El respaldo de EE.UU. al Escudo de las Américas que asegura las inversiones españolas en Colombia

Las compañías españolas con intereses en Colombia —desde bancos hasta constructoras y telecos— miran con alivio el comunicado emitido el viernes por Estados Unidos y los otros doce países del Escudo de las Américas. La razón: el respaldo expreso a la legitimidad de las elecciones presidenciales y a la transición pacífica de poder aleja el fantasma de una crisis institucional que habría puesto en jaque miles de millones de euros en inversiones.

Indignómetro

Nivel de impacto para España: 9/10. La seguridad jurídica de las inversiones españolas en Colombia, que alcanzan cifras multimillonarias según el ICEX, dependía de que la transición se realizara sin sobresaltos. El respaldo internacional blinda un mercado estratégico para las empresas del IBEX 35.

Un comunicado que corta de raíz la incertidumbre

El texto, difundido por el Departamento de Estado, lo firman Argentina, Bolivia, Chile, Costa Rica, República Dominicana, Ecuador, El Salvador, Guyana, Honduras, Panamá, Paraguay y Trinidad y Tobago, además de Washington. Todos ellos rechazan «las recientes declaraciones y acciones que, sin fundamento, ponen en duda la integridad del proceso electoral» y afirman que ignorar los resultados oficiales «constituye un grave desacato a la voluntad popular». La frase más contundente: «la transición entre gobiernos no es una concesión política, sino un deber constitucional».

El detonante fue la negativa inicial del presidente Gustavo Petro a reconocer la victoria de Abelardo de la Espriella en la segunda vuelta del 21 de junio pasado, donde el ganador obtuvo cerca del 52 % de los votos frente a Iván Cepeda. Después de una conversación con el mandatario brasileño Luiz Inácio Lula da Silva, Petro se comprometió a dejar el cargo el 6 de agosto y a facilitar un traspaso pacífico. El comunicado del Escudo de las Américas sella ese compromiso y disipa las dudas.

Por qué Colombia importa tanto a las empresas españolas

Colombia es el quinto destino de la inversión directa española en América Latina, solo por detrás de México, Brasil, Argentina y Chile. En el país operan más de 800 filiales de capital español —entre ellas Telefónica, BBVA, Santander, Iberdrola, Inditex o Mapfre— que dan empleo a decenas de miles de personas. Cualquier sacudida política que ponga en entredicho la seguridad jurídica amenaza contratos públicos, concesiones y la estabilidad de los flujos financieros que sostienen esas operaciones.

La mera posibilidad de que un gobierno saliente cuestione los resultados electorales activa las cláusulas de riesgo en los contratos internacionales. Los mercados castigan la incertidumbre, y España no puede permitirse otro escenario de inestabilidad en una región donde su presencia es determinante. El mensaje conjunto de Estados Unidos y los doce países supone, en la práctica, un seguro diplomático de primer orden.

Con la declaración del Escudo de las Américas, los dos principales socios exteriores de Colombia —Washington y las empresas españolas— recuperan la previsibilidad que el amago de crisis les había arrebatado.

El precedente venezolano que nadie quiere repetir

Para entender la dimensión del riesgo, basta recordar lo ocurrido en Venezuela. Cuando la crisis política deslegitimó al gobierno de Nicolás Maduro y la comunidad internacional se fracturó, las empresas españolas sufrieron expropiaciones, impagos y una depreciación acelerada de sus activos. El coste para el tejido empresarial español superó los 3.000 millones de euros, según estimaciones del propio sector. Colombia, con un peso similar en la cartera de inversiones, no puede repetir ese patrón.

Además, la adhesión anunciada por De la Espriella al Escudo de las Américas —la coalición de seguridad impulsada por Donald Trump— sugiere una alineación estratégica que favorece la continuidad de los marcos bilaterales de protección de inversiones. Para las compañías españolas, que llevan décadas apostando por el país andino, la señal no puede ser más clara: hay reglas del juego y se van a respetar.

Conviene recordar que España mantiene un acuerdo para la promoción y protección recíproca de inversiones con Colombia, en vigor desde 2007. Ese tratado solo es efectivo si las instituciones funcionan y los cambios de gobierno se producen con normalidad constitucional. La declaración internacional emitida el viernes refuerza ese principio y aleja, al menos por ahora, la sombra de una crisis que habría hecho tambalear décadas de relación económica.

📌 Ficha del Caso

  • Ficha sobre el caso: El Escudo de las Américas, liderado por Estados Unidos, emitió un comunicado conjunto exigiendo respeto a la voluntad popular y a la transición institucional en Colombia, tras los intentos de deslegitimar la elección de Abelardo de la Espriella.
  • Datos importantes: El presidente electo obtuvo el 52 % de los votos; Petro se comprometió a dejar el cargo el 6 de agosto. Colombia alberga más de 800 filiales españolas, con inversiones multimillonarias según el ICEX.
  • Resumen: El respaldo internacional blinda la seguridad jurídica que necesitan las empresas españolas en Colombia y evita que el país repita el escenario de inestabilidad que ya castigó a las compañías en Venezuela.

China aprueba su plan maestro de IA para 2026: inversión récord y control tecnológico total

0

EN 30 SEGUNDOS

  • ¿Qué ha pasado? El Consejo de Estado de China ha aprobado su 15.º plan quinquenal, que sitúa la inteligencia artificial como prioridad nacional absoluta con una inversión récord.
  • ¿Quién está detrás? El Partido Comunista, bajo la dirección de Xi Jinping, ha diseñado un plan integral que combina inversión masiva en I+D con un férreo control ideológico de los contenidos digitales.
  • ¿Qué impacto tiene? Para España, la consolidación de la IA china podría abaratar tecnologías avanzadas, pero intensifica las tensiones geopolíticas y puede afectar a las empresas españolas con intereses en Estados Unidos y Europa.

Pekín ha dado este jueves un paso de gigante en su ambición de liderar la inteligencia artificial a escala global, al aprobar su decimoquinto plan quinquenal, un documento que consagra la doctrina IA Plus, los enjambres inteligentes y los agentes autónomos como pilares del desarrollo nacional. China destina ya 3,93 billones de yuanes a investigación y desarrollo, el 2,8% de su PIB, y su parque de robots industriales —295.000 unidades instaladas en un solo año, el 54% del total mundial— demuestra la velocidad a la que Pekín transforma laboratorios en fábricas.

El plan, que refuerza una estrategia de décadas, no solo subraya la inversión: también consolida una arquitectura de gobernanza de la IA que exige a las plataformas promover «valores fundamentales» y «energía positiva». Las nuevas reglas de etiquetado obligan a revelar los contenidos generados por inteligencia artificial, y los algoritmos de recomendación deben alinearse con el relato del Partido. Es la ingeniería moral a escala nacional.

La brecha de rendimiento entre los modelos chinos y estadounidenses se ha cerrado casi por completo, según el índice de IA de la Universidad de Stanford. China ocupa el primer puesto en supercomputación general —aunque en cargas de trabajo específicas de IA se sitúa cuarta, operando con chips domésticos que aún no alcanzan la vanguardia— y su motor de consumo digital es colosal: 1.100 millones de internautas, más de mil millones de pagos en línea y 974 millones de compradores digitales.

El músculo de Pekín en aplicaciones industriales y consumo masivo no encuentra parangón. Pero la pregunta no es cuán grande es la huella china, sino qué tipo de civilización produce esas cifras y, a su vez, qué civilización es producida por ellas. El plan quinquenal es un metrónomo que marca el ritmo de una sociedad donde el Estado se concibe como ingeniero y el futuro como un problema de sistemas a optimizar.

Control total: la IA bajo la batuta del Partido

El documento eleva el concepto de rejuvenecimiento a frecuencia casi litúrgica. Las reglas de recomendación algorítmica ya vigentes exigen a las plataformas promover los valores oficiales del régimen, y las normas sobre IA generativa obligan a usar fuentes de datos legales y a incorporar salvaguardas contra contenidos dañinos. La novedad del plan es que esta doctrina de control se aplicará a los agentes inteligentes y los enjambres de robots, extendiendo la vigilancia ideológica a nuevos ámbitos de la vida cotidiana.

El sistema chino está cerrando el círculo: entretenimiento, publicidad, recomendación y verificación social colapsan en una única interfaz continua, donde la atmósfera comercial es también un canal de instrucción moral. El 71% de los espectadores de vídeos cortos acaba comprando después de visionarlos, y el 70% de los mayores de 60 años ya adquiere productos en línea. No hay esfera privada que quede fuera de la planificación digital.

China está construyendo una arquitectura de control que fusiona el músculo industrial con una moral vigilada, y lo hace a una velocidad que ningún otro país puede igualar.

