Pedro Llorente Cachorro, subsecretario de Empleo y Seguridad Social en las dos legislaturas de la presidencia de Mariano Rajoy, ha fichado por el despacho de abogados Cuatrecasas, como recientemente también ha hecho la ex vicepresidenta del Gobierno, Soraya Sáenz de Santamaría, que se incorporó a la firma como socia del área de mercantil para liderar la práctica de Corporate Compliance.
Llorente, que fue cesado como subsecretario de Empleo y Seguridad Social el 19 de junio de 2018, aparece autorizado en el portal de transparencia de la Administración General del Estado para realizar una actividad pública, el día 7 de marzo. Sáenz de Santamaría lo hizo el día 8, es decir, Llorente fue autorizado para incorporare a Cuatrecasas un día antes que la ex vicepresidenta.
Llorente Cachorro es hijo de Pedro Llorente, ex director general del Medio Natural de la Junta de Castilla y León, que falleció el verano pasado en un accidente de tráfico. El ex subsecretario fue director general de Gestión Económica y de Compras de Productos Farmacéuticos del Servicio Madrileño de Salud, antes de incorporarse al Ministerio de Empleo de Rajoy. Su carrera política comenzó en 1993, como jefe del Área de Entidades de Crédito en la Dirección General del Tesoro y Política Financiera (Ministerio de Economía y Hacienda).
Emilio Cuatrecasas, miembro de la familia fundadora del despacho de abogados constituido en 1917 por su abuelo, fue acusado en el año 2011, junto a su ex mujer Mercedes Barceló, de un delito de fraude fiscal. La Fiscalía se querelló contra Cuatrecasas por defraudar el IVA, el IRPF, el impuesto de sociedades y el impuesto sobre el patrimonio entre los años 2006 y 2008. Precisamente, el despacho de su familia es especialista en derecho tributario y en los últimos años había asesorado a numerosas empresas para optimizar el pago de sus impuestos.
El resultado fue una condena de 2 años de cárcel por un total de ocho delitos tributarios que también incluían la creación de una red de sociedades a las que cargar sus gastos personales y hacerlos pasar por gastos de empresa. Finalmente, llegó a un acuerdo con las acusaciones (la Fiscalía y la Abogacía del Estado, dependientes del Gobierno donde Sáenz de Santamaría era vicepresidenta en aquel momento), y se libró de ingresar en prisión. Para ello, tuvo que devolver a Hacienda 4,13 millones de euros y pagar una multa de 1,5 millones.
ACUERDO DE CUATRECASAS Y LA FISCALÍA
El acuerdo al que tuvo acceso ElPlural.com reducía la condena a tan solo tres meses de cárcel por cada uno de los ocho delitos, es decir, justo 24 meses que representan el límite para evitar la cárcel si no se tienen antecedentes penales, y precisamente, Cuatrecasas no tenía.
El artículo 15 de la Ley 3/2015, de 30 de marzo, reguladora del ejercicio del alto cargo de la Administración General del Estado dice que, “los altos cargos, durante los dos años siguientes a la fecha de su cese, no podrán prestar servicios en entidades privadas que hayan resultado afectadas por decisiones en las que hayan participado.
La prohibición se extiende tanto a las entidades privadas afectadas como a las que pertenezcan al mismo grupo societario. Es decir, que, si Sáenz de Santamaría tuvo algo que ver con el pacto de Cuatrecasas, estaría imposibilitada de prestar los servicios a dicha firma durante los dos años siguientes a su cese, aunque en la realidad, tan solo han pasado diez meses desde que dejó el Gobierno y ya se le ha otorgado la autorización desde la Administración General del Estado.
La interpretación de la normativa sobre incompatibilidades que hace la Administración es muy restrictiva, y para prohibir prestar servicio al terminar la carrera política suele requerir una intervención muy concreta y personal en un asunto que afecte a esa empresa o entidad privada.
El bufete de abogados ejerció de mediador entre el Gobierno de Rajoy y el Govern de Puigdemont a comienzos de octubre de 2017, conversaciones en las que participó Sáenz de Santamaría como figura clave de representante del Gobierno.
Por otro lado, Cuatrecasas declaró en 2014 su equilibrio sobre el conflicto catalán: ”Yo me he expresado así en público y he sido maltratado por personas asistentes a un acto en Barcelona con empresarios, por decir que me siento español y catalán, por expresar ese sentimiento de ser español y catalán. No renunciaré nunca a la capacidad de compartir estas dos identidades. Tiene poco sentido decir que son incompatibles las realidades española y catalana”.
El pasado 27 de febrero cuando acudió a declarar en el juicio del procés, Saénz de Santamaría ya había iniciado los trámites para el permiso de actividad privada, lo que quiere decir, que ya era consciente de su incorporación al bufete.
Actualmente Emilio Cuatrecasas se encuentra apartado del bufete familiar donde ha continuado como presidente de honor del despacho de abogados, ya que cedió su puesto en la presidencia del bufete a una persona ajena a su familia, el consejero delegado, Rafael Fontana, en el verano de 2014. Cuatrecasas recluta a Sáenz de Santamaría y Llorente para un despacho que registró en 2017 una facturación de 23 millones menos que el año anterior.
