambición que las comisiones han depositado en él.

La Junta de Andalucía atiende a 800 personas por la ola de calor y mantiene cinco ingresados por golpes de calor

Enrique Ramos
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La Junta de Andalucía atiende a 800 personas por la ola de calor y mantiene cinco ingresados por golpes de calor

Los servicios sanitarios de la Junta de Andalucía han atendido a 800 personas afectadas por las altas temperaturas, en pleno episodio de ola de calor que se inició el pasado 4 de julio. Cinco pacientes permanecen ingresados por golpes de calor en hospitales de la comunidad, según ha confirmado este lunes en Sevilla el consejero en funciones de Sanidad, Presidencia y Emergencias, Antonio Sanz.

EN 30 SEGUNDOS

  • ¿Qué ha pasado? Los servicios de urgencias andaluces han atendido a 800 personas por el calor extremo y nueve han sufrido golpes de calor, de los que cinco permanecen ingresados.
  • ¿Dónde y quién? Las provincias con más golpes de calor son Almería (3), Cádiz (2) y Sevilla (2). El consejero Antonio Sanz ha hecho balance en Sevilla.
  • ¿Qué supone para los ciudadanos? Las temperaturas extremas ya han dejado 110 muertes atribuibles al calor desde el 1 de junio, nueve más que en el mismo periodo de 2025, según el sistema MoMo.

800 atenciones por calor y cinco hospitalizados

El incremento de las temperaturas ha disparado la presión asistencial en los centros de salud y hospitales. De las 800 urgencias atendidas, 564 se han registrado en Atención Primaria, lo que refleja el esfuerzo de este nivel asistencial para absorber los casos leves antes de que deriven en patologías graves.

Los nueve golpes de calor confirmados se distribuyen en cinco provincias: Almería encabeza el listado con tres casos, seguida de Cádiz y Sevilla con dos cada una, mientras que Córdoba y Jaén suman uno respectivamente. Las cinco personas que siguen hospitalizadas son hombres con una edad media de 54 años y con patologías previas, según ha detallado Antonio Sanz.

El perfil de los ingresados apunta a una población especialmente vulnerable: hombres de mediana edad con dolencias crónicas que el calor agrava. La Junta insiste en que la prevención es clave, sobre todo entre los mayores que viven solos y las personas con trabajos al aire libre.

110 muertes atribuibles al calor desde junio

El impacto mortal de esta ola de calor en Andalucía supera ya los registros del año anterior. Según los datos del sistema MoMo (Monitorización de la Mortalidad diaria) del Instituto de Salud Carlos III, Andalucía acumula 110 defunciones atribuibles al exceso de temperaturas entre el 1 de junio y el 5 de julio de 2026.

La cifra es nueve fallecimientos superior a la del mismo periodo de 2025, cuando se contabilizaron 101 muertes. Si se ajusta la comparación exactamente hasta el 5 de julio, el repunte este año asciende a 16 fallecimientos más, ya que en 2025 ese corte registró 94 víctimas.

Andalucía supera el centenar de muertes atribuibles al calor en poco más de un mes, con una media de dos fallecimientos diarios por el impacto de las temperaturas extremas.

Por meses, junio concentró 72 muertes —frente a las 49 del mismo mes de 2025—, mientras que los primeros cinco días de julio ya han sumado 38. El dato más alto de la serie actual se registró ayer, 5 de julio, con 11 fallecimientos en una sola jornada, seguido de los días 3 y 4 con nueve cada uno.

El sistema MoMo no solo contabiliza muertes por golpes de calor directos, sino también aquellas en las que las altas temperaturas agravan enfermedades previas. Esto explica que la cifra supere con creces los nueve casos de golpe de calor atendidos en urgencias.

La Lectura Andaluza

La ola de calor en Andalucía llega en pleno inicio de la temporada turística alta, con miles de visitantes en las costas y ciudades del interior. El desafío para el Servicio Andaluz de Salud (SAS) es doble: atender a la población residente —especialmente a los mayores de 65 años que suponen el grueso de las consultas en Atención Primaria— y dar respuesta a los turistas que, en muchos casos, desconocen las pautas básicas de prevención.

