El portavoz del PP+Cs en el Parlamento Vasco, Carmelo Barrio, ha defendido la «libertad» del magistrado Luis Garrido para expresar sus «opiniones personales» respecto a la epidemiología, y ha acusado al Gobierno Vasco de tratar de iniciar una «guerra» contra la Justicia.
Barrio, en declaraciones a los medios de comunicación en el Parlamento Vasco, se ha referido a las declaraciones efectuadas este pasado lunes por Garrido en un espacio radiofónico, en el que el magistrado intervino un día antes de emitir una resolución que permitía, con carácter cautelar y en contra de lo establecido por el Gobierno Vasco, la apertura de la hostelería en municipios con una incidencia acumulada de coronavirus superior a los 500 casos por 100.000 habitantes.
Garrido señaló, en dicha intervención que «un epidemiólogo es un médico de cabecera que ha hecho un cursillo», y que «no hay doctorado de esto». Además, manifestó que «en el caso de la epidemiología, no está tan avanzada como parece».
Carmelo Barrio ha afirmado que el auto redactado por el magistrado «no es el primer varapalo» judicial que recibe el Gobierno Vasco por su gestión de la pandemia, dado que en los últimos meses se han producido «muchos otros», entre los que ha citado los referidos al suministro de Equipos de Protección Individual (EPI) o las restricciones a las agrupaciones de personas.
«BUSCAR CULPABLES»
Ante esta situación, ha denunciado que el PNV trate de buscar «culpables» en el Gobierno central, entre los hosteleros o en la oposición. «Ahora quieren generar guerra contra los jueces y los hosteleros», ha denunciado Barrio, quien ha atribuido las críticas del PNV al magistrado a una reacción «impotente y perversa» ante un «fracaso sonado» del Gobierno Vasco.
El representante del PNV ha lamentado el «caldo de cultivo» que –según ha dicho– están generando el Gobierno Vasco y el PNV en torno a las «opiniones personales» de Garrido, sobre el que ha destacado que es una persona «libre» para poder expresar su modo de pensar. El parlamentario de PP+Cs ha afirmado que en el Estado español existen «otras persecuciones contra los jueces» desde determinadas «estructuras de gobierno», por lo que ha pedido al Ejecutivo vasco que «se aleje» de toda «guerra» contra la justicia.