La Lógica de Washington

Desde el Ala Oeste de la Casa Blanca se observa este plan con preocupación estratégica, no solo tecnológica. Para Donald Trump y su administración, el avance chino en IA es la confirmación de que la competición entre superpotencias se librará en el campo de los semiconductores y los datos. La lógica de Washington es doble: preservar la ventaja cualitativa de Estados Unidos en modelos fundacionales y negar a Pekín el acceso a los chips más avanzados. Las restricciones a la exportación, ampliadas en 2025 bajo la Sección 232 (el mecanismo que permite al presidente imponer controles por seguridad nacional sin pasar por el Congreso) y el paraguas de la CHIPS Act, han elevado el listón para las fundiciones que quieran suministrar a empresas chinas.

Estados Unidos todavía lidera en patentes de alto impacto, infraestructura de centros de datos y modelos de frontera, pero el cierre de la brecha de rendimiento inquieta a los estrategas del Pentágono. La administración Trump entiende la IA como una tecnología militarizable, y un ecosistema chino que combine agentes autónomos con enjambres de robots podría alterar el equilibrio en el Pacífico. Por eso Washington presiona a sus aliados europeos para que adopten controles similares, creando un dilema para la Unión Europea y, en particular, para España.

Lo que está en juego para España

Para las empresas españolas, el plan chino abre un abanico de oportunidades y riesgos. Modelos de código abierto como DeepSeek V4 ofrecen una vía barata para integrar IA en procesos industriales y de consumo, algo que podría beneficiar a firmas como Telefónica o Indra en sus proyectos de transformación digital. Sin embargo, cualquier colaboración con socios chinos puede exponerlas a sanciones secundarias de Estados Unidos, especialmente si se utilizan componentes regulados por el Bureau of Industry and Security.

Además, el choque de regulaciones —el AI Act europeo frente a las reglas de contenido chinas— obligará a las tecnológicas españolas a elegir qué estándares cumplen en sus desarrollos internacionales. España, como puerta sur de Europa, puede quedarse atrapada en un fuego cruzado normativo, con el riesgo de que sus pymes tecnológicas vean encarecidos sus productos o limitada su expansión a uno de los dos grandes mercados. La inversión en I+D española aún está lejos del 2,8% chino, y el plan de Pekín acelera el reloj para que Europa consolide una alternativa propia.

China inteligencia artificial

Ficha del Caso

  • El caso: China ha aprobado su 15.º plan quinquenal, que prioriza la inteligencia artificial (IA Plus, enjambres, agentes) y refuerza el control ideológico sobre los contenidos digitales, todo ello acompañado de una inversión récord en I+D.
  • Datos clave: 3,93 billones de yuanes en I+D (2,8% del PIB), 295.000 robots industriales instalados en 2025 (54% mundial), 1.100 millones de internautas y cierre de la brecha de rendimiento con la IA estadounidense, salvo en chips de vanguardia.
  • Para España: El plan chino abarata el acceso a tecnologías de IA pero eleva las tensiones geopolíticas. Las empresas españolas deberán sortear el riesgo de sanciones estadounidenses si cooperan con Pekín y cumplir a la vez con dos marcos regulatorios contradictorios.

Polémica en Canarias: la nueva directora de Igualdad, hija de la anterior, desata críticas feministas por nepotismo

EN 30 SEGUNDOS

  • ¿Qué ha pasado? El Gobierno de Canarias ha designado a Ana Padrón Brito como nueva directora del Instituto Canario de Igualdad, tras el fallecimiento de su madre, que ocupaba el cargo.
  • ¿Quién está detrás? El nombramiento, impulsado por el ejecutivo de Coalición Canaria y PP, ha sido defendido por el portavoz Alfonso Cabello. Los colectivos feministas Foro contra la Violencia de Género de Tenerife y la Red Feminista de Gran Canaria lo rechazan.
  • ¿Qué impacto tiene? La polémica reaviva las críticas sobre la ineficacia del ICI y la urgencia de políticas contra la violencia machista en una comunidad que acumula más de 6.500 casos activos según Viogen.

El Gobierno canario nombra a Ana Padrón Brito, hija de la anterior directora, al frente del Instituto de Igualdad, y las feministas denuncian nepotismo. La designación se produjo el pasado lunes, apenas unas semanas después del fallecimiento de Ana Brito, quien dirigía el organismo desde 2019. La conexión familiar ha generado un fuerte rechazo y ha llevado al movimiento feminista a hablar de “cargos heredables”.

Un relevo que huele a herencia política

Elisa Pérez Rosales, portavoz del Foro contra la Violencia de Género de Tenerife, lo resume con claridad: “Este nombramiento transmite un mensaje peligroso: los cargos son heredables”. La activista insiste en que los cargos públicos no se heredan y que la decisión evidencia la falta de prioridad del Gobierno de Canarias. La comunidad registró en el último trimestre de 2025 más de 2.500 denuncias de violencia de género, y arrastra tasas de victimización que a menudo la sitúan a la cabeza del país.

El portavoz del Ejecutivo, Alfonso Cabello, defendió el nombramiento subrayando la “trayectoria en gestión de programas públicos y experiencia en el ámbito educativo e internacional” de Padrón Brito. “Hay un compromiso público claro con las políticas de igualdad”, afirmó, aunque no detalló ninguna formación específica en la materia. Para las feministas, la gestión administrativa no sustituye al conocimiento profundo de la violencia de género.

Las feministas alzan la voz: “No basta con el compromiso”

Nereida Vizuete, de la Red Feminista de Gran Canaria, denuncia la parálisis del ICI: “No tramita a tiempo las pensiones, no gestiona los fondos del Pacto de Estado y no tiene políticas valientes. Y la acción más interesante que se les ocurre es poner a la hija porque sabe de políticas públicas”. La organización ha lanzado en redes una campaña con los requisitos que, a su entender, debería cumplir la directora: experiencia en igualdad, conocimiento de los fondos europeos, empatía con las víctimas y capacidad de diálogo. La etiqueta #BuscarDirectoraICI ya circula por las plataformas. Los fondos del Pacto de Estado siguen sin ejecutarse, lamentan.

La activista Meritxell Salazar califica el nombramiento de “casi un atentado a las políticas de igualdad” y recuerda que Canarias acumula más de 6.500 casos activos de violencia de género. “Poner al frente a una persona sin experiencia implica que el organismo que debe coordinar la respuesta a las violencias machistas va a estar dirigido por alguien que desconoce el terreno”, advierte. Las dos asociaciones coinciden en que el problema no es puntual: el viceconsejero de Igualdad también carece de formación en la materia.

El nepotismo no es solo un problema ético: en una comunidad que encabeza las tasas de violencia machista, es una decisión que puede costar vidas.

El Pulso Territorial

La controversia salpica de lleno al gobierno de coalición de Coalición Canaria y PP, presidido por Fernando Clavijo. No es la primera vez que el Instituto Canario de Igualdad está en el foco: las organizaciones feministas llevan años denunciando la lentitud en la ejecución de los fondos del Pacto de Estado y la falta de políticas estructurales. Mientras en comunidades como Castilla y León o Aragón los institutos de la mujer han blindado sus procesos de selección con exigencias de experiencia acreditada, en Canarias el nombramiento directo ha reabierto el debate sobre el dedazo y la endogamia institucional. Los colectivos recuerdan que, en 2024, el archipiélago registró una tasa de víctimas mortales por violencia de género superior a la media nacional, con cinco mujeres asesinadas. Ahora, el Parlamento autonómico exigirá explicaciones al consejero de Política Social, mientras el ICI sigue sin resolver la convocatoria de subvenciones de 2026. La decisión de Clavijo tendrá que medirse con la calle: las feministas han anunciado movilizaciones si no se abre un proceso transparente de selección.

Ficha Autonómica

  • El caso: El Gobierno de Canarias nombra a la hija de la anterior directora del ICI sin experiencia en igualdad, desatando críticas por nepotismo.
  • Datos importantes: Más de 6.500 casos activos de violencia de género, 2.500 denuncias en un trimestre, fondos del Pacto de Estado sin ejecutar.
  • Resumen: La designación ha sido defendida por el Ejecutivo, mientras las asociaciones exigen transparencia y un perfil cualificado. La polémica se traslada al Parlamento canario.

