Cantabria cierra la temporada de pesca del salmón más desastrosa de su historia con solo tres ejemplares capturados

La temporada de pesca del salmón de 2026 en Cantabria ya es historia y será difícil de olvidar para los ribereños. Solo tres ejemplares capturados en dos meses de campaña: la cifra más baja desde que existen registros oficiales. Ni siquiera las medidas restrictivas puestas en marcha por el Gobierno autonómico, que retrasaron la apertura y redujeron las capturas máximas a la mitad, consiguieron maquillar un desplome que los conservacionistas llevan años advirtiendo.

Una temporada para el olvido: tres salmones y un río mudo

La temporada arrojó un ‘campanu’, la pieza más cotizada, izada el 30 de mayo en el río Nansa por el asturiano Alfonso Caso y el cántabro Luciano Fernández ‘Cianín’. Un ejemplar de 4,720 kilos y 79 centímetros que se subastó en Puente Arce por 6.500 euros. Después, apenas dos salmones más: uno en el Asón (4,650 kilos, el 16 de junio) y otro en el Deva (2,370 kilos, un día después). Nada más. El río Pas, históricamente el más salmonero de la comunidad, cerró con un cero absoluto por primera vez en su historia.

Los pescadores se fueron desanimando al ver los ríos cada vez más bajos y sin apenas ejemplares que remontaran. Francisco Gamizo, presidente de la Asociación Conservacionista de Pesca Fario, lo resume con amargura: «Ha sido una temporada pésima, para olvidar. No debería haberse abierto». La sensación de que la campaña de 2025, con solo ocho capturas, fue un aviso que no se quiso escuchar sobrevuela las riberas cántabras.

Las cifras oficiales de la Consejería de Desarrollo Rural y Pesca, que dirige la popular María Jesús Susinos, confirman el declive vertiginoso. Si en los años 70 la media de capturas superaba los 5.000 ejemplares por temporada, en los 80 cayó a 518, en los 90 a 292, en la primera década del siglo a 169, en la segunda a 83 y entre 2020 y 2025 la media fue de apenas 37. Los tres peces de 2026 hunden cualquier comparación.

Conservación o tradición: un debate que ya llega a Madrid

Mientras Cantabria y Asturias (con 90 capturas esta temporada) son las únicas comunidades que mantienen abierta la pesca del salmón, otras regiones del Cantábrico ya la han vedado por completo. El ejecutivo autonómico cántabro, del PP y Vox, optó por una vía intermedia: retrasar la apertura al 1 de mayo, limitar las capturas totales a 35 y reducir el cupo por pescador a un único ejemplar. Pero el resultado ha sido estéril.

«No vale con cerrar y punto. Si los pescadores desaparecen de los ríos, el interés por esta especie desaparecerá», defiende Manuel Borbolla, presidente de la Sociedad Cántabra de Fomento de Caza y Pesca, en la trinchera tradicionalista. En el otro extremo, Gamizo insiste: «Si queremos seguir viendo salmones remontando los ríos, la especie debe entrar en el Lespre».

Los tres salmones de 2026 no son una anécdota: son la señal más clara de que el rey de los ríos se extingue y, con él, una cultura de siglos.

El Lespre (Listado de Especies Silvestres en Régimen de Protección Oficial) es ahora la gran incógnita. El Ministerio para la Transición Ecológica encargó un informe a su comité científico tras una petición de la organización asturiana Saxífraga. Si el dictamen, que se espera en los próximos meses, concluye que el salmón atlántico está en mal estado de conservación, su captura quedará prohibida en toda España. Cantabria y Asturias perderían entonces la última pesca fluvial del ‘rey’ del Cantábrico.

Mientras tanto, los ríos cántabros ven cómo sus caudales bajan y cómo muchos pescadores ni siquiera se acercan ya a las riberas. José María Gómez Oviedo, pescador y miembro de la Sociedad de Fomento, apunta al estado de la presa de Puente Viesgo como un factor adicional que facilita el remonte pero no garantiza picadas. La realidad es terca: las capturas no llegan.

El Pulso Territorial

La gestión de la pesca del salmón en en Cantabria ejemplifica la tensión que atraviesan muchas políticas autonómicas cuando colisionan la conservación ecológica y las tradiciones económicas y culturales. El ejecutivo de María José Sáenz de Buruaga, en minoría gracias al apoyo de Vox, ha intentado contentar a todos con una solución de compromiso que los datos han desautorizado. Las próximas elecciones autonómicas, previstas para 2027, obligarán a los partidos a retratarse sobre un asunto que ya trasciende lo local: el Gobierno central puede arrebatarles la competencia si incluye la especie en el Lespre.

La comparación con Asturias es inevitable. Ambas comunidades mantienen la pesca, pero los 90 salmones asturianos frente a los 3 cántabros subrayan la distinta salud de sus cuencas. El precedente histórico no deja lugar a dudas: todas las demás comunidades del norte han ido cerrando sus vedas. La proyección inmediata es la publicación del informe del comité científico, que puede precipitar la decisión ministerial. Si eso ocurre, Cantabria afrontará un conflicto interno entre quienes defienden la pesca como seña de identidad y quienes asumen que la única salida es la protección total. De fondo, planea otra realidad silenciosa: el despoblamiento rural, que vacía los pueblos ribereños y resta músculo social a las sociedades de pescadores.

Ficha Autonómica

  • El caso: La temporada de pesca del salmón de 2026 en Cantabria ha concluido con apenas tres capturas, el peor registro histórico, evidenciando el colapso de la especie en sus ríos.
  • Datos importantes: Solo 3 ejemplares capturados (frente a 8 en 2025 y una media de 37 en el último lustro). El río Pas, el más salmonero hasta ahora, cerró con cero capturas. Las restricciones impuestas (apertura retrasada al 1 de mayo, límite de 35 capturas totales y un ejemplar por pescador) no evitaron el fracaso. El Gobierno central estudia incluir el salmón atlántico en el Lespre, lo que prohibiría su pesca en todo el país.
  • Resumen: La temporada, la más desastrosa de la historia, ha reactivado el debate entre conservacionistas y tradicionalistas. La decisión final sobre la protección de la especie recae ahora en el Ministerio para la Transición Ecológica, cuyo comité científico emitirá un informe en los próximos meses. Si se incluye en el Lespre, Cantabria y Asturias deberán vedar definitivamente la pesca del salmón.

Más de 100 venezolanos deportados desaparecen tras derrumbe de un hotel por el terremoto

Un vuelo de deportación de Estados Unidos aterrizó en Venezuela en la madrugada del miércoles. Horas después, la tierra tembló y el hotel donde retenían a los repatriados se derrumbó. Más de cien venezolanos, entre ellos mujeres y niños, continúan desaparecidos. España no ha dudado: un equipo de rescate y ayuda humanitaria parte ya hacia la zona.

La tragedia ocurrió en La Guaira, localidad costera cercana a Caracas. Un vuelo procedente de Miami había transportado a 146 venezolanos deportados por el Servicio de Control de Inmigración y Aduanas (ICE). Entre ellos, 19 eran mujeres y siete, niños. Las autoridades de inmigración estadounidenses los alojaron en un hotel que horas después colapsó a causa de varios terremotos consecutivos.

Lo que ocurrió en La Guaira

Según los testimonios recogidos por The Guardian, las sacudidas comenzaron poco después de que los deportados fueran ingresados en el edificio. La estructura no resistió y se vino abajo, atrapando a la mayoría de los ocupantes. Los equipos de rescate venezolanos trabajan desde entonces entre los escombros, pero las labores avanzan con extrema lentitud. De las 146 personas que llegaron en ese vuelo, mas de un centenar siguen sin aparecer.

La cifra de desaparecidos podría aumentar si se confirman los daños en las viviendas colindantes. El seísmo, de magnitud superior a 6 grados en la escala de Richter, ha dejado también importantes destrozos en la capital. Mientras las réplicas continúan, la comunidad internacional comienza a movilizarse.

España moviliza ayuda humanitaria

El Gobierno español, a través de la Agencia Española de Cooperación Internacional para el Desarrollo (AECID), ha activado el protocolo de emergencia. Un contingente formado por especialistas en rescate urbano y sanitarios viaja hacia Venezuela. La colaboración se coordina con la embajada en Caracas y con organizaciones locales.

