La ponencia del Congreso aprueba la ley de nacionalidad para saharauis con el apoyo del PSOE

EN 30 SEGUNDOS

  • ¿Qué ha pasado? La ponencia del Congreso ha aprobado el dictamen de la proposición de ley que concede la nacionalidad española a los saharauis.
  • ¿Quién está detrás? El PSOE y Sumar, con el respaldo de otros grupos de izquierda, han hecho valer su mayoría en la ponencia.
  • ¿Qué impacto tiene? La medida podría beneficiar a unas 70.000 personas y salda una deuda histórica de España con el pueblo saharaui.

La ponencia encargada de debatir la proposición de ley presentada hace casi dos años y medio por Sumar ha aprobado este martes su dictamen con los votos del PSOE, Sumar y otros grupos de izquierda. El respaldo socialista a la iniciativa consolida un paso decisivo para saldar una deuda histórica con el pueblo saharaui, al que España abandonó sin cumplir sus obligaciones como potencia colonizadora durante los estertores del franquismo y los albores de la transición. El dictamen sale adelante mientras PP y Vox han votado en contra y Junts se ha abstenido, una posición que la derecha ha justificado con argumentos de control migratorio pero que, según fuentes socialistas consultadas por Moncloa.com, evidencia un alejamiento de los consensos en materia de derechos humanos.

La ley, que ahora pasa al siguiente trámite parlamentario, beneficiará a unas 70.000 personas de origen saharaui residentes en España, muchas de ellas en comunidades autónomas gobernadas o copresididas por el PSOE. La normativa reconoce el vínculo histórico y humano con un territorio que sigue sin ver resuelta su soberanía casi medio siglo después de la Marcha Verde, y coloca a España en sintonía con los principios de protección internacional de apátridas. En la ponencia, la mayoría progresista ha mostrado una unidad que contrasta con la fragmentación del bloque conservador: mientras PP y Vox han cerrado filas en el rechazo, Junts ha optado por la abstención, lo que en la práctica permite que la iniciativa avance sin nuevos bloqueos.

Una votación histórica: mayoría progresista frente al bloque de derecha

El dictamen ha contado con los votos del Grupo Parlamentario Socialista, el de Sumar y otras formaciones de izquierda presentes en el arco parlamentario. La iniciativa original data del año 2024, cuando Sumar registró la proposición de ley, y ha necesitado de varios meses de negociación para lograr el consenso necesario. El espaldarazo final del PSOE ha sido determinante: los nueve representantes del partido en la ponencia han votado a favor, lo que demuestra la voluntad del Ejecutivo de convertir la memoria democrática en una herramienta activa de reparación.

La cifra de potenciales beneficiarios —unas 70.000 personas— incluye a saharauis nacidos durante la administración colonial española y a sus descendientes. La ley sigue la estela de otras medidas de reconocimiento impulsadas en las últimas legislaturas, como la Ley de Memoria Democrática, y refuerza el perfil internacional de España como un país que asume su pasado para construir un futuro basado en derechos. «Es un acto de justicia histórica», ha señalado un portavoz del Grupo Socialista en declaraciones a esta redacción. «No hemos olvidado nuestra responsabilidad con un pueblo que confió en nosotros».

El rechazo de PP y Vox: una oposición sin argumentos frente a la justicia histórica

La derecha ha respondido con un bloqueo que, según fuentes socialistas, se apoyaba en argumentos jurídicos poco sólidos. Tanto PP como Vox han sostenido que la concesión masiva de nacionalidades podría generar un efecto llamada o colisionar con la legislación general de extranjería, pero la mayoría de los informes jurídicos que acompañan el dictamen —incluido el del propio Consejo de Estado— descartan tales riesgos. De hecho, la abstención de Junts, un grupo habitualmente exigente en materia migratoria, indica que las cautelas técnicas del proyecto eran perfectamente salvables.

En Ferraz interpretan el rechazo frontal de PP y Vox como una muestra más de la deriva de ambos partidos hacia posiciones alejadas de los consensos básicos de la democracia española. «Cuando se trata de derechos humanos, el bipartidismo que algunos añoran queda desenmascarado», señalan fuentes de la dirección federal. La sesión de la ponencia ha sido el escenario de un debate que trasciende lo parlamentario y conecta con uno de los últimos flecos pendientes de la descolonización española en África, un capítulo que la derecha prefirió sepultar durante décadas.

La derogación del silencio histórico frente al pueblo saharaui es ya un compromiso político con nombre y apellidos: PSOE.

El Eje del Poder Socialista

La votación en la ponencia del Congreso va mucho más allá de un trámite legislativo. Para el PSOE, apoyar la nacionalidad saharaui supone un movimiento estratégico en tres frentes: consolida su perfil de partido comprometido con los derechos humanos, tensa la cuerda con una oposición cada vez más aislada en el espectro internacional y refuerza los lazos con Sumar y los demás socios de investidura. En la cúpula del partido se lee este dictamen como un paso natural tras la regularización de migrantes y la apuesta por la acogida de refugiados: una línea coherente que distingue al Ejecutivo socialista del modelo restrictivo que aplican países gobernados por la derecha europea.

Desde el punto de vista territorial, la medida tendrá un impacto directo en las comunidades autónomas donde reside la mayor parte de la población saharaui en España. En territorios gobernados por el PSOE —como Canarias, Cataluña o Castilla-La Mancha—, los servicios sociales y de registro civil ya trabajan con un horizonte de miles de nuevas solicitudes que aportarán seguridad jurídica a familias que hoy viven en una situación administrativa precaria. El presidente canario, Ángel Víctor Torres, ha sido uno de los primeros barones socialistas en celebrar el avance, al considerar que «las islas conocen mejor que nadie la herida histórica del Sáhara».

La lectura a medio plazo deja un reto para el Gobierno: la ley aún debe superar el debate en la Comisión de Justicia y, posteriormente, el Pleno del Congreso. La mayoría necesaria no está garantizada si Junts decide cambiar su voto de abstención por un no, algo que fuentes del Grupo Socialista confían en reconducir con diálogo. El PSOE sabe que este tipo de iniciativas movilizan tanto a la izquierda como a la derecha, y que en pleno ciclo preelectoral cualquier paso en falso puede ser utilizado por el adversario para intentar agitar el fantasma de la inmigración descontrolada. Sin embargo, en la dirección federal del partido consideran que el coste de no actuar sería mucho mayor: una oportunidad perdida para demostrar que la política de derechos humanos no se sacrifica en el altar del tacticismo parlamentario.

🌹 El Apunte de Ferraz

  • Mensaje fuerza: El PSOE reafirma su compromiso con los derechos humanos y la justicia histórica frente a una derecha que antepone cálculos políticos a la deuda con el pueblo saharaui.
  • Protagonista: Pedro Sánchez (presidente del Gobierno y secretario general del PSOE).
  • Próximo hito: El texto pasará a debate en la Comisión de Justicia del Congreso y, posteriormente, al Pleno para su aprobación definitiva.

Nunca enjuagues los platos antes del lavavajillas: el error que cuesta agua y perjudica la limpieza

Si cada noche repites el ritual de abrir el grifo caliente y aclarar platos, cubiertos y vasos antes de cargarlos en el lavavajillas, tengo una mala noticia: estás tirando dinero y, de paso, estropeando la limpieza final. Sí, has leído bien. Ese gesto casi involuntario que todos hemos heredado de nuestras madres —y ellas de las suyas— no solo es innecesario en los electrodomésticos modernos, sino que confunde a los sensores inteligentes que llevan dentro.

La mayoría de fabricantes, desde Bosch hasta Balay, coinciden en las instrucciones: no laves la vajilla bajo el grifo antes de meterla. Basta con retirar los restos sólidos más gruesos. El motivo no es un capricho de ingenieros: cada ciclo de aclarado manual consume entre 30 y 40 litros de agua, mientras que un lavavajillas eficiente utiliza entre 10 y 15 litros para todo el lavado.

El secreto del éxito

  • Sensores al acecho: Los lavavajillas modernos miden la turbiedad del agua al comenzar el ciclo. Si el agua entra demasiado limpia, el sistema interpreta que hay poca suciedad y acorta el lavado, dejando restos pegados en platos y vasos.
  • Detergente inteligente: Las pastillas y polvos actuales contienen enzimas que necesitan partículas de comida para adherirse y descomponerlas. Sin residuos, las enzimas no se activan correctamente y la limpieza pierde eficacia.
  • Ahorro real de agua: Enjuagar bajo el grifo puede gastar hasta 40 litros cada vez, mientras el lavavajillas consume de media 12 litros por ciclo. Además, si abres el calentador, añades un pico en la factura de gas o electricidad totalmente evitable.