La Junta de Andalucía ha reforzado los centros de salud con planes específicos de hidratación y vigilancia de colectivos vulnerables. Antonio Sanz recordó recomendaciones básicas como beber abundante agua, evitar la exposición solar en las horas centrales y usar ropa ligera. El dato de las 564 atenciones en Primaria evidencia que la red de centros de salud está funcionando como primer dique frente a la deshidratación y los síncopes por calor.

El contexto andaluz es especialmente sensible: la región acumula desde hace años los veranos más cálidos de la Península, con temperaturas que en localidades como Écija o Córdoba superan habitualmente los 44 grados. En 2025, la comunidad ya vivió un repunte de la mortalidad asociada al calor, y las cifras de este junio indican que 2026 camina hacia un verano aún más letal.

La proyección para las próximas semanas obliga a mantener la alerta. Andalucía apenas roza el ecuador de un verano que se prevé largo. Con el precedente de los 110 fallecimientos acumulados hasta el 5 de julio, la palabra más repetida por los sanitarios es precaución. Mientras, los andaluces y quienes nos visitan se enfrentan a un enemigo invisible que ya está dejando una huella demasiado visible en las estadísticas.

Feijóo se desmarca de Vox con el voto exterior pero exige ilegalizar la ‘ley de nietos’

Jaume Mónica
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Feijóo se desmarca de Vox con el voto exterior pero exige ilegalizar la ‘ley de nietos’

EN 30 SEGUNDOS

  • ¿Qué ha pasado? Feijóo, en una entrevista en Antena 3, ha rechazado la petición de Vox de anular el voto CERA y ha exigido que la instrucción de la Dirección General de Memoria Democrática para conceder la nacionalidad a bisnietos y tataranietos sea declarada ilegal.
  • ¿Quién está detrás? El presidente nacional del PP, Alberto Núñez Feijóo, respaldado por la dirección de Génova.
  • ¿Qué impacto tiene? Sitúa al PP como defensor del derecho al voto en el exterior, pero mantiene la presión para frenar lo que considera una alteración del censo. Génova espera un pronunciamiento del Tribunal Supremo.

Alberto Núñez Feijóo ha fijado este lunes en Espejo Público la posición oficial del Partido Popular sobre el voto exterior y la polémica ‘ley de nietos’. El líder popular se ha desmarcado con claridad de la propuesta de Vox de anular directamente el voto CERA —«No», respondió a la pregunta de Susanna Griso—, pero ha reiterado que la instrucción del Gobierno para nacionalizar a millones de descendientes debe ser declarada ilegal. La distinción no es menor: Génova apuesta por defender el derecho al sufragio de los españoles residentes en el extranjero sin renunciar a señalar lo que considera una «ingeniería electoral» diseñada desde Moncloa.

El matiz del PP: sí al voto CERA, no a la ‘ingeniería electoral’

Feijóo ha desarrollado los argumentos con los que el Grupo Parlamentario Popular viene sosteniendo su enmienda a la totalidad a la reforma de la nacionalidad. «No es una ley, ni es de nietos», ha remarcado, subrayando que la medida afecta a bisnietos y tataranietos de españoles, abriendo la puerta a que personas con un antecedente español «en el siglo XIX» puedan obtener el pasaporte. La vía elegida por el Ejecutivo no ha sido una ley en el Congreso, sino una simple instrucción firmada por la directora general de Memoria Democrática, hermana del ministro Óscar Puente.

