Las emisiones de carbono de las big tech Microsoft, Amazon y Google crecen un 20% y ya equivalen a un tercio de las de Francia

Las emisiones de carbono de Microsoft, Amazon y Google crecieron un 19% en el último año fiscal, hasta los 119 millones de toneladas de CO₂ equivalente, según sus propios informes de sostenibilidad. El volumen, impulsado por la construcción de centros de datos para inteligencia artificial, iguala ya un tercio de las emisiones totales de Francia.

El auge de la IA dispara la factura climática de las ‘big tech’

El negocio de la nube y la inteligencia artificial ha provocado un aumento del 19% en las emisiones conjuntas de las tres mayores tecnológicas del mundo. En el ejercicio cerrado en marzo de 2026, Microsoft, Amazon y Google emitieron 119 millones de toneladas de CO₂ equivalente (MtCO₂e), frente a los 101 millones del año anterior. La cifra equivale a un tercio de lo que contamina Francia en un año.

El crecimiento está directamente correlacionado con la inversión en centros de datos. Solo este año, las grandes tecnológicas prevén gastar 765.000 millones de dólares, en su mayor parte en infraestructura para IA, en lugares que van desde Noruega hasta el norte de Inglaterra. La consultora inmobiliaria JLL estima que se construirán 1.200 centros de datos en todo el mundo de aquí a 2030, impulsados por la demanda de modelos de IA.

En su informe de sostenibilidad, Microsoft reconoce un incremento del 25% de sus emisiones, hasta los 20 MtCO₂e, «impulsado principalmente por la expansión de nuestra infraestructura de centros de datos». Google, por su parte, reporta una subida del 18%, con el grueso del aumento en las actividades de su cadena de suministro. Amazon declara un alza total del 16% y un repunte del 20% en las emisiones de su cadena de suministro, que incluyen la construcción de los centros.

Net Zero en el papel, más emisiones en la realidad

Los tres gigantes mantienen sus promesas de alcanzar la neutralidad de carbono —Microsoft y Google en 2030, Amazon en 2040—, pero los datos más recientes muestran una dirección opuesta. El discurso oficial de los propios informes de de sostenibilidad trata de encajar las subidas de emisiones con el compromiso Net Zero: Amazon, por ejemplo, califica el incremento como «progresar» hacia su meta.

«. Es un efecto dominó que amplifica el problema.

La promesa de neutralidad climática choca con una realidad de aumentos de dos dígitos porque el negocio de la nube y la IA exige más centros de datos que nunca.

La dependencia de los créditos de carbono agrava el panorama. Shaolei Ren, profesor de ingeniería eléctrica en la Universidad de California, Riverside, señala que el informe de Microsoft indica una menor disponibilidad de créditos en los mercados globales. «Todo el mundo habla de la falta de bienes físicos, como la electricidad, pero también puede haber una falta de bienes virtuales —los créditos de carbono—», advierte.

Microsoft Amazon Google CO2

📊 Impacto climático en cifras

  • Aumento conjunto: +19% interanual en el ejercicio cerrado en marzo de 2026.
  • Emisiones totales: 119 MtCO₂e sumando las tres compañías.
  • Equivalencia tangible: Un tercio de las emisiones anuales de Francia.
  • Inversión prevista: 765.000 millones de dólares en centros de datos solo este año.

La asfixia del mercado de créditos y una demanda eléctrica desbocada

El crecimiento de los centros de datos lleva aparejado un consumo eléctrico colosal. El Uptime Institute calcula que los grandes proyectos anunciados en 2025 consumirán el 1,3% de la electricidad mundial, casi el doble de la demanda actual del sector. La mayoría de esa nueva potencia se concentrará en Estados Unidos, donde la fiebre de la IA es más intensa.

Esa presión energética choca con el intento de las tecnológicas de compensar sus emisiones mediante la compra de créditos. Si la oferta de créditos verificables se reduce mientras las emisiones crecen, los objetivos de Net Zero se convierten en papel mojado. No se trata de un problema futuro: los informes de este año ya muestran que el mercado de compensación no da abasto.

Antes de este repunte, las emisiones de Microsoft parecían estabilizadas en torno a los 16 MtCO₂e en 2023 y 2024. Ahora, sin embargo, la irrupción de la IA ha revertido esa tendencia de manera brusca, un giro que deja en evidencia la fragilidad de los planes de descarbonización cuando el negocio principal demanda una expansión acelerada.

La paradoja es evidente: las mismas empresas que ofrecen soluciones climáticas basadas en IA son las que más están contribuyendo a engrosar la huella de carbono global. Google asegura que sus sistemas de IA ya han ayudado a reducir 41 millones de toneladas de CO₂ en otros sectores, pero ese argumento pierde fuerza cuando sus propias emisiones suben un 18%.

🌍 El Impacto Real para el Futuro

  • Beneficio medible: El sector tecnológico acumula ya un volumen de emisiones equiparable a un tercio de las de Francia, una carga que seguirá creciendo sin un cambio estructural.
  • Modelo que cambia: La externalización de la huella digital a las grandes nubes oculta el impacto real de miles de empresas, forzando una revisión de los estándares de reporte (Scope 3).
  • Para las próximas generaciones: La promesa de neutralidad climática para 2030 o 2040 se diluye si, mientras tanto, las emisiones aumentan un 19% al año por la avaricia energética de la inteligencia artificial.

SpaceX pide 100.000 satélites Starlink más para multiplicar por 100 el internet en España

SpaceX ha solicitado a la Comisión Federal de Comunicaciones (FCC) el despliegue de hasta 100.000 satélites Starlink de tercera generación, un movimiento que promete multiplicar por 100 la capacidad global de la red y ofrecer velocidades multigigabit. La petición, revelada por el portal ZDNET, tiene en el punto de mira los mercados con poca cobertura de fibra, entre ellos buena parte de la España rural.

Claves de la operación

  • SpaceX planea 100.000 nuevos satélites Starlink. La constelación Gen3 superaría las 2 toneladas por unidad y necesitará cohetes Starship o Falcon Heavy para ponerse en órbita baja.
  • El objetivo: velocidades simétricas de varios gigabits y menos de 20 ms de latencia. Aunque hoy las velocidades reales rondan los 170 Mbps, la compañía aspira a conectar ‘miles de millones de dispositivos de IA’ según su escrito.
  • España, entre los grandes beneficiados. La cobertura de banda ancha en zonas rurales sigue lejos de la fibra: el despliegue masivo de Gen3 pondría presión a Telefónica y al resto de operadores de red fija.

La solicitud ante la FCC busca acceso a bandas de espectro inusualmente amplias que van desde Ku y Ka hasta las bandas E y D, con frecuencias de enlace descendente que alcanzan los 42,5 GHz y de subida hasta los 275 GHz. SpaceX se compromete a operar sin interferencias y a coordinarse con otros operadores, pero el alcance del espectro ya ha despertado recelos entre competidores y astrónomos.

Para poner en órbita satélites de más de 2.000 kilos, la compañía de Elon Musk reconoce que ni los Falcon 9 bastan. Hará falta el Starship —aún en fase de pruebas— o los Falcon Heavy, capaces de lanzar un número suficiente para que el servicio sea viable. En la práctica, eso sitúa el despliegue masivo a varios años vista, aunque SpaceX no ha fijado un calendario concreto.

La propuesta también ha encendido las alarmas en la comunidad científica. El Observatorio Europeo Austral ya ha advertido de los ‘efectos devastadores’ que grandes constelaciones como esta tendrían sobre la astronomía óptica y radioastronomía. A nivel regulatorio, la FCC abrirá un periodo de comentarios públicos en el que rivales y grupos de interés podrán presentar objeciones, solicitar condiciones adicionales o directamente pedir la denegación del permiso.

El salto de Starlink en España: ¿fin de la brecha digital?

SpaceX internet satelital

En España, alrededor del 15% de los hogares —especialmente en provincias como Teruel, Soria o Lugo— aún no dispone de acceso a fibra óptica ni a redes de cable de alta velocidad. Starlink ya venía cubriendo ese hueco con su plan residencial de 130 euros al mes, si bien los nuevos usuarios de Gen3 necesitarán actualizar sus terminales. La firma no ha confirmado tarifas, pero los analistas anticipan precios que podrían oscilar entre 200 y 300 euros mensuales para el servicio de mayor capacidad.

