La cúpula del Partido Socialista Obrero Español (PSOE) ha alzado la voz este domingo en un acto celebrado en Cáceres, poniendo el foco de manera contundente en la incompatibilidad que, a su juicio, existe entre la defensa de los derechos de las mujeres y los acuerdos de gobierno sellados por el Partido Popular con la ultraderecha de Vox. La secretaria de Organización y Acción Electoral del PSOE, Rebeca Torró, fue especialmente incisiva al denunciar lo que calificó como «pactos infames del Partido Popular con Vox», señalando que con estas alianzas la derecha «da la espalda a las mujeres». En un mensaje directo y sin paliativos, Torró sentenció que resulta imposible «defender de boquilla los derechos de las mujeres por la mañana» mientras que «por la tarde» se pacta con formaciones políticas que niegan la violencia machista, se deja de aplicar la Ley de Violencia de Género, se cuestiona la credibilidad de las víctimas y se coacciona el derecho fundamental de las mujeres al aborto.

Para la secretaria de Organización, la presencia y continuidad de los «gobiernos progresistas» no es una opción más, sino una necesidad imperiosa y la única «garantía» real de que los derechos de las mujeres no se conviertan en una simple «moneda de cambio» a merced de las negociaciones políticas entre el Partido Popular y la ultraderecha. En el marco de la conmemoración del 25N, Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra la Mujer, el Partido Socialista ha querido poner un énfasis particular en la lacra de los feminicidios y, de forma destacada, en la violencia vicaria.

Desde el atril del acto en Extremadura, Rebeca Torró lanzó un lema que resonó con fuerza: «Un maltratador nunca será un buen padre». Insistió en la indivisibilidad del maltrato, afirmando categóricamente que «un maltratador es un maltratador por encima de todo». Subrayó la absoluta incompatibilidad entre el ejercicio de la violencia y la paternidad: un hombre que insulta o agrede a la madre de sus hijos jamás podrá ser considerado un buen padre. «Jamás un asesino será un buen padre», remató. La dirigente socialista rechazó de plano las simplificaciones terminológicas que, a su entender, buscan relativizar la gravedad de estos actos. Torró criticó duramente las expresiones como «‘divorcios duros’ o ‘violencia intrafamiliar'», utilizadas, según ella, por el líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, y sus socios de ultraderecha. En contraposición, Torró insistió en la verdad innegable: «Es violencia contra las mujeres por el mero hecho de serlo».

BLANQUEAMIENTO DE LA VIOLENCIA DE GÉNERO

La preocupación de la secretaria de Organización del PSOE se extiende a lo que interpretó como una «nostalgia» del Partido Popular por «los años más oscuros de nuestra historia reciente», y especialmente por el «blanqueamiento de la violencia de género que amenaza directamente nuestros derechos». Visiblemente molesta, interpeló a la formación conservadora preguntándoles retóricamente: «¿A qué España quieren volver? ¿A esa en la que las mujeres no podíamos abrir una cuenta en el banco sin permiso de nuestros padres o maridos?». Torró elevó la crítica al ámbito institucional, tachando al Partido Popular de ser un partido al que «le vienen muy pero que muy grandes las instituciones» porque, a pesar de autodenominarse «partido de Estado», se niega a reconocer un problema de Estado tan grave como la violencia de género. Esta crítica se vio reforzada por la censura a la postura del PP por no condenar el reciente «desfile de odio» de las «hordas ultras» que se manifestaron en Madrid.

El acto sirvió también de plataforma para abordar las inminentes elecciones en Extremadura, donde Rebeca Torró se mostró totalmente convencida de que «la gente contestará con su voto» en las urnas. La socialista respaldó sin fisuras al candidato de su partido, Miguel Ángel Gallardo, quien, según Torró, sabrá hacer valer «el legado» de históricos presidentes extremeños como Juan Carlos Rodríguez Ibarra y Guillermo Fernández Vara. La crítica se dirigió a la presidenta del PP regional, María Guardiola, a quien acusó de carecer de «rumbo y un proyecto propio para los extremeños», y de haber optado por un «copia y pega» de lo que calificó como «recortes, privatizaciones, mala gestión y mentiras» importados de las políticas de otros líderes autonómicos del Partido Popular como Isabel Díaz Ayuso, Juan Manuel Moreno Bonilla y Alfonso Fernández Mañueco.