El PSPV incorpora los wasaps de la DANA a la querella contra Mazón por falso testimonio ante el Supremo

El PSPV ha incorporado este sábado los mensajes de WhatsApp intercambiados entre el president de la Generalitat Valenciana Carlos Mazón y la alcaldesa de Valencia, María José Catalá, la noche del 29 de octubre de 2024, a la querella por falso testimonio que mantiene ante el Tribunal Supremo. La conversación, en la que Mazón admitió a las 23:27 horas que habría «decenas seguro ya» de víctimas mortales, contradice frontalmente la declaración que prestó bajo juramento en la Comisión de Investigación del Congreso de los Diputados.

EN 30 SEGUNDOS

  • ¿Qué ha pasado? El PSPV ha aportado los mensajes de la noche de la DANA, entregados voluntariamente por la alcaldesa Catalá tras su declaración como testigo.
  • ¿Quién está detrás? El grupo socialista en las Corts Valencianes y la dirección nacional del PSOE, que refuerzan así la acusación por falso testimonio ante el Supremo.
  • ¿Qué impacto tiene? Las comunicaciones muestran que Mazón conocía la magnitud de la tragedia mientras ocurría, lo que podría tener consecuencias penales y agravar la presión política sobre el president y el PP.

Las 23.27 horas del 29-O: de «habrá muchos muertos» a «decenas seguro ya»

Los mensajes, ahora incorporados a la causa, revelan un diálogo que arranca a las 23:13 horas con un ofrecimiento de Catalá: «Estoy en Central PLV. Si necesitas algo dime». La respuesta de Mazón —«Vale. Es horrible. Va a haber muchos muertos»— desencadena un laconismo escalofriante. «Lo sé», replica la alcaldesa, y el president remata a las 23:27: «Decenas seguro ya». Para el PSPV, estas ocho palabras convierten en imposible la coartada que Mazón sostuvo en sede parlamentaria, donde negó ser consciente de la dimensión real de la tragedia hasta mucho después.

La portavoz de Emergencias del Grupo Socialista, Alicia Andújar, ha subrayado que el intercambio «no solo desmiente el relato político de Mazón, sino que apuntala de forma directa la vía penal por falso testimonio». Apenas un párrafo de texto habitual entre dos cargos públicos, pero con un peso jurídico que, según los socialistas, hace temblar la estrategia de defensa del ex president. Y es que esos mensajes fueron entregados voluntariamente por María José Catalá tras su comparecencia como testigo ante la jueza de Catarroja, igual que antes hizo la vicepresidenta primera, Susana Camarero, con los del grupo interno del Consell.

Las palabras «decenas seguro ya» a las 23:27 horas desmienten de raíz la versión de un president que dijo no haber conocido la gravedad hasta más tarde.

Del Congreso al Supremo: la vía penal por falso testimonio

La querella por falso testimonio dio un paso más esta semana con la declaración de Catalá, pero es ahora cuando el PSPV formaliza el añadido documental. Andújar insiste en que las nuevas pruebas «acreditan que Mazón conocía perfectamente la dimensión real de la tragedia mientras ocurría» y censura la «frivolidad intolerable» de un president que, según el testimonio de su propio conductor, se fue a dormir a la una de la madrugada. Una hora antes, el servicio de emergencias 112 ya había registrado múltiples llamadas de auxilio. La Generalitat Valenciana tardó horas en activar el sistema de alertas a la población.

El escenario procesal es inédito. La Comisión de Investigación del Congreso, que recogió bajo juramento la versión de Mazón, es un órgano nacional; la competencia para juzgar un presunto falso testimonio cometido ante ella corresponde al Tribunal Supremo. De este modo, la querella del PSPV eleva la cuestión al plano estatal y pone a prueba los mecanismos de rendición de cuentas cuando quien miente es un alto cargo autonómico.

Los socialistas no se limitan a la acción penal: exigen «responsabilidades directas» al despacho Pérez Llorca, al que acusan de haber diseñado una estrategia jurídica para blindar a Mazón y mantener su aforamiento. La misma diputada Andújar lo resume así: «Pérez Llorca se ha convertido en el urdidor de una operación para evitar que Mazón se siente en el banquillo como cualquier ciudadano».

El Escenario Valenciano

La política valenciana se mueve hoy al ritmo de los juzgados. El pacto entre el PP y Vox que sustenta al actual Consell arrastra la sombra de la DANA en cada sesión de las Corts, y la oposición (PSPV y Compromís) aprovecha cada avance judicial para erosionar al president. Mazón comparece periódicamente con un discurso que pivota sobre la reconstrucción, pero los mensajes de aquella noche le colocan en el lugar que más ha tratado de eludir: el de quien sabía.

A nivel nacional, el caso alimenta el debate sobre la coordinación de emergencias entre comunidades autónomas y el Estado. La DANA de 2024 ya sirvió para que el Gobierno de Pedro Sánchez reprochara a la Generalitat su tardía respuesta, y ahora el foco se desplaza a si existió una ocultación deliberada de información. Las comisiones del Congreso y del Senado siguen abiertas, y el PP mantiene su apoyo cerrado a Mazón, mientras Vox no ha soltado prenda sobre su posible respaldo futuro. La proyección inmediata es clara: si la querella por falso testimonio prospera, el president podría verse obligado a declarar como imputado ante el Supremo, lo que abriría una crisis política de consecuencias imprevisibles para la legislatura autonómica.

Ficha del Caso

  • El caso: El PSPV añade los wasaps entregados por la alcaldesa Catalá a la querella por falso testimonio que mantiene contra Carlos Mazón en el Tribunal Supremo.
  • Datos importantes: Mensajes de las 23:13 y 23:27 h del 29 de octubre de 2024 en los que Mazón reconoce «decenas de muertos». La querella se basa en la contradicción con su declaración en el Congreso.
  • Resumen: La incorporación de pruebas documentales refuerza la vía penal y aviva la presión política sobre un Mazón cada vez más acorralado por la gestión de la DANA.

Ourense se prepara para el eclipse solar total del 12 de agosto: A Veiga y Trevinca, los enclaves estrella del astroturismo gallego

Queda exactamente un mes. El 12 de agosto de 2026, el cielo de Ourense se convertirá en el escenario de uno de los espectáculos astronómicos más sobrecogedores de las últimas décadas: un eclipse solar total que sumirá la provincia en una oscuridad súbita durante casi un minuto. A Veiga y el macizo de Trevinca se posicionan como los enclaves estrella del astroturismo gallego para vivir un fenómeno que, según los expertos, no volverá a ser visible desde Galicia hasta el año 2180.

Un mes para un eclipse histórico

El eclipse solar total del 12 de agosto será el primero visible desde la Península Ibérica en más de cien años. La franja de totalidad atravesará España de noroeste a sureste, pero pocos lugares ofrecen las condiciones que reúne la provincia de Ourense: altitud elevada, horizontes limpios y una probabilidad de nubosidad que ronda solo el 15 % en esa fecha, según los registros climatológicos manejados por el Concello de A Veiga. El momento culminante, cuando la Luna cubra por completo el disco solar, está previsto alrededor de las 20.30 horas, con el sol ya muy bajo sobre el horizonte, lo que realzará la espectacularidad del crepúsculo artificial.

La comunidad científica insiste en la necesidad de protegerse la vista con gafas homologadas ISO 12312-2:2015 durante todas las fases parciales. Cristales ahumados, radiografías o filtros caseros no sirven y pueden provocar daños oculares irreversibles. Pero durante los segundos de totalidad —entre 39 y 54 segundos en la vertical de Trevinca—, la corona solar podrá observarse a simple vista, sin protección alguna.

A Veiga y Trevinca, el escaparate del astroturismo gallego

Si hay un lugar que sobresale en toda la Península para este eclipse, ese es el territorio que forman A Veiga y el macizo de Trevinca. Su altitud media, superior a los mil metros, la escasísima contaminación lumínica y las condiciones atmosféricas históricamente favorables en agosto convierten este rincón de Ourense en uno de los mejores observatorios naturales de España. No es casualidad que la zona lleve años atrayendo a aficionados a la astronomía: aquí se encuentra uno de los cielos más oscuros y limpios de la Europa continental.

El Concello de A Veiga ha difundido datos precisos: la duración de la totalidad oscila entre los 39 segundos en el extremo sur de la zona de observación y hasta 54 segundos en su parte más septentrional. Esa diferencia, aparentemente pequeña, puede ser crucial para los cazadores de eclipses que viajan miles de kilómetros. Además, la baja probabilidad de nubosidad —ese 15 % que manejan los técnicos municipales— otorga a Trevinca una ventaja competitiva frente a otras localizaciones de la franja de totalidad, donde las medias de nubes en agosto son notablemente más altas.

