El juicio por el presunto asesinato de una mujer en A Coruña: la Fiscalía pide 26 años y medio

La Fiscalía pide 26 años y seis meses de prisión para un hombre acusado de estrangular a su mujer en A Coruña. El Ministerio Público le atribuye un delito de asesinato, otro contra la integridad moral y un delito continuado de injurias y vejaciones, según el escrito de acusación.

El documento reclama además 30 días de localización permanente (una pena que obliga al condenado a permanecer en un lugar determinado bajo control). El juicio todavía no tiene fecha señalada, y el acusado, presunto autor de los hechos según la calificación del Ministerio Público, no ha sido condenado: conserva la presunción de inocencia.

Los delitos que la Fiscalía atribuye al acusado

El relato del escrito sostiene que el hombre vejó y estranguló a su mujer en el domicilio familiar después de grabarla en vídeo mientras ella permanecía en el suelo del dormitorio. La calificación incluye tres delitos,, y aprecia las agravantes de género y parentesco en los dos más graves.

El delito contra la integridad moral castiga los tratos degradantes infligidos de forma reiterada a otra persona. El de injurias y vejaciones, las humillaciones continuadas. El de asesinato es la figura más grave de las tres y concentra la mayor parte de la pena solicitada.

  • Un delito de asesinato, con las agravantes de género y parentesco.
  • Un delito contra la integridad moral, también con ambas agravantes.
  • Un delito continuado de injurias y vejaciones.

La suma de las penas alcanza los 26 años y seis meses de prisión, a los que se añaden los 30 días de localización permanente. La agravante de género es la circunstancia que la ley prevé cuando el delito se comete contra la pareja o expareja por el hecho de ser mujer. La calificación del Ministerio Público es provisional: la definitiva se fija en el acto del juicio oral.

La Fiscalía aprecia agravantes de género y parentesco en los dos delitos más graves y pide 30 días de localización permanente.

Una convivencia deteriorada que nunca se denunció

El escrito describe la convivencia del matrimonio como «muy deteriorada» por el trato vejatorio y denigrante que el hombre dispensaba habitualmente a su esposa. La mujer nunca llegó a denunciarlo, según el mismo documento.

La acusación no menciona denuncia previa alguna ni medidas de protección dictadas a favor de la víctima. Los hechos, según el relato del Ministerio Público, se produjeron de noche en el domicilio familiar. No hay más datos confirmados sobre la fecha.

El Ministerio Público sostiene que el trato vejatorio fue habitual y sostenido en el tiempo, lo que sustenta la continuidad delictiva que recoge la calificación. Esa continuidad es la que permite apreciar el delito de injurias y vejaciones como continuado.

El caso, pendiente de señalamiento para el juicio oral

Antes del escrito de acusación, la causa pasó por la fase de instrucción (la fase del proceso penal en la que el juez investiga los hechos). El escrito, el documento en el que la Fiscalía fija los hechos que imputa y las penas que reclama, es el paso previo al señalamiento del juicio oral (la fase del proceso penal en la que se celebra el juicio con las partes).

El tribunal no está vinculado por la petición del Ministerio Público: la pena final, si hay condena, la fija la sentencia. Si se celebra el juicio y se dicta un fallo, este no será firme mientras queden recursos disponibles. Las resoluciones de este tipo de procedimientos se publican en la base de datos del Consejo General del Poder Judicial.

El juicio oral continúa sin fecha en A Coruña. Para la atención a víctimas de violencia de género, el teléfono 016 funciona las 24 horas, es gratuito y no deja rastro en la factura telefónica.

Madrid ocupa el puesto 11 de 15 capitales europeas en abandonar el gas fósil para calefacción

Madrid ocupa el puesto 11 de 15 capitales europeas en abandonar la calefacción de gas fósil, según el European Urban Heat Transition Ranking que publica Greenpeace, con miles de hogares y edificios públicos todavía atados al gas.

El puesto 11 de 15: qué mide el ranking europeo de calefacción

El informe compara con la misma vara a quince capitales europeas: marcos normativos, inversión, programas sociales y, sobre todo, ejecución real. Ya no basta con planificar la salida del gas. Hay que sustituir calderas, rehabilitar edificios y cambiar la fuente de calor de las ciudades.

Para Madrid, el veredicto es incómodo. La capital obtiene buenas notas en marcos teóricos y en algunos programas sociales, pero la sustitución de calderas fósiles está prácticamente paralizada, según el análisis de Greenpeace. Se queda en el puesto 11 con 58,2 puntos sobre 100, dentro de la categoría de ‘transición desigual’, porque su ayuntamiento sigue apostando por la inversión y la dependencia del gas.

El dato más elocuente de esa parálisis son las 14 ayudas municipales concedidas para calderas de gasóleo en todo el año 2025. Catorce expedientes en doce meses. La letra pequeña manda: el discurso habla de descarbonización y la estadística habla de gas.

Tampoco existe una hoja de ruta para desgasificar los edificios públicos del Ayuntamiento de Madrid. El prometido ‘deber ejemplificador’ del consistorio sigue sin calendario ni partida. Los edificios municipales continúan quemando gas mientras se pide a los vecinos que cambien sus calderas.

Un plan climático que no se traduce en calderas sustituidas no es una política pública: es una intención archivada que deja la factura al ciudadano.

La brecha que lo explica es financiera. El Plan Rehabilita, el programa municipal de ayudas a la reforma y rehabilitación de viviendas, maneja 50 millones de euros anuales. El propio Acuerdo Climático de la ciudad calcula que la transición exige 7.900 millones de euros de inversión directa hasta 2030. Los 50 millones cubren, como mucho, un 5% de esa cifra.

Cincuenta millones al año no descarbonizan una capital: sirven para mantener el plan en el papel mientras el gas sigue encendido.

La letra pequeña del Plan Rehabilita: 50 millones para una factura de 7.900

descarbonización edificios

A ese ritmo de financiación, el parque residencial madrileño tardaría décadas en dejar el gas. Y el calendario europeo no espera: la directiva comunitaria de eficiencia energética de los edificios empuja a eliminar las calderas fósiles antes de 2040 y fija el horizonte de cero emisiones para los edificios nuevos en 2030. Madrid no compite en esa carrera. Está en el puesto 11.

📊 Impacto ecológico en cifras

  • Posición en el ranking: puesto 11 de 15 capitales europeas, con 58,2 puntos sobre 100.
  • Ayudas a la sustitución: 14 subvenciones municipales para calderas de gasóleo en todo 2025.
  • Inversión anual: 50 millones de euros del Plan Rehabilita frente a los 7.900 millones que el Acuerdo Climático estima hasta 2030.
  • Brecha cubierta: en torno al 5% de la inversión estimada. El CO2 evitado no se detalla en la fuente oficial.

El contexto aprieta. Con la escalada de precios del gas marcando el debate energético europeo, la dependencia fósil expone a las arcas municipales y a los bolsillos de los vecinos a facturas prohibitivas durante toda la temporada de calefacción. Greenpeace reclama apoyo político, normativo y financiero de la Unión Europea y de todos los niveles de gobierno para extender las soluciones renovables a escala local, y pide a las oficinas verdes municipales un papel de liderazgo, mediación y financiación frente a la pobreza energética.

Estocolmo, París y Viena marcan el camino que Madrid aún no recorre

El ranking también tiene una parte útil: enseña qué funciona. Estocolmo, París y Viena lideran pese a sus inviernos más fríos, con planificación a largo plazo, inversión potente en redes de calefacción urbana y protecciones sociales sólidas. En París y Viena, la combinación de bombas de calor, aislamiento y energía solar se ha traducido en reducciones sustanciales de las facturas energéticas de los hogares.

Berlín y Ámsterdam apuestan por plantas de ‘power-to-heat’, y calderas eléctricas de distrito: sistemas más resistentes a las crisis de precio y de suministro. En Varsovia, el cierre de las calderas de gas redujo de forma drástica las emisiones de NOx y de partículas en suspensión.

Copenhague y Ámsterdam figuran como ciudades en progresión; Budapest, Praga, Berlín, Varsovia y Bruselas ocupan un grupo intermedio lastrado por planes incompletos; y Atenas, Roma y Bucarest cierran la clasificación, con elevada dependencia fósil y mecanismos de ejecución débiles.