En otras palabras, tu lavavajillas mide la suciedad para ajustar el programa. Si le das platos casi impolutos, se confunde y trabaja a media potencia. Es una paradoja, pero más limpio antes equivale a más sucio después.

Ingredientes

  • Un detergente enzimático de calidad, en pastillas o gel, con enzimas que atacan proteínas, almidones y grasas.
  • Sal específica para lavavajillas, que regenera el descalcificador y evita la cal en las resistencias.
  • Abrillantador líquido, para acelerar el secado y eliminar marcas de agua en copas y cubiertos.
  • Un cepillo de silicona o papel de cocina para retirar solo los restos más grandes sin enjuagar.

Con estos pocos elementos, tu lavavajillas podrá hacer su trabajo sin prelavado. La sal protege el descalcificador, el abrillantador acelera el secado y el detergente necesita partículas de comida para activar sus compuestos limpiadores. Así que olvídate del grifo y deja que la máquina demuestre lo que realmente sabe hacer.

El paso a paso definitivo

Lo primero, y lo más importante: olvídate del grifo. Antes de cargar, retira los restos más voluminosos, como huesos, pieles de fruta o salsas solidificadas, con los cubiertos sucios o con un trozo de papel de cocina. Si quieres ser aún más sostenible, ten un cepillo de silicona exclusivo para esta tarea; lo lavas de vez en cuando y generas menos residuos.

El lavavajillas no es un armario para platos limpios; es una máquina de alta precisión que necesita suciedad para liberar todo su poder limpiador.

Llena el lavavajillas aprovechando los espacios y sin sobrecargar. Los platos más sucios deben ir en la bandeja inferior, donde el brazo aspersor tiene más presión. Las copas de cristal, hacia arriba y separadas. Y los cubiertos, con el mango hacia abajo para que el agua golpee la parte más sucia. Cada modelo tiene sus trucos, pero esta disposición funciona en el 90% de los casos.

Si no sueles llenar el aparato a diario, activa un programa de prelavado rápido o usa un detergente con poder antiolor. Los modelos más modernos incluyen ciclos automáticos que miden la turbiedad y ajustan el gasto sin que tú tengas que preocuparte. Basta con cargarlo bien y seleccionar el programa adecuado.

Cada dos o tres meses, limpia los filtros y el interior con un producto limpiamáquinas. Un lavavajillas con filtros obstruidos gastará más y lavará peor, lo que te tentará a volver al mal hábito de prelavar. Un mantenimiento sencillo alarga la vida del electrodoméstico y asegura resultados impecables.

Variaciones y maridaje

¿Tienes un lavavajillas antiguo, de antes de 2010? Aunque carezca de sensores inteligentes, no enjuagues. El ahorro de agua sigue siendo notable y los detergentes modernos rinden mejor cuando encuentran algo de suciedad a la que adherirse. Si tu máquina es muy vieja y notas que los platos no salen limpios sin prelavar, ajusta la dosis de detergente y activa el programa de mayor duración, pero no abras el grifo.

Para las cocinas que no llenan el aparato a diario, el ‘maridaje’ ideal es usar un detergente con enzimas y un abrillantador de secado rápido. También puedes programar un ciclo de mantenimiento mensual con un producto limpiamáquinas para evitar olores. Y si quieres ser 100% sostenible, sustituye el papel de cocina por un cepillo de silicona reutilizable: el planeta y tu bolsillo te lo agradecerán.

La UE activa la ‘tasa Shein’: 3 euros por paquete chino de menos de 150 euros

EN 30 SEGUNDOS

  • ¿Qué ha pasado? La UE activa el 1 de julio un arancel de 3 euros por cada tipo de producto en paquetes de menos de 150 euros procedentes de China, una medida temporal hasta 2028 para frenar la avalancha de importaciones baratas.
  • ¿Quién está detrás? La Comisión Europea, con el respaldo de los Estados miembros, especialmente Francia y los productores europeos frente a plataformas como Shein, Temu y AliExpress.
  • ¿Qué impacto tiene? Afecta a los consumidores y vendedores online españoles, y busca igualar las condiciones de competencia para los comercios locales europeos.

La Unión Europea activa este 1 de julio un arancel de 3 euros sobre cada tipo de producto comprado en plataformas chinas de comercio electrónico de bajo valor. La medida, temporal hasta 2028, intenta frenar los 16 millones de paquetes diarios que evadían impuestos, y llega meses después de que Francia impusiera su propia tasa.

El plan original de Bruselas era eliminar en 2028 la exención de aranceles para los envíos inferiores a 150 euros. Sin embargo, la presión de los productores comunitarios y la avalancha de mercancías —el 91 % de esos paquetes procedía de China en 2024— obligaron a acelerar el calendario. En diciembre de 2025 los Estados miembros dieron luz verde a un mecanismo de urgencia, que entra en vigor mañana.

El nuevo arancel se aplica por cada tipo de artículo distinto incluido en el paquete: si se compran una camiseta y un juguete, se pagan 6 euros en total; si se compran varias camisetas del mismo modelo, solo una vez. La Comisión Europea quiere así cerrar el agujero que permitía a gigantes como Shein, Temu o AliExpress inundar el mercado sin pagar derechos de aduana.

Una medida de urgencia ante la cifra de 4.170 millones de productos en 2024

Las cifras respaldan la decisión. El año pasado la UE procesó 4.170 millones de artículos con valor declarado inferior a 150 euros, el doble que en 2023. Representan el 97 % de todos los envíos, pero apenas el 2 % de su valor total. “El objetivo es garantizar que este asombroso aumento de los paquetes de comercio electrónico de bajo valor se produzca en condiciones de igualdad para los minoristas de la UE”, subrayó ayer el portavoz comunitario de Comercio, Olof Gill.

Además de la competencia, hay motivos de seguridad. Bruselas multó hace semanas a Temu con 200 millones de euros por fallos críticos en su sistema de prevención de la venta de artículos ilegales. Cargadores que provocan quemaduras, juguetes con químicos tóxicos o bisutería dañina son ejemplos de los productos detectados. “Es precisamente por eso por lo que tales medidas tienen más sentido cuando se trata de una medida de la UE”, remachó Gill.

El arancel es temporal: se mantiene hasta la reforma definitiva prevista para 2028. Mientras, la Comisión vigilará posibles estrategias para esquivarlo, como el envío fraccionado de paquetes o la entrada a través de países con acuerdos comerciales específicos, o la construcción de grandes almacenes en Europa para distribuir al por menor.

Francia retira su tasa nacional, España afronta el impacto

Francia, que desde el 1 de marzo aplicaba un arancel similar de dos euros, ha renunciado a su medida para evitar solapamientos. En España, donde el comercio electrónico transfronterizo ha crecido con fuerza, la patronal del sector y las asociaciones de consumidores siguen de cerca la medida. Aunque las autoridades comunitarias insisten en que la tasa la deben pagar las empresas, algunas organizaciones advierten que podría repercutir en los precios finales.

Para las pymes españolas que compiten con estos productos —moda, accesorios, electrónica de bajo coste— el arancel nivela parcialmente el terreno. Según la Comisión, hasta el 65 % de los paquetes pequeños se declaraban con un valor inferior al real para eludir aranceles, una práctica que ahora encontrará un coste añadido.

La tasa no ataca a los consumidores, sino al modelo que permitía a las grandes plataformas chinas esquivar cualquier peaje en la entrada a Europa.

El Eje del Poder Europeo

El arancel de 3 euros es un termómetro de las tensiones internas. El eje franco-alemán y los países del sur —entre ellos España— respaldaron la medida con la vista puesta en la industria local y la seguridad de los consumidores. Los Estados del norte, que suelen abogar por un comercio sin barreras, asumieron el coste político a cambio de un mecanismo temporal claramente acotado. La Comisión, por su parte, ha pisado el acelerador al ver que la exención de los 150 euros se había convertido en una autopista para productos que, en muchos casos, no cumplían las normas europeas.

Para España, el impacto directo es dual. Por un lado, los minoristas ven un respiro frente a competidores que vendían sin IVA ni aranceles. Por otro, los consumidores acostumbrados a comprar en estas plataformas pueden resentir un leve encarecimiento. La decisión alimenta el debate sobre el modelo a largo plazo: más proteccionismo frente a la estrategia china o una reforma que equipare las reglas del juego sin castigar al consumidor. La próxima cita será la cumbre del Consejo Europeo de otoño, donde se revisarán los primeros datos de aplicación.

Aflac Japan sufre un ciberataque: roban datos de 4,38 millones de clientes en diez días

Le adelanto que este ciberataque a Aflac Japan no es otro robo masivo de datos al uso. Es una ventana abierta de diez días en los sistemas de una de las mayores aseguradoras del mundo que compromete nombres, direcciones, cuentas bancarias y pólizas de 4,38 millones de clientes. Una brecha que, por su patrón y por la información expuesta, encaja a la perfección en las necesidades de cualquier servicio de inteligencia que busque perfiles financieros a gran escala.