La digitalización rural no se resuelve con una sola tecnología, pero 100.000 satélites de nueva generación pueden poner contra las cuerdas a las operadoras que han tardado décadas en llevar fibra al último valle.

Para los operadores tradicionales como Telefónica, el movimiento amenaza con erosionar aún más el margen en las zonas menos rentables. La compañía española ha invertido fuertemente en despliegues de fibra gracias al apoyo público, pero en territorios de muy baja densidad de población el satélite de alto rendimiento ofrece una alternativa real. Vodafone y Orange ya han explorado acuerdos con operadores satelitales, y una Starlink con 100 veces más ancho de banda podría acelerar esos pactos.

Un monopolio espacial con riesgos y oportunidades para España

Más allá de las cifras, la petición de SpaceX pone sobre la mesa el debate sobre la saturación orbital y la dependencia tecnológica. Si la FCC autoriza siquiera una fracción significativa de los 100.000 satélites, Starlink se convertiría en el actor dominante del internet satelital mundial, y España, como mercado, tendría que decidir si fomenta la competencia con soluciones propias o si abraza la oferta estadounidense. Cabe recordar que el programa espacial español, a través de Hisdesat, opera satélites gubernamentales pero no ha entrado en el segmento de banda ancha residencial. La oportunidad, sin embargo, viene acompañada de una dependencia de una empresa extranjera y de un organismo regulador que no es el europeo. La Agencia Estatal de Seguridad Aérea (AESA) y la Secretaría de Estado de Telecomunicaciones deberán vigilar de cerca cómo la constelación Gen3 afecta a las comunicaciones y a la observación astronómica desde territorio español.

Antecedentes: En la última década, Hispasat ha desplegado capacidad en Ka y ha probado servicios de internet satelital, pero la escala de SpaceX es varios órdenes de magnitud superior. La startup española Sateliot, con su constelación de nanosatélites para IoT, podría verse beneficiada o desplazada por la nueva generación de Starlink, que también apunta al internet de las cosas. Por ahora, el desenlace de la solicitud en la FCC es incierto: se espera que el proceso se alargue hasta bien entrado 2027, lo que da tiempo a los reguladores europeos a preparar su propio marco de control.

El futuro de la conectividad rural española no se escribirá solo en Washington; también en Bruselas y en las negociaciones entre los grandes operadores y el gigante aeroespacial. Mientras tanto, los hogares de la España vaciada mantienen la mirada en el cielo.

El precio del alquiler en Sevilla corta las alas a los universitarios andaluces: los caseros se aprovechan de la desesperación

El precio del alquiler para estudiantes en Sevilla se ha disparado hasta alcanzar máximos históricos en plena temporada de matriculaciones, dejando a miles de universitarios sin opciones asequibles. Quienes se trasladan a las capitales andaluzas para cursar sus estudios se enfrentan a una de las campañas de vivienda más duras de los últimos años.

EN 30 SEGUNDOS

  • ¿Qué ha pasado? Los alquileres para universitarios han subido de forma notable en ciudades como Sevilla, Málaga o Granada, coincidiendo con el fin de las pruebas de acceso a la universidad.
  • ¿Dónde y quién? La situación afecta a todas las capitales andaluzas y está siendo denunciada por los propios estudiantes y sus familias.
  • ¿Qué supone para los ciudadanos? La búsqueda de vivienda se convierte en un calvario que puede obligar a muchos jóvenes a desistir de su plaza universitaria o a endeudarse por encima de sus posibilidades.

Una demanda que desborda la oferta

Cada mes de julio, tras la publicación de las listas de admitidos, decenas de miles de aspirantes inician la búsqueda de alojamiento en las ciudades con mayor oferta académica. En Sevilla, la capital andaluza concentra buena parte de este fenómeno, pero Málaga, Granada, Córdoba o Cádiz no se quedan atrás. Los portales inmobiliarios reflejan cómo los anuncios de habitaciones o pisos completos desaparecen en cuestión de horas, y los precios se alejan cada vez más de las economías familiares.

Según denuncian estudiantes consultados por El Correo de Andalucía, “hay mucha más demanda que oferta, los caseros lo saben y se aprovechan de la desesperación”. La declaración resume un sentimiento generalizado: quien no tiene recursos suficientes o red de contactos previa se queda fuera del mercado en plazos récord.

Los datos recogidos por las plataformas del sector apuntan a que el alquiler medio de una habitación en piso compartido en Sevilla ronda ya los 380 euros, mientras que en Granada supera los 350 y en Málaga se acerca a los 400. Estas cifras contrastan con el poder adquisitivo de muchas familias andaluzas, en una comunidad donde el salario medio sigue por debajo de la media nacional.

Desesperación y condiciones abusivas

La urgencia por encontrar techo lleva a muchos estudiantes a aceptar condiciones que, en otras circunstancias, rechazarían. Fianzas desproporcionadas, pagos por adelantado de varios meses o compromisos de renovación automática con fuertes penalizaciones se han convertido en prácticas habituales, según los afectados.

El problema no es nuevo, pero se agudiza con el encarecimiento general de la vivienda y la reducción de la oferta tradicional de pisos de estudiantes. El auge de los alquileres turísticos en barrios céntricos de Sevilla o Málaga ha restado inmuebles al alquiler residencial, elevando aún más los precios.

“Hemos visto casos de chicos que se ven obligados a compartir habitación o a desplazarse desde municipios periféricos con trayectos de más de una hora”, relata una portavoz de una asociación de estudiantes en Sevilla. La falta de alternativas habitacionales acaba condicionando incluso la elección de estudios, obligando a muchos a quedarse en sus localidades de origen.

En ciudades como Sevilla o Málaga, el alquiler de una habitación en piso compartido ha superado de largo los 400 euros mensuales de media, una cifra que deja fuera a buena parte de los estudiantes andaluces.

La Lectura Andaluza

La crisis de la vivienda universitaria no puede entenderse sin atender al contexto económico de Andalucía. Con una tasa de paro juvenil que duplica la media europea, muchos jóvenes dependen exclusivamente de becas y ayudas familiares para costear sus estudios. Cuando el alquiler se come más de la mitad de esos ingresos, la continuidad académica tambalea.

Las universidades andaluzas llevan años alertando de este desajuste, y el Gobierno de la Junta de Andalucía ha impulsado medidas como el Plan de Vivienda Joven, que prevé la construcción de residencias universitarias en régimen de alquiler asequible. Sin embargo, los plazos de ejecución son largos y la demanda más inmediata sigue sin respuesta.

Para los estudiantes que ahora buscan piso, la solución pasa a menudo por el sobreesfuerzo familiar. Las asociaciones reclaman un mayor control de los precios y una intervención más decidida de las administraciones para ampliar la oferta pública de alojamiento. Mientras tanto, la renta de los caseros sigue marcando el compás de una partida en la que los universitarios andaluces llevan las de perder.

Las gestiones diplomáticas tras el incendio de Almería: qué ha hecho el Gobierno con Reino Unido y Bélgica

Exteriores ha contactado con Reino Unido y Bélgica para asistir a las víctimas extranjeras del incendio de Los Gallardos, que deja 12 muertos. El ministro José Manuel Albares ha mantenido conversaciones con sus homólogos para compartir información y coordinar la asistencia, según confirman fuentes del Ministerio este sábado. El siniestro, declarado en la provincia de Almería, ha arrasado ya 6.600 hectáreas y activado una respuesta diplomática que implica también a Canadá y Países Bajos.

Las gestiones diplomáticas con Reino Unido y Bélgica

Las fuentes del Ministerio de Asuntos Exteriores han detallado que Albares está en contacto directo con los responsables de Exteriores británico y belga. El objetivo es compartir información sobre los ciudadanos de esos países que se han visto afectados por el incendio, tanto en lo relativo a fallecidos como a posibles desaparecidos o heridos.