Por su parte, la secretaria de Igualdad del PSOE, Pilar Bernabé, adoptó un tono de alarma, acusando al Partido Popular de «echar gasolina al fuego» de la violencia de género con su «abrazo a la ultraderecha». Bernabé detalló una serie de acciones que, a su juicio, equivalen a avivar ese fuego: desde calificar a las asociaciones de mujeres como «chiringuitos», hasta buscar justificaciones para los agresores o eliminar las consejerías de Igualdad. Mencionó de manera explícita el incidente donde un político de la ultraderecha «le retuerce un pecho al que ventila el aguilucho» como un claro ejemplo de este peligroso comportamiento. Frente a esto, Bernabé posicionó al Partido Socialista como la fuerza política que está «siempre para sofocar ese fuego», citando como prueba la acción de gobierno que ha permitido pasar de 220 a 460 medidas dentro del nuevo Pacto de Estado contra la Violencia de Género. Subrayó que este pacto incluye la lucha contra «nuevas violencias», como la vicaria, una «reivindicación histórica del movimiento feminista», que ha logrado que los delitos cometidos contra los hijos e hijas para dañar a sus madres sean tipificados como un «delito autónomo». La secretaria de Igualdad cerró su intervención con un mensaje de esperanza, afirmando que la política socialista busca «transformar el miedo en esperanza», siendo el miedo, a su entender, la herramienta que la derecha y la ultraderecha han representado históricamente, desde la dictadura hasta sus intentos actuales de «darle la vuelta a la democracia».

Finalmente, el candidato socialista a la presidencia de la Junta de Extremadura, Miguel Ángel Gallardo, corroboró las palabras de sus compañeras al asegurar de manera rotunda que «un maltratador no es un buen padre, ni amigo o compañero. Es una mala persona«. Gallardo defendió el papel histórico del PSOE como impulsor de los grandes avances sociales en España y destacó la importancia «decisiva» de las elecciones extremeñas del 21 de diciembre para evitar nuevos «retrocesos en los derechos conquistados» que, según él, vendrían de la mano de un pacto entre «Guardiola con Vox». Gallardo no dudó en advertir que la actual presidenta del Partido Popular en Extremadura ha «deshumanizado» la atención a las víctimas de violencia de género, y se comprometió solemnemente a «recuperar la Consejería de Igualdad y combatir todas las brechas» que, a su juicio, ha abierto la administración de María Guardiola. El acto en Cáceres, moderado por la secretaria general del PSOE de Cáceres Ciudad, Belén Fernández, incluyó un emotivo coloquio previo sobre violencia de género con la participación de Libertad Jiménez, de la Asociación Mujeres en Zona de Conflicto, Alicia Ledesma, de la Asociación Malvaluna, y Yamileth Ordóñez, una víctima de violencia de género que compartió su testimonio.

El Partido Popular (PP) ha elevado la presión sobre el Gobierno de Pedro Sánchez al presentar en el Congreso de los Diputados una proposición no de ley destinada a rebajar drásticamente el Impuesto sobre el Valor Añadido (IVA) de productos esenciales de la cesta de la compra. En una comparecencia de alto voltaje, el dirigente popular, Juan Bravo, ha anunciado la iniciativa, subrayando que la «prioridad» de su formación son las familias españolas, cuya situación económica califica de «complicada».

La propuesta del PP es clara y cuantificada: busca una reducción del tipo impositivo del 10% al 4% para la carne y el pescado, y una supresión temporal, del 4% al 0%, para aquellos productos considerados básicos y frescos. Bravo ha sido tajante al argumentar que esta medida es «la única manera que tenemos de ayudar a las familias a que lleguen a final de mes» ante el persistente encarecimiento de la vida.

El análisis de la situación económica presentado por el popular pinta un panorama sombrío para los hogares españoles. Según sus datos, desde que el presidente Sánchez llegó a La Moncloa, la cesta de la compra se ha incrementado en más de un 38%. Ha puesto el foco en alimentos específicos, mencionando que la carne y el pescado han sufrido un alza de alrededor del 45%, e incluso productos como los huevos han escalado hasta un 78%. El impacto de la inflación y los altos impuestos están generando una pérdida de poder adquisitivo que, según el PP, se sitúa en un punto desde el inicio de la actual legislatura. En contraste, Bravo ha señalado a Portugal, cuyo poder adquisitivo ha mejorado en ocho puntos en el mismo periodo.

Pero las preocupaciones del PP no se detienen en la alimentación. La formación azul también ha puesto el foco en la dificultad para acceder a la vivienda, el alto desempleo en comparación con el resto de la Unión Europea y, de manera especialmente crítica, el riesgo de pobreza infantil. Bravo ha lamentado que España sea el «segundo país con peor dato en riesgo de pobreza infantil de Europa«, una cifra que, a su juicio, evidencia el fracaso de las políticas sociales y económicas del Ejecutivo.

