Según el informe emitido por la Unidad de la Intervención General de la Administración del Estado (IGAE) para la Fiscalía Anticorrupción que investiga los contratos de obra pública otorgados por ADIF y la Dirección General de Carreteras, dentro del Caso Koldo, varios de estos contratos se incrementaron justo por debajo del 20% una vez adjudicados para evitar volver a ser licitados o sometidos al dictamen del Consejo de Estado. Al menos en este tipo de contratos. Esa es la conclusión a la que llega la unidad de Fiscalía especializada que ha estudiado los contratos en un informe remitido este 11 de marzo al juez.
Además. Sobre el modus operandi para otorgar contratos, la IGAE sostiene que en al menos de tres de esos contratos sólo los juicios de valor subjetivos, no fórmulas matemáticas, posibilitaron que se hiciesen con ellos las constructoras investigadas: Acciona, OPR y Levantina Ingeniería y Construcción (LIC).
Los técnicos adscritos a la Fiscalía explican que de los cinco contratos estudiados, tres se adjudicaron a Acciona, de manera individual o en UTE con Ferrovial Agroman. Los otros dos, de cuantías mucho más bajas fueron para OPR y LIC.
Sobre los tres contratos de Acciona sostienen los funcionarios que «los criterios determinantes de la adjudicación han sido los juicios de valor y en dos de ellos, salvo para un licitador, no parece posible que la diferencia de puntuación por este criterio de juicios de valor se pudiera revertir con la puntuación obtenida por los criterios basados en fórmulas (precio)».
Es decir, que aunque los rivales de Acciona hubiesen bajado mucho el precio para competir mejor tampoco hubiesen logrado las adjudicaciones. Además, en los 3 contratos de ADIF para Acciona «en el acto de comprobación del replanteo (…) pone (la adjudicataria) de manifiesto una serie de defectos que determinan, entre otros extremos que se tenga que tramitar una modificación del proyecto (…). En los tres casos esta modificación supone un incremento del precio del contrato ligeramente por debajo del 20% y en los tres casos esa modificación incumple la normativa sobre modificaciones».
¿Pero por qué por debajo del 20% y no de otra cantidad? Los técnicos explican que por encima del 20% el contrato debe volver a salir a concurso o ser sometido a un dictamen del Consejo de Estado.
El primer contrato escrutado hace referencia al soterramiento de las vías de tren en la ciudad de Murcia, el soterramiento de Bariomar y el de Nonduermas. El presupuesto inicial era de 208 millones y medio de euros, de los que Nonduermas serían 66 millones y el resto Barriomar. El importe de la licitación fue de 239 millones de euros.
Dicen los técnicos que «el proyecto y el expediente de contratación se han tramitado con mucha celeridad. (…) El proyecto fue supervisado el 18 de julio de 2018, aprobado el mismo día y el replanteo previo se realiza el 23 de julio de 2018».
Además, el 26 de julio se firmaba entre ADIF Alta Velocidad y Murcia Alta Velocidad «una adenda al acuerdo marco regulador (…) para la ejecución de las obras de la RAF de Murcia (…).
A esta licitación se presentaron 10 ofertas. Los criterios de juicios de valor ponderaban 40 puntos y los de fórmulas 60 puntos. Y los técnicos son taxativos al afirmar que «han sido los criterios en juicios de valor los que han determinado la adjudicación».
MURCIA, UN 19,72% DE INCREMENTO
La UTE formada por Acciona y Ferrovial obtuvo 36,17 puntos de los criterios de valor. El segundo, Azvi y Sacyr, obtuvieron 33,13 puntos y el resto de ofertas entre 29,39 y 30,34 puntos. «Por tanto, salvo la UTE formada por Sacyr y Azvi, las otras proposiciones no tenían posibilidades de obtener adjudicación del contrato», sostiene el informe para la Fiscalía.