Este despliegue, explicaron fuentes del Ministerio de Asuntos Exteriores, se enmarca en la tradicional política de España de asistencia ante catástrofes en Iberoamérica. Nuestro país mantiene una presencia humanitaria constante en la región, cimentada en lazos históricos y culturales. La rapidez de la respuesta, añadieron, busca salvar vidas en las horas críticas que siguen a un terremoto.

La ayuda española incluye material de primera necesidad, equipos de detección de víctimas y apoyo psicosocial para los familiares. Varias ONG españolas, como Cruz Roja, también han ofrecido su colaboración.

Por qué esta tragedia resuena en España

La implicación española no es casual. Desde el terremoto de Haití de 2010 hasta el huracán Eta en Centroamérica, España ha respondido siempre con celeridad. Pero hay un factor adicional: la situación de los deportados. Estas personas, muchas de ellas con familia en territorio español o con expedientes de protección internacional en curso, encarnan una crisis migratoria que nos afecta directamente. Su desamparo, multiplicado por la catástrofe, apela a la conciencia colectiva del país.

Además, la tragedia ilustra los riesgos de las políticas de deportación masiva cuando no se garantizan condiciones dignas de retorno. El hotel de La Guaira, improvisado como centro de acogida, no estaba preparado para resistir un seísmo. La combinación de una gestión migratoria controvertida y un desastre natural ha generado una tormenta perfecta que la comunidad internacional observa con preocupación.

Más de cien personas deportadas permanecen bajo los escombros mientras la ayuda internacional empieza a llegar.

📌 Ficha del Caso

  • Ficha sobre el caso: Un vuelo de deportación desde Estados Unidos trajo a 146 venezolanos a La Guaira horas antes de un terremoto. Estaban alojados en un hotel que se derrumbó, dejando más de un centenar de desaparecidos.
  • Datos importantes: 146 repatriados, entre ellos 19 mujeres y 7 niños; más de 100 desaparecidos; terremoto de magnitud superior a 6 en la escala de Richter; España ha enviado un equipo de rescate y suministros.
  • Resumen: La rápida respuesta humanitaria de España refuerza su compromiso con Iberoamérica y subraya la vulnerabilidad de las personas deportadas ante catástrofes imprevistas.

La ensalada cántabra que triunfa este verano y casi nadie fuera de Cantabria conoce

Si este verano tu ensalada sigue siendo la de siempre —lechuga, tomate y una lata de atún—, es el momento de conocer la ensalada cántabra que en el norte llevan años tomando sin hacer demasiado ruido al respecto. Se llama piriñaca, o periñaca según la zona, y reúne en un mismo plato patata cocida, pimiento rojo y verde, huevo duro, tomate, aceitunas y ventresca de bonito del norte. El resultado es una ensalada de verano que alimenta de verdad, se prepara con antelación y mejora con el reposo en la nevera.

Lo que convierte a esta ensalada cántabra en algo distinto a una simple ensalada campera es, sobre todo, la calidad del pescado que lleva: la ventresca de bonito del norte, capturada en el Cantábrico entre junio y septiembre, tiene una textura y un sabor que no admiten comparación con el atún corriente. Un plato humilde en ingredientes pero con una identidad regional muy marcada que lo diferencia del resto.

La ensalada cántabra que el norte guarda para sí misma

Youtube video

La ensalada cántabra tiene la virtud de los platos de toda la vida: nació de la despensa disponible en verano y del ingenio de quienes querían comer bien sin encender el horno. Las patatas se cuecen enteras y con piel para que absorban menos agua, se pelan en caliente y se aliñan mientras aún están templadas. Ese detalle, que puede parecer menor, marca una diferencia notable en el resultado final: la patata queda impregnada de la vinagreta desde dentro.

El resto de la piriñaca se monta en frío: pimiento rojo y verde en juliana fina, cebolleta, tomate en trozos, aceitunas y el huevo duro cortado en cuartos. La ventresca se coloca al final, sin mezclarla para que no se deshaga. Antes de servir, al menos 30 minutos en la nevera para que todo se integre. Sencillo, sin trampa y sin artificios.

Qué hace única a la piriñaca como ensalada cántabra

La ensalada cántabra conocida como piriñaca no debe confundirse con la piriñaca gaditana, una ensalada de tomate, pimiento y cebolla que se usa como guarnición de pescados asados en Cádiz. Son dos platos distintos con el mismo nombre que nacieron en geografías opuestas. Algunos estudios populares apuntan a que fueron emigrantes cántabros los que llevaron la receta al sur, donde evolucionó con los ingredientes de la zona.

La versión cántabra tiene la patata cocida como protagonista absoluta, algo que la acerca a la ensalada campera pero la supera en complejidad y en frescura. La elección del bonito —a ser posible ventresca envasada al natural o en aceite de oliva virgen— es el detalle que convierte una ensalada correcta en un plato memorable.

Paso a paso: cómo preparar esta ensalada cántabra en casa

Youtube video

La piriñaca no tiene ningún secreto técnico, pero hay un orden que conviene respetar. Primero se cuecen las patatas con piel en agua con sal durante 25-30 minutos; el punto exacto se comprueba con la punta de un cuchillo. Mientras se enfrían, se preparan las verduras: pimiento rojo y verde en tiras finas, cebolleta en juliana, tomate en gajos y aceitunas escurridas.

Una vez peladas y troceadas las patatas, se aliñan en caliente con la vinagreta —aceite de oliva virgen extra, vinagre de vino blanco, sal y pimienta— para que la absorban bien. Se incorporan las verduras, los huevos en cuartos y, por último, la ventresca. La ensalada cántabra reposa tapada en la nevera hasta el momento de servir. No hay más.

Los ingredientes que no pueden faltar en una piriñaca auténtica

Hay cierta libertad para personalizar la piriñaca, pero hay ingredientes que no son negociables si se quiere respetar la receta tradicional. La ensalada cántabra admite variaciones, pero sobre esta base:

  • Patata cocida entera y con piel: es la base que da consistencia al plato y absorbe el aliño.
  • Pimiento rojo y verde en juliana: aportan color, crujiente y un dulzor que equilibra la acidez del vinagre.
  • Huevo duro en cuartos: proteína visual y de sabor suave que redondea el conjunto.
  • Ventresca de bonito del norte: el ingrediente diferencial; con atún claro ya no es lo mismo.

Por qué la piriñaca gana terreno fuera de Cantabria cada verano

El momento lo explica todo

Julio y agosto son los meses en que el bonito del norte llega en su mejor momento a las pescaderías y supermercados de toda España en conserva. Eso ha hecho que la ensalada cántabra encuentre el camino abierto para salir de sus fronteras naturales: el ingrediente clave ya no es difícil de conseguir en ningún punto del país.

La cocina regional gana adeptos

La tendencia de los últimos años en gastronomía doméstica apunta con claridad hacia las recetas con identidad. La piriñaca encaja perfectamente en ese perfil: es auténtica, tiene nombre propio, cuenta una historia y se puede preparar el domingo para comer fresquita toda la semana. Tres ventajas en una sola ensalada.

Lo que viene: la ensalada cántabra en la cocina del futuro

La piriñaca lleva décadas siendo patrimonio de las familias cántabras, pero todo apunta a que en los próximos veranos su presencia en el resto de España va a ser cada vez mayor. Los buscadores ya registran un aumento sostenido de interés por la ensalada cántabra cada julio, un fenómeno que se repite y se amplifica año tras año en redes y canales de cocina.

La clave para que este plato gane adeptos de verdad es la misma que ha funcionado siempre: respetar los ingredientes. Una buena ventresca, unas patatas cocidas en su punto y una vinagreta bien emulsionada son suficientes. La piriñaca no necesita reinventarse para conquistar a quienes aún no la conocen; solo necesita que alguien les cuente que existe.

EE.UU. estrena los primeros reactores nucleares modulares en 40 años bajo el impulso de Trump

0

EN 30 SEGUNDOS

  • ¿Qué ha pasado? Dos reactores nucleares modulares desarrollados por empresas privadas han alcanzado la criticidad este mes en Idaho y Utah. Es la primera vez en más de 40 años que reactores no estatales arrancan en el país.
  • ¿Quién está detrás? Donald Trump firmó cuatro órdenes ejecutivas y fijó el 4 de julio de 2026 como plazo para tener al menos tres reactores en línea. El Departamento de Energía aceleró los diseños y apartó a la Comisión Reguladora Nuclear (NRC).
  • ¿Qué impacto tiene? El objetivo de Washington es alcanzar los 400 GW nucleares en 2050. Para España, la reactivación del sector abre una ventana de negocio para las empresas españolas especializadas en servicios y componentes nucleares.

