El Deportivo de La Coruña invierte 20 millones en fichajes y se convierte en el quinto ascendido que más gasta en Primera en el siglo XXI

El Deportivo de La Coruña ha destinado 20 millones de euros a la contratación de nuevos jugadores en el mercado estival de 2026, una cifra que sitúa al club gallego como el quinto ascendido a Primera División con mayor gasto en incorporaciones en lo que va de siglo XXI.

EN 30 SEGUNDOS

  • ¿Qué ha pasado? El Deportivo ha invertido 20 millones de euros en fichajes para la temporada 2026-2027, su retorno a Primera.
  • ¿Quién está detrás? El club coruñés, con el respaldo de su principal patrocinador, Abanca, y el director deportivo Fernando Soriano.
  • ¿Qué impacto tiene? Es el quinto mayor desembolso de un recién ascendido en este siglo, lo que refleja una apuesta por la permanencia con un claro respaldo económico.

Un mercado ambicioso tras ocho años de espera

El conjunto herculino no pisa la máxima categoría desde 2018 y su regreso se está fraguando con una determinación que pocos esperaban. Según fuentes del club, la dirección deportiva que encabeza Fernando Soriano ya ha cerrado siete incorporaciones y tiene otras tres operaciones pendientes de concretar. La inversión realizada hasta ahora —los citados 20 millones— convierte al Deportivo de La Coruña en el quinto ascendido que más gasta en el fútbol español en lo que llevamos de siglo, solo por detrás de clubes como el Real Zaragoza en 2009 o el Real Betis en 2011.

La planificación deportiva ha prescindido de jugadores que no encajaban en los esquemas de Antonio Hidalgo, el técnico que dirigirá al equipo en Primera. El último en salir ha sido Alex Petxarroman, quien este viernes puso fin a su etapa en Riazor. La operación salida libera masa salarial para que Soriano pueda atacar los refuerzos que aún faltan: un central, un mediocentro y un delantero de referencia.

La dimensión económica del fútbol coruñés

El desembolso no es casual. A Coruña lleva años esperando un proyecto deportivo sólido que reactive el interés social y comercial de un club que llegó a ser campeón de Liga en 2000. La entidad ha contado con el respaldo financiero de Abanca, su principal patrocinador, y de un grupo de inversores locales que ven en el fútbol una palanca de dinamización económica. El gasto en fichajes supera lo previsto inicialmente y demuestra que los propietarios confían en que la permanencia en Primera genere retornos por derechos televisivos, patrocinios y venta de abonos.

No obstante, la apuesta tiene riesgos. El Deportivo asume un presupuesto de plantilla que rondará los 35 millones de euros, una cifra superior a la de muchos equipos ya consolidados en la categoría. Si el equipo no logra la salvación, las consecuencias financieras podrían ser severas, como ya ocurrió en 2018 con un descenso que lastró las cuentas durante años. La directiva confía en que la apuesta funcione y en que el respaldo de la afición —que ya ha renovado 15.000 abonos— compense el esfuerzo.

La inversión del Deportivo no es solo una cuestión deportiva: es un termómetro de la confianza inversora en Galicia.

El Laboratorio Gallego

El Deportivo de La Coruña regresa a Primera en un momento en que la economía gallega busca referentes que proyecten una imagen de modernidad. La Xunta de Galicia ha incluido el deporte en su estrategia de Marca Galicia, y aunque el apoyo institucional al club se canaliza sobre todo a través del patrocinio de Abanca —entidad participada por el gobierno autonómico—, el trasfondo político es evidente. La ciudad de A Coruña aspira a recuperar protagonismo económico y social, y el fútbol es uno de sus escaparates más potentes.

En clave nacional, el caso del Deportivo ilustra cómo los clubes ascendidos están dispuestos a romper la hucha para competir. El quinto puesto en el ranking de inversión en fichajes del siglo XXI sitúa al equipo gallego por delante de entidades como el Granada, el Mallorca o el Real Valladolid en sus respectivos ascensos. Esta apuesta, que combina capital local con una gestión deportiva agresiva, recuerda al modelo que ensayó el Villarreal a principios de siglo. Si el Deportivo logra la permanencia, su fórmula podría convertirse en referencia para otros equipos que suban de categoría.

Ficha del Caso

  • El caso: El Deportivo de La Coruña ha gastado 20 millones de euros en fichajes este verano para afrontar su regreso a Primera División tras ocho años de ausencia.
  • Datos importantes: Quinto mayor gasto de un ascendido en el siglo XXI; siete fichajes cerrados y tres más en cartera; salario de plantilla estimado en 35 millones; Abanca como respaldo financiero.
  • Resumen: La fuerte inversión refleja la confianza del club y de sus patrocinadores en que la permanencia en Primera generará retornos económicos, pero implica un riesgo financiero notable si el equipo no se salva.

La caída de alumnos en España no afecta a Valencia: ampliarán plazas de Infantil por el crecimiento poblacional

La Comunitat Valenciana no se ajustará al patrón nacional de caída del alumnado previsto para los próximos quince años. Según el último informe del Instituto Valenciano de Investigaciones Económicas (Ivie), la región experimentará un incremento de la población infantil que obligará al Consell (el gobierno de la Generalitat Valenciana) a ampliar las plazas de Educación Infantil, justo en el momento en que otras autonomías se preparan para cerrar unidades.

EN 30 SEGUNDOS

  • ¿Qué ha pasado? Un estudio del Ivie proyecta que España perderá 1,32 millones de jóvenes en edad escolar hasta 2041, pero la Comunitat Valenciana verá crecer su población de 0 a 5 años un 22,9 %.
  • ¿Quién está detrás? El informe, basado en las proyecciones del INE, ha sido difundido por el Ivie. El Consell ya trabaja en la ampliación de plazas educativas.
  • ¿Qué impacto tiene? La Generalitat Valenciana deberá crear nuevas plazas escolares en Infantil mientras ajusta Secundaria a un descenso gradual del alumnado.

La España que pierde alumnos y la que necesita más colegios

El estudio del Ivie —elaborado a partir de las últimas proyecciones del INE— muestra una radiografía educativa de dos velocidades. La población de entre 6 y 24 años se reducirá en España un 13,7 % en el horizonte de 2041, con un ajuste especialmente intenso en la ESO (20,3 % de caída) y en Bachillerato y FP (23,7 %). Sin embargo, esa pérdida de estudiantes no se traducirá en un ahorro automático para las administraciones. El gasto público por universitario es mucho mayor (11.347 euros anuales) que en Infantil o Primaria (4.720), lo que amortiguará cualquier descenso del gasto total.

La redistribución territorial es el dato más relevante. Las comunidades del interior y del norte, con Cantabria y Extremadura a la cabeza, perderán más del 22 % de su población joven. En contraste, el arco mediterráneo mantendrá una evolución más estable gracias a la llegada de población de otras regiones y del extranjero. La Comunitat Valenciana apenas variará su población de 0 a 24 años (-0,1 %) y verá crecer de forma notable la franja de 0 a 5 años, que se incrementará un 22,9 %. Ese es el matiz que el Consell no puede ignorar.

Valencia: más niños en Infantil y una presión que no aflojará

El informe del Ivie subraya que la demanda de plazas en Educación Infantil seguirá creciendo en la Comunitat Valenciana incluso cuando la natalidad ya está cayendo en otras etapas. Los datos de matriculación confirman esa evolución. La Educación Primaria alcanzó su techo en el curso 2016-2017 con más de 311.000 alumnos y desde entonces ha ido cediendo hasta situarse por debajo de los 295.000. En cambio, la Secundaria tardó más en ver el declive: entre 2014-2015 y la pandemia, los institutos ganaron 30.000 alumnos, hasta superar los 213.000, y solo en los últimos años han empezado a perder estudiantes.

La presión se traslada a las primeras etapas. El crecimiento del 22,9 % en la población de 0 a 5 años obligará al Consell de Carlos Mazón a ampliar las unidades de Infantil, tanto en la red pública como en la concertada. La demanda de plazas, segun el Ivie, seguirá creciendo. Aunque la Generalitat Valenciana todavía no ha detallado el calendario ni el presupuesto exacto, fuentes del departamento de Educación confirman que las consellerias trabajan en un plan de choque para los próximos cursos.

Mientras Extremadura afronta un descenso del 7,4 % de su población infantil, Valencia se prepara para un aumento del 22,9 %: el mapa escolar español se parte en dos.