Quienes planeen desplazarse deben saber que las reservas de alojamiento llevan semanas al alza. Fuentes del sector consultadas por Moncloa.com confirman que muchos establecimientos de turismo rural de A Veiga y de los concellos limítrofes están ya completos para las noches del 11 y 12 de agosto. La recomendación de la Xunta y de los expertos es clara: llegar con horas de antelación, evitar desplazamientos innecesarios durante el fenómeno y extremar las precauciones contraincendios, dado que agosto es una época especialmente sensible para el monte gallego.

Durante la totalidad, el cielo se oscurecerá como si anocheciera de repente y la temperatura descenderá varios grados; un espectáculo que Ourense no volverá a protagonizar hasta dentro de siglo y medio.

El eclipse solar total no es solo un acontecimiento astronómico. Para la provincia supone una ventana de oportunidad turística sin precedentes. El astroturismo, una modalidad que combina la observación del firmamento con la experiencia rural, está ganando peso en la agenda de promoción de la Galicia interior. Y lo hace en un momento en el que la comunidad busca diversificar su oferta más allá del tradicional turismo de playa y del Camino de Santiago, como han señalado en repetidas ocasiones desde la Consellería de Turismo.

El Laboratorio Gallego

El eclipse del 12 de agosto coloca a Galicia en el mapa del astroturismo europeo de una forma que ninguna campaña de promoción podría igualar. La comarca de Trevinca es un ejemplo paradigmático de cómo un recurso natural —el cielo— puede convertirse en un factor de desarrollo económico para las zonas rurales. Desde hace años, el territorio viene apostando por certificaciones como el sello Starlight, que acredita la calidad del firmamento y que ya distingue a otros puntos de la comunidad como el Parque Nacional das Illas Atlánticas.

Esa apuesta tiene una lectura nacional. En un país donde el turismo de sol y playa sigue concentrando la mayor parte de la inversión promocional, Galicia y, concretamente, Ourense demuestran que los recursos astronómicos pueden generar desestacionalización y fijar población en áreas tradicionalmente castigadas por la emigración. El eclipse actuará como un escaparate mundial de lo que Trevinca ya ofrece durante todo el año: noches tan oscuras que permiten ver la Vía Láctea a simple vista, sin necesidad de telescopios profesionales.

Sin embargo, el éxito de esta cita también plantea retos institucionales: la gestión de la afluencia masiva, la prevención de incendios y la protección del medio natural se convierten en pruebas de fuego para el Concello de A Veiga, la Xunta de Galicia y las diputaciones. La coordinación que se logre en las próximas semanas servirá de precedente para futuros eventos astronómicos, y dejará en evidencia hasta qué punto el rural gallego está preparado para aprovechar sus activos sin deteriorarlos. La mirada está puesta en el cielo, pero también en el retorno que este eclipse dejará en la economía local cuando el último visitante haya regresado a casa.

Ficha del Caso

  • El caso: El eclipse solar total del 12 de agosto de 2026 convierte a Ourense, y en especial a A Veiga y Trevinca, en uno de los puntos de observación más codiciados de España. Un mes antes, la zona ya registra un fuerte incremento de reservas y se prepara para una afluencia masiva de visitantes.
  • Datos importantes: Duración de la totalidad: entre 39 y 54 segundos. Probabilidad de nubosidad: alrededor del 15 %. Hora culminante: 20.30 h. Próximo eclipse total visible desde Galicia: año 2180.
  • Resumen: El eclipse supone un impulso único para el astroturismo gallego y una oportunidad de desarrollo para la Galicia interior, pero también un test para la capacidad de gestión de eventos masivos en el rural.

Feijóo presenta a Poli Suárez como candidato del PP a la Alcaldía de Las Palmas de Gran Canaria

EN 30 SEGUNDOS

  • ¿Qué ha pasado? El PP presenta a Poli Suárez como candidato a la alcaldía de Las Palmas de Gran Canaria en un acto el jueves 16 de julio.
  • ¿Quién está detrás? Alberto Núñez Feijóo, líder nacional del PP, y Manuel Domínguez, presidente del PP de Canarias y vicepresidente autonómico.
  • ¿Qué impacto tiene? Arranca la carrera electoral del PP para recuperar la capital grancanaria, en manos del PSOE desde 2015.

El líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, presentará este jueves 16 de julio la candidatura del consejero de Educación del Gobierno canario, Poli Suárez, a la Alcaldía de Las Palmas de Gran Canaria.

La formación conservadora no gobierna en la capital grancanaria desde 2015, cuando el entonces alcalde Juan José Cardona cedió el bastón de mando al socialista Augusto Hidalgo. Desde entonces, el PP ha intentado sin éxito recuperar el control de la ciudad más poblada del archipiélago, con cerca de 380.000 habitantes.

La doble condición de Poli Suárez: consejero de Educación y secretario general del PP canario

Poli Suárez compagina actualmente la Consejería de Educación, Formación Profesional, Actividad Física y Deportes del Gobierno canario con la secretaría general del PP de Canarias. Su experiencia en la gestión municipal incluye la alcaldía de Moya, un pequeño municipio del norte de Gran Canaria, donde ya demostró su capacidad para gobernar.

La elección de Suárez responde a la necesidad de un perfil gestor en un contexto en el que la ciudadanía reclama soluciones a problemas como la movilidad o la vivienda. Su doble cargo le otorga una visibilidad que el PP quiere capitalizar para romper la hegemonía socialista en la capital.

El Hotel Santa Catalina, escenario del pistoletazo de salida

El acto, fijado a las 19:30 horas en el emblemático Hotel Santa Catalina, contará con la presencia de Alberto Núñez Feijóo y de Manuel Domínguez, que ejercerá de anfitrión como presidente regional de los populares y vicepresidente del Ejecutivo autonómico. La convocatoria está abierta a la ciudadanía, en un intento de movilizar a las bases y proyectar una imagen de unidad en torno al candidato.

Poli Suárez, eso sí, no es el único aspirante popular a una gran ciudad canaria: la concejala Carmen Pérez, en Santa Cruz de Tenerife, también será presentada en un encuentro nacional en Santiago de Compostela solo dos días después. Ambas candidaturas se enmarcan en la estrategia de Feijóo de consolidar el poder territorial del PP en todas las capitales de provincia de cara a las elecciones autonómicas y municipales del año que viene .

La apuesta por Suárez busca trasladar a la capital grancanaria la misma fórmula de gestión que el PP aplica en el Gobierno canario.

El Pulso Territorial

El PP gobierna en Canarias en coalición con Coalición Canaria, con Manuel Domínguez como vicepresidente. Sin embargo, en la ciudad de Las Palmas de Gran Canaria, el PSOE ha mantenido la alcaldía durante más de una década, una situación que se repite en otras grandes ciudades del archipiélago. La candidatura de Suárez es la apuesta del PP para romper esa inercia y replicar en el ámbito municipal el mismo esquema de gobierno que ya controla a nivel autonómico. En Baleares o Cantabria, con dinámicas similares de pactos entre partidos de ámbito estatal y formaciones regionalistas, el PP también ha tenido que combinar su marca con alianzas locales para llegar a los ayuntamientos. Tras el acto del jueves, la atención se centrará en el cónclave de Santiago de Compostela, donde se darán a conocer las líneas maestras de un programa que aspira a convencer a un electorado que en 2015 dio la espalda a los populares.

Ficha Autonómica

  • El caso: El PP presenta a Poli Suárez como candidato a la alcaldía de Las Palmas de Gran Canaria, la ciudad más grande de Canarias, con cerca de 380.000 habitantes.
  • Datos importantes: Acto el 16 de julio en el Hotel Santa Catalina; Suárez es consejero de Educación del Gobierno canario y secretario general del PP de Canarias; el PP no gobierna la ciudad desde 2015.
  • Resumen: La presentación supone el primer paso de una estrategia nacional del PP para ganar las capitales de provincia. Suárez combina perfil de gestor y cargo orgánico, y se medirá al actual alcalde del PSOE en las elecciones municipales previstas para 2027.

El Deportivo de La Coruña invierte 20 millones en fichajes y se convierte en el quinto ascendido que más gasta en Primera en el siglo XXI

El Deportivo de La Coruña ha destinado 20 millones de euros a la contratación de nuevos jugadores en el mercado estival de 2026, una cifra que sitúa al club gallego como el quinto ascendido a Primera División con mayor gasto en incorporaciones en lo que va de siglo XXI.

EN 30 SEGUNDOS

  • ¿Qué ha pasado? El Deportivo ha invertido 20 millones de euros en fichajes para la temporada 2026-2027, su retorno a Primera.
  • ¿Quién está detrás? El club coruñés, con el respaldo de su principal patrocinador, Abanca, y el director deportivo Fernando Soriano.
  • ¿Qué impacto tiene? Es el quinto mayor desembolso de un recién ascendido en este siglo, lo que refleja una apuesta por la permanencia con un claro respaldo económico.