Según han informado desde desde el Ministerio, ambos países han trasladado su ‘solidaridad y apoyo’ a España por el ‘grave’ incendio, y se mantendrán en contacto ante cualquier evolución. La cooperación consular es fundamental para agilizar las gestiones de repatriación y asistencia a las familias, han señalado las mismas fuentes.

Solidaridad internacional y otros países implicados

Además de Reino Unido y Bélgica, el ministro Albares ha mantenido contacto con sus homólogos de Canadá y Países Bajos, que también han expresado sus condolencias y ofrecido apoyo. A través de redes sociales, ‘numerosos’ países y ministros han compartido mensajes de solidaridad con España, según recalcan fuentes de Exteriores.

Entre los líderes que han mostrado su respaldo figuran la primera ministra italiana, Giorgia Meloni; el presidente francés, Emmanuel Macron, y el primer ministro portugués, Luís Montenegro, que desde el viernes han puesto a disposición de España cualquier ayuda para combatir las llamas.

Albares agradeció públicamente los gestos: ‘Agradezco toda la solidaridad y condolencias que me trasladan tantos países y ministros de Exteriores para Almería, Andalucía y España en estos momentos dolorosos por los terribles incendios’, escribió en un comunicado en redes sociales.

El contacto entre el ministro Albares y sus homólogos es permanente y se mantendrá activo ante cualquier evolución, según aseguran fuentes del Ministerio.

El balance de la catástrofe en Los Gallardos

El incendio, declarado en la tarde del viernes en el término municipal de Los Gallardos, ha avanzado con rapidez debido a las condiciones meteorológicas adversas. Hasta el momento, las llamas han arrasado 6.600 hectáreas y se ha confirmado la muerte de 12 personas, según el balance provisional de la Junta de Andalucía. La zona es conocida por albergar una importante colonia de residentes extranjeros, especialmente británicos y belgas, lo que ha hecho necesaria una rápida activación de los canales diplomáticos.

Las autoridades continúan trabajando en la extinción del fuego y en la identificación de las víctimas. El Gobierno ha movilizado recursos de la Unidad Militar de Emergencias y de Protección Civil, mientras la comunidad internacional sigue pendiente de la evolución de la emergencia. Las autoridades andaluzas y los equipos de emergencia siguen trabajando sobre el terreno para controlar el incendio y atender a los damnificados.

Lo esencial

  • 📌 ¿Qué ha ocurrido? El Gobierno, a través de Exteriores, ha contactado con Reino Unido y Bélgica para compartir información sobre los ciudadanos de estos países afectados por el incendio de Los Gallardos.
  • 👤 ¿Quiénes están implicados? El ministro José Manuel Albares y sus homólogos de Reino Unido, Bélgica, Canadá y Países Bajos, además de líderes de la UE y otros países que han mostrado solidaridad.
  • ⏭️ ¿Qué pasa ahora? Los contactos diplomáticos siguen abiertos mientras se mantiene la emergencia en la zona y se completa la identificación de las víctimas.

Canarias es la región europea donde más se interrumpe el trabajo al aire libre por calor extremo, según The Lancet

EN 30 SEGUNDOS

  • ¿Qué ha pasado? Un estudio de The Lancet revela que Canarias es la región europea con mayor interrupción del trabajo al aire libre por calor extremo.
  • ¿Quién está detrás? Los trabajadores de hostelería, limpieza, jardinería y mantenimiento, soportan jornadas bajo temperaturas que superan los 40 grados sin un plan autonómico que los proteja.
  • ¿Qué impacto tiene? Las islas carecen de un protocolo específico de prevención de riesgos laborales por altas temperaturas, lo que agrava la pérdida de horas y la salud de quienes trabajan a la intemperie.

Cuando el termómetro supera los 40 grados y la calima convierte el aire en polvo caliente, Ciani no puede permitirse cerrar la barra del hotel. Con 39 años y una bandeja siempre en equilibrio, esta camarera del sur de Gran Canaria lo resume con claridad: “Si tengo que descansar, lo voy a hacer, por mucho que mi jefe me exija seguir”. Pero no siempre es posible. Un estudio de la prestigiosa revista The Lancet acaba de poner cifras a esa angustia: Canarias es la región europea donde más se interrumpe el trabajo al aire libre por las altas temperaturas. Cada trabajador europeo con un empleo a la intemperie pierde una media de 24 horas al año, pero en las islas la factura es aún más severa.

El calor extremo desencadena estrés térmico y reduce la capacidad física y cognitiva de quien trabaja, según el Observatorio DKV de Salud y Medio Ambiente. Cuando la temperatura media anual supera los 9,9 grados, la capacidad fisiológica del cuerpo para trabajar empieza a resentirse. En Canarias, esa media alcanzó los 18,8 grados en 2025, cuatro décimas por encima de lo normal, mientras la España peninsular se quedó en 15 grados con una anomalía de 1,1. “A veces no somos conscientes de que estamos sufriendo un problema de salud de estas características”, advierte Carmen Marrero, secretaria de Salud Laboral de CCOO. “Todo empieza con una taquicardia y puede llegar un momento en el que ya no eres capaz de pedir ayuda”.

Paco, 48 años, trabaja en el mantenimiento de urbanizaciones en el sur de Gran Canaria. A partir de las once de la mañana, el alquitrán desprende un vapor que “te quema los pies”. Él y sus compañeros alternan media hora al sol con media hora a la sombra y a la una abandonan la calle para refugiarse en la nave. Pepe, jardinero en San Bartolomé de Tirajana, comienza la jornada con gimnasia preventiva y aprovecha las primeras horas para las tareas más expuestas. A las diez y media, el protocolo interno le obliga a trasladarse a zonas de sombra. Ambos ejemplifican una resistencia tan silenciosa como la calima que cubre las islas.

Una economía que se recalienta

Las cifras del Instituto Nacional de Estadística (INE) son elocuentes: un 86,6 % del empleo en Canarias pertenece al sector servicios, el porcentaje más alto de toda España. No son agricultura ni construcción las que más energía calorífica consumen en las islas, sino camareros, limpiadoras de hotel y jardineros que sirven copas a pie de playa o mantienen jardines bajo un sol cada vez más asfixiante. La paradoja canaria es que el mismo turismo que sostiene su economía expone a sus trabajadores a un calor sin paliativos.

El estudio de The Lancet compara el periodo 2020-2023 con el promedio registrado entre 1965 y 1994. Chipre y la región de Ática, en Grecia, siguen a Canarias en el ranking de regiones europeas con mayor pérdida de horas laborales al aire libre. En el extremo opuesto, Salzburgo, la provincia italiana de Bolzano y Finlandia han visto aumentar la actividad. El calentamiento global no se reparte por igual, y el archipiélago canario sufre con especial crudeza las consecuencias de un clima que ya no es el de hace tres décadas.

El Pulso Territorial

Canarias no cuenta con un plan autonómico de prevención de riesgos laborales frente a las altas temperaturas. El Instituto Canario de Seguridad Laboral (ICASEL) lanzó recientemente una campaña preventiva, pero fuentes de la Consejería de Turismo y Empleo aclaran que las medidas dependen de cada convenio colectivo y de lo que acuerde cada empresa. El gobierno de coalición entre Coalición Canaria y el Partido Popular, presidido por Fernando Clavijo, deja así en manos de la negociación privada lo que los sindicatos consideran una obligación pública. Carmen Marrero, de CCOO, insiste en que los protocolos deben aplicarse mucho antes del verano y ser negociados: “Estamos viendo temperaturas propias de julio o agosto en mayo o junio”.

La situación de Canarias contrasta con la de otras comunidades autónomas. En regiones como Murcia o Extremadura, donde la agricultura sigue teniendo un peso relevante (el 2,2% del empleo en las islas frente al 6,2% de la construcción), los planes de prevención han avanzado en los últimos años incorporando alertas tempranas y horarios adaptados. La ausencia de un protocolo autonómico en el archipiélago no es una omisión técnica, sino un síntoma de la dificultad de gobernar una economía volcada en el turismo. Con el 86,6 % de su población ocupada en servicios, cualquier medida que limite la actividad al aire libre choca con la demanda de un sector que factura durante todo el día. Las próximas elecciones autonómicas están previstas para 2027, y el clima laboral podría convertirse en un eje de la campaña si los sindicatos elevan la presión en puertas de otro verano que se anticipa tórrido.