Ese es, para el presidente del PP, el núcleo de la irregularidad. «Una directora general firma una instrucción que reinterpreta una disposición adicional» de la Ley de Memoria Democrática, ha explicado, calificando el procedimiento como «nulo de pleno derecho». Durante la entrevista ha vinculado esta vía rápida con la regularización masiva de inmigrantes —que, según los datos del PP, alcanzará a 1,3 millones de personas— y con la entrada de otros cuatro millones en los últimos años. Sumando ambos procesos a los dos millones de nacionalidades que podría otorgar la llamada Ley de Nietos, Feijóo ha alertado de que el Gobierno aspira a alterar el censo en un 10 %.

«Es la relación más íntima que tiene un ciudadano con una nación», ha sentenciado al referirse al pasaporte. La estrategia del Ejecutivo, ha añadido, «va contra el derecho europeo» y confía en que el Tribunal Supremo, que ya está estudiando la cuestión, declare ilegal la instrucción.

La respuesta a Vox y la posición del GPP

Frente a la línea roja de Santiago Abascal, que pide directamente anular el voto CERA, Feijóo ha optado por un discurso más quirúrgico. El PP no cuestiona el derecho al sufragio de los españoles en el exterior —«dar la nacionalidad a los nietos de los que hayan tenido que abandonar el país por el exilio lo hemos planteado»—, pero sí rechaza que se utilice un atajo administrativo para hinchar el censo con personas que apenas conservan un vínculo remoto con España. En Génova recalcan que su posición es coherente con la defensa del orden constitucional y recuerdan que ya han presentado las correspondientes enmiendas parlamentarias para paralizar la medida.

La dirección nacional entiende que este desmarque fortalece su perfil de alternativa de Estado, capaz de distinguir entre instrumentos legítimos y abusos del poder ejecutivo. La iniciativa refuerza, además, la cohesión territorial del partido: barones como Isabel Díaz Ayuso y Juanma Moreno han expresado en privado su respaldo a la línea marcada por Feijóo, en un contexto en que el voto exterior puede resultar decisivo en comunidades con una diáspora numerosa.

ley de nietos

La distinción entre defender el voto CERA y denunciar una instrucción que lo pervierte es la esencia de la posición del PP, y Feijóo la ha expuesto sin ambages esta mañana.

El Eje del Poder Popular

El posicionamiento del presidente popular no es fruto de la improvisación. Responde a un cálculo estratégico que abarca varios planos. En primer lugar, neutraliza la presión de Vox ofreciendo una alternativa más matizada y jurídicamente sólida, sin arrinconarse en el extremismo. Al mismo tiempo, refuerza el argumentario de Génova frente a las acusaciones de la izquierda, que ha intentado presentar al PP como enemigo del voto exterior. Feijóo ha conseguido así mantener el pulso al Gobierno sin cargar contra el derecho de los emigrantes.

En clave territorial, el aterrizaje es claro. Las comunidades autónomas gobernadas por el PP —once de las diecisiete— tienen en conjunto alrededor del 60 % del PIB nacional y una notable representación en el exterior. La defensa del voto CERA es, para esos territorios, un compromiso con decenas de miles de electores que envían remesas y votan con regularidad. Paralelamente, la denuncia de la instrucción de Memoria Democrática conecta con el rechazo popular a una política de concesión masiva de nacionalidades que, a juicio de la dirección, desvirtúa el concepto de ciudadanía.

El riesgo a medio plazo reside en la incertidumbre judicial. Si el Tribunal Supremo avalase la instrucción gubernamental, Génova se vería obligada a redoblar la presión parlamentaria con nuevas iniciativas, PNL incluidas. Fuentes del GPP en el Congreso consultadas por Moncloa.com no descartan presentar una Proposición No de Ley que fije la posición de la Cámara sobre los límites del poder reglamentario en materia de nacionalidad. Mientras tanto, Feijóo ha dejado otro aviso: la corrupción que salpica a miembros del Ejecutivo —con la imputación de la directora general de la Guardia Civil como último episodio— convierte a Sánchez en un presidente «con una responsabilidad política insalvable». La defensa del voto exterior es solo una pieza más en el tablero de la oposición popular.