Un mercado ambicioso tras ocho años de espera

El conjunto herculino no pisa la máxima categoría desde 2018 y su regreso se está fraguando con una determinación que pocos esperaban. Según fuentes del club, la dirección deportiva que encabeza Fernando Soriano ya ha cerrado siete incorporaciones y tiene otras tres operaciones pendientes de concretar. La inversión realizada hasta ahora —los citados 20 millones— convierte al Deportivo de La Coruña en el quinto ascendido que más gasta en el fútbol español en lo que llevamos de siglo, solo por detrás de clubes como el Real Zaragoza en 2009 o el Real Betis en 2011.

La planificación deportiva ha prescindido de jugadores que no encajaban en los esquemas de Antonio Hidalgo, el técnico que dirigirá al equipo en Primera. El último en salir ha sido Alex Petxarroman, quien este viernes puso fin a su etapa en Riazor. La operación salida libera masa salarial para que Soriano pueda atacar los refuerzos que aún faltan: un central, un mediocentro y un delantero de referencia.

La dimensión económica del fútbol coruñés

El desembolso no es casual. A Coruña lleva años esperando un proyecto deportivo sólido que reactive el interés social y comercial de un club que llegó a ser campeón de Liga en 2000. La entidad ha contado con el respaldo financiero de Abanca, su principal patrocinador, y de un grupo de inversores locales que ven en el fútbol una palanca de dinamización económica. El gasto en fichajes supera lo previsto inicialmente y demuestra que los propietarios confían en que la permanencia en Primera genere retornos por derechos televisivos, patrocinios y venta de abonos.

No obstante, la apuesta tiene riesgos. El Deportivo asume un presupuesto de plantilla que rondará los 35 millones de euros, una cifra superior a la de muchos equipos ya consolidados en la categoría. Si el equipo no logra la salvación, las consecuencias financieras podrían ser severas, como ya ocurrió en 2018 con un descenso que lastró las cuentas durante años. La directiva confía en que la apuesta funcione y en que el respaldo de la afición —que ya ha renovado 15.000 abonos— compense el esfuerzo.

La inversión del Deportivo no es solo una cuestión deportiva: es un termómetro de la confianza inversora en Galicia.

El Laboratorio Gallego

El Deportivo de La Coruña regresa a Primera en un momento en que la economía gallega busca referentes que proyecten una imagen de modernidad. La Xunta de Galicia ha incluido el deporte en su estrategia de Marca Galicia, y aunque el apoyo institucional al club se canaliza sobre todo a través del patrocinio de Abanca —entidad participada por el gobierno autonómico—, el trasfondo político es evidente. La ciudad de A Coruña aspira a recuperar protagonismo económico y social, y el fútbol es uno de sus escaparates más potentes.

En clave nacional, el caso del Deportivo ilustra cómo los clubes ascendidos están dispuestos a romper la hucha para competir. El quinto puesto en el ranking de inversión en fichajes del siglo XXI sitúa al equipo gallego por delante de entidades como el Granada, el Mallorca o el Real Valladolid en sus respectivos ascensos. Esta apuesta, que combina capital local con una gestión deportiva agresiva, recuerda al modelo que ensayó el Villarreal a principios de siglo. Si el Deportivo logra la permanencia, su fórmula podría convertirse en referencia para otros equipos que suban de categoría.

Ficha del Caso

  • El caso: El Deportivo de La Coruña ha gastado 20 millones de euros en fichajes este verano para afrontar su regreso a Primera División tras ocho años de ausencia.
  • Datos importantes: Quinto mayor gasto de un ascendido en el siglo XXI; siete fichajes cerrados y tres más en cartera; salario de plantilla estimado en 35 millones; Abanca como respaldo financiero.
  • Resumen: La fuerte inversión refleja la confianza del club y de sus patrocinadores en que la permanencia en Primera generará retornos económicos, pero implica un riesgo financiero notable si el equipo no se salva.

La caída de alumnos en España no afecta a Valencia: ampliarán plazas de Infantil por el crecimiento poblacional

La Comunitat Valenciana no se ajustará al patrón nacional de caída del alumnado previsto para los próximos quince años. Según el último informe del Instituto Valenciano de Investigaciones Económicas (Ivie), la región experimentará un incremento de la población infantil que obligará al Consell (el gobierno de la Generalitat Valenciana) a ampliar las plazas de Educación Infantil, justo en el momento en que otras autonomías se preparan para cerrar unidades.

EN 30 SEGUNDOS

  • ¿Qué ha pasado? Un estudio del Ivie proyecta que España perderá 1,32 millones de jóvenes en edad escolar hasta 2041, pero la Comunitat Valenciana verá crecer su población de 0 a 5 años un 22,9 %.
  • ¿Quién está detrás? El informe, basado en las proyecciones del INE, ha sido difundido por el Ivie. El Consell ya trabaja en la ampliación de plazas educativas.
  • ¿Qué impacto tiene? La Generalitat Valenciana deberá crear nuevas plazas escolares en Infantil mientras ajusta Secundaria a un descenso gradual del alumnado.

La España que pierde alumnos y la que necesita más colegios

El estudio del Ivie —elaborado a partir de las últimas proyecciones del INE— muestra una radiografía educativa de dos velocidades. La población de entre 6 y 24 años se reducirá en España un 13,7 % en el horizonte de 2041, con un ajuste especialmente intenso en la ESO (20,3 % de caída) y en Bachillerato y FP (23,7 %). Sin embargo, esa pérdida de estudiantes no se traducirá en un ahorro automático para las administraciones. El gasto público por universitario es mucho mayor (11.347 euros anuales) que en Infantil o Primaria (4.720), lo que amortiguará cualquier descenso del gasto total.

La redistribución territorial es el dato más relevante. Las comunidades del interior y del norte, con Cantabria y Extremadura a la cabeza, perderán más del 22 % de su población joven. En contraste, el arco mediterráneo mantendrá una evolución más estable gracias a la llegada de población de otras regiones y del extranjero. La Comunitat Valenciana apenas variará su población de 0 a 24 años (-0,1 %) y verá crecer de forma notable la franja de 0 a 5 años, que se incrementará un 22,9 %. Ese es el matiz que el Consell no puede ignorar.

Valencia: más niños en Infantil y una presión que no aflojará

El informe del Ivie subraya que la demanda de plazas en Educación Infantil seguirá creciendo en la Comunitat Valenciana incluso cuando la natalidad ya está cayendo en otras etapas. Los datos de matriculación confirman esa evolución. La Educación Primaria alcanzó su techo en el curso 2016-2017 con más de 311.000 alumnos y desde entonces ha ido cediendo hasta situarse por debajo de los 295.000. En cambio, la Secundaria tardó más en ver el declive: entre 2014-2015 y la pandemia, los institutos ganaron 30.000 alumnos, hasta superar los 213.000, y solo en los últimos años han empezado a perder estudiantes.

La presión se traslada a las primeras etapas. El crecimiento del 22,9 % en la población de 0 a 5 años obligará al Consell de Carlos Mazón a ampliar las unidades de Infantil, tanto en la red pública como en la concertada. La demanda de plazas, segun el Ivie, seguirá creciendo. Aunque la Generalitat Valenciana todavía no ha detallado el calendario ni el presupuesto exacto, fuentes del departamento de Educación confirman que las consellerias trabajan en un plan de choque para los próximos cursos.

Mientras Extremadura afronta un descenso del 7,4 % de su población infantil, Valencia se prepara para un aumento del 22,9 %: el mapa escolar español se parte en dos.

El estudio señala otro elemento que puede facilitar esa adaptación. La jubilación masiva del profesorado ofrece un margen de maniobra: en las universidades públicas la edad media es de 49,5 años, y en Secundaria el 35 % de la plantilla supera los 50. Esa renovación permitirá redimensionar las plantillas sin traumatismos, aunque la especialización docente impide trasvases entre etapas.

La planificación educativa en la Comunitat Valenciana se complica porque las etapas no evolucionan al mismo ritmo. Mientras Infantil exige más plazas, Secundaria entrará en un descenso gradual y la Universidad apenas se contraerá un 2,2 %. Esa triple velocidad obliga a una gestión quirúrgica de los recursos, algo que el Consell de Mazón tendrá que demostrar capaz de ejecutar en los próximos años.

