La Unión Europea ha aprobado este martes 26 de noviembre una ley para proteger a aquellas personas que trabajen para una organización pública o privada y que informen sobre “infracciones” de estos organismos por desempeñar “un papel clave” a la hora de descubrir y prevenir esas infracciones. Esta ley deberá entrar en vigor en todos los países miembros de la UE en 2021. Una de las personas que ha celebrado esta noticia es Roberto Macías, ex administrativo de la federación andaluza de UGT, que este jueves, sin embargo, se sentará en el banquillo acusado por el sindicato de filtrar datos sobre una supuesta trama de facturas falsas.
El fiscal solicita tres años de prisión y una indemnización de 60.000 euros por supuestos daños morales causados a la UGT-A, que pide cuatro años de cárcel. Este sindicato despidió a Roberto Macías el 30 de noviembre de 2012 por “causas objetivas” y destacan que el que fuese trabajador del sindicato no es ningún “alertador de absolutamente nada”, ya que su declaración como testigo ante la Guardia Civil fue seis meses después de iniciarse el procedimiento judicial por desvío de subvenciones y financiación ilegal. La declaración de Macías resultó clave para que el juez imputara a los máximos responsables de UGT-A entre 1998 y 2013, Manuel Pastrana y Francisco Fernández Sevilla.
Macías ha encontrado el respaldo de la Plataforma por la Honestidad, que ha reclamado en los últimos días que se retiren los cargos contra el ex administrativo. Esta plataforma solicita que “no continúe el acoso y derribo judicial contra Roberto Macías por parte de UGT-A, investigada por su participación en casos de corrupción como los ERE y el desvío de fondos públicos a través de facturación presuntamente falsa para justificar ayudas concedidas por la administración andaluza”.
En el año 2017, Macías se encadenó a la sede del sindicato en Madrid para difundir su mensaje “Víctima de la caza de brujas de UGT en Andalucía”. De acuerdo con UGT, Macías ha utilizado un “procedimiento en el que consta su participación como autor de unos hechos penales para su beneficio personal”.
Para la Plataforma por la Honestidad, con la aprobación de la Directiva Europea en materia de protección a los “alertadores” de corrupción, la acusación de UGT-A “solamente persigue causar más dolor y daño a la persona que consideran que informó de un fraude millonario (48 millones de euros) que investigan en el Juzgado número 9 de Sevilla y un reintegro en firme por parte de la Consejería de Ejemplo por valor de 18 millones”.
Es inaceptable, lamentable y vergonzoso que en una de las comunidades autónomas más corruptas de Europa se mantenga abierta una causa penal contra un alertador de corrupción», censura esta plataforma.
La Coordinadora Sindical de Clase ha emitido un comunicado en el que expresa su apoyo a Macías porque «no vamos a dejar en la estacada a una persona que ha tenido la valentía de enfrentarse hasta ahora solo a toda una organización, haciéndole un favor a la clase trabajadora de este país y de toda Europa», ha subrayado.
PROTECCIÓN DEL ALERTADOR DE CORRUPCIÓN
A principios del mes de noviembre, varias asociaciones denunciantes de corrupción se concentraron ante la sede del Parlamento Europeo en Madrid para trasladar a los europarlamentarios que pidiesen a las instituciones del Estado paralizar de inmediato los procedimientos administrativos y judiciales existentes contra algunos de ellos.
Esta denuncia ha servido para que la Unión Europea haya publicado la Directiva Europea de protección de las personas que informan sobre infracciones del Derecho de la Unión, que ya estaba aprobada desde el pasado 23 de octubre.
Entre estas personas que acudieron se encontraba Roberto Macías, pero también el teniente del Ejército Español, Luis Gonzalez Segura, que denunció, a través de la publicación de su libro Un paso al frente, diferentes casos de corrupción de las Fuerzas Armadas, como por ejemplo pagos por productos y servicios inexistentes, contratos a proveedores fraccionados adrede para ser adjudicados a dedo por un precio superior al original, así como cursos de formación abonados de forma fraudulenta o la desaparición del 25 por ciento del inventario disponible en el cuartel.
Este hecho, además de múltiples apariciones televisivas, le costó un expediente de expulsión. El teniente Gonzalez Segura llegó a realizar una huelga de hambre para protestar por su detención en la que primeramente cumplió un mes de arresto preventivo en noviembre de 2014, impuesto por el Ejército, y más tarde cumplió otros dos periodos de arresto de dos meses cada uno en un centro disciplinario en Madrid.
Uno de los casos de corrupción que ha marcado los últimos años en España ha sido la trama Gürtel que fue destapada en parte por Ana Garrido Ramos en 2009. Esta mujer era técnico del Ayuntamiento de Boadilla del Monte (Madrid) durante más de 20 años . Sus problemas con el entonces alcalde del municipio madrileño, Arturo González Panero, comenzaron a aflorar debido a las prácticas que este utilizaba. Ana Garrido se nutrió de expedientes e informaciones con los que elaboró un dosier que, junto a la denuncia anterior del concejal de Majadahonda, José Luis Peñas, sirvió a la Justicia para descubrir el caso Gürtel.
Este dosier lo cedió al sindicato Manos Limpias con una promesa: su nombre no debía aparecer, un trato que no se cumplió, lo que le provocó sufrir acoso durante años (en la actualidad vive de okupa) y tener que pedir una excedencia para irse a Costa Rica para calmar los ánimos. En 2018, la ONG Transparencia Internacional le otorgó el premio Anticorrupción por su caso. En las últimas horas, ha subido un vídeo en su canal de Youtube en el que pide ayuda porque no le queda más remedio y reconoce no pasar por un buen momento.