Canarias encabeza la pérdida de horas laborales por calor extremo en Europa y no tiene un plan autonómico para proteger a quienes sostienen su principal motor económico.

Ficha Autonómica

  • El caso: El estudio de The Lancet sitúa a Canarias como la región europea con mayor interrupción del trabajo al aire libre debido al calor extremo, con una temperatura media anual que supera en nueve grados el umbral crítico para la actividad laboral.
  • Datos importantes: Cada trabajador europeo a la intemperie pierde 24 horas al año, pero en las islas la merma es mayor; el 86,6 % del empleo canario está en el sector servicios, y la comunidad carece de un plan autonómico de prevención, lo que deja la protección en manos de convenios y acuerdos de empresa.
  • Resumen: Mientras sindicatos como CCOO reclaman medidas urgentes y protocolos dinámicos negociados, el gobierno de Fernando Clavijo remite a la regulación estatal y a la negociación colectiva. La presión social y política podría intensificarse de cara al próximo verano y a las elecciones de 2027.

Feijóo responde a las críticas por absentismo laboral en NNGG: ‘Me da igual, estoy para dar debates valientes’

EN 30 SEGUNDOS

  • ¿Qué ha pasado? Feijóo ha respondido a las críticas de la izquierda por el absentismo laboral y otras propuestas del PP en la clausura del XVI Congreso de Nuevas Generaciones, en Valladolid.
  • ¿Quién está detrás? Alberto Núñez Feijóo, presidente nacional del PP, junto al nuevo presidente de NNGG, Ignacio Dancausa.
  • ¿Qué impacto tiene? El PP blinda su estrategia de confrontación con el Gobierno y refuerza su apuesta por debates que tensionan al bloque progresista, con la vista puesta en el nuevo ciclo electoral.

Feijóo lanza un mensaje nítido a la izquierda y a los sindicatos: «Me da igual, estoy aquí para dar debates valientes». Lo ha hecho este sábado en Valladolid durante la clausura del XVI Congreso de Nuevas Generaciones, la cantera juvenil del Partido Popular. Una intervención en la que ha blindado sus propuestas más polémicas —desde perseguir el absentismo laboral fraudulento hasta reformar la Ley de Nietos o proteger al concebido no nacido— y en la que ha reivindicado su afán por disputar el relato a Moncloa sin un paso atrás.

El PP, de forma deliberada, ha pisado distintas minas en las últimas semanas. La «ingeniería electoral» de la Ley de Nietos, el debate sobre el ‘concebido no nacido’ y el control del absentismo laboral han situado al partido en el centro de la diana de la izquierda política, social y mediática. Aun así, el partido piensa seguir abriendo debates incómodos. Y el escenario elegido para reafirmarlo ha sido el cónclave de su organización juvenil.

El madrileño Ignacio Dancausa, alfil de Isabel Díaz Ayuso, cogió el testigo de la diputada Bea Fanjul al frente de Nuevas Generaciones. La misión: ensanchar la base de la formación entre los nuevos votantes, un segmento en el que las encuestas reflejan un debe para los populares. Feijóo, que rozó la épica generacional, proclamó que quiere ser el «presidente de los jóvenes» porque, dijo, se merecen una «política mejor» que ponga fin a la brecha generacional.

Un nuevo líder en NNGG y un congreso que blinda al PP joven

El traspaso de poderes en NNGG no es un gesto menor. Dancausa, diputado autonómico en la Asamblea de Madrid y hombre de la máxima confianza de Ayuso, encarna la apuesta por un perfil combativo y pegado al terreno. Su elección refuerza el eje Madrid-Génova y blinda la sintonía entre la presidenta de la Comunidad de Madrid y la dirección nacional del partido en un momento en que la unidad se cotiza al alza.

A su vez, Feijóo introdujo un componente personal en su discurso: «Tengo un hijo de 9 años y quiero que crezca en un país mejor». Una confesión que humaniza al líder y conecta con la necesidad de ofrecer certidumbre a las nuevas generaciones. Y acto seguido, el presidente nacional desplegó su versión más contestataria.

«Yo no vengo aquí a sermonearos. Yo no vengo aquí a prometeros que todo será fácil, porque no lo será; no vengo a prometeros que todo será gratis, porque nada es gratis; no vengo a tratar a los jóvenes como a niños, no os voy a vender un país de mentira; la vida adulta exige esfuerzo, pero una cosa es que la vida exija esfuerzo y otra muy distinta es que ese esfuerzo se convierta en una estafa, y eso no lo podemos aceptar», recalcó Feijóo.

Feijóo no elude el choque; lo busca. Su discurso asume que el PP ganará si planta batalla en los terrenos que la izquierda considera vedados.

Feijóo se reivindica como ‘presidente de los jóvenes’

El líder popular empeñó su palabra de cara a un futurible gobierno: «Os prometo que trabajar servirá para vivir, que estudiar servirá para progresar, que formar una familia no es un lujo, que alquilar una vivienda no sea una condena, que comprar una vivienda no sea una fantasía, que los jóvenes no queréis que os paguen el tren y los videojuegos, que queréis futuro y a eso se tiene que dedicar la política».

Frente a la izquierda, recetó «libertad». Clamó contra la idea de una «vida fácil» y defendió una «vida justa». Descartó un «país subsidiado» y propuso un «país con oportunidades». Y, sobre todo, dejó claro que no piensa eludir sus «responsabilidades» como jefe de la oposición. El mensaje caló con fuerza entre los jóvenes asistentes, que jaleaban cada mención a la batalla cultural.

El Eje del Poder Popular

La férrea defensa de Feijóo a sus propuestas más controvertidas pone de relieve una estrategia que se juega en dos tableros simultáneos: el parlamentario y el territorial. En el Congreso, el Grupo Parlamentario Popular ya ha presentado iniciativas destinadas a combatir el absentismo laboral fraudulento y a modificar la Ley de la Memoria Democrática para restringir la «Ley de Nietos». Los barones autonómicos observan con atención y, de momento, no han mostrado fisuras. Ayuso, Moreno o Mañueco ya han respaldado públicamente el giro sin complejos del presidente nacional.

La entrada de Dancausa en NNGG añade otro pilar: el de la movilización juvenil en las CCAA. La organización territorial de NNGG se activará en las próximas semanas con actos en toda España para explicar las propuestas del partido a los votantes más jóvenes. La apuesta es de alto riesgo: los sondeos recogen un rechazo mayoritario entre los jóvenes a planteamientos como la reforma de la ley del aborto, pero el PP confía en que el discurso de oportunidades frente al subsidio sea capaz de seducir a un segmento hastiado del empleo precario.

La lectura estratégica es clara: Feijóo no quiere que el PP sea percibido como un partido que se pliega ante la presión mediática o sindical. Cada polémica se convierte en una oportunidad para marcar distancias con el Gobierno de coalición y para subrayar la existencia de una alternativa de gobierno sólida. El riesgo, sin embargo, es que la acumulación de debates espinosos erosione el voto centrista y abra un flanco por la derecha. De momento, Génova ha decidido tensar la cuerda.

El próximo Comité de Dirección evaluará el estado de la cuestión y calibrará los siguientes pasos. La dirección nacional tiene claro que el nuevo ciclo electoral premia a quien mejor sepa contar su historia, y Feijóo ha empezado a escribir la suya desde Valladolid.

🏛️ El Apunte de Génova

  • Mensaje fuerza: «Ni un paso atrás frente a la izquierda. El PP defiende debates valientes sin complejos.»
  • Protagonista: Alberto Núñez Feijóo (presidente nacional del PP) e Ignacio Dancausa (presidente de NNGG).
  • Próximo hito: Próximo Comité de Dirección en Génova para analizar el impacto de los debates en las encuestas y diseñar la ofensiva parlamentaria.