El momento no puede ser más delicado. Los responsables políticos de la Unión Europea debaten el futuro energético del continente con la previsión de una subida de precios para la temporada de calefacción, mientras Bruselas aprieta con el paquete Fit for 55 y con la obligación de justificar cada euro verde bajo la Taxonomía verde europea.

La lección para Madrid es que el obstáculo ya no es la planificación energética, sino su puesta en práctica. Quien defiende que el clima suave de la capital hace innecesaria la reforma tiene un problema con los datos: si Estocolmo y Viena, con inviernos mucho más duros, han sustituido calderas a gran escala, la excusa climática se cae sola. La transición de la calefacción no depende del termómetro, sino del presupuesto y de la voluntad política.

Y el efecto llega hasta el último eslabón. Cuando un ayuntamiento licita la rehabilitación de sus propios edificios, arrastra a constructoras, instaladores e industrias de aislamiento, que industrializan soluciones y abaratan costes para las comunidades de vecinos. La decisión municipal empuja la cadena; el bolsillo del consumidor recoge el resultado, en forma de factura más baja o de una dependencia del gas que se alarga otra década.

🌍 El Impacto Real para el Futuro

  • Beneficio medible: Cada caldera fósil sustituida por una bomba de calor recorta emisiones urbanas y facturas; Madrid concedió solo 14 ayudas en 2025.
  • Modelo que cambia: La calefacción de gas deja de ser la opción por defecto en las ciudades europeas, empujada por la normativa comunitaria y por unos precios fósiles volátiles.
  • Para las próximas generaciones: Un parque de edificios rehabilitado con menos emisiones y menos pobreza energética, con la inversión municipal como palanca.

Osakidetza ambulancias sentencia: el juez obliga a cubrir deudas salariales de Grup La Pau

Un juzgado de Vitoria-Gasteiz obliga a Osakidetza y a Ambulancias Gipuzkoa a cubrir de forma solidaria las deudas salariales de Grup La Pau. La sentencia reconoce a un trabajador de Álava 2.595,25 euros y extiende la responsabilidad del impago a la Administración vasca y a la actual concesionaria del servicio.

Qué dice la sentencia sobre las deudas de Grup La Pau

El fallo del magistrado Ignacio Sánchez Morán confirma el derecho del demandante a ingresar esa cantidad y añade que, junto a la empresa catalana, son igualmente corresponsables la actual gestora del servicio en Álava, Ambulancias Gipuzkoa, y la propia Administración. El juez sostiene que ‘el empresario principal responde solidariamente’ de las obligaciones de una contratista y remarca que la nueva adjudicataria se subrogó a la plantilla anterior, con todas las consecuencias. Al tratarse de una resolución de instancia, el pronunciamiento es susceptible de recurso ante la Sala de lo Social del Tribunal Superior de Justicia del País Vasco.

La compañía catalana, inmersa en un concurso de acreedores, no se personó en el procedimiento. Osakidetza y Ambulancias Gipuzkoa sí comparecieron y se opusieron a la demanda del empleado. El Ejecutivo autónomo está personado en esa insolvencia y reclama a la antigua adjudicataria 13,6 millones de euros.

Las cifras que maneja ESK y el calendario del nuevo contrato

El sindicato ESK eleva a un millón de euros la cantidad que podría tener que afrontar el Gobierno Vasco si el criterio del fallo se aplicara al conjunto de la plantilla afectada. En su comunicado, la central considera ‘claramente más favorable’ una publicación o una gestión directa del servicio que seguir, a su juicio, ‘despilfarrando’ recursos en cubrir los agujeros de la externalización.

Osakidetza tiene externalizadas las ambulancias programadas y urgentes en los tres territorios históricos. Su intención es contar con las nuevas contratistas de Álava, Bizkaia y Gipuzkoa en enero de 2027, aunque el concurso se encuentra paralizado de forma cautelar por la cascada de recursos presentados ante el Órgano Administrativo de Recursos Contractuales, lo que podría alterar ese calendario.

El fallo extiende la responsabilidad del impago a la Administración y a la adjudicataria actual, un criterio que el sindicato ESK proyecta sobre el conjunto de la plantilla afectada.

ESK sostiene que este tipo de resoluciones vuelven a forzar a la Administración a asumir las deudas de una empresa privada y defiende la gestión directa del servicio. El pronunciamiento afecta por ahora a un único trabajador, de modo que su aplicación general dependerá de nuevas reclamaciones. El recurso a contratas para el transporte sanitario no es exclusivo de Euskadi: se trata de un modelo extendido en el conjunto del Sistema Nacional de Salud, lo que sitúa el debate sobre la externalización más allá del caso vasco.

El precedente: dos años desde la salida de Grup La Pau

Hasta noviembre de 2024, Grup La Pau prestaba el servicio en Álava y Bizkaia, mientras que en Gipuzkoa operaba Ambulancias Gipuzkoa. La compañía catalana acumuló sanciones, irregularidades y deudas hasta que se rescindió anticipadamente su contrato. Uno de los detonantes de la marcha fue el impago del 75% de la paga extraordinaria del verano de 2024, aunque también se registraron atrasos, e impagos de nóminas ordinarias.

La salida de la firma catalana obligó a reorganizar la prestación: Ambulancias Gipuzkoa asumió también el servicio en Álava y en Bizkaia entró una nueva marca, Bizkanb, una UTE de la rama sanitaria de Alsa (Sanir) y las locales Baztan-Bidasoa. El próximo mes de noviembre se cumplirán dos años desde aquella rescisión.

La sentencia de las ambulancias de Osakidetza llega en plena tramitación del concurso para regularizar el servicio, bloqueado por las cautelares. Con el fallo ya dictado, la adjudicación definitiva del transporte sanitario en Álava, Bizkaia y Gipuzkoa queda condicionada a lo que resuelva el órgano administrativo de recursos contractuales. La previsión del Servicio Vasco de Salud sigue siendo tener a las nuevas contratistas operativas en enero de 2027.

EH Bildu califica de «caótico» la reforma fiscal de Gipuzkoa y acusa a la Diputación de unilateralidad

EH Bildu califica de ‘caótico’ la reforma fiscal de Gipuzkoa y reprocha a la Diputación de Gipuzkoa su actuación unilateral. El grupo soberanista ha expuesto sus críticas en la comisión de Hacienda de las Juntas Generales y ha reclamado explicaciones a la diputada foral Itziar Agirre Berriotxoa.

El juntero de EH Bildu Haritz Pérez ha sostenido que la tramitación está provocando ‘caos e inestabilidad’. Las explicaciones que reclama su grupo abarcan, según ha detallado, tanto la falta de armonización entre los tres territorios históricos como la falta de transparencia con la que, a su juicio, se está conduciendo el procedimiento.

Qué reprocha EH Bildu al proceso de reforma fiscal

Uno de los episodios señalados por la formación es la presentación de la propuesta de la Diputación Foral de Bizkaia en un acto organizado por el grupo Vocento en Madrid. Ese acto se celebró el mismo día en que se reunió el Órgano de Coordinación Tributaria de Euskadi, el foro que canaliza la coordinación entre las tres haciendas forales.

Haritz Pérez ha cuestionado que un territorio exponga su ‘revolución fiscal’ al margen de los demás. ‘Como abertzale no puedo entender cómo un territorio vasco puede hacer un acto así por su cuenta y además incitar a la competencia con el resto de los territorios vascos’, ha señalado, antes de recordar que las tres diputaciones forales cuentan con leyes y órganos específicos para evitar este tipo de situaciones.

Las diferencias entre los textos de Bizkaia y de Gipuzkoa

Los textos no coinciden. La norma foral que la Diputación de Bizkaia expuso al público en junio y la que Gipuzkoa presentó en agosto responden a planteamientos distintos, lo que para EH Bildu demuestra que las instituciones forales han actuado de forma unilateral o que las reuniones previas han sido insuficientes. El grupo sostiene que ese desajuste añade, incertidumbre social y empresarial.