El Escenario Valenciano

La publicación del informe del Ivie en julio de 2026 coloca al Consell frente a un reto que ya no es teórico. El president Mazón, que ha centrado buena parte de su discurso en la defensa del crecimiento económico y demográfico como un activo, encuentra ahora un argumento sólido para reclamar más inversión educativa al Gobierno central sin necesidad de agitar el debate de la financiación autonómica. A nivel nacional, el estudio evidencia que la pérdida de alumnos no será homogénea, lo que podría abrir la puerta a una redistribución de fondos estatales según criterios demográficos, algo que otras comunidades con fuerte descenso ya empiezan a demandar.

La dimensión nacional es inevitable: según los datos del Ivie, el gasto medio por alumno apenas bajará porque el peso del gasto universitario, más caro, compensa la caída de alumnos en edades tempranas. Eso significa que la presión fiscal sobre el sistema educativo no se relajará, pero sí cambiará de foco. La Comunitat Valenciana, por su evolución demográfica, acaparará gran parte de la necesidad de nueva inversión en escuelas infantiles, mientras otras autonomías podrían destinar sus ahorros a mejorar la calidad en secundaria o en formación profesional. Para el Gobierno de Pedro Sánchez, conciliar esas dos realidades será uno de los grandes desafíos de la legislatura.

En las Corts Valencianes, la oposición de PSPV y Compromís no ha tardado en reaccionar. Ambos partidos reclaman al Consell que concrete el plan de ampliación de plazas de Infantil y que lo acompañe de un refuerzo de la educación pública en los barrios con mayor crecimiento, como los de l’Horta Sud o el área metropolitana de Alicante. La previsión, a falta de detalles, es que la Conselleria presente su hoja de ruta antes del inicio del curso 2026-2027.

Ficha del Caso

  • El caso: El informe del Ivie, sobre las proyecciones del INE, advierte de que la Comunitat Valenciana se desmarcará de la caída nacional de alumnado gracias a un fuerte crecimiento de la población infantil, lo que obligará al Consell a ampliar las plazas de Educación Infantil.
  • Datos importantes: La población de 0 a 5 años crecerá un 22,9 % en Valencia, mientras el conjunto de España perderá 1,32 millones de jóvenes en edad escolar hasta 2041. El gasto por universitario (11.347 €) duplica al de Infantil (4.720 €).
  • Resumen: La presión escolar en Infantil no solo no remitirá, sino que exigirá una planificación educativa y presupuestaria urgente para que el crecimiento demográfico no colapse los centros.

Cambios LOMLOE en ESO y Bachillerato: evaluación por competencias y titulación

La Ley Orgánica 3/2020, de 29 de diciembre (LOMLOE), reconfiguró las etapas de ESO y Bachillerato en España con un modelo de evaluación por competencias. Según el texto consolidado en el Boletín Oficial del Estado, la norma eliminó los exámenes externos de final de etapa y otorgó a los equipos docentes la decisión sobre la promoción y la titulación del alumnado.

Uno de los cambios más visibles fue la supresión de las conocidas «reválidas»: la evaluación final de ESO y la de Bachillerato que la LOMCE había introducido pero que nunca llegaron a aplicarse. La LOMLOE apostó por un sistema de evaluación continua, formativa e integradora, dejando atrás la rigidez de las pruebas únicas.

El nuevo modelo de evaluación por competencias

Con la LOMLOE, el currículo de la ESO y el Bachillerato se articula en torno a competencias clave, como la comunicación lingüística, la competencia matemática o la digital. La evaluación del alumnado, según el real decreto de desarrollo, debe ser continua y atender al grado de adquisición de esas competencias, y no solo a los contenidos. Esta metodología exige que los docentes diseñen situaciones de aprendizaje que integren varias materias, como recogen los nuevos decretos curriculares.

El artículo 28 de la ley establece que un alumno promociona cuando el equipo docente considere que ha alcanzado los objetivos o que la promoción le permitirá seguir con éxito el curso siguiente. Se elimina el límite automático de materias suspensas que existía antes: la decisión recae en la junta de evaluación, que debe valorar la evolución global del estudiante.

Este enfoque, señala el Ministerio de Educación, persigue reducir el abandono escolar y personalizar la enseñanza. No obstante, ha suscitado críticas desde algunas comunidades autónomas, que temen que la falta de criterios homogéneos genere desigualdades territoriales. La Conferencia Sectorial de Educación ha debatido en varias ocasiones la necesidad de armonizar los criterios de promoción.

La desaparición de las reválidas no eliminó las evaluaciones externas: la LOMLOE mantiene pruebas de diagnóstico en cuarto de ESO y segundo de Bachillerato, de carácter muestral y sin efectos académicos.

Cómo se obtiene ahora el título de ESO y Bachillerato

En la ESO, el título se otorga por decisión colegiada del equipo docente. No es necesario aprobar un examen externo; basta con que el profesorado considere que el alumno ha adquirido las competencias requeridas, incluso si queda alguna materia no superada, siempre que el equipo estime que puede proseguir estudios posteriores con aprovechamiento.

En Bachillerato, la reválida también desapareció. Para titular, es preciso aprobar todas las materias de los dos cursos. La nota media se calcula con las calificaciones de Bachillerato, y para acceder a la universidad los estudiantes realizan la EBAU (Evaluación del Bachillerato para el Acceso a la Universidad), una prueba que organizan las comunidades autónomas y que pondera un 40 % de la nota final, mientras que la media del Bachillerato cuenta un 60 %.

Las universidades reservan plazas en función de la nota de admisión, que se calcula con la media de Bachillerato (60 %) y la calificación de la fase general de la EBAU (40 %); los estudiantes pueden mejorar su nota con la fase específica de materias voluntarias.

El Marco Educativo

La LOMLOE, plenamente implantada en toda la ESO y el Bachillerato desde el curso 2024-2025, devolvió a las comunidades autónomas competencias curriculares que la LOMCE había centralizado. El artículo 6 bis de la ley fija que las administraciones educativas determinan hasta el 50 % de los contenidos en las comunidades con lengua cooficial y el 40 % en el resto. Esta descentralización ha permitido adaptar la enseñanza a las realidades territoriales, pero también ha generado diferencias en la aplicación de los criterios de evaluación y titulación, según ha advertido el Consejo Escolar del Estado.

Los protagonistas de este cambio son múltiples: el Ministerio de Educación fija las enseñanzas mínimas, las consejerías autonómicas despliegan sus currículos y los centros educativos concretan sus proyectos. Los sindicatos docentes han valorado la flexibilidad del nuevo sistema, aunque reclaman más formación en evaluación competencial. Por su parte, la Confederación Española de Padres y Madres de Alumnos (CEAPA) ha solicitado mayor transparencia en los criterios de promoción para garantizar la igualdad de oportunidades.

De cara al futuro, el Ministerio ha anunciado que las pruebas de diagnóstico nacional, realizadas con cierto retraso respecto al calendario previsto, servirán para orientar las políticas educativas. No se plantean nuevas reformas estructurales en la secundaria, aunque el debate sobre una posible prueba única de acceso a la universidad sigue vigente en el Consejo de Universidades.

Claves de la Noticia

  • Qué importa: La LOMLOE eliminó las reválidas, implantó la evaluación continua y otorgó al equipo docente la decisión sobre la promoción y la titulación en la ESO y el Bachillerato.
  • Por qué importa: El sistema pasó de la rigidez de los exámenes finales a un modelo flexible basado en competencias, lo que afecta a la forma en que los estudiantes obtienen sus títulos y acceden a la universidad.
  • A quién le importa: A los más de 2 millones de alumnos de ESO y a los 600.000 de Bachillerato que cursan estudios en España cada año, así como a sus familias y a los docentes.

Sanidad distribuye 235 millones en financiación a comunidades para Atención Primaria y salud bucodental

EN 30 SEGUNDOS

  • ¿Qué ha cambiado? El Pleno del Consejo Interterritorial del Sistema Nacional de Salud ha aprobado la distribución de 235,4 millones de euros entre las comunidades autónomas y el INGESA para el ejercicio 2026.
  • ¿Quién lo ha decidido? La ministra de Sanidad, Mónica García, tras el acuerdo del Consejo Interterritorial del SNS.
  • ¿A quién afecta? Las prestaciones de Atención Primaria y la ampliación de la cartera de salud bucodental, que podrían llegar a los colegios a través de programas de educación sanitaria escolar.

El Ministerio de Sanidad ha formalizado el reparto de 235.449.950 euros a las comunidades autónomas y al Instituto Nacional de Gestión Sanitaria (INGESA) para reforzar la Atención Primaria y ampliar los servicios de salud bucodental. El acuerdo, alcanzado en el Pleno del Consejo Interterritorial del Sistema Nacional de Salud el 10 de julio, supone una inyección directa a las prestaciones sanitarias que, en el caso de la salud bucodental, también puede incidir en los centros educativos.