Irán ataca un carguero en el estrecho de Ormuz, lo cierra al tráfico y EEUU lanza una tercera ronda de bombardeos

0

EN 30 SEGUNDOS

  • ¿Qué ha pasado? Un misil iraní ha impactado contra el portacontenedores GFS Galaxy en el estrecho de Ormuz. El CGRI declara el cierre del paso al tráfico marítimo.
  • ¿Quién está detrás? Irán, la Guardia Revolucionaria, y como respuesta, la Casa Blanca y el CENTCOM han lanzado un tercer ataque de represalia.
  • ¿Qué impacto tiene? El bloqueo interrumpe el 20% del tráfico mundial de petróleo. España, importador neto, se verá afectada por el alza inmediata de los precios energéticos.

Estados Unidos ha desatado una tercera ronda de bombardeos contra Irán después de que un misil del Cuerpo de la Guardia Revolucionaria Islámica (CGRI) golpeara el buque GFS Galaxy en el estratégico estrecho de Ormuz, forzando la declaración de cierre total del paso por parte de Teherán.

El ataque al GFS Galaxy y la reacción iraní

El incidente ocurrió en la madrugada del domingo (hora local) cuando, según la televisión alemana Deutsche Welle, un misil del IRGC alcanzó al portacontenedores con bandera chipriota mientras transitaba por una ruta no autorizada. La explosión dejó un tripulante desaparecido y un incendio a bordo que inutilizó el motor. Horas más tarde, la marina de la Guardia Revolucionaria emitió un comunicado en Telegram: “El estrecho de Ormuz permanecerá cerrado hasta nuevo aviso y hasta que cesen las intervenciones de Estados Unidos en la región. Ningún buque podrá atravesarlo”. El régimen iraní justificó el ataque como un “disparo de advertencia” y amenazó con respuestas severas a cualquier nueva agresión.

Respuesta estadounidense: la tercera oleada de bombardeos

Poco antes de la medianoche en Washington, el Mando Central de Estados Unidos (CENTCOM) confirmó en X que Donald Trump había autorizado “ataques contra objetivos en Irán” como represalia directa. Fue la tercera ronda de bombardeos en una semana. “Irán ha vuelto a fallar después de que se le exigiera garantizar el paso seguro de buques mercantes”, rezaba el mensaje oficial. “Estados Unidos está imponiendo un alto coste, degradando la capacidad de Irán de atacar a marineros civiles”. El presidente Trump no se había pronunciado públicamente al cierre de esta edición. El ataque iraní dinamita además los esfuerzos diplomáticos: apenas unas horas antes, el ministro de Exteriores iraní concluía en Omán una ronda negociadora para reabrir todos los canales de navegación, y una propuesta omaní de pleno restablecimiento había quedado sobre la mesa.

La Lógica de Washington

Para Washington, el cierre del estrecho de Ormuz es una línea roja que cruza la seguridad nacional y la economía global. Por allí transita una quinta parte del petróleo mundial, y la administración Trump ya había advertido —en un plazo de 48 horas— que no toleraría ataques a la navegación comercial. No hay improvisación: desde la Operación Earnest Will, que en los años ochenta protegió a los petroleros kuwaitíes, Estados Unidos ha defendido la libertad de navegación en el Golfo con presencia naval permanente. La tercera oleada de bombardeos, ordenada directamente por el comandante en jefe, no es una escalada caprichosa: es la aplicación de una doctrina de “coste prohibitivo” ante cualquier daño a las rutas marítimas civiles. La apuesta de la Casa Blanca es que una respuesta militar contundente restaure la disuasión sin necesidad de un conflicto a gran escala, aunque el riesgo de error de cálculo es evidente.

El cierre del estrecho de Ormuz no es solo un golpe a la economía global: es la confirmación de que la administración Trump está dispuesta a emplear la fuerza militar para mantener abiertas las rutas comerciales.

Para España, la situación tiene un impacto directo y cuantificable. El país importa alrededor de 1,3 millones de barriles diarios de crudo, y cualquier interrupción prolongada dispara los precios de los carburantes y la electricidad. Madrid sigue con preocupación los acontecimientos: una nueva crisis energética tensaría las cuentas públicas y la inflación justo cuando la economía española se recupera. De momento, el Gobierno de de España respalda el canal diplomático europeo, pero sin descartar medidas de contingencia. La proyección es volátil: si la situación se enquista, las reservas estratégicas de la Unión Europea entrarían en juego, y España, con su alta dependencia exterior, sería uno de los miembros más vulnerables. Los próximos días dictarán si el diálogo en Omán recupera tracción o si el conflicto entra en una peligrosa fase de ojo por ojo.

Ficha del Caso

  • El caso: Un misil del CGRI impacta contra el mercante GFS Galaxy, Teherán declara cerrado el estrecho de Ormuz y Estados Unidos lanza una tercera ronda de bombardeos en represalia, todo en menos de 48 horas.
  • Datos clave: Un 20% del petróleo mundial circula por el estrecho. España importa unos 1,3 millones de barriles diarios. Un tripulante está desaparecido y el buque permanece inmovilizado por daños.
  • Para España: Riesgo inmediato de encarecimiento energético, presión inflacionista y exposición de una economía altamente dependiente del crudo importado. La diplomacia europea se activa, pero Madrid se sabe en primera línea de cualquier sacudida del precio del petróleo.

Puigdemont podría regresar el 16 de julio si el TJUE avala la amnistía, según Pérez Royo

El catedrático de Derecho Constitucional Javier Pérez Royo sostiene que si el Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE) avala la Ley de Amnistía el próximo 16 de julio, Carles Puigdemont podría regresar a España ese mismo día sin necesidad de esperar el fallo del Tribunal Constitucional sobre el recurso de amparo. En una entrevista concedida a ElNacional.cat, el jurista perfila un horizonte jurídico sin obstáculos para el ex president y critica con dureza la estrategia parlamentaria de Junts, que, a su juicio, ha dilatado innecesariamente la tramitación de la norma.

El Supremo se queda sin margen: la amnistía blindada por Europa

Pérez Royo, que ha defendido la constitucionalidad de la amnistía desde el primer día, asegura que la decisión del TJUE será definitiva. “El argumento inicial que ha tenido el Tribunal Supremo, y toda la derecha, era que la amnistía no cabe en la Constitución. El Tribunal Constitucional dijo que sí y, por tanto, ese tema ya no está”, explica. A su entender, si Luxemburgo confirma que la ley no vulnera el derecho de la UE —ya sea porque la amnistía no es materia comunitaria o porque avala expresamente la doctrina constitucional española—, “ya no hay más que discutir jurídicamente. Se podrá estar de acuerdo o no, pero hay que acatarla”.

El jurista subraya que no existe margen para una desobediencia judicial. “Nunca ha habido un precedente de desobediencia del Tribunal Supremo o del Constitucional a un tribunal europeo”, recuerda. De hecho, la publicación de la ley en el BOE (Ley Orgánica 1/2024, de 10 de junio, de amnistía para la normalización institucional, política y social en Cataluña) y el aval del Constitucional en noviembre de 2025 ya dejaron la norma operativa. La sentencia europea, si es favorable, cerraría el círculo. A partir de ese momento, Puigdemont podría pisar territorio español sin que ninguna orden de detención le alcanzase.

Pérez Royo cree, no obstante que el ex president optará por la prudencia y esperará a que el Constitucional resuelva también en otoño el recurso de amparo de Puigdemont contra la actuación del Supremo. Pero insiste: “lo podía hacer perfectamente” el 16 de julio. Esa ventana temporal, apenas unos meses, podría cambiar el tablero político antes de la Diada.

Junts, en el punto de mira: “Si hubieran jugado limpio, la amnistía estaría aprobada hace meses”

El catedrático andaluz no ahorra reproches a la formación soberanista. “Los problemas han venido más por parte de Junts que del Gobierno”, afirma. Según su análisis, la estrategia de Junts durante la tramitación parlamentaria fue “querer la amnistía, pero sin favorecer al Gobierno en nada; que el Gobierno se desangre aprobando la amnistía”. Esa táctica, dice, ha tenido consecuencias: “Si Junts hubiera jugado limpio, la amnistía estaría aprobada desde hace meses, no ahora”.