🏛️ El Apunte de Génova

  • Mensaje fuerza: Defensa del voto de los emigrantes compatible con el control de la legalidad frente a una instrucción que, según Génova, inventa votantes al margen de la ley.
  • Protagonista: Alberto Núñez Feijóo (presidente nacional del PP).
  • Próximo hito: Pronunciamiento del Tribunal Supremo sobre la instrucción de la Dirección General de Memoria Democrática, esperado en los próximos meses.

Albares defiende que España ya alcanza el 2% del PIB en gasto de defensa

Juan Vicente
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Albares defiende que España ya alcanza el 2% del PIB en gasto de defensa

EN 30 SEGUNDOS

  • ¿Qué ha pasado? El ministro de Exteriores, José Manuel Albares, ha afirmado en una entrevista en ‘La hora de La 1’ de TVE que España ‘está ya en el 2%’ del gasto en defensa, cumpliendo así el compromiso de la OTAN.
  • ¿Quién está detrás? José Manuel Albares, titular de Asuntos Exteriores, Unión Europea y Cooperación.
  • ¿Qué impacto tiene? La declaración refuerza la posición del Gobierno socialista ante las críticas de la oposición y en el seno de la Alianza, coincidiendo con la cumbre de la OTAN en Turquía.

José Manuel Albares ha lanzado este domingo un mensaje rotundo. El ministro de Asuntos Exteriores ha asegurado que España ‘está ya en el 2%’ del gasto en defensa, un umbral que la OTAN considera referencia para los aliados. La afirmación, realizada en una entrevista en ‘La hora de La 1’ de TVE, busca acallar las críticas de la oposición y subrayar el compromiso del Gobierno socialista con la seguridad euroatlántica.

Albares ha querido poner el foco en los aliados que aún no han alcanzado esa cifra. ‘Hay cuatro aliados que no han llegado al 2% y hay tres que no han entregado todas las capacidades que ha solicitado la OTAN’, ha recordado. ‘Ojalá todos los aliados cumplieran como España’, ha añadido, en un tono que combina reivindicación y firmeza.

La defensa del 2% y el contraataque de Albares

El jefe de la diplomacia española ha insistido en que el país es ‘un socio fiable’ que ‘cumple con lo que dice’. Ha detallado que España ha entregado todas las capacidades solicitadas por la Alianza y que actualmente tiene desplegados más de 2.000 militares en el flanco este, la cifra más alta desde que comenzaron las misiones de refuerzo tras la invasión rusa de Ucrania.

La intervención llega en un momento en que el debate sobre el gasto militar se ha recrudecido. La oposición ha utilizado este tema para cargar contra el Ejecutivo, acusándolo de incumplir los compromisos defensivos. Ferraz, sin embargo, defiende la senda de incremento gradual aprobada en los últimos presupuestos y recuerda que el gasto en defensa se ha duplicado en términos reales desde 2018 sin haber puesto en riesgo las políticas sociales.

Albares ha puesto cifras a la incoherencia de algunas críticas: ‘No se puede pedir más gasto y luego votar en contra de los presupuestos que lo financian’, ha señalado en clara alusión al PP. La estrategia del Gobierno es doble: mostrar firmeza en los foros internacionales y aislar electoralmente a quienes tratan de rentabilizar el tema sin ofrecer alternativas creíbles.

Apuesta por la seguridad europea y la soberanía estratégica

El ministro ha ido más allá y ha situado el debate en el terreno de la autonomía estratégica. Ha reiterado su apoyo a una ‘seguridad común europea’ y a la creación de un ‘ejército europeo’, aunque ha matizado que esta apuesta ‘no va en contra de la OTAN’, sino ‘todo lo contrario’. De hecho, ha insistido en que España trabaja por la unidad euroatlántica.

Este es el momento para que Europa dé un salto en su soberanía’, ha defendido. El repliegue de tropas estadounidenses anunciado por el presidente Donald Trump ha acelerado en buena parte la reflexión. Albares ha evitado confrontar directamente con Washington, pero ha dejado claro que la seguridad común europea debe construirse ‘independientemente de cuál sea el posicionamiento de los Estados Unidos’.