El estudio señala otro elemento que puede facilitar esa adaptación. La jubilación masiva del profesorado ofrece un margen de maniobra: en las universidades públicas la edad media es de 49,5 años, y en Secundaria el 35 % de la plantilla supera los 50. Esa renovación permitirá redimensionar las plantillas sin traumatismos, aunque la especialización docente impide trasvases entre etapas.

La planificación educativa en la Comunitat Valenciana se complica porque las etapas no evolucionan al mismo ritmo. Mientras Infantil exige más plazas, Secundaria entrará en un descenso gradual y la Universidad apenas se contraerá un 2,2 %. Esa triple velocidad obliga a una gestión quirúrgica de los recursos, algo que el Consell de Mazón tendrá que demostrar capaz de ejecutar en los próximos años.

El Escenario Valenciano

La publicación del informe del Ivie en julio de 2026 coloca al Consell frente a un reto que ya no es teórico. El president Mazón, que ha centrado buena parte de su discurso en la defensa del crecimiento económico y demográfico como un activo, encuentra ahora un argumento sólido para reclamar más inversión educativa al Gobierno central sin necesidad de agitar el debate de la financiación autonómica. A nivel nacional, el estudio evidencia que la pérdida de alumnos no será homogénea, lo que podría abrir la puerta a una redistribución de fondos estatales según criterios demográficos, algo que otras comunidades con fuerte descenso ya empiezan a demandar.

La dimensión nacional es inevitable: según los datos del Ivie, el gasto medio por alumno apenas bajará porque el peso del gasto universitario, más caro, compensa la caída de alumnos en edades tempranas. Eso significa que la presión fiscal sobre el sistema educativo no se relajará, pero sí cambiará de foco. La Comunitat Valenciana, por su evolución demográfica, acaparará gran parte de la necesidad de nueva inversión en escuelas infantiles, mientras otras autonomías podrían destinar sus ahorros a mejorar la calidad en secundaria o en formación profesional. Para el Gobierno de Pedro Sánchez, conciliar esas dos realidades será uno de los grandes desafíos de la legislatura.

En las Corts Valencianes, la oposición de PSPV y Compromís no ha tardado en reaccionar. Ambos partidos reclaman al Consell que concrete el plan de ampliación de plazas de Infantil y que lo acompañe de un refuerzo de la educación pública en los barrios con mayor crecimiento, como los de l’Horta Sud o el área metropolitana de Alicante. La previsión, a falta de detalles, es que la Conselleria presente su hoja de ruta antes del inicio del curso 2026-2027.

Ficha del Caso

  • El caso: El informe del Ivie, sobre las proyecciones del INE, advierte de que la Comunitat Valenciana se desmarcará de la caída nacional de alumnado gracias a un fuerte crecimiento de la población infantil, lo que obligará al Consell a ampliar las plazas de Educación Infantil.
  • Datos importantes: La población de 0 a 5 años crecerá un 22,9 % en Valencia, mientras el conjunto de España perderá 1,32 millones de jóvenes en edad escolar hasta 2041. El gasto por universitario (11.347 €) duplica al de Infantil (4.720 €).
  • Resumen: La presión escolar en Infantil no solo no remitirá, sino que exigirá una planificación educativa y presupuestaria urgente para que el crecimiento demográfico no colapse los centros.

Cambios LOMLOE en ESO y Bachillerato: evaluación por competencias y titulación

La Ley Orgánica 3/2020, de 29 de diciembre (LOMLOE), reconfiguró las etapas de ESO y Bachillerato en España con un modelo de evaluación por competencias. Según el texto consolidado en el Boletín Oficial del Estado, la norma eliminó los exámenes externos de final de etapa y otorgó a los equipos docentes la decisión sobre la promoción y la titulación del alumnado.

Uno de los cambios más visibles fue la supresión de las conocidas «reválidas»: la evaluación final de ESO y la de Bachillerato que la LOMCE había introducido pero que nunca llegaron a aplicarse. La LOMLOE apostó por un sistema de evaluación continua, formativa e integradora, dejando atrás la rigidez de las pruebas únicas.

El nuevo modelo de evaluación por competencias

Con la LOMLOE, el currículo de la ESO y el Bachillerato se articula en torno a competencias clave, como la comunicación lingüística, la competencia matemática o la digital. La evaluación del alumnado, según el real decreto de desarrollo, debe ser continua y atender al grado de adquisición de esas competencias, y no solo a los contenidos. Esta metodología exige que los docentes diseñen situaciones de aprendizaje que integren varias materias, como recogen los nuevos decretos curriculares.

El artículo 28 de la ley establece que un alumno promociona cuando el equipo docente considere que ha alcanzado los objetivos o que la promoción le permitirá seguir con éxito el curso siguiente. Se elimina el límite automático de materias suspensas que existía antes: la decisión recae en la junta de evaluación, que debe valorar la evolución global del estudiante.

Este enfoque, señala el Ministerio de Educación, persigue reducir el abandono escolar y personalizar la enseñanza. No obstante, ha suscitado críticas desde algunas comunidades autónomas, que temen que la falta de criterios homogéneos genere desigualdades territoriales. La Conferencia Sectorial de Educación ha debatido en varias ocasiones la necesidad de armonizar los criterios de promoción.

La desaparición de las reválidas no eliminó las evaluaciones externas: la LOMLOE mantiene pruebas de diagnóstico en cuarto de ESO y segundo de Bachillerato, de carácter muestral y sin efectos académicos.

Cómo se obtiene ahora el título de ESO y Bachillerato

En la ESO, el título se otorga por decisión colegiada del equipo docente. No es necesario aprobar un examen externo; basta con que el profesorado considere que el alumno ha adquirido las competencias requeridas, incluso si queda alguna materia no superada, siempre que el equipo estime que puede proseguir estudios posteriores con aprovechamiento.

En Bachillerato, la reválida también desapareció. Para titular, es preciso aprobar todas las materias de los dos cursos. La nota media se calcula con las calificaciones de Bachillerato, y para acceder a la universidad los estudiantes realizan la EBAU (Evaluación del Bachillerato para el Acceso a la Universidad), una prueba que organizan las comunidades autónomas y que pondera un 40 % de la nota final, mientras que la media del Bachillerato cuenta un 60 %.

Las universidades reservan plazas en función de la nota de admisión, que se calcula con la media de Bachillerato (60 %) y la calificación de la fase general de la EBAU (40 %); los estudiantes pueden mejorar su nota con la fase específica de materias voluntarias.

El Marco Educativo

La LOMLOE, plenamente implantada en toda la ESO y el Bachillerato desde el curso 2024-2025, devolvió a las comunidades autónomas competencias curriculares que la LOMCE había centralizado. El artículo 6 bis de la ley fija que las administraciones educativas determinan hasta el 50 % de los contenidos en las comunidades con lengua cooficial y el 40 % en el resto. Esta descentralización ha permitido adaptar la enseñanza a las realidades territoriales, pero también ha generado diferencias en la aplicación de los criterios de evaluación y titulación, según ha advertido el Consejo Escolar del Estado.

Los protagonistas de este cambio son múltiples: el Ministerio de Educación fija las enseñanzas mínimas, las consejerías autonómicas despliegan sus currículos y los centros educativos concretan sus proyectos. Los sindicatos docentes han valorado la flexibilidad del nuevo sistema, aunque reclaman más formación en evaluación competencial. Por su parte, la Confederación Española de Padres y Madres de Alumnos (CEAPA) ha solicitado mayor transparencia en los criterios de promoción para garantizar la igualdad de oportunidades.

De cara al futuro, el Ministerio ha anunciado que las pruebas de diagnóstico nacional, realizadas con cierto retraso respecto al calendario previsto, servirán para orientar las políticas educativas. No se plantean nuevas reformas estructurales en la secundaria, aunque el debate sobre una posible prueba única de acceso a la universidad sigue vigente en el Consejo de Universidades.

Claves de la Noticia

  • Qué importa: La LOMLOE eliminó las reválidas, implantó la evaluación continua y otorgó al equipo docente la decisión sobre la promoción y la titulación en la ESO y el Bachillerato.
  • Por qué importa: El sistema pasó de la rigidez de los exámenes finales a un modelo flexible basado en competencias, lo que afecta a la forma en que los estudiantes obtienen sus títulos y acceden a la universidad.
  • A quién le importa: A los más de 2 millones de alumnos de ESO y a los 600.000 de Bachillerato que cursan estudios en España cada año, así como a sus familias y a los docentes.