Anatomía del ataque: diez días de acceso sin detectar

Los atacantes accedieron al portal de clientes ‘Aflac Yoriso Net’ y a otros sistemas entre el 15 y el 25 de junio de 2026, según el informe presentado ante la SEC y la Agencia de Servicios Financieros de Japón. Durante esos diez días, el actor malicioso exfiltró datos personales —nombres, direcciones, fechas de nacimiento, sexo, números de teléfono— y, sobre todo, información bancaria y detalles de cobertura. La compañía detectó la intrusión el 25 de junio y reaccionó suspendiendo los sistemas afectados de inmediato, pero el daño ya estaba hecho.

La investigación, todavía en curso con el apoyo de expertos forenses externos, no ha confirmado el vector de entrada, pero todo apunta a un robo de credenciales o un acceso mediante phishing dirigido. No hay indicios de vulnerabilidades de día cero; de hecho, la larga permanencia sin detección sugiere un movimiento lateral silencioso y un conocimiento preciso de la arquitectura del portal. En el argot del oficio: una intrusión con tradecraft de grupo persistente, pulida y paciente.

El tipo de datos varía por cliente, pero la compañía ya ha confirmado que incluye cuentas bancarias y números de póliza, lo que convierte este incidente en uno de los robos de información financiera más graves del año en el sector asegurador. Aflac ha empezado a enviar notificaciones por carta a los afectados y mantiene suspendidos varios servicios al cliente mientras sigue con la recuperación. Las operaciones en Estados Unidos no se vieron afectadas, lo que refuerza la tesis de un ataque dirigido específicamente al flanco japonés.

Por mi experiencia, sé que los portales de clientes de aseguradoras son un objetivo cada vez más goloso. Concentran en un solo punto datos identificativos, bancarios y patrimoniales de millones de personas, y a menudo se construyen sobre arquitecturas heredadas con parches apresurados. Un error de configuración en el portal ‘Yoriso Net’ o una cuenta de servicio mal protegida podría haber bastado para abrir la puerta.

Scattered Spider y la oleada contra aseguradoras: ¿cibercrimen o algo más?

La comunidad de inteligencia de amenazas vincula esta intrusión con Scattered Spider, el mismo grupo que golpeó a Allianz Life en 2025 y a MGM Resorts un año antes. Scattered Spider es una amalgama de actores de habla inglesa con una capacidad de ingeniería social y SIM swapping fuera de lo común, y tiene un historial de infiltrarse en entornos corporativos para desplegar ransomware o directamente vender los datos en la dark web.

Sin embargo, aquí no ha habido cifrado de sistemas ni demanda de rescate pública. El atacante se limitó a entrar, copiar datos durante diez días y salir. Es el modus operandi de una operación de exfiltración pura, más propia del espionaje que del cibercrimen convencional. No sería la primera vez que un grupo criminal actúa como pantalla de un servicio de inteligencia. Recuerdo el caso del grupo Lazarus, brazo cibernético norcoreano: sus incursiones en bancos asiáticos empezaron como robos comunes hasta que se reveló su financiación del programa de misiles.

Aquí el debate está abierto: ¿estamos ante una banda de delincuentes que ha encontrado un filón en los datos de aseguradoras japonesas, o alguien con motivación estatal está utilizando a Scattered Spider como tapadera? Lo verosímil es que el grupo actúe por cuenta propia y venda los datos en foros clandestinos, pero eso no reduce el riesgo de que dicha información acabe en manos de un servicio extranjero. Japón es, para China, uno de los blancos prioritarios de inteligencia económica.

La línea entre el cibercrimen y el espionaje se desdibuja cuando los datos robados valen más para una agencia de inteligencia que para un vendedor en la dark web.

Dossier Moncloa: Ojos en la Sombra

El vector de amenaza es nítido: una intrusión sigilosa en el portal corporativo, probablemente mediante credenciales comprometidas, que deriva en la exfiltración de datos personales y financieros de 4,38 millones de ciudadanos japoneses. No se usaron zero-days ni herramientas de APT sofisticado, sino un oficio basado en moverse sin ruido. Le pongo en contexto: desde la perspectiva del oficio, este ataque podría ser tipificado como una operación de inteligencia de señales (SIGINT) de bajo coste si el agente atacante es un Estado, o como una simple actividad lucrativa si es solo cibercrimen.

En cuanto a las agencias implicadas, la atacante sigue siendo Scattered Spider según los indicadores forenses que manejan las firmas de ciberseguridad, pero el verdadero interés puede estar en Pekín o Pyongyang. La agencia defensora es Aflac Japan, apoyada por la Financial Services Agency nipona, que ha reaccionado con celeridad. Como terceros interesados, todas las aseguradoras globales se miran en el espejo, y el CNI, a través de su Centro Criptológico Nacional (CCN-CERT), ya ha elevado la monitorización sobre el sector asegurador español. Lo sé por fuentes de la Casa de Castelló: las alertas del CCN-CERT han subido de nivel tras este incidente, especialmente para las entidades con exposición a clientes japoneses.

El nivel de clasificación estimado del material filtrado, si estuviera bajo custodia gubernamental, lo situaría en la categoría de Confidencial. Datos bancarios, historial de pólizas y direcciones de millones de ciudadanos constituyen un patrón de vida y una capacidad económica que, en manos de un servicio hostil, permitiría campañas de desinformación, extorsión o reclutamiento de fuentes humanas con un grado de precisión quirúrgica.

Ya lo escribí en El quinto elemento: «El próximo 11S empezará con un clic, y puede que el primer clic lo dé el sistema de una aseguradora que no se ha actualizado». Aquel libro de 2015 hablaba de la ciberguerra como el escenario donde la inteligencia de señales se funde con la infiltración humana. Casos como este me dan la razón: no hace falta un Stuxnet para causar un daño geopolítico; basta con acceder silenciosamente a un portal de clientes y copiar datos que, cruzados con OSINT, dibujan el mapa de la sociedad a la que se quiere atacar.

Mientras el próximo informe de la Financial Services Agency aclare el verdadero alcance, en Madrid los analistas del CNI se preguntan cuántas aseguradoras españolas tienen portales de cliente igual de vulnerables. Yo me hago la misma pregunta. Y usted, probablemente también.

El INCIBE y la Guardia Civil alertan de falsas ofertas de empleo de socorrista para esta temporada de verano

Un mensaje de empleo te llega por WhatsApp prometiendo un puesto de socorrista en un hotel para este verano, y la trampa ya está activada antes de que lo sepas. La Guardia Civil y el INCIBE han confirmado una campaña de estafas que utiliza la búsqueda de trabajo estacional como cebo para robar datos personales y crear cuentas bancarias fraudulentas.

El caso salió a la luz cuando un joven contactó con la Línea de Ayuda 017 tras sospechar de una oferta que parecía demasiado fácil. Lo que empezó como una conversación normal por WhatsApp terminó con su DNI comprometido y una cuenta bancaria abierta a su nombre que nunca llegó a controlar.

Así funciona la estafa del empleo de socorrista

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El mecanismo es directo y aprovecha la urgencia de quien busca un empleo rápido para el verano. Una supuesta empresa intermediaria contacta por WhatsApp diciendo que gestiona la selección de personal para un hotel, y pide al candidato fotos de su DNI antes de cualquier entrevista formal.

A partir de ahí llega la segunda fase, la más peligrosa: piden abrir una cuenta bancaria a nombre de la víctima, supuestamente para gestionar cobros del bar del hotel. En realidad, esa cuenta se convierte en una herramienta para canalizar dinero de origen ilícito sin que el titular lo sepa.

INCIBE y la Guardia Civil, unidos contra el fraude laboral

El empleo falso de verano forma parte de una tendencia más amplia que el INCIBE lleva meses monitorizando en toda España. La Guardia Civil difundió el aviso en redes sociales explicando que, bajo el pretexto de una oferta laboral, los estafadores buscan «iniciar una conversación» para conseguir datos sensibles.

El INCIBE gestionó más de 122.000 incidentes de ciberseguridad durante 2025, y su línea gratuita 017 sigue siendo la vía más rápida para frenar el daño. Conocer este organismo y su forma de actuar es clave para saber a quién acudir en cuanto algo no encaje en una oferta de trabajo.

Las señales de alarma que delatan el fraude

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Las víctimas comparten un patrón casi idéntico antes de caer en la trampa. Piden el DNI por WhatsApp sin haber pasado por una entrevista real, y todo el proceso de selección ocurre fuera de cualquier plataforma de empleo reconocida o portal oficial.