Estados Unidos no encendía un reactor nuclear privado desde los años ochenta. El 4 de junio, el Mark-0 de Antares Nuclear alcanzó la criticidad en el Laboratorio Nacional de Idaho. El 18 de junio le siguió el núcleo de Valar Atomics, que produjo calor en una estructura casi improvisada en el desierto de Utah. El Departamento de Energía lo llamó «el renacimiento de la industria nuclear americana» y no exagera: hacía cuatro décadas que un proyecto privado no llegaba tan lejos.

Las imágenes de aquellos reactores nada tienen que ver con las monumentales plantas de hormigón que promedian 44 años de antigüedad. El diseño de Radiant, por ejemplo, utiliza pequeñas bolas de combustible nuclear ‑comparadas con canicas por su ingeniero jefe‑ pensadas para ser fabricadas en serie. Se pueden desplegar desde bases militares hasta zonas de desastre. Trump lo resumió a su manera: los reactores grandes se vuelven «demasiado grandes, complejos y caros». Los modulares, en cambio, encajan en su apuesta por la desregulación y la velocidad industrial.

Dos reactores en 40 años: lo que ha pasado en Idaho y Utah

La última vez que un reactor privado entró en operación en EE. UU. fue en 1982. Ahora, en apenas dos semanas, dos empresas distintas han roto esa sequía. Antares Nuclear prometió criticidad en 2026, electricidad en 2027 y suministro al estamento militar en 2028. De momento ha cumplido el primer hito. El director del laboratorio de Idaho, John Wagner, dejó claro que «el objetivo nunca fue solo la criticidad: queremos 400 gigavatios de capacidad nuclear para 2050». Una cifra que multiplica por más de cuatro la potencia instalada actual en el país.

El tercer reactor que exige el calendario de la Casa Blanca debe arrancar antes del 4 de julio, el 250 aniversario de la nación. Fuentes del sector creen que el plazo es factible, aunque reconocen que sin la vía rápida habilitada por el presidente habría sido imposible. El programa piloto del Departamento de Energía aceleró 11 diseños y sorteó el proceso tradicional de licencias de la NRC, que hasta ahora consumía más de 20.000 horas de trámites.

Trump, las órdenes ejecutivas y la carrera por el 4 de julio

En mayo de 2025, Trump rubricó cuatro órdenes ejecutivas (decretos presidenciales que no necesitan la aprobación del Congreso) y lanzó un mensaje directo: «Aprobar nuevos reactores y eliminar la burocracia». Nadie en Washington discute ya que la energía nuclear ha vuelto a la agenda. El Partido Republicano la vende como soberanía energética y respuesta al dominio chino en tierras raras; los demócratas, aunque recelosos con la desregulación, ven difícil oponerse a una tecnología que promete emisiones cero.

El giro no es solo ideológico. EE. UU. necesita electricidad barata y estable para alimentar centros de datos, inteligencia artificial y la electrificación del transporte. Los pequeños reactores modulares ofrecen exactamente eso: se fabrican en cadena, se instalan donde se necesitan y evitan las redes de transmisión mastodónticas. El Departamento de Energía ha situado la supervisión bajo su paraguas, quitándole competencias a la NRC. Los sindicatos y las empresas de construcción ya están tomando posiciones.

El tercer reactor debe arrancar antes del 4 de julio, el 250 aniversario de la nación, y sin la vía rápida de Trump habría sido imposible.

La lógica de Washington: por qué la Casa Blanca apuesta por lo nuclear

La apuesta nuclear de Trump responde a una lógica que atraviesa toda su agenda económica: recuperar la capacidad industrial doméstica, reducir la dependencia de insumos extranjeros y ofrecer energía abundante a precios competitivos. No es un capricho aislado. Ronald Reagan protegió el acero con aranceles en 1984 para salvar una industria estratégica; hoy el Partido Republicano aplica la misma receta al uranio y a la tecnología de reactores modulares. La diferencia es que esta vez la desregulación también alcanza al propio regulador, la NRC, cuyo proceso de licencias se consideraba un lastre incompatible con la urgencia declarada.

Para España, el movimiento tiene dos lecturas inmediatas. La primera es comercial: empresas como GD Energy Services, Empresarios Agrupados o Tecnatom llevan décadas prestando servicios de ingeniería, inspección y mantenimiento a centrales nucleares en todo el mundo. La reactivación americana abre un mercado de miles de millones. La segunda lectura es regulatoria: el Gobierno español mantiene un calendario de cierre nuclear que arranca en 2027. Ver a Washington acelerar mientras Madrid frena puede reabrir el debate energético en el seno del Consejo de Seguridad Nuclear y en el propio Congreso de los Diputados. De hecho, asociaciones como Foro Nuclear ya han recordado que España exporta tecnología nuclear y que el apagón compromete esa capacidad industrial.

Las críticas no han tardado en llegar. El científico Edwin Lyman, de la Union of Concerned Scientists, tachó la carrera de «ejercicio de relaciones públicas» y avisó de que eliminar los periodos de comentarios públicos y las evaluaciones ambientales «nos devuelve a los años cincuenta». Pero la Casa Blanca considera que esas salvaguardas eran precisamente lo que había frenado cualquier avance. Y los hechos cantan: dos reactores han alcanzado la criticidad en 2026. El tercero está a punto. El reloj corre hacia el 4 de julio.

Ficha del Caso

  • El caso: Por primera vez en más de 40 años, reactores nucleares modulares de iniciativa privada alcanzan la criticidad en EE. UU.. El hito se produce tras la firma de cuatro órdenes ejecutivas de Trump y un programa acelerado del Departamento de Energía.
  • Datos clave: Reactores Mark-0 (Antares) y el núcleo de Valar Atomics operativos en junio de 2026; un tercero previsto antes del 4 de julio. Préstamos federales de 17.500 millones de dólares para 10 plantas convencionales con tecnología Westinghouse. Objetivo: 400 GW nucleares en 2050.
  • Para España: Las ingenierías y empresas de servicios nucleares españolas (Tecnatom, GD Energy Services, Empresarios Agrupados) pueden encontrar un nuevo mercado en la cadena de suministro americana. La apuesta de Washington por lo nuclear contrasta con el calendario de cierre español y puede reabrir el debate energético.

Galicia lidera la mortalidad por enfermedades respiratorias en España: 163,1 fallecidos por cada 100.000 habitantes, según el INE

Las cifras que sitúan a Galicia en el peor escenario de mortalidad respiratoria

Galicia ha cerrado 2025 con la tasa de fallecimientos por enfermedades del sistema respiratorio más alta de toda España, según los datos provisionales de la Estadística de Defunciones por Causa de Muerte publicados este martes 30 de junio por el Instituto Nacional de Estadística (INE). La comunidad registró 163,1 muertes por cada 100.000 habitantes en ese apartado, un 13 % más que el año anterior.

En total, durante 2025 perdieron la vida en Galicia 32.725 personas. El repunte de las patologías respiratorias no es un fenómeno aislado: la región ya era la que peores indicadores presentaba en este campo, pero el nuevo dato consolida una tendencia al alza que también se aprecia en el conjunto del país, donde estas enfermedades provocaron el 12,4 % de todas las muertes y crecieron un 9 % respecto a 2024.

EN 30 SEGUNDOS

  • ¿Qué ha pasado? Galicia alcanzó en 2025 la tasa más alta de fallecimientos por enfermedades respiratorias de España (163,1 por 100.000 habitantes), al tiempo que es segunda en mortalidad cardiovascular y tercera en tumores.
  • ¿Quién está detrás? Los datos son del INE, con carácter provisional, y afectan de lleno a la Xunta de Galicia, que tiene las competencias de salud pública.
  • ¿Qué impacto tiene? La comunidad gallega, con una de las poblaciones más envejecidas del país, ve cómo sus indicadores de salud se alejan de la media nacional y presionan los servicios sanitarios autonómicos.

Castilla y León (148,7) y Cantabria (144,8) figuran por detrás de Galicia en el ranking de mortalidad respiratoria, pero a una distancia considerable. En enfermedades del sistema circulatorio, la tasa gallega fue de 330,7 fallecidos por cada 100.000 habitantes, solo superada por Asturias (342,7), y en tumores se situó en 305,2, la tercera más alta del país tras Asturias y Castilla y León, con un ligero incremento del 0,4 % sobre 2024.