Sanidad distribuye 235 millones en financiación a comunidades para Atención Primaria y salud bucodental

EN 30 SEGUNDOS

  • ¿Qué ha cambiado? El Pleno del Consejo Interterritorial del Sistema Nacional de Salud ha aprobado la distribución de 235,4 millones de euros entre las comunidades autónomas y el INGESA para el ejercicio 2026.
  • ¿Quién lo ha decidido? La ministra de Sanidad, Mónica García, tras el acuerdo del Consejo Interterritorial del SNS.
  • ¿A quién afecta? Las prestaciones de Atención Primaria y la ampliación de la cartera de salud bucodental, que podrían llegar a los colegios a través de programas de educación sanitaria escolar.

El Ministerio de Sanidad ha formalizado el reparto de 235.449.950 euros a las comunidades autónomas y al Instituto Nacional de Gestión Sanitaria (INGESA) para reforzar la Atención Primaria y ampliar los servicios de salud bucodental. El acuerdo, alcanzado en el Pleno del Consejo Interterritorial del Sistema Nacional de Salud el 10 de julio, supone una inyección directa a las prestaciones sanitarias que, en el caso de la salud bucodental, también puede incidir en los centros educativos.

La distribución: 172 millones para Atención Primaria y 60 millones para salud bucodental

La mayor partida, 172,4 millones de euros, se dedica al Marco Estratégico de Atención Primaria y Comunitaria. Estos fondos financiarán actuaciones gestionadas por las comunidades autónomas y el INGESA con cargo al presupuesto de Sanidad para 2026. La decisión refuerza una de las áreas más presionadas del sistema sanitario, la primera línea asistencial.

A ella se suman 60,06 millones de euros para impulsar la ampliación de la cartera común de servicios de salud bucodental en el Sistema Nacional de Salud. Esta línea, aprobada por primera vez con una dotación específica, pretende universalizar prestaciones como las limpiezas periódicas, los empastes y otras atenciones que hasta ahora no estaban cubiertas para todos los colectivos. El objetivo, según fuentes ministeriales, es llegar especialmente a niños, adolescentes y personas mayores.

Salud bucodental en colegios: el puente con la educación sanitaria escolar

La conexión con el sistema educativo es directa. La ampliación de la cartera de salud bucodental contempla intervenciones en centros educativos, dentro de los programas de prevención y promoción. Aunque la gestión es competencia sanitaria, la colaboración con los centros escolares resulta clave para alcanzar a la población infantil y adolescente.

Distintas comunidades autónomas ya tienen en marcha programas de revisión bucodental en colegios públicos. Con los nuevos fondos, el Ministerio de Sanidad espera que se extiendan y homogeneicen. «La educación sanitaria en los colegios es uno de los canales más eficaces para reducir las desigualdades en salud oral», ha señalado la ministra García en anteriores comparecencias. Aunque no hay partidas presupuestarias específicas para educación, el impacto sobre el alumnado será inevitable si se materializan las actuaciones previstas.

La inversión de 60 millones en salud bucodental podría reforzar los programas de prevención en centros educativos, una línea que cruza las competencias sanitarias y educativas.

Además de estas dos grandes líneas, el Consejo Interterritorial ha aprobado otros dos bloques: 2 millones de euros para la mejora del sistema de información del SNS y 960.000 euros para el Marco Estratégico para los Cuidados de Enfermería, completando así los 235,4 millones totales.

El Marco Educativo

La salud bucodental en el ámbito escolar es una competencia compartida entre el sistema sanitario y el educativo. La Ley Orgánica 2/2006, de Educación, en su artículo 2, recoge entre los fines del sistema la educación para la salud. Sin embargo, las actuaciones concretas en los centros dependen de la colaboración entre las consejerías de Sanidad y Educación en cada comunidad autónoma.

En este contexto, la distribución de 60 millones de euros para salud bucodental por parte del Ministerio de Sanidad supone un impulso económico que puede traducirse en más revisiones en las escuelas, charlas de prevención y sellados de fisuras. Según datos de la Encuesta Nacional de Salud, el 28% de los niños de 6 a 12 años tiene caries no tratadas. Las autoridades sanitarias consideran que la intervención en el entorno educativo reduce esta prevalencia. La proyección de estos fondos abarca el ejercicio 2026, y las comunidades deberán presentar sus planes de ejecución antes de final de año.

Claves de la Noticia

  • Qué importa: El reparto de 235 millones de euros para Atención Primaria y salud bucodental, aprobado el 10 de julio de 2026 por el Consejo Interterritorial del SNS.
  • Por qué importa: La ampliación de la cartera de servicios bucodentales puede incrementar las prestaciones gratuitas y reforzar la prevención en colegios, conectando sanidad y educación.
  • A quién le importa: Ciudadanos de todas las edades, con especial incidencia en niños y adolescentes escolarizados que podrían beneficiarse de más atención bucodental en su centro educativo.

Agrupaciones forestales en Galicia: cómo mejorar la rentabilidad del monte y prevenir incendios sin perder la propiedad

Galicia arrastra desde hace décadas un problema estructural que condiciona desde la economía rural hasta la magnitud de sus incendios: la extrema fragmentación de la propiedad forestal. La conselleira de Medio Rural ha reconocido en el Parlamento que más de 670 000 hectáreas de monte gallego pertenecen a titulares con parcelas inferiores a una hectárea, un minifundismo que aboca al abandono y multiplica el riesgo de fuego. Sin embargo, una fórmula jurídica regulada por la Xunta está ganando tracción entre los propietarios: las agrupaciones forestales de gestión conxunta (AFXC) permiten coordinar fincas colindantes sin que nadie pierda la titularidad ni la capacidad de decidir sobre su tierra. Las agrupaciones forestales son la herramienta más prometedora para convertir el minifundismo gallego en una oportunidad económica y ambiental.

Según ha explicado a La Razón Pilar Orol, administradora de la empresa lucense Tenzas Enxeñería, el modelo se apoya en dos figuras: las AFXC básicas, donde los dueños mantienen tanto la propiedad como la gestión directa pero coordinan desbroces, plantaciones o aprovechamientos, y las AFXC territoriales, en las que se cede la administración a una entidad gestora durante un plazo acordado. El propietario sigue siendo dueño, pero deja de cargar en solitario con todas las decisiones y trámites. «Muchas veces el principal reto no es técnico, sino organizativo», subraya Orol, cuyo equipo trabaja desde Lugo con propietarios y comunidades de montes.

Qué es una AFXC y por qué interesa a quien vive lejos del monte

Las AFXC nacieron en la Lei de montes de Galicia de 2012 y fueron reforzadas por la Lei de recuperación da terra agraria de 2021, ambas aprobadas bajo mayorías del PPdeG. La clave está en que la parcela sigue en manos del titular, pero las actuaciones silvícolas —desde una tala hasta la solicitud de ayudas europeas— se planean sobre una superficie continua que gana escala y reduce costes. Según datos del IGE (Instituto Galego de Estatística), apenas el 15 % de las fincas forestales gallegas alcanzan las 10 hectáreas, el umbral mínimo para que una explotación maderera sea viable sin apoyos externos. La agrupación permite saltar esa barrera sin necesidad de comprar ni expropiar.

Para el propietario absentista —aquel que vive en A Coruña, Madrid o Barcelona— la AFXC resuelve la paradoja del abandono. Puede conservar el patrimonio familiar sin desplazarse cada mes ni lidiar con trámites administrativos. El acompañamiento técnico, explica Orol, «aporta información y seguridad: analizamos cada monte, mostramos las alternativas y facilitamos el diálogo entre vecinos, porque muchas veces el principal escollo es organizativo». Ese acompañamiento es, de hecho, el servicio central que ofrecen empresas como Tenzas Enxeñería.

La agrupación forestal no borra la propiedad, la hace viable: es la diferencia entre un monte que arde cada dos veranos y uno que produce renta y frena el fuego.

Los modelos no son idénticos. En la AFXC básica el propietario mantiene el control directo: decide qué plantar, cuándo cortar, a quién vender. La coordinación se limita a pactar fechas para trabajos comunes —una roza simultánea, por ejemplo— y negociar precios conjuntos con empresas de servicios forestales. En la AFXC territorial, en cambio, la gestión se cede temporalmente a una entidad que puede ser pública, privada o mixta, lo que permite planificar ciclos completos de plantación y cosecha sobre superficies de cientos de hectáreas. Ambos formatos comparten un objetivo: transformar el mosaico de microparcelas en una unidad de gestión profesional.