A esa crítica se suma la incógnita sobre el acuerdo entre PNV y PSE-EE anunciado el 1 de septiembre. Cinco semanas después, EH Bildu afirma que su contenido sigue sin concretarse y que no se conocen las medidas que se incorporarán como enmienda ni sus efectos económicos. ‘Nadie sabe en qué se va a caracterizar eso ni qué consecuencias económicas van a tener esas propuestas’, ha resumido Pérez.

Los textos tributarios de Bizkaia y de Gipuzkoa no coinciden, y el acuerdo entre PNV y PSE-EE anunciado el 1 de septiembre sigue sin concretarse cinco semanas después.

El procedimiento es el otro frente abierto. La Diputación Foral de Gipuzkoa reclama tramitar la norma por la vía de urgencia, lo que dejaría a los grupos junteros un plazo de siete días para presentar sus propuestas. EH Bildu ha calificado ese calendario de ‘ataque a la seguridad jurídica y a la gobernanza colaborativa’ y advierte de que dificulta el debate de fondo sobre una materia que afecta a todos los contribuyentes del territorio.

El encaje foral y la referencia al modelo navarro

La fiscalidad vasca se articula sobre el concierto económico, que atribuye a cada diputación foral la capacidad normativa sobre los tributos concertados. La armonización entre los tres territorios se canaliza a través del Órgano de Coordinación Tributaria de Euskadi y de la normativa de armonización vigente, concebida para evitar diferencias que distorsionen la competencia interna. Navarra opera con un esquema equivalente mediante su Convenio Económico.

Las normas forales de medidas tributarias que tramitan las diputaciones fijan cada ejercicio los tipos y las deducciones de los tributos concertados, entre ellos el Impuesto sobre Sociedades, cuya gestión corresponde íntegramente a las haciendas forales. De ahí el impacto del calendario y del contenido final de cada texto sobre las empresas del territorio.

EH Bildu ha invitado a las diputaciones forales a mirar el modelo navarro, donde, a su juicio, se han alcanzado políticas más progresivas mediante consensos amplios. La formación ha reiterado su compromiso con la reparación de las injusticias del sistema fiscal, con el objetivo de que las empresas y los particulares con más beneficios aporten más.

La tramitación continuará en la comisión de Hacienda de las Juntas Generales de Gipuzkoa, donde los grupos junteros deberán fijar posición sobre el contenido definitivo del texto. Si se confirma la vía de urgencia, el plazo para presentar propuestas quedará limitado a una semana, un escenario que EH Bildu rechaza y que la Diputación mantiene como solicitud formal.

Pérez Llorca reclama en el 9 d’Octubre financiación autonómica justa, agua e inversiones ante el Gobierno

«No pedimos privilegios. Pedimos igualdad». Juanfran Pérez Llorca ha situado la financiación autonómica en el centro de su discurso del 9 d’Octubre.

EN 30 SEGUNDOS

  • ¿Qué ha pasado? El president de la Generalitat ha reclamado en su discurso institucional del 9 d’Octubre financiación autonómica justa, agua e infraestructuras ante el Gobierno central.
  • ¿Quién está detrás? El Consell de Pérez Llorca (PP-Vox), ante la sociedad civil valenciana y con ministros del Ejecutivo de Pedro Sánchez entre los asistentes.
  • ¿Qué impacto tiene? Refuerza la reclamación valenciana en pleno debate sobre el modelo de financiación y marca el arranque del curso político.

La factura de la infrafinanciación: lo que la Generalitat reclama y lo que recibe

El president de la Generalitat (el jefe del ejecutivo autonómico) ha elegido el día grande de la Comunitat Valenciana para lanzar un mensaje con pocas lecturas posibles. Ante la sociedad civil convocada en el Palau de la Generalitat, y con ministros del Ejecutivo central entre los asistentes, entre ellos Diana Morant, Pérez Llorca ha reclamado financiación justa para los servicios sociales, agua para el campo e infraestructuras para las empresas.

«Los valencianos pagamos como el que más, pero recibimos menos que otros. Y esto no es una opinión. Es una injusticia. Y las injusticias no se gestionan, ni se pactan: se corrigen», ha dicho el jefe del Consell (el gobierno de la Generalitat Valenciana).

La reclamación no nace hoy. La infrafinanciación arrastra años de informes y de acuerdos incumplidos, con un modelo pendiente de revisión. Lo distinto ha sido el tono: mano tendida al diálogo con «argumentos, lealtad y serenidad» y una palabra añadida que cambia el marco, la firmeza.

El agua ha ocupado uno de los pasajes centrales. «El agua no es de derechas o de izquierdas. Es de quien la necesita. Y nosotros la necesitamos ya», ha dicho, con el campo valenciano y los regantes como destinatarios directos. A eso se suman las infraestructuras que reclaman las empresas y los recursos para los municipios.

«No queremos ser más que nadie, pero no aceptamos ser menos que nadie», ha resumido, antes de pedir que la voz valenciana se oiga sin victimismo y sin enfrentamiento.

El Consell no ha pedido un favor: ha exigido una corrección. La financiación autonómica no se gestiona ni se pacta, se corrige.

El president ha defendido además acuerdos que trasciendan los cambios de gobierno. Vivienda, educación, ciencia, infraestructuras, cohesión territorial y sostenibilidad de los servicios públicos no pueden, ha dicho, «empezar de cero cada cuatro años». Y ha situado el foco donde vive la gente: «Esperan soluciones, no ruido».

Diálogo, firmeza y una reclamación que interpela directamente a Moncloa

La intervención ha tenido también una pata identitaria, en un año señalado: se cumplen 750 años de la muerte de Jaime I, fundador del Reino de València. Pérez Llorca ha reivindicado una tierra abierta que integra a quienes llegan y que habla valenciano o castellano en libertad. «La señera no tiene peajes. La lengua no pide más complicidad que el afecto. Y nuestras tradiciones no tienen propietarios: son de todos», ha proclamado, antes de definirse: «Valencianos sin complejos —y no la sucursal de nadie—, españoles sin dudas y europeos sin reservas».

Entre las prioridades enumeradas ha aparecido la reconstrucción tras la DANA (la depresión aislada en niveles altos que provocó las inundaciones de octubre y noviembre de 2024). De aquella catástrofe se cumplirán dos años a finales de este mes, y el president ha prometido que las víctimas y sus familias seguirán en la memoria colectiva. La dimensión estatal es difícil de esquivar: buena parte de los fondos se canalizan desde el Consorcio de Compensación de Seguros y los ministerios, y su ritmo de ejecución condiciona la relación entre el Consell y el Gobierno de Pedro Sánchez.

Pérez Llorca

El Escenario Valenciano

El discurso dibuja el mapa político de los próximos meses. El pacto entre PP y Vox sostiene al Consell de Pérez Llorca, investido en diciembre de 2025 tras la dimisión de Carlos Mazón, hoy expresident y diputado en las Corts. Enfrente, PSPV y Compromís comparten la exigencia de un nuevo modelo de financiación, aunque discrepan en el método, y en el marco territorial. Las Corts Valencianes, el parlamento autonómico de 99 escaños, serán el lugar donde esa reclamación se traduzca —o no— en iniciativa legislativa.

La lectura nacional no es menor. La revisión del sistema de financiación autonómica sigue pendiente y afecta a todas las comunidades, de modo que el pulso entre el Consell y Moncloa se juega también en el Congreso y en la Conferencia de Presidentes. El precedente que más citan los informes autonómicos es el de las comunidades infrafinanciadas del arco mediterráneo, que llevan años reclamando una corrección sin obtenerla. Eso sí, el calendario añade presión: el segundo aniversario de la DANA volverá a poner la reconstrucción y la coordinación de emergencias en el primer plano.

Queda por ver si la firmeza verbal se convierte en resultados. Diez meses de legislatura y contando.

Ficha del Caso

  • El caso: El president de la Generalitat ha utilizado su discurso institucional del 9 d’Octubre para reclamar al Gobierno financiación autonómica justa, agua e infraestructuras.
  • Datos importantes: Reclamación de recursos para servicios sociales, agua para el campo, inversiones empresariales y financiación municipal; el acto coincide con el 750 aniversario de la muerte de Jaime I.
  • Resumen: La Generalitat convierte la infrafinanciación en eje de su agenda y traslada la presión al Ejecutivo de Sánchez a tres semanas del segundo aniversario de la DANA.