El mapa nacional lo completan las 441.270 defunciones contabilizadas en toda España durante 2025. Más de la mitad estuvieron relacionadas con tumores o enfermedades del sistema circulatorio, que siguen siendo las dos principales causas de muerte. Las dolencias respiratorias se afianzan como tercera causa, con un protagonismo creciente que ya inquieta a los especialistas en salud pública.

Galicia no solo lidera la mortalidad respiratoria: sus tasas en enfermedades cardiovasculares y tumores la mantienen entre las comunidades con peores indicadores de salud de España.

Dentro de las patologías respiratorias, la neumonía provocó un 8,5 % más de fallecimientos que en 2024, mientras que las enfermedades crónicas de las vías respiratorias inferiores, como la EPOC, aumentaron un 2,7 %. En el ámbito oncológico, el cáncer de bronquios y pulmón fue el tumor que más muertes causó en todo el país, seguido del de colon.

La comparación con otras comunidades autónomas evidencia que el noroeste peninsular comparte un patrón de mortalidad elevado: Asturias, Castilla y León y Galicia intercambian los primeros puestos en las tres grandes causas de fallecimiento, lo que apunta a factores estructurales como el envejecimiento, el hábito tabáquico histórico y las condiciones climáticas.

El reto demográfico que asoma tras los datos

Galicia es, desde hace décadas, la comunidad autónoma con la edad media más alta de España. Ese envejecimiento acelera la prevalencia de enfermedades crónicas y multiplica la fragilidad ante infecciones respiratorias. La Consellería de Sanidade aún no ha valorado los datos del INE, pero los expertos en salud pública llevan años advirtiendo de que la combinación de población envejecida y una Atención Primaria tensionada puede agravar esta clase de indicadores.

Cabe recordar que la Xunta de Galicia gestiona desde 1986 las competencias de sanidad y ha impulsado planes de prevención del tabaquismo, campañas de vacunación antigripal y cribados oncológicos. Sin embargo, los resultados de 2025 evidencian que las medidas son insuficientes para contener el deterioro que impone la pirámide poblacional. El incremento del 13 % en la mortalidad respiratoria respecto al año anterior sobrepasa con creces el promedio nacional.

En el día a día de los hospitales gallegos —especialmente en las áreas de A Coruña, Vigo y Santiago de Compostela— los servicios de neumología y medicina interna soportan una presión constante que, en los meses de invierno, desborda las urgencias. Este factor, unido a la dispersión de la población en zonas rurales, dificulta una respuesta sanitaria rápida y homogénea en todo el territorio.

El Laboratorio Gallego

La fotografía que dejan los datos del INE trasciende lo sanitario y se adentra en el modelo de gestión de los cuidados de larga duración que Galicia está obligada a desarrollar antes que el resto de España. La comunidad se ha convertido en un observatorio adelantado de lo que supondrá para el Sistema Nacional de Salud el envejecimiento generalizado. Las tasas de mortalidad por enfermedades respiratorias y cardiovasculares no son más que la punta del iceberg de unos servicios sociosanitarios que necesitan una transformación urgente.

En clave política gallega, el PPdeG gobierna con mayoría absoluta y ha hecho de la estabilidad presupuestaria uno de sus ejes, pero la sanidad pública se ha convertido en uno de los flancos más criticados por los partidos de la oposición. El BNG y el PSdeG llevan varios plenos alertando sobre la falta de personal y el cierre de camas en centros rurales. Los datos de mortalidad de 2025 podrían dar munición argumental a quien quiera vincular los malos resultados con las decisiones de la Xunta.

Desde la dimensión nacional, la peripecia gallega interesa doblemente: por un lado, porque Alberto Núñez Feijóo —presidente nacional del PP y ex presidente de la Xunta— defendió en numerosas ocasiones el modelo sanitario gallego como ejemplo de eficiencia. Por otro, porque el Ministerio de Sanidad tendrá que negociar en los próximos meses nuevas estrategias de salud pública con las comunidades autónomas, y el caso gallego será inevitablemente uno de los focos. De hecho, el INE actualizará estas cifras con datos definitivos en diciembre de 2026, lo que permitirá ver si el repunte se mantiene o se trató de un episodio coyuntural ligado a infecciones respiratorias o al impacto diferido de la pandemia.

Ficha del Caso

  • El caso: El INE ha publicado los datos provisionales de defunciones por causa de muerte correspondientes a 2025, que sitúan a Galicia en cabeza de la mortalidad por enfermedades respiratorias y en los primeros puestos en cardiovasculares y tumores.
  • Datos importantes: 163,1 fallecidos por cada 100.000 habitantes por patologías respiratorias (un 13 % más que en 2024); 32.725 muertes totales en Galicia; 441.270 en toda España.
  • Resumen: El envejecimiento poblacional y los retos de la Atención Primaria convierten a Galicia en un espejo adelantado de los problemas de salud que afrontará el resto del país si no se refuerzan los sistemas sanitarios.

Las denuncias por violencia de género suben un 23% en Extremadura, pero las órdenes de protección caen un 35%

EN 30 SEGUNDOS

  • ¿Qué ha pasado? Los tribunales extremeños registraron 893 denuncias por violencia de género en el primer trimestre de 2026, un 23% más que en 2025, pero las solicitudes de órdenes de protección cayeron un 35,3%.
  • ¿Quién está detrás? Los datos proceden del Observatorio contra la Violencia Doméstica y de Género, adscrito al Consejo General del Poder Judicial (CGPJ).
  • ¿Qué impacto tiene? La contradicción entre el aumento de denuncias y la caída de la protección judicial deja a las víctimas en una situación de mayor vulnerabilidad, especialmente en una región donde 2.700 mujeres cuentan con seguimiento policial activo.

El primer trimestre de 2026 ha dejado en Extremadura una estampa contradictoria en la lucha contra la violencia de género. Mientras las denuncias suben un 23% respecto al mismo periodo del año anterior, las órdenes de protección solicitadas se desploman un 35,3%, según los datos del Observatorio contra la Violencia Doméstica y de Género del CGPJ.

Una paradoja alarmante: crecen las denuncias pero caen las órdenes de protección

La estadística publicada este lunes dibuja un panorama que desafía la lógica judicial. Más denuncias deberían traducirse en más peticiones de tutela, pero el sistema parece no estar respondiendo a la demanda —o las víctimas no están solicitando esa protección—. La presidenta del Observatorio, Esther Rojo, ya advierte que no se puede bajar la guardia y pide más medios.

De las 729 mujeres que denunciaron, 676 eran españolas, 53 extranjeras y 10 menores de edad. La tasa de víctimas denunciantes se sitúa en 13,7 por cada 10.000 mujeres en la región, medio punto por debajo de la media nacional (18,1). Aparentemente una buena noticia… pero lo cierto es que 62 víctimas renunciaron a declarar contra su agresor, un 169,6% más que un año antes. Este incremento de la dispensa del deber de declarar agrava la desprotección.

Las Secciones de Violencia sobre la Mujer de los Tribunales de Instancia recibieron 119 peticiones de órdenes de protección —un 35,3% menos— y adoptaron 79, un 1,8% menos. De las 179 sentencias dictadas en el trimestre, el 93,9% fueron condenatorias. Los números sugieren que los casos que llegan a juicio suelen acabar con fallos contra el agresor, pero la brecha está en la fase previa: en la solicitud de protección.

Rojo insiste en la necesidad de concienciar a la familia y al entorno de la víctima, y de que todas las administraciones doten a los órganos judiciales de los medios necesarios. “No se puede bajar la guardia”, sentencia. En Extremadura, más de 2.700 mujeres cuentan con seguimiento policial activo, una cifra que refleja la magnitud del problema.

Las denuncias suben, las órdenes de protección caen: la ecuación de la violencia machista en Extremadura no cuadra.

El Pulso Territorial

En el plano político, la Junta de Extremadura —presidida por María Guardiola (PP) con Vox como socio de gobierno— ha prometido reforzar los recursos de atención a las víctimas, aunque el debate presupuestario de este año evidenció tensiones entre ambos partidos sobre el enfoque de género. La consejería competente, en manos del PP, defiende un incremento de las partidas para el Instituto de la Mujer, mientras que Vox aboga por eliminar el concepto de violencia de género y hablar de violencia intrafamiliar.