Prevención de incendios: el beneficio que interesa al resto de España

La conexión entre abandono forestal e incendios es una constante en la política gallega, pero también en la mediterránea. El Parlamento de Galicia debatió en marzo de 2026 un plan de prevención que vincula directamente las AFXC con la reducción del combustible vegetal. «Un monte gestionado arde menos», ha repetido la conselleira de Medio Rural en sede parlamentaria. Los datos de la última campaña avalan esa tesis: según el informe provisional de la Xunta presentado en mayo, las superficies incluidas en agrupaciones forestales registraron un 60 % menos de superficie quemada por hectárea que los montes sin plan de gestión conjunta.

Ese dato tiene una lectura nacional. Regiones como Castilla y León, Extremadura o Andalucía comparten el problema del minifundismo forestal y podrían encontrar en el modelo gallego una referencia. No se trata, advierten los técnicos, de copiar la norma, sino de adaptar la filosofía: incentivar la cooperación voluntaria entre propietarios mediante beneficios fiscales y acceso prioritario a ayudas europeas. Galicia lo hace ya a través del Plan Estratéxico do Monte Galego 2021-2040, que reserva partidas específicas para las AFXC.

El laboratorio político gallego

Las AFXC son, antes que una política forestal, una política de ordenación del territorio con un fuerte componente de consenso social. El PPdeG, que gobierna con mayoría absoluta desde 2009, ha situado esta figura en el centro de su discurso sobre el rural, pero tanto el BNG como el PSdeG la han respaldado en los debates parlamentarios, aunque con matices: el BNG reclama más papel para las comunidades de montes y el PSdeG exige que la Xunta refuerce el acompañamiento público, no solo el privado. El actual presidente de la Xunta, Alfonso Rueda, ha visitado en los últimos meses varias AFXC territoriales en Ourense y Lugo para escenificar el apoyo del gobierno autonómico.

La dimensión nacional de este modelo es menos explícita que en otras políticas —no hay un «plan Feijóo» para las agrupaciones forestales—, pero resulta evidente para cualquier analista territorial. El minifundismo forestal no es exclusivo de Galicia: según el Catastro, casi el 40 % de las parcelas rústicas españolas tienen menos de una hectárea. La experiencia gallega demuestra que se puede atajar ese problema sin recurrir a expropiaciones ni fusiones forzosas, un mensaje que encaja tanto con la sensibilidad conservadora del PP como con la apuesta del PSOE por la cooperación. De hecho, los fondos Next Generation han abierto una ventana para financiar proyectos de gestión conjunta en toda España, y comunidades como Asturias ya han enviado técnicos a Galicia para estudiar el funcionamiento de las AFXC territoriales.

La próxima cita relevante en el calendario es la convocatoria de ayudas de la Xunta para 2027, que previsiblemente se publicará en el DOG a finales de este año. Si la tendencia se consolida —en el último trienio se han constituido más de 30 nuevas agrupaciones—, el monte gallego podría convertirse en un laboratorio silencioso pero eficaz para la España vaciada. El reto, como advierte Pilar Orol, no es la técnica, sino la organización: «Generar confianza entre propietarios lleva tiempo, pero cuando se logra, el monte deja de ser un problema y empieza a ser una solución».

Ficha del Caso

  • El caso: Las agrupaciones forestales de gestión conxunta (AFXC) permiten a propietarios de pequeñas parcelas coordinar su gestión sin perder la propiedad, mejorando la rentabilidad y la prevención de incendios.
  • Datos importantes: Más de 670 000 hectáreas gallegas están en parcelas de menos de 1 ha. Las AFXC redujeron un 60 % la superficie quemada por hectárea en 2026. Galicia cuenta con dos modelos: básico y territorial.
  • Resumen: La fórmula, pionera en España, combate el abandono forestal y conecta con las necesidades de prevención de incendios de todo el país, atrayendo el interés de otras comunidades autónomas.

Marine Le Pen sube en las encuestas en Francia tras su condena por malversación de fondos UE y se consolida como candidata al Elíseo

EN 30 SEGUNDOS

  • ¿Qué ha pasado? Marine Le Pen obtiene un 36% de intención de voto en la primera vuelta, 4 puntos más que en la anterior encuesta de Ifop, y ganaría todas las combinaciones de segunda vuelta frente a Gabriel Attal, Édouard Philippe o Jean‑Luc Mélenchon.
  • ¿Quién está detrás? El Reagrupamiento Nacional capitaliza la ratificación de su condena por malversar fondos del Parlamento Europeo, cuya inhabilitación reducida a 15 meses le permite ser candidata en las presidenciales de abril de 2027.
  • ¿Qué impacto tiene? La líder ultraderechista se consolida como víctima del sistema judicial y desafía a las instituciones comunitarias, mientras la UE observa con preocupación el avance de un discurso que erosiona la confianza en la arquitectura de integración europea.

El martes 7 de julio, el Tribunal de Apelación de París ratificó la condena de Marine Le Pen por desviar fondos del Parlamento Europeo, la misma institución que ahora ve cómo su veredicto impulsa inequívocamente sus aspiraciones al Elíseo. El sondeo publicado por Ifop para Le Figaro y LCI tan solo días después confirma un fenómeno que los analistas comunitarios temían: la inhabilitación reducida a quince meses no solo no la aparta de la carrera presidencial, sino que le regala un argumento victimista que engrasa su maquinaria electoral.

Una condena que se convierte en combustible electoral

La encuesta otorga a la líder del Reagrupamiento Nacional un 36 % de intención de voto en la primera vuelta, cuatro puntos porcentuales más que en la medición anterior. El dato disipa cualquier ventaja momentánea de su delfín, Jordan Bardella, y, sobre todo, proyecta una segunda vuelta en la que Le Pen batiría a cualquier rival: 55 % frente a Gabriel Attal, 54 % contra Édouard Philippe y una diferencia abrumadora del 70‑30 % ante Jean‑Luc Mélenchon.

La paradoja —ser condenada por malversar dinero público europeo y sin embargo crecer en las urnas— no es nueva en la constelación populista. La propia Le Pen ha cultivado el relato de persecución judicial desde hace años, y la militancia de la extrema derecha francesa lo asume como una prueba más de la hostilidad de las «élites» que controlan Bruselas y París. Cada tarde, los platós afines amplifican la idea de que una sentencia técnica no debería anular la voluntad popular.

Una condena firme por malversación de fondos europeos se ha transformado en el mayor activo electoral de la ultraderecha francesa.

El camino despejado hacia el Elíseo de 2027

El fallo del tribunal de apelación dejó una puerta estrecha pero suficiente: la inhabilitación queda en quince meses, lo que permite a Le Pen presentarse sin obstáculo jurídico a la cita del 18 de abril y 2 de mayo del próximo año. Solo el Tribunal de Casación podría endurecer la pena, y, en el escenario más adverso, la candidata acabaría llevando una tobillera electrónica durante las últimas semanas de campaña, una imagen que su equipo ya se ha encargado de normalizar.

“Si me ponen un aro en el tobillo, lo mostraré en los mítines”, deslizó ante los suyos, según fuentes del partido recogidas por Le Figaro. La estrategia calcada de otros líderes —Berlusconi desafiando a los fiscales, Trump denunciando una caza de brujas, Farage dimitiendo para ser reelegido— funciona porque el electorado del RN comparte la sensación de estar marginado y ve en su líder a la encarnación de la resistencia.

En paralelo, el presidente Emmanuel Macron se prepara para su último 14 de julio como anfitrión. Mañana, el desfile militar en los Campos Elíseos reunirá a decenas de jefes de Estado y de Gobierno, incluido Pedro Sánchez, en una escenografía que busca proyectar unidad europea justo cuando la fractura interna en Francia amenaza con contagiar al resto del continente.

ultraderecha Francia

El Eje del Poder Europeo: la ultraderecha desafía a las instituciones de la UE

La candidatura de Le Pen con una sentencia por estafa al Parlamento Europeo plantea un dilema institucional incómodo. La Eurocámara fue la víctima directa de la trama de asistentes parlamentarios ficticios, y ahora ve cómo la imputada convierte ese episodio en un trampolín. El mensaje que atraviesa la UE es claro: el cuestionamiento de la justicia y de los controles financieros comunitarios no penaliza electoralmente, sino que puede ser rentable.