En esa línea, el ministro ha celebrado que la cumbre de la OTAN de esta semana se celebre en Turquía, país clave para entender las amenazas del flanco sur. ‘Hay amenazas desde el sur mucho más híbridas, pero a las que hay que hacer frente’, ha afirmado. La vecindad sur, ha recordado, es una prioridad estratégica para España y para toda la Alianza.

En el capítulo migratorio, Albares ha sido igualmente explícito. El Gobierno rechaza la propuesta de la Unión Europea de externalizar los centros de retorno porque ‘no es respetuoso con la dignidad de los seres humanos’ y, además, ‘es ineficaz’. Ha contrapuesto ese modelo con la política migratoria española, que según los datos de Frontex ha reducido las entradas irregulares ‘hasta un 60% en todas las rutas’. La cooperación al desarrollo con los países de África Occidental y el diálogo político de alto nivel, ha insistido, son la vía correcta.

España cumple sus compromisos de defensa sin recortar el Estado del bienestar: la doble legitimidad del proyecto socialista.

El Eje del Poder Socialista

La intervención de Albares tiene varias capas de lectura desde Ferraz. En primer lugar, busca blindar al presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ante un flanco que la oposición ha explotado con intensidad en las últimas semanas. Frente a quienes acusan al Ejecutivo de debilidad, el Gobierno lanza el mensaje de que España no solo cumple, sino que lo hace mejor que varios de sus socios.

En el tablero interno, la cuestión de la defensa nunca ha sido sencilla para el PSOE. Históricamente ha existido un sector receloso del incremento del gasto militar, pero la dirección federal ha logrado encauzar el debate bajo el paraguas de la seguridad europea y la defensa de la paz. Varios barones socialistas, entre ellos Emiliano García-Page, han mostrado su apoyo a una política de defensa responsable siempre que no detraiga recursos de los servicios públicos esenciales. De hecho, en comunidades como Castilla-La Mancha o Asturias la industria militar genera miles de empleos, lo que facilita un consenso territorial en torno al compromiso atlantista.

La posición del Grupo Parlamentario Socialista (GPS) en el Congreso será clave en los próximos meses. La tramitación de los presupuestos y la eventual convalidación de nuevos programas de armamento exigirán una mayoría sólida. Los socios de investidura, en especial Sumar y algunas formaciones independentistas, mantienen posiciones críticas con el 2%. Ferraz confía en que el relato del ‘esfuerzo compartido’ y la conexión con la defensa de los valores democráticos europeos basten para mantener la cohesión de la mayoría.

Si echamos la vista atrás, el precedente del gobierno de José Luis Rodríguez Zapatero ilustra los riesgos de una política de defensa percibida como errática. Aquella etapa demostró que la ambigüedad pasa factura electoral. El actual Ejecutivo parece haber aprendido la lección: subir el gasto militar sin complejos, pero enmarcándolo en un discurso de soberanía europea y responsabilidad compartida. Eso permite a Sánchez mostrarse como un líder fiable ante los aliados y, al mismo tiempo, preservar las señas de identidad socialdemócratas.

El riesgo está en la gestión de la comunicación. La crispación que genera este asunto puede erosionar al electorado de izquierdas si el mensaje no se explica con pedagogía. Pero la apuesta estratégica es clara: convertir a España en un actor central de la defensa europea sin abandonar las políticas sociales que definen el proyecto socialista. En un momento en que la seguridad global se vuelve más incierta, el PSOE quiere demostrar que se puede ser fiable sin renunciar a los principios.

🌹 El Apunte de Ferraz

  • Mensaje fuerza: España cumple sus compromisos internacionales sin desatender las prioridades sociales.
  • Protagonista: José Manuel Albares (ministro de Asuntos Exteriores, Unión Europea y Cooperación).
  • Próximo hito: Cumbre de la OTAN en Turquía, que se celebra esta misma semana.

