El PP buscará fórmulas para frenar en las cinco comunidades autónomas en las que gobierna los «aspectos más lesivos» de la Ley Orgánica de modificación de la LOE (LOMLOE), más conocida como ‘Ley Celaá’. Se trata de «blindar» a través de decretos u órdenes «la libertad de elección» y «proteger» la educación concertada y especial, según han informado fuentes de la formación.
Esta vía de actuación también forma parte de la ofensiva que ha puesto en marcha el partido de Pablo Casado contra esta norma y que incluye: recogida de firmas en la calle; movilización de los cargos del PP en todas las provincias con actos y reuniones con la concertada y los sectores educativos implicados; y mociones en los ayuntamientos y Parlamentos autonómicos.
Además, el líder del PP ha anunciado que recurrirá la ley ante el Tribunal Constitucional (una vez esté definitivamente aprobada, dado que ahora comienza su tramitación en el Senado) y acudirá a Europa. «Vamos a ir a las instituciones europeas para que se garantice la libertad de elección educativa y la libertad para que se pueda uno educar en la lengua común de todos los españoles», dijo el pasado lunes.
Ahora el PP prepara una nueva pata de esa ofensiva a nivel autonómico y reunirá en breve a sus consejeros de educación para analizar la Ley Celaá y ver qué herramientas jurídicas pueden contrarrestar esta «discriminatoria e ideológica», han añadido las mismas fuentes.
RECUERDAN COMO AGUIRRE PLANTÓ CARA A ZAPATERO
En el PP recuerdan que no es la primera vez que un gobierno autonómico discrepa con el Gobierno central en materia educativa. Como ejemplo, fuentes ‘populares’ citan la actuación del Gobierno de Esperanza Aguirre, que hizo «bandera» de la educación.
La llegada al Palacio de la Moncloa de José Luis Rodríguez Zapatero supuso la suspensión de la Ley Orgánica de Calidad de la Educación (LOCE) que había aprobado el Ejecutivo de José María Aznar, pero Aguirre plantó cara entonces al Gobierno socialista con varios decretos para desarrollar la ley educativa del PP.
Ahora, el PP estudiará vías de actuación para «minimizar» el impacto de la Ley Celaá en las comunidades autónomas dónde gobierna y ver de qué manera «garantizar la libertad de elección, y proteger la educación pública, concertada, privada y especial», han añadido las mismas fuentes.
«¿Es una insumisión a la ley? En absoluto. Se trata de ver desde las comunidades autónomas qué aspectos y epígrafes más lesivos vamos a frenar de la Ley Celaá», aseguran a Europa Press las mismas fuentes. El PP gobierna en este momento en cinco autonomías: Andalucía, Galicia, Madrid, Murcia y Castilla y León.