Luego el adjudicatario planteó una serie de cuestiones que afectaban al replanteo de la obra, como obras que deben ejecutar otros antes de empezar ellos, el estudio de inundabilidad de un túnel, el cambio de tipo de acero al darse cuenta de que Murcia es una región sujeta a terremotos… «Como consecuencia de las circunstancias puestas de manifiesto en el acto de comprobación del replanteo, se tramitó y aprobó el 29 de marzo de 2021 una modificación del contrato por importe de 31.317.56,36€, lo que supuso un adicional del 19,72%». Justo antes del 20%.
Los técnicos pusieron varios ejemplos que hubiesen provocado la resolución del contrato, algo que ADIF no hizo. El contrato final se elevó a 190.188.566,54€, IVA excluido.
Además, este contrato se desgajó en otro, publicado el 23 de septiembre de 2023. Consistía en la adecuación de la arquitectura interior de la misma estación de Murcia El Carmen, Barriomar. El presupuesto fue de 15.491.007,84€. Acciona y Ferrovial también se llevaron este contrato. En este caso los puntos por juicio de valor eran 50 y la UTE obtuvo 47,80 puntos. Su rival más cercano tuvo 41,92 puntos. Sin embargo, en el criterio del precio el de Acciona era la octava mejor oferta.
Los técnicos concluyeron que «este proyecto no se debió tramitar como proyecto independiente sino como modificado del proyecto (…) de soterramiento de Murcia». Y explican que para que los modificados superen el 20% era preceptivo «el dictamen del Consejo de Estado, y que, por tanto, se intentaba evitar fijando las modificaciones en un porcentaje ligeramente inferior al 20%».
Es más, al tratarse de una modificación del contrato, «estas obras debían ejecutarse por las mismas empresas, Acciona y Ferrovial. (…) Como el precio no se puede alterar en la licitación salvo acuerdo entre los demás licitadores, la única posibilidad para adjudicarle el contrato a estas empresas era actuar sobre la puntuación de los criterios evaluables como juicios de valor (…). Por tanto, en ADIF Alta Velocidad entienden que con una diferencia de 5,88 puntos es muy difícil que la adjudicación recaiga en otro licitador».
SANT FELIÚ DE LLOBREGAT, UN 19,83% PARA ADIF
En los otros dos contratos estudiados por la IGAE pasaron cosas similares. En el proyecto de integración del ferrocarril en Sant Feliú de Llobregat, por casi 69 millones de euros, el juicio de valor para Acciona fue de 39,24 sobre 40. A este contrato se presentaron 17 empresas. Respecto al precio, Acciona ofertó 51.760.263,99€ lo que supuso la novena mejor puntuación de las 15 ofertas (se retiraron dos por temeridad).
Este contrato también fue posteriormente modificado e incrementado un 19,83%, 10 millones de euros. Pero «no se justifica cuáles son esas causas sobrevenidas que sean imprevisibles», una de las justificaciones posibles para incrementar el precio de un contrato una vez adjudicado.
PULPÍ-VERA, UN 19,93% DE INCREMENTO
El tercer contrato sujeto a modificación escandalosa fue el «proyecto de construcción de plataforma del corredor mediterráneo de Alta Velocidad Murcia-Almería, tramo Pulpí-Vera».
El presupuesto de licitación fue de 170.988.620,66€, IVA excluido. Se presentaron 14 ofertas. El juicio de valor de la UTE entre Acciona y Ferrovial fue el mejor valorado con 38,80 puntos. Sus rivales más cercanos obtuvieron 37,35 puntos. El contrato se formalizó el 21 de febrero de 2018 por los 121 millones ofertados por la UTE de Acciona. Pero luego hubo una modificación de contrato por 24 millones de euros (29 en ejecución material), «lo que supuso un 19,93% respecto del importe de adjudicación».
Son sólo tres ejemplos de los que refleja el informe entregado al fiscal Luis Pastor, que a su vez lo ha hecho llegar al Juzgado Central de Instrucción 2 de la Audiencia Nacional que instruye el Caso Koldo.
