Asociaciones de jueces y fiscales valoran con cautela el contenido del Anteproyecto de nueva Ley de Enjuiciamiento Criminal (LeCrim) hecho público esta semana, que otorga la instrucción penal a los fiscales y reforma las normas decimonónicas que regían el derecho procesal en nuestro país. Exigen que para poder aplicarla se precisará una reforma del Estatuto Orgánico del Ministerio Fiscal que dote de mayor autonomía a los nuevos instructores.
Desde Foro Judicial Independiente (FJI) o la Asociación de Fiscales (AF) señalan incluso que debería dotarse a los fiscales de la misma independencia que tienen lo jueces.
En todo caso, el Anteproyecto recibe una mayor acogida entre los fiscales que entre los jueces. Otra idea común en las asociaciones consultadas que la reforma de la instrucción penal en España venga acompañada de los necesarios medios materiales y humanos para la Fiscalía, ya que este cambio a coste cero es inasumible.
Así, la portavoz de la Asociación Profesional de la Magistratura (APM), mayoritaria en la carrrera, María Jesús del Barco, se coloca en una posición contraria a la reforma si esta no conlleva un cambio legislativo del estatuto orgánico del Ministerio Fiscal. Mientras exista el principio de dependencia jerárquica del Ministerio Fiscal se daña seriamente la imagen de independencia de la labor que puedan hacer los fiscales en la instrucción», ha señalado a Europa Press.
A juicio de Del Barco, la imagen de la Justicia se encuentra ya dañada por el hecho de que la actual fiscal general, Dolores Delgado, saliera del Ministerio de Justicia para entrar directamente el la cúpula de la fiscalía, y es precisamente ese nombramiento del fiscal o fiscala general por parte del Gobierno lo que despierta sus recelos respecto a la futura reforma. «El Gobierno puede pensar que por irden jerárquico el fiscal puede acabar haciendo lo que diga el ministro», ha añadido.
EL MODELO HABITUAL EN EUROPA
Jorge Fernández Vaquero, de la asociación de jueces y magistrados Francisco de Vitoria (FdV), recuerda que la reforma busca implantar el modelo de instrucción que existe en otros países, donde el configura como un árbitro en el proceso y que por eso la parte acusadora, la Fiscalía, se encarga de la investigación.
No obstante, añade que no basta con decir que hay que imponer el modelo que se usa en nuestro entorno y no es posible pretender el cambio del modelo de instrucción sin abordar previamente la reforma del estatuto orgánico del Ministerio Fiscal para reforzar la garantía de imparcialidad.
Afirma, al igual que la portavoz de la APM que el cambio de modelo quizá no es muy buena idea «en las circunstancias actuales», que se caracterizan por un deterioro de la imagen de imparcialidad del Ministerio Fiscal porque la FGE es la anterior ministra de Justicia y tiene una vinculación evidente con el partido de Gobierno. La implantación de la ley no obstante, tal y como recuerdan desde el Ministerio de Justicia, tendrá una ‘vacatio legis’ de al menos seis años.
También apunta problemas de independencia la portavoz del Foro Judicial Independiente (FJI), Concepción Rodríguez, que señala igualmente a que la Fiscalía se encuentra actualmente fuertemente jerarquizada y al hecho de que al fiscal general lo designe el Gobierno.
«No basta con modificar el estatuto orgánico del Ministerio Fiscal, porque siempre va a haber jerarquización, alguien que diga qué causas se incoan y cuáles no. No basta con que haya autonomía, tiene que haber independencia».
Para la portavoz de Juezas y Jueces para la Democracia (JjpD), Ascensión Martín, la reforma es aceptable en el sentido en que se trata de adoptar el modelo anglosajón, pero lo importante es que esta vez se ponga en marcha tenga una extensa ‘vacatio legis’.
Así, Martín ha recordado que el modelo de instrucción fiscal ya se hace con menores desde 1992 y la experiencia es «bastante positiva».
MEJOR VISTA ENTRE FISCALES
La opinión sobre los proyectos del Gobierno mejora cuando se pregunta a las asociaciones de fiscales. Así, Cristina Dexeus, de la Asociación de Fiscales, señala que están perfectamente capacitados para hacer la instrucción, pues los fiscales conocen perfectamente los asuntos que les tocan desde su inicio y están especializados en determinados tipos delictivos.
«Es beneficioso que se asuma la investigación por parte del fiscal, porque nos acerca a muchos países de nuestro entorno, pero no puede ser que se asuma de cualquier manera y a cualquier precio», advierte.
Así coincide con las asociaciones de jueces en que no sería serio afrontar esta reforma sin una reforma del estatuto orgánico del Ministerio Fiscal, que es la que verdaderamente urge.» Si nosotros llevamos la instrucción no solo debemos ser imparciales y neutrales, sino que tenemos que aparentarlo-ha añadido-. Si quien dirige la Fiscalía General del Estado no tiene esa apariencia, nos va ensombreciendo».
Entre sus propuestas, que la etapa de mandato del fiscal general no coincida con la del Gobierno que lo nombra (que sea superior, cinco años), de modo que cuando un Gobierno sucede a otro deba mantener al fiscal general; que el Consejo Fiscal tenga más fuerza de representación de los fiscales frente al fiscal general y que pueda incidir en las decisiones más relevantes en cuanto a organización, nombramiento y funcionamiento de esta insstrución y que se disponga de autonomía presupuestaria, al estilo del Consejo General del Poder Judicial.
También considera Dexeus que si el misterio Fiscal está incluido dentro del Poder Judicial y, por tanto, hemos de participar de las características del Poder Judicial en cuanto a la independencia de sus miembros.
Igualmente alude al derecho comparado Juan Antonio Frago, de la Asociación Profesional e Independiente de Fiscales (APIF), ya que el de fiscal instructor es el modelo que se sigue prácticamente en toda América y en toda Europa.
«Lo que ocurre es que aún así es necesario tanto el cambio del estatuto orgánico del Ministerio Fiscal como una dotación de medios o abandonar otras competencias que tenemos actualmente, como en derecho de familia, social, contencioso y mercantil», añade, coincidiendo con la práctica totalidad de opiniones.
Por ello, Frago señala que aconsejable sería adoptar medidas para blindar a los fiscales individualmente pero sin que la Fiscalía adquiera las características de los jueces. «Eso se puede conseguir cambiando el tiempo de duración del mandato del FGE, porque ahora mismo tiene el problema de que, si cesa el Gobierno, automáticamente cae también el fiscal general.
Teresa Peramato, de la Unión Progresista de Fiscales (UPF) es la que muestra más entusiasmo por la reforma, que califica de «esencialísima» al constituir el actual modelo de juez instructor una «rareza» de nuestro país en el contexto europeo. Ha recordado que el propio borrador del Anteproyecto que ha circulado esta semana señala en una disposición adicional necesidad de modificar el Estatuto Orgánico del Ministerio Fiscal y esta es una oportunidad buenísima para hacerlo.
En este punto, ha recordado en declaraciones la necesidad de reforzar la autonomía de la Fiscalía en su estructura interna, y cree que los planes de la reforma, que pasan por crear unidades de investigación a cuyo frente se coloque un coordinador permitirá poder hacerlo.
La ventaja del proyecto, según Peramato, pasa por la previsión de las unidades de investigación, en las que participarán diferentes fiscales con diferentes especialidades en un mismo asunto, lo que reforzará la efectividad, exhaustividad y rapidez en las investigaciones.