En otras comunidades autónomas como Canarias o Navarra, el patrón estadístico es similar: aumentan las denuncias pero el número de órdenes de protección apenas se mueve. En el caso extremeño, la tasa de 13,7 víctimas por cada 10.000 mujeres está por debajo de la media, lo que podría indicar una menor visibilización o una menor confianza en el sistema. El verdadero reto es convertir cada denuncia en una respuesta judicial efectiva.

Con la publicación de estos datos, se espera que en los próximos meses el Ejecutivo autonómico refuerce las campañas de concienciación y revise los protocolos de solicitud de órdenes de protección. El tercer trimestre suele concentrar una mayor actividad denunciante, por lo que el sistema judicial extremeño afrontará con toda probabilidad una nueva prueba de resistencia en verano.

Ficha Autonómica

  • El caso: Los juzgados de Extremadura registraron en el primer trimestre de 2026 893 denuncias por violencia de género, un 23% más que el año anterior, al tiempo que las solicitudes de órdenes de protección caían un 35,3%.
  • Datos importantes: 729 mujeres víctimas; 62 se acogieron a la dispensa de declarar contra su agresor (un 169,6% más); tasa de víctimas por cada 10.000 mujeres: 13,7 (media nacional: 18,1). De las 179 sentencias dictadas, el 93,9% fueron condenatorias.
  • Resumen: La contradicción entre el aumento de denuncias y el desplome de las órdenes de protección preocupa al Observatorio contra la Violencia Doméstica y de Género. El Gobierno regional, en coalición PP-Vox, promete medidas, pero la falta de protección efectiva coloca a las víctimas en una situación de mayor riesgo.

El PSPV se querella contra Carlos Mazón ante el Supremo por falso testimonio en la comisión DANA

El PSPV-PSOE ha presentado esta mañana una querella en el Tribunal Supremo contra el expresident de la Generalitat, Carlos Mazón, por un presunto delito de falso testimonio ante la comisión de investigación de la DANA del Congreso de los Diputados.

EN 30 SEGUNDOS

  • ¿Qué ha pasado? El PSPV presenta querella en el Tribunal Supremo contra Carlos Mazón por falso testimonio en la comisión del Congreso sobre la DANA.
  • ¿Quién está detrás? La querella parte del PSPV-PSOE, basada en mensajes de WhatsApp del Consell y en la instrucción del juzgado de Catarroja.
  • ¿Qué impacto tiene? Si el Supremo la admite a trámite, se abriría una causa penal contra el expresident por contradicciones en su testimonio bajo juramento.

Las contradicciones que encienden la querella

Según ha informado el PSPV, la querella se fundamenta en las contradicciones flagrantes entre la declaración de Mazón ante la comisión del Congreso, en noviembre de 2025, y el contenido de los mensajes del grupo de WhatsApp del Consell del 29 de octubre de 2024, día de la DANA, así como la investigación que instruye el juzgado de Catarroja.

En aquella comparecencia, Mazón mantuvo que no dispuso de información suficiente sobre la gravedad de la situación hasta horas después. Sin embargo, la querella subraya que los mensajes prueban que a las 8:15 de la mañana ya tenía conocimiento de lo que estaba ocurriendo y dio instrucciones al resto de miembros del Consell. ‘Todo ello justifica sobradamente la incoación de diligencias penales’, recoge el texto presentado en el alto tribunal.

El PSPV insiste en que concurren ‘indicios sólidos, plurales y convergentes’ de criminalidad, derivados de la declaración parlamentaria ‘bajo obligación legal de veracidad’, la comparecencia pública previa contradictoria y las comunicaciones privadas conocidas públicamente.

El delito de falso testimonio y la obligación de decir la verdad

El artículo 458 del Código Penal castiga con penas de prisión de seis meses a tres años y multa a quienes falten a la verdad en su testimonio ante comisiones de investigación del Congreso. La comisión de la DANA fue una de las más mediáticas de la legislatura, y la comparecencia de Mazón se produjo bajo juramento.

Sin embargo la querella no se limita a los mensajes de WhatsApp; incorpora también los avances de la instrucción en Catarroja, que ha recopilado testimonios de afectados y responsables de emergencias que contradicen la versión de Mazón. La instrucción judicial ha sido clave para contrastar fechas y horas.

La propia presidenta del Congreso, Francina Armengol, recordó en su día a todos los comparecientes que estaban obligados a decir verdad. Una querella por falso testimonio no es un trámite habitual: supone un paso trascendental que coloca el foco en la credibilidad del sistema de control parlamentario.

El falso testimonio ante una comisión del Congreso no es un asunto menor: ataca directamente el corazón del control parlamentario y la confianza ciudadana.

El Escenario Valenciano

Con esta querella, el PSPV redobla la presión judicial y política sobre el expresident, que ya enfrenta la causa penal en Catarroja y otras investigaciones relacionadas con la DANA. El paso dado hoy ante el Tribunal Supremo eleva el caso a la máxima instancia judicial del país, con implicaciones que trascienden Valencia. La credibilidad de Carlos Mazón como líder del PP valenciano queda seriamente tocada, y el partido a nivel nacional, con Alberto Núñez Feijóo al frente, no puede desentenderse de un escándalo que afecta a la gestión de la mayor catástrofe natural reciente. El Gobierno de Pedro Sánchez, que ha mantenido una posición vigilante sobre la reconstrucción, observa ahora el desenlace judicial. En las próximas semanas, el Supremo deberá decidir si admite a trámite la querella, una decisión que podría marcar el inicio de una nueva fase judicial para el expresident y redefinir el equilibrio de fuerzas en la política valenciana de cara al próximo ciclo electoral.

Ficha del Caso

  • El caso: El PSPV-PSOE ha presentado una querella ante el Tribunal Supremo contra Carlos Mazón, expresident de la Generalitat, por falso testimonio en la comisión de investigación de la DANA del Congreso de los Diputados.
  • Datos importantes: La querella se apoya en los mensajes del grupo de WhatsApp del Consell del 29 de octubre de 2024, que muestran que Mazón conocía la situación a las 8:15, y en la instrucción del juzgado de Catarroja. La declaración ante el Congreso se produjo en noviembre de 2025 bajo juramento.
  • Resumen: La admisión a trámite de la querella por parte del Supremo abriría una causa penal por falso testimonio, poniendo en jaque la credibilidad del expresident y del PP valenciano, con repercusiones en toda España.

Canarias activa un plan de tres meses para coordinar la ayuda humanitaria a los afectados por los terremotos en Venezuela

EN 30 SEGUNDOS

  • ¿Qué ha pasado? El Gobierno de Canarias ha activado un plan de tres meses de ayuda humanitaria para los afectados por los terremotos en Venezuela, con foco en La Guaira, Caracas y Miranda.
  • ¿Quién está detrás? La Viceconsejería de Acción Exterior, dirigida por José Luis Perestelo, y la Dirección General de Emigración, con José Téllez, lideran la coordinación con entidades canarias en el país.
  • ¿Qué impacto tiene? Se atenderá necesidades básicas de canarios, descendientes y población damnificada mediante distribución de alimentos, medicamentos y atención médica de urgencia, con la delegación canaria en Venezuela como centro logístico.

El Gobierno de Canarias ha puesto en marcha un dispositivo humanitario que se prolongará durante tres meses para asistir a los damnificados por los recientes terremotos en Venezuela, con especial atención a la comunidad canaria y sus descendientes. El plan, anunciado este martes, convierte la sede de la Delegación del Ejecutivo autonómico en Caracas en un centro logístico desde el que se canalizarán alimentos, medicinas y recursos sanitarios.

Un centro logístico en el corazón de la emergencia

La decisión se tomó tras la reunión que mantuvieron el viceconsejero de Acción Exterior, José Luis Perestelo, y el director general de Emigración, José Téllez, con las entidades canarias en Venezuela y los responsables de las oficinas descentralizadas. Las zonas más dañadas —La Guaira, Caracas y Miranda— concentrarán los esfuerzos iniciales. El plan de tres meses busca garantizar una respuesta sostenida, no solo la urgencia de los primeros días.