El segundo aviso es aún más claro: ninguna empresa seria convierte a un candidato en gestor de cobros antes de firmar contrato. Si te piden abrir o usar una cuenta bancaria como parte del proceso de selección, la oferta es, casi con toda seguridad, una estafa.

Qué hacer si ya has compartido tus datos

Actuar rápido marca la diferencia entre un susto y un problema financiero serio. El INCIBE recomienda una secuencia de pasos concretos, pensada para minimizar el riesgo de suplantación de identidad tras haber compartido el DNI o abierto una cuenta sin saberlo.

Si reconoces alguna de estas señales en tu propia búsqueda de empleo, conviene actuar de inmediato siguiendo estas pautas oficiales:

  • Recopila capturas de las conversaciones de WhatsApp y guarda el número del estafador.
  • Presenta una denuncia ante la Guardia Civil o la Policía Nacional cuanto antes.
  • Anula la cuenta bancaria abierta bajo instrucciones de los estafadores.
  • Llama gratis al 017 del INCIBE para recibir orientación personalizada.

Lo que viene: más prevención y menos víctimas jóvenes

La buena noticia es que la colaboración entre la Guardia Civil y el INCIBE está acortando los tiempos de respuesta ante este tipo de campañas estacionales. Cada caso denunciado alimenta una base de datos que ayuda a identificar patrones y bloquear números antes de que lleguen a más candidatos a un empleo de verano.

El consejo más sencillo sigue siendo el más eficaz: verifica siempre la oferta directamente en la web oficial del hotel o a través de portales de empleo de confianza. Con un poco de desconfianza inicial, este verano puede ser el de tu primer trabajo sin sustos de por medio.

Sony WH-1000XM5: el precio de los auriculares más vendidos en Fnac baja de 449€ a 219,99€

Fnac ha vuelto a sorprender con una de sus rebajas más agresivas del año: los Sony WH-1000XM5 caen de 449,99€ a 219,99€, un descuento del 51% que coloca a estos auriculares entre las mejores compras de electrónica del momento. La oferta aparece publicada directamente en la ficha del producto en Fnac.es, sin letra pequeña ni condiciones extrañas.

No es la primera vez que vemos esta caída tan pronunciada en Fnac, pero sí una de las más sostenidas en el tiempo. Quien ande buscando un salto real en calidad de sonido y cancelación de ruido sin asumir el precio de salida tiene ahora mismo una ventana muy interesante para decidirse.

Por qué Fnac ha bajado tanto el precio de los Sony WH-1000XM5

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Las grandes superficies como Fnac suelen mover precios de auriculares premium cuando hay stock que rotar o cuando la competencia directa aprieta con ofertas similares. En este caso, el histórico de precios muestra que estos auriculares han oscilado entre los 159,99€ y los 449,99€ en distintos momentos del año, así que 219,99€ se sitúa en la franja baja, cerca de su mínimo histórico.

Lo relevante no es solo el número, sino que se trata de unos auriculares que siguen siendo top de gama pese a no ser la última generación de la marca. La relación entre lo que pagas y lo que obtienes en sonido y silencio ambiental es, ahora mismo, difícil de igualar en esa franja de precio.

Ficha técnica y comparativa con otras tiendas

Los Sony WH-1000XM5 mantienen las características que los hicieron populares desde su lanzamiento: dos procesadores dedicados a la cancelación de ruido, ocho micrófonos trabajando en conjunto y hasta 30 horas de autonomía con el ANC activado. Comprar en Fnac sigue siendo una opción válida cuando el precio se ajusta, igual que ocurre con otros productos tecnológicos donde la diferencia entre tiendas puede llegar a varias decenas de euros.

Comparado con otras cadenas, el precio de Fnac se mueve en una franja competitiva: en ocasiones MediaMarkt o Amazon han ofrecido cifras similares o algo inferiores, pero la disponibilidad y las garantías propias de Fnac suelen inclinar la balanza para quien prefiere comprar sobre seguro.

Qué cancelación de ruido ofrecen realmente estos auriculares

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La cancelación activa de ruido de los WH-1000XM5 sigue considerándose una de las mejores del mercado, incluso años después de su lanzamiento. El sistema combina ocho micrófonos y dos procesadores para analizar el entorno en tiempo real y neutralizar sonidos molestos, desde el motor de un avión hasta el ruido de una oficina abierta.

Esta tecnología no ha sido superada de forma clara por la competencia directa, lo que explica por qué siguen siendo recomendados pese a tener ya unos años en el mercado. La diferencia frente a modelos más recientes está más en detalles de diseño que en el rendimiento real del silencio que ofrecen.

Cómo saber si te compensa comprarlos ahora en Fnac

Antes de lanzarte a comprar, conviene mirar más allá del precio de etiqueta. Hay matices que marcan la diferencia entre un buen chollo y una compra de la que arrepentirse, sobre todo si comparas entre versiones del producto o entre tiendas distintas.

Estos son los puntos que conviene revisar antes de decidir si la oferta de Fnac es la que más te conviene:

  • Confirma si el modelo incluye estuche rígido o blando, ya que el precio puede variar según esta versión
  • Revisa la garantía oficial del fabricante, que se mantiene íntegra pese al descuento
  • Compara el precio final con gastos de envío frente a la recogida gratuita en tienda
  • Verifica el color disponible, ya que algunos tonos agotan stock antes que otros

Qué esperar de la próxima generación y consejo de compra

El mercado de auriculares premium avanza rápido, y ya existe una generación más reciente (los WH-1000XM6) con mejoras puntuales mejoradas en algunos apartados, aunque a un precio considerablemente más alto. Eso deja a los XM5 en una posición curiosa: siguen siendo top, pero ahora a precio de gama media-alta.

Mi consejo como quien lleva años siguiendo este tipo de ofertas: si no necesitas lo último de lo último, este es el momento de aprovechar. Los WH-1000XM5 seguirán siendo una opción sólida durante bastante tiempo, y a 219,99€ en Fnac, la ecuación calidad-precio rara vez ha sido tan favorable.

Las drogas en la cárcel de Botafuegos: un problema eterno sin resolver

La cárcel de Botafuegos, en Algeciras (Cádiz), se encuentra en un punto muerto en lo que respecta al trato de las drogodependencias dentro de prisión. El pasado año 2025 murieron tres internos por el consumo de sustancias estupefacientes impregnadas en papelillos que burlaron los controles policiales y el asunto no tiene aspecto de mejorar.

La atención a la drogodependencia en las prisiones españolas es abordada por un equipo multidisciplinar formado por cuatro personas: un médico, que desde hace años no tiene Botafuegos, un psicólogo, que acaba de abandonar el cargo, un administrativo y un trabajador social, que en el caso de Algeciras trabaja a tiempo parcial, «un auténtico chiste para atender a un porcentaje tan alto de reclusos con problemas de toxicomanías», dicen desde el sindicato de prisiones ACAIP en Algeciras. Mientras tanto, de forma paulatina la sobredosis se va cobrando vidas entre barrotes.

La toxicomanía en prisión

La obligación es triple, el ministerio del Interior tiene la obligación de velar por la salud y la vida de los presos, sin embargo en materia de drogodependencia la responsabilidad recae en la consejería de salud de la Comunidad Autónoma donde se ubique la prisión, pero la consejería en cuestión no lo ejecuta de forma directa si no que lo hace a través de sus diputaciones provinciales. Todos son organismos públicos donde prima la burocracia, la discrepancia o la discordia, en resumen un laberinto de descoordinación, falta de interés e inversión económica, frente a la vida del recluso.

Triple efecto negativo de las drogas en prisión

Para Instituciones Penitenciarias, el consumo de drogas origina graves altercados porque altera la buena convivencia de los presos que debe ser ordenada y pacífica, pone en jaque a los funcionarios de prisiones porque son objeto directo de agresiones, coacciones, amenazas muy graves… y por último hace peligrar la salud e incluso la vida de los propios presos, no debemos olvidar que donde hay droga, hay dinero, hay mafias, hay altercados y también hay muertos.

“Desde hace años el sindicato ACAIP se ha reunido con sus responsables” Innumerables veces el sindicato de prisiones ACAIP se ha reunido con responsables de todos los organismos citados, subdelegada del gobierno de Cádiz, consejería salud junta de Andalucía, responsables directos diputación provincial de Cádiz, Jueza de Vigilancia penitenciaria de Algeciras, subdelegación del gobierno de la Junta en el campo de Gibraltar e incluso defensor del pueblo andaluz, donde todos te escuchan, se anotan los problemas y finalmente ninguno hace nada, mientras tanto entre muros sigue incrementándose la cifra de fallecidos.