Benidorm roza el 90% de ocupación hotelera y València alcanza el 84,7% en el puente de octubre

Benidorm roza el 90% de ocupación hotelera y València llega al 84,7% en el puente de octubre, según los datos difundidos por la radiotelevisión pública valenciana.

EN 30 SEGUNDOS

  • ¿Qué ha pasado? Benidorm roza el 90% de ocupación hotelera y la ciudad de València alcanza el 84,7% durante el puente de octubre, con playas llenas en la Costa Blanca y el centro histórico a rebosar.
  • ¿Quién está detrás? Hoteleros de la Marina Baixa, la patronal turística valenciana y miles de visitantes nacionales llegados de Madrid, León, Granada o Santa Cruz de Tenerife en pleno puente del 12 de octubre.
  • ¿Qué impacto tiene? Consolida los puentes de otoño como pieza clave del calendario turístico valenciano y refuerza la dependencia del sector del turismo de proximidad y del buen tiempo.

Un puente de octubre con cifras de verano en la Costa Blanca

El puente del 12 de octubre ha vuelto a colocar a la Comunitat Valenciana entre los destinos preferidos para pasar unos días de descanso. Benidorm encabeza las cifras de ocupación hotelera, rozando el 90%, mientras que la ciudad de València se queda en el 84,7%. Son los dos números que resumen un fin de semana largo en el que playas y centros históricos han funcionado como en pleno verano.

El municipio de la Marina Baixa mantiene su atractivo habitual entre el turismo nacional. Entre los visitantes hay personas llegadas de Madrid y de León que destacan la proximidad, el ambiente y los precios como motivos para elegir el destino. El sol y el calor también han favorecido la afluencia de bañistas, que han llenado los arenales con una estampa más propia del verano.

La demanda es especialmente alta en algunos establecimientos. Jaume, recepcionista del hotel Rosabel de Benidorm, lo explica sin rodeos: «Este puente estamos al 100% de ocupación. Estamos al máximo; incluso hay gente que quiere hacer reservas y no podemos atenderlos». El lleno no es homogéneo, pero la tendencia es clara en toda la costa.

València: free tours, colas en la catedral y grupos que repiten el viaje

turismo Comunitat Valenciana

La capital valenciana también vive días de gran afluencia turística. El centro histórico concentra visitantes, con free tours que llenan las calles, colas para acceder a la catedral, y turistas que aprovechan cada rincón para hacerse fotografías. El turismo nacional tiene un peso destacado: algunos visitantes llegan de Granada y de Santa Cruz de Tenerife, mientras que un grupo de 17 mujeres procedentes de Vilafranca celebra en la ciudad veinte años de viajes compartidos.

También hay turismo internacional, con visitantes que destacan la belleza de la ciudad. Para la patronal turística, estas cifras refuerzan la importancia de los puentes de otoño, que se han convertido en una pieza clave del calendario turístico valenciano. El buen tiempo y la demanda de turismo de proximidad explican, en buena parte, la afluencia de estos días, tanto en la costa como en los principales núcleos urbanos.

En la Comunitat Valenciana, un puente de tres días de octubre ya se comporta como un fin de semana de agosto.

El Escenario Valenciano

El turismo es uno de los motores económicos de la Comunitat Valenciana y, también, uno de los terrenos donde menos fricción genera el pacto entre PP y Vox. Las cifras del puente llegan mientras el Consell de Juanfran Pérez Llorca trabaja por consolidar la marca Comunitat Valenciana en los mercados emisores nacionales. En paralelo, en las Corts Valencianes sigue abierto el debate sobre la presión turística en los municipios costeros y su efecto sobre el acceso a la vivienda, un asunto que PSPV y Compromís mantienen en su agenda de fiscalización al Consell.

El puente tiene además una dimensión que desborda la Comunitat Valenciana. El 12 de octubre es fiesta nacional y ese lunes festivo empuja las mismas reservas de última hora en toda la España costera, del Mediterráneo al Cantábrico, de modo que los datos valencianos se leerán en clave estatal. La Encuesta de Ocupación Hotelera del Instituto Nacional de Estadística permite comparar el comportamiento de Benidorm o València con el de otros destinos urbanos y de sol y playa. El patrón que describe la patronal valenciana —proximidad, precios y buen tiempo— es el que explica también el tirón de otros puntos del litoral en cada puente de otoño.

El sector mira ya al siguiente test: el puente de Todos los Santos, con el 1 de noviembre en domingo, y después el de diciembre, que este año encadena el 6 y el 8. Nadie se atreve todavía con cifras, pero la comparación con el puente que ahora termina marcará el cierre del otoño turístico valenciano. Para Benidorm y València, el reto no es llenar habitaciones en un fin de semana largo: es sostener la ocupación en los meses en que la costa se vacía.

Ficha del Caso

  • El caso: El puente de octubre de 2026 deja cifras de ocupación hotelera propias del verano en la Comunitat Valenciana, con Benidorm y València como principales polos de atracción.
  • Datos importantes: Benidorm ronda el 90% de ocupación y la ciudad de València alcanza el 84,7%, según los datos difundidos por la radiotelevisión pública valenciana; el hotel Rosabel ha colgado el cartel de completo durante todo el puente.
  • Resumen: El buen tiempo y el turismo de proximidad consolidan los puentes de otoño como una pieza clave del calendario turístico valenciano y del sector en toda la fachada mediterránea.

La Xunta autoriza a Vigo 30 años para recuperar 21.000 m² de costa en la playa de O Vao

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EN 30 SEGUNDOS

  • ¿Qué ha pasado? La Xunta de Galicia ha autorizado al Concello de Vigo la ocupación de 20.978,11 metros cuadrados de dominio público marítimo-terrestre para recuperar la playa de O Vao.
  • ¿Quién está detrás? La Consellería de Medio Ambiente e Cambio Climático, el Concello de Vigo y un proyecto de mejora del frente marítimo junto al puente de Toralla.
  • ¿Qué impacto tiene? Nuevas pasarelas, menos aparcamientos sobre la costa y 30 años de concesión para renaturalizar un litoral muy transformado.

La Xunta autoriza a Vigo recuperar 21.000 metros cuadrados de costa en la playa de O Vao durante los próximos 30 años.

20.978 metros cuadrados y tres décadas para devolver la costa al vecindario

La Consellería de Medio Ambiente e Cambio Climático (el departamento autonómico que gestiona el litoral gallego) ha resuelto la petición del Concello de Vigo para ocupar 20.978,11 metros cuadrados de dominio público marítimo-terrestre. La autorización se extiende durante 30 años y su anuncio se publicará próximamente en el DOG, el Diario Oficial de Galicia donde la Xunta hace oficiales sus decisiones.

El objetivo es recuperar y poner en valor un tramo muy transformado durante las últimas décadas, situado en el extremo sur del puente de Toralla. Allí conviven infraestructuras obsoletas o directamente poco funcionales. El proyecto contempla la sustitución de las pasarelas de madera deterioradas que hoy hacen las veces de paseo marítimo, además del retranqueo de tramos rígidos para respetar la línea de ribera.

La intervención también reorganizará los accesos a la playa y retirará los aparcamientos situados sobre el dominio público marítimo-terrestre. Menos asfalto, más arena. Las obras darán continuidad a las fases anteriores de renaturalización, con nuevas superficies recuperadas y la restitución de la servidumbre de tránsito en el Baluarte. Todo apunta a un entorno costero más naturalizado y mejor adaptado al uso público.

O Vao, en la parroquia de Coruxo, es una de esas playas que crecieron de espaldas al mar. Durante años, el aparcamiento y el paseo ganaron terreno a la duna, y la primera línea se llenó de usos que hoy se consideran impropios. La recuperación devuelve a la costa lo que el urbanismo le había quitado. El reto, ahora, es que la obra no se eternice.