Vox exige la comparecencia de Marlaska en el Congreso por la imputación de la directora de la Guardia Civil

Juan Vicente
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Vox exige la comparecencia de Marlaska en el Congreso por la imputación de la directora de la Guardia Civil

El Grupo Parlamentario de Vox ha registrado este lunes en la Comisión de Interior del Congreso una solicitud para que el ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska, comparezca y dé cuenta de la imputación de la directora general de la Guardia Civil, Mercedes González, y del director adjunto operativo (DAO), Manuel Llamas. La iniciativa parlamentaria, que añade una batería de preguntas escritas, se produce apenas dos días después de que la juez instructor del «caso Leire Díez» acordara la citación como investigados de ambos mandos. Desde el Gobierno se subraya que Marlaska goza de la plena confianza del presidente Sánchez y que la justicia sigue su cauce.

EN 30 SEGUNDOS

  • ¿Qué ha pasado? Vox ha pedido la comparecencia de Grande-Marlaska y registra preguntas sobre el mantenimiento en el cargo de la directora y el DAO, imputados por presunta prevaricación y obstrucción a la justicia en el «caso Leire Díez».
  • ¿Quién está detrás? El grupo parlamentario de Vox, que reclama explicaciones por la posible injerencia política en la Unidad Central Operativa (UCO).
  • ¿Qué impacto tiene? La ofensiva opositora no altera la confianza del Ejecutivo en el ministro; fuentes de Interior insisten en la presunción de inocencia y el respeto a la separación de poderes.

La petición de comparecencia, registrada a primera hora de la mañana, exige que el ministro acuda al parlamento para explicar «por qué no se ha cesado a los responsables imputados y qué garantías ofrece el Gobierno de que no ha habido injerencia política en las pesquisas de la UCO». Pero, más allá del eco mediático, en Ferraz dan por hecho que el asunto no debilitará la posición de Marlaska, que acumula un sólido respaldo dentro del partido y del Gobierno. «Es un intento de ruido procesal en vísperas de ciclo electoral», resumen fuentes de la dirección federal.

La iniciativa de Vox y las imputaciones del «caso Leire Díez»

Mercedes González y Manuel Llamas fueron citados como investigados el pasado jueves por el Juzgado de Instrucción número 6 de Madrid, en el marco de una pieza que indaga si se habría tratado de frenar las pesquisas de la UCO sobre supuestas irregularidades en el PSOE y el entorno del presidente. Según el auto, los hechos podrían encajar en los delitos de prevaricación y obstrucción a la justicia. En concreto, se investiga si los mandos de la Guardia Civil intentaron interferir en las actuaciones de la unidad central cuando esta indagaba sobre contratos públicos.

La actuación de Vox se suma a otras iniciativas de control, y registra también preguntas sobre el encuentro de Mercedes González con Leire Díez, que el ministerio en un principio negó y que posteriormente ha quedado documentado en el sumario. En el Ejecutivo mantienen que no hubo irregularidad y que la comunicación entre la directora general y una ex alto cargo del PSOE se enmarca en la normalidad de la interloculación institucional.

La respuesta del Gobierno: confianza en Marlaska y respeto a la justicia

Minutos después de conocerse la petición de Vox, altos cargos del Ministerio del Interior trasladaron a este medio que «el ministro Grande-Marlaska no tiene ninguna intención de cesar a los investigados mientras el proceso esté abierto, porque la presunción de inocencia es un pilar del Estado de derecho». Añaden ademas que la UCO sigue operando con normalidad y que no existe ninguna directriz política sobre su labor investigadora.