Botafuegos cerró el año 2025 con 3 fallecidos por sobredosis

Tan solo en Botafuegos 3 reclusos perdieron la vida en el interior del recinto penitenciario por consumo de tóxicos, curiosamente ninguno de ellos estaba en programas de deshabituación, además de no saber de qué estaban impregnados los papelillos tóxicos que estaban consumiendo ni los efectos sobre su salud y su vida.

Desde el sindicato de prisiones ACAIP, «se requieren soluciones integrales y coordinadas: investigaciones policiales, recursos humanos y tecnológicos, programas de intervención, formación y campañas de concienciación, con la única finalidad de reducir al máximo el número de víctimas. En las prisiones de Algeciras y Puerto 2 los equipos multidisciplinares están rotos, en Puerto 1 y Puerto 3 ni siquiera existen los equipos. ¿a qué esperan los señores responsables del gobierno central, autonómico y provincial? ¿más agresiones? ¿más amenazas? ¿más fallecidos?», se preguntan.

El deshielo del Ártico abre una carrera militar y económica que preocupa a Europa

El Ártico y la Antártida se encuentran en el punto de mira de las grandes potencias mundiales ante la amenaza real que representa el cambio climático. Con el avance del deshielo, las regiones polares han dejado de ser simples enclaves científicos para convertirse en un tablero geopolítico y económico de primer nivel. España, consciente de este giro, ha aprobado recientemente su primera Estrategia Polar, un documento que integra aspectos científicos y políticos para afianzar el rol del país dentro del marco del Tratado Antártico. Para comprender la magnitud de este desafío y la importancia de esta nueva estrategia, hay que ir a lo que señala el Comité Polar Español.

El alcance de la nueva estrategia polar, según señala esta institución, remarca la nueva estrategia cuenta con una vigencia de diez años y busca alinear a los diferentes departamentos ministeriales bajo la prioridad de las zonas polares, optimizando los recursos nacionales para mantener una presencia activa en estos territorios. Esta estrategia se fundamenta en tres ejes prioritarios: el fomento de la investigación científica, el fortalecimiento del multilateralismo internacional y la decidida conservación del medio ambiente en ambas regiones.

Y en estas acciones habra diferencias entre el Ártico y la Antártida. La gestión de ambas zonas requiere enfoques distintos, ya que, mientras la Antártida se rige por un Tratado que congela reclamaciones territoriales, el Ártico posee una compleja soberanía repartida entre ocho Estados, convirtiéndolo en un espacio con intereses geopolíticos mucho más tensos.

Militares Groenlandia
El ejército danés desplegado sobre el hielo de Groenlandia. Fuente: IA

La carrera hacia el control de nuevas rutas

El deshielo del Ártico no es un fenómeno lejano; es una realidad que está ocurriendo a un ritmo más acelerado de lo que se preveía hace tres décadas. Las rutas de navegación mundiales están comenzando a desplazarse hacia el norte, buscando el ahorro de costes en el transporte marítimo y una reducción significativa en las emisiones de gases de efecto invernadero, alcanzando hasta un 30% menos en comparación con rutas tradicionales desde Asia hasta Europa. Sin embargo, esta nueva vía del noreste cruza zonas de influencia con fuertes intereses estratégicos rusos, dado que el 50% del territorio ártico es soberanía de Rusia, lo que añade una capa de complejidad geopolítica adicional.

La presencia de Estados Unidos en la zona de Groenlandia no responde únicamente a fines logísticos y de navegación, sino también a la inmensa riqueza de recursos hidrocarguros y elementos estratégicos fundamentales para la transición a energías verdes. El Ártico ruso presenta una infraestructura militar altamente avanzada con una gran cantidad de bases operativas, lo que contrasta con la situación del espacio de la OTAN, donde las capacidades de defensa parecen estar en un segundo plano. Esta descompensación refuerza la necesidad de que los países interesados mantengan una vigilancia constante ante las variaciones geopolíticas que se perfilan en el horizonte.

Impacto ecológico y transformación económica

La apertura de rutas de tránsito polar supone una amenaza crítica para el medio ambiente, ya que cualquier accidente o vertido masivo de petróleo en zonas con presencia de hielo resulta prácticamente imposible de limpiar con la tecnología actual. Además, el aumento del espacio de agua libre actúa como un cuerpo negro que absorbe energía y acelera aún más el deshielo, desencadenando una variación significativa en la biodiversidad y forzando la aparición de especies invasoras. Este impacto llega incluso a la esfera económica, donde las pesquerías tradicionales se ven obligadas a cambiar sus escalas debido a la migración de las especies hacia aguas más frías, alterando artes y tradiciones centenarias.

El Ártico alberga a cuatro millones de personas de diversos orígenes culturales y étnicos, cuya supervivencia está intrínsecamente ligada al medio ambiente, siendo mayoritariamente cazadores-recolectores. Estas comunidades ven con incredulidad y preocupación los intentos de gobiernos extranjeros por comprar o controlar su territorio, un acto que perciben como una amenaza directa a su forma de vida y bienestar. Si bien están representadas en el Consejo Ártico al mismo nivel que los ministros de los países miembros, la realidad operativa y política de su representación varía drásticamente dependiendo del Estado en el que residan, lo que limita su capacidad real de maniobra.

El tablero del Ártico se calienta
Trump y Putin estudiando sus estrategias a seguir con Groenlandia. Fuente: IA

Hacia una política de protección integral

Para hacer frente a estos desafíos, la estrategia española aboga por la cooperación científica como primer paso para entender los procesos de cambio en tiempo real, admitiendo que los modelos climáticos actuales sobre la zona ártica son aún insuficientes debido a la carencia de datos fiables. La segunda prioridad es la protección de las comunidades nativas, trabajando en su favor para asegurar su desarrollo y bienestar.

Finalmente, en el ámbito geopolítico, España apuesta por la multilateralidad en la toma de decisiones, promoviendo una Estrategia Ártica Europea que sitúe la protección de estos territorios en el núcleo de las políticas climáticas continentales. El impacto de lo que ocurre en el Ártico no es una cuestión local, sino que los cambios que hemos producido en las zonas polares están devolviendo el impacto al resto del planeta, manifestándose en una mayor intensidad de los fenómenos meteorológicos extremos que sufrimos actualmente.

Greco: el demoledor informe europeo que expone el bloqueo institucional en España

El reciente informe del GRECO (Grupo de Estados contra la Corrupción) correspondiente al año 2026 ha sacudido los cimientos de las instituciones europeas al desvelar una preocupante parálisis en la implementación de medidas anticorrupción que hay dentro de la Unión. A través de un análisis exhaustivo en sus rondas de evaluación cuarta y quinta, el organismo ha emitido una advertencia clara: la independencia judicial y la integridad en las altas esferas gubernamentales se encuentran en una situación de vulnerabilidad extrema. El documento no solo señala las carencias legislativas de los Estados miembros, sino que pone de manifiesto cómo la falta de voluntad política está cronificando problemas que amenazan la propia calidad democrática de la Unión.

La cuarta ronda de evaluación, que se centra en la prevención de la corrupción entre parlamentarios, jueces y fiscales, arroja cifras que deberían encender todas las alarmas en las cancillerías europeas. Tras años de seguimiento, el 46% de los informes de cumplimiento han sido calificados como globalmente insatisfactorios. Resulta revelador que procedimientos iniciados hace más de una década sigan sin resolverse, lo que evidencia que la lucha contra la corrupción se ha convertido en una carrera de obstáculos donde los intereses partidistas suelen imponerse sobre la necesidad de transparencia y rendición de cuentas.

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Tribunal Supremo en Madrid (Fuente: Agencias)

La erosión de la independencia judicial

Uno de los puntos más críticos que destaca el informe es el bloqueo constante en los órganos de gobierno de los jueces. A pesar de las reformas emprendidas en diversos países, la politicización de la justicia sigue siendo una realidad persistente. El GRECO subraya que, si bien existen marcos éticos y códigos de conducta sobre el papel, estos carecen de una aplicación práctica efectiva. La falta de sistemas basados estrictamente en el mérito para los nombramientos judiciales, sumada a la influencia directa del poder ejecutivo en las carreras de los magistrados, dibuja un escenario donde la separación de poderes se ve gravemente comprometida.

El organismo es especialmente severo con el uso indiscriminado de los procedimientos de urgencia en los parlamentos. Según el informe, esta práctica no solo limita el debate democrático, sino que reduce drásticamente las garantías de transparencia que deberían rodear a cualquier reforma legislativa. Al evitar los cauces ordinarios, los gobiernos logran sortear el escrutinio necesario, dejando un vacío legal en la gestión de conflictos de intereses y en la regulación efectiva de los grupos de presión, conocidos comúnmente como lobbies, que operan en los pasillos del poder con demasiada frecuencia sin control alguno.