Pérez Royo identifica un error de cálculo en la formación de Puigdemont. “Junts ha estado poniendo pegas y palos en las ruedas. Todo eso ha ralentizado el procedimiento y, al final, Junts ha pagado un coste por eso”. Y remata: “Lo lógico hubiera sido que Junts, hasta que no estuviera Puigdemont aquí, hubiera votado con el Gobierno en todo”.

La amnistía ya está descontada como problema; el verdadero impacto será cómo metaboliza Cataluña el regreso de Puigdemont.

El jurista recuerda una conversación privada con Puigdemont en agosto de 2017, cuando cenaron en el Palau de la Generalitat. “Me sorprendió de manera extraordinaria que pensara que el Estado español no se atrevería a reprimir a Cataluña”, relata. Aquella confianza, que ya resultó desmentida por los hechos del 1-O, se repite ahora, a su entender, con los plazos de la amnistía. La recomendación fue clara entonces y lo es ahora: actuar con la máxima celeridad posible para cerrar cuanto antes la crisis institucional.

La entrada en escena de Aliança Catalana como competidor por el espacio independentista añade presión a Junts. “Cataluña era un oasis frente a la extrema derecha, y ya no”, advierte Pérez Royo, en referencia al crecimiento de la formación de Sílvia Orriols. Ese nuevo marco, unido a la pérdida de la hegemonía que tuvo Convergència, obligaría a Junts a replantear su estrategia.

Lo que viene: Catalunya, la Diada y un tablero que se desatasca

Para Pérez Royo, la resolución del TJUE va a quitar un tapón político. “El agua va a empezar a fluir”, afirma. Y eso obliga a mirar hacia septiembre: la Diada de 2026 será la primera con Puigdemont en libertad y sin causas pendientes, si todo sigue el guion jurídico previsto. La imagen del ex president paseando por las calles de Barcelona o interviniendo en el Parlament es, a juicio del jurista, un momento que obligará a todos los actores a recolocarse.

En términos de competencia electoral, el escenario no es sencillo para Junts ni para el independentismo en su conjunto. Pérez Royo recuerda que “cada vez que el independentismo convocaba las urnas de forma plebiscitaria para salir reforzado, al electorado les daba menos confianza”. Ahora, con Aliança Catalana compitiendo por el mismo espacio, la fragmentación puede agudizarse. Junts ya no tiene la hegemonía de la que disfrutó Jordi Pujol.

Desde Moncloa, la lectura es otra. El presidente Sánchez podrá enmarcar la decisión del TJUE como el éxito de una operación política que, según Pérez Royo, le permite al PSOE reivindicar que “han resuelto la gran crisis constitucional de España sin pegar un tiro y sin meter a gente en la cárcel”. Ese relato, unido al giro de Feijóo hacia Junts —frenado por las declaraciones de Aznar—, puede redefinir las alianzas en un Congreso donde el PP necesita a Vox y los números no terminan de cuadrar.

La mención de Pérez Royo a la “necesidad imperiosa” del PP de contar con Vox introduce otra variable. Aunque Feijóo coquetee con Junts, el partido de Abascal sigue siendo indispensable para cualquier mayoría alternativa, y cualquier gesto hacia los independentistas puede tensar aún más esa alianza que ya ha mostrado fisuras en la investidura fallida de 2023.

El catedrático, que ha visto desfilar todas las crisis constitucionales del país desde 1978, no oculta su escepticismo sobre la rapidez con que Junts sabrá reaccionar. “Se tendría que haber hecho con la mayor rapidez posible”, insiste. Ahora, con la fecha del 16 de julio en el horizonte y un otoño que traerá la sentencia del Constitucional, el reloj corre. Y como él mismo avisa, en Catalunya, “todo ha cambiado desde el Procés”.

Albert Dalmau invita a Junts a la financiación singular como antídoto contra la ultraderecha

Albert Dalmau, conseller de la Presidència, ha invitado este miércoles a Junts a sumarse al pacto de financiación singular para Cataluña, presentándolo como el gran antídoto contra el avance de la ultraderecha. La oferta, lanzada en una entrevista con Crónica Global, llega tras el último barómetro del Centre d’Estudis d’Opinió (CEO) que refleja un desplome de los posconvergentes en favor de Aliança Catalana, formación que ya disputa el espacio independentista a Esquerra Republicana.

El sondeo, publicado apenas media hora antes de la conversación, mantiene al PSC como primera fuerza pese a perder entre cuatro y seis escaños. Pero el dato que realmente incendia el tablero es el sorpasso de Aliança Catalana a Junts en intención de voto directa, un cambio de ciclo que el Govern lee como un aviso para navegantes.

El CEO incendia el tablero: Junts pierde fuelle y Aliança Catalana acecha

Dalmau fue claro: “la receta del bloqueo no le está dando resultado a Junts”. La formación que lidera Carles Puigdemont sigue anclada en el no a los presupuestos y a la reforma del sistema de financiación, mientras ve cómo la fuerza de Sílvia Orriols le come terreno. A diez meses de las municipales, el riesgo de una desangría en feudos históricos de la antigua Convergència es real.

El conseller socialista, de 36 años, asume que el ascenso de la ultraderecha no es un fenómeno exclusivo catalán —menciona a Trump y a Netanyahu— pero sitúa la responsabilidad en la política útil. “Junts debe hacer una reflexión: ¿quiere contribuir a hacer política útil o quiere dejar que otros hagan política por ellos?”, planteó.

La estrategia de la Generalitat es clara: ofrecer una salida digna a los neoconvergentes bajo la bandera de las soluciones. Es ahí donde encaja la financiación singular, un acuerdo que inyectaría 4.700 millones de euros anuales adicionales al presupuesto catalán y que, según Dalmau, “es el mayor antídoto contra la extrema derecha”.

La financiación como punto de inflexión: 4.700 millones que Junts aún rechaza

El próximo 29 de julio, el Consejo de Política Fiscal y Financiera debatirá el nuevo reparto de recursos. De ahí saldrá una propuesta que deberá votarse en el Congreso, donde los siete diputados de Junts siguen enquistados en el no. Para Illa, contar con ellos no solo aseguraría un trámite parlamentario más cómodo: reforzaría el relato de que la legislatura avanza con consensos amplios.

Dalmau subraya que es el momento de que Junts demuestre si está “del lado de las soluciones o prefiere bloquear el país”. La cifra, equivalente a unos 590 euros por catalán al año, permitiría acelerar inversiones en sanidad, educación, vivienda y seguridad, todos ellos flancos que la extrema derecha explota con facilidad.

Albert Dalmau

La lectura en el Palau de la Generalitat es de oportunidad táctica. Si Junts se suma, el Govern gana estabilidad y margen para negociar el resto de la legislatura. Si persiste en el bloqueo, el coste electoral ante Aliança Catalana puede ser demoledor, precisamente en los municipios donde la ultraderecha está arañando votos a los posconvergentes.

La financiación singular no es solo una cuestión de caja: es la pieza que puede reconfigurar las alianzas del independentismo frente a la amenaza de Orriols.

¿Movimiento táctico o salida de emergencia para la legislatura?

Conviene recordar que la aritmética parlamentaria actual depende de ERC y los Comuns, socios que han permitido aprobar los primeros presupuestos del mandato. Pero Illa necesita oxígeno a largo plazo. Con Junts dentro del acuerdo de financiación, el president blindaría una imagen de transversalidad y restaría argumentos a quienes le acusan de gobernar solo con la izquierda.

El antecedente inmediato no es halagüeño: en 2024, Junts ya tumbó la senda de estabilidad y el techo de gasto, y en 2025, el pulso por la cuestión de confianza dejó heridas abiertas. Sin embargo, el nuevo escenario abierto por el CEO cambia las reglas. El miedo a la fagocitación por parte de Aliança Catalana puede actuar como un poderoso aglutinante.