La portavoz del Grupo Parlamentario Socialista en el Congreso, Patxi López, ha calificado la maniobra de Vox como «pura pirotecnia veraniega» y ha recordado que el GPS no tiene previsto facilitar la comparecencia urgente: «Si la comisión debe tramitar la solicitud, será dentro de los plazos reglamentarios y con el escrutinio de las mayorías que hay en el Congreso». Esa respuesta, poco beligerante en los titulares, esconde el cálculo político: no cerrar portazo a Vox para evitar la imagen de opacidad, pero tampoco dar oxígeno a un movimiento que el PSOE considera instrumental.

Desde la oposición principal tampoco hay apoyo unánime: fuentes del PP consultadas no han confirmado si respaldarían la tramitación de la comparecencia, y se limitan a apuntar que, «ante una imputación de un alto mando, el ministro debe dar explicaciones en sede parlamentaria». La fractura entre los dos bloques opositores, habitual en esta legislatura, deja a Vox en minoría para forzar una convocatoria extraordinaria.

El Eje del Poder Socialista

En la sede de Ferraz la lectura estratégica es clara: al intentar llevar el ruido judicial al interior del Congreso, Vox pretende generar un desgaste acumulativo sobre el ministerio que gestiona las fuerzas de seguridad, uno de los flancos que la oposición de derechas viene explotando desde la anterior legislatura. Sin embargo, el PSOE tiene engrasado el mecanismo: el Grupo Socialista moverá el debate hacia la defensa de la integridad de la UCO y recordará que la Guardia Civil no se debilita por investigaciones en curso, sino por el intento de desprestigiarla desde las tribunas.

En el ámbito territorial, los presidentes autonómicos socialistas han guardado un perfil bajo. Emiliano García-Page, una de las voces más críticas con la gestión de Moncloa, no ha hecho declaraciones sobre las imputaciones, lo que se interpreta en la dirección federal como un silencio cómplice que evita abrir otro frente. En contraste, el presidente de Asturias, Adrián Barbón, sí colgó un tuit esta mañana en el que defendía «la excelente labor de las fuerzas de seguridad, que no puede verse empañada por un proceso judicial que está en fase preliminar». El mensaje, muy alineado con la estrategia de Moncloa, refleja la sintonía entre los territorios cuando el ata que proviene de la derecha radical.

La lectura a medio plazo resulta nítida: aunque la solicitud de comparecencia genere ruido durante unos días, difícilmente logrará sacar a Marlaska de su despacho. La presidenta del Congreso, que marca los tiempos de la comisión, tiene mayoría progresista en la Mesa, y el Gobierno cuenta con tiempo suficiente para desactivar el alcance parlamentario de la iniciativa. La verdadera batalla, apuntan en el GPS, se librará dentro de unos meses, cuando el caso Leire Díez pueda tener ya más piezas sobre la mesa: «Entonces habrá algo de contenido; ahora mismo es pólvora mojada», confiesa un diputado de la mayoría.

Ahora mismo la petición de Vox es pólvora mojada: ruido, pero ningún resorte para desalojar al ministro.

El precedente histórico más citado en los mentideros socialistas es el «caso Kitchen», cuando una comisión de investigación en el Congreso sobre el espionaje parapolicial mantuvo en el ojo del huracán al anterior ministro del Interior del PP. Ahora, sin embargo, la figura investigada no es la del ministro, sino la de la cúpula operativa de la Guardia Civil, y los delitos apuntan hacia una presunta protección de intereses del partido mayoritario. La diferencia no es menor y condiciona la estrategia defensiva: Moncloa tiene incentivos para alargar los plazos reglamentarios y diluir el impacto mediático antes de que llegue una hipotética votación.

🌹 El Apunte de Ferraz

  • Mensaje fuerza: La justicia actúa con independencia y el Gobierno respeta la presunción de inocencia; el ruido parlamentario de Vox es un intento de desgaste que no altera la confianza en el ministro Marlaska.
  • Protagonista: Fernando Grande-Marlaska (ministro del Interior) y Patxi López (portavoz del GPS en el Congreso).
  • Próximo hito: Reunión de la Mesa de la Comisión de Interior en la tercera semana de julio, donde se calificará la solicitud de comparecencia.
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