Recuperar 21.000 metros cuadrados de litoral en Vigo no es solo una obra: es devolver a la costa un terreno que el asfalto le había quitado.

Pasarelas nuevas y menos aparcamientos: el pulso por el frente marítimo

La resolución llega después de que el Concello formalizara su solicitud y de que la Xunta comprobara que el uso encaja con la protección del dominio público. El anuncio en el DOG convertirá el acuerdo en firme y abrirá el calendario de ejecución por fases.

El movimiento se inscribe en una tendencia más amplia en el litoral gallego: retirar usos urbanos de la primera línea y devolver espacios a la dinámica natural. Vigo acumula ya varias fases de renaturalización en su frente costero, y esta autorización amplía el perímetro de actuación hacia Toralla. No es un caso aislado. Otras ciudades del arco atlántico siguen un camino parecido.

La operación no está exenta de incógnitas. Retirar aparcamientos en una zona tensionada por el turismo obliga a habilitar alternativas y a coordinar el tráfico con el vecindario de Coruxo. Además, el calendario dependerá del presupuesto municipal, que deberá encajar estas obras con el resto de inversiones en el frente litoral.

Xunta de Galicia

El Laboratorio Gallego

En clave política, la decisión la firma la Xunta que gobierna el PPdeG y la solicita el Concello de Vigo, en manos del PSdeG. No es un detalle menor: en Galicia, buena parte de los proyectos de litoral avanza cuando institución autonómica y ayuntamiento cruzan intereses distintos. Cuando eso ocurre el resultado suele medirse en metros recuperados y en años de concesión, no en titulares.

La lectura nacional apunta a un modelo de gestión costera que el PP ha convertido en bandera en varias comunidades: menos ocupación en primera línea, más renaturalización y plazos largos para dar seguridad jurídica a las inversiones. El BNG, por su parte, lleva años reclamando que la protección del litoral no dependa del color político del ayuntamiento. Ese equilibrio entre protección y uso público es el mismo debate que la Xunta mantiene abierto en otros puntos del litoral gallego, desde las Rías Baixas hasta la Costa da Morte. La autorización de 30 años concede margen a Vigo para planificar, pero también ata el proyecto a un calendario que superará varios mandatos municipales.

Queda por ver cómo encajan las siguientes fases con el resto del frente marítimo y con la presión del entorno de Toralla. La publicación en el DOG marcará el arranque formal, y con ella llegará el primer examen: cuántos aparcamientos desaparecen, cuántas pasarelas se sustituyen y con qué ritmo se devuelve la duna a la playa de O Vao.

Ficha del Caso

  • El caso: La Xunta autoriza al Concello de Vigo la ocupación de dominio público marítimo-terrestre para recuperar la playa de O Vao y su entorno, junto al puente de Toralla.
  • Datos importantes: 20.978,11 metros cuadrados de dominio público; autorización por 30 años; anuncio en el DOG; sustitución de pasarelas de madera, retranqueo de tramos rígidos y retirada de aparcamientos.
  • Resumen: El proyecto amplía las fases previas de renaturalización del litoral vigués y abre un calendario de ejecución por etapas que superará varios mandatos municipales.

Vigo y A Coruña concentran la renta por barrios en Galicia: siete de los diez barrios más ricos

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Siete de los diez barrios con más renta de Galicia están en Vigo y A Coruña, con Ciudad Vieja a la cabeza.

Cuatro barrios de A Coruña, tres de Vigo, dos de Santiago y uno de Ourense

La estadística del IRPF de 2024 que publica la Agencia Tributaria ordena la comunidad en torno a dos ciudades. A Coruña coloca cuatro barrios entre los diez de mayor renta bruta media por persona; Vigo, tres; Santiago de Compostela, dos, y Ourense, uno. La clasificación se desagrega por distritos de Correos, la división territorial que usa Hacienda para medir la renta declarada en cada zona. La foto es precisa y, a la vez, engañosa.

El primer puesto gallego tiene truco. La Ciudad Vieja coruñesa registra 117.970 euros de renta bruta media por persona, la octava más alta de España en una lista dominada por Madrid y Barcelona, y subió 63.000 euros en un solo año. El motivo es la domiciliación de una gran fortuna en el barrio. Un movimiento contable que reordena el mapa autonómico de un plumazo.

Por detrás asoman dos barrios coruñeses más. Juan Flórez alcanza los 70.332 euros por declarante y el Ensanche de A Coruña llega a 58.808 tras ganar 10.000 en un ejercicio. Después aparece el primer barrio vigués: Canido, con 51.503 euros, cuarto de Galicia y primero de Vigo tras adelantar al centro. Allí está la calle más cara de la comunidad, Arquitecto Cominges, en la Carretera Cortada, con chalés que rondan el millón de euros.

Canido ganó casi 10.000 euros de renta media en un año, uno de los mayores estirones de Galicia. Le siguen Falperra, en A Coruña, con 50.732 euros, y Coruxo-costa, el segundo barrio vigués, con 48.807 y solo 1.412 declarantes. La parroquia esconde un caso raro: Coruxo-alto declara 20.000 euros menos de media que su vecino de costa.

El séptimo puesto es para Areal-Rosalía-Centro, en Vigo, con 47.348 euros y más de 10.500 personas. Fue el barrio más rico de la ciudad; ahora es el tercero. Cierran el top diez el Ensanche de Santiago, con 47.285; Fontiñas, también en Compostela, con 46.631, y San Lázaro-Alameda, en Ourense, con 45.223. Fuera del top diez quedan Vista Alegre (Santiago) y O Castro (Vigo), con casi 40.500 euros.

Una sola fortuna domiciliada en la Ciudad Vieja bastó para subir 63.000 euros la renta media del barrio en un año.

La cara B: tres de los cinco distritos más pobres de Galicia están en Vigo

desigualdad urbana

El otro extremo del ranking deja a Vigo mal retratada. De los cinco distritos con menor renta de Galicia, tres son vigueses: los dos en que se divide Teis, con 26.838 y 26.860 euros, y, el entorno del Parque Tecnolóxico en Valadares, con 27.363. Por debajo solo aparecen A Milagrosa, en Lugo, con 26.622, y Os Coíñas, en Ourense, con 26.777. El distrito más pobre de Galicia está en Lugo, aunque todos ellos ganaron más de mil euros en el último ejercicio.

En el conjunto de la ciudad, la renta bruta media de Vigo pasó de 30.888 euros en 2023 a 32.863 euros en 2024, 2.000 más por declarante. Ese promedio convive con una diferencia interna de casi 25.000 euros: Canido declara 51.503 y Teis, 26.838.

La comparación nacional ayuda a calibrar la brecha. La Moraleja, en Alcobendas, repite como el barrio más rico de España con 235.556 euros de media, casi ocho veces lo que declara un vecino promedio de Vigo. Le siguen Ciudalcampo, Fuente del Fresno y tres barrios de Barcelona. La Ciudad Vieja coruñesa se cuela en octavo lugar, por delante de Aravaca, Salamanca-Goya y Somosaguas-Humera. En el otro extremo, Torreblanca, en Sevilla, cierra la tabla con 11.560 euros.

El Laboratorio Gallego

La estadística fiscal llega a la política gallega con dos lecturas. La primera es de gestión: la Xunta de Galicia, el gobierno autonómico con sede en Santiago de Compostela, puede leer estos datos como termómetro de su economía. La segunda es de estructura: siete de los diez barrios más ricos caben en dos ciudades, y los cinco distritos con menos renta se reparten entre Lugo, Ourense y Vigo. En el Parlamento de Galicia, la cámara unicameral de 75 deputados, esta estadística suele acabar en el debate presupuestario.

El BNG, el Bloque Nacionalista Galego que actúa como primera fuerza de la oposición, y el PSdeG, la federación gallega del PSOE, tienen en las cifras de renta un argumento recurrente para reclamar políticas de redistribución.