En la entrevista, Dalmau deslizó un mensaje que va más allá de la coyuntura: “hacer que el país funcione es el mayor antídoto”. La frase, que repitió al hablar de seguridad, dependencia o el desbloqueo del Hospital Trueta de Girona, resume el enfoque del Govern ante un año en que las urnas municipales medirán si el “país de las soluciones” pesa más que el “país de los problemas”.

El gesto de Dalmau, por tanto, tiene doble filo: ofrece a Junts un salvavidas, pero también le coloca ante una disyuntiva que no admite medias tintas. Si los posconvergentes persisten en el no, el PSC podrá atribuirles el bloqueo de recursos —4.700 millones al año— que Cataluña necesita. Si ceden, Illa suma un socio inesperado que le permite proyectar solidez hasta el final de la legislatura. La pelota está ahora en el tejado de Puigdemont.

Filtración Credenciales CISA: el informe forense que expone a un contratista de AWS GovCloud

En mayo de este año, un investigador de seguridad lanzó una alerta que pocos olvidarán: había descubierto una de las peores filtraciones de credenciales que recordaba. No se trataba de una empresa cualquiera, sino de la Agencia de Ciberseguridad e Infraestructura de Estados Unidos, la CISA. Un contratista había subido a un repositorio público de GitHub las llaves privilegiadas de AWS GovCloud, el entorno en la nube que aloja datos gubernamentales sensibles. Ahora, con el informe forense recién publicado, la agencia expone al detalle lo que falló y, sobre todo, lo que piensa cambiar. Le adelanto que lo más valioso del documento no es el ‘qué’, sino el ‘cómo’ van a intentar que no vuelva a ocurrir.

Anatomía del fallo: GitHub, un contratista y las llaves del reino

El incidente ocurrió el 15 de mayo. Un contratista externo cometió un error de los que quitan el sueño a cualquier responsable de seguridad: colocar credenciales de acceso a los sistemas de alto privilegio de CISA en un repositorio de código público. Hablamos de AWS GovCloud, la nube diseñada para manejar información no clasificada pero controlada (CUI) del gobierno federal. Las llaves estaban a la vista de cualquiera que supiera buscar. El investigador de GitGuardian, Guillaume Valadon, fue quien las encontró y alertó de inmediato. “Es una de las peores filtraciones que he visto”, declararía después.

La respuesta de CISA fue rápida. En cuestión de horas, la agencia sacó de línea el repositorio, revocó los accesos del contratista y paralizó su entorno de desarrollo. Pero ahí no acabó todo. A continuación, analizó con lupa los logs de actividad para determinar si alguien ajeno había usado esas credenciales. La conclusión fue un alivio relativo: ninguna de las claves filtradas había sido utilizada fuera de la agencia y no se expuso información de clientes ni datos de misión. El principio de confianza cero y unos buenos registros de auditoría salvaron los muebles. Casi.

No se equivoque conmigo: que no se haya materializado un acceso indebido no significa que el riesgo no fuera extremo. Con esas credenciales, un atacante podría haber pivotado sobre sistemas que albergan información crítica para la seguridad nacional de Estados Unidos. La filtración evidenció que incluso las agencias más preparadas tropiezan con el factor humano: un despiste, un comando mal ejecutado, un repositorio público por error.

La respuesta de CISA: lecciones de una agencia que cambia su doctrina

El informe forense, firmado por los directores de información y de ciberseguridad en funciones, Preston Werntz y Brad Libbey, es un ejercicio de transparencia poco habitual en el sector público. CISA ha decidido convertir su tropiezo en doctrina. “Compartir nuestras experiencias de respuesta a incidentes ayuda a otras organizaciones a aprender y a tomar precauciones”, escriben. Y acto seguido detallan una batería de medidas que, en mi opinión, marcan un punto de inflexión.

La primera: desplegar capacidades de detección y respuesta en endpoints para monitorizar y gestionar las subidas a repositorios públicos. Dicho de forma llana, no se volverá a subir nada a GitHub sin que salte una alarma. La segunda: rotar todos los secretos tras el incidente —algo que, según admite la propia agencia, debería haber estado automatizado— y diseñar un plan de gestión de secretos con mayúsculas. La tercera, y quizá la más relevante para el oficio: CISA se ha propuesto hacer más sencillo que los investigadores le notifiquen vulnerabilidades. Reconoce que es más fácil recibir alertas sobre fallos ajenos que sobre los propios. Ahora también quiere escuchar.

“Es la primera vez que una agencia nacional de ciberseguridad aboga de forma explícita por el escaneo de secretos y por simplificar la relación con los investigadores”, valoró Valadon en declaraciones a CyberScoop. Comparto su lectura. El gesto no es menor: democratiza la vulnerabilidad como vector de mejora, no como estigma.

La filtración de credenciales en un repositorio público no es un fallo tecnológico: es un fallo humano, y contra eso no hay parche que valga sin cultura de seguridad.

Dossier Moncloa: Ojos en la Sombra

La gestión de secretos en la nube gubernamental es la frontera más porosa de la ciberseguridad occidental. Lo que le ha ocurrido a CISA podría haberle pasado a cualquier agencia europea que haya migrado a entornos de nube, incluido el CNI o los sistemas del Ministerio del Interior español. La nube no es el problema —es la gobernanza de las credenciales que acceden a ella—. Y cuando hablamos de AWS GovCloud o de su equivalente en Microsoft Azure Government, el impacto potencial de una filtración escala de inmediato: no son datos comerciales, son secretos de Estado que podrían quedar expuestos al mejor postor.

El vector de amenaza está claro: filtración accidental por un contratista externo con acceso privilegiado. La agencia defensora es CISA, pero los terceros observadores que deberían tomar nota son todos los servicios de inteligencia y organismos gubernamentales que externalizan la gestión de sus nubes. En España, el Centro Criptológico Nacional (CCN-CERT) publicó en 2025 una guía de buenas prácticas para el uso de servicios en la nube en el sector público, pero una guía no es un escudo. La lección de CISA es que hay que ir más allá: monitorización activa de repositorios públicos, rotación automatizada de secretos y, sobre todo, una cultura de la notificación que no penalice al que avisa.

El precedente no es nuevo. En 2020, la brecha de SolarWinds (atribuida al SVR) demostró cómo un simple fallo en la cadena de suministro puede comprometer a medio gobierno. Aquí, sin embargo, no hay un actor APT detrás: solo un error humano. Pero precisamente por eso asusta más. Si leyó El quinto elemento, recordará que ya advertí que “el próximo 11S empezará con un clic”. Una credencial mal custodiada es ese clic. El nivel de clasificación estimado del material que podría haberse visto comprometido oscila entre ‘Uso Restringido’ y ‘Confidencial’, pero en la práctica, el acceso a AWS GovCloud otorgaba una capacidad de pivote que lo elevaba todo.

Mi posición editorial es moderada: celebro la transparencia de CISA y su giro doctrinal hacia la escucha activa del investigador externo, pero echo en falta una reflexión más profunda sobre la gestión de la cadena de suministro humana. Los contratistas externos manejan los secretos del reino y, a veces, sin la misma cultura de seguridad que un funcionario de carrera. En España, donde la externalización de servicios TIC en la administración es regla, no excepción, veo un riesgo sistémico que nadie está calibrando con la urgencia necesaria.

La fecha del próximo informe del ODNI sobre amenazas globales será la prueba de fuego para ver si esta historia cala en la doctrina colectiva de Occidente. CISA ya ha movido ficha. Me consta que en Moncloa están leyendo el forense con lupa. Sería deseable que el CCN-CERT emita, a su vez, una nota técnica actualizando sus recomendaciones sobre escaneo de secretos. Porque, créame, una llave pública no abre solo una puerta: abre también un debate de madurez que llevamos años postergando.

La Guardia Civil desarticula una red familiar de tráfico de drogas en El Campello con 11 detenidos

La Guardia Civil ha desarticulado en El Campello (Alicante) una red familiar dedicada al tráfico de drogas, en el marco de la operación ‘Geum’, que se ha saldado con 11 detenidos y la incautación de cocaína, marihuana, hachís y 46.520 euros en efectivo.