La distribución: 172 millones para Atención Primaria y 60 millones para salud bucodental

La mayor partida, 172,4 millones de euros, se dedica al Marco Estratégico de Atención Primaria y Comunitaria. Estos fondos financiarán actuaciones gestionadas por las comunidades autónomas y el INGESA con cargo al presupuesto de Sanidad para 2026. La decisión refuerza una de las áreas más presionadas del sistema sanitario, la primera línea asistencial.

A ella se suman 60,06 millones de euros para impulsar la ampliación de la cartera común de servicios de salud bucodental en el Sistema Nacional de Salud. Esta línea, aprobada por primera vez con una dotación específica, pretende universalizar prestaciones como las limpiezas periódicas, los empastes y otras atenciones que hasta ahora no estaban cubiertas para todos los colectivos. El objetivo, según fuentes ministeriales, es llegar especialmente a niños, adolescentes y personas mayores.

Salud bucodental en colegios: el puente con la educación sanitaria escolar

La conexión con el sistema educativo es directa. La ampliación de la cartera de salud bucodental contempla intervenciones en centros educativos, dentro de los programas de prevención y promoción. Aunque la gestión es competencia sanitaria, la colaboración con los centros escolares resulta clave para alcanzar a la población infantil y adolescente.

Distintas comunidades autónomas ya tienen en marcha programas de revisión bucodental en colegios públicos. Con los nuevos fondos, el Ministerio de Sanidad espera que se extiendan y homogeneicen. «La educación sanitaria en los colegios es uno de los canales más eficaces para reducir las desigualdades en salud oral», ha señalado la ministra García en anteriores comparecencias. Aunque no hay partidas presupuestarias específicas para educación, el impacto sobre el alumnado será inevitable si se materializan las actuaciones previstas.

La inversión de 60 millones en salud bucodental podría reforzar los programas de prevención en centros educativos, una línea que cruza las competencias sanitarias y educativas.

Además de estas dos grandes líneas, el Consejo Interterritorial ha aprobado otros dos bloques: 2 millones de euros para la mejora del sistema de información del SNS y 960.000 euros para el Marco Estratégico para los Cuidados de Enfermería, completando así los 235,4 millones totales.

El Marco Educativo

La salud bucodental en el ámbito escolar es una competencia compartida entre el sistema sanitario y el educativo. La Ley Orgánica 2/2006, de Educación, en su artículo 2, recoge entre los fines del sistema la educación para la salud. Sin embargo, las actuaciones concretas en los centros dependen de la colaboración entre las consejerías de Sanidad y Educación en cada comunidad autónoma.

En este contexto, la distribución de 60 millones de euros para salud bucodental por parte del Ministerio de Sanidad supone un impulso económico que puede traducirse en más revisiones en las escuelas, charlas de prevención y sellados de fisuras. Según datos de la Encuesta Nacional de Salud, el 28% de los niños de 6 a 12 años tiene caries no tratadas. Las autoridades sanitarias consideran que la intervención en el entorno educativo reduce esta prevalencia. La proyección de estos fondos abarca el ejercicio 2026, y las comunidades deberán presentar sus planes de ejecución antes de final de año.

Claves de la Noticia

  • Qué importa: El reparto de 235 millones de euros para Atención Primaria y salud bucodental, aprobado el 10 de julio de 2026 por el Consejo Interterritorial del SNS.
  • Por qué importa: La ampliación de la cartera de servicios bucodentales puede incrementar las prestaciones gratuitas y reforzar la prevención en colegios, conectando sanidad y educación.
  • A quién le importa: Ciudadanos de todas las edades, con especial incidencia en niños y adolescentes escolarizados que podrían beneficiarse de más atención bucodental en su centro educativo.

Agrupaciones forestales en Galicia: cómo mejorar la rentabilidad del monte y prevenir incendios sin perder la propiedad

Galicia arrastra desde hace décadas un problema estructural que condiciona desde la economía rural hasta la magnitud de sus incendios: la extrema fragmentación de la propiedad forestal. La conselleira de Medio Rural ha reconocido en el Parlamento que más de 670 000 hectáreas de monte gallego pertenecen a titulares con parcelas inferiores a una hectárea, un minifundismo que aboca al abandono y multiplica el riesgo de fuego. Sin embargo, una fórmula jurídica regulada por la Xunta está ganando tracción entre los propietarios: las agrupaciones forestales de gestión conxunta (AFXC) permiten coordinar fincas colindantes sin que nadie pierda la titularidad ni la capacidad de decidir sobre su tierra. Las agrupaciones forestales son la herramienta más prometedora para convertir el minifundismo gallego en una oportunidad económica y ambiental.

Según ha explicado a La Razón Pilar Orol, administradora de la empresa lucense Tenzas Enxeñería, el modelo se apoya en dos figuras: las AFXC básicas, donde los dueños mantienen tanto la propiedad como la gestión directa pero coordinan desbroces, plantaciones o aprovechamientos, y las AFXC territoriales, en las que se cede la administración a una entidad gestora durante un plazo acordado. El propietario sigue siendo dueño, pero deja de cargar en solitario con todas las decisiones y trámites. «Muchas veces el principal reto no es técnico, sino organizativo», subraya Orol, cuyo equipo trabaja desde Lugo con propietarios y comunidades de montes.

Qué es una AFXC y por qué interesa a quien vive lejos del monte

Las AFXC nacieron en la Lei de montes de Galicia de 2012 y fueron reforzadas por la Lei de recuperación da terra agraria de 2021, ambas aprobadas bajo mayorías del PPdeG. La clave está en que la parcela sigue en manos del titular, pero las actuaciones silvícolas —desde una tala hasta la solicitud de ayudas europeas— se planean sobre una superficie continua que gana escala y reduce costes. Según datos del IGE (Instituto Galego de Estatística), apenas el 15 % de las fincas forestales gallegas alcanzan las 10 hectáreas, el umbral mínimo para que una explotación maderera sea viable sin apoyos externos. La agrupación permite saltar esa barrera sin necesidad de comprar ni expropiar.

Para el propietario absentista —aquel que vive en A Coruña, Madrid o Barcelona— la AFXC resuelve la paradoja del abandono. Puede conservar el patrimonio familiar sin desplazarse cada mes ni lidiar con trámites administrativos. El acompañamiento técnico, explica Orol, «aporta información y seguridad: analizamos cada monte, mostramos las alternativas y facilitamos el diálogo entre vecinos, porque muchas veces el principal escollo es organizativo». Ese acompañamiento es, de hecho, el servicio central que ofrecen empresas como Tenzas Enxeñería.

La agrupación forestal no borra la propiedad, la hace viable: es la diferencia entre un monte que arde cada dos veranos y uno que produce renta y frena el fuego.

Los modelos no son idénticos. En la AFXC básica el propietario mantiene el control directo: decide qué plantar, cuándo cortar, a quién vender. La coordinación se limita a pactar fechas para trabajos comunes —una roza simultánea, por ejemplo— y negociar precios conjuntos con empresas de servicios forestales. En la AFXC territorial, en cambio, la gestión se cede temporalmente a una entidad que puede ser pública, privada o mixta, lo que permite planificar ciclos completos de plantación y cosecha sobre superficies de cientos de hectáreas. Ambos formatos comparten un objetivo: transformar el mosaico de microparcelas en una unidad de gestión profesional.

Prevención de incendios: el beneficio que interesa al resto de España

La conexión entre abandono forestal e incendios es una constante en la política gallega, pero también en la mediterránea. El Parlamento de Galicia debatió en marzo de 2026 un plan de prevención que vincula directamente las AFXC con la reducción del combustible vegetal. «Un monte gestionado arde menos», ha repetido la conselleira de Medio Rural en sede parlamentaria. Los datos de la última campaña avalan esa tesis: según el informe provisional de la Xunta presentado en mayo, las superficies incluidas en agrupaciones forestales registraron un 60 % menos de superficie quemada por hectárea que los montes sin plan de gestión conjunta.

Ese dato tiene una lectura nacional. Regiones como Castilla y León, Extremadura o Andalucía comparten el problema del minifundismo forestal y podrían encontrar en el modelo gallego una referencia. No se trata, advierten los técnicos, de copiar la norma, sino de adaptar la filosofía: incentivar la cooperación voluntaria entre propietarios mediante beneficios fiscales y acceso prioritario a ayudas europeas. Galicia lo hace ya a través del Plan Estratéxico do Monte Galego 2021-2040, que reserva partidas específicas para las AFXC.