El PPdeG, la formación que gobierna la Xunta con mayorías absolutas desde 2009, las presenta como aval de la economía gallega. La dimensión nacional incomoda más: la Ciudad Vieja entra en el club español de barrios por encima de los 100.000 euros, pero es la excepción, y el resto de Galicia vive lejos de las rentas de Madrid y Barcelona. La volatilidad del indicador añade un aviso: las medias por barrio miden declaraciones, no niveles de vida. La próxima publicación de la Agencia Tributaria, con los datos de 2025, dirá si el empuje de Vigo y A Coruña se sostiene. El calendario político añade otra cita: las elecciones municipales de 2027, con Vigo y A Coruña como grandes tableros del noroeste.

Ficha del Caso

  • El caso: La estadística del IRPF de 2024 ordena los barrios gallegos por renta bruta media y reparte el top diez entre A Coruña, Vigo, Santiago y Ourense.
  • Datos importantes: Ciudad Vieja (A Coruña) lidera con 117.970 euros, octava de España. Canido (Vigo), con 51.503. Los distritos más pobres, en Lugo, Ourense y Vigo, se quedan entre 26.622 y 27.363 euros.
  • Resumen: Galicia concentra su riqueza declarada en dos ciudades y muestra una brecha interna creciente, lejos aún de Madrid y Barcelona salvo excepciones contables.

El Parque Nacional de Ordesa cierra la pradera en el puente del Pilar al superar el aforo de 1.800 personas

EN 30 SEGUNDOS

  • ¿Qué ha pasado? El Parque Nacional de Ordesa y Monte Perdido ha cerrado este sábado a las 9:00 el acceso rodado a la pradera al superarse la capacidad de acogida de 1.800 personas.
  • ¿Quién está detrás? La dirección del parque, dependiente del Organismo Autónomo Parques Nacionales, ante la afluencia del puente del Pilar y las buenas previsiones meteorológicas.
  • ¿Qué impacto tiene? Los vehículos privados no pueden subir desde Torla. El autobús lanzadera sigue operativo hasta el 18 de octubre.

El Parque Nacional de Ordesa y Monte Perdido cierra el acceso a la pradera tras superar el aforo de 1.800 personas.

El aforo de 1.800 plazas se agotó a las nueve en punto

La barrera bajó a las 9:00. El sector de la pradera había alcanzado su capacidad de acogida y la carretera que sube desde Torla-Ordesa quedó cerrada al tráfico privado. Quien llegaba tarde se topaba con una señal que le devolvía al pueblo.

El sol en el Pirineo y el puente del Pilar —que este año cae en lunes, el 12 de octubre— dibujaron el escenario perfecto para la avalancha. La afluencia se notó desde primera hora. A las nueve, el contador ya había rebasado el techo de 1.800 personas fijado para este sector del parque.

Quien no haya madrugado no se queda sin Ordesa. El parque mantiene el autobús lanzadera que enlaza Torla con la pradera, un servicio que seguirá operativo hasta el 18 de octubre. Es la vía recomendada, y a partir de ciertas horas la única, para llegar al valle sin sumar un coche más.

Ordesa no es un parque cualquiera. Declarado en 1918, es el más antiguo de España, y desde 1997 el macizo de Monte Perdido figura en la lista de Patrimonio Mundial de la Unesco. Esa doble condición explica el equilibrio de cada cierre de aforo: un espacio protegido bajo una de las figuras legales más estrictas del país que, a la vez, sostiene la economía de buena parte del Sobrarbe.

En Ordesa, 1.800 plazas no son una cifra de tráfico: son el límite que separa un valle vivo de un aparcamiento de montaña.

Conviene no pasar por alto un detalle: la competencia sobre el parque no es autonómica. El Organismo Autónomo Parques Nacionales, adscrito al Ministerio para la Transición Ecológica, fija los aforos y decide cuándo se cierra una pradera. Aragón se sienta en el patronato y gobierna, en cambio, lo que rodea al valle: la promoción turística, las carreteras autonómicas, y las campañas de desestacionalización.

Qué cambia para quien quiera subir a la pradera este fin de semana

Parque Nacional Ordesa y Monte Perdido

El puente se extiende hasta el lunes 12. Nadie debería contar con aparcar junto a la pradera: la alternativa es el autobús lanzadera desde Torla. Merece la pena consultar el estado del aforo antes de salir de casa.

Hay también una lectura incómoda en este cierre. La hostelería y el comercio del Sobrarbe viven de estos picos de afluencia, pero son esos mismos picos los que obligan a limitar el acceso. Nadie los mira desde Madrid.

La presión no es exclusiva de Ordesa. Los Picos de Europa, repartidos entre Asturias, Cantabria y Castilla y León, y el Teide, en Canarias, llevan años manejando cupos y lanzaderas para ordenar la visita a sus enclaves más demandados. En el Pirineo aragonés, sin embargo, el cierre no depende de un acuerdo entre comunidades: lo decide una sola administración, la estatal, sobre un territorio que vive del visitante.

El Pulso Territorial

Ordesa es un asunto de Estado en miniatura. El parque lo gestiona el Organismo Autónomo Parques Nacionales, con el Gobierno de Aragón y los municipios del entorno sentados en el patronato, el órgano donde se acuerdan los usos del espacio protegido. En las Cortes de Aragón (el parlamento unicameral de la comunidad, con 67 escaños), el Ejecutivo de Jorge Azcón afronta el último tramo de la legislatura, con las elecciones autonómicas previstas para la primavera de 2027. El turismo de naturaleza, que sostiene buena parte del empleo de Huesca, se ha colado en ese calendario.

La comparación con otras comunidades ayuda a medir el fenómeno. Los Picos de Europa, entre Asturias, Cantabria y Castilla y León, y el Teide, en Canarias, llevan años aplicando restricciones en sus accesos más saturados, con resultados desiguales y quejas recurrentes del sector turístico local. Lo que viene ahora en Ordesa es un calendario corto. La lanzadera funciona hasta el 18 de octubre; después llega la temporada baja y, con ella, el momento de revisar si el aforo de 1.800 personas sigue siendo el número adecuado o se ha quedado corto ante la demanda.

Ficha Autonómica

  • El caso: El Parque Nacional de Ordesa y Monte Perdido, en la provincia de Huesca, cerró a las 9:00 de este sábado el acceso a la pradera al superarse su capacidad de acogida durante el puente del Pilar.
  • Datos importantes: Aforo del sector: 1.800 personas. Cierre: sábado 10 de octubre a las 9:00. Autobús lanzadera Torla-pradera: operativo hasta el 18 de octubre. Parque declarado en 1918; Patrimonio Mundial de la Unesco desde 1997.
  • Resumen: El acceso rodado seguirá cerrado mientras la ocupación supere el límite y la única alternativa es la lanzadera. El puente concluye el lunes 12; después, la temporada de otoño dirá si el dispositivo se mantiene.

Pérez Llorca arropa a Feijóo en su primer mitin mientras Génova debate ratificar su candidatura

El president de la Generalitat, Juanfran Pérez Llorca, encabezará el martes la comitiva valenciana que arropará a Alberto Núñez Feijóo en Madrid.

EN 30 SEGUNDOS

  • ¿Qué ha pasado? El PP Comunitat Valenciana ha anunciado que Juanfran Pérez Llorca liderará la delegación valenciana que acudirá el martes al primer mitin electoral de Feijóo en Madrid, con autobuses para afiliados y simpatizantes.
  • ¿Quién está detrás? El PP valenciano, su director de campaña César Sánchez y una dirección nacional que todavía no ha ratificado la candidatura del president para las autonómicas de 2027.
  • ¿Qué impacto tiene? El acto mide la movilización territorial del PPCV, su peso en la carrera por la Moncloa y la tranquilidad interna ante una ratificación que se hace esperar.

Una comitiva valenciana rumbo a Madrid con la candidatura por confirmar

La dirección del PP Comunitat Valenciana ha confirmado que su líder regional encabezará la expedición que viajará a Madrid para acompañar a Feijóo en el arranque de la campaña. La dirección ha fletado autobuses para afiliados, simpatizantes, y ciudadanos que quieran asistir. El director de campaña, César Sánchez, ha presentado la cita como la prueba de que «son muchos los valencianos que quieren acompañar a Feijóo en este primer gran acto electoral». Y ha añadido: «El 29N vamos a decirle a Pedro Sánchez que se ha acabado su tiempo de abandono a los valencianos».