Para España, el eco es inmediato. Vox interpretará el avance de Le Pen como una validación de su propia retórica contra las instituciones y los fondos europeos. Además, una victoria de la líder del RN en 2027 reconfiguraría las mayorías en el Consejo Europeo, alineando a una de las dos grandes economías fundadoras con el bloque de Víktor Orbán y, probablemente, con la Italia de Giorgia Meloni. La arquitectura de decisiones sobre Ucrania, el Pacto Verde o la regla fiscal quedaría sometida a una prueba de estrés sin precedentes.

Fuentes comunitarias consultadas por Moncloa.com admiten que la «fatiga judicial» ante casos de corrupción que afectan a líderes populistas está creando una peligrosa asimetría: mientras se acelera el procedimiento contra Hungría o Polonia por violaciones del Estado de derecho, los tribunales nacionales que condenan a figuras euroescépticas se convierten en involuntarios proveedores de argumentos de campaña. La lección, apuntan, es que la justicia, por sí sola, no detiene el relato antisistema; hace falta una respuesta política y comunicativa que Bruselas todavía no ha encontrado.

El contraste con la imagen que Macron quiere ofrecer mañana en el desfile del 14 de julio no puede ser más evidente. Mientras los líderes europeos desfilan por los Campos Elíseos y debaten sobre el envío de tropas a Ucrania en la reunión de la Coalición de Voluntarios en Los Inválidos, Le Pen y su partido seguirán alimentando la narrativa de que la fiesta nacional es solo el escaparate de una elite desconectada. La próxima cita con las urnas dirá si esa percepción basta para llevarla al Elíseo, y con ello, a tumba abierta, al corazón del Consejo Europeo.

El cierre del Estrecho de Ormuz que amenaza la seguridad energética de España

España se ha levantado hoy con un sobresalto energético de primera magnitud. Irán ha cerrado el Estrecho de Ormuz y la medida pone en jaque el suministro de petróleo a nuestro país. La decisión de la Guardia Revolucionaria, anunciada de madrugada, llega en un momento de máxima tensión con Estados Unidos y amenaza con disparar los precios que pagan hogares y empresas.

Indignómetro

Nivel de impacto para España: 9/10. El bloqueo del paso marítimo por el que circula una quinta parte del petróleo mundial golpea de lleno la seguridad energética española. Nuestra dependencia de las importaciones convierte cualquier interrupción prolongada en un riesgo sistémico, con consecuencias inmediatas sobre la inflación y la actividad económica.

Qué ha pasado en el estrecho y por qué es vital para España

Según la Marina de la Guardia Revolucionaria iraní, el paso «está cerrado hasta nuevo aviso y hasta el fin de las intervenciones de Estados Unidos en la región». Por Ormuz transita cerca del 20% del crudo que se comercia en el mundo, una cifra que lo convierte en el cuello de botella más vigilado del planeta. Para España, la cifra no es una estadística lejana: importamos prácticamente la totalidad del petróleo que consumimos y una parte sustancial de ese crudo llega desde Oriente Medio a través de esta ruta.

La escalada comenzó con una salva de advertencia contra un buque que intentaba cruzar sin autorización. En cuestión de horas, Irán elevó el tono y vinculó el cierre a su exigencia de que Washington abandone la zona. El mercado reaccionó con subidas inmediatas del barril, en un escenario que recuerda a los picos de 2019, cuando varios ataques a petroleros en el golfo de Omán llevaron el precio del Brent hasta máximos de dos años.

Cómo golpea a España: dependencia energética y precios

España carece de producción propia de petróleo. Cada barril que dejamos de recibir o que se encarece se traduce directamente en la factura de la gasolina, el gasóleo de calefacción y los costes de transporte de miles de empresas. Los mercados mayoristas de la electricidad también se tensan, porque el gas natural está estrechamente indexado al petróleo en muchos contratos. En un contexto de inflación aún pegajosa, el golpe llega en el peor momento.

Conviene recordar que la economía española mantiene una exposición estructural a la energía importada. Según datos de la Comisión Europea, más del 70% de la energía que consumimos viene del exterior, muy por encima de la media comunitaria. El estrecho de Ormuz es la arteria que bombea una parte significativa de ese suministro. Un cierre sostenido obligaría a buscar alternativas más caras y a vaciar reservas estratégicas, cuyo margen es limitado.

La interrupción prolongada del tráfico en Ormuz pondría a prueba las reservas estratégicas europeas y dispararía la prima de riesgo energética para España.

Lecciones de crisis pasadas y el margen de maniobra español

La historia reciente ofrece un espejo incómodo. En 2019, la tensión entre Irán y Estados Unidos provocó un repunte del crudo que se trasladó a los carburantes en España con subidas de hasta el 5% en un solo mes. Entonces, la respuesta fue un despliegue de reservas coordinado con la Agencia Internacional de la Energía, pero aquella crisis duró apenas semanas. El bloqueo actual se presenta sin fecha de caducidad y con una amenaza militar explícita sobre las bases estadounidenses en la región.

Para España, la diversificación de suministradores ha avanzado en los últimos años, con más compras a Estados Unidos, Nigeria o Argelia. Sin embargo, el mercado del petróleo es global: si el precio internacional sube, da igual de dónde venga el barril. La prima de riesgo energético afecta a todos los compradores, y los consumidores españoles sienten el latigazo en el surtidor.

El margen de maniobra del Gobierno es estrecho. Las reservas estratégicas permiten cubrir unos tres meses de consumo, pero están diseñadas para emergencias concretas, no para disrupciones prolongadas. La diplomacia europea busca mediar, aunque la posición de Irán parece enquistada. Mientras tanto, los ojos del sector energético español están puestos en las próximas horas, cuando se compruebe si otros buques intentan forzar el paso o si las rutas alternativas pueden absorber parte del flujo.

📌 Ficha del Caso

  • Ficha sobre el caso: La Guardia Revolucionaria iraní anunció el cierre del Estrecho de Ormuz tras un incidente con un buque, en pleno deterioro del acuerdo de paz con Estados Unidos. La medida corta el paso al 20% del petróleo mundial.
  • Datos importantes: Ormuz canaliza una quinta parte del comercio mundial de crudo. España importa casi todo su petróleo y depende de esta vía para una parte sustancial de sus suministros. Las reservas estratégicas cubren unos tres meses de consumo.
  • Resumen: La crisis pone a prueba la seguridad energética española, con riesgo inmediato de subida de precios y, si se prolonga, de desabastecimiento selectivo. La diplomacia y la diversificación son las herramientas, pero a corto plazo el golpe es inevitable.

El Ministerio de Inclusión lanza 23 becas de 8.400 euros para oposiciones a la Seguridad Social

El Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones ha publicado en el Boletín Oficial del Estado las bases reguladoras de 23 becas de 8.400 euros anuales para preparar oposiciones a los cuerpos superiores de la Seguridad Social. La ministra Elma Saiz ha dado a conocer la iniciativa durante la clausura del curso de la UIMP “Seguridad Social, un puente entre generaciones”, el 10 de julio de 2026, según ha podido confirmar Moncloa.com.

La medida, dotada con una inversión total de 193.200 euros, pretende que la preparación de una oposición no dependa de la capacidad económica familiar. La propia Saiz ha subrayado que “desarrollar una carrera profesional en la Seguridad Social debe ser una opción real para cualquier persona con vocación de servicio público, basada en el mérito y la capacidad”.

EN 30 SEGUNDOS

  • ¿Qué ha cambiado? El Ministerio ha puesto en marcha las primeras becas para preparar oposiciones a la Seguridad Social, con una dotación de 8.400 euros anuales cada una.
  • ¿Quién lo ha decidido? La iniciativa parte del Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones, y las bases reguladoras ya están publicadas en el BOE.
  • ¿A quién afecta? A los 23 aspirantes que resulten seleccionados, con el objetivo de ampliar la igualdad de oportunidades en el acceso al empleo público.

Un programa pionero: 8.400 euros al año para preparar la oposición

La convocatoria recoge 23 ayudas, cada una de 8.400 euros anuales, que cubrirán gastos de preparación de las pruebas selectivas de los cuerpos superiores de la Administración de la Seguridad Social. Las bases, publicadas en el BOE en julio de 2026, especifican los requisitos de acceso, los criterios de baremación y el plazo de solicitudes, que se abrirá en las próximas semanas.