EN 30 SEGUNDOS

  • ¿Qué ha ocurrido? La Guardia Civil ha desarticulado una red de narcotráfico familiar en El Campello con once detenidos y ha intervenido diversas sustancias y dinero en efectivo en la operación ‘Geum’.
  • ¿Dónde y cuándo? Los registros se llevaron a cabo en siete domicilios, tres trasteros, un comercio y una granja avícola de El Campello, en el marco de una investigación iniciada en octubre de 2025.
  • ¿Qué resultado? 11 detenidos (ocho hombres y tres mujeres), 683 gramos de cocaína, 690 gramos de marihuana, 23 gramos de hachís, 46.520 euros, cuatro vehículos y una prensa hidráulica intervenidos.

La operación ‘Geum’: registros, incautaciones y una caja fuerte oculta

Los agentes del Área de Investigación de la Guardia Civil de El Campello, con el apoyo de la Policía Local y de unidades de la USECIC de Alicante, Torrevieja, Valencia y Castellón, realizaron registros en siete domicilios, tres trasteros, un establecimiento comercial y una granja avícola, todos en El Campello. En el interior de uno de los trasteros se localizó una prensa hidráulica que, según los investigadores, se utilizaba para compactar la droga antes de su distribución.

Uno de los hallazgos más relevantes se produjo en la granja avícola, donde los agentes encontraron una caja fuerte oculta que contenía parte de los 46.520 euros intervenidos en total. Además, en los registros se incautaron 683 gramos de cocaína, 690 gramos de marihuana y 23 gramos de hachís, junto con cuatro vehículos, básculas de precisión y anotaciones manuscritas que presuntamente detallaban las ventas de estupefacientes.

Entramado familiar y colaboración institucional en la investigación

La operación ‘Geum’ ha sacado a la luz un grupo criminal formado mayoritariamente por miembros de una misma familia —ocho hombres y tres mujeres de entre 25 y 50 años— que utilizaba diversos inmuebles en El Campello para almacenar y distribuir cocaína, marihuana y hachís. Según el comunicado de la Guardia Civil, los investigados recurrían a terceras personas para alquilar algunos de los trasteros donde ocultaban la droga, lo que les permitía mantener un perfil bajo.

La investigación se inició en octubre de 2025, cuando los agentes detectaron varios puntos de venta de estupefacientes en la localidad. A partir de ahí, se identificó al grupo y se solicitaron los mandamientos de entrada y registro.

Solo en el último año, la Guardia Civil ha desarticulado más de 600 redes de narcotráfico en España, incautando más de 40 toneladas de cocaína, según los datos provisionales del Ministerio del Interior.

En el dispositivo participaron agentes de la Guardia Civil de El Campello, la Policía Local, efectivos de la USECIC de varias provincias y equipos caninos de Alicante y Valencia. Los once detenidos, investigados por presuntos delitos contra la salud pública y pertenencia a grupo criminal, han quedado en libertad con medidas cautelares tras pasar a disposición judicial, aunque la Guardia Civil mantiene abierta la investigación y no descarta nuevas detenciones.

El Contexto Operativo

La operación se enmarca en la lucha contra el menudeo y el tráfico minorista de drogas en la provincia de Alicante, una zona que ha registrado en los últimos años un incremento de las redes familiares dedicadas a la distribución local. Según los datos del Ministerio del Interior, en 2025 la Guardia Civil desarticuló más de 600 organizaciones criminales relacionadas con el narcotráfico, con un incremento de la incautación de cocaína del 12% respecto al ejercicio anterior. En la provincia de Alicante, las operaciones contra este tipo de delitos han permitido la detención de más de 200 personas en el último trimestre, de acuerdo con los balances internos de la Comandancia.

La operación ‘Geum’ confirma la capacidad de los equipos de investigación de la Guardia Civil para desarticular estructuras delictivas de base familiar, que a menudo pasan desapercibidas al operar con alquileres interpuestos y sin grandes alardes logísticos. La colaboración con la Policía Local y las unidades de élite de la USECIC ha sido determinante para el éxito del dispositivo, que se dio por concluido con once detenidos y un amplio inventario de efectos intervenidos. La investigación sigue abierta y no se descartan nuevas detenciones, según han confirmado fuentes del instituto armado.

Fallece el ex emir de Catar: así transformó el emirato en potencia global a los 74 años

El jeque Hamad bin Khalifa Al Thani, exemir de Catar, falleció hoy a los 74 años. La Amiri Diwan —oficina administrativa del Estado— comunicó su muerte la mañana de este domingo, poniendo fin a la vida de quien reinó el país entre 1995 y 2013 y lo catapultó al escenario global.

La transformación de Catar durante su reinado

Durante sus 18 años al frente del emirato, Hamad bin Khalifa impulsó cambios económicos, sociales y culturales de gran calado. Bajo su liderazgo, Catar pasó de ser un estado conservador del Golfo a una potencia diplomática y de inversión con proyección mundial. Se apoyó en las enormes reservas de gas natural para financiar una expansión exterior sin precedentes: creó el fondo soberano Qatar Investment Authority, promovió la creación de la cadena Al Jazeera y logró la designación de Doha como sede del Mundial de Fútbol 2022.

Catar se convirtió en un mediador clave en conflictos regionales y en un inversor de referencia en Europa durante su reinado.

El exemir también modernizó la estructura política del emirato; en 2003 aprobó la primera constitución permanente que estableció un consejo consultivo parcialmente electo. Su apuesta por el soft power —la influencia a través de la cultura y la diplomacia— situó a Catar en el mapa de las cancillerías más activas del planeta.

De Sandhurst al trono: formación y ascenso

Nacido en Doha en 1952, se formó en la Real Academia Militar de Sandhurst (Reino Unido). Posteriormente se incorporó a las Fuerzas Armadas cataríes, fue ministro de Defensa y en 1977 fue nombrado heredero. En junio de 1995 asumió el poder tras un golpe palaciego (una transición sin violencia dentro de la familia gobernante) incruento que depuso a su padre, el entonces emir Khalifa bin Hamad Al Thani. Su llegada al trono marcó el inicio de una profunda modernización del país, acelerando la apertura económica y mediática que definiría su legado.

La transición de poder en 1995 fue incruenta y representó un punto de inflexión para la proyección internacional de Catar.

Hamad bin Khalifa era padre del actual emir, Tamim bin Hamad Al Thani, a quien cedió el trono en 2013 en una abdicación voluntaria. Aquel gesto, inusual en las monarquías del Golfo, consolidó una sucesión ordenada que ha mantenido la estabilidad del emirato hasta hoy. Puedes ampliar su perfil biográfico en Wikipedia.

El impacto para España y la diplomacia europea

Qatar es el principal proveedor de gas natural licuado (GNL, el formato en el que se transporta el gas por barco) de España, con contratos a largo plazo que garantizan buena parte del suministro energético nacional. La muerte de Hamad bin Khalifa, figura clave en el diseño de esa estrategia exportadora, se produce en plena reconfiguración del mapa energético europeo. Las empresas españolas —desde constructoras hasta clubes de fútbol— han recibido inversiones del emirato que él mismo impulsó como emir. Además, Doha se ha consolidado como un interlocutor habitual en la mediación de crisis internacionales, una línea diplomática que inició durante su reinado y que tiene implicaciones para la política exterior europea.

El fallecimiento del exemir no altera formalmente la estructura de poder catarí, ya que su hijo ocupa el cargo supremo desde hace trece años. Sin embargo, la influencia de Hamad bin Khalifa seguía siendo notable en los círculos de decisión del país, y su ausencia podría reordenar algunas de las prioridades de inversión y mediación de Catar en los próximos meses.

Lo esencial

  • 📌 ¿Qué ha ocurrido? El exemir de Catar, jeque Hamad bin Khalifa Al Thani, ha fallecido hoy a los 74 años, según la Amiri Diwan.
  • 👤 ¿Quiénes están implicados? El difunto fue emir entre 1995 y 2013; es el padre del actual gobernante, Tamim bin Hamad Al Thani.
  • ⏭️ ¿Qué pasa ahora? Catar mantiene su línea sucesoria estable; se abrirá un periodo de luto oficial y las cancillerías europeas seguirán la evolución diplomática del emirato.