En un marcado contraste entre las agendas políticas, Bravo ha acusado al Gobierno de centrarse en sus propios problemas en lugar de atender las necesidades de la ciudadanía. «Mientras Sánchez está a lo suyo, nosotros estamos a lo nuestro,» ha declarado. El dirigente popular ha aseverado que la principal ocupación del presidente y su Gabinete es «tapar su corrupción», haciendo referencia a los casos que afectan a su entorno y a las supuestas ofensivas contra jueces e instituciones para desviar la atención. Ha criticado que al Gobierno «le preocupa poco o nada» no tener apoyos para sacar adelante los presupuestos, los problemas de puntualidad de los trenes o la falta de confianza de la inversión extranjera.

La iniciativa del Partido Popular, que ya ha recabado el apoyo de otras formaciones en intentos anteriores rechazados por el Gobierno, se presenta ahora «para que se vote» en el Congreso, forzando al PSOE a posicionarse de forma explícita sobre la rebaja del IVA de productos básicos y frescos. El PP insiste en que su único objetivo es «construir juntos una España en la que merezca la pena vivir, en la que merezca la pena trabajar» y ofrecer un respiro económico a las familias agobiadas por el coste de la vida.

El Partido Popular (PP) ha lanzado una ofensiva parlamentaria en el Congreso de los Diputados, exigiendo al Gobierno de Pedro Sánchez información detallada y completa sobre la «abultada» plantilla de personal eventual y asesores al servicio del Ejecutivo. Esta iniciativa surge en respuesta a lo que la principal formación de la oposición califica como un patrón de «ocultamiento sistemático» y «opacidad preocupante» por parte de La Moncloa respecto a sus nombramientos de confianza.

La batería de preguntas registrada hoy no es casual. El PP busca forzar al Ministerio de Transformación Digital y de la Función Pública, encabezado por Óscar López, a cumplir con las reiteradas resoluciones del Consejo de Transparencia y Buen Gobierno. Dicho organismo ya había instado al Ejecutivo a proporcionar la totalidad de la información sobre el conjunto del personal eventual de la Administración General del Estado, un requerimiento que, según denuncian los populares, ha sido ignorado o satisfecho de manera insuficiente. El Ministerio de López se limitó a facilitar únicamente la lista de eventuales de su propia cartera, descargando la responsabilidad de la transparencia en los demás departamentos ministeriales.

Esta actitud del Gobierno es tildada por el Partido Popular de «especialmente grave», considerando que el Ministerio de Función Pública es, irónicamente, el departamento encargado de liderar la modernización y la transformación digital de la Administración, pilares que deberían sustentarse precisamente en la máxima transparencia y la apertura de datos. La formación conservadora subraya la «tendencia cada vez más frecuente» de la cúpula estatal a evitar la publicidad sobre asesores y estructuras de confianza, impidiendo así a los ciudadanos y al control democrático conocer a fondo cómo se configuran, y sobre todo, cómo se financian los equipos de dirección política a nivel estatal.

El Grupo Popular subraya que la información relativa al personal eventual debe ser considerada de interés público, y recuerda que existe una doctrina consolidada que ampara su obligada publicidad como un mecanismo esencial de control democrático. En este sentido, insisten en que «no existe justificación técnica ni jurídica» que sostenga la denegación o la limitación del acceso a estos datos, tal como ha refrendado el propio Consejo de Transparencia en sus dictámenes.

La arremetida de la oposición se enmarca en un contexto marcado por la sucesión de escándalos que han salpicado al Gobierno. El Partido Popular vincula directamente esta exigencia de claridad con las tramas de corrupción conocidas en los últimos meses, señalando casos que han involucrado contrataciones eventuales dentro del propio Ejecutivo. Citan explícitamente el llamado ‘caso Koldo’ y las noticias referentes a un alto cargo de Moncloa presuntamente dedicado a tareas privadas de la esposa del presidente.

Por todo ello, la batería de preguntas va al grano, reclamando datos concretos y cuantificables. El PP obliga al Gobierno a desglosar el número exacto de trabajadores eventuales que tienen actualmente los distintos ministerios y, crucialmente, a revelar el coste total que esta plantilla supone para las arcas públicas. Además, la formación exige saber qué criterios de idoneidad o mérito se aplicaron en la selección y nombramiento de estas figuras. La exigencia no se detiene en la mera contabilización, sino que va un paso más allá: el Partido Popular reclama al Ejecutivo de Sánchez que impulse medidas concretas para asegurar la accesibilidad y consulta de esta información por parte de la ciudadanía, proponiendo la inmediata implementación de un plan de transparencia activa que garantice la publicación regular y proactiva de todos los datos sobre el personal de confianza y los asesores ministeriales. La lupa de la oposición se ha puesto firmemente sobre la «caja negra» de los nombramientos en Moncloa.