Ese 29N apunta a las elecciones generales, donde el PP valenciano quiere rentabilizar su peso territorial. En el Congreso se reparten 350 escaños, y 33 de ellos se disputan entre Valencia, Castellón y Alicante, un botín decisivo para la Moncloa. Por eso el PPCV ha puesto el foco en la organización.

Sin embargo, el acto llega con una sombra sobre la mesa. La candidatura de Pérez Llorca sigue sin ser ratificada por Génova, la sede de la dirección nacional del PP en Madrid. Fuentes populares admiten cierta intranquilidad, aunque todo apunta a que la ratificación llegará. Tampoco hay fecha para un congreso regional que dé legitimidad orgánica al president.

Ese es el punto sensible. Juanfran Pérez Llorca llegó a la Presidencia tras la dimisión de Carlos Mazón, que dejó el cargo el 3 de noviembre de 2025 por su gestión de la DANA (las inundaciones de octubre de 2024), sin pasar por un proceso orgánico ni electoral. Fue investido por las Corts Valencianes, el parlamento unicameral valenciano de 99 escaños, el 27 de noviembre de 2025 con el apoyo de Vox.

En el PP valenciano, la ratificación que falta es menos un trámite que la medida exacta de un poder que todavía no se da por seguro.

Las encuestas del 9 d’Octubre y la letra pequeña del desgaste

PP Comunitat Valenciana

La festividad del 9 d’Octubre dejó una batería de sondeos que la dirección ha recibido con alivio. Levante-EMV sitúa al PPCV con 41 diputados, uno más que en 2023, «totalmente recuperado tras la DANA». El Español le concede 38 escaños. En ambos casos, la suma con Vox daría una mayoría más holgada que la actual en las Corts.

El tercer sondeo, el de El Mundo, introduce el matiz. Le otorga entre 33 y 36 diputados y detecta una subida de Compromís que se acerca al PSPV, una tendencia que podría poner en duda la mayoría. Con 40 parlamentarios en la actualidad, el partido mira los sondeos con con optimismo moderado.

La recuperación convive con las quejas de los afectados, que en varios municipios golpeados por la riada aún esperan obra y ayudas. Ese es el terreno donde la oposición busca ventaja.

El Escenario Valenciano

Queda por ver qué mayoría saldrá de las Corts. El pacto entre PP y Vox sostiene al Consell de Pérez Llorca y, por ahora, aguanta. La oposición, con PSPV y Compromís, intenta capitalizar el desgaste en la reconstrucción y la ausencia de un líder refrendado en las urnas.

En clave nacional, el primer mitin de Feijóo con la plana mayor valenciana manda una señal a Génova. El PP valenciano se presenta como una de las federaciones que pueden decidir la Moncloa con sus 33 diputados. En paralelo, el proceso judicial de la DANA sobre el expresident Mazón —hoy diputado en las Corts— sigue abierto. La relación entre el Consell y el Gobierno de Sánchez, con la reconstrucción como telón, es otro frente.

Lo inmediato es el acto del martes. Después llegará la ratificación y, en su caso, el congreso regional. El calendario aprieta: autonómicas en 2027 y generales el 29N. La foto de Madrid medirá la fuerza real del PP valenciano y, de paso, cuánto pesa dentro del partido un nombre que aún no está en el cartel.

Ficha del Caso

  • El caso: El president de la Generalitat, Juanfran Pérez Llorca, encabezará el martes la comitiva valenciana que arropará a Feijóo en su primer mitin electoral en Madrid, con la candidatura autonómica todavía sin ratificar.
  • Datos importantes: Génova no ha confirmado al candidato para 2027 ni ha fijado fecha de congreso regional; las encuestas del 9 d’Octubre dan al PPCV entre 33 y 41 diputados, frente a los 40 actuales; la Comunitat reparte 33 escaños en las generales del 29N.
  • Resumen: El acto mide la movilización territorial del PP valenciano y su peso en la carrera por la Moncloa, mientras la ratificación de Pérez Llorca sigue pendiente.

La huelga de limpieza estalla en Zaragoza en pleno Pilar y Chueca admite preocupación por la basura

EN 30 SEGUNDOS

  • ¿Qué ha pasado? La huelga indefinida de limpieza y recogida de basuras de Zaragoza, en marcha desde el 6 de octubre, llega al arranque de las Fiestas del Pilar 2026 sin acuerdo entre la concesionaria y los sindicatos.
  • ¿Quién está detrás? La empresa FCC Medio Ambiente, los sindicatos CGT y CCOO y el Ayuntamiento de Zaragoza, que preside la alcaldesa Natalia Chueca.
  • ¿Qué impacto tiene? El consistorio ha fijado servicios mínimos superiores al 94% y la alcaldesa reconoce que la acumulación de basura será visible en las calles.

La huelga de limpieza de Zaragoza llega al Pilar sin acuerdo y con la basura como principal preocupación municipal.

Del aviso de julio al pulso abierto en plena fiesta

El conflicto arrancó el pasado 6 de octubre, después de que fracasaran las negociaciones entre la concesionaria y los sindicatos CGT y CCOO. El origen es la renovación del convenio colectivo, el acuerdo que fija salarios, jornada y condiciones laborales de la plantilla que cada día barre las calles y vacía los contenedores.

La empresa responsable del servicio es FCC Medio Ambiente, el grupo al que el Ayuntamiento de Zaragoza tiene adjudicado el contrato de limpieza viaria y recogida de residuos. Los trabajadores reclaman mejoras salariales y de conciliación, dos cuestiones que la negociación no ha logrado encajar.

Durante su intervención, la alcaldesa ha recordado que los sindicatos anunciaron en julio su intención de convocar la huelga durante las fiestas. «Parecía que ya estuviesen mirando hacia el Pilar», ha señalado Natalia Chueca, antes de lamentar que hubiera «poco interés de desbloquear esta situación previamente».

Mientras el conflicto siga abierto, el consistorio ha fijado unos servicios mínimos —el porcentaje de plantilla que la ley obliga a mantener operativo durante una huelga— superiores al 94% durante el Pilar. Los sindicatos consideran que ese umbral vacía de contenido el derecho a la huelga. La ciudad se prepara para su semana grande.

Zaragoza afronta sus fiestas más grandes con el servicio de limpieza en huelga y unos mínimos que los sindicatos consideran inasumibles.

Mínimos del 94% y una ciudad que se llena de visitantes

Chueca ha calificado la situación de «mala noticia» en plena celebración festiva y ha asegurado que el Ayuntamiento «va a intentar que las afecciones a los ciudadanos sean las mínimas posibles». Lo ha dicho durante su visita a la Muestra de Artesanía Aragonesa, uno de los actos fijos del programa.

El problema de fondo es de escala. Zaragoza supera los 670.000 habitantes y el Pilar multiplica la ocupación de sus calles durante varios días, con la llegada de miles de visitantes que generan más residuos de lo habitual. La propia alcaldesa ha reconocido que las fiestas incrementan la suciedad y que el objetivo es «reducir el impacto que esta huelga pueda tener para que los ciudadanos no sufran las consecuencias».

Fiestas del Pilar 2026

Sobre la mesa sigue abierta la vía de la negociación, pero la huelga es indefinida y no tiene fecha de caducidad. Si no hay acuerdo antes del lunes 12 de octubre, día de la Ofrenda de Flores, Zaragoza vivirá su jornada de mayor afluencia con el servicio bajo mínimos. La basura no espera.

El Pulso Territorial

El Pilar es algo más que una fiesta: es la gran cita institucional de Aragón, el escaparate en el que la comunidad se muestra al país con sus actos oficiales, la Ofrenda de Flores, y las recepciones institucionales. Llega, eso sí, con el servicio municipal más visible en huelga.

Natalia Chueca gobierna la ciudad desde 2023, cuando relevó al frente de la alcaldía a Jorge Azcón, hoy presidente del Gobierno de Aragón. La coincidencia de siglas en las dos administraciones deja el coste político en manos de la misma formación: el conflicto es municipal por competencia, pero autonómico por escenario.