El laboratorio político gallego

Las AFXC son, antes que una política forestal, una política de ordenación del territorio con un fuerte componente de consenso social. El PPdeG, que gobierna con mayoría absoluta desde 2009, ha situado esta figura en el centro de su discurso sobre el rural, pero tanto el BNG como el PSdeG la han respaldado en los debates parlamentarios, aunque con matices: el BNG reclama más papel para las comunidades de montes y el PSdeG exige que la Xunta refuerce el acompañamiento público, no solo el privado. El actual presidente de la Xunta, Alfonso Rueda, ha visitado en los últimos meses varias AFXC territoriales en Ourense y Lugo para escenificar el apoyo del gobierno autonómico.

La dimensión nacional de este modelo es menos explícita que en otras políticas —no hay un «plan Feijóo» para las agrupaciones forestales—, pero resulta evidente para cualquier analista territorial. El minifundismo forestal no es exclusivo de Galicia: según el Catastro, casi el 40 % de las parcelas rústicas españolas tienen menos de una hectárea. La experiencia gallega demuestra que se puede atajar ese problema sin recurrir a expropiaciones ni fusiones forzosas, un mensaje que encaja tanto con la sensibilidad conservadora del PP como con la apuesta del PSOE por la cooperación. De hecho, los fondos Next Generation han abierto una ventana para financiar proyectos de gestión conjunta en toda España, y comunidades como Asturias ya han enviado técnicos a Galicia para estudiar el funcionamiento de las AFXC territoriales.

La próxima cita relevante en el calendario es la convocatoria de ayudas de la Xunta para 2027, que previsiblemente se publicará en el DOG a finales de este año. Si la tendencia se consolida —en el último trienio se han constituido más de 30 nuevas agrupaciones—, el monte gallego podría convertirse en un laboratorio silencioso pero eficaz para la España vaciada. El reto, como advierte Pilar Orol, no es la técnica, sino la organización: «Generar confianza entre propietarios lleva tiempo, pero cuando se logra, el monte deja de ser un problema y empieza a ser una solución».

Ficha del Caso

  • El caso: Las agrupaciones forestales de gestión conxunta (AFXC) permiten a propietarios de pequeñas parcelas coordinar su gestión sin perder la propiedad, mejorando la rentabilidad y la prevención de incendios.
  • Datos importantes: Más de 670 000 hectáreas gallegas están en parcelas de menos de 1 ha. Las AFXC redujeron un 60 % la superficie quemada por hectárea en 2026. Galicia cuenta con dos modelos: básico y territorial.
  • Resumen: La fórmula, pionera en España, combate el abandono forestal y conecta con las necesidades de prevención de incendios de todo el país, atrayendo el interés de otras comunidades autónomas.

Marine Le Pen sube en las encuestas en Francia tras su condena por malversación de fondos UE y se consolida como candidata al Elíseo

EN 30 SEGUNDOS

  • ¿Qué ha pasado? Marine Le Pen obtiene un 36% de intención de voto en la primera vuelta, 4 puntos más que en la anterior encuesta de Ifop, y ganaría todas las combinaciones de segunda vuelta frente a Gabriel Attal, Édouard Philippe o Jean‑Luc Mélenchon.
  • ¿Quién está detrás? El Reagrupamiento Nacional capitaliza la ratificación de su condena por malversar fondos del Parlamento Europeo, cuya inhabilitación reducida a 15 meses le permite ser candidata en las presidenciales de abril de 2027.
  • ¿Qué impacto tiene? La líder ultraderechista se consolida como víctima del sistema judicial y desafía a las instituciones comunitarias, mientras la UE observa con preocupación el avance de un discurso que erosiona la confianza en la arquitectura de integración europea.

El martes 7 de julio, el Tribunal de Apelación de París ratificó la condena de Marine Le Pen por desviar fondos del Parlamento Europeo, la misma institución que ahora ve cómo su veredicto impulsa inequívocamente sus aspiraciones al Elíseo. El sondeo publicado por Ifop para Le Figaro y LCI tan solo días después confirma un fenómeno que los analistas comunitarios temían: la inhabilitación reducida a quince meses no solo no la aparta de la carrera presidencial, sino que le regala un argumento victimista que engrasa su maquinaria electoral.

Una condena que se convierte en combustible electoral

La encuesta otorga a la líder del Reagrupamiento Nacional un 36 % de intención de voto en la primera vuelta, cuatro puntos porcentuales más que en la medición anterior. El dato disipa cualquier ventaja momentánea de su delfín, Jordan Bardella, y, sobre todo, proyecta una segunda vuelta en la que Le Pen batiría a cualquier rival: 55 % frente a Gabriel Attal, 54 % contra Édouard Philippe y una diferencia abrumadora del 70‑30 % ante Jean‑Luc Mélenchon.

La paradoja —ser condenada por malversar dinero público europeo y sin embargo crecer en las urnas— no es nueva en la constelación populista. La propia Le Pen ha cultivado el relato de persecución judicial desde hace años, y la militancia de la extrema derecha francesa lo asume como una prueba más de la hostilidad de las «élites» que controlan Bruselas y París. Cada tarde, los platós afines amplifican la idea de que una sentencia técnica no debería anular la voluntad popular.

Una condena firme por malversación de fondos europeos se ha transformado en el mayor activo electoral de la ultraderecha francesa.

El camino despejado hacia el Elíseo de 2027

El fallo del tribunal de apelación dejó una puerta estrecha pero suficiente: la inhabilitación queda en quince meses, lo que permite a Le Pen presentarse sin obstáculo jurídico a la cita del 18 de abril y 2 de mayo del próximo año. Solo el Tribunal de Casación podría endurecer la pena, y, en el escenario más adverso, la candidata acabaría llevando una tobillera electrónica durante las últimas semanas de campaña, una imagen que su equipo ya se ha encargado de normalizar.

“Si me ponen un aro en el tobillo, lo mostraré en los mítines”, deslizó ante los suyos, según fuentes del partido recogidas por Le Figaro. La estrategia calcada de otros líderes —Berlusconi desafiando a los fiscales, Trump denunciando una caza de brujas, Farage dimitiendo para ser reelegido— funciona porque el electorado del RN comparte la sensación de estar marginado y ve en su líder a la encarnación de la resistencia.

En paralelo, el presidente Emmanuel Macron se prepara para su último 14 de julio como anfitrión. Mañana, el desfile militar en los Campos Elíseos reunirá a decenas de jefes de Estado y de Gobierno, incluido Pedro Sánchez, en una escenografía que busca proyectar unidad europea justo cuando la fractura interna en Francia amenaza con contagiar al resto del continente.

ultraderecha Francia

El Eje del Poder Europeo: la ultraderecha desafía a las instituciones de la UE

La candidatura de Le Pen con una sentencia por estafa al Parlamento Europeo plantea un dilema institucional incómodo. La Eurocámara fue la víctima directa de la trama de asistentes parlamentarios ficticios, y ahora ve cómo la imputada convierte ese episodio en un trampolín. El mensaje que atraviesa la UE es claro: el cuestionamiento de la justicia y de los controles financieros comunitarios no penaliza electoralmente, sino que puede ser rentable.

Para España, el eco es inmediato. Vox interpretará el avance de Le Pen como una validación de su propia retórica contra las instituciones y los fondos europeos. Además, una victoria de la líder del RN en 2027 reconfiguraría las mayorías en el Consejo Europeo, alineando a una de las dos grandes economías fundadoras con el bloque de Víktor Orbán y, probablemente, con la Italia de Giorgia Meloni. La arquitectura de decisiones sobre Ucrania, el Pacto Verde o la regla fiscal quedaría sometida a una prueba de estrés sin precedentes.

Fuentes comunitarias consultadas por Moncloa.com admiten que la «fatiga judicial» ante casos de corrupción que afectan a líderes populistas está creando una peligrosa asimetría: mientras se acelera el procedimiento contra Hungría o Polonia por violaciones del Estado de derecho, los tribunales nacionales que condenan a figuras euroescépticas se convierten en involuntarios proveedores de argumentos de campaña. La lección, apuntan, es que la justicia, por sí sola, no detiene el relato antisistema; hace falta una respuesta política y comunicativa que Bruselas todavía no ha encontrado.

El contraste con la imagen que Macron quiere ofrecer mañana en el desfile del 14 de julio no puede ser más evidente. Mientras los líderes europeos desfilan por los Campos Elíseos y debaten sobre el envío de tropas a Ucrania en la reunión de la Coalición de Voluntarios en Los Inválidos, Le Pen y su partido seguirán alimentando la narrativa de que la fiesta nacional es solo el escaparate de una elite desconectada. La próxima cita con las urnas dirá si esa percepción basta para llevarla al Elíseo, y con ello, a tumba abierta, al corazón del Consejo Europeo.