La Delegación del Gobierno de Canarias en Caracas se erige como centro de recepción y distribución de donaciones. Según explicó José Téllez, «no se trata solo de atender la urgencia de los primeros días, sino de organizar un plan de trabajo para los próximos tres meses que permita cubrir necesidades básicas, sanitarias y sociales». Para ello, el Ejecutivo autonómico ya ha contactado con distribuidoras en estados no afectados para agilizar la compra de productos esenciales.

Atención sanitaria y necesidades críticas sobre el terreno

El análisis inicial ha identificado carencias urgentes: agua potable y alimentos no perecederos de alto valor proteico, pero también un amplio listado de medicamentos. Antiinflamatorios, analgésicos, tratamientos para enfermedades crónicas —diabetes, tensión arterial, dolencias cardiovasculares—, mascarillas, guantes y bolsas de colostomía figuran entre los productos más demandados. La atención médica se ha activado con consultorios en varias entidades canarias, mientras la Delegación mantiene un canal telefónico directo (0424-286.99.65) para consultas.

El dispositivo incluye puntos fijos en entidades como FECAN, el Hogar Canario de Venezuela y una docena de centros más, así como un servicio de reparto móvil para alcanzar las zonas más aisladas. El director general de Emigración José Téllez subrayó que la prioridad es «estar al lado de nuestra gente con una respuesta útil, coordinada y prolongada». Las bolsas de colostomía, un elemento que suele pasarse por alto en las emergencias, reflejan la atención a los detalles de este operativo.

La respuesta humanitaria canaria no es solo cuestión de solidaridad: es un ejercicio de diplomacia autonómica que refuerza lo lazos con una diáspora que suma más de 60.000 personas.

El Pulso Territorial

Canarias mantiene vínculos históricos con Venezuela que se remontan a la emigración masiva del siglo XX. Se calcula que más de 60.000 canarios residen en el país, una comunidad que el Estatuto de Autonomía reconoce como parte de la identidad canaria. El Gobierno de Fernando Clavijo (Coalición Canaria) ha convertido la acción exterior en un pilar de su mandato, y esta emergencia se convierte en una prueba de fuego para su capacidad logística. Otras regiones con fuerte presencia en el exterior, como Galicia, también han desplegado ayudas, pero Canarias ha sido la primera en activar un plan estructurado de tres meses. Este dispositivo se enmarca en una estrategia autonómica que busca mantener vivo el vínculo con la diáspora, incluso en las circunstancias más difíciles.

Las próximas semanas serán clave para evaluar la eficacia del reparto y la posible ampliación del plan. De momento, la coordinación con entidades canarias y la Delegación en Caracas pretende evitar duplicidades y asegurar que los recursos lleguen a quienes realmente los necesitan. El despliegue canario demuestra que la solidaridad autonómica no conoce fronteras cuando hay vidas en juego.

Ficha Autonómica

  • El caso: El Gobierno de Canarias activa un plan de ayuda humanitaria tras los terremotos de Venezuela, con la comunidad canaria en el país como prioridad.
  • Datos importantes: Plan de tres meses; centro logístico en la Delegación en Caracas; necesidades: agua, alimentos no perecederos, medicación crónica, antiinflamatorios; teléfono de atención: 0424-286.99.65.
  • Resumen: El dispositivo ya está en marcha con puntos fijos y reparto móvil, coordinado con las entidades canarias. Se espera que la ayuda llegue de forma continua a La Guaira, Caracas y Miranda, adaptándose a la evolución de la emergencia.

Enmiendas Vox presupuestos 2026: vinculan inmigración y delincuencia y recortan el valenciano

EN 30 SEGUNDOS

  • ¿Qué ha pasado? Vox ha registrado un centenar de enmiendas a los presupuestos autonómicos de 2026 con propuestas que vinculan inmigración con delincuencia, recortan ayudas culturales y exigen “prioridad nacional” en la Renta Valenciana de Inclusión.
  • ¿Quién está detrás? El grupo parlamentario de Vox en las Corts Valencianes (el parlamento unicameral de la Comunitat Valenciana, con 99 escaños), con su portavoz José María Llanos y la diputada Teresa Ramírez a la cabeza.
  • ¿Qué impacto tiene? Las cuentas de la Generalitat necesitan el apoyo de Vox para salir adelante; las enmiendas tensan la negociación y sitúan al president Juan Francisco Pérez Llorca ante una difícil disyuntiva.

El grupo parlamentario de Vox ha presentado este lunes un centenar de enmiendas al proyecto de ley de los presupuestos de la Generalitat Valenciana para 2026. Un paquete de medidas que, según el portavoz José María Llanos, busca “introducir un cambio de rumbo” y que ya ha encendido todas las alarmas políticas por su calado ideológico. La formación de extrema derecha pone así en un brete al president Juan Francisco Pérez Llorca, que necesita el voto de sus socios de gobierno para sacar adelante las cuentas.

Las enmiendas más polémicas: del estudio sobre inmigración al bou en corda

Entre las propuestas registradas, Vox plantea retirar 10.000 euros en ayudas a Cruz Roja —entidad que realizó una labor humanitaria crucial durante la DANA de 2024 llevando medicamentos a enfermos crónicos— para financiar un “estudio sobre el impacto de la inmigración en la delincuencia”. La justificación responde al discurso reiterado del partido que vincula ambos fenómenos, sin atender a los datos oficiales de criminalidad.

En el terreno cultural, las enmiendas apuntan al Instituto Valenciano de Cultura (IVC). Vox exige suprimir 225.000 euros de la partida del organismo y redirigirlos: 150.000 euros a asociaciones que promuevan los festejos taurinos del bou en corda y otros 75.000 euros a los ayuntamientos que organicen estos espectáculos. El recorte a la cultura se salda, así, con una apuesta por una tradición muy minoritaria.

No es la única señal ideológica. Las enmiendas piden eliminar del proyecto de presupuestos la disposición adicional 17, relativa al Pacto Valenciano contra la Violencia Machista y de Género. Además, introducen el concepto de “prioridad nacional” en el acceso a ayudas y servicios sociales.

La “prioridad nacional” y el choque con la legalidad

Ese concepto aparece, sobre todo, en la reforma que Vox propone para la Renta Valenciana de Inclusión. El texto registrado señala que la ayuda debe asignarse teniendo en cuenta “la prioridad nacional, adecuado a la legalidad vigente, que procure la asignación prioritaria de los recursos públicos a quienes mantienen un arraigo real, verificable y duradero en la Comunitat Valenciana”. La coletilla “adecuado a la legalidad vigente” es, en la práctica, una cláusula de imposible cumplimiento: la legislación española y europea prohíbe la discriminación por origen nacional en el acceso a prestaciones sociales.

Fuentes del grupo parlamentario defendieron que todas estas cuestiones se negociaron cuando se alcanzó el acuerdo para la aprobación de las cuentas. Sin embargo, el salto del discurso al articulado revela que la negociación será mucho más áspera de lo que el Consell (el gobierno de la Generalitat, equivalente al Consejo de Ministros autonómico) pretendía. El PP se enfrenta ahora a la presión de unas bases que no quieren ceder ante la extrema derecha y a la necesidad de que los presupuestos salgan adelante para no quedar en minoría.

Los presupuestos de la Generalitat se han convertido en el campo de batalla simbólico donde Vox quiere dejar su huella ideológica, y Pérez Llorca carece de margen para ignorarlo.

El Escenario Valenciano

La votación de las cuentas es el primer gran examen de la segunda legislatura de Juan Francisco Pérez Llorca al frente del Consell. El president llegó al cargo tras la traumática gestión de la DANA que desgastó a Carlos Mazón, y ahora necesita demostrar que puede pilotar un gobierno estable con el sostén de la ultraderecha. La oposición, PSPV y Compromís, ya ha anunciado que no apoyará unas cuentas que contemplen recortes culturales o medidas que vulneren la igualdad, por lo que todo depende del acuerdo entre los dos socios.

En clave nacional, las enmiendas de Vox en la Comunitat Valenciana resuenan con fuerza porque normalizan exigencias que el partido intenta colar en otras autonomías —como Castilla y León o Murcia— y que ya forman parte del arsenal de la dirección estatal de Santiago Abascal. La vinculación explícita entre inmigración y delincuencia y la “prioridad nacional” son marcas de la casa que el PP de Alberto Núñez Feijóo trata de sortear sin rupturas. Si el president Pérez Llorca acepta alguna de estas propuestas, el coste reputacional para los populares a escala española será inevitable.