Altos cargos bajo sospecha de ineficacia

La quinta ronda de evaluación, dedicada a las Personas con Funciones Ejecutivas Principales (PTEF), confirma que la integridad en los gobiernos sigue siendo un terreno pantanoso. Aunque la mayoría de los Estados han desarrollado códigos de conducta, el GRECO denuncia que estos son a menudo insuficientes en su alcance y carecen de una supervisión robusta. Existe una brecha significativa entre la normativa adoptada y su implementación real, especialmente en lo relativo a la gestión de puertas giratorias y las restricciones post-empleo para antiguos altos cargos.

El informe detalla cómo los mecanismos de control interno son sistemáticamente debilitados por procedimientos que, en la práctica, permiten bloquear investigaciones relacionadas con posibles delitos de corrupción. Esta impunidad percibida no solo erosiona la confianza de los ciudadanos en sus representantes, sino que crea un caldo de cultivo donde la mala praxis institucional se normaliza. El organismo es contundente al exigir mecanismos independientes de supervisión que impidan que los poderes ejecutivos actúen como juez y parte cuando surgen denuncias por corrupción en el seno del Gobierno o de las fuerzas de seguridad.

El desafío de las fuerzas de seguridad

A diferencia del ámbito gubernamental, las agencias de las fuerzas del orden han mostrado una implementación de recomendaciones ligeramente más consistente, con un 35% de medidas totalmente ejecutadas. A pesar de esta mejora comparativa, el GRECO insiste en que queda un largo camino por recorrer en la cultura interna de estas instituciones. La necesidad de realizar exámenes de integridad regulares durante toda la carrera profesional de los agentes, y no solo en el momento del reclutamiento, es uno de los pilares que el informe señala como imprescindibles para frenar la corrupción interna.

La independencia operativa de la policía respecto a las decisiones ministeriales emerge como otro eje vertebrador para garantizar el éxito de las investigaciones anticorrupción. En demasiadas ocasiones, la jerarquía política termina condicionando el trabajo de las unidades dedicadas a investigar delitos económicos o de cuello blanco. La recomendación del GRECO es clara: se debe blindar la labor policial frente a cualquier interferencia externa, dotándola de la autonomía técnica necesaria para investigar sin miedo a represalias. La falta de mecanismos de queja independientes es, a juicio de los evaluadores, una asignatura pendiente que algunos Estados deben resolver con carácter de urgencia si quieren acercarse a los estándares de transparencia europeos.

El ex ministro Ábalos y su asesor Koldo García.
El ex ministro Ábalos y su asesor Koldo García, imputados en el caso Koldo | Fuente: Agencias.

Un futuro condicionado por la transparencia

El informe de 2026 no es solo un balance técnico, sino una hoja de ruta para evitar el retroceso democrático. El lanzamiento de la sexta ronda de evaluación, centrada esta vez en las autoridades subnacionales y regionales, confirma que la corrupción no entiende de niveles administrativos y se filtra por cada resquicio que carezca de vigilancia. El mensaje del GRECO es un llamamiento a la acción inmediata. Las democracias europeas se encuentran en un momento definitorio donde la integridad institucional debe dejar de ser una promesa electoral para convertirse en una práctica cotidiana y verificable.

Si los gobiernos persisten en ignorar las recomendaciones de organismos internacionales como el GRECO, el riesgo de una desafección ciudadana creciente será inevitable. La transparencia no es un lujo ni una opción, sino el requisito indispensable para que las instituciones sigan siendo útiles a la sociedad que dicen representar. El desafío para el próximo año reside en cerrar la brecha entre las leyes anticorrupción que se redactan en los despachos y la realidad que perciben los ciudadanos en la calle. Solo mediante una voluntad política férrea, capaz de renunciar al control sobre las instituciones, España y sus socios europeos podrán revertir una tendencia que, de seguir así, amenaza con consolidar una degeneración democrática de difícil retorno.

Caso Leire: el secretario de Estado de Economía fue señalado porque «dificultaba» el rescate de la SEPI a Tubos Reunidos

La querella de la Fiscalía Anticorrupción por prevaricación, malversación, tráfico de influencias y organización criminal, recoge en sus páginas varios extractos del informe 188-25 de la Unidad Central Operativa (UCO) que sirve de base a su denuncia por el Caso Leire. De ese informe, escribe el fiscal Anticorrupción, «se infieren indicios de que el grupo Hirurok, habría intervenido ejerciendo su influencia en la SEPI y otros organismos públicos para que Tubos Reunidos consiguiera los fondos públicos reseñados y así obtener un beneficio económico». El grupo Hirurok (nosotros tres) eran Leire Díez, Vicente Fernández (ex presidente de la SEPI) y Antxón Alonso, investigado en el Caso Cerdán. Tubos Reunidos recibió 112,8 millones de euros. El grupo Hirurok habría cobrado 115 mil euros de comisión por este rescate y se quejaban de la oposición del secretario de Estado de Economía.

La primera mención a Tubos Reunidos dentro de ese chat se remonta al 16 de junio de 2021, durante las negociaciones entre la empresa vasca y la SEPI sobre la refinanciación de la sociedad. En esta fecha, «Vicente cuestionó a Antxón algunas particularidades de dicha financiación, concretamente la relación del PNV con Tubos Reunidos, poniendo de manifiesto que el Secretario de Estado de Economía (entonces Gonzalo García Andrés) estaba dificultando la operación. De lo que se deriva que en esta fecha la financiación no estaba asegurada para Tubos Reunidos, siendo la actividad de los denunciados la que favoreció su adjudicación final como se expondrá», informaba la UCO al juzgado que instruye la causa.

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Gonzalo García. Portal de Transparencia

Hay que ir hasta el día 3 de julio de 2021 cuando Vicente Fernández compartía en ese grupo de chat un documento denominado “Tubos Reunidos -Fondo de rescate de SEPI.pdf-”. Ese documento recogía una argumentación para defender la utilidad pública del rescate y, lo que es más importante, reproducía un cronograma de la tramitación de la solicitud de rescate.

En dicho documento «consta la cronología de la solicitud, tramites y se menciona que la solicitud contaba con los informes favorables de las unidades del SEPI, de los asesores externos y del Ministerio de Industria, habiéndose comprometido Belén Gualda con el CEO de TR Francisco Irazusta, a que su solicitud, seria aprobada por el consejo gestor del fondo, el 29-06-21, o a más tardar el 06-07-21», según recoge la UCO en el citado informe.

El secretario de Estado dudaba

No obstante «se afirma, que desde el Ministerio de Economía SE economía se han expresado dudas respecto de la operación lo que ha ocasionado que el SEPI no incluya la operación dentro del orden del día de las sesiones del consejo gestor del día 06-07-21 y se añade que “TR no conoce esta información”. Tras remitir el documento al grupo, Vicente Fernández escribió un mensaje en el que ligaba su contribución al rescate de TR, a la consecución de una retribución por su parte. Esta posibilidad de obtener una retribución por su intervención en favor de Tubos Reunidos, es reiterada en distintos correos que constan documentados en los folios 115 y 116 del informe 188-25», escribieron los guardias civiles que investigan el caso.

Estos extremos coincidían con la declaración ante la UCO como testigo «resultan coincidentes con la declaración del testigo
Gonzalo García Andrés, Secretario de Estado de Economía y Apoyo a la Empresa entre 2021 y 2024 y miembro nato del Consejo Gestor del FASEE, el cual fue preguntado por la forma en la que estas solicitudes eran tramitadas».

Cuando García Andrés fue preguntado en relación con el Fondo de Apoyo a la Solvencia de Empresas Estratégicas (FASSE), gestionado por la SEPI para que «detalle qué cargo ocupa y funciones que desempeña con respecto a la gestión y autorización de apoyo financiero a empresas con cargo al señalado fondo».

El secretario de Estado declaró que «las solicitudes de apoyo llegaban a la SEPI. Sobre estas solicitudes SEPI pedía 2 informes externos, uno de carácter jurídico y otro de carácter financiero. Otro lo elaboraba la propia SEPI. Estos informes eran elaborados para determinar si se cumplían los requisitos necesarios para la solicitud del apoyo financiero temporal, y que una vez comprobado lo anterior, las solicitudes eran remitidas al Consejo Gestor para su valoración, teniendo en cuenta la información aportada por la empresa solicitante, que entre otros aspectos debía aportar un informe de viabilidad, tratándose este documento de uno de los elementos más importantes del análisis. También era importante el análisis del carácter estratégico de la empresa siendo esto también determinado por el Consejo Gestor (impacto sobre el empleo, provisión de infraestructuras, etc.)».