Con más de 670.000 habitantes, Zaragoza es la quinta ciudad de España, un tamaño que la sitúa en otra liga respecto al resto de capitales de las comunidades que cubrimos. Ninguna concentra en una sola semana un volumen de visitantes comparable al del Pilar. Eso explica que los mínimos se hayan elevado por encima del 94%, una decisión que el consistorio defiende como garantía para los ciudadanos y que los sindicatos leen como una forma de desactivar la protesta.

La incertidumbre es doble. Nadie garantiza que la negociación se cierre en las próximas horas y el desgaste no es simétrico: el Ayuntamiento tiene un calendario fijo —los días grandes del Pilar— y los sindicatos, una huelga sin fecha final. La próxima cita es el lunes 12 de octubre. Ese día sabremos si Zaragoza ha despejado sus calles o si la basura se ha convertido en la imagen de estas fiestas.

Ficha Autonómica

  • El caso: La huelga indefinida de limpieza y recogida de basuras de Zaragoza, convocada por CGT y CCOO contra la concesionaria FCC Medio Ambiente, llega al arranque del Pilar sin acuerdo sobre el convenio.
  • Datos importantes: El paro comenzó el 6 de octubre. El Ayuntamiento ha fijado servicios mínimos superiores al 94% durante las fiestas. Los trabajadores reclaman mejoras salariales y de conciliación.
  • Resumen: La alcaldesa, Natalia Chueca, admite que la suciedad será visible y confía en cerrar un acuerdo «lo antes posible». El conflicto sigue abierto y afecta a los días de mayor afluencia de la ciudad.

Las inmobiliarias gallegas alertan de la retirada masiva de pisos en alquiler por los decretos de vivienda del Gobierno

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Las inmobiliarias gallegas alertan: los decretos de vivienda del Gobierno central están retirando pisos del mercado del alquiler en Galicia. La patronal del sector describe compraventas «paralizadas» y contratos de arras congelados en las dos ciudades más tensionadas, A Coruña y Santiago de Compostela.

EN 30 SEGUNDOS

  • ¿Qué ha pasado? El Gobierno central aprobó esta semana dos decretos de vivienda; el más amplio ya está en vigor desde el jueves. Las inmobiliarias gallegas detectan la retirada de pisos del alquiler y compraventas para inversión paralizadas.
  • ¿Quién está detrás? La Asociación Galega de Inmobiliarias (Agalin) y firmas como S2M Inmobiliaria; el Ejecutivo de Pedro Sánchez; la Xunta, que recurrió la ley estatal ante el Tribunal Constitucional.
  • ¿Qué impacto tiene? El freno golpea sobre todo a A Coruña y Santiago, declaradas zonas tensionadas, y amenaza con extender la escasez de oferta al resto de Galicia.

Compraventas paralizadas y arras congeladas: el frenazo del mercado gallego

El presidente de la Asociación Galega de Inmobiliarias (Agalin), Emilio García, asegura que las ventas que las agencias tenían previstas para estas dos últimas semanas «se paralizaron». El golpe no es general, sino que se concentra en un perfil muy concreto: el particular que compra un piso como inversión para después alquilarlo.

«Quien iba a comprar un piso para vivir, ese no, ese sigue adelante», constata García, también director de la inmobiliaria Galician Homes. Los contratos de arras que permanecen «parados» son, dice, los que «eran para inversión». La vivienda residencial, de momento, aguanta.

El efecto aterriza con especial fuerza en las dos ciudades gallegas declaradas como zona de mercado tensionado. Son, además, dos de las plazas, con más dinamismo inmobiliario de la comunidad. Pero el aviso de las agencias alcanza, en mayor o menor grado, al resto de urbes, y localidades.

Desde S2M Inmobiliaria, Emma Martínez, hasta hace poco presidenta de Agalin, habla sin matices de «retirada masiva» de viviendas del mercado del alquiler. La gente tiene miedo y prefiere tener el piso vacío o ponerlo en compraventa», afirma. La incertidumbre se ha instalado como principal inquilino del sector.

Galicia afronta los nuevos decretos con un mercado frágil: el 98% de sus pisos en alquiler pertenece a particulares que ahora dudan si seguir alquilando.

Decretos en vigor, convalidación pendiente y una cita con las urnas

El primer decreto —el más amplio, dedicado a proteger la función social de la vivienda y a ampliar la oferta asequible— ya está en vigor desde este jueves. El segundo, orientado a reforzar la estabilidad de los contratos de arrendamiento, aguarda su convalidación. Ningún decreto ha sido todavía ratificado por las Cortes, y ahí está, precisamente, la raíz del problema.

El Ejecutivo de Pedro Sánchez anunció su intención de legislar en la penúltima semana de septiembre, tras el desahucio, el 23 de septiembre, de Maricarmen Abascal, una mujer de 87 años que llevaba siete décadas viviendo en el mismo piso. Su fallecimiento, este mismo miércoles, ha reavivado en toda España el debate sobre el acceso a la vivienda.

vivienda Galicia

En Galicia, el sector apunta a dos motivos detrás del frenazo: el «miedo» y el deseo de mantener la «disponibilidad» de las propiedades. «El pequeño propietario quiere disponibilidad», insiste García. Emma Martínez lo traduce a la economía doméstica: la gente «no quiere incentivos fiscales, quiere cobrar y luego poder disponer» de su vivienda.

Los datos del Instituto Galego de Vivenda e Solo (IGVS) respaldan esa lectura. Su director, Heriberto García, ha cifrado en un 98% los propietarios gallegos que alquilan siendo particulares o pequeñas sociedades limitadas con dos o tres viviendas. La ley estatal de vivienda de 2023 solo considera grandes tenedores a quienes acumulan diez inmuebles, o cinco en una zona declarada tensionada.

No es un detalle menor. El Tribunal Constitucional acaba de rechazar el recurso que la Xunta de Galicia presentó contra la ley estatal y subraya, en su resolución, que los grandes tenedores gozan de «un cierto estatus de dominio» del que carecen el resto de propietarios. La Administración autonómica que preside Alfonso Rueda trató de frenar por vía judicial una norma que ya condiciona el mercado gallego.

El Laboratorio Gallego

Galicia vuelve a funcionar como banco de pruebas. El PPdeG gobierna la Xunta con mayoría absoluta ininterrumpida desde 2009, y cada política estatal que aterriza en la comunidad se convierte en un termómetro de lo que puede ocurrir en el resto de España. Ahora, ese laboratorio mide algo incómodo: cómo reacciona un mercado de alquiler atomizado —el 98% en manos de particulares— ante una norma pensada, sobre todo, para las grandes capitales.

La dimensión nacional salta a la vista. El choque entre los decretos del Gobierno de Sánchez y la estrategia judicial de la Xunta reproduce, en clave gallega, el pulso entre el PSOE y el PP por la política de vivienda. La Xunta recurrió la ley estatal ante el Constitucional y perdió; ahora son los pequeños propietarios quienes retiran sus pisos. En el Parlamento de Galicia, el BNG, primera fuerza de la oposición, y el PSdeG siguen el asunto con posiciones divergentes.

La proyección depende de dos citas. La primera, la convalidación de los decretos en el Congreso, donde cada voto cuenta. La segunda, la próxima convocatoria electoral, que añade una variable más de incertidumbre a un sector que ya reconoce que «todo el mundo está a la expectativa». Si los pisos no vuelven al mercado, la escasez que hoy golpea a A Coruña y Santiago terminará llegando a Ourense, Lugo y Pontevedra.

Ficha del Caso

  • El caso: Las inmobiliarias gallegas alertan de la retirada de pisos del alquiler y la parálisis de compraventas para inversión tras los dos decretos de vivienda del Gobierno central.
  • Datos importantes: El 98% del alquiler en Galicia está en manos de particulares (IGVS); la ley de 2023 define al gran tenedor por 10 viviendas, o 5 en zona tensionada; A Coruña y Santiago son zonas tensionadas; el decreto principal está en vigor desde el jueves.
  • Resumen: La norma estatal llega a un mercado atomizado y ya tensiona la oferta en las dos principales ciudades gallegas. La convalidación en el Congreso y la futura cita electoral marcan el próximo paso.