Lo que viene ahora es un intenso proceso de negociación en las Corts. El calendario marca que la aprobación definitiva debería producirse antes del verano, y el margen de cesión del PP será el termómetro de la verdadera fuerza del pacto de gobierno. La ciudadanía, entretanto, observa cómo 10.000 euros para un estudio y un recorte millonario al valenciano se convierten en moneda de cambio en el patio de butacas de la política autonómica.

Ficha del Caso

  • El caso: Vox registra un centenar de enmiendas a los presupuestos de la Generalitat para 2026 con ejes polémicos: inmigración y delincuencia, desvío de fondos culturales al bou en corda, y exigencia de “prioridad nacional”.
  • Datos importantes: 10.000 euros para un estudio sobre inmigración; retirada de 225.000 euros al IVC para festejos taurinos; inclusión de la “prioridad nacional” en la Renta Valenciana de Inclusión, pese a su inviabilidad legal.
  • Resumen: Las enmiendas colocan al president Juan Francisco Pérez Llorca en la tesitura de aceptar cesiones ideológicas incómodas a cambio de sacar adelante las cuentas, con un impacto que traspasa las fronteras de la Comunitat y toca la credibilidad del PP a nivel nacional.

Mompó declaración DANA: el presidente de la Diputación irrita a la jueza al no recordar la alerta del Poyo

Vicente Mompó (PP) volvió a declarar ante la jueza instructora de la DANA sin aclarar si recibió la alerta del barranco del Poyo. La segunda comparecencia del presidente de la Diputación de Valencia terminó con visible desesperación de la magistrada ante sus contradicciones.

EN 30 SEGUNDOS

  • ¿Qué ha pasado? Mompó dijo no recordar la llamada de la alcaldesa de Torrent que le alertó del desbordamiento del barranco de L’Horteta, tributario del Poyo.
  • ¿Quién está detrás? Vicente Mompó, presidente de la Diputación de Valencia (PP), en su segunda testifical ante la jueza de la catástrofe.
  • ¿Qué impacto tiene? La amnesia selectiva del dirigente popular irrita a la instructora y agrava la presión judicial sobre la gestión del PP durante la DANA.

La llamada que Mompó “no recuerda”

La alcaldesa de Torrent, Amparo Folgado (PP), telefoneó a Mompó a las 18:38 del 29 de octubre de 2024 para advertirle del desbordamiento del barranco de L’Horteta, afluente directo del Poyo. El registro de llamadas del móvil de Folgado acredita el aviso. Sin embargo, el presidente de la Diputación aseguró ante la jueza: “No la recuerdo”.

Mompó, que participaba en la reunión del Centro de Coordinación Operativa Integrado (Cecopi), añadió que habla “todas las semanas” con Folgado –también diputada provincial– y que “nunca” le ha comentado aquella comunicación. “Será verdad si dice que habló conmigo; lo haría”, manifestó, esquivando la pregunta.

Una memoria selectiva que desespera a la jueza

La comparecencia fue calificada por fuentes jurídicas como “inconexa” y “fragmentada”. La magistrada repreguntó insistentemente no solo sobre la llamada de Torrent, sino también sobre el aviso de la alcaldesa de Chiva, Amparo Fort, al diputado de Bomberos, Avelino Mascarell. Mompó se mantuvo en la amnesia.

El testigo, como ya hiciera en su primera declaración del 17 de julio de 2025, repitió que ni la Confederación Hidrográfica del Júcar (CHJ) ni la Aemet alertaron en el Cecopi de la situación del Poyo. Tampoco supo precisar cuándo conoció la activación de la alerta hidrológica, un extremo que la jueza consideró esencial.

La amnesia de Mompó no es solo un recurso procesal: es el síntoma del vacío de responsabilidades que aún atenaza la gestión política de la DANA.

Estas contradicciones contrastan con lo que Mompó afirmó en el programa Salvados de La Sexta: allí aseguró que durante el Cecopi tuvo información sobre el barranco del Poyo. El baile de versiones provocó que la jueza lo citara nuevamente tras conocerse la factura telefónica de Folgado.

El Escenario Valenciano

La declaración de Mompó llega en un momento delicado para el PP valenciano. El pacto con Vox en la Generalitat sufre tensiones, y la oposición –PSPV y Compromís– ya ha pedido explicaciones en las Corts Valencianes sobre la cadena de mando durante la emergencia. Mientras, la instrucción judicial sigue señalando lagunas en la respuesta institucional.

A nivel nacional, este episodio se suma al debate sobre la gestión de la DANA que el Gobierno de Pedro Sánchez ha puesto sobre la mesa. El Congreso de los Diputados tiene pendiente una comisión de investigación que podría ahondar en las fallas de coordinación. Lo que ocurre en Valencia ya no es solo un asunto autonómico: la catástrofe ha transformado los protocolos de protección civil en toda España.

De cara al futuro inmediato, la jueza tiene ahora más elementos para contrastar las versiones. El entorno de Carlos Mazón sigue sin soltar prenda, pero cada comparecencia judicial añade presión a un relato oficial que, en palabras de las mismas fuentes, “tiene una memoria muy selectiva”.

Ficha del Caso

  • El caso: Vicente Mompó, presidente de la Diputación de Valencia, declaró por segunda vez ante la jueza de la DANA y no aclaró si recibió alertas sobre el barranco del Poyo.
  • Datos importantes: La alcaldesa de Torrent, Amparo Folgado, lo llamó a las 18:38 del 29/10/2024. El registro telefónico lo confirma. Mompó también contradice sus declaraciones televisivas previas.
  • Resumen: La amnesia selectiva del dirigente popular irrita a la instructora y mantiene abierta la investigación sobre la gestión política de la emergencia.

Los tribunales procesaron a 20 personas por corrupción durante el primer trimestre de 2026

En el primer trimestre de 2026, los jueces y juezas españoles concluyeron 5 procedimientos por delitos de corrupción, en los que se dictó auto de apertura de juicio oral o de procesamiento contra un total de 20 personas (16 físicas y 4 jurídicas) en los tribunales españoles, que fueron o serán llevadas a juicio por este tipo de delitos.

Así lo revela el repositorio de datos sobre procedimientos por corrupción del Consejo General del Poder Judicial tras la incorporación de la información correspondiente a los meses de enero, febrero y marzo de este año, que también incluye el número de sentencias dictadas, que fue de 18.

El repositorio, que fue presentado el 12 de enero de 2017, es de acceso público en la web www.poderjudicial.es y permite a la ciudadanía conocer la acción de la Justicia en el marco global de la lucha contra la corrupción a través de sus principales indicadores –personas acusadas y/o procesadas, procedimientos, sentencias dictadas, etcétera-, que se actualizan de forma trimestral.

Información de tribunales

La información que ofrece el repositorio corresponde a la denominada corrupción pública, entendiendo que es ésta la que más altos índices de preocupación causa en la ciudadanía. De este modo, los procedimientos judiciales cuyos datos se reflejan en el repositorio tienen como sujetos activos a funcionarios públicos, gobernantes y políticos en el ejercicio de sus cargos, y como uno de los elementos del tipo la afectación de dinero público, abarcando así tanto la corrupción administrativa como la corrupción política. 

Estos fenómenos se recogen en el Código Penal como delitos de prevaricación urbanística y contra el patrimonio histórico (artículos 320 y 322), prevaricación de funcionarios públicos (art. 404, 405 y 408), infidelidad en la custodia de documentos y violación de secretos (art. 413, 414, 415, 416, 417 y 418), cohecho (art. 419, 420, 421 y 422), tráfico de influencias (art. 428, 429 y 430), malversación (art. 432, 433, 434 y 435), fraudes y exacciones ilegales (art. 436, 437, 438 y 438 bis), negociaciones y actividades prohibidas a los funcionarios públicos y abusos en el ejercicio de su función (art. 439, 441, 442, 443 y 445) y propiedad intelectual e industrial, mercado y consumidores (corrupción en los negocios) del art. 286 ter.