El programa aspira a “romper la brecha que impide a muchos jóvenes talentosos intentar el acceso a la función pública por no poder costear los meses —o años— de estudio intensivo que requiere una oposición”, han señalado fuentes del Ministerio. De hecho, la ministra ha recordado que se trata de una apuesta por “la igualdad real de oportunidades” y ha vinculado la medida con otras reformas recientes, como la incorporación a la Seguridad Social de quienes realizan prácticas formativas no remuneradas.

A quién beneficia y qué impacto puede tener

Las becas se dirigen a personas con escasos recursos económicos y un expediente académico sólido, que deseen presentarse a las oposiciones de los cuerpos superiores de la Seguridad Social. Aunque el número de ayudas es limitado —23 en esta primera edición—, el Ministerio entiende que la experiencia piloto puede ampliarse en futuras convocatorias si los resultados son positivos.

Durante su intervención en la UIMP, Elma Saiz ha puesto en valor el esfuerzo y el talento de los jóvenes y ha defendido que “la Seguridad Social es la expresión más clara de un contrato social basado en la solidaridad intergeneracional”. En ese marco, las becas pretenden que los futuros funcionarios accedan a la preparación sin que las condiciones económicas supongan una barrera insalvable.

Las 23 ayudas, con un coste total de 193.200 euros, buscan garantizar que ningún aspirante con vocación de servicio público quede excluido por falta de recursos.

El Marco Educativo

Aunque estas becas no forman parte del sistema clásico de ayudas al estudio del Ministerio de Educación, Formación Profesional y Deporte, se inscriben en un contexto de apoyo público a la formación y al acceso al empleo. Las becas MEC, que cada curso financian los estudios de más de 800.000 alumnos en enseñanzas no universitarias, siguen siendo el principal instrumento de equidad en el sistema educativo. Sin embargo, esta iniciativa del Ministerio de Inclusión abre una vía complementaria para quienes, tras finalizar sus estudios, necesitan un respaldo económico para preparar la oposición.

El marco normativo se sustenta en las bases reguladoras publicadas en el BOE (consulta disponible en boe.es), que detallan la cuantía, los requisitos y el procedimiento de concesión. La medida cuenta con el respaldo de los agentes sociales y se alinea con las recomendaciones del Pacto de Toledo de reforzar la confianza de los jóvenes en el sistema de protección social. Está previsto que el plazo de solicitudes se abra en el tercer trimestre de 2026 y que las becas puedan empezar a disfrutarse a lo largo del curso 2026-2027.

En los próximos meses, se evaluará la demanda y el impacto de estas ayudas para decidir sobre sucesivas ediciones. El Ministerio de Inclusión ha reiterado su voluntad de consolidar la línea de becas si los resultados confirman que mejora la igualdad de oportunidades en las oposiciones a la Seguridad Social, según fuentes de La Moncloa.

Claves de la Noticia

  • Qué importa: El Ministerio de Inclusión ha creado por primera vez becas para preparar oposiciones a la Seguridad Social, con 8.400 euros anuales para 23 beneficiarios.
  • Por qué importa: La medida abre una vía de financiación pública para la preparación de oposiciones, tradicionalmente sostenida por el esfuerzo familiar, y puede sentar un precedente para otros organismos.
  • A quién le importa: A los graduados universitarios con limitaciones económicas que aspiran a una plaza en los cuerpos superiores de la Seguridad Social y, en general, a cualquier persona interesada en el acceso al empleo público.

El gasto social en Extremadura es superior por habitante, pero Sanidad y Educación pierden peso presupuestario

Extremadura invierte en sus ciudadanos más que casi cualquier otra comunidad autónoma española, pero los números cuentan dos historias distintas. Según el último informe de la Asociación de Directoras y Gerentes en Servicios Sociales, la región es la tercera con mayor gasto social por habitante tras elevar la inversión un 27,4% en el periodo 2020-2025, el doble que la media nacional del 14,3%. Sin embargo, las partidas de Sanidad y Educación pierden peso relativo en los presupuestos autonómicos, una paradoja que tiene su explicación en la demografía y el dinero europeo.

Inversión por habitante frente a cuota presupuestaria

El informe desglosa esta aparente contradicción. En Sanidad, el presupuesto extremeño creció un 16,2% en cinco años —326,4 millones de euros adicionales—, hasta situar el gasto por habitante en 2.224 euros, el tercero más alto de España y 500 euros por encima de la media nacional. Pero a la hora de mirar qué porcentaje del presupuesto total consume la sanidad, el dato se reduce al 31,3%, el quinto porcentaje más bajo entre las comunidades autónomas.

La misma asimetría se reproduce en Educación. El gasto en enseñanza se disparó un 34% en el mismo lustro (368,7 millones más), con un incremento de 355,80 euros adicionales por vecino que lo convierten en el mayor salto per cápita del país. Sin embargo, en 2025, la educación apenas representó el 19,4% de las cuentas regionales, un punto por debajo del promedio. En las aulas, la realidad es otra: el gasto real por alumno alcanzó los 1.328 euros, 250 euros más que la media estatal.

¿Por qué ocurre esto? La respuesta está en la orografía humana de Extremadura. Mantener consultorios abiertos en pueblos de 300 habitantes, garantizar la escolarización en comarcas con menos de cinco niños por curso o atender a una población cada vez más envejecida sale caro. El coste por servicio público se dispara cuando la población se dispersa, algo que no sucede en las autonomías más urbanas. A eso se suma que la Junta de Extremadura recibe una cantidad importante de fondos de compensación y ayudas europeas para otros fines, lo que infla el presupuesto total y diluye, de manera meramente contable la porción que toca a la sanidad y la educación.

Servicios Sociales, el motor que equilibra la balanza

Donde la aritmética presupuestaria se reconcilia de verdad es en los Servicios Sociales. Aquí la región no solo gasta más por habitante, sino que esa partida también gana peso en el presupuesto. Entre 2020 y 2025, la inversión en políticas sociales creció un 56,5% —253 millones de euros más—, hasta dedicar el 9,4% del presupuesto total a este capítulo, la segunda proporción más alta del país y casi un punto y medio por encima de la media. El esfuerzo se traduce en 666 euros por habitante al año, 220 euros más que la media nacional.

Así, el gasto social combinado de sanidad, educación y servicios sociales absorbe el 60,1% de las cuentas extremeñas y sitúa la inversión total por habitante en 4.270 euros, 918,80 euros más que en 2020. La apuesta social ha logrado mantenerse como una línea roja por encima de los vaivenes políticos, desde el último ejecutivo de Guillermo Fernández Vara (PSOE) hasta el actual gobierno de coalición entre PP y Vox que preside María Guardiola.

En Extremadura, el gasto social no es una partida, es un compromiso que cruza siglas y gobiernos.

El Pulso Territorial

El informe de las directoras de servicios sociales no solo constata la fortaleza de la inversión extremeña: también desvela un secreto que ha permanecido oculto bajo la batalla política. El blindaje del gasto social ha transitado sin un solo recorte desde la última legislatura del socialista Fernández Vara hasta el primer bienio de María Guardiola, que gobierna con el apoyo de Vox. Una estabilidad poco común en el mapa autonómico español, donde los cambios de color suelen llevar aparejados ajustes de prioridades. Extremadura, sin embargo, mantiene el tipo.

Pero esa continuidad no borra los problemas de fondo. Al igual que ocurre en otras comunidades de interior fuertemente dispersas —como Castilla-La Mancha o Castilla y León—, el coste per cápita de los servicios esenciales seguirá subiendo mientras la población envejezca y los jóvenes se concentren en las capitales. El reto no es solo cuánto se gasta, sino cómo se financia ese gasto. El 2026 traerá consigo la negociación de un nuevo sistema de financiación autonómica, y en ese debate la singularidad demográfica de Extremadura pesará tanto como su capacidad para captar fondos europeos. La proyección, por tanto, es clara: sin un modelo que corrija el desfase, la región seguirá gastando más que nadie por habitante en sanidad y educación, pero apareciendo en las tablas como si invirtiera poco.

Ficha Autonómica

  • El caso: Extremadura es la tercera comunidad con mayor gasto social por habitante (4.270 €), pero el peso de Sanidad y Educación en su presupuesto está por debajo de la media.
  • Datos importantes: En Sanidad gasta 2.224 € por habitante (31,3% del presupuesto); en Educación, 1.328 € (19,4%). La clave está en la dispersión demográfica y el efecto dilución de los fondos europeos.
  • Resumen: El gobierno de PP-Vox ha mantenido el ritmo inversor de su antecesor socialista. La paradoja presupuestaria persistirá mientras no se adapte la financiación autonómica a las necesidades reales de las comunidades más despobladas.

