El presidente de la Junta de Andalucía, Juanma Moreno, ha asegurado este martes que el Gobierno andaluz volverá a registrar en julio para su debate en el Parlamento de Andalucía la Ley de Impulso de la Sostenibilidad del Territorio de Andalucía (Lista), la nueva Ley del Suelo del Gobierno andaluz, que Vox rechazó al abstenerse y no votar en contra de la enmienda a la totalidad que Adelante Andalucía presentó en el Pleno del Parlamento de 26 de mayo, que votó a favor el PSOE, y de esta forma estos grupos lograron forzar la devolución del proyecto de ley al Consejo de Gobierno.
El anuncio de Moreno ha acontecido en la apertura en Sevilla del Foro Económico Español ‘La Andalucía pos-Covid’, que organiza el diario digital ‘El Español’.
Moreno ha afirmado este martes que «probablemente a primeros de julio se llevará al Parlamento la Lista», al tiempo que ha expresado su deseo de que «espero que cuente con mayoría suficiente».
En el debate de totalidad del proyecto de ley contó con 50 votos a favor (PSOE y Adelante) y con 43 en contra (PP y Cs), y con las 11 abstenciones de Vox. Con el rechazo a la tramitación, el texto dejó de pasar a manos de la Comisión de Fomento, Infraestructuras y Ordenación del Territorio, donde los grupos podrían haber planteado enmiendas parciales.
La devolución del proyecto de ley supuso que se abriera una crisis en las relaciones de PP y Cs con Vox, por cuanto el Gobierno andaluz reivindicó que el proyecto de ley era fundamental por cuanto era una norma muy esperada por el sector, así como subrayaba su contribución a la reactivación económica y la creación de empleo.
La Ley de Impulso de la Sostenibilidad del Territorio de Andalucía debía tomar el relevo de la Ley de Ordenación Urbanística (LOUA, 2002) y de la Ley de Ordenación del Territorio (LOTA de 1994).
El Gobierno andaluz apela a que este texto jurídico facilitará el descenso de la conflictividad judicial y evitará los numerosos planes generales anulados por motivos formales o de fondo, por cuanto ha alegado en ese sentido que casi 500 PGOU han sido anulados o suspendidos parcialmente en los tribunales.
El diputado de Vox Alejandro Hernández sostuvo en el Pleno de 26 de mayo que había un «problema de seguridad jurídica en el articulado de la ley» y «ni se simplifica ni se clarifican las actuaciones a seguir».