Entre los documentos que también se aportaban al Consejo Gestor a través de la SEPI «se encontraban las cartas/escritos justificando el carácter estratégico de las empresas, y que estos escritos podían provenir de Ministerios, de las Consejerías de las Comunidades Autónomas competentes e incluso de algún organismo de carácter civil(…)».

Pedraz ha imputado a Belén Gualda. EP
El juez Pedraz ha imputado a Belén Gualda. EP

Los agentes preguntaron entonces por el procedimiento «que se sigue cuando una empresa solicita apoyo público financiero con cargo al señalado fondo, para que explique el curso del expediente desde que una empresa solicita financiación hasta que la
financiación es autorizada».

A esto el ya ex secretario de Estado respondió que «las solicitudes son remitidas a la SEPI. Esta entidad hacía una primera valoración sobre el cumplimiento de las condiciones. En caso de que se cumpliesen las condiciones se solicitaba por la SEPI informes externos (uno jurídico y otro financiero), y adicionalmente la empresa presenta a la SEPI un plan de viabilidad de la empresa por tratarse de una de las condiciones fundamentales en la concesión del apoyo».

Con esos dos informes externos, «el plan de viabilidad de la empresa y el visto bueno de la SEPI, toda esta documentación
e información se pasaba al Consejo Gestor para el análisis global de la operación. Que una vez que el Consejo Gestor
aprobaba las solicitudes eran elevadas al Consejo de Ministros para su aprobación definitiva (…)».

Ese consejo gestor estaba formado por:

Presidente de la SEPI: Belén Gualda González.

Secretario de Estado de Economía y Apoyo a la Empresa: Gonzalo García Andrés.

Subsecretaria de Hacienda: Pilar Paneque Sosa.

Secretario General de Industria y de la Pequeña y Mediana empresa: Raúl Blanco Díaz.

Secretaria de Estado de Energía: Sara Aagesen Muñoz.

Director de Asuntos Jurídicos y Secretario General y del Consejo de SEPI, sin voz ni voto: Javier Morales Abad.

«Una vez aprobado el expediente y los textos contractuales propuestos, la resolución del Consejo Gestor debía ser, a su vez, aprobada por el Consejo de Ministros. Finalmente, de producirse tal aprobación, se formalizaba el oportuno contrato con la solicitante ante notario y se desembolsaban las cantidades objeto del contrato de financiación», explicó el testigo.

El rescate fue aprobado en junio de 2021 con Belén Gualda ya a en la presidencia. Eso le ha costado la imputación por parte del juez Pedraz en la causa.

Los contactos de Leire Díez

La UCO añade en su informe que «existen elementos documentales que permiten fijar contactos entre Vicente Fernández y Santos Cerdán ya en el año 2018, marcados por el interés de Santos Cerdán en que Vicente Fernández (y tras su salida, Leire Díez Castro) mantuviera su capacidad de influencia y decisión en la SEPI (de la que aquel fue Presidente entre el 23.06.2018 y el 04.10.2019, fecha en que dimitió por su imputación por prevaricación en el caso Aznalcóllar). No obstante, a pesar de estas gestiones, el 03.03.21, se nombró a Belén Gualda como nueva presidenta de la SEPI».

Además «Leire y Vicente habrían mantenido contacto, luego una relación personal, desde el año 2019, cuando la primera desempeñaba funciones como responsable de Comunicación de ENUSA (empresa pública participada por la SEPI) y Vicente Fernández era Presidente de la SEPI», escribieron los investigadores.

Posteriormente, «a través de Santos Cerdán, Leire Díez y Vicente Fernández habrían conocido a Antxon Alonso, a y finales del año 2020, constando múltiples comunicaciones a partir de 2021 que dejan constancia de las reuniones mantenidas por estas cuatro personas. Se debe resaltar un mensaje de 20 de enero de 2021 de Leire a Vicente para que estuviese “tranquilo con lo que iniciamos ayer», ya que lo importante era ‘saber que todos estaban alineados correctamente'», añadía la UCO.

El atestado continúa: «Al día siguiente, Leire mandó un mensaje a Santos Cerdán para arbitrar la posibilidad de tranquilizar la situación de Vicente Fernández en el que le hacía saber: «lo está pasando mal» por “la situación y el tiempo que ha pasado”, así como porque “le angustia que María Jesús no lo tome bien» (posiblemente en referencia a María Jesús Montero). El 11 de febrero Santos Cerdán, Vicente Fernández y Leire Díez se reunieron de nuevo y, Leire le hizo llegar a este último un mensaje en el que se recogía: ‘no merece la pena arriesgar con lo que hemos empezado hoy'».

Tras el nombramiento de Belén Gualda, el 3 de marzo de 2021, como nueva presidenta de la SEPI, el «grupo» intentó que Leire fuera nombrada Jefa de su Gabinete para “recuperar el control de SEPI. Aunque tenga que ser yo la que hable con el súper jefe«. No obstante, al igual que Vicente, Leire tampoco logró ocupar ningún cargo en el citado organismo. En su lugar, acabó siendo contratada en Correos en noviembre de 2021», explican los investigadores.

El Puerto de Valencia prorroga 12 meses a su consejero Boluda la concesión para su torre de oficinas sin licencia

EN 30 SEGUNDOS

  • ¿Qué ha pasado? El consejo de administración de la Autoridad Portuaria de Valencia ha aprobado este lunes una prórroga de 12 meses para que Vicente Boluda finalice la construcción de su torre de oficinas de 13 plantas, paralizada desde abril de 2025 por falta de licencia municipal.
  • ¿Quién está detrás? La APV, presidida por Mar Chao, con el voto favorable de la mayoría, mientras el propio Boluda, consejero de la APV, se ausentó de la votación por conflicto de intereses.
  • ¿Qué impacto tiene? La prórroga alarga el permiso a 44 meses y se produce mientras el Ayuntamiento de València tramita una doble sanción: una por construir sin licencia y otra por afectar a un edificio catalogado. Además, el consejo nombró a Manuela Gras, investigada por Anticorrupción, como responsable de la ampliación norte.

El consejo de administración de la Autoridad Portuaria de Valencia (APV) ha aprobado este lunes una prórroga de 12 meses para que el empresario Vicente Boluda finalice la construcción de su torre de oficinas de 13 plantas en el Paseo Caro, a pesar de que las obras permanecen paralizadas desde abril de 2025 por carecer de la preceptiva licencia municipal.

La prórroga para una torre que sigue sin permiso municipal

De los 32 meses previstos inicialmente en la concesión, el plazo de ejecución se ha ampliado a 44 meses, según confirmaron fuentes de la APV tras la reunión del consejo. La obra del naviero fue detenida por el Ayuntamiento de València al comprobar que carecía de la correspondiente licencia de obras, una situación que todavía no se ha resuelto. La prórroga solicitada por Boluda Corporación Marítima no cubre la tramitación urbanística, sino que se limita a dar aire al proyecto en el ámbito portuario mientras los servicios municipales deciden sobre las sanciones.

La paralización se mantiene, por tanto, a la espera de que el consistorio resuelva el expediente sancionador. Tal y como informó este diario, la multa podría ser doble: una por infracción leve al haber comenzado los trabajos sin los permisos pertinentes y otra por infracción grave, ya que las obras afectan a un edificio catalogado. Para contrarrestar esta segunda acusación, la mercantil ha presentado un informe de 23 páginas firmado por un arquitecto que sostiene que el inmueble es “un pretendido falso histórico con solo 19 años de antigüedad” y que no reúne los requisitos legales para estar protegido patrimonialmente.

El propio Vicente Boluda, que es consejero de la APV, declaró conflicto de intereses en este punto del orden del día y se ausentó de la sesión, una práctica habitual en estos casos para que el miembro del consejo no participe en la decisión ni reciba la documentación asociada. La medida, no obstante, no elimina las suspicacias sobre una concesión que ya nació entre fuertes críticas.

El conflicto de intereses y el trueque que avalaron los tribunales

El otorgamiento original de esta concesión estuvo envuelto en una polémica que llegó a los tribunales. La APV se la concedió a cambio de recuperar otra concesión que el propio Boluda tenía en los terrenos que ocupaban los astilleros de Unión Naval, su empresa. Aunque la concesión caducaba en 2027, el puerto optó por un procedimiento de rescate que evitó pagar una compensación económica y le otorgó otra nueva de 35 años para levantar el edificio de oficinas de 13 plantas.

La operación obtuvo informes contundentemente contrarios de la Intervención General y de la Abogacía del Estado, que consideraron la compensación lesiva para el interés público. Sin embargo, el Tribunal Superior de Justicia (TSJ) primero y el Tribunal de Cuentas después avalaron la permuta como fórmula de pago, aunque matizaron algunas valoraciones. La decisión judicial blindó una concesión que ahora, con la prórroga, suma 44 meses para levantar un edificio que aún no tiene licencia.