Personas acusadas y procedimientos por delitos de corrupción*

 Personas acusadasPersonas jurídicasProcedimientos
Tribunal Supremo000
Audiencia Nacional000
Órganos centrales000
Andalucía1241
Aragón000
Asturias000
Baleares000
Canarias000
Cantabria000
Castilla-La Mancha000
Castilla y León101
Cataluña101
Comunidad Valenciana000
Extremadura000
Galicia000
Madrid000
Murcia202
Navarra000
País Vasco000
La Rioja000
CC.AA.1645
                        TOTAL1645

*La tabla refleja el número de personas contra las que se ha dictado auto de apertura de juicio oral o de procesamiento en procedimientos instruidos por Secciones de Primera Instancia e Instrucción y Secciones de Instrucción de los Tribunales de Instancia, Salas de lo Civil y Penal de Tribunales Superiores de Justicia, Secciones de Instrucción del Tribunal Central de Instancia y Sala Segunda del Tribunal Supremo

Sentencias dictadas

Entre el 1 de enero y el 31 de marzo de este año, los órganos judiciales dictaron 18 sentencias en procedimientos por delitos de corrupción. De ellas, 13 fueron total o parcialmente condenatorias y 5, absolutorias, lo que supone que el fallo fue condenatorio en tres de cada cuatro (72 %) de los casos.

La información ofrecida detalla si las sentencias han sido absolutorias o condenatorias y, dentro de éstas últimas, si lo han sido con o sin conformidad, así como si han sido parcialmente condenatorias (tanto porque no se haya condenado por todos los delitos por los que se acusaba o porque no se haya condenado a la totalidad de los acusados).

Sentencias dictadas en procedimientos por corrupción

 Condenatorias con conformidadCondenatorias sinConformidad Parcialmente condenatorias  Absolutorias TOTAL
T.Supremo00000
A.Nacional00123
Ó.centrales00123
Andalucía14005
Aragón00000
Asturias00000
Baleares00000
Canarias00000
Cantabria00000
C.-La Mancha00000
C. y León00000
Cataluña11002
C.Valenciana00101
Extremadura10012
Galicia10001
Madrid00000
Murcia20024
Navarra00000
País Vasco00000
La Rioja00000
CC.AA.651315
TOTAL652518

Lagarde defiende en Sintra que el BCE puede subir tipos sin tensiones financieras

La presidenta del Banco Central Europeo, Christine Lagarde, ha arrancado este 29 de junio la decimotercera edición del Foro de Bancos Centrales de Sintra (Portugal) con un mensaje de firmeza: la eurozona puede subir los tipos de interés sin que ello desencadene crisis financieras como las vividas en el pasado. Una declaración que supone un punto de inflexión en la historia de la política monetaria comunitaria y que busca apuntalar la credibilidad del euro ante un nuevo repunte inflacionario derivado de la guerra en Oriente Medio.

De la fragilidad de 2011 a la confianza de 2026

El contraste con 2011 es obligado. Entonces, Jean‑Claude Trichet, su antecesor, elevó ligeramente los tipos de referencia cuando las primas de riesgo de la periferia europea ya estaban bajo presión, lo que provocó un terremoto en la deuda soberana y obligó al BCE a rectificar de inmediato. Aquella experiencia dejó una cicatriz: el convencimiento de que subir tipos en un entorno de fragilidad era una temeridad. Ahora, Lagarde afirma con convicción que “podemos subir las tasas para combatir la inflación sin preocuparnos de que el propio endurecimiento de la política monetaria se convierta en una fuente de tensión financiera”.

El cambio no es retórico. En 2022, durante el shock inflacionario provocado por la invasión rusa de Ucrania, el BCE elevó los tipos hasta niveles récord del 4 % sin generar un desplome de los mercados de deuda. “Cuando los mercados entienden cómo responderemos en los distintos escenarios, pueden comenzar el ajuste antes de que necesitemos actuar. Y esto nos permite adoptar decisiones más sólidas”, explicó la presidenta en el resort Penha Longa. Detrás de esa confianza hay tres pilares: la unión bancaria, que ha dotado de más capital y supervisión a las entidades; el Mecanismo Europeo de Estabilidad (MEDE), que ofrece un cortafuegos fiscal; y los fondos Next Generation EU, que han creado deuda común europea por primera vez en la historia.

Las herramientas que ya no hacen falta

Otro mensaje relevante de la noche inaugural fue que el BCE entierra definitivamente dos instrumentos que marcaron la última década: las compras masivas de deuda (el programa PSPP de Draghi o el PEPP pandémico) y la forward guidance (la comunicación anticipada de los movimientos futuros de tipos). “Ya no es necesario recurrir a instrumentos no convencionales. Aunque están disponibles, ahora podemos centrarnos en estabilizar la inflación utilizando los tipos de interés oficiales como herramienta principal”, sentenció Lagarde. De hecho, según confirman fuentes del Consejo de Gobierno, se ha elevado mucho el listón para activar de nuevo las compras de activos.

Respecto a la orientación futura, la presidenta fue igual de tajante: “Ya no necesitamos formulaciones complejas sobre la orientación futura de nuestra política. Nuestras decisiones dependen de los datos y se adoptan reunión a reunión”. En otras palabras, el BCE se reserva toda la discrecionalidad para decidir si en la cumbre de julio en Fráncfort sube los tipos o hace una pausa. Por el momento, la tregua entre Irán y Estados Unidos y la reapertura del estrecho de Ormuz hacen que los inversores apuesten mayoritariamente por el mantenimiento del precio del dinero en el 2,25 % actual.

BCE tipos interés 2026

Lagarde defendió que, si el BCE calibra su posición en función de los datos, se pueden evitar los movimientos bruscos del pasado: “Tampoco necesitamos actuar con la misma intensidad. Podemos realizar ajustes graduales de los tipos de interés, calibrados en función de las perturbaciones a las que nos enfrentamos”. Ese enfoque de “eso sí, paso a paso” es precisamente lo que ha llevado a buena parte del mercado a descartar una escalada agresiva en la próxima reunión.

El Eje del Poder Europeo

El discurso de Sintra tiene una lectura que va más allá de la técnica monetaria. Lo que Lagarde está transmitiendo también es un mensaje político: la eurozona ha madurado y la política monetaria ya no es rehén de los diferenciales soberanos. Sin embargo, la afirmación de que se pueden subir tipos sin tensiones financieras será puesta a prueba en cuanto los mercados perciban una divergencia real entre las economías del norte y del sur. Países como Italia, Grecia o España arrastran niveles de deuda pública elevados —en el caso español, por encima del 110 % del PIB— y un coste de financiación más alto se traduce rápidamente en un mayor gasto por intereses. Durante 2025, el servicio de la deuda española ya superó los 35.000 millones de euros, una factura que subiría con cada movimiento al alza del BCE.

En paralelo, los países del eje franco‑alemán, con economías más diversificadas y menor apalancamiento público, pueden absorber sin grandes sobresaltos unos tipos más altos. Esta asimetría es la que históricamente ha enfrentado a Berlín con Roma o Madrid en cada discusión sobre la política monetaria. Si el BCE endurece demasiado su posición, los países del sur podrían verse forzados a ajustar sus cuentas públicas en plena desaceleración, algo que Moncloa ve con preocupación. El propio Gobierno español ha defendido en varias ocasiones que el margen fiscal debe mantenerse flexible para no frenar la recuperación.

Cabe recordar que, al mismo tiempo, el Pacto de Estabilidad y Crecimiento reformado y las nuevas reglas fiscales comunitarias exigen a España compromisos de reducción de déficit y deuda. Una subida adicional de tipos chocaría directamente con esos objetivos, encareciendo la financiación pública y restando espacio para políticas sociales o inversiones productivas. No es casualidad que, horas después del discurso de Lagarde, fuentes de Moncloa consultadas por esta redacción hayan trasladado la necesidad de una “coherencia” entre la política monetaria y las sendas fiscales pactadas con Bruselas.

El escenario más probable, según los inversores, es que el BCE mantenga los tipos en julio, pero a partir de septiembre no se descarta una subida gradual si los datos de inflación subyacente no dan tregua. Si eso ocurre, la resistencia de la eurozona volverá a medirse en función de cómo reaccionen las primas de riesgo de los países más endeudados. Como ya demostró la crisis de 2011, una diferencia de apenas 25 puntos básicos puede ser un detonante si la confianza se quiebra. La gran incógnita es si, como sostiene Lagarde, la nueva arquitectura institucional europea será suficiente para absorber el golpe o si, por el contrario, el BCE tendrá que volver a sacar de la chistera las herramientas no convencionales que ahora da por amortizadas.

La confianza de Lagarde se sostiene en una nueva arquitectura financiera europea, pero la prueba de fuego llegará cuando los tipos vuelvan a subir y los diferenciales soberanos se tensen.