Bolaños desautoriza a Óscar Puente y defiende a la Junta de Andalucía por el incendio de Almería

EN 30 SEGUNDOS

  • ¿Qué ha pasado? El ministro de Presidencia, Félix Bolaños, ha desautorizado al ministro de Transportes, Óscar Puente, por sus ataques a la Junta de Andalucía por no activar el sistema Es-Alert durante el incendio de Los Gallardos.
  • ¿Quién está detrás? Bolaños ha defendido el criterio técnico y ha pedido trabajar codo con codo, en contraste con la ofensiva de Puente y dirigentes del PSOE.
  • ¿Qué impacto tiene? La fractura interna del Gobierno evidencia la debilidad del discurso contra las comunidades gobernadas por el PP y refuerza la gestión del gobierno andaluz.

Félix Bolaños ha desautorizado este jueves a su compañero de gabinete Óscar Puente al defender la gestión de la Junta de Andalucía durante el incendio de Los Gallardos. El ministro de Presidencia, Justicia y Relaciones con las Cortes ha comparecido desde el puesto de mando y ha dejado un mensaje claro: «Es momento de trabajar codo con codo». Un aviso que contrasta con la embestida lanzada horas antes por Puente contra el ejecutivo de Juanma Moreno.

La desautorización en plena crisis: Bolaños pide unidad y respeta el criterio técnico

Las palabras de Bolaños suponen un giro de 180 grados respecto a la posición oficial del PSOE. Mientras la portavoz socialista, Montse Mínguez, y el propio Puente culpaban a la Junta por no activar el sistema Es-Alert, el ministro de Presidencia se ha desmarcado de forma nítida: «Son decisiones que se adoptan desde criterios técnicos. Yo no tengo una opinión que pueda desautorizar o cuestionar esa decisión».

El incendio declarado en Los Gallardos ha movilizado a los servicios de emergencia y ha obligado a un operativo complejo. Bolaños ha agradecido el trabajo de «todos los servidores públicos» y ha insistido en que no es hora de «entrar en las dinámicas» de crítica, sino de «estar de la mano». La reacción de Génova no se ha hecho esperar, aunque en privado fuentes populares consultadas por Moncloa.com reconocen que el desmarque del número tres del Gobierno les pilla con el pie cambiado.

Por qué la Junta decidió no enviar el Es-Alert: confusión e incomunicación

El consejero de Presidencia, Sanidad y Emergencias, Antonio Sanz, ha detallado los motivos técnicos que desaconsejaron el uso del Es-Alert. Ha explicado que enviar un mensaje masivo podría haber provocado «una gran confusión», ya que en unas zonas se pedía evacuación y en otras confinamiento. «Como no se puede diferenciar las zonas, podrían haberse dado mensajes contradictorios», ha señalado.

Sanz ha añadido que la capacidad del sistema depende de las antenas, cuyo alcance es tan amplio que podría haber afectado a toda la comarca. Además, «se cayeron muchos postes de comunicación y hubo poblaciones incomunicadas, por lo que esta alerta no habría surtido efecto». La Junta dispone de informes de Telefónica que acreditan la interrupción del servicio. Por su parte, el alcalde de la zona había optado por comunicar las decisiones de Emergencias «vecino por vecino» para evitar equívocos.

Mientras el PP demanda más medios y respeta los protocolos, dos ministros socialistas se enzarzan en una guerra de reproches que solo debilita al Gobierno.

El Eje del Poder Popular

Lo sucedido en Almería trasciende la emergencia. La fractura del Gobierno en plena crisis refuerza la posición del PP a varios niveles. En primer lugar, coloca a la Junta de Andalucía como un ejecutivo que actúa con rigor técnico y sin sucumbir a la presión partidista. La explicación de Sanz, detallada y documentada, contrasta con el ataque apresurado de Puente, que recurrió al insulto («pedazo de sinvergüenza») antes que a los datos.

En Génova interpretan el episodio como una oportunidad para exhibir la solvencia de sus gobiernos autonómicos frente a la descoordinación del Ejecutivo central. «Cada vez que un ministro socialista ataca a una comunidad del PP y otro le corrige, el mensaje que llega al ciudadano es que el Gobierno no tiene un discurso serio», señalan fuentes de la cúpula popular. A eso se suma la intervención de Miguel Tellado, portavoz del GPP en el Congreso, que lejos de caer en el cuerpo a cuerpo, ha reclamado «más medios» para afrontar la ola de incendios. El contraste entre la alternativa del PP y el espectáculo interno del PSOE es difícil de ocultar.

En clave territorial, el incendio de Los Gallardos pone a prueba la capacidad de respuesta de la Junta. Andalucía es la comunidad más extensa y una de las que más sufre la lacra del fuego cada verano. La decisión de no enviar el Es-Alert fue una decisión técnica, no política. El ministro Bolaños lo ha entendido; su compañero Puente, no. El PP andaluz sale de este envite sin heridas y con el aval de quien, paradójicamente, sienta en el Consejo de Ministros.

Cabe recordar que el presidente andaluz, Juanma Moreno, ha priorizado desde su llegada a San Telmo la gestión de emergencias y la modernización de los servicios de protección civil. La comparecencia de Sanz prueba que el gobierno autonómico tiene los argumentos técnicos preparados y no se amedrenta ante las críticas. Con la legislatura avanzada y un ciclo electoral que se recorta, este tipo de episodios abonan el relato de un PP que gobierna y de un PSOE que se pelea.

🏛️ El Apunte de Génova

  • Mensaje fuerza: «El Gobierno de Sánchez está roto; nosotros gestionamos y respetamos a los técnicos». Son las palabras que repite la dirección nacional tras el enésimo choque entre ministros.
  • Protagonista: Antonio Sanz (consejero de Presidencia, Sanidad y Emergencias de la Junta de Andalucía).
  • Próximo hito: Próxima sesión de control en el Congreso, donde el Grupo Popular pedirá explicaciones sobre la coordinación de emergencias y la multiplicación de incendios forestales.

ICAB advierte: Turno de Oficio pierde uno de cada cinco abogados en una década; actuaciones sociales crecen un 10,6%

El Ilustre Colegio de la Abogacía de Barcelona (ICAB) ha presentado este 12 de julio de 2026 los datos del primer semestre del Turno de Oficio, que reflejan un descenso del 2,35 % en el número de abogados adscritos respecto al año anterior y una pérdida del 20,83 % en la última década.

EN 30 SEGUNDOS

  • ¿Qué ha resuelto el ICAB? Ha publicado el balance del Turno de Oficio correspondiente a enero-junio de 2026, con 66.896 actuaciones, un descenso del 2,35 % de abogados en un año y del 20,83 % en diez años.
  • ¿Qué base jurídica aplica? El derecho a la tutela judicial efectiva del artículo 24 de la Constitución y la vigente Ley de Asistencia Jurídica Gratuita, que el Colegio considera obsoleta.
  • ¿Qué impacto tiene? El Colegio reclama una nueva ley y mejoras retributivas para frenar la pérdida de profesionales, especialmente preocupante en el Turno de lo Social y Contencioso-Administrativo.

Contexto del Turno de Oficio en Barcelona

El Turno de Oficio garantiza el acceso a la justicia de quienes carecen de recursos, conforme al mandato del artículo 24 de la Constitución Española. Los abogados que lo integran asumen guardias permanentes, asisten a detenidos, representan a víctimas de violencia de género y defienden a menores, entre otras funciones esenciales.

En la demarcación del ICAB, que abarca Barcelona y otros trece partidos judiciales, actualmente prestan servicio 2.740 abogados, lo que representa solo el 15,52 % del censo colegial. La edad media de estos profesionales es de 54 años, un dato que subraya la urgencia de un relevo generacional.

Datos del primer semestre: caída de efectivos y aumento de la litigiosidad social

Entre enero y junio de 2026 se realizaron 66.896 actuaciones, con una media diaria de 371,6 intervenciones. La jurisdicción penal concentró la mayor carga, con 40.873 actuaciones; le siguieron las asistencias a víctimas de violencia de género (6.388) y las actuaciones civiles (5.618).

