La Comisión Promotora de la iniciativa legislativa popular ‘Medicamentos a un precio justo’ ha comentado que las propuestas en el ámbito de la sanidad y de la salud públicas de la Comisión de Reconstrucción Económica y Social son «claramente insuficientes».
En este sentido, las organizaciones promotoras han destacado la necesidad de garantizar una financiación «suficiente» para la sanidad pública, lo que incluye el control y la rendición de cuentas sobre el gasto farmacéutico.
Además, han avisado de que es «fundamental» potenciar la Atención Primaria y los servicios de salud pública para hacer frente a la crisis provocada por la Covid-19. «Las conclusiones de la Comisión de Reconstrucción Económica y Social abordan de forma somera el control de gasto farmacéutico. Sin embargo, dejan fuera propuestas necesarias para tener una sanidad pública de calidad», han dicho.
Por ello, los promotores de ‘Medicamentos a un precio justo’ han abogado por un cambio de modelo a la hora de deliberar y fijar los precios de los fármacos. A su juicio, es «fundamental» que se tenga en cuenta la inversión pública realizada en su desarrollo, que las negociaciones entre la industria farmacéutica y el gobierno sean transparentes y que los costes de adquisición de medicamentos del Sistema Nacional de Salud sean de conocimiento público.
Además, han mostrado su apoyo a otras medidas reclamadas históricamente, como la desaparición de los copagos y la reconversión al SNS de las privatizaciones llevadas a cabo. «Las conclusiones plasman aspectos regresivos para la sanidad pública, incluyendo el refuerzo de la colaboración público-privada con la industria farmacéutica, sin avanzar en medidas reales para la promoción de la investigación pública ni para la rendición de cuentas en las relaciones con el sector privado, lo que potencian la estrategia de la industria farmacéutica de búsqueda de nuevos nichos de negocio, a la vez que ponen freno al recorrido hacia una industria farmacéutica pública», han apostillado.
En ese sentido, desde la organización se ha recordado que debe primar el interés público «sobre los intereses comerciales de los laboratorios», mejorando el acceso a los medicamentos y aumentando los medios de la sanidad pública. Además, han calificado también de «insuficientes» otras medidas relacionadas con la formación continuada de los profesionales.
«Por ello, consideramos que la Comisión de Reconstrucción Económica y Social debe apostar por la creación de un fondo para financiar la investigación y la formación de los profesionales sanitarios independiente de la industria farmacéutica. El refuerzo de la sanidad pública supone también avanzar en la transparencia y en la regulación de los conflictos de intereses, y, al mismo tiempo, el sector público debe apostar por la dotación de recursos para la formación continuada y la atención de nuestros profesionales», ha zanjado.