El Puerto de Valencia ha blindado una concesión que nació contra el criterio de sus propios órganos fiscalizadores y que sobrevive a la falta de licencia municipal y a una doble sanción en camino.

Mientras se resolvía la prórroga, la APV aprovechó el consejo para otro movimiento sensible: el nombramiento de Manuela Gras como responsable del contrato del muelle de contenedores, la mayor infraestructura en ejecución dentro del sistema portuario español. Gras, subdirectora de Infraestructuras, sustituye a Luis Fernando Sánchez —que se ha marchado al Puerto de Alicante— y se convierte en la directora de la ampliación norte justo cuando está investigada por la Fiscalía Anticorrupción por presunto enchufismo en la obtención de su plaza.

Su caso, junto al de otra directiva rescatada del liquidado Consorcio Valencia 2007, está judicializado tras una denuncia de UGT. El juicio por la plaza de su compañera, Alicia Gimeno, se celebró en mayo y en la vista la exjefa de recursos humanos reconoció que la presidenta del Puerto, Mar Chao, le envió por correo las bases de los procesos selectivos. El juicio que afecta a Gras se celebrará en septiembre, lo que arroja una sombra adicional sobre la gestión de la APV.

El Escenario Valenciano

La acumulación de decisiones polémicas en el Puerto de Valencia refleja un clima institucional en el que los conflictos de intereses se gestionan con fórmulas técnicas que, aunque ajustadas a derecho, erosionan la confianza ciudadana. El Consell de la Generalitat Valenciana, presidido por Carlos Mazón (PP) con el apoyo de Vox, ha hecho de la ampliación norte un emblema de su política económica, defendiendo el proyecto como motor de empleo y competitividad. A nivel nacional, el Gobierno de Pedro Sánchez no ha puesto objeciones de fondo a la infraestructura, aunque las resistencias de colectivos vecinales y ecologistas mantienen viva la contestación social.

La presidenta de la APV, Mar Chao, nombrada por el ministerio de Transportes, gestiona ahora un puerto donde dos de sus directivas están bajo investigación judicial y donde los expedientes favorables a uno de sus consejeros se suceden. La proyección de estos casos es inmediata: en septiembre, el juicio a Gras podría aportar nuevos elementos sobre la contratación en la autoridad portuaria, mientras el Ayuntamiento de València tendrá que resolver las sanciones a la torre de Boluda y, eventualmente, decidir si concede la licencia que desbloquee las obras. El reloj sigue corriendo y la prórroga aprobada suma presión sobre un proceso administrativo que ya acumula años de incertidumbre.

Ficha del Caso

  • El caso: El Puerto de Valencia ha ampliado en 12 meses el plazo de ejecución de una concesión otorgada al empresario Vicente Boluda para construir una torre de oficinas de 13 plantas, paralizada sin licencia municipal desde 2025. Boluda declaró conflicto de intereses al ser consejero de la APV.
  • Datos importantes: 44 meses de plazo total (frente a los 32 iniciales). Doble sanción en trámite: por construir sin permiso y por afectar a un edificio catalogado. La concesión original se obtuvo mediante un canje por la de Unión Naval, avalado por el TSJ y el Tribunal de Cuentas pese a informes contrarios de la Intervención y la Abogacía del Estado. Manuela Gras, investigada por Anticorrupción, es la nueva responsable de la ampliación norte.
  • Resumen: La APV refuerza una operación cuestionada desde su origen mientras incorpora a una directiva investigada a la mayor infraestructura portuaria del país. La decisión alarga la sombra de la sospecha sobre el Puerto de Valencia.

Comcast separa sus negocios de medios y banda ancha: la acción sube un 20%

Comcast ha comunicado este lunes la separación de sus negocios de medios de los de banda ancha y telefonía móvil, en una operación que redefine el equilibrio de poder en el sector de las telecomunicaciones estadounidense. La cotización del grupo se ha disparado más de un 20% en la sesión, su mayor subida intradía en una década, tras anunciar una spin-off libre de impuestos de NBCUniversal y Sky.

Claves de la operación

  • La escisión se hará mediante un spin-off fiscalmente neutro para los accionistas. Los inversores recibirán títulos de la nueva empresa de medios, que agrupará NBCUniversal y Sky, sin coste fiscal.
  • El plazo previsto para completar la separación es de doce meses. Comcast espera culminar el proceso en 2027, separando definitivamente la distribución de redes de la producción de contenidos.
  • El movimiento acelera la tendencia de las telecos a deshacerse de activos de contenido en plena era del streaming. La presión de plataformas como Netflix o Disney+ ha llevado a reestructurar los modelos de negocio tradicionales.

La presión del streaming parte el negocio telecom

La industria mediática tradicional en Estados Unidos pierde cuota de atención frente a redes sociales y plataformas de streaming, según los datos de la consultora Nielsen. Comcast opta por separar la infraestructura de red del negocio de contenidos en un intento de otorgar más valor al núcleo de banda ancha, que genera márgenes estables, mientras libera a NBCUniversal para buscar alianzas o fusiones en un entorno de consolidación.

La reacción de los mercados ha sido inmediata, las acciones de Comcast subieron más de un 20% en la sesión de este lunes, su mejor jornada desde 2015. El anuncio, recogido en el comunicado oficial de la compañía, confirma que el consejo de administración aprobó la operación por unanimidad.

La decisión responde a un cambio estructural en el consumo audiovisual: la televisión por cable pierde suscriptores de forma acelerada mientras las plataformas digitales capturan la inversión publicitaria. En esta redacción consideramos que la ruptura de Comcast es la culminación lógica de esa fractura.

Los analistas de Wall Street han acogido la noticia con subidas generalizadas en el sector de las telecos, aunque matizan que el éxito de la separación dependerá de la capacidad de la nueva empresa de medios para generar sinergias con otros grandes estudios. La valoración de NBCUniversal como entidad independiente será la clave para medir el acierto de la operación, señalan desde JP Morgan.

El plan de Comcast contempla que los actuales accionistas reciban acciones de ambas compañías al final del proceso, que se espera concluir antes de junio de 2027. De cumplirse estos plazos, la nueva NBCUniversal competirá en en igualdad de condiciones con Disney o Warner Bros. Discovery, mientras que la Comcast resultante se centrará exclusivamente en la conectividad fija y móvil.

La decisión de Comcast confirma que en 2026, la gestión de redes y la creación de contenidos son dos negocios incompatibles bajo un mismo techo.

Lo que ganan y pierden los inversores con la separación

Para el accionista, la spin-off supone una revalorización inmediata del 20%, pero también la incertidumbre sobre el futuro de la nueva NBCUniversal. El negocio de banda ancha ofrece flujos de caja predecibles, mientras que la división de medios está expuesta a la volatilidad de la taquilla y los derechos deportivos.

Sin embargo, la separación podría desbloquear valor oculto. Los inversores especializados en contenidos podrían apostar por NBCUniversal como un activo puro de entretenimiento, liberado del lastre de la deuda de infraestructura. Los mercados ya habían presionado a Comcast para desinvertir en medios, y este movimiento satisface a los fondos activistas que llevaban meses exigiendo una reestructuración.

En el corto plazo, la operación no afectará a los clientes residenciales ni empresariales de Comcast, aunque sí abre la puerta a que el nuevo gigante de medios busque alianzas estratégicas en Europa, donde Sky mantiene una posición relevante en Reino Unido, Italia y Alemania.

NBCUniversal spin-off

El espejo europeo: ¿seguirá Telefónica el mismo camino?

La reestructuración de Comcast resuena con fuerza en el sector europeo de las telecomunicaciones. Telefónica, que opera la plataforma Movistar+, acumula años de debate interno sobre la conveniencia de segregar sus activos de contenido de la infraestructura de fibra y móvil. Aunque la operadora española ha integrado verticalmente la producción audiovisual –desde los derechos del fútbol hasta su propia productora de series–, la presión de los inversores para centrarse en el negocio de redes se ha intensificado.

En 2024, la consultora Oliver Wyman ya recomendó a las telecos europeas vender sus divisiones de televisión de pago y asociarse con plataformas OTT. Comcast ha sido el primero en dar el paso al otro lado del Atlántico, pero el movimiento sienta un precedente que los consejos de administración de Telefónica, Vodafone o Deutsche Telekom no podrán ignorar.

Desde moncloa.com observamos que la decisión de Comcast valida la tesis de que las infraestructuras de red y la creación de contenidos requieren culturas empresariales y prioridades de inversión muy diferentes. La pregunta abierta es si la separación atraerá finalmente a nuevos compradores para NBCUniversal o si, por el contrario, la empresa de medios quedará huérfana en un mercado donde la escala sigue importando.