El descenso del 2,35 % en el número de abogados adscritos en un año se agrava al compararlo con la última década: la reducción acumulada alcanza el 20,83 %, lo que equivale a la pérdida de uno de cada cinco profesionales. La situación es crítica en el Turno de lo Social, con un 35,71 % menos de efectivos desde 2016, y en el Contencioso-Administrativo, donde la caída es del 73,02 %.

Paralelamente, las actuaciones en la jurisdicción social crecieron un 10,62 %, pasando de 3.125 a 3.457 expedientes. También aumentaron las intervenciones en extranjería (13,69 %), menores (10,13 %) y segunda oportunidad (23,42 %). Este último incremento confirma la consolidación del mecanismo concursal para personas físicas.

El ICAB advierte que la pérdida de uno de cada cinco abogados del Turno de Oficio en una década compromete la sostenibilidad del sistema de asistencia jurídica gratuita.

La decana del ICAB, Cristina Vallejo, subrayó que “el Turno de Oficio es la garantía de que cualquier persona pueda acceder a la justicia en condiciones de igualdad” y vinculó los datos a la necesidad de una reforma estructural.

La lectura doctrinal

La postura institucional del ICAB constituye una advertencia jurídica de primer orden. El Colegio sostiene que el marco normativo vigente —la Ley de Asistencia Jurídica Gratuita de 1996— ha quedado desfasado y no responde a las exigencias actuales del servicio. La reclamación se apoya en una premisa constitucional: sin abogados suficientes, el derecho fundamental a la tutela judicial efectiva del artículo 24 CE se convierte en una declaración vacía.

El nuevo convenio entre el Consell de l’Advocacia Catalana y la Generalitat, que inyecta 22,8 millones de euros adicionales hasta 2029 y aplica una mejora retributiva del 11 % con efectos retroactivos desde enero de 2026, supone un avance. Sin embargo, el ICAB considera imprescindible que la reforma culmine con una nueva ley estatal que garantice la remuneración íntegra de todas las actuaciones, actualice los módulos conforme al IPC y compense las nuevas figuras procesales introducidas por la Ley Orgánica 1/2025, como los métodos adecuados de solución de controversias y la audiencia preliminar penal.

La institución recuerda que el Turno de Oficio goza de una valoración ciudadana de 8,3 sobre 10, lo que refuerza su legitimidad social. No obstante, la doctrina colegial es clara: sin medidas estructurales que frenen la sangría de profesionales, la garantía del acceso a la justicia gratuita corre el riesgo de debilitarse en los próximos años. El ICAB y el Consejo General de la Abogacía Española ya han solicitado al Ministerio de Justicia participar en la elaboración del borrador de la futura ley.

FICHA DEL CASO

  • El caso: Presentación por parte del ICAB del balance del Turno de Oficio correspondiente al primer semestre de 2026, con datos sobre el volumen de actuaciones y la evolución del número de abogados adscritos.
  • Datos importantes: 66.896 actuaciones; descenso del 2,35 % de abogados en un año y del 20,83 % en una década; aumento del 10,62 % de actuaciones en la jurisdicción social; la edad media del colectivo es de 54 años.
  • Fecha de los juicios: 12 de julio de 2026, coincidiendo con el Día de la Justicia Gratuita y del Turno de Oficio.
  • Personas acusadas y por qué: N/A.

Las emisiones de carbono de las big tech Microsoft, Amazon y Google crecen un 20% y ya equivalen a un tercio de las de Francia

Las emisiones de carbono de Microsoft, Amazon y Google crecieron un 19% en el último año fiscal, hasta los 119 millones de toneladas de CO₂ equivalente, según sus propios informes de sostenibilidad. El volumen, impulsado por la construcción de centros de datos para inteligencia artificial, iguala ya un tercio de las emisiones totales de Francia.

El auge de la IA dispara la factura climática de las ‘big tech’

El negocio de la nube y la inteligencia artificial ha provocado un aumento del 19% en las emisiones conjuntas de las tres mayores tecnológicas del mundo. En el ejercicio cerrado en marzo de 2026, Microsoft, Amazon y Google emitieron 119 millones de toneladas de CO₂ equivalente (MtCO₂e), frente a los 101 millones del año anterior. La cifra equivale a un tercio de lo que contamina Francia en un año.

El crecimiento está directamente correlacionado con la inversión en centros de datos. Solo este año, las grandes tecnológicas prevén gastar 765.000 millones de dólares, en su mayor parte en infraestructura para IA, en lugares que van desde Noruega hasta el norte de Inglaterra. La consultora inmobiliaria JLL estima que se construirán 1.200 centros de datos en todo el mundo de aquí a 2030, impulsados por la demanda de modelos de IA.

En su informe de sostenibilidad, Microsoft reconoce un incremento del 25% de sus emisiones, hasta los 20 MtCO₂e, «impulsado principalmente por la expansión de nuestra infraestructura de centros de datos». Google, por su parte, reporta una subida del 18%, con el grueso del aumento en las actividades de su cadena de suministro. Amazon declara un alza total del 16% y un repunte del 20% en las emisiones de su cadena de suministro, que incluyen la construcción de los centros.

Net Zero en el papel, más emisiones en la realidad

Los tres gigantes mantienen sus promesas de alcanzar la neutralidad de carbono —Microsoft y Google en 2030, Amazon en 2040—, pero los datos más recientes muestran una dirección opuesta. El discurso oficial de los propios informes de de sostenibilidad trata de encajar las subidas de emisiones con el compromiso Net Zero: Amazon, por ejemplo, califica el incremento como «progresar» hacia su meta.

«. Es un efecto dominó que amplifica el problema.

La promesa de neutralidad climática choca con una realidad de aumentos de dos dígitos porque el negocio de la nube y la IA exige más centros de datos que nunca.

La dependencia de los créditos de carbono agrava el panorama. Shaolei Ren, profesor de ingeniería eléctrica en la Universidad de California, Riverside, señala que el informe de Microsoft indica una menor disponibilidad de créditos en los mercados globales. «Todo el mundo habla de la falta de bienes físicos, como la electricidad, pero también puede haber una falta de bienes virtuales —los créditos de carbono—», advierte.

Microsoft Amazon Google CO2

📊 Impacto climático en cifras

  • Aumento conjunto: +19% interanual en el ejercicio cerrado en marzo de 2026.
  • Emisiones totales: 119 MtCO₂e sumando las tres compañías.
  • Equivalencia tangible: Un tercio de las emisiones anuales de Francia.
  • Inversión prevista: 765.000 millones de dólares en centros de datos solo este año.

La asfixia del mercado de créditos y una demanda eléctrica desbocada

El crecimiento de los centros de datos lleva aparejado un consumo eléctrico colosal. El Uptime Institute calcula que los grandes proyectos anunciados en 2025 consumirán el 1,3% de la electricidad mundial, casi el doble de la demanda actual del sector. La mayoría de esa nueva potencia se concentrará en Estados Unidos, donde la fiebre de la IA es más intensa.

Esa presión energética choca con el intento de las tecnológicas de compensar sus emisiones mediante la compra de créditos. Si la oferta de créditos verificables se reduce mientras las emisiones crecen, los objetivos de Net Zero se convierten en papel mojado. No se trata de un problema futuro: los informes de este año ya muestran que el mercado de compensación no da abasto.

Antes de este repunte, las emisiones de Microsoft parecían estabilizadas en torno a los 16 MtCO₂e en 2023 y 2024. Ahora, sin embargo, la irrupción de la IA ha revertido esa tendencia de manera brusca, un giro que deja en evidencia la fragilidad de los planes de descarbonización cuando el negocio principal demanda una expansión acelerada.

La paradoja es evidente: las mismas empresas que ofrecen soluciones climáticas basadas en IA son las que más están contribuyendo a engrosar la huella de carbono global. Google asegura que sus sistemas de IA ya han ayudado a reducir 41 millones de toneladas de CO₂ en otros sectores, pero ese argumento pierde fuerza cuando sus propias emisiones suben un 18%.

🌍 El Impacto Real para el Futuro

  • Beneficio medible: El sector tecnológico acumula ya un volumen de emisiones equiparable a un tercio de las de Francia, una carga que seguirá creciendo sin un cambio estructural.
  • Modelo que cambia: La externalización de la huella digital a las grandes nubes oculta el impacto real de miles de empresas, forzando una revisión de los estándares de reporte (Scope 3).
  • Para las próximas generaciones: La promesa de neutralidad climática para 2030 o 2040 se diluye si, mientras tanto, las emisiones aumentan un 19% al año por la avaricia energética de la inteligencia artificial.