El sindicato CSIF ha asegurado este lunes que «tiene constancia» de que profesores de varias comunidades autónomas están recibiendo «presiones» para aprobar a todo el alumnado este curso. En concreto, alude a gobiernos autonómicos que acordaron con el Ministerio de Educación y Formación Profesional flexibilizar los criterios de evaluación tras la suspensión de las clases presenciales el pasado mes de marzo por la pandemia del coronavirus.
El presidente de Educación en CSIF, Mario Gutiérrez, ha precisado este lunes durante una rueda de prensa telemática que el sindicato ha recibido quejas de docentes que reciben «mensajes de inspectores que les empiezan a pedir muchos papeles» para justificar los casos de alumnos a los que califican como suspensos. «El papeleo se acaba de un plumazo con el aprobado», ha dicho.
Según Gutiérrez, está sucediendo en comunidades como «Aragón, Extremadura y Castilla-La Mancha» donde se aplica la orden ministerial publicada en abril que permite promocionar y titular este curso, de forma excepcional, sin tener en cuenta el número de asignaturas suspensas.
Esta orden recoge el acuerdo entre el ministerio dirigido por Isabel Celaá y la mayoría de las comunidades autónomas en la Conferencia Sectorial de Educación celebrada el 15 de abril. Sin embargo, Andalucía, Castilla y León, Euskadi, Madrid y Murcia se descolgaron de ese acuerdo que flexibiliza los criterios de evaluación que marca la vigente Ley Orgánica para la Mejora de la Calidad Educativa (LOMCE).
El responsable de Educación de CSIF ha calificado como «aberrante» esta situación que atribuye a la orden ministerial, porque deja a los docentes, en su opinión, «sin instrucciones claras» ni «criterios objetivos» para evaluar el tercer trimestre del curso, que se ha desarrollado a distancia en todo el territorio español.
«Hay docentes que nos han hecho llegar que están 12 y 14 horas y no les da tiempo a terminar su jornada laboral por el papeleo que existe», ha explicado Gutiérrez, que advierte de la «desigualdad» que estos criterios dispares de evaluación pueden provocar entre los estudiantes de segundo de Bachillerato que preparan la prueba de acceso a la universidad, porque mientras en regiones como Madrid o Castilla y León «hay que aprobar todas las materias», en otras titularán con asignaturas suspensas.
«BLINDAR» LA INVERSIÓN EN EDUCACIÓN
CSIF ha presentado este lunes su plan para la «reconstrucción de la educación», con el que el sindicato propone la contratación de 40.000 docentes más el próximo curso ante la reducción del número de alumnos por aula, así como «blindar» una inversión mínima anual de 5.800 euros por estudiante en España.
Este plan es la alternativa del sindicato al documento del Consejo Escolar del Estado que se votará el próximo 23 de junio en el pleno de este órgano consultivo con propuestas educativas para el próximo curso académico. CSIF se opone a este documento porque contiene, entre otras medidas, la eliminación del título de la ESO para establecer un «certificado» al finalizar la educación secundaria.
En su plan para el próximo curso, CSIF estima necesario, además del refuerzo de las plantillas docentes, la contratación de profesionales para los equipos de orientación y de profesionales sanitarios para todos los centros educativos. Ante la posibilidad de que parte de la enseñanza se tenga que seguir impartiendo a distancia, reclama formación específica al profesorado en nuevas tecnologías. También la adaptación de los puestos de trabajo para los docentes considerados personas de riesgo.
En cuanto al aumento de la inversión, CSIF recuerda que en los últimos diez años se han perdido 16.922 docentes, y considera «inadmisible» que «se pretenda duplicar el trabajo del profesoradoreduciendo ratios de alumnos por aula para mantener la distancia deseguridad, pero sin una dotación adecuada de recursos humanos».
En ese sentido, CSIF ha calificado los 2.000 millones anunciados por el Gobierno de incremento de la inversión educativa para el próximo curso como «un buen inicio», aunque el sindicato reclama alcanzar el 7% del PIB en educación en cinco años.
Su propuesta de 5.800 euros de inversión mínima anual por estudiante, ha explicado Mario Gutiérrez, tiene como objetivo recuperar las cifras anteriores a la crisis y corregir las desigualdades actuales entre comunidades.
«Hoy en día hay comunidades que están muy por encima de esas cifras, como País Vasco, que invierte 7.000 euros por estudiante, y otras por debajo, como Madrid, que es la que menos gasta con 4.700 euros. Se trata de tener garantizado un suelo de inversión», ha detallado.
